Artículo 77 Disposiciones Generales

1.- En la aplicación del régimen sancionador regulado en el Capítulo II del Título III de la Ley 1/1999, se observarán en todo caso las disposiciones del presente Reglamento.

2.- Las infracciones en materia de recursos pastables y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

3.- En ningún caso se podrá imponer una doble sanción, en vía administrativa y en vía penal, por la comisión de unos mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

4.- Serán sujetos responsables de las correspondientes infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas.

5.- En el caso de que la comisión de la infracción haya producido algún tipo de quebranto a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, el órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.

Artículo 78 Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal

1.- Lo establecido en el presente capítulo se entenderá sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción penal para conocer de las denuncias por actuaciones derivadas de los aprovechamientos de pastos que pudieran ser constitutivas de falta o delito al amparo de lo preceptuado en la vigente legislación.

2.- La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos, y en su caso la eficacia de los actos administrativos de imposición de la sanción. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar el aprovechamiento de los recursos pastables y materias de interés colectivo agrario se mantendrán en tanto la autoridad judicial no se pronuncie sobre las mismas.

3.- En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al ministerio fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la notificación.

4.- Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho, y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiere corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial.

5.- De no estimarse por los tribunales la existencia de responsabilidad penal, la Administración proseguirá la tramitación del expediente sancionador.

6.- En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que ante ellos se substancien.

Artículo 79 Competencia para la incoación e instrucción del expediente sancionador

1.- Será competencia de los Jefes de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería la incoación de los expedientes sancionadores que se instruyan como consecuencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones administrativas en la Ley 1/1999.

2.- La competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá a la Unidad de Régimen Jurídico del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería competente por razón del territorio.

Artículo 80 Organo sancionador

1.- La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.

2.- Contra las resoluciones de la mencionada autoridad, que no agotan la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Director General de Producción Agropecuaria.

Artículo 81 Actuaciones previas

1.- Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables, y las circunstancias relevantes que concurran en unos y en otros.

2.- A tal efecto, el órgano competente para la iniciación del procedimiento, si lo estima conveniente, podrá requerir informe sobre las circunstancias del caso a la Cámara Agraria Provincial.

Artículo 82 Procedimiento Sancionador

1.- En el procedimiento para la imposición de sanciones derivadas de la comisión de infracciones contra lo dispuesto en la Ley 1/1999 y en el presente Reglamento, se observarán los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» n.º 285, de 27 de noviembre), el Decreto 189/1994, de la Junta de Castilla y León, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n. 170, de 2 de septiembre), y en lo que no se oponga o contradiga a este último, el Real Decreto 1398/ 1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora («B.O.E.» n. 189, de 9 de agosto).

2.- En aquellos supuestos en los que el órgano competente para la iniciación del procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar los hechos como infracción administrativa leve, podrá seguirse el procedimiento sancionador abreviado a que se refiere el apartado segundo del artículo 14 del Decreto 189/1994.

Artículo 83 Obligaciones de las Juntas Agropecuarias Locales

El órgano Rector de la Junta Agropecuaria Local, por sí mismo o a petición de parte, y tan pronto tenga conocimiento de la comisión de una presunta infracción a lo dispuesto en la Ley 1/1999, deberá trasladar al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería petición motivada de iniciación de expediente sancionador, con expresión de los hechos y presuntos responsables.

Artículo 84 Medidas cautelares

Iniciado el expediente sancionador y con la finalidad de evitar la comisión de nuevas infracciones, en el supuesto de infracciones graves y muy graves, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar motivadamente la prohibición expresa al ganadero infractor del aprovechamiento de los pastos que le hubieren sido adjudicados durante la campaña en curso, previo informe de la Cámara Agraria Provincial.

Artículo 85 Infracciones

Constituirán faltas administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en el artículo siguiente, las infracciones que a continuación se tipifican:

• 1.- Infracciones leves:
  • a) Las transgresiones de los preceptos de la Ley 1/1999 o de las Ordenanzas de Pastos que regulen el aprovechamiento en un término municipal o localidad que afecten a menos de 100 Ha. por primera vez en una campaña de aprovechamiento de pastos.
  • b) El impago del precio del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras durante un período superior a los 3 meses e inferior a 6 meses desde la fecha de la obligación de pagar.
  • c) La conducta de los miembros de las Juntas Agropecuarias Locales, cuando sea causa de un retraso injustificado de éstas en el cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 1/1999.
• 2.- Infracciones graves:
  • a) Las transgresiones de los preceptos de la Ley 1/1999 o de las Ordenanzas de Pastos que regulen el aprovechamiento en un término municipal o localidad que afecten en su conjunto a más de 100 Ha. en una campaña o a más de 50 Ha. por campaña en dos campañas consecutivas.
  • b) El impago del precio del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras durante un período superior a 6 meses desde la fecha de la obligación de pagar.
  • c) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se entenderá que concurre la reincidencia cuando el infractor hubiera sido sancionado por resolución firme por la comisión de la misma infracción al menos una vez en el año anterior al inicio del expediente sancionador.
• 3.- Infracciones muy graves:
  • a) Las transgresiones de los preceptos de la Ley 1/1999 o de las Ordenanzas de Pastos que regulen el aprovechamiento en un término municipal o localidad que afecten en su conjunto a más de 250 Ha. en una campaña o a más de 100 Ha. por campaña en dos campañas consecutivas.
  • b) La reincidencia en la comisión de infracciones graves. Se entenderá que concurre la reincidencia cuando el infractor hubiera sido sancionado por resolución firme por la comisión de la misma infracción al menos una vez en el año anterior al inicio del expediente sancionador.

Artículo 86 Sanciones

1.- Las infracciones a lo dispuesto en la Ley 1/1999 y en el presente Reglamento, serán sancionadas:

• a) Infracciones leves: Multas de 5.000 a 50.000 pesetas.
• b) Infracciones graves: Multas de 50.001 a 250.000 pesetas.
• c) Infracciones muy graves: Multas de 250.001 a 2.500.000 pesetas.

2.- Las cuantías señaladas anteriormente podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería, teniendo en cuenta la variación del índice de Precios al Consumo.

3.- En la graduación de las sanciones se atenderá especialmente al grado de culpabilidad y, en su caso, al daño producido o riesgo derivado de la infracción y su trascendencia, superficie y/o número. de animales a los que afecta la infracción.

4.- La cuantía de la sanción nunca podrá ser inferior al beneficio obtenido por el infractor.

5.- Sin perjuicio de la multa que proceda imponer al ganadero adjudicatario de pastos por la comisión de una infracción a lo dispuesto en la Ley 1/1999, las infracciones en materia de ordenación de los aprovechamientos pastables podrán ser sancionadas con la inhabilitación al infractor para la concurrencia de pastos del siguiente año ganadero, respecto de aquellos pastos que se adjudiquen por el sistema de adjudicación por precio de tasación, a través de adjudicación directa o subasta pública.

6.- Las sanciones serán compatibles con la exigencia al infractor de la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios causados, siempre que éstos no hayan sido previamente abonados de forma voluntaria o por decisión judicial.

7.- La evaluación de los daños y perjuicios causados se realizará por las Juntas Agropecuarias Locales, pudiendo contar para dicha evaluación con la colaboración de técnico competente designado por los Colegios Profesionales de Veterinarios, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas, con experiencia o formación en peritación de siniestros.

Para la evaluación de los daños y perjuicios causados se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• a) El precio de tasación de los terrenos.
• b) El valor de las cosechas siniestradas.

Artículo 87 Prescripción de las infracciones

1.- Las infracciones a lo dispuesto en la Ley 1/1999 y en el presente Reglamento prescribirán, las leves a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el momento en que la infracción se hubiera cometido, y si éste fuera desconocido, desde el momento en que se hubiera tenido conocimiento de la comisión de dicha infracción.

2.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de tres meses por causa no imputable al presunto responsable.

3.- En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo de la prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.

Artículo 88 Prescripción de las sanciones

1.- Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas muy graves a los tres años. Dichos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

2.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si aquél estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.