Art韈ulo 1

1. Nadie ser� sometido a una desaparici髇 forzada.

2. En ning鷑 caso podr醤 invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad pol韙ica interna o cualquier otra emergencia p鷅lica como justificaci髇 de la desaparici髇 forzada.

Art韈ulo 2

A los efectos de la presente Convenci髇, se entender� por 玠esaparici髇 forzada� el arresto, la detenci髇, el secuestro o cualquier otra forma de privaci髇 de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que act鷄n con la autorizaci髇, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privaci髇 de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustray閚dola a la protecci髇 de la ley.

Art韈ulo 3

Los Estados Partes tomar醤 las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el art韈ulo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que act鷈n sin la autorizaci髇, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

Art韈ulo 4

Cada Estado Parte tomar� las medidas necesarias para que la desaparici髇 forzada sea tipificada como delito en su legislaci髇 penal.

Art韈ulo 5

La pr醕tica generalizada o sistem醫ica de la desaparici髇 forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como est� definido en el derecho internacional aplicable y entra馻 las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.

Art韈ulo 6

1. Los Estados Partes tomar醤 las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos:

• a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisi髇 de una desaparici髇 forzada, intente cometerla, sea c髆plice o participe en la misma;
• b) Al superior que:
  • i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se propon韆n cometer un delito de desaparici髇 forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de informaci髇 que lo indicase claramente;
  • ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparici髇 forzada guardaba relaci髇; y
  • iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparici髇 forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigaci髇 y enjuiciamiento;
• c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional m醩 estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que act鷈 efectivamente como jefe militar.

2. Ninguna orden o instrucci髇 de una autoridad p鷅lica, sea 閟ta civil, militar o de otra 韓dole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparici髇 forzada.

Art韈ulo 7

1. Los Estados Partes considerar醤 el delito de desaparici髇 forzada punible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad.

2. Los Estados Partes podr醤 establecer:

• a) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sido part韈ipes en la comisi髇 de una desaparici髇 forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparici髇 con vida de la persona desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de desaparici髇 forzada o identificar a los responsables de una desaparici髇 forzada;
• b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparici髇 forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.

Art韈ulo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 5,

1. Cada Estado Parte que aplique un r間imen de prescripci髇 a la desaparici髇 forzada tomar� las medidas necesarias para que el plazo de prescripci髇 de la acci髇 penal:

• a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito;
• b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparici髇 forzada, habida cuenta del car醕ter continuo de este delito.

2. El Estado Parte garantizar� a las v韈timas de desaparici髇 forzada el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripci髇.

Art韈ulo 9

1. Cada Estado Parte dispondr� lo que sea necesario para instituir su jurisdicci髇 sobre los delitos de desaparici髇 forzada en los siguientes casos:

• a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicci髇 o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;
• b) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado;
• c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y 閟te lo considere apropiado.

2. Cada Estado Parte tomar� asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicci髇 sobre los delitos de desaparici髇 forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicci髇, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicci髇 penal internacional cuya competencia haya reconocido.

3. La presente Convenci髇 no excluye ninguna jurisdicci髇 penal adicional ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

Art韈ulo 10

1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de la que se supone que ha cometido un delito de desaparici髇 forzada, si, tras examinar la informaci髇 de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, proceder� a la detenci髇 de dicha persona o tomar� otras medidas legales necesarias para asegurar su presencia. La detenci髇 y dem醩 medidas se llevar醤 a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendr醤 solamente por el per韔do que sea necesario a fin de asegurar su presencia en el marco de un procedimiento penal, de entrega o de extradici髇.

2. El Estado Parte que haya adoptado las medidas contempladas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo proceder� inmediatamente a una investigaci髇 preliminar o averiguaci髇 de los hechos. Informar� a los Estados Partes a los que se hace referencia en el p醨rafo 1 del art韈ulo 9, sobre las medidas adoptadas en aplicaci髇 del p醨rafo 1 del presente art韈ulo, especialmente sobre la detenci髇 y las circunstancias que la justifican, y sobre las conclusiones de su investigaci髇 preliminar o averiguaci髇, indic醤doles si tiene intenci髇 de ejercer su jurisdicci髇.

3. La persona detenida de conformidad con el p醨rafo 1 del presente art韈ulo podr� comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre m醩 pr髕imo o, si se trata de un ap醫rida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.

Art韈ulo 11

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicci髇 sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparici髇 forzada, si no procede a su extradici髇, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicci髇 haya reconocido, someter� el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acci髇 penal.

2. Dichas autoridades tomar醤 su decisi髇 en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito com鷑 de car醕ter grave, de acuerdo con la legislaci髇 de tal Estado. En los casos previstos en el p醨rafo 2 del art韈ulo 9, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpaci髇 no ser� en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el p醨rafo 1 del art韈ulo 9.

3. Toda persona investigada en relaci髇 con un delito de desaparici髇 forzada recibir� garant韆s de un trato justo en todas las fases del procedimiento. Toda persona sometida a juicio por un delito de desaparici髇 forzada gozar� de las garant韆s judiciales ante una corte o un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Art韈ulo 12

1. Cada Estado Parte velar� por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparici髇 forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinar醤 r醦ida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, proceder醤 sin demora a realizar una investigaci髇 exhaustiva e imparcial. Se tomar醤 medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protecci髇 del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, as� como de quienes participen en la investigaci髇, contra todo maltrato o intimidaci髇 en raz髇 de la denuncia presentada o de cualquier declaraci髇 efectuada.

2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparici髇 forzada, las autoridades a las que hace referencia el p醨rafo 1 iniciar醤 una investigaci髇, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

3. Los Estados Partes velar醤 para que las autoridades mencionadas en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo:

• a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigaci髇, inclusive el acceso a la documentaci髇 y dem醩 informaciones pertinentes para la misma;
• b) Tengan acceso, previa autorizaci髇 judicial si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detenci髇 y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.

4. Cada Estado Parte tomar� las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deber醤 garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparici髇 forzada no est閚 en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidaci髇 o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, as� como sobre quienes participan en la investigaci髇.

Art韈ulo 13

1. A efectos de extradici髇 entre Estados Partes, el delito de desaparici髇 forzada no ser� considerado delito pol韙ico, delito conexo a un delito pol韙ico ni delito inspirado en motivos pol韙icos. En consecuencia, una solicitud de extradici髇 fundada en un delito de este tipo no podr� ser rechazada por este 鷑ico motivo.

2. El delito de desaparici髇 forzada estar� comprendido de pleno derecho entre los delitos que den lugar a extradici髇 en todo tratado de extradici髇 celebrado entre Estados Partes antes de la entrada en vigor de la presente Convenci髇.

3. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparici髇 forzada entre los delitos susceptibles de extradici髇 en todo tratado de extradici髇 que celebren entre s� con posterioridad.

4. Cada Estado Parte que subordine la extradici髇 a la existencia de un tratado, si recibe una solicitud de extradici髇 de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto, podr� considerar la presente Convenci髇 como la base jur韉ica necesaria para la extradici髇 en lo relativo al delito de desaparici髇 forzada.

5. Los Estados Partes que no subordinen la extradici髇 a la existencia de un tratado reconocer醤 el delito de desaparici髇 forzada como susceptible de extradici髇 entre ellos mismos.

6. La extradici髇 estar� subordinada, en todos los casos, a las condiciones previstas por el derecho del Estado Parte requerido o por los tratados de extradici髇 aplicables, incluidas, en particular, las condiciones relativas a la pena m韓ima exigida para la extradici髇 y a los motivos por los cuales el Estado Parte requerido puede rechazar la extradici髇, o sujetarla a determinadas condiciones.

7. Ninguna disposici髇 de la presente Convenci髇 debe interpretarse en el sentido de obligar al Estado Parte requerido a que conceda la extradici髇 si 閟te tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de procesar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religi髇, nacionalidad, origen 閠nico, opiniones pol韙icas o pertenencia a un determinado grupo social, o si, al aceptar la solicitud, se causara un da駉 a esta persona por cualquiera de estas razones.

Art韈ulo 14

1. Los Estados Partes se prestar醤 todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparici髇 forzada, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. El auxilio judicial estar� subordinado a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de cooperaci髇 judicial aplicables, incluidos, en particular, los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar dicho auxilio o someterlo a determinadas condiciones.

Art韈ulo 15

Los Estados Partes cooperar醤 entre s� y se prestar醤 todo el auxilio posible para asistir a las v韈timas de las desapariciones forzadas, as� como en la b鷖queda, localizaci髇 y liberaci髇 de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumaci髇, la identificaci髇 de las personas desaparecidas y la restituci髇 de sus restos.

Art韈ulo 16

1. Ning鷑 Estado Parte proceder� a la expulsi髇, devoluci髇, entrega o extradici髇 de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estar韆 en peligro de ser sometida a una desaparici髇 forzada.

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendr醤 en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia, en el Estado de que se trate, de un cuadro de violaciones sistem醫icas graves, flagrantes o masivas de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Art韈ulo 17

1. Nadie ser� detenido en secreto.

2. Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado Parte en materia de privaci髇 de libertad, cada Estado Parte, en su legislaci髇:

• a) Establecer� las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las 髍denes de privaci髇 de libertad;
• b) Determinar� las autoridades que est閚 facultadas para ordenar privaciones de libertad;
• c) Garantizar� que toda persona privada de libertad sea mantenida 鷑icamente en lugares de privaci髇 de libertad oficialmente reconocidos y controlados;
• d) Garantizar� que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elecci髇 y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable;
• e) Garantizar� el acceso de toda autoridad e instituci髇 competentes y facultadas por la ley a los lugares de privaci髇 de libertad, si es necesario con la autorizaci髇 previa de una autoridad judicial;
• f) Garantizar� en cualquier circunstancia a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparici髇 forzada, por encontrarse la persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda persona con un inter閟 leg韙imo, por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que 閟te determine sin demora la legalidad de la privaci髇 de libertad y ordene la liberaci髇 si dicha privaci髇 de libertad fuera ilegal.

3. Cada Estado Parte asegurar� el establecimiento y el mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento ser醤 r醦idamente puestos a disposici髇 de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o instituci髇 competente de acuerdo con la legislaci髇 nacional o cualquier instrumento jur韉ico internacional relevante del que el Estado sea Parte. Esa informaci髇 contendr� al menos:

• a) La identidad de la persona privada de libertad;
• b) El d韆, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedi� a la privaci髇 de libertad;
• c) La autoridad que decidi� la privaci髇 de libertad y los motivos de 閟ta;
• d) La autoridad que controla la privaci髇 de libertad;
• e) El lugar de privaci髇 de libertad, el d韆 y la hora de admisi髇 en el mismo y la autoridad responsable de dicho lugar;
• f) Los elementos relativos a la integridad f韘ica de la persona privada de libertad;
• g) En caso de fallecimiento durante la privaci髇 de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;
• h) El d韆 y la hora de la liberaci髇 o del traslado a otro lugar de detenci髇, el destino y la autoridad encargada del traslado.

Art韈ulo 18

1. Sin perjuicio de los art韈ulos 19 y 20, cada Estado Parte garantizar� a toda persona con un inter閟 leg韙imo en esa informaci髇, por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso, como m韓imo, a las informaciones siguientes:

• a) La autoridad que decidi� la privaci髇 de libertad;
• b) La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un lugar de privaci髇 de libertad;
• c) La autoridad que controla la privaci髇 de libertad;
• d) El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privaci髇 de libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
• e) La fecha, la hora y el lugar de la liberaci髇;
• f) Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
• g) En caso de fallecimiento durante la privaci髇 de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos.

2. Se adoptar醤, llegado el caso, medidas adecuadas para garantizar la protecci髇 de las personas a las que se refiere el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, as� como de quienes participen en la investigaci髇, contra cualquier maltrato, intimidaci髇 o sanci髇 en raz髇 de la b鷖queda de informaciones sobre una persona privada de libertad.

Art韈ulo 19

1. Las informaciones personales, inclusive los datos m閐icos o gen閠icos, que se recaben y/o transmitan en el marco de la b鷖queda de una persona desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas con fines distintos de dicha b鷖queda. Ello es sin perjuicio de la utilizaci髇 de esas informaciones en procedimientos penales relativos a un delito de desaparici髇 forzada, o en ejercicio del derecho a obtener reparaci髇.

2. La recopilaci髇, el tratamiento, el uso y la conservaci髇 de informaciones personales, inclusive datos m閐icos o gen閠icos, no debe infringir o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de la persona.

Art韈ulo 20

1. 趎icamente en el caso en que una persona est� bajo protecci髇 de la ley y la privaci髇 de libertad se halle bajo control judicial, el derecho a las informaciones previstas en el art韈ulo 18 podr� limitarse, s髄o a t韙ulo excepcional, cuando sea estrictamente necesario en virtud de restricciones previstas por la ley, y si la transmisi髇 de informaci髇 perjudicase la intimidad o la seguridad de la persona o el curso de una investigaci髇 criminal, o por otros motivos equivalentes previstos por la ley, y de conformidad con el derecho internacional aplicable y con los objetivos de la presente Convenci髇. En ning鷑 caso se admitir醤 limitaciones al derecho a las informaciones previstas en el art韈ulo 18 que puedan constituir conductas definidas en el art韈ulo 2 o violaciones del p醨rafo 1 del art韈ulo 17.

2. Sin perjuicio del examen de la legalidad de una privaci髇 de libertad, el Estado Parte garantizar� a las personas a las que se refiere el p醨rafo 1 del art韈ulo 18, el derecho a un recurso judicial r醦ido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en esa disposici髇. Ese derecho a un recurso no podr� ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia.

Art韈ulo 21

Cada Estado Parte tomar� las medidas necesarias para que la liberaci髇 de una persona se efect鷈 con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados Partes adoptar醤 asimismo las medidas necesarias para garantizar la integridad f韘ica y el pleno ejercicio de sus derechos a las personas en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar sujetas en virtud de la legislaci髇 nacional.

Art韈ulo 22

Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 6, cada Estado Parte tomar� las medidas necesarias para prevenir y sancionar las siguientes pr醕ticas:

• a) Las dilaciones o la obstrucci髇 de los recursos previstos en el inciso f) del p醨rafo 2 del art韈ulo 17 y el p醨rafo 2 del art韈ulo 20;
• b) El incumplimiento de la obligaci髇 de registrar toda privaci髇 de libertad, as� como el registro de informaci髇 cuya inexactitud el agente encargado del registro oficial o los expedientes oficiales conoc韆 o hubiera debido conocer;
• c) La negativa a proporcionar informaci髇 sobre una privaci髇 de libertad o el suministro de informaci髇 inexacta, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley para proporcionar dicha informaci髇.

Art韈ulo 23

1. Cada Estado Parte velar� por que la formaci髇 del personal militar o civil encargado de la aplicaci髇 de la ley, del personal m閐ico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la ense馻nza y la informaci髇 necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la presente Convenci髇, a fin de:

• a) Prevenir la participaci髇 de esos agentes en desapariciones forzadas;
• b) Resaltar la importancia de la prevenci髇 y de las investigaciones en materia de desapariciones forzadas;
• c) Velar por que se reconozca la urgencia de la resoluci髇 de los casos de desaparici髇 forzada.

2. Cada Estado Parte prohibir� las 髍denes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas. Cada Estado Parte garantizar� que la persona que reh鷖e obedecer una orden de esta naturaleza no sea sancionada.

3. Cada Estado Parte tomar� las medidas necesarias para que, cuando las personas a las que se refiere el p醨rafo 1 del presente art韈ulo tengan razones para creer que se ha producido o est� a punto de producirse una desaparici髇 forzada, informen a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u 髍ganos de control o de revisi髇 competentes.

Art韈ulo 24

1. A los efectos de la presente Convenci髇, se entender� por 玽韈tima� la persona desaparecida y toda persona f韘ica que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparici髇 forzada.

2. Cada v韈tima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparici髇 forzada, la evoluci髇 y resultados de la investigaci髇 y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomar� las medidas adecuadas a este respecto.

3. Cada Estado Parte adoptar� todas las medidas apropiadas para la b鷖queda, localizaci髇 y liberaci髇 de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la b鷖queda, el respeto y la restituci髇 de sus restos.

4. Los Estados Partes velar醤 por que su sistema legal garantice a la v韈tima de una desaparici髇 forzada el derecho a la reparaci髇 y a una indemnizaci髇 r醦ida, justa y adecuada.

5. El derecho a la reparaci髇 al que se hace referencia en el p醨rafo 4 del presente art韈ulo comprende todos los da駉s materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparaci髇 tales como:

• a) La restituci髇;
• b) La readaptaci髇;
• c) La satisfacci髇; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputaci髇;
• d) Las garant韆s de no repetici髇.

6. Sin perjuicio de la obligaci髇 de continuar con la investigaci髇 hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptar� las disposiciones apropiadas en relaci髇 con la situaci髇 legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en 醡bitos tales como la protecci髇 social, las cuestiones econ髆icas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada Estado Parte garantizar� el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, as� como la asistencia a las v韈timas de desapariciones forzadas.

Art韈ulo 25

1. Los Estados Partes tomar醤 las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

• a) La apropiaci髇 de ni駉s sometidos a desaparici髇 forzada, o de ni駉s cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparici髇 forzada, o de ni駉s nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparici髇 forzada;
• b) La falsificaci髇, el ocultamiento o la destrucci髇 de documentos que prueben la verdadera identidad de los ni駉s mencionados en el inciso a) supra.

2. Los Estados Partes adoptar醤 las medidas necesarias para buscar e identificar a los ni駉s mencionados en el inciso a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.

3. Los Estados Partes se prestar醤 asistencia mutua en la b鷖queda, identificaci髇 y localizaci髇 de los ni駉s a los que hace referencia el inciso a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el inter閟 superior de los ni駉s mencionados en el inciso a) del p醨rafo 1 del presente art韈ulo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deber醤 existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopci髇 u otra forma de colocaci髇 o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopci髇 o de colocaci髇 o guarda de esos ni駉s y, si procede, a anular toda adopci髇 o colocaci髇 o guarda cuyo origen sea una desaparici髇 forzada.

5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este art韈ulo, el inter閟 superior del ni駉 constituir� una consideraci髇 primordial y el ni駉 con capacidad de discernimiento tendr� derecho a expresar libremente su opini髇, que ser� debidamente valorada en funci髇 de su edad y madurez.

Art韈ulo 26

1. Para la aplicaci髇 de las disposiciones de la presente Convenci髇, se constituir� un Comit� contra la Desaparici髇 Forzada (denominado en lo sucesivo 玡l Comit榛) integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercer醤 sus funciones a t韙ulo personal y actuar醤 con total imparcialidad. Los miembros del Comit� ser醤 elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribuci髇 geogr醘ica equitativa. Se tendr� en cuenta el inter閟 que representa la participaci髇 en los trabajos del Comit� de personas que tengan experiencia jur韉ica pertinente y de una representaci髇 equilibrada de los g閚eros.

2. La elecci髇 se efectuar� en votaci髇 secreta de una lista de candidatos designados por los Estados Partes entre sus propios nacionales, en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas a este efecto por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formar醤 qu髍um dos tercios de los Estados Partes, se considerar醤 elegidos los candidatos que obtengan el mayor n鷐ero de votos y la mayor韆 absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

3. La elecci髇 inicial se celebrar� a m醩 tardar seis meses despu閟 de la fecha de entrada en vigor de la presente Convenci髇. Cuatro meses antes de la fecha de cada elecci髇, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigir� una carta a los Estados Partes invit醤doles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparar� una lista por orden alfab閠ico de todos los candidatos designados de este modo, indicando, por cada uno de ellos, el Estado Parte que lo ha presentado. Esta lista ser� comunicada a todos los Estados Partes.

4. Los miembros del Comit� ser醤 elegidos por cuatro a駉s. Podr醤 ser reelegidos una vez. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elecci髇 expirar� al cabo de dos a駉s; inmediatamente despu閟 de la primera elecci髇, el presidente de la reuni髇 a que se hace referencia en el p醨rafo 2 del presente art韈ulo designar� por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

5. Si un miembro del Comit� muere o renuncia o por cualquier otra causa no puede seguir desempe馻ndo sus funciones en el Comit�, el Estado Parte que present� su candidatura propondr�, teniendo en cuenta los criterios previstos en el p醨rafo 1 del presente art韈ulo, a otro candidato, entre sus propios nacionales, para que desempe馿 sus funciones durante el periodo de mandato restante, bajo reserva de la aprobaci髇 de la mayor韆 de los Estados Partes. Se considerar� otorgada dicha aprobaci髇 a menos que la mitad o m醩 de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a partir del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.

6. El Comit� establecer� su reglamento interno.

7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionar� el personal y los medios materiales necesarios para el desempe駉 eficaz de las funciones del Comit�. El Secretario General de las Naciones Unidas convocar� la primera reuni髇 del Comit�.

8. Los miembros del Comit� tendr醤 derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades reconocidos a los expertos en misi髇 para las Naciones Unidas, conforme a lo establecido en las secciones pertinentes de la Convenci髇 sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

9. Los Estados Partes se comprometen a cooperar con el Comit� y a asistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato, en el marco de las funciones del Comit� aceptadas por dichos Estados Partes.

Art韈ulo 27

Una Conferencia de los Estados Partes se reunir� no antes de cuatro a駉s y no m醩 tarde de seis a駉s, despu閟 de la entrada en vigor de la presente Convenci髇, para evaluar el funcionamiento del Comit� y decidir, seg鷑 las modalidades previstas en el p醨rafo 2 del art韈ulo 44, si es apropiado confiar a otra instancia –sin excluir ninguna posibilidad–, con las atribuciones previstas en los art韈ulos 28 a 36, la supervisi髇 de la aplicaci髇 de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 28

1. En el marco de las competencias que le confiere la presente Convenci髇, el Comit� cooperar� con todos los 髍ganos, oficinas, organismos especializados y fondos apropiados de las Naciones Unidas, los comit閟 convencionales creados en virtud de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las organizaciones o instituciones regionales intergubernamentales apropiadas, as� como con todas las instituciones, organismos y oficinas nacionales pertinentes que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas.

2. En el marco de sus funciones, el Comit� consultar� con otros comit閟 convencionales creados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, en particular el Comit� de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos, con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.

Art韈ulo 29

1. Cada Estado Parte presentar� al Comit�, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe relativo a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han contra韉o en virtud de la presente Convenci髇, dentro del plazo de dos a駉s a contar desde la entrada en vigor de la Convenci髇 en el Estado Parte de que se trate.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas pondr� los informes a disposici髇 de todos los Estados Partes.

3. Cada informe ser� examinado por el Comit�, el cual podr� hacer los comentarios, observaciones o recomendaciones que considere apropiados. El Estado Parte interesado ser� informado de dichos comentarios, observaciones o recomendaciones, a los que podr� responder, por iniciativa propia o a solicitud del Comit�.

4. El Comit� podr� tambi閚 pedir a los Estados Partes informaciones complementarias sobre la aplicaci髇 de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 30

1. El Comit� podr� examinar, de manera urgente, toda petici髇 presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, as� como todo aquel que tenga un inter閟 leg韙imo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.

2. Si el Comit� considera que la petici髇 de actuar de manera urgente presentada en virtud del p醨rafo 1 del presente art韈ulo:

• a) No carece manifiestamente de fundamento;
• b) No es un abuso del derecho a presentar tales peticiones;
• c) Se ha presentado previamente y en la forma debida a los 髍ganos competentes del Estado Parte interesado, tales como las autoridades encargadas de efectuar las investigaciones, cuando tal posibilidad existe;
• d) No es incompatible con las disposiciones de esta Convenci髇; y
• e) No est� siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza;

solicitar� al Estado Parte interesado que le proporcione, en el plazo que el Comit� determine, informaci髇 sobre la situaci髇 de dicha persona.

3. Habida cuenta de la informaci髇 proporcionada por el Estado Parte interesado de conformidad con el p醨rafo 2 del presente art韈ulo, el Comit� podr� transmitir sus recomendaciones al Estado Parte e incluir una petici髇 de que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, para localizar y proteger a la persona de conformidad con la presente Convenci髇, y podr� solicitar que informe al Comit�, en el plazo que 閟te determine, sobre las medidas que tome, teniendo en cuenta la urgencia de la situaci髇. El Comit� informar� a la persona que present� la petici髇 de acci髇 urgente sobre sus recomendaciones y sobre las informaciones transmitidas por el Estado Parte cuando 閟tas est閚 disponibles.

4. El Comit� proseguir� sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido esclarecida. El Comit� mantendr� informado al autor de la petici髇.

Art韈ulo 31

1. Cada Estado Parte podr� declarar, en el momento de la ratificaci髇 o con posterioridad a 閟ta, que reconoce la competencia del Comit� para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicci髇 o en nombre de ellas, que alegaren ser v韈tima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convenci髇. El Comit� no admitir� ninguna comunicaci髇 relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaraci髇.

2. El Comit� declarar� inadmisible cualquier comunicaci髇 si:

• a) Es an髇ima;
• b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convenci髇;
• c) La misma cuesti髇 est� siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si
• d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables.

3. Si el Comit� considera que la comunicaci髇 responde a las condiciones establecidas en el p醨rafo 2 del presente art韈ulo, la transmitir� al Estado Parte interesado y le solicitar� que le proporcione, en un plazo que habr� de fijar el Comit�, sus observaciones y comentarios.

4. En cualquier momento tras haber recibido una comunicaci髇 y antes de llegar a una decisi髇 sobre el fondo, el Comit� podr� dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles da駉s irreparables a la v韈tima o las v韈timas de la supuesta violaci髇. El ejercicio de esta facultad por el Comit� no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicaci髇.

5. El Comit� celebrar� sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente art韈ulo. El Comit� informar� al autor de la comunicaci髇 sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comit� decida poner t閞mino al procedimiento, comunicar� su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicaci髇.

Art韈ulo 32

Cada Estado Parte en la presente Convenci髇 podr� declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comit� para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convenci髇. El Comit� no admitir� ninguna comunicaci髇 relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaraci髇, ni una comunicaci髇 presentada por un Estado Parte que no haya hecho dicha declaraci髇.

Art韈ulo 33

1. Si el Comit� recibe informaci髇 fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente Convenci髇 por un Estado Parte podr�, despu閟 de consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efect鷈n una visita al mismo y le informen al respecto sin demora.

2. El Comit� informar� por escrito al Estado Parte interesado de su intenci髇 de efectuar una visita, se馻lando la composici髇 de la delegaci髇 y el objeto de la visita. El Estado Parte dar� su respuesta en un plazo razonable.

3. Ante una solicitud motivada del Estado Parte, el Comit� podr� decidir postergar o cancelar la visita.

4. Si el Estado Parte otorga su acuerdo a la visita, el Comit� y el Estado Parte de que se trate, cooperar醤 para definir las modalidades de aqu閘la y el Estado Parte ofrecer� todas las facilidades necesarias para su desarrollo.

5. El Comit� comunicar� al Estado Parte de que se trate sus observaciones y recomendaciones como resultado de la visita.

Art韈ulo 34

Si el Comit� recibe informaci髇 que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparici髇 forzada se practica de forma generalizada o sistem醫ica en el territorio bajo la jurisdicci髇 de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la informaci髇 pertinente sobre esa situaci髇, podr� llevar la cuesti髇, con car醕ter urgente, a la consideraci髇 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 35

1. La competencia del Comit� s髄o se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Convenci髇.

2. Si un Estado pasa a ser Parte de la presente Convenci髇 despu閟 de su entrada en vigor, sus obligaciones respecto al Comit� s髄o se extender醤 a las desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad a la entrada en vigor de la Convenci髇 para dicho Estado.

Art韈ulo 36

1. El Comit� presentar� un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convenci髇 a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. La publicaci髇 en el informe anual de una observaci髇 relativa a un Estado Parte debe ser previamente anunciada a dicho Estado, el cual dispondr� de un plazo razonable de respuesta y podr� solicitar la publicaci髇 de sus comentarios u observaciones en el informe.

Art韈ulo 37

Nada de lo dispuesto en la presente Convenci髇 afectar� a las disposiciones que sean m醩 conducentes a la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas que puedan estar recogidas en:

• a) El derecho de un Estado Parte; o
• b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

Art韈ulo 38

1. La presente Convenci髇 estar� abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

2. La presente Convenci髇 estar� sujeta a ratificaci髇 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificaci髇 ser醤 depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. La presente Convenci髇 estar� abierta a la adhesi髇 de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La adhesi髇 se efectuar� mediante el dep髎ito de un instrumento de adhesi髇 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 39

1. La presente Convenci髇 entrar� en vigor el trig閟imo d韆 a partir de la fecha en que haya sido depositado el vig閟imo instrumento de ratificaci髇 o de adhesi髇 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convenci髇 o se adhiera a ella despu閟 de haber sido depositado el vig閟imo instrumento de ratificaci髇 o de adhesi髇, la presente Convenci髇 entrar� en vigor el trig閟imo d韆 a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificaci髇 o adhesi髇.

Art韈ulo 40

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicar� a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convenci髇 o se hayan adherido a ella:

• a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas con arreglo al art韈ulo 38;
• b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convenci髇 con arreglo al art韈ulo 39.

Art韈ulo 41

Las disposiciones de la presente Convenci髇 ser醤 aplicables a todas las partes constitutivas de los Estados federales, sin limitaci髇 ni excepci髇 alguna.

Art韈ulo 42

1. Toda controversia que surja entre dos o m醩 Estados Partes con respecto a la interpretaci髇 o aplicaci髇 de la presente Convenci髇, que no se solucione mediante negociaci髇 o a trav閟 de los procedimientos previstos expresamente en la presente Convenci髇, se someter� a arbitraje a petici髇 de uno de los Estados implicados. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentaci髇 de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organizaci髇 del mismo, cualquiera de las partes podr� someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado Parte, en el momento de la firma o ratificaci髇 de la presente Convenci髇 o de su adhesi髇 a ella, podr� declarar que no se considera obligado por el p醨rafo 1 del presente art韈ulo. Los dem醩 Estados Partes no estar醤 obligados por ese p醨rafo ante ning鷑 Estado Parte que haya formulado esa declaraci髇.

3. Cada Estado Parte que haya formulado la declaraci髇 prevista en el p醨rafo 2 del presente art韈ulo podr� retirarla en cualquier momento notific醤dolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 43

La presente Convenci髇 se entiende sin perjuicio de las disposiciones del derecho internacional humanitario, incluidas las obligaciones que incumben a las Altas Partes contratantes de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos Adicionales de 8 de junio de 1977, o de la posibilidad que tiene cada Estado Parte de autorizar al Comit� Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detenci髇 en los casos no previstos por el derecho internacional humanitario.

Art韈ulo 44

1. Cada Estado Parte en la presente Convenci髇 podr� proponer enmiendas o depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicar� las enmiendas propuestas a los Estados Partes en la presente Convenci髇, pidi閚doles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votaci髇. Si, en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicaci髇, un tercio al menos de los Estados Partes se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General organizar� la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

2. Toda enmienda adoptada por una mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia ser� sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptaci髇.

3. Una enmienda adoptada de conformidad con el p醨rafo 1 del presente art韈ulo entrar� en vigor cuando haya sido aceptada por una mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes en la presente Convenci髇, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

4. Cuando entren en vigor, las enmiendas ser醤 obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los dem醩 Estados Partes seguir醤 obligados por las disposiciones de la presente Convenci髇 y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Art韈ulo 45

1. La presente Convenci髇, cuyos textos en 醨abe, chino, espa駉l, franc閟, ingl閟 y ruso son igualmente aut閚ticos, ser� depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitir� copias certificadas de la presente Convenci髇 a todos los Estados mencionados en el art韈ulo 38.

Art韈ulo 31

De conformidad con el art韈ulo 31 de la Convenci髇 [internacional para la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas], la Rep鷅lica de Albania declara que reconoce la competencia del Comit� para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicci髇 o en nombre de ellas, que alegaren ser v韈tima de violaciones por parte del Estado de Albania de las disposiciones de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 32

De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 32 de la Convenci髇 [internacional para la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas], la Rep鷅lica de Albania declara que reconoce la competencia del Comit� para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convenci髇.

Art韈ulo 16

La prohibici髇 de entrega 鷑icamente se aplicar� si la persona afectada corre un riesgo real de convertirse en v韈tima de una desaparici髇 forzada.

Con respecto al art韈ulo 17 (2) (f):

El derecho alem醤 garantiza que la privaci髇 de libertad s髄o ser� legal en el caso de haber sido ordenada o, en casos excepcionales, autorizada a posteriori por un juez. El p醨rafo 2 del art韈ulo 104 de la Ley Fundamental (Grundgesetz) dispone expresamente: 玈髄o el juez decidir� sobre la licitud y duraci髇 de una privaci髇 de libertad. En todo caso de privaci髇 de libertad no basada en una orden judicial, deber� procurarse de inmediato la decisi髇 judicial.� El p醨rafo 3 del art韈ulo 104 de la Ley Fundamental dispone que 玹oda detenida provisionalmente bajo sospecha de haber cometido un acto delictivo deber� ser llevada ante el juez a m醩 tardar al d韆 siguiente al de su detenci髇�.

En el caso de que una persona haya sido detenida arbitrariamente, infringiendo lo dispuesto en el art韈ulo 104 de la Ley Fundamental, cualquier persona podr� interponer una acci髇 ante el tribunal local competente a fin de que el mismo ordene la inmediata puesta en libertad. Si dicha persona hubiera estado detenida por un tiempo superior al plazo permitido por la Ley Fundamental, el juez deber� ordenar su puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en la primera frase del p醨rafo 2 del art韈ulo 128 del C骴igo de Procedimiento Penal (Strafprozessordnung, StPO).

Art韈ulo 17 , pfo. 3

En el caso de internamiento involuntario de personas enfermas por un tutor o apoderado, las informaciones requeridas en virtud de los apartados (a) a (h) se pondr醤 en conocimiento del juez a quien corresponda autorizar el internamiento. El juez podr� requerir dicha informaci髇 en cualquier momento del tutor o apoderado; la misma se incluir� en el expediente del asunto y deber醤 considerarse en adelante como parte constitutiva de dicho expediente oficial del interesado con arreglo al p醨rafo 3 del art韈ulo 17.

Con respecto al art韈ulo 18:

La legislaci髇 alemana reconoce a toda persona que tenga un leg韙imo inter閟 en la informaci髇 contenida en los expedientes judiciales, el derecho de acceso a la misma. Se admiten limitaciones destinadas a proteger los intereses de las personas interesadas o a garantizar el correcto desarrollo del procedimiento penal en virtud del p醨rafo 1 del art韈ulo 20 de la Convenci髇.

Con respecto al p醨rafo 4 del art韈ulo 24:

Se precisa que la disposici髇 prevista relativa a la reparaci髇 y a la indemnizaci髇 no abroga el principio de inmunidad de los Estados.

Art韈ulo 31

De conformidad con el p醨rafo 1 del art韈ulo 31... de la Convenci髇 internacional para la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Rep鷅lica Argentina declara que reconoce la competencia del Comit� contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicci髇 o en nombre de ellas, que alegaren ser v韈tima de violaciones por este Estado de las disposiciones de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 32

De conformidad con lo dispuesto en el... art韈ulo 32 de la Convenci髇 internacional para la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Rep鷅lica Argentina declara que reconoce la competencia del Comit� contra las desapariciones forzadas... para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convenci髇.

Art韈ulo 31

La Rep鷅lica de Chile declara que, de conformidad con el art韈ulo 31 de esta Convenci髇, reconoce la competencia del Comit� para recibir y examinar las comunicaciones las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo jurisdicci髇 del Estado chileno o en nombre de ellas, que alegaren ser v韈tima de violaciones por este Estado de las disposiciones de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 32

La Rep鷅lica de Chile declara que, de conformidad con el art韈ulo 32 de esta Convenci髇, reconoce la competencia del Comit� para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convenci髇.

Art韈ulo 31

... de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1 del art韈ulo 31, [Francia declara] que reconoce la competencia del Comit� contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicci髇 o en nombre de ellas, que alegaren ser v韈tima de violaciones por parte de Francia de las disposiciones de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 32

... de conformidad con el art韈ulo 32, [Francia] reconoce la competencia del Comit� contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convenci髇.

Art韈ulo 32

獶e conformidad con el art韈ulo 32 de la Convenci髇, el Gobierno de Jap髇 declara que reconoce la competencia del Comit� contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones procedentes de un Estado Parte que alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la presente Convenci髇.

Art韈ulo 31

De conformidad con el p醨rafo 1 del art韈ulo 31 de la Convenci髇 Internacional para la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Rep鷅lica Oriental de Uruguay declara que reconoce la competencia del Comit� contra las desapariciones forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicci髇 o en nombre de ellas, que alegaren ser v韈tima de violaciones por parte de este Estado de las disposiciones de la presente Convenci髇.

Art韈ulo 32

... de conformidad con el art韈ulo 32 de la Convenci髇 Internacional para la protecci髇 de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Rep鷅lica Oriental de Uruguay declara que reconoce la competencia del Comit� [contra las desapariciones forzadas] para recibir y examinar las comunicaciones procedentes de cualquier Estado Parte que alegue que el Estado de Uruguay no cumple las obligaciones que la impone la presente Convenci髇.