Sumario

R.D.-Ley 9/2009, 26 junio rectificado por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 30 junio). --> --> R.D.-Ley 9/2009, 26 junio, derogado por la letra a) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D.-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito (獴.O.E.� 31 agosto), el 31 de agosto de 2012. --> R.D.-Ley 9/2009, 26 junio, derogado por la letra a) de la disposici髇 derogatoria de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito (獴.O.E.� 15 noviembre), el 15 de noviembre de 2012.

A comienzos de la actual crisis financiera internacional, las entidades de cr閐ito espa駉las gozaban de una buena salud financiera y una pr醕ticamente nula exposici髇 a los llamados activos t髕icos. No obstante, el sistema bancario espa駉l no ha sido inmune a esta crisis, en la medida que supuso, desde sus comienzos, un dr醩tico endurecimiento del acceso a la financiaci髇 de mercado y a la liquidez, a lo que se fue uniendo, a medida que la crisis se prolongaba en el tiempo, un deterioro de activos, especialmente de aquellos relacionados con la exposici髇 al sector de promoci髇 inmobiliaria.

La interacci髇 de estos dos elementos, endurecimiento del acceso a la financiaci髇 y deterioro de activos, produjo a lo largo de 2008 una restricci髇 generalizada en las condiciones de concesi髇 de cr閐ito, con especial incidencia en las pymes y en los hogares. Esta reacci髇 de las entidades al cambio en el entorno financiero y en las perspectivas econ髆icas ha sido probablemente uno de los factores explicativos de la profundidad de la recesi髇 en la actividad real, que se acentu� adem醩 con el agravamiento de la crisis internacional en octubre de 2008. En ese momento la magnitud del potencial problema sist閙ico que esta din醡ica engendraba, propici� la adopci髇 de medidas excepcionales por parte del Gobierno, en el marco de la respuesta coordinada de la Uni髇 Europea. La creaci髇 del Fondo de Adquisici髇 de Activos Financieros, el programa de avales a la financiaci髇 de las entidades de cr閐ito y el aumento del importe m醲imo garantizado por los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos han contenido los costes del agravamiento de la crisis.

Casi dos a駉s despu閟 del inicio de la crisis internacional, la capacidad de resistencia del sector bancario espa駉l, tradicionalmente sujeto a una regulaci髇 y supervisi髇 basadas en una aplicaci髇 prudente y rigurosa de los est醤dares internacionales, ha sido notable, en particular en relaci髇 a la de los pa韘es de nuestro entorno. Las entidades que podr韆n considerarse como m醩 determinantes para la salud del sistema por su tama駉, mantienen una s髄ida posici髇 que les puede permitir, con un grado de certeza razonable, seguir afrontando la crisis sin necesidad de apoyo p鷅lico. Este punto es esencial, porque sit鷄 al sector bancario espa駉l en una posici髇 muy favorable respecto a los de las grandes econom韆s avanzadas. Entre las entidades de tama駉 mediano o peque駉 tambi閚 se encuentran entidades que mantienen una s髄ida posici髇, no obstante, podr韆 haber algunas que pudieran llegar a ver comprometida su viabilidad en los pr髕imos meses, debido a la interacci髇 de la persistencia de problemas de liquidez y financiaci髇 con el deterioro relativo de sus activos, aumento notable de la dudosidad y disminuci髇 de su negocio, consecuencia tanto de la duraci髇, intensidad y extensi髇 de la crisis, como de la fuerte ca韉a de la actividad econ髆ica provocada por la misma.

En circunstancias normales, los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Cr閐ito, junto al Banco de Espa馻, tienen a su disposici髇 herramientas suficientes para afrontar crisis individuales de un determinado n鷐ero de entidades. Estas herramientas se refieren a las contempladas en el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre el Fondo de Garant韆 de Dep髎itos de Entidades de Cr閐ito, en el que se establece que los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos tienen por objeto no solo garantizar los dep髎itos en dinero y en valores constituidos en las entidades de cr閐ito, sino que tambi閚 pueden realizar actuaciones encaminadas a reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades de cr閐ito que se encuentren en una situaci髇 de dificultad.

