Sumario

Ley 12/1995, 11 mayo, derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado («B.O.E.» 11 abril), el 1 de mayo de 2006.

Exposición de Motivos

El régimen de incompatibilidades de altos cargos está recogido, con carácter general, en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 9/1991, de 22 de marzo.

Esta normativa surgió para garantizar la independencia y la imparcialidad de los altos cargos en el ejercicio de sus funciones, y en tal sentido significó un gran avance hacia el eficaz funcionamiento de la Administración.

Sin embargo, la Resolución número 92 del Congreso de los Diputados, adoptada en debate del Estado de la Nación, instaba al Gobierno a promover una reforma de la legislación sobre incompatibilidades de altos cargos, perfeccionando el régimen sancionador por el incumplimiento de las obligaciones de declarar en el Registro de Intereses correspondiente a actividades y bienes patrimoniales, reforzando las funciones de control de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

Por otro lado, una Administración moderna requiere que la lealtad al servicio público sea una de las grandes exigencias de los altos cargos en el desempeño de sus puestos.

Por todo lo cual, se hace necesario establecer un nuevo régimen de incompatibilidades que regule de manera completa esta materia.

Su objeto es regular el régimen de incompatibilidad de actividades y control de intereses aplicable a los miembros del Gobierno de la Nación, a los Secretarios de Estado y a los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla.

Además delimita los sujetos de la norma con una técnica diferente a la anterior legislación, ya que recurre a criterios objetivos para la definición del alto cargo.

Como principio general, se consagra la incompatibilidad absoluta con cualquier actividad pública o privada, retribuida o no, posibilitando el ejercicio de determinadas actividades lógicamente exceptuadas por no afectar a la dedicación absoluta del alto cargo o a su independencia.

Se constituyen dos Registros, uno, el de Actividades, en el que los altos cargos efectuarán declaraciones de las actividades que desempeñen, así como de aquéllas que vayan a desempeñar con posterioridad a su cese. El otro, de Bienes y Derechos Patrimoniales, donde tendrán que declarar los bienes y derechos patrimoniales que posean, valores y activos financieros negociables, participaciones societarias, etc.

Estos Registros son gestionados por la Inspección General de Servicios de la Administración Pública que se encargará de recordar y, en su caso, requerir a quienes sean nombrados o cesen en un alto cargo, el cumplimiento de sus obligaciones. El Gobierno, a través de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, remitirá al Congreso de los Diputados información cada seis meses, del cumplimiento de las obligaciones de declarar de los altos cargos.

Finalmente, se establece un completo régimen sancionador, con tipificación de infracciones y sanciones, la dureza de las cuales va dirigida a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de independencia e imparcialidad por los altos cargos en el desempeño de sus funciones.

Téngase en cuenta que la Inspección General de Servicios de la Administración Pública ha sido suprimida por R.D. 2826/1998, 23 diciembre («B.O.E.» 24 diciembre), por el que se modifica el R.D. 1892/1996, 2 agosto, de estructura orgánica del Ministerio de Administraciones Públicas, en la redacción dada por el R.D. 1329/1997, 1 agosto, siendo asumidas sus competencias y funciones por la Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios.