• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• Artículo 1  Objeto
• Artículo 2  Ámbito de aplicación
• Artículo 3  Inicio del procedimiento
• Artículo 4  Desarrollo de la actuación inspectora
• Artículo 5  Comunicación de la propuesta de requerimiento, trámite de alegaciones y requerimiento definitivo
• Artículo 6  Supuestos de paralización
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera
  • Segunda

Artículo 1 Objeto

El objeto del presente Reglamento es regular el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las relaciones del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

2.1 El presente Decreto se aplicará a los órganos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a sus organismos autónomos y entes dependientes de esta, tanto en relación con el personal laboral como con el personal con vínculo funcionarial o estatutario.

2.2 El presente reglamento no se aplicará:

• a) A las entidades autónomas, las empresas y las sociedades previstas en el Texto refundido del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, las cuales quedan sometidas al régimen ordinario previsto en el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social y en el Real decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
• b) A las cuestiones de prevención de riesgos laborales suscitadas en relación con el personal de contratistas, subcontratistas de obras o servicios o concesionarios que realicen su actividad en instalaciones de la Administración de la Generalidad de Cataluña o de sus organismos autónomos, respecto de los cuales se aplicará el procedimiento ordinario.
• c) A los órganos de la Administración de la Generalidad de Cataluña cuando actúen en condición de promotores de obras de construcción, resultando de aplicación el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y normativa complementaria.

Artículo 3 Inicio del procedimiento

3.1 El procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña se iniciará siempre de oficio por el jefe o la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que territorialmente corresponda, bien a iniciativa de la autoridad laboral, bien a petición de los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, de las personas representantes del personal, o bien mediante denuncia o a instancia de persona interesada.

3.2 A los efectos de este procedimiento especial, la autoridad laboral competente será el director o directora general de Relaciones Laborales respecto de los órganos centrales de la Administración de la Generalidad de Cataluña, de sus organismos autónomos y de los entes dependientes de esta, o las personas titulares del correspondiente Servicio Territorial del Departamento de Trabajo respecto de los órganos territoriales de la Administración de la Generalidad, de sus organismos autónomos y de los entes dependientes de esta.

Artículo 4 Desarrollo de la actuación inspectora

4.1 Las funciones de comprobación del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña y, si procede, de propuesta de requerimiento, corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al personal técnico habilidad, en los términos previstos en el Decreto 12/2006, de 31 de enero.

4.2 El Inspector o la inspectora de Trabajo y Seguridad Social actuante y, en su caso, el técnico o técnica habilitado/a, en el momento de la visita, comunicarán su presencia a la persona responsable de la unidad administrativa afectada, a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal, de acuerdo con lo que establece el artículo 40.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

4.3 Una vez concluidas las comprobaciones, si como resultado de éstas, el funcionario o funcionaria actuante considera que existen incumplimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, emitirá una propuesta de requerimiento que deberá contener los hechos constatados, las irregularidades detectadas, la normativa infringida, las medidas a adoptar para cumplirlas y el plazo para su ejecución.

4.4 Las actuaciones de comprobación no podrán superar el plazo de nuevo meses ni se podrán interrumpir más de tres meses, a menos que la dilación sea imputable al órgano administrativo inspeccionado.

Artículo 5 Comunicación de la propuesta de requerimiento, trámite de alegaciones y requerimiento definitivo

5.1 El funcionario o funcionaria actuante dará traslado de la propuesta de requerimiento establecida en el artículo anterior a la persona responsable de la unidad administrativa inspeccionada, al órgano que ordenó la actuación y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

5.2 La persona responsable de la unidad administrativa y los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, las personas representantes del personal podrán formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento ante la autoridad laboral correspondiente, la cual, a la vista de las alegaciones formuladas y de los informes técnicos que estime necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo sobre las medidas a adoptar y el plazo para llevarlas a cabo. Este requerimiento definitivo se comunicará a la persona responsable de la unidad administrativa inspeccionada, a la unidad directiva de que dependa y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

5.3 Transcurrido el plazo para formular alegaciones sin que se hayan hecho, la propuesta de requerimiento adquirirá automáticamente el carácter de requerimiento definitivo, sin necesidad de nueva comunicación, y la persona responsable de la unidad administrativa deberá llevar a cabo los trámites necesarios para darle cumplimiento en el plazo previsto en el requerimiento. Una vez corregidas las deficiencias se comunicará por la unidad administrativa requerida a la autoridad laboral y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

5.4 Formulado requerimiento definitivo sin que, transcurrido el plazo otorgado, se hayan adoptado las medidas recogidas en el mismo o no se haya comunicado su subsanación, la autoridad laboral competente, cuando ésta sea uno de los servicios territoriales del Departamento de Trabajo, elevará este requerimiento junto con el expediente tramitado a la Dirección General de Relaciones Laborales.

5.5 El director o directora general de Relaciones Laborales, previos los informes que estime oportunos, y dando conocimiento a la Dirección General de la Función Pública y a la Comisión Paritaria general de prevención de riesgos laborales o el órgano que la sustituya, elevará, en un plazo máximo de un mes, el expediente con su propuesta, confirmatoria o revocatoria, a la Secretaría General del Departamento competente por razón del órgano inspeccionado, quien adoptará la decisión correspondiente sobre las medidas que se deben llevar a cabo. En caso de discrepancia de esta decisión con la propuesta del director o de la directora general de Relaciones Laborales, la Secretaría General del Departamento competente por razón del órgano inspeccionado, previa comunicación a la Secretaría General del Departamento de Trabajo, elevará, en un plazo máximo de un mes, el expediente al consejero o consejera del Departamento correspondiente a la unidad administrativa inspeccionada, el cual, junto con la discrepancia, elevará en un plazo máximo de 2 meses las actuaciones al Gobierno para su decisión final, previa comunicación al consejero o consejera de Trabajo.

5.6 Contra la decisión final adoptada por parte del Gobierno procederá la interposición por parte de los interesados del correspondiente recurso contencioso administrativo.

Artículo 6 Supuestos de paralización

6.1 La paralización de la actividad de centros, dependencias o puestos de trabajo de la Administración de la Generalidad de Cataluña por la existencia de riesgo grave e inminente, prevista en el artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y su comunicación, podrá ser acordada por el inspector o inspectora de trabajo y seguridad social actuante o por el personal técnico habilitado actuante.

6.2 En los supuestos de paralización de la actividad de centros, dependencias o puestos de trabajo de la Administración de la Generalidad de Cataluña, será el director o directora general de Relaciones Laborales el órgano competente para la recepción de la comunicación y de las alegaciones que contra la misma haga el Departamento de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de prevención de riesgos laborales y para la ratificación o anulación de la paralización.

6.3 El director o directora general de Relaciones Laborales comunicará la decisión adoptada al jefe de la unidad administrativa inspeccionada y a la representación del personal o a los delegados y delegadas de prevención cuando corresponda, e informará a la Secretaría General del Departamento afectado y a la Dirección general de la Función Pública.

6.4 Los apartados 2 y 3 de este artículo serán de aplicación en los supuestos de paralización acordados por la representación del personal, en conformidad con lo que prevé el artículo 21.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Primera

La paralización de la actividad de centros de ejecución penal, consideradas las peculiaridades propias de los servicios públicos penitenciarios, se acordará previa comunicación al Departamento competente en materia de ejecución penal, y con sujeción a la normativa de adaptación de la actividad penitenciaria en la legislación de prevención de riesgos laborales.

Disposición adicional renumerada por el apartado 2 del artículo único del D. [CATALUÑA] 122/2014, 26 agosto, por el que se modifica el D. 193/2007, 4 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña («D.O.G.C.» 29 agosto).Vigencia: 30 agosto 2014

Segunda

El procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales regulado en este Decreto, se aplica a los órganos de la administración local, a los organismos autónomos y a los entes dependientes de ésta, tanto en relación con el personal laboral como con el personal con vínculo funcionarial o estatutario, con las excepciones que prevé el artículo 2.2 de este Decreto, y con las siguientes especialidades:

- La autoridad laboral competente a qué se refiere el artículo 3.2 es la persona titular del servicio territorial del departamento competente en materia de prevención de riesgos laborales al que corresponda por razón del ámbito territorial, o la dirección general competente en esta materia, en el caso de que el órgano de la administración local, organismo autónomo o ente dependiente actúe en diferentes ámbitos territoriales.

- La propuesta, confirmatoria o revocatoria, del director o de la directora general competente en materia de relaciones laborales y cualidad en el trabajo, prevista en el artículo 5.5, se debe dirigir al órgano de gobierno de la administración local, organismo autónomo o ente dependiente correspondiente, dando conocimiento de la misma al órgano paritario de participación en materia de seguridad y salud en el ámbito que corresponda.

- En caso de discrepancia con la propuesta, este órgano debe elevar las actuaciones, junto con su discrepancia, al Gobierno de la Generalidad, previa comunicación al consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención de riesgos laborales.

Disposición adicional segunda introducida por el apartado 1 del artículo único del D. [CATALUÑA] 122/2014, 26 agosto, por el que se modifica el D. 193/2007, 4 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña («D.O.G.C.» 29 agosto).Vigencia: 30 agosto 2014

Primera

Se faculta a la consejera de Trabajo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el despliegue del presente Decreto.

Segunda

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya