Artículo 37 La actuación inspectora

1. La consejería competente en materia de agricultura desarrollará actuaciones de control e inspección sobre todas las fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario y respecto a los proyectos agrarios prioritarios, en orden a comprobar su adecuación a las condiciones establecidas en la presente ley y normas que la desarrollen, para garantizar la preservación del entorno y de las condiciones medioambientales.

2. A estos efectos, el personal de esta consejería que desarrolle estas funciones tiene la condición de agente de la autoridad, teniendo los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia la presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Artículo 38 Infracciones administrativas

Constituye infracción administrativa en materia de abandono cualquier acción u omisión tipificada en la presente ley en lo que respecta a las fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario.

Artículo 39 Tipificación de infracciones

Las infracciones administrativas en materia de abandono de fincas rústicas se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Se considerarán infracciones de carácter leve:

• a) La falta de notificación a la Administración de la opción elegida, con arreglo a lo establecido en el artículo 35.1 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie igual o inferior a una hectárea.
• b) El incumplimiento de la realización de la opción elegida en el plazo otorgado, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.2 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie igual o inferior a una hectárea.
• c) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o perjuicios a fincas colindantes y las que afecten a la integridad o el funcionamiento de bienes y sistemas públicos, en ambos casos por importe inferior a 1.500 euros.
• d) El suministro incompleto de información o documentación necesarias para las funciones de inspección y control administrativo.
• e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley que no esté tipificado como infracción grave o muy grave.

2. Se considerarán infracciones graves:

• a) La falta de notificación a la Administración de la opción elegida, con arreglo a lo establecido en el artículo 35.1 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie superior a una hectárea.
• b) El incumplimiento de la realización de la opción elegida en el plazo otorgado, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.2 de la presente ley, cuando la finca declarada inculta, abandonada o en situación de grave abandono tenga una superficie superior a una hectárea.
• c) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o perjuicios a fincas colindantes y las que afecten a la integridad o el funcionamiento de bienes y sistemas públicos, en ambos casos por importe de entre 1.500 y 9.000 euros.
• d) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como suministrar información inexacta o documentación falsa.
• e) El mantenimiento de la finca en situación de inculta, abandono o grave abandono transcurrido un año desde la fecha de la notificación de su declaración.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

• a) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o perjuicios a fincas colindantes y las que afecten a la integridad o el funcionamiento de bienes y sistemas públicos, en ambos casos por importe superior a 9.000 euros.
• b) El mantenimiento de la finca en situación de inculta, abandono o grave abandono transcurridos más de dos años desde la fecha de la notificación de su declaración.

Artículo 40 Sanciones

1. Las infracciones tipificadas en los apartados del anterior artículo serán sancionadas con las multas siguientes:

• a) Infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 300 euros.
• b) Infracciones graves: multa entre 301 y 1.000 euros.
• c) Infracciones muy graves: multa entre 1.001 y 3.000 euros.

2. El apercibimiento sólo procederá en el supuesto de infracciones leves, siempre y cuando la persona infractora no fuera sancionada con anterioridad por cualquier infracción de las tipificadas en la presente ley.

Artículo 41 Graduación de las sanciones

1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, de entre las asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

• a) La existencia de intencionalidad o simple negligencia.
• b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento.
• c) La naturaleza de los perjuicios causados.
• d) La reincidencia, por comisión en el plazo de dos años de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así se hubiera declarado por resolución firme. Este plazo comenzará a contar desde que la resolución haya adquirido firmeza en vía administrativa.
• e) La extensión de la superficie de la finca.

2. No obstante lo recogido en el apartado anterior, la cuantía de la sanción podrá aminorarse motivadamente, a juicio del órgano competente para resolver según el tipo de infracción de que se trate, en atención a las circunstancias específicas del caso, entre ellas el reconocimiento y la enmienda de la conducta infractora y la reparación de los daños causados, antes de que se resuelva el correspondiente expediente sancionador, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Los criterios de graduación recogidos en el apartado 2 no podrán utilizarse para agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.

4. La propuesta de resolución del expediente y la resolución administrativa que recaiga habrán de explicitar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en el apartado 1 del presente artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas, la sanción se impondrá en la cuantía mínima prevista para cada tipo de infracción.

Artículo 42 Reparación del daño o indemnización

Con independencia de la sanción que les fuera impuesta, las personas infractoras podrán ser obligadas a reparar el daño causado a la administración o, si no fuera posible, a indemnizar los daños y perjuicios. Estos daños se determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora, que establecerá la forma y plazo en que la reparación habrá de llevarse a cabo o, en su caso, la imposibilidad de la reparación y consiguiente establecimiento de la indemnización. Con relación a los daños causados, las personas afectadas podrán aportar en audiencia y por cuenta propia informe complementario de peritaje de daños.

Artículo 43 Multas coercitivas y ejecución subsidiaria

1. Si los infractores no hubieran procedido a la reparación o indemnización en la forma y plazo otorgados en la resolución, no hubieran elegido alguna de las opciones contempladas en el artículo 35.1 de la presente ley o no la hubieran ejecutado en los términos establecidos en el apartado 2 del mismo artículo, el órgano que ha dictado la resolución podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, no pudiendo ser el importe de las mismas superior a 1.000 euros.

3. La ejecución por la administración de la reparación ordenada será por cuenta del infractor.

Artículo 44 Responsabilidad

La responsabilidad de la infracción recaerá sobre:

• 1. La persona física o jurídica titular del dominio o de otro derecho real de disfrute sobre las fincas, salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o aprovechamiento a favor de una tercera persona.
• 2. Si existiera, la persona física o jurídica que sea titular de las fincas en régimen de arrendamiento, aparcería o cualquier otro derecho de uso o aprovechamiento análogo, salvo que en el curso del expediente demuestre que las personas arrendadoras o cedentes le impiden el normal desarrollo de los derechos de uso o aprovechamiento de las fincas, en cuyo caso la responsabilidad recaería sobre estas.
• 3. Los causahabientes de las herencias indivisas y comunidades hereditarias, los representantes de las herencias yacentes, los cotitulares de las sociedades gananciales y comunidades de bienes, los miembros de sociedades civiles y entidades carentes de personalidad jurídica, todos ellos propietarios de fincas rústicas que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o aprovechamiento a favor de una tercera persona. En su caso, las personas copartícipes responderán solidariamente de las sanciones impuestas.

Artículo 45 Órganos sancionadores competentes

1. El órgano con competencia para incoar el expediente sancionador será la persona titular de la delegación provincial correspondiente de la consejería competente en materia de agricultura del territorio en donde radique la finca, y si existieran varias competentes, la correspondiente a la superficie de la finca de más extensión.

2. Los órganos con competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley serán los siguientes:

• a) Para sancionar infracciones de carácter leve o grave, la persona titular de la dirección general competente en materia de estructuras agrarias.
• b) Para sancionar infracciones de carácter muy grave, la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura.

Artículo 46 Duración del procedimiento sancionador

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento será de un año, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 47 Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones leves a que se refiere la presente ley prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

2. El término de la prescripción comenzará a contar desde el día en que se haya cometido la infracción, salvo en el supuesto de infracciones continuadas, en el cual el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de finalización de la actividad, del último acto con el que la infracción se consuma o desde que se ha eliminado la situación ilícita.

3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento de la persona presunta responsable, del procedimiento sancionador.

Disposición adicional Única Comunicación de instrumentos de planeamiento urbanístico

Aprobado inicialmente un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a fincas rústicas incluidas en las zonas de especial interés agrario o incorporadas al Banco de Tierras de Galicia, a la vez que el trámite de información pública, la Administración municipal deberá solicitar el informe de la consejería competente en materia de agricultura.

Primera Modificación de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común

La Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda modificada como sigue:

• Uno.- El artículo 27 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda redactado de la manera siguiente:

  «Artículo 27

  1. Los montes vecinales en mano común serán gestionados cautelarmente por la consejería competente en materia de montes en las situaciones siguientes:

  • a) Por extinción o desaparición de la comunidad de vecinos titular del monte de manera provisional hasta que, en su caso, se reconstituya la comunidad, y siempre que la parroquia donde radique el monte no ejerza su derecho conferido en el artículo 20 de la presente ley.
  • b) Cuando sea declarada la situación de estado de grave abandono o degradación del monte vecinal, de acuerdo con lo contemplado en la presente ley.

  2. La consejería competente en materia de montes podrá ejercitar la gestión cautelar prevista en el apartado 1 de este artículo directamente o mediante su encomienda a entes o empresas cuyo capital sea íntegramente público.».

  
• Dos.- El artículo 30 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda redactado de la siguiente manera:

  «Artículo 30

  1. Decretado un monte en estado de grave abandono o degradación, la consejería competente en materia de montes tomará a su cargo en el plazo de dos años la ejecución del plan de gestión y mejora integral propuesto, debiendo rendir cuenta de su gestión a la junta rectora para información a la asamblea anual de la comunidad.

  2. En el supuesto en que, con arreglo a lo previsto en el artículo 27.2 de la presente ley, se haya encomendado la gestión cautelar del monte vecinal a un ente o empresa cuyo capital sea íntegramente público, la ejecución del plan de gestión y mejora integral y la rendición de cuenta a que se refiere el apartado anterior corresponderán al mismo ente o empresa.

  3. Los beneficios derivados del plan de mejora y aprovechamiento de los montes gestionados cautelarmente, una vez deducidos los gastos e inversiones en la gestión y mejora del monte, serán para la comunidad. Si no existiera esta, serán para el municipio o municipios en donde radique el monte, que los destinará o destinarán a mejoras de interés general en las parroquias correspondientes.».

  

Segunda Modificación de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia

Uno.- Se modifica el artículo 31 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, el cual queda redactado de la manera siguiente:

Dos.- Las restantes referencias contenidas en la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, al fondo de tierras se entenderán hechas al Banco de Tierras de Galicia.

Tercera Periodo transitorio para la incoación de expedientes sancionadores

La incoación de expedientes sancionadores recogidos en el título VII (sic) de la presente ley no podrá iniciarse hasta haber transcurrido un año desde la declaración de zona de especial interés agrario por el Consello de la Xunta o, en su caso, de la declaración de firmeza del acuerdo de concentración parcelaria a que se refiere el artículo 2 de esta ley.

Cuarta Desarrollo reglamentario

Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente ley.

Quinta Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.