Sumario

Ley 24/1988, 28 julio, derogada por la letra a) del art�culo �nico del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (�B.O.E.� 24 octubre) el 13 de noviembre de 2015. Ley 24/1988, 28 julio, derogada por la letra a) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (�B.O.E.� 24 octubre) el 13 de noviembre de 2015.

La necesidad de una reforma global del mercado de valores se ha puesto de manifiesto repetidas veces en los �ltimos a�os. Ya en el a�o 1978, la Comisi�n para el estudio del Mercado de Valores se�alaba en su Informe los m�ltiples problemas y carencias de dicho mercado.

Aunque en los primeros a�os que siguieron a la publicaci�n del Informe se abordaron algunas reformas, �stas tuvieron un car�cter parcial y limitado, subsistiendo en gran parte los problemas all� apuntados, a los que se han ido sumando los propios de una evoluci�n din�mica tanto de nuestro sistema financiero como de los de nuestro entorno.

La presente Ley pretende abordar esos m�ltiples y variados problemas asociados con la ordenaci�n vigente de nuestros mercados de valores. Pero, adem�s, aspira a dotar a todo el ordenamiento de los mercados de valores de una coherencia interna que hoy se echa en falta. El fuerte entrelazamiento de los distintos elementos que integran la Ley responde a una visi�n global de la ordenaci�n de los mercados de valores cuya validez deber� demostrar la experiencia, pero que sin duda garantiza dicha coherencia.

Otro objetivo b�sico de esta Ley consiste en la necesidad de potenciar nuestro mercado de valores, ante la perspectiva, en 1992, de un mercado europeo de capitales y de una toma previa de posiciones a este respecto por diversos Estados miembros de la Comunidad Econ�mica Europea. El objetivo final es que nuestro mercado de valores est� en condiciones apropiadas cuando dicho mercado europeo llegue a ser una realidad.

La Ley incorpora novedades demasiado numerosas para exponerlas con brevedad, pero conviene destacar los principios o rasgos esenciales siguientes:

• 1. En un plano meramente formal, puede llamar la atenci�n el amplio n�mero de remisiones que contiene la Ley a ulteriores desarrollos reglamentarios. Dicho planteamiento es el resultado de coordinar dos exigencias contrapuestas: a) la necesidad de no congelar en el marco de una Ley muchos aspectos del funcionamiento de los mercados de valores susceptibles de verse influidos por los importantes cambios que se est�n produciendo en el entorno financiero nacional e internacional y que, sin duda, proseguir�n con intensidad en el futuro inmediato, y b) la necesidad de dotar del necesario respaldo legal a muchas actuaciones potenciales de la Administraci�n que, en el marco legal hoy vigente, est�n o podr�an estar desamparadas de tan indispensable cobertura. La Ley del Mercado de Valores tiene, as�, un cierto car�cter de Ley marco, susceptible de concreciones diversas en funci�n de las necesidades y problemas que en cada momento se manifiesten. Esto, que podr� parecer inconveniente a quienes desear�an ver la consagraci�n legal de soluciones espec�ficas a determinados problemas muy concretos, resulta una soluci�n muy conveniente si se aspira, como es el caso, a que la presente Ley tenga una razonable pervivencia.
• 2. La Ley reposa sobre el concepto de �valores� o, para mayor precisi�n, de �valores negociables�, concepto dif�cil de definir de forma escueta en el articulado de un texto legal, pero no por ello carente de realidad. As�, se abandona, ante todo, la relaci�n biun�voca dominante hasta hoy entre el mercado de valores y los �t�tulos-valores�. Junto a �stos, la Ley introduce la importante novedad de que los valores puedan representarse mediante anotaciones en cuenta, lo que conducir� a una previsible p�rdida de importancia de los tradicionales t�tulos. La disociaci�n del concepto de valores negociables de una determinada f�rmula de instrumentaci�n jur�dica es patente tambi�n en la inclusi�n, en determinados casos, de instrumentos tales como las letras de cambio, los pagar�s o cualquier otro que re�na las restantes caracter�sticas contempladas en la Ley. Las notas adicionales que definen los �valores� a los que se refiere la Ley, a los efectos de su aplicaci�n, son su negociabilidad y su agrupaci�n en emisiones, dos caracter�sticas que la Ley no ha intentado precisar, pues se trata de temas de imposible concreci�n sin un casuismo que resultar�a impropio de una disposici�n de rango legal. En cuanto a la negociabilidad, baste se�alar que con tal expresi�n se ha querido hacer referencia a algo m�s amplio que la mera transmisibilidad, propia de pr�cticamente todos los derechos, y que deber� definirse en t�rminos de un mercado que, aunque sea de proporciones reducidas, se caracterice por el predominio de los t�rminos econ�micos en que se produzca la transmisi�n sobre las caracter�sticas personales de los contratantes. En cuanto a la agrupaci�n en emisiones, se ha abandonado el concepto de valores emitidos �en serie�, tanto por la dif�cil concreci�n legal del mismo, como por el hecho de que no hay raz�n para no considerar agrupados en una �emisi�n�, de conformidad con las pr�cticas actuales de numerosos mercados financieros, instrumentos que puedan ser bastante heterog�neos en algunas de sus caracter�sticas econ�micas (vgr. plazo o tipo de inter�s) y que en ausencia de este planteamiento podr�an escapar totalmente a las previsiones de la presente Ley.
• 3. Pieza central de la reforma es la creaci�n de una Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, que se concibe como una entidad de derecho p�blico con personalidad jur�dica propia. Se trata de un ente al que se encomienda la supervisi�n e inspecci�n del mercado de valores, sin perjuicio de su colaboraci�n en las labores de ordenaci�n del mismo y en el impulso de la implantaci�n de su reforma. La Comisi�n aparece regida por un Consejo de Administraci�n cuya composici�n se caracteriza por la exclusi�n de representaciones directas de los agentes sujetos a la supervisi�n de aqu�lla, que sin embargo tendr�n voz, a trav�s de un Comit� Consultivo que se crea al efecto, en las decisiones m�s importantes de la Comisi�n. El dise�o del Consejo de Administraci�n de la Comisi�n potencia la competencia profesional, dedicaci�n e independencia de sus miembros y la actuaci�n de los mismos en forma colegiada. Las competencias de la Comisi�n son m�ltiples, e incluyen, entre otras, la de velar por la transparencia de los diversos mercados, la correcta formaci�n de los precios en los mismos y la protecci�n de los inversores, promoviendo las informaciones que sean de inter�s para �stos; la de controlar el desarrollo de los mercados primarios, la de admisi�n a negociaci�n de valores en los mercados secundarios oficiales, as� como su suspensi�n y exclusi�n; la de velar por el cumplimiento de las normas de conducta por cuantos intervienen en el mercado de valores; la de asesorar al Gobierno y al Ministerio de Econom�a y Hacienda en las materias relacionadas con los mercados de valores: y el control del cumplimiento de cuantas obligaciones y requisitos se exigen en la Ley, incluyendo el ejercicio de la potestad sancionadora.
• 4. La Ley proclama un principio general de libertad de emisi�n sin necesidad de autorizaci�n previa, salvo en ciertos supuestos excepcionales. Asimismo, se declara libre el sistema de colocaci�n que cada emisor desee utilizar, sin m�s requisito que el de quedar definido y hacerse p�blico en todos sus extremos antes de proceder al lanzamiento de la emisi�n. Otro tanto ocurre en cuanto a la elecci�n del desarrollo temporal de las emisiones. No obstante, para defender los intereses de los inversores, se exige la comunicaci�n a la Comisi�n de los proyectos de emisi�n, con publicidad de los mismos, el registro en aqu�lla del folleto informativo de la emisi�n y la existencia previa de una auditor�a de cuentas de los estados financieros del emisor. La Ley contempla, sin embargo, posibles excepciones a estos requisitos en determinados casos.
• 5. Sin perjuicio de una regulaci�n b�sica unitaria de los mercados de valores, la Ley distingue tres categor�as de mercados secundarios oficiales: a) las Bolsas de Valores existentes en cada momento; b) el Mercado de Deuda P�blica representada mediante anotaciones en cuenta, y, c) otros mercados secundarios oficiales a los que el Gobierno pueda otorgar dicha condici�n. Motivo esencial de dicho planteamiento es la existencia de un Mercado de Deuda P�blica en anotaciones al margen de las Bolsas de Valores y la conveniencia de dejar abierta la posibilidad de constituci�n de otros mercados especializados. Es previsible que un desarrollo normal de los acontecimientos lleve a la progresiva integraci�n de todos los segmentos de los mercados de valores, cosa a la que no se opone la presente Ley. De todos modos, en una fase inicial ha parecido m�s conveniente no excluir ninguna posibilidad, a la espera de que el propio desarrollo de los mercados garantice la viabilidad de uno u otro planteamiento. Sin perjuicio de ello, se introduce el principio de reserva para las Bolsas de Valores de la negociaci�n oficial de las acciones y los valores asimilables a ellas, as� como la de todos los valores representados mediante t�tulos.
• 6. La Ley contiene unas disposiciones generales sobre el funcionamiento de los mercados secundarios oficiales que implican un nuevo planteamiento del marco jur�dico en que se desarrolla la negociaci�n de valores. El concepto de fe p�blica obligatoria de los agentes mediadores desaparece, salvo en ciertos casos marginales, tanto por lo que se refiere a la suscripci�n como a la negociaci�n de valores, sin que ello signifique, naturalmente, la desaparici�n de la intervenci�n voluntaria de fedatario p�blico. En su lugar surge, cuando se trate de transmisiones por t�tulo de compraventa de valores admitidos a negociaci�n en un mercado secundario oficial, el concepto de participaci�n o mediaci�n obligatoria de, al menos, una entidad que ostente la condici�n de miembro del mismo, a ra�z de lo cual se especifican las diversas categor�as de operaciones que, en funci�n del tipo de mediaci�n o participaci�n, tienen la consideraci�n de operaciones de un mercado secundario oficial. Dicha mediaci�n, que se realizar�, con alguna excepci�n, en un r�gimen de libertad de comisiones, tiene por fin garantizar, ante todo, que la totalidad de las operaciones se integre en el mercado, as� como la adecuada supervisi�n del sistema y la informaci�n fiscal necesaria. Ello explica tambi�n la declaraci�n de nulidad de las operaciones cuando aquel requisito de mediaci�n no se cumpla. En la transmisi�n de valores por t�tulo distinto del de compraventa, �nicamente se exige el requisito de su notificaci�n a los organismos rectores de los correspondientes mercados. Regula asimismo la Ley un nuevo r�gimen de irreivindicabilidad de los valores adquiridos de buena fe.
• 7. Dentro del mismo �mbito de disposiciones generales de los mercados secundarios oficiales, la Ley crea el marco adecuado para una regulaci�n suficiente de su funcionamiento, atendiendo tanto a la eficacia de �ste como a las necesidades de supervisi�n de los mercados y de protecci�n de los inversores. La Ley es, voluntariamente, poco precisa al respecto, dadas las m�ltiples facetas que han de contemplarse en una regulaci�n efectiva, pero, a cambio, otorga al Gobierno facultades amplias para desarrollar �sta. No obstante, existen importantes principios que la Ley se ha preocupado de proclamar, como son la aplicaci�n de las cotizaciones del mercado a las operaciones convenidas al margen del n�cleo de aqu�l, el cumplimiento por los mediadores de las condiciones convenidas con los contratantes, las exigencias sobre manifestaci�n por parte de los mediadores de sus propios intereses potencialmente conflictivos con los de sus clientes, la responsabilidad de los mediadores en las operaciones que realicen por cuenta ajena o la publicidad de todos los datos b�sicos de cada una de las operaciones del mercado secundario. En el �mbito m�s limitado de las Bolsas de Valores, se establece un importante principio de publicidad para las operaciones que lleven a que una persona supere o vea reducida su participaci�n en el capital de una sociedad por encima o por debajo, respectivamente, de los porcentajes que reglamentariamente se determinen.
• 8. La organizaci�n de las Bolsas de Valores est� presidida por el hecho de que s�lo podr�n ser miembros de las mismas las Sociedades y Agencias de Valores que accedan a tal condici�n y por la decisi�n de que estar�n regidas por sociedades an�nimas cuyo capital quedar� reservado a aquellas entidades. Se introducen determinadas especialidades, destacando las normas que prev�n modificaciones del capital o transmisiones obligadas de acciones de las sociedades rectoras de las Bolsas con el fin de posibilitar el cese o la incorporaci�n de miembros, la sujeci�n a aprobaci�n oficial de sus estatutos sociales, la previsi�n de que �stos contemplen mayor�as cualificadas para la adopci�n de determinados acuerdos, la composici�n m�nima de su consejo de administraci�n o la aprobaci�n oficial previa del nombramiento de los miembros del mismo. Se prev� la implantaci�n de un Sistema de Interconexi�n Burs�til integrado a trav�s de una red inform�tica y regido por una Sociedad de Bolsas, constituida por las sociedades rectoras de las Bolsas. Dicho sistema tendr� por objeto la negociaci�n, en exclusiva, de los valores que se incorporen al mismo. Por �ltimo, se regulan los principios b�sicos del nuevo Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores, que adoptar� la forma de sociedad an�nima, en la que participar�n las entidades directamente implicadas en los procesos de compensaci�n y liquidaci�n relacionados con el Mercado de Valores.
• 9. La regulaci�n de los mercados secundarios oficiales de valores y de las Bolsas de Valores, aspectos a que se acaba de hacer referencia, guarda muy especial relaci�n con el ejercicio de las competencias en materia de centros de contrataci�n de valores por parte de aquellas Comunidades Aut�nomas que las tienen reconocidas en sus Estatutos de Autonom�a.

  La Ley parte del irrenunciable principio de unidad del orden econ�mico y del sistema financiero nacional, del que el mercado de valores constituye pieza esencial. Responde a la necesidad de organizar el mismo como un mercado �nico, condici�n inexcusable para su eficiencia y para su competitividad en el plano internacional. Resultar�a inadecuada una soluci�n que encaminase hacia un modelo territorialmente fragmentado, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto europeo en el que se mueve la econom�a espa�ola.

  Por ello, las Bolsas de Valores se conciben como piezas de un mercado de valores �nico e integrado. Este principio se refleja, por supuesto, en el previsto Sistema de Interconexi�n, pero tambi�n -y con mayor intensidad si cabe- en la regulaci�n unitaria de las entidades mediadoras del mercado, que podr�n ejercer sus actividades en todo el territorio nacional y tendr�n derecho a formar parte de cualquiera de las Bolsas, y en la homogeneidad que se impone en cuanto a la organizaci�n de las distintas Bolsas.

  Todas estas consideraciones, unidas a que gran parte de los preceptos de la Ley han de ser calificados como normas de derecho mercantil, justifican los preceptos de las mismas relacionados con las Comunidades Aut�nomas.

• 10. La Ley integra en su �mbito, d�ndole de este modo un respaldo legal adecuado, en lugar del muy provisional que hoy tiene, el mercado de la Deuda P�blica en anotaciones, que se regir� por las normas espec�ficas que, en relaci�n con el mismo, se establecen y que se apoyan en la existencia de una Central de Anotaciones y de las Entidades Gestoras del Mercado que pueden actuar por cuenta propia, si son titulares de cuentas en la central, o �nicamente por cuenta ajena en otro caso. Varios son los principios que inspiran el Mercado de Deuda P�blica en anotaciones ya existentes y aparecen incorporados a la Ley de forma general, como normas comunes a todos los mercados de valores o como normas aplicables a las Sociedades y Agencias de Valores, a cuyo r�gimen se ha intentado asimilar la condici�n de Entidad Gestora. La Ley ha buscado un equilibrio entre las competencias b�sicas que han de corresponder a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, como organismo supervisor de todos los mercados de valores, y las competencias de gesti�n que se encomiendan, siguiendo el sistema ya vigente, al Banco de Espa�a, configurando a esos efectos una Comisi�n Asesora mixta integrada por representantes de ambas instituciones y del propio Ministerio de Econom�a y Hacienda.
• 11. La Ley contempla el marco general para una regulaci�n de las ofertas p�blicas de adquisici�n de valores, destinado a superar las limitaciones de la normativa hoy vigente. Tambi�n introduce el concepto de oferta p�blica de venta de valores, sujeta a requisitos an�logos a los de una nueva emisi�n de valores, con el fin de cubrir una serie de casos, entre los que destaca la venta en Espa�a de valores extranjeros, a los que conviene aplicar determinados preceptos de la Ley, lo que no ser�a posible sin dicha figura.
• 12. La Ley, siguiendo la pr�ctica de todos los mercados de valores desarrollados extranjeros y buscando asegurar la solvencia financiera de quienes desarrollan actividades que encierran importantes riesgos potenciales, prescinde de la figura del agente mediador individual, sustituy�ndolo por unas entidades financieras especializadas: las Sociedades y Agencias de Valores, que se conciben en esta Ley como sociedades an�nimas cuyo objeto social queda limitado a las actividades que les atribuye la Ley. A las Sociedades de Valores se les faculta para actuar por cuenta propia y de terceros, mientras que las Agencias de Valores �nicamente podr�n actuar por cuenta ajena. En la Ley se contemplan los requisitos que deber�n reunir estas entidades y el procedimiento para obtener la autorizaci�n para operar como tales, que se configura como reglado, pues se dispone que �sta �nicamente puede ser denegada por incumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y en las disposiciones que la desarrollen. No contempla la Ley la existencia de un �numerus clausus� de entidades, ni, a salvo de ciertas incompatibilidades manifiestas, restricciones en cuanto a la condici�n de los accionistas de las mismas, aunque s� limita la participaci�n m�xima de un accionista a la mitad del capital. Todas las Sociedades y Agencias ser�n miembros potenciales de las Bolsas, adquiriendo en ese caso la condici�n de accionistas de la sociedad rectora de una Bolsa, y nada impedir� que una misma entidad sea miembro de dos o m�s Bolsas. La Ley hace, sin embargo, una distinci�n entre las Sociedades y Agencias que acceden a la condici�n de miembros de una o m�s Bolsas, a las que queda reservada la negociaci�n de valores en las mismas, con la trascendencia que para la validez de su transmisi�n atribuye la propia Ley, y las restantes Sociedades y Agencias, que s�lo podr�n desarrollar una serie de actividades adicionales, tambi�n abiertas al primer grupo de entidades, que se recogen en el art�culo 71 de la Ley. Tal distinci�n obedece a las restricciones que la Ley impone al accionariado del primer grupo de entidades durante un per�odo transitorio, que no se justifican para las segundas. L�gicamente, finalizado el per�odo transitorio, la distinci�n entre ambos grupos de entidades tender� a perder importancia. Por �ltimo, la Ley otorga al Gobierno poderes suficientes para regular los aspectos financieros de la actividad de Sociedades y Agencias y, con objeto de salvaguardar el buen fin de las operaciones que los miembros de las Bolsas de Valores desarrollen por cuenta ajena, se constituye una fianza colectiva que se integrar� por la aportaci�n inicial y las anuales de tales miembros.
