• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• Exposici髇 de Motivos
• CAP蚑ULO I.� DISPOSICIONES GENERALES
  • Art韈ulo 1
  • Art韈ulo 2
  • Art韈ulo 3
  • Art韈ulo 4
  • Art韈ulo 5
• CAP蚑ULO II.� MEDIDAS DE ACCI覰 PREVENTIVA Y VIGILANCIA
  • SECCI覰 1.� Armas y explosivos
    • Art韈ulo 6
    • Art韈ulo 7
  • SECCI覰 2.� Espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas
    • Art韈ulo 8
  • SECCI覰 3.� Documentaci髇 e identificaci髇 personal
    • Art韈ulo 9
    • Art韈ulo 10
    • Art韈ulo 11
  • SECCI覰 4.� Actividades relevantes para la seguridad ciudadana
    • Art韈ulo 12
  • SECCI覰 5.� Medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones
    • Art韈ulo 13
• CAP蚑ULO III.� ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
  • Art韈ulo 14
  • Art韈ulo 15
  • Art韈ulo 16
  • Art韈ulo 17
  • Art韈ulo 18
  • Art韈ulo 19
  • Art韈ulo 20
  • Art韈ulo 21
  • Art韈ulo 22
• CAP蚑ULO IV.� REGIMEN SANCIONADOR
  • SECCI覰 1.� INFRACCIONES
    • Art韈ulo 23
    • Art韈ulo 24 燝radaciones
    • Art韈ulo 25
    • Art韈ulo 26
    • Art韈ulo 27
  • SECCI覰 2.� SANCIONES
    • Art韈ulo 28
    • Art韈ulo 29
    • Art韈ulo 30
  • SECCI覰 3.� PROCEDIMIENTO
    • Art韈ulo 31
    • Art韈ulo 32
    • Art韈ulo 33
    • Art韈ulo 34
    • Art韈ulo 35
    • Art韈ulo 36
    • Art韈ulo 37
    • Art韈ulo 38
    • Art韈ulo 39
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera
  • Disposici髇 final segunda
  • Disposici髇 final tercera
  • Disposici髇 final cuarta
  • Disposici髇 final quinta

Art韈ulo 1

1 De conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 149.1.29. y 104 de la Constituci髇 corresponde al Gobierno, a trav閟 de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus 髍denes, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, crear y mantener las condiciones adecuadas a tal efecto, y remover los obst醕ulos que lo impidan, sin perjuicio de las facultades y deberes de otros poderes p鷅licos.

2. Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades administrativas previstas en esta Ley, con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicaci髇 de la violencia y la utilizaci髇 pac韋ica de las v韆s y espacios p鷅licos, as� como la de prevenir la comisi髇 de delitos y faltas.

Art韈ulo 2

1. A los efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia de seguridad:

• a) El Ministro del Interior.
• b) Los titulares de los 髍ganos superiores y 髍ganos directivos del Ministerio del Interior a los que se atribuya tal car醕ter, en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias.
• c) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla.
• d) Los Delegados del Gobierno en 醡bitos territoriales menores que la provincia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las autoridades locales seguir醤 ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Org醤ica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislaci髇 de R間imen Local, Espect醕ulos P鷅licos y Actividades Recreativas, as� como de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Art韈ulo 3

1. Adem醩 de las competencias reguladas en otras leyes, corresponden al Ministerio del Interior las competencias en materia de armas y explosivos; espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas; documentaci髇 e identificaci髇 personal; y prevenci髇, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, reguladas en la presente Ley.

2. Corresponde, asimismo, al Ministerio del Interior la planificaci髇, coordinaci髇 y control generales de la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial inter閟, proponiendo o disponiendo la adopci髇 de las medidas, o la aprobaci髇 de las normas que sean necesarias.

Art韈ulo 4

1. En las materias sujetas a potestades administrativas de polic韆 especial no atribuidas expresamente a 髍ganos dependientes del Ministerio del Interior, 閟tos s髄o podr醤 intervenir en la medida necesaria para asegurar la consecuci髇 de las finalidades previstas en el apartado 2 del art韈ulo 1.

2. Dichos 髍ganos, a trav閟 de sus agentes, deber醤 prestar el auxilio ejecutivo necesario a cualesquiera otras autoridades p鷅licas que lo requieran para asegurar el cumplimiento de las leyes.

Art韈ulo 5

1. Todas las autoridades y funcionarios p鷅licos en el 醡bito de sus competencias deber醤 colaborar con las autoridades a que se refiere el art韈ulo 2 de la presente Ley y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecuci髇 de las finalidades prevenidas en el art韈ulo 1.

2. Tambi閚 podr醤 las autoridades competentes a los efectos de esta Ley y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente Ley, recabar de los particulares su ayuda y colaboraci髇, siempre que no implique riesgo personal para los mismos, y disponer de lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de los derechos. Quienes sufran da駉s o perjuicios por estas causas, ser醤 indemnizados de acuerdo con las leyes.

3. Todas las autoridades p鷅licas y sus agentes que tuvieren conocimiento de hechos que perturbaren gravemente la seguridad ciudadana y, en consecuencia, el ejercicio de derechos constitucionales, deber醤 ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o gubernativa.

Art韈ulo 6

1. En el ejercicio de la competencia que le reconoce el art韈ulo 149.1.26 de la Constituci髇, la Administraci髇 del Estado establecer� los requisitos y condiciones de la fabricaci髇 y reparaci髇 de armas, sus imitaciones y r閜licas, y de sus piezas fundamentales; explosivos, cartucher韆 y artificios pirot閏nicos; as� como los de su circulaci髇, almacenamiento y comercio, su adquisici髇 y enajenaci髇; su tenencia y utilizaci髇. Del mismo modo podr� adoptar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones.

2. Las autoridades y servicios a los que corresponda ejercer la intervenci髇, podr醤 efectuar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los diferentes locales de las f醔ricas, talleres, dep髎itos, comercios y lugares de utilizaci髇 de armas y explosivos.

Art韈ulo 7

1. Se faculta al Gobierno para reglamentar las materias y actividades a que se refiere el art韈ulo anterior, en atenci髇 a las circunstancias que puedan concurrir en los distintos supuestos:

• a) Mediante la sujeci髇 de la apertura y funcionamiento de las f醔ricas, talleres, dep髎itos, establecimientos de venta y lugares de utilizaci髇 y las actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogaci髇 o clasificaci髇, autorizaci髇, informaci髇, inspecci髇, vigilancia y control, as� como a requisitos especiales de habilitaci髇 para el personal encargado de su manipulaci髇.
• b) Mediante la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedici髇 tendr� car醕ter restrictivo, especialmente cuando se trate de armas de defensa personal, en relaci髇 con las cuales la concesi髇 de las licencias o permisos se limitar� a supuestos de estricta necesidad.
• c) Mediante la prohibici髇 de ciertas armas, municiones y explosivos, especialmente peligrosos, as� como el dep髎ito de los mismos.

2. La fabricaci髇, comercio o distribuci髇 de armas y explosivos constituye sector con regulaci髇 espec韋ica en materia de derecho de establecimiento, en los t閞minos del art韈ulo 20.2 de la Ley de Inversiones Extranjeras en Espa馻 y en todo caso bajo el control de los Ministerios de Defensa y del Interior.

Art韈ulo 8

1. Todos los espect醕ulos y actividades recreativas de car醕ter p鷅lico quedar醤 sujetos a las medidas de polic韆 administrativa que dicte el Gobierno, en atenci髇 a los fines siguientes:

• a) Garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que, para las personas o sus bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espect醕ulo o actividad recreativa, participen en ellos o los presencien.
• b) Asegurar la pac韋ica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebraci髇 del espect醕ulo o el desarrollo de la actividad.
• c) Limitar las actividades de los locales y establecimientos p鷅licos a las que tuvieren autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de cualesquiera otras que estuvieren prohibidas.
• d) Fijar las condiciones a las que habr醤 de ajustarse la organizaci髇, venta de localidades y horarios de comienzo y terminaci髇 de los espect醕ulos o actividades recreativas, siempre que sea necesario, para que su desarrollo transcurra con normalidad.

2. Los espect醕ulos deportivos quedar醤, en todo caso, sujetos a las medidas de prevenci髇 de la violencia que se disponen en el T韙ulo IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Art韈ulo 9

1. Todos los espa駉les tendr醤 derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, que gozar� de la protecci髇 que a los documentos p鷅licos y oficiales otorgan las leyes, y que tendr�, por s� solo, suficiente valor para la acreditaci髇 de la identidad de las personas.

2. El Documento Nacional de Identidad ser� obligatorio a partir de los catorce a駉s. Dicho documento es intransferible, correspondiendo a su titular la custodia y conservaci髇, sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, salvo en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la Ley, haya de ser sustituido por otro documento.

3. En el Documento Nacional de Identidad figurar醤 la fotograf韆 y la firma del titular, as� como los datos personales que se determinen reglamentariamente, respetando el derecho a la intimidad de la persona, y sin que, en ning鷑 caso, puedan ser relativos a raza, religi髇, opini髇, ideolog韆, afiliaci髇 pol韙ica o sindical o creencias.

V閍se R.D. 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedici髇 del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electr髇ica (獴.O.E.� 24 diciembre).

Art韈ulo 10

1. Los espa駉les podr醤 entrar en el territorio nacional, en todo caso, acreditando su nacionalidad. Los que pretendan salir de Espa馻 habr醤 de estar provistos de pasaporte o documento que reglamentariamente se establezca en los t閞minos de los Acuerdos internacionales suscritos por Espa馻, que tendr醤 la misma consideraci髇 que el Documento Nacional de Identidad.

2. El pasaporte o documento que lo supla se expedir� a los ciudadanos espa駉les, salvo que el solicitante haya sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privaci髇 o limitaci髇 de su libertad de residencia o de movimiento, mientras no se hayan extinguido, o cuando haya prohibido su expedici髇 o la salida de Espa馻 la autoridad judicial respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. A los incluidos en la primera de las excepciones indicadas, se les expedir醤, no obstante, los referidos documentos siempre que obtengan autorizaci髇 del 髍gano judicial competente.

3. El pasaporte o documento que lo sustituya se expedir� a quien se encuentre sujeto a patria potestad o tutela si cuenta con autorizaci髇 de quien la ejerza o, en defecto de 閟ta, del 髍gano judicial competente.

4. El pasaporte o documento que lo supla podr� ser retirado por la misma autoridad a quien corresponda su expedici髇, si sobrevinieren las circunstancias determinantes de su denegaci髇, como consecuencia de las resoluciones judiciales a que se refiere el apartado 2. En tales casos, y en la medida que el Documento Nacional de Identidad sea documento supletorio del pasaporte se proveer� a su titular de otro documento a los solos efectos de identificaci髇.

Art韈ulo 11

Los extranjeros que se encuentren en territorio espa駉l est醤 obligados a disponer de la documentaci髇 que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en Espa馻, con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes. No podr醤 ser privados de esta documentaci髇 salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad.

Art韈ulo 12

1. Las personas naturales o jur韉icas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, comercio o reparaci髇 de objetos usados, el alquiler o el desguace de veh韈ulos de motor, o la compraventa de joyas y metales preciosos, deber醤 llevar a cabo las actuaciones de registro documental e informaci髇 previstas en la normativa vigente.

2. Por razones de seguridad podr� someterse a restricciones la navegaci髇 de embarcaciones de alta velocidad, debiendo sus titulares realizar las actuaciones de registro documental e informaci髇 previstas en la normativa vigente.

3. Del mismo modo el Gobierno podr� acordar la necesidad de registro para la fabricaci髇, almacenamiento y comercio de productos qu韒icos susceptibles de ser utilizados en la elaboraci髇 o transformaci髇 de drogas t髕icas, estupefacientes, sustancias psicotr髉icas y otras gravemente nocivas para la salud.

Art韈ulo 13

1. El Ministerio del Interior podr� ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopci髇 de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisi髇 de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

2. No obstante, las autoridades competentes podr醤 eximir de la implantaci髇 o el mantenimiento de medidas de seguridad obligatorias a los establecimientos, cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes.

3. La apertura de los establecimientos que est閚 obligados a la adopci髇 de medidas de seguridad, estar� condicionada a la comprobaci髇, por las autoridades competentes, de la idoneidad y suficiencia de las mismas.

4. Los titulares de los establecimientos e instalaciones ser醤 responsables de la adopci髇 o instalaci髇 de las medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen, as� como de su efectivo funcionamiento y de la consecuci髇 de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.

Art韈ulo 14

Las autoridades competentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos, podr醤 dictar las 髍denes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecuci髇 de las finalidades previstas en el art韈ulo 1 de esta Ley.

Art韈ulo 15

La autoridad competente podr� acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuaci髇 de inmuebles o el dep髎ito de explosivos, en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras 閟tas duren.

Art韈ulo 16

1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptar醤 las medidas necesarias para proteger la celebraci髇 de reuniones o manifestaciones y de espect醕ulos p鷅licos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podr醤 suspender los espect醕ulos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos p鷅licos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.

2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podr醤 disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tr醤sito p鷅lico y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el art韈ulo 5 de la Ley Org醤ica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reuni髇. Tambi閚 podr醤 disolver las concentraciones de veh韈ulos en las v韆s p鷅licas y retirar aqu閘los o cualesquiera otra clase de obst醕ulos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulaci髇 por dichas v韆s.

Art韈ulo 17

1. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los art韈ulos anteriores, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deber醤 avisar de tales medidas a las personas afectadas.

2. En el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acci髇 violenta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 disolver la reuni髇 o manifestaci髇 o retirar los veh韈ulos y obst醕ulos, sin necesidad de previo aviso.

3. En los casos a que se refieren los art韈ulos anteriores, los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere, deber醤 colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio.

Art韈ulo 18

Los agentes de la autoridad podr醤 realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las v韆s, lugares y establecimientos p鷅licos se porten o utilicen ilegalmente armas, procediendo a su ocupaci髇. Podr醤 proceder a la ocupaci髇 temporal, incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresi髇, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisi髇 de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas.

Art韈ulo 19

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulaci髇 o permanencia en v韆s o lugares p鷅licos en supuestos de alteraci髇 del orden, la seguridad ciudadana o la pac韋ica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento. Asimismo, podr醤 ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, d醤doles el destino que legalmente proceda.

2. Para el descubrimiento y detenci髇 de los part韈ipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podr醤 establecer controles en las v韆s, lugares o establecimientos p鷅licos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificaci髇 de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los veh韈ulos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondr� de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 20

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagaci髇 o prevenci髇, la identificaci髇 de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la v韆 p鷅lica o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protecci髇 de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Org醤ica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. De no lograrse la identificaci髇 por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisi髇 de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracci髇, podr醤 requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompa馻ren a dependencias pr髕imas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificaci髇, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible.

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevar� un Libro-Registro en el que se har醤 constar las diligencias de identificaci髇 realizadas en aqu閘las, as� como los motivos y duraci髇 de las mismas, y que estar� en todo momento a disposici髇 de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitir� peri骴icamente extracto de las diligencias de identificaci髇 al Ministerio Fiscal.

4. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o pr醕ticas de identificaci髇, se estar� a lo dispuesto en el C骴igo Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Art韈ulo 21

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad s髄o podr醤 proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constituci髇 y en los t閞minos que fijen las leyes.

2. A los efectos de lo dispuesto en el p醨rafo anterior, ser� causa leg韙ima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se est� cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas t髕icas, estupefacientes o sustancias psicotr髉icas, castiga el C骴igo Penal, siempre que la urgente intervenci髇 de los agentes sea necesaria para impedir la consumaci髇 del delito, la huida del delincuente o la desaparici髇 de los efectos o instrumentos del delito.

3. Ser� causa leg韙ima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar da駉s inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de cat醩trofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades p鷅licas, no ser� preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

4. Cuando por las causas previstas en el presente art韈ulo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitir醤 sin dilaci髇 el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.

Art韈ulo 22

1. Para obtener el cumplimiento de las 髍denes dictadas en aplicaci髇 de la presente Ley, las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podr醤 imponer multas en los t閞minos del art韈ulo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En la actualidad art韈ulo 99 de la Ley 30/1992, 26 noviembre, de R間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 27 noviembre).

2. En todo caso habr� de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto, de acuerdo con la naturaleza y fines de la orden, transcurrido el cual se podr� proceder a la imposici髇 de las multas en proporci髇 a la gravedad del incumplimiento. Tales multas no exceder醤 de 25.000 pesetas, si bien se podr� aumentar sucesivamente su importe en el 50 por 100 en caso de reiteraci髇 del citado incumplimiento, sin que pueda sobrepasar los l韒ites cuantitativos m醲imos establecidos para las sanciones.

Art韈ulo 23

A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones graves:

• a) La fabricaci髇, reparaci髇, almacenamiento, comercio, adquisici髇, o enajenaci髇, tenencia o utilizaci髇 de armas prohibidas o explosivos no catalogados; de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentaci髇 o autorizaci髇 requeridos o excedi閚dose de los l韒ites permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infracci髇 penal.
• b) La omisi髇 o insuficiencia en la adopci髇 o eficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas o de los explosivos.
• c) La celebraci髇 de reuniones en lugares de tr醤sito publico o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los art韈ulos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Org醤ica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reuni髇, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracci髇 penal.

  En el caso de reuniones en lugares de tr醤sito p鷅lico y manifestaciones cuya celebraci髇 se haya comunicado previamente a la autoridad se considerar醤 organizadores o promotores las personas f韘icas o jur韉icas que suscriban el correspondiente escrito de comunicaci髇.

  Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicaci髇, tambi閚 se considerar醤 organizadores o promotores, a los efectos de esta Ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aqu閘las.

  Letra c) del art韈ulo 23 redactada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula el utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos.
• d) La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tr醤sito p鷅lico ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del art韈ulo 5 de la Ley Org醤ica 9/1983.Letra d) del art韈ulo 23 redactada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos.
• e) La apertura de establecimientos y la celebraci髇 de espect醕ulos p鷅licos o actividades recreativas careciendo de autorizaci髇 o excediendo de los l韒ites de la misma.Letra e) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra d).
• f) La admisi髇 en locales o establecimientos de espectadores o usuarios en n鷐ero superior al que corresponda.Letra f) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra g).
• g) La celebraci髇 de espect醕ulos p鷅licos o actividades recreativas quebrantando la prohibici髇 o suspensi髇 ordenada por la autoridad correspondiente.Letra g) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra f).
• h) La provocaci髇 de reacciones en el p鷅lico que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.Letra h) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra g).
• i) La tolerancia del consumo ilegal o el tr醘ico de drogas t髕icas, estupefacientes o sustancias psicotr髉icas en locales o establecimientos p鷅licos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.Letra i) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra h).
• j) El incumplimiento de las restricciones a la navegaci髇 reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad.Letra j) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra i).
• k) La alegaci髇 de datos o circunstancias falsos para la obtenci髇 de las documentaciones previstas por la presente Ley, siempre que no constituya infracci髇 penal.Letra k) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra j).
• l) La carencia de los registros previstos en el Cap韙ulo II de la presente Ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana.Letra l) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra k).
• m) La negativa de acceso o la obstaculizaci髇 del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en f醔ricas, locales establecimientos, embarcaciones y aeronaves.Letra m) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra l).
• n) Originar des髍denes graves en las v韆s, espacios o establecimientos p鷅licos o causar da駉s graves a los bienes de uso p鷅lico, siempre que no constituya infracci髇 penal.Letra n) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra m).
• �) La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorizaci髇 o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aqu閘las no funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas.Letra �) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra n).
• o) La comisi髇 de una tercera infracci髇 leve dentro del plazo de un a駉, que se sancionar� como infracci髇 grave.Letra o) del art韈ulo 23 renombrada por L.O. 4/1997, 4 agosto (獴.O.E.� 5 agosto), por la que se regula la utilizaci髇 de videoc醡aras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares p鷅licos, correspondiendo su contenido a la anterior letra �).
• p) ...
• Letra p) del art韈ulo 23 derogada por el n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la L.O. 3/2013, de 20 de junio, de protecci髇 de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (獴.O.E.� 21 junio).Vigencia: 11 julio 2013
• q) ...
• Letra q) del art韈ulo 23 derogada por el n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la L.O. 3/2013, de 20 de junio, de protecci髇 de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (獴.O.E.� 21 junio).Vigencia: 11 julio 2013

Art韈ulo 24 Gradaciones

Las infracciones tipificadas en los apartados a), b), c), d), e), f), h), i), l) y n) del anterior art韈ulo, podr醤 ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad p鷅lica, hubieran alterado el funcionamiento de los servicios p鷅licos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas.

La referencia a las letras p) y q) del art韈ulo 24 han sido suprimidas por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la L.O. 3/2013, de 20 de junio, de protecci髇 de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (獴.O.E.� 21 junio).Vigencia: 11 julio 2013

Art韈ulo 25

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, v韆s, establecimientos o transportes p鷅licos, as� como la tenencia il韈ita, aunque no estuviera destinada al tr醘ico, de drogas t髕icas, estupefacientes o sustancias psicotr髉icas, siempre que no constituya infracci髇 penal, as� como el abandono en los sitios mencionados de 鷗iles o instrumentos utilizados para su consumo.

2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podr醤 suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituaci髇 en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Art韈ulo 26

Constituyen infracciones leves a la seguridad ciudadana:

• a) El incumplimiento de la obligaci髇 de obtener la documentaci髇 personal.
• b) La negativa a entregar la documentaci髇 personal cuando hubiere sido acordada su retirada o retenci髇.
• c) La omisi髇 o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservaci髇 de las documentaciones de armas o explosivos, as� como la falta de denuncia de la p閞dida o sustracci髇 de tales documentaciones.
• d) La admisi髇 de menores en establecimientos p鷅licos o en locales de espect醕ulos, cuando est� prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcoh髄icas a los mismos.
• e) El exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebraci髇 de espect醕ulos p鷅licos o actividades recreativas.
• f) Las irregularidades en la cumplimentaci髇 de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisi髇 de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.
• g) La exhibici髇 de objetos peligrosos para la integridad f韘ica de las personas con la finalidad de causar intimidaci髇.
• h) Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicaci髇 de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracci髇 penal.
• i) Alterar la seguridad colectiva u originar des髍denes en las v韆s, espacios o establecimientos p鷅licos.
• j) Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneraci髇 de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones espec韋icas o en las normas de polic韆 dictadas en ejecuci髇 de las mismas Inciso final "en las reglamentaciones espec韋icas o en las normas de polic韆 dictadas en ejecuci髇 de las mismas" de la letra j) del art韈ulo 26 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993, 18 noviembre (獴.O.E.� 10 diciembre 1993). .

Art韈ulo 27

Las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley prescribir醤 a los tres meses, al a駉, o a los dos a駉s de haberse cometido, seg鷑 sean leves, graves o muy graves, respectivamente.

Art韈ulo 28

1. Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la Secci髇 anterior podr醤 ser corregidas por las autoridades competentes con una o m醩 de las sanciones siguientes:

• a) Multa de cinco millones una pesetas a cien millones de pesetas para infracciones muy graves. De cincuenta mil una pesetas a cinco millones de pesetas, para infracciones graves. De hasta cincuenta mil pesetas, para infracciones leves.
• b) Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.
• c) Incautaci髇 de los instrumentos o efectos utilizados para la comisi髇 de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas t髕icas, estupefacientes o sustancias psicotr髉icas.
• d) Suspensi髇 temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un d韆 a dos a駉s para infracciones muy graves y hasta seis meses para las infracciones graves en el 醡bito de las materias reguladas en el Cap韙ulo II de esta Ley.
• e) Clausura de las f醔ricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un d韆 a dos a駉s por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el 醡bito de las materias reguladas en el Cap韙ulo II de esta Ley.

En casos graves de reincidencia, la suspensi髇 y clausura a que se refieren los dos apartados anteriores podr醤 ser de dos a駉s y un d韆 hasta seis a駉s para infracciones muy graves y hasta dos a駉s para las infracciones graves.

2. Las infracciones previstas en el art韈ulo 25 podr醤 ser sancionadas, adem醩, con la suspensi髇 del permiso de conducir veh韈ulos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas, procedi閚dose desde luego a la incautaci髇 de las drogas t髕icas, estupefacientes o sustancias psicotr髉icas.

3. En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podr醤 sustituirse por la expulsi髇 del territorio espa駉l, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻.

4. Las sanciones prescribir醤 al a駉, dos a駉s y cuatro a駉s, seg鷑 que las correspondientes infracciones hayan sido calificadas de leves, graves o muy graves.

V閍se Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar韆, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci髇 P鷅lica (獴.O.E.� 17 noviembre).

Art韈ulo 29

1. Ser醤 competentes para imponer las sanciones a que se refiere el art韈ulo anterior:

• a) El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, por infracciones muy graves, graves o leves.
• b) El Ministro del Interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.
• c) Los titulares de los 髍ganos a que se refiere el art韈ulo 2.b) de esta Ley para imponer multas de hasta diez millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.
• d) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla, para imponer multas de hasta un mill髇 de pesetas, las sanciones previstas en los apartados b) y c) del art韈ulo anterior y la suspensi髇 temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duraci髇, por infracciones graves o leves.
• e) Los Delegados del Gobierno en 醡bitos territoriales menores que la provincia, para imponer multas de hasta cien mil pesetas, y las sanciones previstas en los apartados b) y c) del art韈ulo anterior, por infracciones graves o leves.

2. Por infracciones graves o leves en materia de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, tenencia il韈ita y consumo p鷅lico de drogas y por las infracciones leves tipificadas en los apartados g), h), i) y j) del art韈ulo 26, los Alcaldes ser醤 competentes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para imponer las sanciones de suspensi髇 de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios y de multa en las cuant韆s m醲imas siguientes:

• - Municipios de m醩 de quinientos mil habitantes, de hasta un mill髇 de pesetas.
• - Municipios de cincuenta mil a quinientos mil habitantes, de hasta cien mil pesetas.
• - Municipios de veinte mil a cincuenta mil habitantes, de hasta cincuenta mil pesetas.
• - Municipios de menos de veinte mil habitantes, de hasta veinticinco mil pesetas.

Cuando no concurran las circunstancias previstas en el p醨rafo anterior, en las materias a que el mismo se refiere, los Alcaldes pondr醤 los hechos en conocimiento de las autoridades competentes o, previa la sustanciaci髇 del oportuno expediente, propondr醤 la imposici髇 de las sanciones que correspondan.

Para la concreci髇 de las conductas sancionables, las ordenanzas municipales podr醤 especificar los tipos que corresponden a las infracciones cuya sanci髇 se atribuye en este art韈ulo a la competencia de los Alcaldes, siempre dentro de la naturaleza y los l韒ites a los que se refiere el art韈ulo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

P醨rafo final del n鷐ero 2 del art韈ulo 29 introducido por Ley 10/1999, 21 abril (獴.O.E.� 22 abril), de modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci髇 de la Seguridad Ciudadana.

V閍se Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar韆, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci髇 P鷅lica (獴.O.E.� 17 noviembre).

Art韈ulo 30

1. Las respectivas normas reglamentarias podr醤 determinar, dentro de los l韒ites establecidos por la presente Ley, la cuant韆 de las multas y la duraci髇 de las sanciones temporales por la comisi髇 de infracciones, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, la cuant韆 del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevenci髇, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.

2. Id閚ticos criterios tendr醤 en cuenta las autoridades sancionadoras, atendiendo adem醩 al grado de culpabilidad, reincidencia y capacidad econ髆ica del infractor, para concretar las sanciones que proceda imponer y, en su caso, para graduar la cuant韆 de las multas y la duraci髇 de las sanciones temporales.

V閍se Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar韆, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci髇 P鷅lica (獴.O.E.� 17 noviembre).

Art韈ulo 31

1. No podr� imponerse ninguna sanci髇 por las infracciones previstas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado, econom韆, celeridad y sumariedad.

2. Salvo lo dispuesto en la presente Secci髇, el procedimiento sancionador se tramitar� de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Ser� competente para ordenar la incoaci髇 de los expedientes sancionadores, independientemente de la sanci髇 que en definitiva proceda imponer, cualquiera de las autoridades relacionadas en el art韈ulo 2 de la presente Ley, dentro de los respectivos 醡bitos territoriales.

Art韈ulo 32

1. No se podr醤 imponer sanciones penales y administrativas por unos mismos hechos.

2. Cuando las conductas a que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de infracci髇 penal, se remitir醤 al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas, aunque ello no impedir� la tramitaci髇 de expedientes sancionadores por los mismos hechos. No obstante, la resoluci髇 definitiva del expediente s髄o podr� producirse cuando sea firme la resoluci髇 reca韉a en el 醡bito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripci髇.

3. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la intervenci髇 judicial podr醤 mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales.

Art韈ulo 33

En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infracci髇 penal, deber� aqu閘 remitir a la autoridad sancionadora copia de la resoluci髇 y de los particulares que estime necesarios, cuando aqu閘los pudieran ser objeto de sanci髇 administrativa conforme a lo previsto en esta Ley.

Art韈ulo 34

En los supuestos de los dos art韈ulos anteriores, la autoridad sancionadora quedar� vinculada por los hechos declarados probados en v韆 judicial.

Art韈ulo 35

En todo procedimiento sancionador que se instruya en las materias objeto de la presente Ley, la autoridad que haya ordenado su iniciaci髇 podr� optar por nombrar instructor y secretario, conforme a lo establecido en el art韈ulo 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o encargar de la instrucci髇 del mismo a la unidad administrativa correspondiente.

En la actualidad art韈ulos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, 26 noviembre, de R間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (獴.O.E.� 27 noviembre).

Art韈ulo 36

1. Iniciado el expediente sancionador, se podr醤 adoptar las medidas cautelares imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, evitar la comisi髇 de nuevas infracciones o asegurar el cumplimiento de la sanci髇 que pudiera imponerse.

2. Dichas medidas, que deber醤 ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracci髇, podr醤 consistir en la adopci髇 de medidas de acci髇 preventiva y en la realizaci髇 de actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en:

• a) El dep髎ito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisi髇 de infracciones y, en particular, armas, explosivos, embarcaciones de alta velocidad, o drogas t髕icas, estupefacientes o sustancias psicotr髉icas.
• b) La adopci髇 de medidas provisionales de seguridad de las personas, los bienes, los establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situaci髇 de peligro, a cargo de sus titulares.
• c) La suspensi髇 o clausura preventiva de f醔ricas, locales o establecimientos.
• d) La suspensi髇, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.
• e) La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la presente Ley.

3. La duraci髇 de las medidas cautelares de car醕ter temporal no podr� exceder de la mitad del plazo previsto en esta Ley para la sanci髇 que pudiera corresponder a la infracci髇 cometida.

4. Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparici髇 de las armas o explosivos, de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en la letra a) del apartado 2 anterior podr醤 ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por 閟ta en el plazo m醲imo de cuarenta y ocho horas.

Art韈ulo 37

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificaci髇 en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituir醤 base suficiente para adoptar la resoluci髇 que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aqu閘los deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.

Art韈ulo 38

1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley ser醤 ejecutivas desde que la resoluci髇 adquiera firmeza en la v韆 administrativa.

2. Cuando la sanci髇 sea de naturaleza pecuniaria y no se halle legal o reglamentariamente previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo se馻lar�, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta d韆s h醔iles.

Art韈ulo 39

La resoluci髇 firme en v韆 administrativa de los expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves podr� ser hecha p鷅lica, en virtud de acuerdo por las autoridades competentes, en los t閞minos que reglamentariamente se determinen.

Disposici髇 adicional

Tendr醤 la consideraci髇 de autoridades a los efectos de la presente Ley las correspondientes de las Comunidades Aut髇omas con competencias para la protecci髇 de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y en la Ley Org醤ica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y podr醤 imponer las sanciones y dem醩 medidas determinadas en esta Ley en las materias sobre las que tengan competencia.

Disposici髇 derogatoria

Quedan derogados:

• - La Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden P鷅lico.
• - La Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificaci髇 de determinados art韈ulos de la Ley de Orden P鷅lico.
• - El Real Decreto-Ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados art韈ulos de la Ley de Orden P鷅lico.
• - El apartado 5 del art韈ulo 7 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protecci髇 jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
• - El Real Decreto 3/1979, de 26 de enero, sobre Protecci髇 de la Seguridad Ciudadana.

Cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposici髇 final primera

Las disposiciones de la presente Ley y las que en ejecuci髇 de la misma apruebe el Gobierno, determinadas por razones de seguridad p鷅lica, se entender醤 dictadas al amparo del art韈ulo 149.1.29 de la Constituci髇.

Disposici髇 final segunda

1. Las disposiciones relativas a los espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley, as� como las normas de desarrollo de las mismas, ser醤 de aplicaci髇 general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Aut髇omas con competencia normativa en esta materia.

2. En todo caso, la aplicaci髇 de lo establecido en las referidas disposiciones corresponder� a las Comunidades Aut髇omas con competencia en la materia.

Disposici髇 final tercera

La presente Ley tendr� car醕ter de Ley Org醤ica excepto en los art韈ulos 2, 3, 4, 5.1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 23, en todos los apartados del p醨rafo 1, excepto el c); 25, 26, 27, 28.1 y 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, disposici髇 derogatoria y disposiciones finales primera, segunda, cuarta y quinta, los cuales tendr醤 car醕ter ordinario.

Disposici髇 final cuarta

El Gobierno dictar� las normas reglamentarias que sean precisas para determinar las medidas de seguridad y control que pueden ser impuestas a entidades o establecimientos.

Disposici髇 final quinta

Se autoriza al Gobierno para actualizar las cuant韆s de las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ley, teniendo en cuenta las variaciones de Indice de Precios al Consumo.