Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los 醡bitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su art韈ulo 47, apartado 2, y sus art韈ulos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisi髇,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento establecido en el art韈ulo 251 del Tratado (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro, tanto en el 醡bito de la defensa como de la seguridad.
• (2) Para el refuerzo de la base industrial y tecnol骻ica de defensa europea y el desarrollo de la capacidad militar necesaria con vistas a la ejecuci髇 de la Pol韙ica Europea de Seguridad y Defensa de la Uni髇, es imprescindible la formaci髇 progresiva de un mercado europeo de equipos de defensa.
• (3) Los Estados miembros coinciden en la necesidad de fomentar, desarrollar y mantener una base industrial y tecnol骻ica de la defensa europea que est� impulsada por la capacidad y sea competente y competitiva. A fin de lograr este objetivo, los Estados miembros pueden utilizar diferentes herramientas, de conformidad con el Derecho comunitario, que tengan por objeto un verdadero mercado europeo de los equipos de defensa y la igualdad de condiciones a nivel tanto europeo como mundial. Asimismo, deben contribuir a desarrollar en profundidad la diversidad de la base de los suministradores relacionados con la defensa europea, en particular mediante el apoyo a la participaci髇 de las peque馻s y medianas empresas (PYME) y de los proveedores no tradicionales en la base industrial y tecnol骻ica de la defensa europea, el fomento de la cooperaci髇 industrial y la promoci髇 de unos suministradores secundarios eficientes y receptivos. En este contexto, deben tener en cuenta la Comunicaci髇 interpretativa de la Comisi髇, de 7 de diciembre de 2006, sobre la aplicaci髇 del art韈ulo 296 del Tratado en el 醡bito de los contratos p鷅licos de defensa y la Comunicaci髇 de la Comisi髇, de 5 de diciembre de 2007, sobre una estrategia para una industria europea de la defensa m醩 s髄ida y competitiva.
• (4) La creaci髇 de un mercado europeo de equipos de defensa exige el establecimiento de un marco legislativo adecuado, lo que, en el 醡bito de los contratos, requiere una coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos que respete los imperativos de seguridad de los Estados miembros y las obligaciones derivadas del Tratado.
• (5) A fin de lograr este objetivo, el Parlamento Europeo pidi� a la Comisi髇, en su Resoluci髇 de 17 de noviembre de 2005 sobre el Libro Verde sobre los contratos p鷅licos de defensa (3) , que elaborase una Directiva que tuviera especialmente en cuenta los intereses de seguridad de los Estados miembros, que desarrollase m醩 la pol韙ica exterior y de seguridad com鷑, que contribuyese al refuerzo de la cohesi髇 europea y que respetase el car醕ter de 玴otencia civil� de la Uni髇.
• (6) Una mejor coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇, por ejemplo por lo que respecta a los contratos relativos a los servicios de log韘tica, el transporte y el almacenamiento, ofrece asimismo el potencial de reducir los costes en el sector de la defensa y de disminuir notablemente el impacto medioambiental del sector.
• (7) Dichos procedimientos deben reflejar el planteamiento global de la Uni髇 en materia de seguridad, que responde a la evoluci髇 del entorno estrat間ico. En efecto, la emergencia de amenazas asim閠ricas y transnacionales ha supuesto que se difumine progresivamente la frontera entre seguridad exterior e interior, militar y no militar.
• (8) Los equipos de defensa y seguridad son vitales tanto desde la 髉tica de la seguridad y la soberan韆 de los Estados miembros como de cara a la autonom韆 de la Uni髇. Por consiguiente, las adquisiciones de bienes y servicios en los sectores de la defensa y de la seguridad tienen, con frecuencia, car醕ter sensible.
• (9) De ello se derivan exigencias espec韋icas, en particular, en materia de seguridad del abastecimiento y de seguridad de la informaci髇. Esas exigencias se refieren sobre todo a las compras de armas, municiones y material de guerra (as� como a los servicios y obras directamente vinculados) destinados a las fuerzas armadas, pero tambi閚 a ciertas adquisiciones particularmente sensibles en el 醡bito de la seguridad no militar. En estos 醡bitos, la ausencia de reg韒enes a escala de la Uni髇 dificulta la apertura de los mercados de defensa y seguridad entre los Estados miembros. Esta situaci髇 requiere una r醦ida mejora. Ser韆 de especial utilidad un r間imen a escala de la Uni髇 relativo a la seguridad de la informaci髇, que incluyera el reconocimiento mutuo de las habilitaciones nacionales de seguridad y permitiera el intercambio de informaci髇 clasificada entre las entidades y poderes adjudicadores y las empresas europeas. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben adoptar medidas concretas para mejorar la seguridad del suministro entre s�, con miras a la creaci髇 progresiva de un sistema de garant韆s adecuadas.
• (10) A los efectos de la presente Directiva, debe entenderse por equipo militar, en particular, las categor韆s de productos incluidas en la lista de armas, municiones y material de guerra adoptada por el Consejo en su Decisi髇 255/58, de 15 de abril de 1958 (4) , y los Estados miembros pueden limitarse a esta lista 鷑icamente cuando transpongan esta Directiva. Dicha lista incluye 鷑icamente los equipos que est閚 dise馻dos, desarrollados y producidos con fines espec韋icamente militares. No obstante, la lista es gen閞ica y debe ser interpretada de manera amplia a la luz de la naturaleza cambiante de la tecnolog韆, las pol韙icas de contrataci髇 y las necesidades militares resultantes en el desarrollo de nuevos tipos de equipos, por ejemplo, sobre la base de la Lista com鷑 de equipo militar de la Uni髇. A los efectos de la presente Directiva, el t閞mino 玡quipo militar� debe abarcar asimismo los productos que, aunque inicialmente dise馻dos para un uso civil, hayan sido adaptados posteriormente a fines militares para su utilizaci髇 como armas, municiones o material de guerra.
• (11) En el 醡bito espec韋ico de la seguridad no militar, la presente Directiva debe aplicarse a los contratos que tengan caracter韘ticas similares a los contratos de defensa y que sean igualmente sensibles. Ese puede ser el caso, en particular, en 醡bitos en los que las fuerzas militares y no militares cooperen para cumplir las mismas misiones y/o en los que el objetivo de la contrataci髇 sea proteger la seguridad de la Uni髇 y/o de los Estados miembros en su propio territorio o m醩 all� del mismo de amenazas graves procedentes de agentes no militares y/o no gubernamentales, y puede implicar, por ejemplo, la protecci髇 de las fronteras, las actividades de la polic韆 y las misiones de gesti髇 de crisis.
• (12) La presente Directiva debe tener en cuenta las necesidades de la entidad o poder adjudicador a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, a saber, investigaci髇 y desarrollo, desarrollo industrial, producci髇, reparaci髇, modernizaci髇, modificaci髇, mantenimiento, log韘tica, formaci髇, ensayo, retirada y eliminaci髇. Esas etapas incluyen, por ejemplo, estudios, evaluaciones, almacenamiento, transporte, integraci髇, mantenimiento, desmantelamiento, destrucci髇 y todos los dem醩 servicios posteriores al dise駉 inicial. Algunos contratos pueden incluir el suministro de piezas, componentes y/o subunidades para su incorporaci髇 o colocaci髇 en productos, y/o el suministro de herramientas espec韋icas, instalaciones de ensayo o apoyo.
• (13) A los efectos de la presente Directiva, los t閞minos 玦nvestigaci髇 y desarrollo� deben abarcar la investigaci髇 fundamental, la investigaci髇 aplicada y el desarrollo experimental. La investigaci髇 fundamental consiste en trabajos experimentales o te髍icos emprendidos principalmente con miras a adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los fen髆enos y hechos observables, sin perspectivas de una aplicaci髇 o un uso particulares. La investigaci髇 aplicada consiste asimismo en trabajos originales llevados a cabo con el fin de adquirir nuevos conocimientos, pero est� encaminada principalmente hacia un fin u objetivo pr醕tico. El desarrollo experimental consiste en un trabajo basado en los conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigaci髇 y/o la experiencia pr醕tica con miras a iniciar la fabricaci髇 de nuevos materiales, productos o dispositivos, establecer nuevos procesos, sistemas y servicios o mejorar de forma considerable los ya existentes. El desarrollo experimental puede incluir la realizaci髇 de demostradores tecnol骻icos, es decir, dispositivos que demuestran el rendimiento de nuevos conceptos o nuevas tecnolog韆s en un entorno pertinente o representativo.