Sin embargo, la situaci髇 actual no puede calificarse de normal y aunque es previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tengan, individualmente por su tama駉, car醕ter sist閙ico, la consideraci髇 conjunta de sus problemas de viabilidad s� podr韆 llegar a generar un potencial riesgo sist閙ico que justifica tener previstos instrumentos adicionales y la utilizaci髇 de recursos p鷅licos, en caso de que se diesen las circunstancias que hicieran necesaria su utilizaci髇. Renunciar a la ordenaci髇 p鷅lica de este proceso, si se dieran las circunstancias, podr韆 entra馻r un quebranto dif韈il de asumir para el sector a trav閟 de los tres Fondos de Garant韆 de Dep髎itos en entidades de cr閐ito, a pesar de ser los mejor dotados de la Uni髇 Europea. Esta resoluci髇 desordenada podr韆 producir contagio, p閞dida de confianza y una restricci髇 adicional del cr閐ito, afectando a la capacidad del sistema financiero de cumplir sus funciones econ髆icas y produciendo, en definitiva, lo que se conoce como riesgo sist閙ico.

Se hace por tanto necesario implantar una estrategia que favorezca la soluci髇 de los problemas mediante una reestructuraci髇 ordenada del sistema bancario espa駉l, con el objetivo de mantener la confianza en el sistema financiero nacional y de incrementar su fortaleza y solvencia de manera que las entidades que subsistan sean s髄idas y puedan proveer cr閐ito con normalidad. El cumplimiento de estos objetivos exigir� en muchos casos adecuar la capacidad instalada y las estructuras de costes de las entidades a un entorno en el que la demanda de servicios financieros ser� m醩 moderada. En este contexto, cabe incluir tambi閚 el apoyo a procesos de integraci髇 entre entidades que, sin encontrarse en una situaci髇 de dificultad, pretendan asegurar su viabilidad futura mejorando, mediante tales procesos, su eficiencia a medio plazo.

La estrategia debe adaptarse a las circunstancias espa駉las y a los principios establecidos en la Proposici髇 No de Ley aprobada el 17 de marzo de 2009 por el Congreso de los Diputados. Seg鷑 estos principios, la reestructuraci髇 debe llevarse a cabo conservando en lo posible los mecanismos tradicionales de tratamiento de crisis, especialmente, los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos en Entidades de Cr閐ito, que tan buenos resultados han dado en el pasado. Asimismo, debe realizarse agotando en primer lugar las soluciones privadas, minimizando el coste para el contribuyente cuando sea necesario utilizar fondos p鷅licos, evitando recapitalizaciones generalizadas tendentes a mantener entidades no viables, y favoreciendo la asunci髇 de responsabilidad por parte de los accionistas y gestores, la transparencia del proceso as� como la protecci髇 de los depositantes. Estos principios son plenamente coherentes con los Principios Comunes de gesti髇 de crisis acordados en junio de 2008 por los Ministros de Finanzas, bancos centrales y autoridades de supervisi髇 de la Uni髇 Europea. Del mismo modo, el proceso establecido es proporcionado y temporal, cumpliendo los principios recogidos en la Comunicaci髇 de la Comisi髇 Europea de 5 de diciembre de 2008, especialmente desde la 髉tica de evitar distorsiones en la competencia.

En consecuencia, este real decreto-ley establece una serie de medidas para poder llevar a cabo la estrategia necesaria en materia de reestructuraci髇 bancaria mediante el establecimiento de un proceso predeterminado que se dirige a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema bancario espa駉l.

El modelo de reestructuraci髇 bancaria propuesto se articula en torno a los tres Fondos de Garant韆 de Dep髎itos en Entidades de Cr閐ito y a la utilizaci髇 de una nueva instituci髇 creada al efecto, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria. Con relaci髇 a los procesos de reestructuraci髇 cabe distinguir tres fases: (I) la b鷖queda de una soluci髇 privada por parte de la propia entidad de cr閐ito, (II) la adopci髇 de medidas para afrontar debilidades que puedan afectar a la viabilidad de las entidades de cr閐ito con participaci髇 de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos en entidades de cr閐ito y (III) los procesos de reestructuraci髇 con intervenci髇 del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria.

El t韙ulo I de este real decreto-ley aborda, en su cap韙ulo I, la creaci髇 del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria y, en su cap韙ulo II, la operativa de los procesos de reestructuraci髇 de entidades de cr閐ito.

El cap韙ulo I establece el r間imen jur韉ico del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria que, asume dos funciones: la gesti髇 de los procesos de reestructuraci髇 de entidades de cr閐ito y el reforzamiento de los recursos propios en determinados procesos de integraci髇.

El Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria tendr� el mismo r間imen jur韉ico aplicable a los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos. En cuanto al sistema de financiaci髇 tendr� una dotaci髇 de 9.000 millones de euros, de los que 2.250 ser醤 aportados por los Fondos de Garant韆 de Dep髎ito y 6.750 ser醤 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las nuevas medidas de pol韙ica monetaria anunciadas por el Banco Central Europeo (BCE), el 7 de mayo de 2009, consistentes en la provisi髇 de liquidez a un a駉 y la compra de t韙ulos hipotecarios en el mercado, deben coadyuvar a superar las circunstancias extraordinarias de restricci髇 en el acceso a la financiaci髇 de las entidades de cr閐ito que justificaron la puesta en marcha, mediante el real decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, del Fondo para la Adquisici髇 de Activos Financieros. Las operaciones realizadas hasta la fecha por este Fondo han permitido el acceso a financiaci髇 a medio plazo por parte de las entidades de cr閐ito que operan en Espa馻. Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas por el BCE debieran aliviar estas restricciones. Por tanto, para minimizar el impacto del nuevo Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria sobre los Presupuestos Generales del Estado, se prev� que el nuevo Fondo se dote con el cr閐ito que nutre el Fondo para la Adquisici髇 de Activos Financieros. Adem醩, el nuevo Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr� captar financiaci髇 ajena en los mercados de valores y de cr閐ito con garant韆 del Estado, por importe que no supere en tres veces su dotaci髇. No obstante, la Ministra de Econom韆 y Hacienda podr� autorizar que se sobrepase dicho l韒ite con posterioridad al 1 de enero de 2010, sin que, en ning鷑 caso, la financiaci髇 ajena del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria pueda suponer m醩 de 10 veces su dotaci髇.

Por lo que se refiere a su gobierno, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria se rige y administra por una Comisi髇 Rectora compuesta por 8 miembros, 5 propuestos por el Banco de Espa馻 (uno de ellos es el Subgobernador que la preside), y 3 corresponden a cada uno de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos. Todos ellos son nombrados por la Ministra de Econom韆 y Hacienda, con un mandato de 4 a駉s renovable y con unas causas de cese iguales que las de los miembros de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos.

Adicionalmente se ha previsto la asistencia a las sesiones de la Comisi髇 Rectora, con voz pero sin voto, de un representante de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado designado por la Ministra de Econom韆 y Hacienda a propuesta del Interventor General. Su presencia se justifica por la financiaci髇 p鷅lica del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria.

La Comisi髇 Rectora elevar� a la Ministra de Econom韆 y Hacienda un informe cuatrimestral sobre la gesti髇 del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria. Por lo que se refiere al control parlamentario, con periodicidad trimestral, el Secretario de Estado de Econom韆, comparecer� ante la Comisi髇 de Econom韆 y Hacienda del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre la evoluci髇 agregada del cr閐ito, la situaci髇 del sector bancario y la evoluci髇 de las actividades del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria. Adem醩, el Presidente de la Comisi髇 Rectora del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria, comparecer�, en las condiciones que determine la Comisi髇 de Econom韆 y Hacienda del Congreso de los Diputados y en el plazo de los 30 d韆s siguientes a la realizaci髇 de cada operaci髇 por parte de dicho Fondo, para informar sobre la misma.

El cap韙ulo II aborda los procesos de reestructuraci髇 de entidades de cr閐ito.

La primera fase del proceso de reestructuraci髇 supone la b鷖queda, por parte de una entidad de cr閐ito, de una soluci髇 privada que le reporte un reforzamiento de su solvencia por lo que es una fase no reglada o no predeterminada normativamente. En ausencia de esta soluci髇, se pondr韆 en marcha el proceso de reestructuraci髇 predeterminado y ordenado, que abarca las dos 鷏timas fases que son las que se contemplan en el Cap韙ulo II.

La segunda fase supone la adopci髇 de medidas para afrontar debilidades que pudieran afectar a la viabilidad de las entidades de cr閐ito con la actuaci髇 de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos sectoriales. Es, por tanto, una soluci髇 igualmente privada pero ordenada y reglada.

El supuesto de hecho de esta segunda fase es que existan debilidades en la situaci髇 econ髆ico-financiera de una entidad que pudieran poner en riesgo la viabilidad y determinaran la conveniencia de acometer un proceso de reestructuraci髇. En estos casos, ya sea a iniciativa de la entidad o de oficio por el Banco de Espa馻, debe presentarse un plan de actuaci髇 para superar la situaci髇. El plan tiene que ser aprobado por el Banco de Espa馻, que podr� modificarlo en lo que sea necesario. El Plan puede contemplar tres actuaciones: reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusi髇 o absorci髇 o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo.

Las medidas que pueden adoptarse son las medidas preventivas y de saneamiento a cargo del Fondo de Garant韆 de Dep髎itos sectorial que prev� el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Garant韆 de Dep髎itos de Entidades de Cr閐ito, si bien el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr韆 otorgar financiaci髇, en condiciones de mercado, a los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos para que estos puedan acometer las funciones de apoyo financiero a los planes de actuaci髇.

Si persistiera la situaci髇 de debilidad y se produjeran una serie de supuestos tasados se entrar韆 en la tercera fase, esto es, en la fase de intervenci髇 del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria.

En este caso se produce la sustituci髇 de administradores de la entidad por parte del Banco de Espa馻 que designar� administrador al Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria que debe elaborar un informe de situaci髇 y someter a la aprobaci髇 del Banco de Espa馻 un plan de reestructuraci髇. Desde la designaci髇 del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria como administrador y, en tanto se elaborara el plan de reestructuraci髇, dicho Fondo podr韆, temporalmente, suministrar los apoyos financieros que se precisaran de acuerdo con el principio de la utilizaci髇 m醩 eficiente de los recursos p鷅licos.

El plan de reestructuraci髇 tiene por objeto bien la fusi髇 de la entidad o bien el traspaso total o parcial del negocio mediante la cesi髇 global o parcial de activos y pasivos mediante procedimientos que aseguren la competencia, como, entre otros el sistema de subasta.

El plan puede contemplar medidas de apoyo financiero (concesi髇 de garant韆s, pr閟tamos, suscripci髇 o adquisici髇 de valores representativos de recursos propios, etc.) y medidas de gesti髇 (organizaci髇 y procedimiento y control interno de la entidad). Tambi閚 considerar韆 dos elementos fundamentales:

En primer lugar, en el caso de las Cajas de Ahorro, si el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria adquiriera cuotas participativas adquirir韆 un derecho de representaci髇 en la Asamblea General de la Caja igual al porcentaje que las cuotas representen sobre el patrimonio neto de la Caja. Es decir, se dotar韆 de derechos pol韙icos a las cuotas participativas suscritas por el Fondo. Este derecho de representaci髇 se concept鷄 como un derecho excepcional que solo puede mantenerse mientras que el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria mantenga la titularidad de estos valores y, en ning鷑 caso, es transmisible a posteriores adquirentes de las cuotas. Se trata, en definitiva, de posibilitar en este caso el uso de una herramienta tradicional de reestructuraci髇 como es la adquisici髇 de acciones en entidades bancarias.

En segundo lugar, la aprobaci髇 por el Banco de Espa馻 de un plan de reestructuraci髇 determinar� que las concretas operaciones de fusi髇 de entidades de cr閐ito, ya sea por absorci髇 o mediante la creaci髇 de una nueva entidad de cr閐ito, o de escisi髇 o cesi髇 global o parcial de activos y pasivos que se contengan en el mismo, as� como las eventuales adquisiciones de participaciones significativas que resulten de su ejecuci髇 y las modificaciones estatutarias que, en su caso, se produzcan como consecuencia de dichas operaciones no requieran ninguna autorizaci髇 administrativa ulterior en el 醡bito de la ordenaci髇 del cr閐ito y la banca, salvo aquellas exigidas por la legislaci髇 en materia de defensa de la competencia. Ahora bien, con car醕ter previo a aprobar el plan correspondiente, el Banco de Espa馻 debe solicitar, preceptivamente, informe del 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma correspondiente (en el caso de cajas de ahorros) o de la Ministra de Econom韆 y Hacienda (en el caso de bancos) o del que correspondiera de ellos en funci髇 del 醡bito de actuaci髇 si se tratara de una cooperativa de cr閐ito.

No debe olvidarse que trata de hacerse frente a una situaci髇 absolutamente excepcional. De ah� que la especializaci髇 t閏nica del Banco de Espa馻 determine que la ordenaci髇 del cr閐ito no solo corresponda al Legislador y al Gobierno sino tambi閚 al propio Banco de Espa馻 en su consideraci髇 de garante del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero.

De hecho, el Tribunal Constitucional (STC 235/1999, de 16 de diciembre), al hilo de las funciones de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos, ha venido a reconocer que de la legislaci髇 vigente se deriva el car醕ter b醩ico de las funciones ejercidas por el Banco de Espa馻 en cuanto que tienen por objeto la preservaci髇 de la solvencia de las entidades de cr閐ito. Ello porque la salvaguarda de dicha solvencia trasciende los casos concretos y protege un inter閟 supraauton髆ico, cual es la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que se ve negativamente afectado por las situaciones de insolvencia en que pudieran incurrir los sujetos integrantes del mismo, por lo cual se establecen mecanismos de aseguramiento de intereses de terceros y de saneamiento y reflotamiento de las entidades en dificultades, que tratan de restaurar la confianza en el sistema y que implican al conjunto de las entidades de cr閐ito.

Igualmente, el Tribunal Constitucional ha determinado que la suspensi髇 e intervenci髇 de una entidad en una situaci髇 dif韈il afecta al sistema financiero en su conjunto e invade intereses supraauton髆icos lo que determina la reserva al Estado del ciclo jur韉ico completo: legislaci髇, desarrollo normativo y ejecuci髇, atribuy閚dose est� 鷏tima a favor del Banco de Espa馻.

A las inversiones que realice el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria en ejecuci髇 de un plan de reestructuraci髇 les resultan aplicable la exenci髇 de determinadas limitaciones u obligaciones legales tales como las limitaciones estatutarias del derecho de asistencia a las Juntas Generales o del derecho a voto respecto de las acciones que dicho Fondo adquiera o suscriba o las limitaciones a la tenencia de cuotas participativas previstas en el apartado 7 del art韈ulo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversi髇, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci髇 de los Intermediarios Financieros.

El t韙ulo II de este real decreto-ley se ocupa del denominado reforzamiento de los recursos propios por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria.

Adem醩 de la funci髇 relativa a los procesos de reestructuraci髇 de entidades de cr閐ito, este real decreto-ley prev� tambi閚 la posibilidad de que el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria apoye procesos de integraci髇 entre entidades de cr閐ito dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo. La capitalizaci髇 transitoria de entidades de cr閐ito que, sin encontrarse en una situaci髇 que exija llevar a cabo un proceso de reestructuraci髇 como los descritos anteriormente, inicien un proceso de integraci髇 se hace necesaria en un contexto como el actual, caracterizado por la considerable dificultad de obtener recursos propios en los mercados mayoristas lo que puede obstaculizar la acometida de operaciones que podr韆n suponer un avance en la racionalizaci髇 de la estructura productiva bancaria y en el grado de eficiencia de la misma lo que contribuir韆, en definitiva, a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema en su conjunto. Tales procesos pueden incluir, entre otros los denominados 玸istemas institucionales de protecci髇� cuyos objetivos resulten asimilables a los generados en un proceso de fusi髇 en lo relativo a la forma de operar, la determinaci髇 y ejecuci髇 de las pol韙icas y estrategias de las entidades participantes y el establecimiento y ejercicio de sus controles internos y de gesti髇 de riesgos.

Con este fin, se prev� que el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria pueda adquirir los concretos t韙ulos, a que se refiere este real decreto-ley, emitidos por las entidades de cr閐ito residentes en Espa馻 inmersas en el proceso de integraci髇. Las entidades en cuesti髇 elaborar韆n, entonces, un plan de integraci髇 que prevea procesos de integraci髇 que comporten, entre otros elementos, una mejora de su eficiencia,la racionalizaci髇 de su administraci髇 y gerencia, as� como un redimensionamiento de su capacidad productiva, y todo ello de cara a mejorar sus perspectivas futuras. Este plan deber� ser aprobado por el Banco de Espa馻, bajo el principio de la utilizaci髇 m醩 eficiente de los recursos p鷅licos.

Los t韙ulos que pudieran ser adquiridos por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria son participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones al capital social. La emisi髇 de tales t韙ulos se considera excepcional y deber� llevarse a efecto en unas condiciones tales que tengan en cuenta, en todo caso, el plazo y riesgo de la operaci髇, la necesidad de evitar el riesgo de una distorsi髇 competitiva, as� como el aseguramiento de que tal adquisici髇 facilita e incentiva la ejecuci髇 y cumplimiento del plan de integraci髇. Los t閞minos y condiciones de la retribuci髇 de estas participaciones preferentes tendr醤 en cuenta, en todo caso, los principios que se establezcan por la Comisi髇 Europea. Adem醩, los emisores deben comprometerse a recomprarlos tan pronto como puedan en los t閞minos comprometidos en el plan de integraci髇. Transcurridos cinco a駉s desde el desembolso sin que las participaciones preferentes hayan sido recompradas por la entidad, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr韆 solicitar su conversi髇 en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones sociales del emisor. No obstante lo anterior, el acuerdo de emisi髇 deber� contemplar, asimismo, la convertibilidad de las participaciones preferentes a instancias del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria si, antes del transcurso del plazo de cinco a駉s, el Banco de Espa馻 considerara improbable la recompra en ese plazo. La conversi髇 supondr韆 que, en el caso de las cuotas participativas, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria adquirir韆 ese derecho excepcional de representaci髇 en la Asamblea General de la caja de ahorros.

La desinversi髇 por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria de los t韙ulos suscritos se realizar� mediante su recompra por la entidad emisora o su enajenaci髇 a terceros. Cuando la desinversi髇 de dichos t韙ulos o de los resultantes de su conversi髇 se realice mediante su enajenaci髇 a terceros, esta deber� realizarse a trav閟 de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco a駉s a contar desde la fecha de cumplimiento del plan de integraci髇, plazo que no ser� de aplicaci髇 en el caso de que a la entidad le sea de aplicaci髇 el apartado 8 de este art韈ulo.

Adem醩, se prev閚 intensos mecanismos de seguimiento y control de la ejecuci髇 de los planes de integraci髇.

Debe subrayarse que, respecto del control del uso y destino de los recursos p鷅licos, se prev� que el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria deba elevar a la Ministra de Econom韆 y Hacienda una memoria econ髆ica en la que se detalle el impacto financiero, bien del plan de reestructuraci髇 o bien de la eventual adquisici髇 de t韙ulos en un proceso de integraci髇, sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de Econom韆 y Hacienda podr� oponerse de forma motivada.

El real decreto-ley contiene tres disposiciones adicionales que establecen, por un lado, el r間imen jur韉ico de las garant韆s constituidas a favor del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria o de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos en Entidades de Cr閐ito y el r間imen de los avales en garant韆 de las obligaciones econ髆icas exigibles al Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria. Por otro lado, se contiene una previsi髇 en materia de derecho concursal.

Por 鷏timo se contienen varias disposiciones finales entre las que cabe destacar la que modifica, por un lado, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2009, y ello por razones de clarificaci髇 y seguridad jur韉ica y, por otro, la relativa a la modificaci髇 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros, que contiene dos extremos. En primer lugar, a la posibilidad, ya vigente, de que el Fondo de Garant韆 de Dep髎itos u otras entidades del sector de cajas de ahorro, previamente autorizadas por el Banco de Espa馻, puedan superar el l韒ite del 5 por 100 de cuotas participativas emitidas por una Caja de Ahorros en situaciones de excepcional gravedad, se a馻de la figura del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria, por lo que este 鷏timo tambi閚 podr韆 superar el citado l韒ite de tenencia. Adem醩 se a馻de que en todos estos supuestos tampoco ser� de aplicaci髇 el l韒ite relativo a que el volumen de cuotas participativas en circulaci髇, no pueda superar el 50 por ciento del patrimonio de la Caja.

En segundo lugar, actualmente est� establecido que el 髍gano competente para acordar cada emisi髇 de cuotas participativas sea la Asamblea General, que podr� delegar esta competencia en el Consejo de Administraci髇 de la caja de ahorros. A ello se a馻de que tal competencia se entender� delegada, en todo caso, en los administradores provisionales designados por el Banco de Espa馻 al amparo de lo dispuesto en el T韙ulo III de la Ley 26/1988, de 26 de julio, sobre Disciplina e Intervenci髇 de las Entidades de cr閐ito.

En cualquier caso, todas estas nuevas medidas tendr醤 un car醕ter transitorio ligado a la evoluci髇 de la crisis financiera.

La adopci髇 de estas medidas exige acudir al procedimiento del Real Decreto-ley, cumpli閚dose los requisitos del art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad. La urgencia de la aprobaci髇 de este real decreto-ley deriva de la necesidad de encarar a la mayor prontitud el proceso de reestructuraci髇 ordenada del sector bancario en Espa馻, de modo que queden disponibles los instrumentos necesarios para hacer frente en mejores condiciones a las posibles dificultades.

En virtud de la urgencia de la adopci髇 de las medidas, para permitir su inmediata efectividad, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Econom韆 y Hacienda y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 26 de junio de 2009,

DISPONGO: