Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica

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Sumario

LE0000680139 Ley 59/2003, 19 diciembre, derogada por la letra a) de la disposici髇 derogatoria de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electr髇icos de confianza (獴.O.E.� 12 noviembre) el 13 de noviembre de 2020.

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electr髇ica, fue aprobado con el objetivo de fomentar la r醦ida incorporaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de seguridad de las comunicaciones electr髇icas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones p鷅licas. De este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad de la econom韆 espa駉la mediante el r醦ido establecimiento de un marco jur韉ico para la utilizaci髇 de una herramienta que aporta confianza en la realizaci髇 de transacciones electr髇icas en redes abiertas como es el caso de Internet. El citado real decreto ley incorpor� al ordenamiento p鷅lico espa駉l la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electr髇ica, incluso antes de su promulgaci髇 y publicaci髇 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Tras su ratificaci髇 por el Congreso de los Diputados, se acord� la tramitaci髇 del Real Decreto Ley 14/1999 como proyecto de ley, con el fin de someterlo a una m醩 amplia consulta p鷅lica y al posterior debate parlamentario para perfeccionar su texto. No obstante, esta iniciativa decay� al expirar el mandato de las C醡aras en marzo de 2000. Esta ley, por tanto, es el resultado del compromiso asumido en la VI Legislatura, actualizando a la vez el marco establecido en el Real Decreto Ley 14/1999 mediante la incorporaci髇 de las modificaciones que aconseja la experiencia acumulada desde su entrada en vigor tanto en nuestro pa韘 como en el 醡bito internacional.

La Directiva 1999/93/CE, ha sido derogada por el n鷐ero 1 del art韈ulo 50 de Reglamento (UE) n� 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificaci髇 electr髇ica y los servicios de confianza para las transacciones electr髇icas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (獶.O.U.E.L.� 28 agosto). Las referencias a la Directiva derogada se entender醤 hechas al presente Reglamento. LE0000535428

II

El desarrollo de la sociedad de la informaci髇 y la difusi髇 de los efectos positivos que de ella se derivan exige la generalizaci髇 de la confianza de la ciudadan韆 en las comunicaciones telem醫icas. No obstante, los datos m醩 recientes se馻lan que a鷑 existe desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones telem醫icas y, en general, en las comunicaciones que las nuevas tecnolog韆s permiten a la hora de transmitir informaci髇, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de la informaci髇, en particular, la Administraci髇 y el comercio electr髇icos.

Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet surge, entre otros, la firma electr髇ica. La firma electr髇ica constituye un instrumento capaz de permitir una comprobaci髇 de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a trav閟 de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas bas醤dose en fechas electr髇icas.

Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electr髇ica son los denominados prestadores de servicios de certificaci髇. Para ello expiden certificados electr髇icos, que son documentos electr髇icos que relacionan las herramientas de firma electr髇ica en poder de cada usuario con su identidad personal, d醤dole as� a conocer en el 醡bito telem醫ico como firmante.

La ley obliga a los prestadores de servicios de certificaci髇 a efectuar una tutela y gesti髇 permanente de los certificados electr髇icos que expiden. Los detalles de esta gesti髇 deben recogerse en la llamada declaraci髇 de pr醕ticas de certificaci髇, donde se especifican las condiciones aplicables a la solicitud, expedici髇, uso, suspensi髇 y extinci髇 de la vigencia de los certificados electr髇icos. Adem醩, estos prestadores est醤 obligados a mantener accesible un servicio de consulta sobre el estado de vigencia de los certificados en el que debe indicarse de manera actualizada si 閟tos est醤 vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida.

Asimismo, debe destacarse que la ley define una clase particular de certificados electr髇icos denominados certificados reconocidos, que son los certificados electr髇icos que se han expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobaci髇 de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garant韆s de la actividad de certificaci髇 electr髇ica.

Los certificados reconocidos constituyen una pieza fundamental de la llamada firma electr髇ica reconocida, que se define siguiendo las pautas impuestas en la Directiva 1999/93/CE como la firma electr髇ica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creaci髇 de firma. A la firma electr髇ica reconocida le otorga la ley la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electr髇ica.

Por otra parte, la ley contiene las garant韆s que deben ser cumplidas por los dispositivos de creaci髇 de firma para que puedan ser considerados como dispositivos seguros y conformar as� una firma electr髇ica reconocida.

La certificaci髇 t閏nica de los dispositivos seguros de creaci髇 de firma electr髇ica se basa en el marco establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo. Para esta certificaci髇 se utilizar醤 las normas t閏nicas publicadas a tales efectos en el 獶iario Oficial de las Comunidades Europeas� o, excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog韆.

Adicionalmente, la ley establece un marco de obligaciones aplicables a los prestadores de servicios de certificaci髇, en funci髇 de si 閟tos emiten certificados reconocidos o no, y determina su r間imen de responsabilidad, teniendo en cuenta los deberes de diligencia que incumben a los firmantes y a los terceros destinatarios de documentos firmados electr髇icamente.

III

Esta ley se promulga para reforzar el marco jur韉ico existente incorporando a su texto algunas novedades respecto del Real Decreto Ley 14/1999 que contribuir醤 a dinamizar el mercado de la prestaci髇 de servicios de certificaci髇.

As�, se revisa la terminolog韆, se modifica la sistem醫ica y se simplifica el texto facilitando su comprensi髇 y dot醤dolo de una estructura m醩 acorde con nuestra t閏nica legislativa.

Una de las novedades que la ley ofrece respecto del Real Decreto Ley 14/1999, es la denominaci髇 como firma electr髇ica reconocida de la firma electr髇ica que se equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Se trata simplemente de la creaci髇 de un concepto nuevo demandado por el sector, sin que ello implique modificaci髇 alguna de los requisitos sustantivos que tanto la Directiva 1999/93/CE como el propio Real Decreto Ley 14/1999 ven韆n exigiendo. Con ello se aclara que no basta con la firma electr髇ica avanzada para la equiparaci髇 con la firma manuscrita; es preciso que la firma electr髇ica avanzada est� basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creaci髇.

Asimismo, es de destacar de manera particular, la eliminaci髇 del registro de prestadores de servicios de certificaci髇, que ha dado paso al establecimiento de un mero servicio de difusi髇 de informaci髇 sobre los prestadores que operan en el mercado, las certificaciones de calidad y las caracter韘ticas de los productos y servicios con que cuentan para el desarrollo de su actividad.

Por otra parte, la ley modifica el concepto de certificaci髇 de prestadores de servicios de certificaci髇 para otorgarle mayor grado de libertad y dar un mayor protagonismo a la participaci髇 del sector privado en los sistemas de certificaci髇 y eliminando las presunciones legales asociadas a la misma, adapt醤dose de manera m醩 precisa a lo establecido en la directiva. As�, se favorece la autorregulaci髇 de la industria, de manera que sea 閟ta quien dise馿 y gestione, de acuerdo con sus propias necesidades, sistemas voluntarios de acreditaci髇 destinados a mejorar los niveles t閏nicos y de calidad en la prestaci髇 de servicios de certificaci髇. El nuevo r間imen nace desde el convencimiento de que los sellos de calidad son un instrumento eficaz para convencer a los usuarios de las ventajas de los productos y servicios de certificaci髇 electr髇ica, resultando imprescindible facilitar y agilizar la obtenci髇 de estos s韒bolos externos para quienes los ofrecen al p鷅lico. Si bien se recogen fielmente en la ley los conceptos de 玜creditaci髇� de prestadores de servicios de certificaci髇 y de 玞onformidad� de los dispositivos seguros de creaci髇 de firma electr髇ica contenidos en la directiva, la terminolog韆 se ha adaptado a la m醩 com鷑mente empleada y conocida recogida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Otra modificaci髇 relevante es que la ley clarifica la obligaci髇 de constituci髇 de una garant韆 econ髆ica por parte de los prestadores de servicios de certificaci髇 que emitan certificados reconocidos, estableciendo una cuant韆 m韓ima 鷑ica de tres millones de euros, flexibilizando adem醩 la combinaci髇 de los diferentes instrumentos para constituir la garant韆.

Por otra parte, dado que la prestaci髇 de servicios de certificaci髇 no est� sujeta a autorizaci髇 previa, resulta importante destacar que la ley refuerza las capacidades de inspecci髇 y control del Ministerio de Ciencia y Tecnolog韆, se馻lando que este departamento podr� ser asistido de entidades independientes y t閏nicamente cualificadas para efectuar las labores de supervisi髇 y control sobre los prestadores de servicios de certificaci髇.

Tambi閚 ha de destacarse la regulaci髇 que la ley contiene respecto del documento nacional de identidad electr髇ico, que se erige en un certificado electr髇ico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros de comunicaci髇 electr髇ica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a trav閟 de medios f韘icos. La ley se limita a fijar el marco normativo b醩ico del nuevo DNI electr髇ico poniendo de manifiesto sus dos notas m醩 caracter韘ticas -acredita la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo y permite la firma electr髇ica de documentos- remiti閚dose a la normativa espec韋ica en cuanto a las particularidades de su r間imen jur韉ico.

Asimismo, otra novedad es el establecimiento en la ley del r間imen aplicable a la actuaci髇 de personas jur韉icas como firmantes, a efectos de integrar a estas entidades en el tr醘ico telem醫ico. Se va as� m醩 all� del Real Decreto Ley de 1999, que s髄o permit韆 a las personas jur韉icas ser titulares de certificados electr髇icos en el 醡bito de la gesti髇 de los tributos. Precisamente, la enorme expansi髇 que han tenido estos certificados en dicho 醡bito en los 鷏timos a駉s, sin que ello haya representado aumento alguno de la litigiosidad ni de inseguridad jur韉ica en las transacciones, aconsejan la generalizaci髇 de la titularidad de certificados por personas morales.

En todo caso, los certificados electr髇icos de personas jur韉icas no alteran la legislaci髇 civil y mercantil en cuanto a la figura del representante org醤ico o voluntario y no sustituyen a los certificados electr髇icos que se expidan a personas f韘icas en los que se reflejen dichas relaciones de representaci髇.

Como resortes de seguridad jur韉ica, la ley exige, por un lado, una especial legitimaci髇 para que las personas f韘icas soliciten la expedici髇 de certificados; por otro lado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse de la custodia de los datos de creaci髇 de firma electr髇ica asociados a dichos certificados, todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por otras personas f韘icas vinculadas a la entidad. Por 鷏timo, de cara a terceros, limita el uso de estos certificados a los actos que integren la relaci髇 entre la persona jur韉ica y las Administraciones p鷅licas y a las cosas o servicios que constituyen el giro o tr醘ico ordinario de la entidad, sin perjuicio de los posibles l韒ites cuantitativos o cualitativos que puedan a馻dirse. Se trata de conjugar el dinamismo que debe presidir el uso de estos certificados en el tr醘ico con las necesarias dosis de prudencia y seguridad para evitar que puedan nacer obligaciones incontrolables frente a terceros debido a un uso inadecuado de los datos de creaci髇 de firma. El equilibrio entre uno y otro principio se ha establecido sobre las cosas y servicios que constituyen el giro o tr醘ico ordinario de la empresa de modo paralelo a c髆o nuestro m醩 que centenario C骴igo de Comercio regula la vinculaci髇 frente a terceros de los actos de comercio realizados por el factor del establecimiento.

Con la expresi髇 玤iro o tr醘ico ordinario� de una entidad se actualiza a un vocabulario m醩 acorde con nuestros d韆s lo que en la legislaci髇 mercantil espa駉la se denomina 玡stablecimiento fabril o mercantil�. Con ello se comprenden las transacciones efectuadas mediata o inmediatamente para la realizaci髇 del n鷆leo de actividad de la entidad y las actividades de gesti髇 o administrativas necesarias para el desarrollo de la misma, como la contrataci髇 de suministros tangibles e intangibles o de servicios auxiliares. Por 鷏timo, debe recalcarse que, aunque el 玤iro o tr醘ico ordinario� sea un t閞mino acu馻do por el derecho mercantil, la regulaci髇 sobre los certificados de personas jur韉icas no s髄o se aplica a las sociedades mercantiles, sino a cualquier tipo de persona jur韉ica que quiera hacer uso de la firma electr髇ica en su actividad.

Adicionalmente, se a馻de un r間imen especial para la expedici髇 de certificados electr髇icos a entidades sin personalidad jur韉ica a las que se refiere el art韈ulo 33 de la Ley General Tributaria, a los solos efectos de su utilizaci髇 en el 醡bito tributario, en los t閞minos que establezca el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, siguiendo la pauta marcada por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico, se incluye dentro de la modalidad de prueba documental el soporte en el que figuran los datos firmados electr髇icamente, dando mayor seguridad jur韉ica al empleo de la firma electr髇ica al someterla a las reglas de eficacia en juicio de la prueba documental.

Adem醩, debe resaltarse que otro aspecto novedoso de la ley es el acogimiento expl韈ito que se efect鷄 de las relaciones de representaci髇 que pueden subyacer en el empleo de la firma electr髇ica. No cabe duda que el instituto de la representaci髇 est� ampliamente generalizado en el tr醘ico econ髆ico, de ah� la conveniencia de dotar de seguridad jur韉ica la imputaci髇 a la esfera jur韉ica del representado las declaraciones que se cursan por el representante a trav閟 de la firma electr髇ica. Para ello, se establece como novedad que en la expedici髇 de certificados reconocidos que admitan entre sus atributos relaciones de representaci髇, 閟ta debe estar amparada en un documento p鷅lico que acredite fehacientemente dicha relaci髇 de representaci髇 as� como la suficiencia e idoneidad de los poderes conferidos al representante. Asimismo, se prev閚 mecanismos para asegurar el mantenimiento de las facultades de representaci髇 durante toda la vigencia del certificado reconocido.

Por 鷏timo, debe destacarse que la ley permite que los prestadores de servicios de certificaci髇 podr醤, con el objetivo de mejorar la confianza en sus servicios, establecer mecanismos de coordinaci髇 con los datos que preceptivamente deban obrar en los Registros p鷅licos, en particular, mediante conexiones telem醫icas, a los efectos de verificar los datos que figuran en los certificados en el momento de la expedici髇 de 閟tos. Dichos mecanismos de coordinaci髇 tambi閚 podr醤 contemplar la notificaci髇 telem醫ica por parte de los registros a los prestadores de servicios de certificaci髇 de las variaciones registrales posteriores.

IV

La ley consta de 36 art韈ulos agrupados en seis t韙ulos, 10 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales.

El t韙ulo I contiene los principios generales que delimitan los 醡bitos subjetivo y objetivo de aplicaci髇 de la ley, los efectos de la firma electr髇ica y el r間imen de empleo ante las Administraciones p鷅licas y de acceso a la actividad de prestaci髇 de servicios de certificaci髇.

El r間imen aplicable a los certificados electr髇icos se contiene en el t韙ulo II, que dedica su primer cap韙ulo a determinar qui閚es pueden ser sus titulares y a regular las vicisitudes que afectan a su vigencia. El cap韙ulo II regula los certificados reconocidos y el tercero el documento nacional de identidad electr髇ico.

El t韙ulo III regula la actividad de prestaci髇 de servicios de certificaci髇 estableciendo las obligaciones a que est醤 sujetos los prestadores -distinguiendo con nitidez las que solamente afectan a los que expiden certificados reconocidos-, y el r間imen de responsabilidad aplicable.

El t韙ulo IV establece los requisitos que deben reunir los dispositivos de verificaci髇 y creaci髇 de firma electr髇ica y el procedimiento que ha de seguirse para obtener sellos de calidad en la actividad de prestaci髇 de servicios de certificaci髇.

Los t韙ulos V y VI dedican su contenido, respectivamente, a fijar los reg韒enes de supervisi髇 y sanci髇 de los prestadores de servicios de certificaci髇.

Por 鷏timo, cierran el texto las disposiciones adicionales -que aluden a los reg韒enes especiales que resultan de aplicaci髇 preferente-, las disposiciones transitorias -que incorporan seguridad jur韉ica a la actividad desplegada al amparo de la normativa anterior-, la disposici髇 derogatoria y las disposiciones finales relativas al fundamento constitucional, la habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.

Esta disposici髇 ha sido sometida al procedimiento de informaci髇 en materia de normas y reglamentaciones t閏nicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informaci髇 en materia de normas y reglamentaciones t閏nicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisi髇 de informaci髇 en materia de normas y reglamentaciones t閏nicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informaci髇.