Sumario

--> Ley 5/2007, 3 abril, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (�B.O.E.� 4 diciembre), el 5 de diciembre de 2014.

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

Esta ley tiene por objeto establecer el r�gimen jur�dico b�sico de la Red de Parques Nacionales, cuyos objetivos se declaran de inter�s general del Estado, en el marco de lo dispuesto en los art�culos 45 y 149.1.23 de la Constituci�n.

La Red de Parques Nacionales se define como un sistema dirigido a integrar la muestra m�s representativa del conjunto de sistemas naturales espa�oles, dando lugar a un todo que debe ser la s�ntesis del mejor patrimonio natural espa�ol, para su legado en el mejor estado de conservaci�n posible a las generaciones venideras. Los elementos b�sicos de la Red son los espacios declarados Parques Nacionales, seleccionados por ser representantes significativos de los ecosistemas caracter�sticos de lo m�s valioso del patrimonio natural espa�ol, por lo que su conservaci�n merece atenci�n prioritaria y debe ser declarada de inter�s general del Estado.

Los Parques Nacionales deben destacar por su alto valor ecol�gico y cultural, por la belleza de sus paisajes, o por la singularidad de su flora, de su fauna, de su geolog�a o de sus formaciones geomorfol�gicas, de modo que se puedan considerar como buenos representantes del, o de los sistemas naturales correspondientes.

La declaraci�n de un nuevo Parque Nacional tendr�, como objetivo primordial, ayudar a completar la representatividad de los sistemas naturales en el conjunto de la Red, lo que obliga a que previamente a la declaraci�n de un nuevo Parque Nacional se proceda a una evaluaci�n del grado en que el territorio propuesto como tal, representa realmente de forma significativa al sistema natural y a los valores que deben integrarse en la Red. Para ello se exige que el espacio propuesto sea altamente representativo en cuanto a tipolog�a de especies y caracter�sticas naturales, de alguno o algunos de los sistemas naturales espa�oles que se particularizan en el Anexo de esta Ley, contando con una proporci�n significativa de las especies y comunidades representativas de los mismos, o de aquellas m�s amenazadas en Espa�a, as� como capacidad territorial y ecol�gica para garantizar a estas especies y comunidades un estado de conservaci�n favorable. Para hacer viable estos procesos se establecen una serie de exigencias, como que tenga una superficie continua y no fragmentada suficiente ocupada por formaciones naturales, o que no pueda existir suelo urbanizado ni susceptible de transformaci�n urban�stica, con el objetivo de que sea viable su evoluci�n natural, sin o con escasa intervenci�n humana.

El inter�s general del Estado en que la Red constituya una muestra completa de los principales sistemas naturales espa�oles que pueda ser legada a las generaciones venideras, exige que en la iniciativa para la declaraci�n se priorice la inclusi�n de sistemas naturales todav�a no representados. Dicha iniciativa corresponde a las Comunidades Aut�nomas o al Gobierno de la Naci�n, previo acuerdo favorable de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas que aporten territorio al Parque Nacional. La declaraci�n de un Parque Nacional para su integraci�n en la Red de Parques Nacionales se har� por Ley de las Cortes Generales.

Complementariamente, la naturaleza y caracter�sticas de los objetivos perseguidos exige que la propuesta de un nuevo Parque Nacional re�na las garant�as correspondientes de transparencia y de participaci�n p�blica, por lo que se exige que sea sometida a tr�mite de informaci�n p�blica por un plazo m�nimo de dos meses, incorpor�ndose al expediente las alegaciones presentadas, y que sea informada por el Consejo de la Red, previamente a que el Ministro de Medio Ambiente la eleve al Consejo de Ministros.

Dicha propuesta, para asegurar su adecuaci�n a los objetivos de la Red de Parques Nacionales, debe incluir la denominaci�n del Parque, los objetivos conservacionistas que son de inter�s general del Estado para el Parque previsto, los l�mites propuestos y la caracterizaci�n ambiental y socioecon�mica del territorio afectado, junto al an�lisis cient�fico y t�cnico demostrativo del cumplimiento de los requisitos establecidos para los Parques Nacionales en la presente ley; tambi�n debe incluir la evaluaci�n de los usos actuales existentes en el mismo, y las consecuencias jur�dicas y socioecon�micas sobre ellos de su declaraci�n, para evaluar la viabilidad de la misma.

Aceptada la propuesta, la ley de declaraci�n del Parque Nacional incluir� los elementos de aquella, destacando los objetivos a cubrir por el Parque en el conjunto de la Red, junto a la particularizaci�n del proceso transitorio a seguir en el Parque para adecuar el espacio propuesto a las consecuencias jur�dicas derivadas de la declaraci�n y al cumplimiento de las directrices b�sicas incluidas en el Plan Director, as� como una memoria econ�mica con la previsi�n de las inversiones y dotaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos.

La declaraci�n de un espacio mar�timo o terrestre como Parque Nacional s�lo tiene sentido si el mismo cumple con los objetivos de representaci�n adecuada de sistemas naturales espa�oles en el conjunto de la Red. Por ello, el mantenimiento de las caracter�sticas que le dan este valor es primordial. Adicionalmente, no podemos olvidar que las caracter�sticas naturales presentan una tremenda fragilidad y que su modificaci�n es en la mayor�a de las ocasiones irreversible. Ello nos lleva a que el r�gimen jur�dico de protecci�n establecido en las leyes declarativas tenga que tener un car�cter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial y que en ellas se deban destacar las actividades prohibidas por no ser compatibles con los objetivos de la Red de Parques Nacionales, y las medidas y plazos precisos para su eliminaci�n, si existieran en el Parque declarado; o, excepcionalmente, si no se pudieran eliminar, las medidas precisas para la correcci�n de sus efectos para hacer el territorio compatible con los objetivos de la Red.

En el marco de su finalidad primordial: garantizar, como legado para las generaciones futuras, la conservaci�n de una muestra representativa de los principales sistemas naturales espa�oles, la Red debe asegurar un marco adecuado para la conservaci�n de los Parques Nacionales por la v�a de la cooperaci�n interadministrativa; �sta, partiendo, con car�cter general, de la competencia exclusiva de las Comunidades Aut�nomas para la gesti�n, debe facilitar el cumplimiento de los objetivos de cada Parque Nacional en el conjunto de la Red, tanto en el �mbito t�cnico como social o patrimonial, de manera que se logren sinergias en las acciones promovidas en el marco de la Red por las diferentes Administraciones p�blicas.

Desde la perspectiva de la cooperaci�n institucional para el logro de los objetivos de la Red, el Ministerio de Medio Ambiente establecer� un programa espec�fico para el desarrollo de las actuaciones comunes de la Red incluidas en el Plan Director, desarrollando instrumentos de cooperaci�n interadministrativa voluntaria para la consecuci�n de los objetivos de cada uno de los Parques Nacionales y de la Red en su conjunto, colaborando en la aplicaci�n de los mecanismos que establezcan las respectivas leyes declaratorias para la supresi�n de los usos declarados con car�cter b�sico como incompatibles con la figura de Parque Nacional, y promoviendo el incremento y consolidaci�n del patrimonio p�blico en la Red de Parques Nacionales.

La ley trata de asegurar para las generaciones futuras una muestra representativa del principal patrimonio natural espa�ol, y declara como de inter�s general del estado cada uno de los elementos (Parques Nacionales) que constituyen la Red, obligando a asegurar que los valores que han justificado su declaraci�n permanezcan en el tiempo. Por ello es obligado que se establezcan mecanismos que permitan evaluar el grado de mantenimiento o de mejora de las condiciones exigidas para la declaraci�n de Parque Nacional y que, en caso extremo, se asegure que el reconocimiento internacional que tienen en la actualidad la Red de Parques Nacionales no sea puesto en peligro por situaciones espec�ficas que puedan afectar a alguno de los Parques en particular. Para ello la ley establece la necesidad de que exista un seguimiento y evaluaci�n general del grado de cumplimiento de los objetivos de la Red y, en particular, del cumplimiento y grado de alcance de los objetivos perseguidos por los Parques Nacionales, incluida la aplicaci�n del Plan Director en los mismos. A este efecto se establece que, cada tres a�os, el Ministerio de Medio Ambiente elaborar� un informe de situaci�n de la Red de Parques Nacionales que se elevar� al Senado y se har� p�blico. Dicho informe ira acompa�ado de un anexo con la situaci�n en cada uno de los Parques Nacionales elaborado por su administraci�n gestora.

Como medida extrema se incorpora la p�rdida de la condici�n de Parque Nacional de los espacios naturales declarados como tales si se produce una degradaci�n significativa en �ste, mantenida en el tiempo, apart�ndose del cumplimiento de los objetivos establecidos para el mismo en la Red. La p�rdida de la condici�n de Parque Nacional de un territorio se efectuar� por ley de las Cortes Generales, previa audiencia del �rgano que determinen las Comunidades Aut�nomas afectadas, y con informe favorable del Consejo de la Red de Parques Nacionales. La p�rdida de la condici�n de Parque Nacional podr� �nicamente fundamentarse en la p�rdida de representatividad del Parque respecto a los objetivos perseguidos para la Red de Parques Nacionales, reflejada en la no adecuaci�n, grave y mantenida, a lo establecido en los art�culos 9 y 13 de esta Ley.

No hay que olvidar en este sentido el reconocimiento internacional conseguido para los Parques Nacionales, que podr�a peligrar si no hubiera una adecuaci�n constante de sus caracter�sticas a los objetivos de cualificaci�n de los mismos, que mantengan su car�cter mod�lico en la planificaci�n y gesti�n, a nivel internacional. En �ltima instancia, la falta de representaci�n adecuada del conjunto de los sistemas naturales espa�oles en uno de los Parques, siempre se puede solventar con la declaraci�n de otro espacio que re�na las condiciones adecuadas para representar dichos sistemas naturales afectados por la p�rdida de condici�n de Parque Nacional.

En este marco, y en consonancia con las sentencias del Tribunal Constitucional, esta ley se centra en el establecimiento de los criterios b�sicos para la salvaguarda y mejora de la Red de Parques Nacionales de Espa�a, partiendo de que la Red, como sistema, tiene una naturaleza y objetivos propios y precisa de un marco normativo b�sico y del sistema de relaciones necesario para su funcionamiento, que hagan viable el cumplimiento de los citados objetivos. Se define para ello un modelo que integra tanto las disposiciones b�sicas que se recogen en la presente ley, como el resto de normativa b�sica general (directrices definidas en los contenidos declarados constitucionales del vigente Plan Director de la Red) aplicables a todos los Parques Nacionales.

Dichas disposiciones afectan tanto a que las medidas de protecci�n preventiva a establecer por parte de la Comunidad o Comunidades Aut�nomas implicadas, que entrar�n en vigor con la adopci�n del acuerdo por la Asamblea Legislativa de la comunidad aut�noma, para evitar actos sobre el espacio propuesto que puedan llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecuci�n de los objetivos de la declaraci�n, como al hecho de que, tras la declaraci�n, el suelo incluido en el Parque Nacional no podr� ser objeto de ning�n tipo de transformaci�n no contemplada en el Plan Rector de Uso y Gesti�n y en ning�n caso podr� ser susceptible de urbanizaci�n o edificaci�n, al considerarse suelo no urbanizable de especial protecci�n.

El Plan Director de la Red de Parques Nacionales debe definir los objetivos estrat�gicos de la Red y las directrices b�sicas generales para la planificaci�n y la conservaci�n de los Parques Nacionales, as� como la programaci�n de las actuaciones que desarrollar� �sta para alcanzarlos, tanto en materia de cooperaci�n y colaboraci�n con otras Administraciones u organismos, nacionales o internacionales, como en materias comunes de la Red, o en la determinaci�n de los proyectos de inter�s general que podr�n ser objeto de financiaci�n estatal. Igualmente debe incluir las actuaciones necesarias para mantener la imagen y la coherencia interna de la Red, su seguimiento continuo y la evaluaci�n anual del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Hay que destacar que, al igual que en el resto de los procesos contemplados en esta ley, en la elaboraci�n y revisi�n del Plan Director se exige un procedimiento participativo y abierto, y la obligaci�n de su sometimiento a evaluaci�n ambiental, como garant�a adicional de informaci�n y participaci�n p�blica.

El Ministerio de Medio Ambiente ser� el encargado de formular la revisi�n y de adaptar a las sentencias del Tribunal Constitucional y a los contenidos de la presente ley, el Plan Director de la Red de Parques Nacionales vigente, incluyendo las directrices y criterios comunes para la gesti�n de valores cuyo significado para asegurar la representatividad de los elementos de los sistemas naturales espa�oles en el conjunto de la Red, exija su conservaci�n. La importancia de esta conservaci�n hace que hasta que no se apruebe el nuevo Plan Director de la Red, esta ley mantenga la vigencia del actual, naturalmente, en lo declarado constitucional por el Tribunal Constitucional.

En cada uno de los Parques Nacionales se elaborar� y aprobar� por las Administraciones competentes un Plan Rector de Uso y Gesti�n, ajustado al Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que ser� el instrumento b�sico de planificaci�n y en cuyo procedimiento de elaboraci�n ser� preceptivo un proceso de participaci�n p�blica, asegurando que, antes de su aprobaci�n, ha sido sometido a tr�mite de informaci�n p�blica y a informe del Patronato y del Consejo de la Red.

La ley mantiene al Consejo de la Red como �rgano colegiado de car�cter consultivo, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, con funciones de informar preceptivamente sobre todos los aspectos relevantes en el cumplimiento de los objetivos de la Red y de los Parques, as� como sobre su planificaci�n, criterios de distribuci�n de los recursos financieros para la Red de Parques Nacionales que se puedan asignar en los Presupuestos Generales del Estado, seguimiento y evaluaci�n del funcionamiento de la Red, y propuesta de declaraci�n, modificaci�n o, en su caso, de retirada de la condici�n de Parque Nacional.

El Patronato se define como el �rgano de participaci�n de la sociedad en los Parques Nacionales. Se constituir� un Patronato en cada uno de ellos, en el que estar�n representadas la Administraci�n General del Estado, la Administraci�n de la o las Comunidades Aut�nomas que integren el Parque y las Administraciones Locales, as� como aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los objetivos de esta ley. Los Patronatos de los Parques Nacionales estar�n adscritos, a efectos administrativos, a la Comunidad Aut�noma en donde est� situado el Parque Nacional. En el caso de Parques Nacionales situados en varias Comunidades Aut�nomas, estar�n adscritos en la forma que �stas acuerden. En el caso de Parques Nacionales de competencia estatal estar�n adscritos a la Administraci�n General del Estado.

La Red existente y las pol�ticas espa�olas en materia de Parques Nacionales, deben reforzar la imagen y reconocimiento internacional obtenidos, ampliando su proyecci�n exterior y el papel internacional que las mismas poseen en la actualidad. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente representar� a Espa�a en las redes internacionales equivalentes, participando en sus iniciativas, y estableciendo mecanismos de cooperaci�n internacional que permitan la proyecci�n externa de la Red. As� mismo el Ministerio deber� contribuir a la implicaci�n de los agentes sociales y a la participaci�n de la sociedad en la consecuci�n de los objetivos de la Red; igualmente deber� promover un mejor conocimiento cient�fico en materias relacionadas con los Parques Nacionales y una adecuada difusi�n de la informaci�n disponible, as� como contribuir, a trav�s de su l�nea de subvenciones, a la financiaci�n de las iniciativas de fomento del desarrollo sostenible que pudieran aprobar las Administraciones competentes en las �reas de influencia socioecon�mica de los Parques Nacionales.

Los territorios que merecen la consideraci�n de Parques Nacionales son un producto social en el sentido de que son el resultado de la interacci�n hist�rica de la sociedad con el territorio, con formas e intensidades que sufren una continua transformaci�n y que, en los tiempos actuales, se han desequilibrado en contra del mantenimiento del patrimonio natural m�s valorable. En todo caso, la deuda con las generaciones precedentes recomienda que en la aplicaci�n de la eliminaci�n de actividades que pongan en peligro los objetivos de la Red, se de preferencia a los acuerdos voluntarios para la adquisici�n de los derechos afectados, y que junto a la delimitaci�n del �mbito territorial de la zona perif�rica de protecci�n, y del r�gimen jur�dico de la misma, y del �rea de influencia socioecon�mica del Parque, se consideren las medidas espec�ficas que ayuden a promover un desarrollo m�s sostenible en estos �mbitos, que, en todo caso, han de ser compatibles con el logro de los objetivos de la Red. La Red de Parques Nacionales debe asegurar la viabilidad de la coexistencia entre los Parques Nacionales y su entorno, demostrando, con el desarrollo de �buenas pr�cticas�, la aportaci�n que la existencia de los Parques Nacionales significa para el desarrollo sostenible del territorio de su �rea de influencia. En el caso de que el �mbito territorial de un Parque Nacional incluya m�s del 50% del suelo no urbanizable de un t�rmino municipal, excluidas de este c�mputo las superficies de titularidad auton�mica o estatal, se exige que la ley declarativa incorpore un programa de medidas espec�ficas para promover el desarrollo en dicho municipio, especificando su financiaci�n.

Desde la perspectiva y objetivos se�alados, en el T�tulo primero se recogen las Disposiciones Generales que afectan a la definici�n del objeto de la ley y a los deberes de conservaci�n de la Red de Parques Nacionales por los poderes p�blicos, as� como a su obligaci�n de fomentar la colaboraci�n con la sociedad y la participaci�n e informaci�n a la misma sobre el logro de los objetivos perseguidos para la Red y para los Parques Nacionales. Igualmente se recogen las definiciones asociadas a la ley y, particularmente, la referida al �rea de influencia socioecon�mica, cuya delimitaci�n precisa se remite a las leyes declarativas de cada Parque.

El T�tulo segundo se dedica a la regulaci�n de la Red de Parques Nacionales, estableciendo sus objetivos, a los que ya se ha hecho referencia en p�rrafos anteriores, las funciones asociadas al Ministerio de Medio Ambiente para el cumplimiento de esos objetivos, la estructura, composici�n y objetivos del Consejo de la Red y la particularizaci�n del instrumento fundamental de �sta para alcanzar sus objetivos -el Plan Director de la Red de Parques Nacionales-cuyas caracter�sticas b�sicas ya han sido se�aladas.

El T�tulo tercero se centra en los objetivos a cubrir por los Parques Nacionales en el conjunto de la Red, los requisitos que deben cumplir para su declaraci�n o modificaci�n de l�mites, el procedimiento de dicha declaraci�n o modificaci�n, los contenidos de la propuesta de declaraci�n y la tramitaci�n a seguir por la misma, as� como las medidas preventivas que aseguren el mantenimiento de las condiciones merecedoras de la declaraci�n hasta el final de la aprobaci�n de la ley correspondiente. Igualmente se recogen los aspectos a incluir en la ley de declaraci�n, los efectos jur�dicos de dicha declaraci�n en lo que ata�e, fundamentalmente, a la utilidad p�blica o inter�s social de las actuaciones que, para la consecuci�n de los objetivos de los Parques Nacionales, deban acometer las Administraciones P�blicas, al derecho de tanteo y retracto, las actividades prohibidas por no ser compatibles con los objetivos de la Red de Parques Nacionales, y las medidas y plazo precisos para su eliminaci�n, si existieran en el Parque declarado, o, excepcionalmente, si no se pudieran eliminar, las medidas precisas para la correcci�n de sus efectos. Tambi�n se recogen las circunstancias en que se producir� la p�rdida de la condici�n de Parque Nacional para un territorio si el mismo se aparta grave y reiteradamente de los requisitos establecidos para los mismos, as� como el procedimiento correspondiente.

Cap�tulo aparte dentro de este T�tulo tercero merece: la gesti�n de los Parques Nacionales, que corresponde de manera �ntegra a las Comunidades Aut�nomas en cuyos territorios est�n situados, salvo en el caso de Parques Nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberan�a o jurisdicci�n nacional; las disposiciones referentes a los Planes Rectores de Uso y Gesti�n, que deben aprobarse para todos y cada uno de los Parques Nacionales, cuyo contenido m�nimo se regula en la presente ley; los contenidos b�sicos de los Patronatos como �rgano de participaci�n de la sociedad en los Parques Nacionales, que debe informar preceptivamente todos los aspectos ligados a la gesti�n de los Parques, y en el que estar�n representadas las tres Administraciones, as� como las instituciones y asociaciones cuyos fines est�n vinculados al Parque Nacional y las organizaciones conservacionistas. Tambi�n forman parte de este T�tulo tercero la regulaci�n de las ayudas t�cnicas, econ�micas y financieras en las �reas de influencia socioecon�mica de los Parques Nacionales que pueden establecer las Administraciones p�blicas para promover el desarrollo sostenible en sus �reas de influencia y la regulaci�n de la financiaci�n de la gesti�n de cada Parque Nacional, del Consejo de la Red, as� como los instrumentos de cooperaci�n financiera interadministrativa para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y la aplicaci�n de las directrices b�sicas que se establezcan en el Plan Director.