• 13. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, se establece el principio de que la negociaci�n burs�til y el ejercicio habitual de las restantes actividades relacionadas con los mercados de valores, enumeradas en el art�culo 71 de la Ley, quedan reservadas a las Sociedades y Agencias de Valores. No obstante, para no provocar una ruptura con las pr�cticas tradicionales de nuestro sistema financiero, se admite que las entidades oficiales de cr�dito, los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de cr�dito y las sociedades mediadoras del mercado de dinero puedan seguir desarrollando determinadas actividades que se citan en cada caso, con exclusi�n siempre de la negociaci�n burs�til. Algunas de estas actividades podr�n ser, asimismo, ejercidas por los Corredores de Comercio Colegiados y por las Sociedades Gestoras de Carteras. No obstante, en todos esos casos se faculta al Gobierno para establecer limitaciones a la actuaci�n directa en el mercado de valores de las entidades antes citadas, con el fin de impulsar, si se estimara necesario, la constituci�n por dichas entidades de Sociedades y Agencias de Valores en las que se centrar�a su actuaci�n en los mercados de valores. La Ley ha considerado prematuro pronunciarse por una especializaci�n forzosa de las instituciones financieras en actividades del mercado de valores, pero no excluye su posibilidad, que habr� de concretarse a la vista del desarrollo de las Sociedades y Agencias de Valores.
• 14. La Ley contiene la importante novedad de recoger unas normas m�nimas de conducta de cuantos operan con los mercados de valores, inspiradas en las recomendaciones y propuestas de Directivas de la Comunidad Econ�mica Europea y encaminadas a defender la absoluta prioridad de los intereses de los inversores sobre los de las entidades de las que se ha hecho menci�n en el n�mero anterior y a velar por la transparencia del mercado. Se sale al paso de la utilizaci�n de informaciones privilegiadas, y se establece la obligatoriedad de hacer p�blico, en forma inmediata, todo hecho o decisi�n que pueda influir sobre la cotizaci�n de los valores de un emisor.
• 15. La Ley contempla un r�gimen sancionador an�logo al previsto en la Ley de Disciplina e Intervenci�n de Entidades de Cr�dito y que, sumado a �ste, permite alcanzar el objetivo de que todas las actividades financieras queden sujetas a normas homog�neas en la materia. Quedan sometidas al r�gimen de supervisi�n, inspecci�n y sanci�n, a cargo, salvo excepciones, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, no solamente las Sociedades y Agencias de Valores, sino, asimismo, cuantas personas f�sicas y jur�dicas ejerzan las actividades relacionadas en el art�culo 71 de la Ley, los emisores de valores y las dem�s personas o entidades en la medida en que realicen actividades reguladas en la propia Ley o se relacionen con el mercado de valores. La inspecci�n del mercado de valores se llevar� a cabo directamente por la Comisi�n Nacional y las infracciones comprobadas, que se tipifican y clasifican en leves, graves y muy graves, se sancionar�n de acuerdo con lo previsto en la propia Ley, ajust�ndose al procedimiento sancionador previsto en la Ley sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito. Dada la incidencia que en este mercado tienen las entidades sometidas al control del Banco de Espa�a, se previene, en relaci�n con las mismas, un r�gimen de supervisi�n e inspecci�n coordinado entre dicha instituci�n y la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Importa, por otra parte, destacar que si la Ley pone un extraordinario �nfasis en la adecuada supervisi�n del funcionamiento de los mercados, no lo hace s�lo mediante el citado aparato institucional, sino tambi�n buscando apoyo en algo tan esencial como es la informaci�n. Son muchos los preceptos de la Ley en los que se prescribe o se posibilita la existencia de muy diversos mecanismos de recogida y difusi�n de la informaci�n (sobre los emisores, sobre valores emitidos, sobre los agentes que operan en el mercado, sobre el proceso de negociaci�n, sobre cada una de las operaciones realizadas en el mercado, etc.). Esto ha de permitir que los propios agentes del mercado, los inversores, los observadores del mercado y los medios p�blicos de informaci�n ejerzan una efectiva vigilancia, sin cuya existencia los mayores esfuerzos supervisores de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores servir�an de poco.
• 16. Con objeto de atender la propuesta de Directiva de la Comunidad Econ�mica Europea relativa a los impuestos indirectos sobre las transacciones de valores, la exenci�n prevista en el Impuesto sobre el Valor A�adido para las operaciones sujetas al mismo se hace extensiva al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados. Se ha pretendido asimismo, de acuerdo con lo previsto en la citada propuesta de Directiva, establecer medidas para tratar de salir al paso de la elusi�n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados en la transmisi�n de bienes inmuebles, mediante la interposici�n de figuras societarias. Se regula, en fin, la obligaci�n de informaci�n a la Administraci�n Tributaria de las operaciones sobre emisi�n, suscripci�n y transmisi�n, ya prevista por otros cauces en normas anteriores, pero que ahora se ve afectada por los principios de esta Ley; y se dispone la extensi�n a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores del r�gimen fiscal que la legislaci�n vigente atribuye al Banco de Espa�a.
• 17. Por v�a de las disposiciones adicionales, se reconoce la condici�n de Bolsas de Valores a las actuales Bolsas Oficiales de Comercio de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y se dispone la disoluci�n de los Colegios Oficiales de Agentes de Cambio y Bolsa, la plena integraci�n de sus miembros en el Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados, y la creaci�n, en las plazas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, de Colegios de Corredores de Comercio.
• 18. Tambi�n contemplan las disposiciones adicionales la transferencia a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores de determinadas competencias sobre las Instituciones de Inversi�n Colectiva atribuidas actualmente al Ministerio de Econom�a y Hacienda, al mismo tiempo que modifican la normativa de dichas instituciones, para acomodarla a los principios y al contenido de la presente Ley. Esta, adem�s, contempla un nuevo r�gimen de diversificaci�n de inversiones de dichas instituciones, m�s riguroso que el hoy existente, sobre todo al limitar las inversiones en empresas de un mismo grupo y obligar a la consolidaci�n de las inversiones de las instituciones pertenecientes a un mismo grupo. Paralelamente, se da una nueva orientaci�n a las denominadas �Sociedades Gestoras de Patrimonios�, en el sentido de establecer con car�cter obligatorio la inscripci�n, hasta hoy voluntaria, en el correspondiente Registro de todas las entidades que desarrollen la actividad de gesti�n de carteras y no est�n sujetas a una regulaci�n especial que las autorice a ejercer tal actividad. Su objeto social se limita a la citada actividad y se cambia su denominaci�n actual por la de �Sociedades Gestoras de Carteras�.
• 19. En fin, tambi�n a trav�s de disposiciones adicionales, se da una nueva redacci�n a aquellos art�culos del C�digo de Comercio y de la Ley de Sociedades An�nimas cuya adaptaci�n a las novedades introducidas en esta Ley se ha juzgado imprescindible.
• 20. En cuanto al r�gimen transitorio, se prev� que los Agentes de Cambio y Bolsa que no se incorporen a una Sociedad o Agencia de Valores miembros de una Bolsa podr�n adquirir esta �ltima condici�n a t�tulo individual o, alternativamente, optar por el ejercicio de la profesi�n de Corredor de Comercio Colegiado, a cuyo efecto se les otorga un derecho de preferencia a las plazas que se convoquen para los colegios de las plazas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se faculta a las Sociedades Instrumentales de Agentes Mediadores ya constituidas e inscritas en los Registros Oficiales a transformarse en Sociedades o Agencias de Valores, decret�ndose la disoluci�n de las que no se transformen. Por �ltimo, procede destacar el r�gimen transitorio de limitaci�n de la participaci�n en el capital de las Sociedades y Agencias de Valores miembros de una Bolsa de terceros que no ostentasen previamente la condici�n de Agente de Cambio y Bolsa. Esta se inicia en 1989 con una participaci�n m�xima no superior al 30 por 100 y concluye en 1992 con la liberalizaci�n total.