El protocolo, que se aplicará a todo el ámbito de Andalucía, se aplicará además de a las personas que participen en las activiades deportivas: mayores de edad, entrenadores, acompañantes de menores, tutores legales, público asistente, voluntatios que desarrollen la actividad, equipo arbitral, etc. 

Esta Orden implica la necesidad de que las ETT se registren adecuadamente, cumpliendo con las obligaciones de comunicación y cumplimiento de estándares de control, necesaria para su inscripción en el Registro de Empresas de Trabajo Temporal; establece el modelo de contrato de puesta a disposición, entre otros.

Entre las disposiciones más relevantes de la PSI se encuentra el cumplimiento obligatorio de sus directrices por parte de todos los empleados y colaboradores que acceden a los sistemas de información del ministerio, incluidas aquellas direcciones generales sin políticas de seguridad propias.

Se pueden beneficiar de esta ayuda las entidades que desarrollen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud, conforme a las tipologías de centros que marca la Orden. La entidad que participe como solicitante deberá tener personalidad jurídica propia, estar válidamente constituida y tener residencia fiscal o un establecimiento permanente en España.

Se habilita esta oficina para la presentación de solicitudes de ayudas de la Generalitat a las personas afectadas por la DANA, así como dar información sobre información administrativa general, servicios de acogida y orientación, emisión de certificados de firma electrónica, registro Cla@ve, etc. La oficina se mantendrá en funcionamiento mientras dure la situación de emergencia.

Entre las principales novedades destaca la creación de un esquema más claro y accesible para visados y autorizaciones de residencia; las personas con autorizaciones por estudios podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan su formación, entre otras. 

Se establece un nuevo formato de documento provisional de viaje que incorpora medidas de seguridad adicionales y permite ampliar los supuestos de expedición del documento.

Entre sus funciones, destaca el seguimiento periódico de las medidas adoptadas por la AGE; Elevar informes al Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los resultados; impulsar la coordinación de la AGE con las administraciones territoriales afectadas en la ejecución de las medidas adoptadas, entre otras.