  Los t閞minos 玦nvestigaci髇 y desarrollo� no incluyen la realizaci髇 y calificaci髇 de prototipos previos a la producci髇, herramientas e ingenier韆 industrial, dise駉 industrial o fabricaci髇.

• (14) La presente Directiva debe tener en cuenta las necesidades de la entidad o poder adjudicador en relaci髇 con obras y servicios que, aunque no est閚 directamente relacionados con el suministro de equipo militar o sensible, sean necesarias para el cumplimiento de determinados requisitos militares o de seguridad.
• (15) La adjudicaci髇 de contratos celebrados en los Estados miembros por las entidades adjudicadoras a que se hace referencia en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos en los sectores del agua, de la energ韆, de los transportes y de los servicios postales (5) , y por los poderes adjudicadores a que se hace referencia en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de los contratos p鷅licos de obras, de suministro y de servicios (6) , est� supeditada al acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulaci髇 de mercanc韆s, la libertad de establecimiento y la libre prestaci髇 de servicios, as� como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, de no discriminaci髇, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad y de transparencia.

  Las obligaciones de transparencia y competencia para los contratos por debajo de los umbrales de aplicaci髇 para la presente Directiva deben ser determinadas por los Estados miembros de conformidad con estos principios y teniendo en cuenta, en particular, las situaciones en las que exista un inter閟 transfronterizo. En particular, corresponder� a los Estados miembros determinar las disposiciones m醩 convenientes para la adjudicaci髇 de dichos contratos.

  Para la adjudicaci髇 de contratos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinaci髇 de los procedimientos nacionales de adjudicaci髇 que est閚 basadas en dichos principios, de forma que se garanticen sus efectos y una apertura a la competencia de la contrataci髇. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinaci髇 deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las dem醩 normas del Tratado.

• (16) En sus art韈ulos 30, 45, 46, 55 y 296, el Tratado prev� excepciones espec韋icas a la aplicaci髇 de los principios que enuncia y, en consecuencia, a la aplicaci髇 del Derecho derivado de ellos. De lo anterior se desprende que ninguna disposici髇 de la presente Directiva debe impedir que se impongan o apliquen las medidas que resulten necesarias para salvaguardar los intereses cuya legitimidad est� reconocida por las citadas disposiciones del Tratado.

  Esto significa, en particular, que la adjudicaci髇 de los contratos que entren dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva puede quedar exenta de esta 鷏tima si ello se justifica por razones de seguridad p鷅lica o que sean necesarias para la protecci髇 de los intereses esenciales de seguridad de un Estado miembro. Ese puede ser el caso de los contratos en los 醡bitos de la defensa y la seguridad que requieran unos requisitos en materia de seguridad del abastecimiento de un grado de exigencia tal o que sean tan confidenciales y/o importantes para la soberan韆 nacional que incluso las disposiciones espec韋icas de la presente Directiva no sean suficientes para salvaguardar los intereses esenciales de seguridad de los Estados miembros, cuya definici髇 es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

• (17) No obstante, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conviene interpretar la posibilidad de recurrir a dichas excepciones de forma que sus efectos no vayan m醩 all� de lo estrictamente necesario para la protecci髇 de los intereses leg韙imos que los referidos art韈ulos del Tratado permiten salvaguardar. Por ello la inaplicaci髇 de la presente Directiva debe, a un tiempo, ser proporcional a los objetivos perseguidos y constituir el medio que menos obstaculice la libre circulaci髇 de mercanc韆s y la de prestaci髇 de servicios.
• (18) Los contratos relativos a armas, municiones y material de guerra celebrados por las entidades o poderes adjudicadores que operen en el sector de la defensa quedan excluidos del 醡bito de aplicaci髇 del Acuerdo sobre Contrataci髇 P鷅lica (ACP) celebrado en el marco de la Organizaci髇 Mundial del Comercio. Los dem醩 contratos a que se refiere la presente Directiva quedan asimismo excluidos de la aplicaci髇 del ACP en virtud del art韈ulo XXIII del citado Acuerdo. El art韈ulo 296 del Tratado y el art韈ulo XXIII, apartado 1, del ACP difieren en cuanto al 醡bito de aplicaci髇 y est醤 sujetos a distintas normas de recurso jurisdiccional. Aun as�, los Estados miembros pueden acogerse al art韈ulo XXIII, apartado 1, del ACP en aquellas situaciones en las que no pueda invocarse el art韈ulo 296 del Tratado. Ambas disposiciones deben, por tanto, cumplir diferentes condiciones de aplicaci髇.

  Esta exclusi髇 significa tambi閚 que, en el contexto espec韋ico de los mercados de seguridad y de defensa, los Estados miembros conservan la facultad de decidir si corresponde o no a su entidad o poder adjudicador permitir que los operadores econ髆icos de terceros pa韘es participen en los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos. Deben basar esa decisi髇 en la rentabilidad, reconociendo la necesidad de una base industrial y tecnol骻ica europea de una defensa europea competitiva a escala mundial, la importancia de unos mercados abiertos y equitativos y la obtenci髇 de mutuos beneficios. Los Estados miembros deben hacer presi髇 para lograr unos mercados cada vez m醩 abiertos. Sus socios tambi閚 deben hacer gala de apertura, sobre la base de normas internacionalmente acordadas, en particular por lo que se refiere a una competencia abierta y justa.

• (19) Un contrato debe considerarse un contrato de obras s髄o si su objeto se refiere espec韋icamente a la ejecuci髇 de alguna de las actividades pertenecientes a la divisi髇 45 del Vocabulario Com鷑 de Contratos P鷅licos previsto en el Reglamento (CE) n� 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario com鷑 de contratos p鷅licos (CPV) (7) , si bien el contrato puede conllevar la prestaci髇 de otros servicios necesarios para la realizaci髇 de dichas actividades. Los contratos de servicios pueden incluir obras en determinadas circunstancias. No obstante, cuando dichas obras sean accesorias al objeto principal del contrato y sean, por tanto, consecuencia o complemento del mismo, el contrato no podr� considerarse un contrato de obras.
• (20) Los contratos de defensa y de seguridad contienen, con frecuencia, informaci髇 clasificada, que, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miembro en cuesti髇, debe protegerse, por motivos de seguridad, contra todo acceso no autorizado. En el 醡bito militar, los Estados miembros disponen de sistemas de clasificaci髇 de esa informaci髇 con fines militares. Por el contrario, en el 醡bito de la seguridad no militar, en el que debe protegerse asimismo otra informaci髇, la situaci髇 es m醩 dispar. Por ello es aconsejable recurrir a un concepto que tome en consideraci髇 la diversidad de pr醕ticas de los Estados miembros y que permita abarcar los 醡bitos militar y no militar. En cualquier circunstancia, la adjudicaci髇 de contratos en tales 醡bitos no debe, llegado el caso, menoscabar las obligaciones que se derivan de la Decisi髇 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisi髇, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno (8) , o de la Decisi髇 2001/264/CE del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo (9) .

  Asimismo, el art韈ulo 296, apartado 1, letra a), del Tratado concede a los Estados miembros la posibilidad de eximir los contratos en el 醡bito tanto de la defensa como de la seguridad de las normas de la presente Directiva en caso de que la aplicaci髇 de las mismas los obligue a facilitar informaci髇 cuya divulgaci髇 se considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad. Este puede ser el caso, en particular, cuando los contratos sean de car醕ter tan sensible que incluso su existencia deba mantenerse en secreto.

• (21) Resulta oportuno permitir a las entidades o poderes adjudicadores recurrir a acuerdos marco. Procede, por tanto, establecer una definici髇 de los acuerdos marco, as� como normas espec韋icas. Con arreglo a dichas normas, cuando una entidad o poder adjudicador celebre, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, un acuerdo marco relativo, en particular, a la publicidad, los plazos y las condiciones para la presentaci髇 de ofertas, podr� celebrar contratos basados en dicho acuerdo marco durante la vigencia del mismo, bien aplicando las condiciones establecidas en el acuerdo marco, bien, si no se han fijado todas las condiciones por anticipado en dicho acuerdo marco, volviendo a convocar una licitaci髇 entre las partes en el acuerdo marco sobre las condiciones no fijadas. La nueva licitaci髇 debe cumplir determinadas normas destinadas a garantizar la necesaria flexibilidad y el respeto de los principios generales, incluido el principio de igualdad de trato. Por estos mismos motivos, debe limitarse la duraci髇 de los acuerdos marco, que no debe ser superior a siete a駉s, salvo en casos debidamente justificados por las entidades o poderes adjudicadores.
• (22) Es conveniente que las entidades o poderes adjudicadores puedan utilizar t閏nicas electr髇icas de compra, siempre y cuando, no obstante, se utilicen respetando las normas establecidas en la presente Directiva y los principios de igualdad de trato, no discriminaci髇 y transparencia. Dado que las subastas electr髇icas constituyen una t閏nica en expansi髇, conviene dar una definici髇 comunitaria de estas subastas y delimitarlas mediante normas espec韋icas a fin de garantizar que se desarrollan dentro del pleno respeto de dichos principios. A tal fin, es conveniente prever que dichas subastas electr髇icas s髄o afecten a contratos de obras, suministros o servicios para los que el pliego de condiciones pueda establecerse de manera precisa. Tal puede ser el caso, en particular, de los contratos recurrentes de obras, suministros y servicios. Con la misma finalidad, conviene prever tambi閚 que la clasificaci髇 respectiva de los licitadores pueda establecerse en cada momento de la subasta electr髇ica. El recurso a las subastas electr髇icas permite a las entidades o poderes adjudicadores pedir a los licitadores que presenten nuevos precios, revisados a la baja, y cuando el contrato se adjudique a la oferta econ髆icamente m醩 ventajosa, mejorar asimismo elementos de la oferta distintos del precio. Para garantizar el respeto del principio de transparencia, conviene que s髄o sean objeto de subasta electr髇ica los elementos que puedan ser sometidos a una evaluaci髇 autom醫ica por medios electr髇icos, sin intervenci髇 ni evaluaci髇 de la entidad o poder adjudicador, es decir, s髄o los elementos que sean cuantificables, de modo que puedan expresarse en cifras o en porcentajes. En cambio, aquellos aspectos de las licitaciones que impliquen la valoraci髇 de elementos no cuantificables no deben ser objeto de subastas electr髇icas. Por consiguiente, no deben ser objeto de subastas electr髇icas determinados contratos de obras y determinados contratos de servicios cuyo contenido implique el desempe駉 de funciones de car醕ter intelectual, como la elaboraci髇 de proyectos de obras.
• (23) Las t閏nicas de centralizaci髇 de adquisiciones contribuyen a ampliar la competencia y racionalizar el sistema de pedidos. En consecuencia, debe permitirse a los Estados miembros establecer que las entidades o poderes adjudicadores adquieran bienes, obras y/o servicios por medio de una central de compras. Debe preverse asimismo una definici髇 comunitaria de las centrales de compras y de las condiciones en las que, dentro del respeto de los principios de no discriminaci髇 e igualdad de trato, puede considerarse que las entidades o poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de compras han respetado la presente Directiva. Una entidad o poder adjudicador, que tiene la obligaci髇 de aplicar la Directiva, debe en cualquier caso ser elegible para actuar como central de compras. Al mismo tiempo, los Estados miembros tambi閚 deben ser libres para designar a organismos p鷅licos europeos que no est閚 sujetos a la presente Directiva, como la Agencia Europea de Defensa, como centrales de compras, a condici髇 de que dichos organismos apliquen a dichas compras normas de adjudicaci髇 de los contratos que sean conformes a las disposiciones de la presente Directiva.
• (24) Las entidades o poderes adjudicadores pueden verse obligados a adjudicar un contrato 鷑ico para las adquisiciones que en parte est閚 cubiertas por la presente Directiva, mientras que la parte restante o bien entra en el 醡bito de aplicaci髇 de las Directivas 2004/17/CE o 2004/18/CE, o no est� sujeta a la presente Directiva ni a las Directivas 2004/17/CE o 2004/18/CE. Ello se aplica cuando los contratos pertinentes, por razones obvias, no pueden separarse ni adjudicarse mediante contratos separados. En tales casos, las entidades o poderes adjudicadores deben gozar de la facultad de adjudicar un solo contrato, siempre que su decisi髇 no se tome con el fin de excluir los contratos de la aplicaci髇 de la presente Directiva o de las Directivas 2004/17/CE o 2004/18/CE.
• (25) Una multiplicidad de umbrales de aplicaci髇 de las disposiciones de coordinaci髇 es una fuente de complicaciones para las entidades o poderes adjudicadores. Dado el valor medio de los contratos en los 醡bitos de la defensa y la seguridad, resulta oportuno ajustar los umbrales de aplicaci髇 de la presente Directiva a los que las entidades adjudicadoras deben ya observar en aplicaci髇 de la Directiva 2004/17/CE. Los umbrales de la presente Directiva deben revisarse asimismo junto con los de la Directiva 2004/17/CE con motivo de la revisi髇 de estos 鷏timos.
• (26) Adem醩, conviene prever casos en los no se aplicar� la Directiva a causa de la aplicabilidad de normas espec韋icas de adjudicaci髇 de contratos, derivadas de acuerdos internacionales o de arreglos entre Estados miembros y terceros pa韘es. Las normas en virtud de determinados acuerdos en relaci髇 con el estacionamiento de tropas de un Estado miembro en otro Estado miembro o en un tercer pa韘 o con el estacionamiento de tropas de un tercer pa韘 en un Estado miembro tambi閚 deben descartar la utilizaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 contemplados en la presente Directiva. La Directiva no debe aplicarse a los contratos adjudicados por organizaciones internacionales para sus fines, ni a los contratos que deben ser adjudicados por un Estado miembro de conformidad con normas que sean propias de dichas organizaciones.
• (27) En el 醡bito de la defensa y la seguridad, algunos contratos son tan sensibles que no ser韆 apropiado aplicar la presente Directiva, a pesar de su especificidad. Tal es el caso de los contratos estipulados por los servicios de inteligencia o de los contratos para todo tipo de actividades de inteligencia, incluidas las actividades de contrainteligencia, tal como las definan los Estados miembros. Tal es tambi閚 el caso de otras compras especialmente sensibles que requieren un nivel extremadamente elevado de confidencialidad, como, por ejemplo, determinadas compras destinadas a la protecci髇 de las fronteras o a la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada, relacionadas con el cifrado, o destinadas espec韋icamente a actividades encubiertas u otras actividades igualmente sensibles llevadas a cabo por la polic韆 y las fuerzas de seguridad.
• (28) Los Estados miembros suelen llevar a cabo programas de cooperaci髇 para desarrollar conjuntamente nuevos equipos de defensa. Estos programas son especialmente importantes, ya que contribuyen a desarrollar nuevas tecnolog韆s y a soportar los elevados costes de investigaci髇 y desarrollo de complejos sistemas armament韘ticos. Algunos de estos programas son gestionados por organizaciones internacionales, a saber, la Organizaci髇 Conjunta de Cooperaci髇 en materia de Armamento (OCCAR) y la OTAN (a trav閟 de agencias espec韋icas), o por agencias de la Uni髇 Europea como la Agencia Europea de Defensa, que a continuaci髇 adjudican los contratos en nombre de los Estados miembros. La presente Directiva no debe aplicarse a dichos contratos. Para otros programas de cooperaci髇 semejantes, los contratos son adjudicados por las entidades o poderes adjudicadores de un Estado miembro tambi閚 en nombre de uno o m醩 Estados miembros. En estos casos, tampoco debe aplicarse la presente Directiva.
• (29) En caso de que las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad de los Estados miembros dirijan operaciones fuera de las fronteras de la Uni髇, y cuando lo requieran los requisitos operativos, conviene autorizar a las entidades o poderes adjudicadores, cuando est閚 desplegados en el terreno de operaciones, a no aplicar las normas de la presente Directiva en el supuesto de que celebren contratos con operadores econ髆icos situados en la zona de operaciones, incluidas las compras de 韓dole civil directamente relacionadas con la direcci髇 de dichas operaciones.
• (30) Dada la especificidad del sector de la defensa y la seguridad, las compras de equipos, as� como de obras y servicios, de un gobierno a otro deben excluirse del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (31) En el marco de los servicios, los contratos relativos a la adquisici髇 o arrendamiento de bienes inmuebles o a derechos sobre dichos bienes revisten caracter韘ticas especiales debido a las cuales no resulta adecuada la aplicaci髇 de las normas de adjudicaci髇 de los contratos.
• (32) Los servicios de arbitraje y conciliaci髇 son prestados normalmente por organismos o personas nombrados o seleccionados mediante un procedimiento que no puede regirse por las normas de adjudicaci髇 de los contratos.
• (33) Los servicios financieros se conf韆n asimismo a personas u organismos con arreglo a condiciones que no son compatibles con la aplicaci髇 de las normas de adjudicaci髇 de los contratos.
• (34) En virtud del art韈ulo 163 del Tratado, el fomento de la investigaci髇 y del desarrollo tecnol骻ico constituye uno de los medios para reforzar las bases cient韋icas y tecnol骻icas de la industria comunitaria y la apertura de la contrataci髇 de servicios coadyuvar� a la realizaci髇 de este objetivo. La cofinanciaci髇 de programas de investigaci髇 no debe ser regulada por la presente Directiva. Por lo tanto, no est醤 incluidos en la presente Directiva los contratos de servicios de investigaci髇 y desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad o poder adjudicador para su utilizaci髇 en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad o poder adjudicador remunere totalmente la prestaci髇 del servicio.
• (35) El empleo y la ocupaci髇 son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserci髇 en la sociedad. En este contexto, los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen eficazmente a la inserci髇 o reinserci髇 de personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos o reservar su ejecuci髇 en el marco de programas de empleo protegido.
• (36) A los efectos de la aplicaci髇 de la presente Directiva a los contratos de servicios que entren dentro de su 醡bito de aplicaci髇 y con vistas a la vigilancia de esta aplicaci髇, los servicios deben subdividirse en categor韆s que correspondan a partidas especiales de la nomenclatura CPV y agruparse en dos anexos seg鷑 el r間imen al que est閚 sujetos. Por lo que se refiere a los servicios contemplados en el anexo II, las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de que se apliquen las normas comunitarias propias de dichos servicios. No obstante, con el fin de aplicar las disposiciones de la presente Directiva en lugar de las de las Directivas 2004/17/CE o 2004/18/CE, debe demostrarse que los contratos de servicios pertinentes entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (37) En lo relativo a los contratos de servicios, la aplicaci髇 plena de la presente Directiva debe limitarse, durante un per韔do transitorio, a los contratos en relaci髇 con los cuales las disposiciones de la presente Directiva permitan el pleno desarrollo del potencial de crecimiento del comercio m醩 all� de las fronteras. Deben vigilarse durante el per韔do transitorio los contratos de los dem醩 servicios, antes de que se adopte una decisi髇 sobre la aplicaci髇 韓tegra de la presente Directiva.
• (38) Las especificaciones t閏nicas establecidas por las entidades o poderes adjudicadores deben permitir la apertura de los contratos a la competencia. A tal efecto, debe ser posible presentar ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones t閏nicas. Para ello, las especificaciones t閏nicas deben, por una parte, poder establecerse en t閞minos de rendimiento y exigencias funcionales. Por otra parte, en caso de referencia a la norma europea o a las normas internacionales o nacionales, incluidas las que sean propias del 醡bito de la defensa, las entidades o poderes adjudicadores deben tener en cuenta las ofertas basadas en otras soluciones equivalentes. Esta equivalencia puede evaluarse, en particular, con relaci髇 a los requisitos de interoperabilidad y de eficacia operativa. Los licitadores deben poder utilizar cualquier medio de prueba para demostrar la equivalencia. Las entidades o poderes adjudicadores deben estar en condiciones de motivar sus decisiones cuando resuelvan que no existe equivalencia. Por otra parte, existen acuerdos internacionales de normalizaci髇 destinados a garantizar la interoperabilidad de las fuerzas armadas y que pueden tener fuerza de ley en los Estados miembros. En el supuesto de que se aplique alguno de estos acuerdos, las entidades o poderes adjudicadores pueden exigir que las ofertas se ajusten a las normas previstas en 閘. Las especificaciones t閏nicas deben indicarse claramente, de modo que todos los licitadores sepan qu� abarcan los requisitos establecidos por la entidad o poder adjudicador.
• (39) Procede que las especificaciones t閏nicas detalladas y la informaci髇 adicional sobre los contratos figuren, como es habitual en los Estados miembros, en el pliego de condiciones relativo a cada contrato o en cualquier documento equivalente.
• (40) Los posibles subcontratistas no deben ser objeto de discriminaci髇 por motivos de nacionalidad. En el contexto de la defensa y la seguridad, puede ser oportuno que las entidades o poderes adjudicadores obliguen al adjudicatario a organizar una licitaci髇 transparente y no discriminatoria para adjudicar los subcontratos a terceros. Esta obligaci髇 puede aplicarse a todos los subcontratos, o s髄o a determinados subcontratos elegidos por la entidad o poder adjudicador.

  Asimismo, resulta oportuno complementar el derecho del adjudicatario a subcontratar con la opci髇 que se ofrece a los Estados miembros de permitir o exigir a sus entidades o poderes adjudicadores que pidan que se adjudiquen a terceros subcontratos que representen al menos un cierto porcentaje del valor del contrato, entendi閚dose que las empresas vinculadas no pueden considerarse terceros. Cuando se exija dicha divisi髇, el adjudicatario debe adjudicar los subcontratos mediante una licitaci髇 transparente y no discriminatoria, de forma que todas las empresas interesadas tengan la misma oportunidad de beneficiarse de las ventajas de la subcontrataci髇. Al mismo tiempo, no deber� comprometerse el buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento del adjudicatario. Por lo tanto, el porcentaje que puede ser objeto de subcontrataci髇 a terceros a petici髇 de la entidad o poder adjudicador debe reflejar adecuadamente el objeto y valor del contrato.

  Durante un procedimiento negociado o un di醠ogo competitivo con requisitos de subcontrataci髇, la entidad o poder adjudicador y los licitadores pueden debatir los requisitos o las recomendaciones de subcontrataci髇 con miras a asegurar que la entidad o poder adjudicador est� plenamente informado acerca de las repercusiones de las diferentes opciones de subcontrataci髇, en particular por lo que se refiere a los costes, la calidad o el riesgo. En cualquier caso, los subcontratistas propuestos inicialmente por el adjudicatario deben gozar de libertad para participar en licitaciones organizadas para la adjudicaci髇 de subcontratos.

  En el contexto de los mercados de defensa y seguridad, los Estados miembros y la Comisi髇 tambi閚 deben fomentar el desarrollo y la difusi髇 de mejores pr醕ticas entre los Estados miembros y la industria europea con el fin de promover la libre circulaci髇 y la competitividad en los mercados de subcontrataci髇 de la Uni髇, as� como una gesti髇 eficaz de los proveedores y las PYME para lograr la relaci髇 calidad-precio 髉tima. Los Estados miembros deben comunicar a todos los adjudicatarios los beneficios de unas licitaciones transparentes y competitivas y de la diversidad de proveedores para los subcontratos, y desarrollar y difundir las mejores pr醕ticas en relaci髇 con la gesti髇 de la cadena de abastecimiento en los mercados de la defensa y la seguridad.

• (41) Las condiciones de ejecuci髇 de un contrato ser醤 compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se se馻len en el anuncio de licitaci髇 o en el pliego de condiciones.
• (42) En particular, las condiciones de ejecuci髇 del contrato pueden incluir requisitos de las entidades o poderes adjudicadores en materia de seguridad de la informaci髇 y del abastecimiento. Estos requisitos tienen particular trascendencia, habida cuenta del car醕ter sensible de los equipos a que se refiere la presente Directiva, y que afectan a toda la cadena de abastecimiento.
• (43) Con el fin de garantizar la seguridad de la informaci髇, las entidades o poderes adjudicadores pueden exigir, en particular, un compromiso tanto de los contratistas como de los subcontratistas de proteger la informaci髇 clasificada contra el acceso no autorizado, y pueden pedirles informaci髇 suficiente sobre su capacidad para hacerlo. En ausencia de un r間imen comunitario en materia de seguridad de la informaci髇, corresponde a las entidades o poderes adjudicadores o a los Estados miembros definir estos requisitos de conformidad con sus legislaciones y normativas nacionales, as� como determinar si consideran que las habilitaciones de seguridad expedidas con arreglo a la legislaci髇 nacional de otro Estado miembro son equivalentes a las expedidas por sus propias autoridades competentes.
• (44) La seguridad del abastecimiento puede implicar una gran variedad de exigencias, incluidas, por ejemplo, las normas internas de la empresa entre filial y matriz en relaci髇 con los derechos de propiedad intelectual o la prestaci髇 de capacidades cr韙icas como el servicio, el mantenimiento y la revisi髇, con objeto de garantizar el apoyo de un equipo adquirido a lo largo de su ciclo de vida.
• (45) En cualquier circunstancia, ninguna condici髇 de ejecuci髇 del contrato debe referirse a exigencias distintas de las relacionadas con la ejecuci髇 del propio contrato.
• (46) Las leyes, reglamentos y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia de condiciones de trabajo y de seguridad del trabajo, se aplicar醤 durante la ejecuci髇 de un contrato, siempre que dichas normas, as� como su aplicaci髇, se ajusten al Derecho comunitario. En las situaciones transfronterizas en las que los trabajadores de un Estado miembro prestan servicios en otro Estado miembro para la realizaci髇 de un contrato, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestaci髇 de servicios (10) , enuncia las condiciones m韓imas que han de respetarse en el pa韘 de acogida en relaci髇 con dichos trabajadores desplazados. Si el Derecho nacional prev� disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de dichas obligaciones se podr� considerar una falta grave o un delito relativo a la moralidad profesional del operador econ髆ico, pudiendo acarrear la exclusi髇 de dicho operador del procedimiento de adjudicaci髇 de un contrato.
• (47) Los contratos a que se refiere la presente Directiva se caracterizan por sus particulares exigencias en t閞minos de complejidad, o de seguridad de la informaci髇 o del abastecimiento. Satisfacer tales necesidades suele requerir intensas negociaciones durante el procedimiento de adjudicaci髇 del contrato. En consecuencia, a efectos de los contratos a que se refiere la presente Directiva, las entidades o poderes adjudicadores pueden emplear, adem醩 del procedimiento restringido, el procedimiento negociado con publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇.
• (48) A las entidades o poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmente complejos puede resultarles objetivamente imposible, sin que por ello se les pueda criticar, definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones t閏nicas, financieras y jur韉icas que pueda ofrecer el mercado. Esta situaci髇 puede presentarse, en particular, en la ejecuci髇 de proyectos que supongan la integraci髇 o la combinaci髇 de m鷏tiples capacidades tecnol骻icas u operativas, o de proyectos que requieran financiaci髇 compleja y estructurada, cuyo montaje financiero y jur韉ico no sea posible definir con antelaci髇. En tal caso, el recurso al procedimiento restringido o al procedimiento negociado con publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇 no ser韆 viable, al no ser posible definir el contrato con la suficiente precisi髇 para permitir a los candidatos formular sus ofertas. Conviene, pues, prever un procedimiento flexible que preserve, a un tiempo, la competencia entre operadores econ髆icos y la necesidad de las entidades o poderes adjudicadores de discutir con cada candidato todos los aspectos del contrato. No obstante, no se debe recurrir a este procedimiento de manera que se restrinja o falsee la competencia, especialmente mediante modificaciones de elementos fundamentales de las ofertas, imponiendo nuevos elementos sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador distinto del que haya presentado la oferta econ髆icamente m醩 ventajosa.
• (49) Antes del lanzamiento de un procedimiento de adjudicaci髇 de un contrato, las entidades o poderes adjudicadores pueden, mediante un di醠ogo t閏nico, solicitar o aceptar asesoramiento que podr� utilizarse para determinar el pliego de condiciones, siempre que dicho asesoramiento no tenga como efecto impedir la competencia.
• (50) Determinadas circunstancias excepcionales podr韆n hacer imposible o totalmente inadecuado el recurso a un procedimiento con publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇. Resulta, pues, oportuno que las entidades o poderes adjudicadores puedan recurrir, en algunos casos y circunstancias muy concretas, al procedimiento negociado sin publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇.
• (51) Las circunstancias deben ser parcialmente las mismas que las previstas en la Directiva 2004/18/CE. En este contexto, cabe tener presente, en particular, que los equipos de defensa y de seguridad son con frecuencia t閏nicamente complejos. Por consiguiente, en el caso de contratos de suministro para entregas adicionales, procede evaluar, a la luz de dicha complejidad y de las exigencias de interoperabilidad y de normalizaci髇 de los equipos conexos, si la incompatibilidad y la desproporci髇 de las dificultades t閏nicas de utilizaci髇 y mantenimiento justifican el recurso al procedimiento negociado sin publicaci髇. Este es el caso, por ejemplo, de la integraci髇 de nuevos componentes en sistemas existentes o de la modernizaci髇 de estos sistemas.
• (52) Puede ocurrir que para determinadas compras dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, s髄o un operador econ髆ico sea capaz de ejecutar el contrato, ya sea porque tiene la exclusividad de los derechos o por razones t閏nicas. En esos casos, se debe permitir a la entidad o poder adjudicador adjudicar contratos o acuerdos marco directamente a este 鷑ico operador econ髆ico. No obstante, las razones t閏nicas que explican por qu� s髄o un operador econ髆ico puede ejecutar el contrato deben ser rigurosamente definidas y justificadas caso por caso. Pueden incluir, por ejemplo, la estricta imposibilidad t閏nica de que un candidato distinto del operador econ髆ico elegido logre los objetivos necesarios o la necesidad de utilizar conocimientos t閏nicos, herramientas o medios espec韋icos, que s髄o un operador tiene a su disposici髇. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la modificaci髇 o readaptaci髇 de equipos especialmente complejos. Tambi閚 pueden derivarse razones t閏nicas de requisitos espec韋icos en materia de interoperabilidad o de seguridad, que deben cumplirse a fin de garantizar el funcionamiento de las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad.
• (53) Adem醩, la especificidad de los contratos sujetos a lo dispuesto en la presente Directiva pone de manifiesto la necesidad de prever otras circunstancias que pueden presentarse en los sectores contemplados por la misma.
• (54) As�, las fuerzas armadas de los Estados miembros pueden tener que intervenir con motivo de crisis fuera del territorio de la Uni髇 Europea, por ejemplo como parte de operaciones de mantenimiento de la paz. En el inicio o en el transcurso de tal intervenci髇, la seguridad de los Estados miembros y de sus fuerzas armadas puede exigir la celebraci髇 de algunos contratos con una rapidez de actuaci髇 incompatible con los plazos habituales impuestos por los procedimientos de adjudicaci髇 previstos en la presente Directiva. Esta urgencia podr韆 aplicarse igualmente a las necesidades de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en caso de ataque terrorista en el territorio de la Uni髇.
• (55) El fomento de la investigaci髇 y del desarrollo es un medio fundamental para consolidar la base industrial y tecnol骻ica de defensa Europea, y la apertura de la contrataci髇 contribuye a la realizaci髇 de este objetivo. La importancia de la investigaci髇 y el desarrollo en este 醡bito espec韋ico justifica una flexibilidad m醲ima en la adjudicaci髇 de los contratos para suministros y servicios de investigaci髇. Sin embargo, al mismo tiempo, esta flexibilidad no debe impedir una competencia leal para las fases siguientes del ciclo de vida de un producto. Por lo tanto, los contratos de investigaci髇 y desarrollo deben cubrir las actividades 鷑icamente hasta una etapa en la que la madurez de las nuevas tecnolog韆s pueda ser razonablemente evaluada y desprovista de riesgos. Los contratos de investigaci髇 y desarrollo no deben usarse m醩 all� de esa etapa como medio de evitar las disposiciones de la presente Directiva, incluida la predeterminaci髇 de la elecci髇 del licitador para las fases siguientes.

  Por otro lado, la entidad o poder adjudicador no deben tener que organizar una licitaci髇 por separado para las fases siguientes si el contrato que cubre las actividades de investigaci髇 ya incluye una opci髇 para estas fases y se adjudica mediante un procedimiento restringido o un procedimiento negociado con publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇, o, si procede, un di醠ogo competitivo.

• (56) A fin de garantizar la transparencia, conviene prever normas sobre la publicaci髇 por parte de las entidades o poderes adjudicadores de informaci髇 oportuna antes del procedimiento de adjudicaci髇 y al final del mismo. Asimismo, se debe proporcionar a los candidatos y licitadores m醩 informaci髇 espec韋ica sobre los resultados de dicho procedimiento. No obstante, se debe permitir a las entidades o poderes adjudicadores retener parte de la informaci髇 requerida en la medida en que su difusi髇 pudiera obstaculizar la aplicaci髇 de la ley, ser contraria al inter閟 p鷅lico, perjudicar a los intereses comerciales leg韙imos de operadores econ髆icos p鷅licos o privados, o perjudicar a la competencia leal entre ellos. A la luz de la naturaleza y de las caracter韘ticas de las obras, los suministros y los servicios objeto de la presente Directiva, los motivos de inter閟 p鷅lico relacionados con el respeto de las disposiciones nacionales obligatorias en el 醡bito de las pol韙icas p鷅licas nacionales, en particular con respecto a la defensa y la seguridad, son de particular relevancia a tal efecto.
• (57) Habida cuenta de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones y de las simplificaciones que pueden implicar, conviene que los medios electr髇icos est閚 en pie de igualdad con los medios cl醩icos de comunicaci髇 e intercambio de informaci髇. En la medida de lo posible, el medio y la tecnolog韆 elegidos deben ser compatibles con las tecnolog韆s utilizadas en los dem醩 Estados miembros.
• (58) El desarrollo de una competencia efectiva en el 醡bito de los contratos a que se refiere la presente Directiva necesita una publicidad comunitaria de los anuncios de licitaci髇 establecidos por las entidades o poderes adjudicadores de los Estados miembros. La informaci髇 contenida en dichos anuncios debe permitir que los operadores econ髆icos de la Comunidad eval鷈n si les interesan los contratos propuestos. A tal fin, conviene proporcionarles una informaci髇 suficiente del objeto del contrato y las condiciones del mismo. Resulta, por tanto, oportuno lograr una mayor visibilidad de los anuncios publicados a trav閟 de instrumentos adecuados, como los formularios normalizados de anuncio de licitaci髇 y el CPV, que constituye la nomenclatura de referencia para los contratos.
• (59) La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electr髇ica (11) , y la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur韉icos de los servicios de la sociedad de la informaci髇, en particular el comercio electr髇ico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr髇ico) (12) , deben aplicarse a las transmisiones de informaci髇 por medios electr髇icos en el marco de la presente Directiva.

  Los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos exigen un nivel de seguridad y confidencialidad superior al requerido por dichas Directivas. Por consiguiente, los dispositivos de recepci髇 electr髇ica de las ofertas y de las solicitudes de participaci髇 deben cumplir unos requisitos adicionales espec韋icos. A estos efectos, debe fomentarse, en la medida de lo posible, el uso de firmas electr髇icas, en especial las firmas electr髇icas avanzadas. Por otra parte, los reg韒enes voluntarios de acreditaci髇 podr韆n constituir un marco favorable para mejorar la calidad del servicio de certificaci髇 de dichos dispositivos.

• (60) La utilizaci髇 de medios electr髇icos supone un ahorro de tiempo. Por consiguiente, deben establecerse reducciones de los plazos m韓imos de recepci髇 de las ofertas y las solicitudes de participaci髇 en caso de utilizaci髇 de medios electr髇icos, siempre y cuando, no obstante, los medios electr髇icos utilizados sean compatibles con las modalidades espec韋icas de transmisi髇 previstas a escala comunitaria.
• (61) La verificaci髇 de la aptitud de los candidatos y su selecci髇 deben realizarse en condiciones de transparencia. A tal fin, conviene indicar los criterios no discriminatorios que pueden utilizar las entidades o poderes adjudicadores para seleccionar a los competidores y los medios que pueden utilizar los operadores econ髆icos para probar que cumplen dichos criterios. Siguiendo ese objetivo de transparencia, la entidad o poder adjudicador ha de estar obligado a indicar, desde el momento en que se convoque la licitaci髇, los criterios que utilizar� para la selecci髇, as� como el nivel de capacidad espec韋ica que en su caso exija de los operadores econ髆icos para admitirlos al procedimiento de adjudicaci髇 del contrato.
• (62) Las entidades o poderes adjudicadores podr醤 limitar el n鷐ero de candidatos en los procedimientos restringidos y negociados con publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇 y en el di醠ogo competitivo. Esta reducci髇 del n鷐ero de candidatos debe efectuarse en funci髇 de criterios objetivos indicados en el anuncio de licitaci髇. En lo que respecta a los criterios relativos a la situaci髇 personal de los operadores econ髆icos, puede ser suficiente una referencia general, en el anuncio de licitaci髇, a los supuestos indicados en esta Directiva.
• (63) En el di醠ogo competitivo y en los procedimientos negociados con publicaci髇 de un anuncio de licitaci髇 habida cuenta de la flexibilidad que puede resultar necesaria y de los excesivos costes vinculados a dichos m閠odos de adjudicaci髇 de contratos, conviene permitir a las entidades o poderes adjudicadores que prevean el desarrollo del procedimiento en fases sucesivas, de forma que se reduzca progresivamente, de acuerdo con criterios de adjudicaci髇 previamente indicados, el n鷐ero de ofertas que seguir醤 negociando o discutiendo. Esta reducci髇 debe garantizar una competencia real, siempre que lo permita el n鷐ero de soluciones o de candidatos adecuados.
• (64) Son de aplicaci髇 las normas comunitarias en materia de reconocimiento mutuo de t韙ulos, certificados y dem醩 pruebas de cualificaci髇 formal, cuando sea necesario presentar pruebas de una cualificaci髇 determinada para poder participar en un procedimiento de adjudicaci髇 de contratos.
• (65) Debe evitarse la adjudicaci髇 de contratos a operadores econ髆icos que hayan participado en una organizaci髇 delictiva o que hayan sido declarados culpables de corrupci髇 o fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de blanqueo de capitales, de financiaci髇 del terrorismo o de delitos de terrorismo o ligados al terrorismo. Las entidades o poderes adjudicadores deben pedir, en su caso, a los candidatos/licitadores los documentos pertinentes y, cuando alberguen dudas sobre la situaci髇 personal de dichos candidatos/licitadores, pueden solicitar la cooperaci髇 de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate. Debe procederse a la exclusi髇 de dichos operadores econ髆icos cuando la entidad o poder adjudicador tenga conocimiento de una sentencia sobre tales delitos dictada de conformidad con el Derecho nacional, que tenga car醕ter de cosa juzgada. Si el Derecho nacional contiene disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de las normas sobre acuerdos il韈itos de la legislaci髇 de contratos que haya sido objeto de una sentencia firme o de una resoluci髇 de efectos equivalentes se puede considerar un delito que afecta a la moralidad profesional del operador econ髆ico o una falta grave. Tambi閚 debe ser posible excluir operadores econ髆icos en caso de que la entidad o poder adjudicador tenga informaci髇, si procede facilitada por fuentes protegidas, que establezca que dichos operadores no poseen la fiabilidad necesaria para descartar los riesgos para la seguridad del Estado miembro. Dichos riesgos podr韆n derivarse de determinadas caracter韘ticas de los productos suministrados por el candidato o de la estructura accionarial del candidato.
• (66) La inobservancia de las disposiciones nacionales de incorporaci髇 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupaci髇 (13) , y de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formaci髇 y a la promoci髇 profesionales, y a las condiciones de trabajo (14) , puede, cuando haya sido objeto de una sentencia firme o de una resoluci髇 de efectos equivalentes, considerarse un delito que afecta a la moralidad profesional del operador econ髆ico o una falta grave.
• (67) Habida cuenta del car醕ter sensible del sector, la fiabilidad de los operadores econ髆icos que obtengan contratos es primordial. Esa fiabilidad depende, en particular, de su capacidad para satisfacer los requisitos de la entidad o poder adjudicador en materia de seguridad del abastecimiento y de la informaci髇. Adem醩, la presente Directiva no debe impedir en modo alguno que una entidad o poder adjudicador excluya a un operador econ髆ico en cualquier fase del proceso para la adjudicaci髇 de un contrato si la entidad o poder adjudicador dispone de informaci髇 con arreglo a la cual la adjudicaci髇 de la totalidad o parte del contrato al operador econ髆ico podr韆 entra馻r un riesgo para los intereses esenciales de seguridad de ese Estado miembro.
• (68) En ausencia de un r間imen comunitario en materia de seguridad de la informaci髇, corresponde a las entidades o poderes adjudicadores o a los Estados miembros definir el nivel de capacidad t閏nica que se requiere en este 醡bito para participar en un procedimiento de adjudicaci髇, as� como evaluar si los candidatos alcanzan el nivel de seguridad exigido. En muchos casos, los Estados miembros tienen acuerdos bilaterales de seguridad con normas sobre el reconocimiento mutuo de las habilitaciones nacionales de seguridad. Aun cuando existan acuerdos de este tipo, pueden verificarse las capacidades de los operadores econ髆icos de otros Estados miembros en el 醡bito de la seguridad de la informaci髇; dicha verificaci髇 debe realizarse de conformidad con los principios de no discriminaci髇, igualdad de trato y proporcionalidad.
• (69) La adjudicaci髇 del contrato debe efectuarse bas醤dose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminaci髇 e igualdad de trato, as� como la evaluaci髇 de las ofertas de forma objetiva y transparente en condiciones de competencia efectiva. Por consiguiente, conviene admitir 鷑icamente la aplicaci髇 de dos criterios de adjudicaci髇, el del precio m醩 bajo y el de la oferta econ髆icamente m醩 ventajosa.
• (70) A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicaci髇 de los contratos, conviene establecer la obligaci髇 - consagrada ya por la jurisprudencia - de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier candidato pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicar醤 para determinar la oferta econ髆icamente m醩 ventajosa. Corresponde pues a las entidades o poderes adjudicadores indicar los criterios de adjudicaci髇, as� como la ponderaci髇 relativa atribuida a cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelaci髇 suficiente a fin de que los candidatos tengan conocimiento de ello para realizar sus ofertas. Las entidades o poderes adjudicadores pueden prescindir de indicar la ponderaci髇 de los criterios de adjudicaci髇 en casos debidamente justificados, que deben poder motivar, cuando esa ponderaci髇 no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la complejidad del contrato. En esos casos deben indicar los criterios por orden de importancia decreciente.
• (71) Cuando las entidades o poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta econ髆icamente m醩 ventajosa, evaluar醤 las ofertas con vistas a determinar cu醠 de ellas presenta la mejor relaci髇 calidad/precio. Para ello definir醤 criterios econ髆icos y cualitativos que en su conjunto deben permitir a las entidades o poderes adjudicadores determinar la oferta econ髆icamente m醩 ventajosa. La determinaci髇 de esos criterios depende del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones t閏nicas, as� como evaluar la relaci髇 calidad/precio de cada oferta.
• (72) El cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y competencia debe estar garantizado por un sistema eficiente de revisi髇, basado en el sistema establecido por las Directivas 89/665/CEE (15) y 92/13/CEE del Consejo (16) , en su versi髇 modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) , para los contratos cubiertos por las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. En particular, debe preverse la posibilidad de impugnar el procedimiento de adjudicaci髇 antes de la firma del contrato, as� como las garant韆s necesarias para que dicha revisi髇 sea eficaz, tales como el plazo suspensivo. Tambi閚 debe existir la posibilidad de impugnar las adjudicaciones directas ilegales o los contratos celebrados en violaci髇 de la presente Directiva.
• (73) No obstante, los procedimientos de recurso deben tener en cuenta la protecci髇 de los intereses de defensa y de seguridad en relaci髇 con los procedimientos de los 髍ganos de recurso, la elecci髇 de las medidas cautelares o las sanciones impuestas para castigar las infracciones de las obligaciones en materia de transparencia y competencia. En particular, los Estados miembros deben poder disponer que el 髍gano de recurso independiente de la entidad o poder adjudicador pueda no declarar nulo un contrato, aunque haya sido adjudicado ilegalmente por los motivos indicados en la presente Directiva, si el 髍gano de recurso determina, tras haber examinado todos los aspectos pertinentes, que las circunstancias excepcionales del asunto en cuesti髇 exigen que se respeten determinados motivos imperiosos de inter閟 general. A la luz de la naturaleza y de las caracter韘ticas de las obras, suministros y servicios objeto de la presente Directiva, dichos motivos imperiosos deben estar en primer lugar relacionados con los intereses generales de la defensa y la seguridad de los Estados miembros. Tal puede ser el caso, por ejemplo, cuando la ineficacia de un contrato pondr韆 seriamente en peligro no s髄o el cumplimiento del proyecto espec韋ico previsto en el contrato, sino la propia existencia de un programa de defensa o seguridad m醩 amplio del que forma parte el proyecto.
• (74) Determinadas condiciones t閏nicas, y en particular las relativas a los anuncios, informes estad韘ticos, nomenclatura utilizada y condiciones de referencia a dicha nomenclatura, requieren adoptarse y modificarse en funci髇 de la evoluci髇 de las necesidades t閏nicas. A tal fin, resulta conveniente establecer un procedimiento de adopci髇 flexible y r醦ido.
• (75) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecuci髇 de la presente Directiva con arreglo a la Decisi髇 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecuci髇 atribuidas a la Comisi髇 (18) .
• (76) Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisi髇, para que revise los importes de los umbrales de los contratos aline醤dolos con los umbrales establecidos en la Directiva 2004/17/CE y modifique determinados n鷐eros de referencia de la nomenclatura CPV y las modalidades de referencia en los anuncios a posiciones particulares de la nomenclatura CPV, as� como que modifique las modalidades y caracter韘ticas t閏nicas de los dispositivos de recepci髇 electr髇ica.

  Dado que estas medidas son de alcance general y est醤 destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentaci髇 con control previsto en el art韈ulo 5 bis de la Decisi髇 1999/468/CE.

• (77) Cuando, por imperiosas razones de urgencia, los plazos normalmente aplicables en el procedimiento de reglamentaci髇 con control no puedan respetarse, la Comisi髇 debe poder aplicar el procedimiento de urgencia previsto en el art韈ulo 5 bis, apartado 6, de la Decisi髇 1999/468/CE para la adopci髇 de estas medidas.
• (78) De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional 獿egislar mejor� (19) , se insta a los Estados miembros a que, en su propio inter閟 y en el de la Comunidad, elaboren y hagan p鷅licos sus propios cuadros para ilustrar, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las medidas de incorporaci髇 de esta al Derecho nacional.
• (79) La Comisi髇 debe llevar a cabo una evaluaci髇 peri骴ica para examinar si el mercado de los equipos de defensa est� funcionando de manera abierta, transparente y competitiva, incluido el impacto de la presente Directiva en el mercado, por ejemplo, por lo que se refiere a la participaci髇 de las PYME.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: