Sumario

V�ase O [CASTILLA-LA MANCHA] 17 enero 2000, de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria (�D.O.C.M.� 28 enero).

El Real Decreto 331/1982, de 15 de enero, transfiri� a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las competencias que en relaci�n con la polic�a sanitaria mortuoria se atribuye a los �rganos de la Administraci�n del Estado por el Decreto 2263/1974, de 20 de junio, y disposiciones complementarias.

En desarrollo de estas competencias se dictaron por esta Comunidad Aut�noma el Decreto 37/1990, de 13 de marzo, sobre traslado de cad�veres en la Comunidad Aut�noma y, la Orden de la Consejer�a de Sanidad de 18 de abril de 1990. Asimismo se publicaron las Resoluciones, de 18 de diciembre de 1995, de cada una de las cinco Delegaciones Provinciales de la Consejer�a de Sanidad delegando competencias en materia de autorizaciones de traslado de cad�veres.

Esta normativa, que ha sido v�lida para la gesti�n de este aspecto concreto de la problem�tica sanitario-mortuoria, resulta fragmentaria respecto de los contenidos m�s amplios que tiene la sanidad mortuoria.

La norma sustantiva que regulaba en el �mbito de Castilla-La Mancha la sanidad mortuoria era el Reglamento de polic�a sanitaria mortuoria, aprobado por el Real Decreto 2263/1974, de 20 de julio, excepto para el tema puntual ya se�alado de traslado de cad�veres. Esta norma ha resultado de aplicaci�n para la Comunidad Aut�noma de Castilla-La Mancha en virtud de lo dispuesto por el art�culo 149.3 de la Constituci�n Espa�ola.

El presente Decreto desarrolla lo previsto en los art�culos 24 y 25.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los cuales tienen la condici�n de norma b�sica en el sentido previsto en el art�culo 149.1.160 de la Constituci�n Espa�ola.

El art�culo 24 de la Ley General de Sanidad determina que "las actividades p�blicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud ser�n sometidas por tos �rganos competentes a limitaciones preventivas de car�cter administrativo, de acuerdo con la normativa b�sica del Estado."

El art�culo 25 de la Ley General de Sanidad establece que "la exigencia de autorizaciones sanitarias, as� como la obligaci�n de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, ser�n establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente Ley".

En el presente Decreto se regula esta exigencia, sin perjuicio de las competencias municipales, de autorizaci�n sanitaria para determinadas actividades de los servicios funerarios y, conforme a lo requerido por el art�culo 25.1 de la Ley General de Sanidad, esta regulaci�n se lleva a cabo por una norma de car�cter reglamentario.

La habilitaci�n para la presente norma, de naturaleza reglamentaria, deriva directamente de los art�culos citados de la Ley General de Sanidad. No debe olvidarse, por otra parte, que la finalidad de la presente norma es la misma que la perseguida por los citados art�culos de la Ley General de Sanidad: evitar las actuaciones o situaciones que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

Los cambios producidos en la sociedad espa�ola, las nuevas necesidades de �sta y servicios que se demandan en la materia regulada por el Reglamento de 1974, hacen necesaria la publicaci�n de una nueva norma en materia de sanidad mortuoria.

El presente Decreto trata de dar satisfacci�n a estas necesidades, adapt�ndose a la realidad actual de la Comunidad Aut�noma de Castilla-La Mancha y teniendo presentes los avances t�cnicos y los cambios sociol�gicos acaecidos.

Se adapta el texto a una situaci�n en la que las enfermedades transmisibles, sobre todo por epidemias, no tienen la importancia que ten�an en el pasado por el mayor nivel de salud de la poblaci�n y los cad�veres no comportan los riesgos sanitarios de otros tiempos.

La modificaci�n de los usos y costumbres sociales en torno a la muerte ha posibilitado la aparici�n de nuevos servicios funerarios. Esto exige de los poderes p�blicos una regulaci�n en la que se garantice un trato digno, con independencia de cu�l sea su situaci�n econ�mica, tanto al fallecido como a sus familiares, sin menoscabo de las necesarias precauciones sanitarias.

A los contenidos anteriores, se a�aden otros, no menos importantes, como la mejora del transporte, el incremento y mejora de las v�as de comunicaci�n en la Comunidad Aut�noma y el avance experimentado en las t�cnicas de la construcci�n.

Finalmente, el presente texto, deriva el control sanitario hacia una inspecci�n m�s eficaz e intentando la autorregulaci�n del sector, a trav�s de la asunci�n de responsabilidades por parte de los empresarios y t�cnicos, y abandona la rigidez del estricto control administrativo, no justificado ni por los riesgos sanitarios, ni por una demanda de la sociedad.

Sin menoscabo de este principio de intervenci�n administrativa m�nima, resulta conveniente el establecimiento de un Registro de Servicios Funerarios, con fines meramente estad�sticos, informativos y de publicidad; la obtenci�n de dicha informaci�n se canalizar� a trav�s de los Ayuntamientos, por ser la Administraci�n Local quien ostenta la competencia para la autorizaci�n de tales empresas. La conveniencia de dicho Registro viene dada por la necesidad de contar con datos fidedignos acerca de las empresas de este sector que presten sus servicios en el �mbito territorial de la Comunidad Aut�noma. Su actividad, que constituye un servicio de inter�s para la sociedad, podr�a conllevar un cierto riesgo sanitario, que exige, al menos, un control por la autoridad competente en la materia.

En su virtud, en ejercicio de las competencias transferidas a la Comunidad Aut�noma por el Real Decreto 331/1982, de 15 de enero, a propuesta de la Consejer�a de Sanidad, de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo y previa deliberaci�n del Consejo de Gobierno en su reuni�n del d�a 1 de junio de 1999,

DISPONGO: