Sumario

Véanse los artículo 7 y 8 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 9 marzo).

Preámbulo

El Impuesto sobre Actividades Económicas se exige a partir de las cuotas de tarifa, las cuales, según determina el artículo 86 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y especifica la regla 9.ª de la Instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto, aprobada por Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, pueden ser municipales, provinciales o nacionales.

Según se desprende del artículo 92.2 de la citada Ley 39/1988, y de la regla 17.ª, 1, de la Instrucción antes mencionada, la exacción de las cuotas municipales corresponde a los ayuntamientos respectivos, sin perjuicio de la delegación que de esta facultad pueden hacer dichos ayuntamientos en otras entidades, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la misma Ley 39/1988, y de la encomienda que de tal facultad pueden, asimismo, hacer en la Administración tributaria del Estado durante los dos primeros años de aplicación del impuesto, y ello al amparo de lo establecido en la disposición transitoria undécima del mencionado texto legal.

Sin embargo, y según resulta del artículo 86.3 de la Ley 39/1988, y de la regla 17.ª, 2 y 3, de la Instrucción, la exacción de las cuotas provinciales y nacionales corresponde, en todo caso, a la Administración tributaria del Estado.

Con carácter general, el importe íntegro de la recaudación por cuotas municipales corresponde al ayuntamiento exactor, si bien existen algunos supuestos en los que, por diversas circunstancias, tal importe debe ser distribuido por ese ayuntamiento entre otros municipios afectados por las actividades cuyo ejercicio dé lugar a la exacción de las cuotas sujetas a distribución. A esos supuestos se refiere el apartado 1 de la regla 17.ª de la Instrucción, en su redacción dada por el artículo 78.2, 6.º, de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, y son, en concreto, los siguientes: en primer lugar, las cuotas correspondientes a actividades que se desarrollan en locales o instalaciones que radiquen en más de un término municipal; en segundo lugar, las cuotas correspondientes a la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares y, en tercer lugar, las cuotas correspondientes a actividades relacionadas con el tráfico portuario cuando se ejerzan en una zona portuaria que se extienda sobre más de un término municipal.

Asimismo, y según ordena la regla 17.ª, 2 y 3, en su redacción dada por el artículo 78.2, 7.º y 8.º, de la antes citada Ley 31/1991, el importe íntegro de la recaudación por cuotas provinciales y nacionales debe ser distribuido por la Administración tributaria del Estado entre todos los municipios y provincias de territorio común.

A tal fin, el presente Real Decreto establece en sus artículos 3 a 6 los términos y plazos en los que deben ser distribuidas las cuotas municipales a que se refiere el apartado 1 de la regla 17.ª de la Instrucción, y en sus artículos 7 y 8 los términos y plazos en los que deben ser distribuidas las cuotas provinciales y nacionales, respectivamente, a que se refieren los apartados 2 y 3 de la citada regla 17.ª Conviene indicar que la regulación del reparto de las cuotas municipales correspondientes a la actividad de producción de energía eléctrica en centrales hidráulicas contenida en el apartado 3 del artículo 3 antecitado es de carácter provisional, existiendo el compromiso contraído en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local de abordar en un futuro próximo la regulación definitiva de esta materia mediante un posterior Real Decreto.

Junto a ello, este Real Decreto regula, también, otras cuestiones de orden colateral a la principal de términos y plazos de distribución de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Así, los artículos 1 y 2 delimitan el objeto y ámbito de aplicación de la disposición; el artículo 9 resuelve los problemas que pueden suscitarse en los supuestos de rectificación de acuerdos de distribución de cuotas, así como la problemática referida a la devolución de ingresos indebidos objeto de distribuciones realizadas; la disposición adicional primera ratifica, en relación a esta materia, la homologación a las Diputaciones de los Consejos y Cabildos Insulares y de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, homologación ésta que con carácter general establece la disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y con carácter particular en relación a Consejos Insulares, Cabildos Insulares y ciudades de Ceuta y Melilla los artículos 138, 139 y 140, respectivamente, de la misma Ley 39/1988; la disposición adicional segunda centraliza en la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, del Ministerio de Economía y Hacienda, la infraestructura necesaria en orden a la distribución de las cuotas provinciales, y la disposición adicional tercera encomienda a ese centro directivo la ejecución material de los acuerdos de distribución de cuotas provinciales y nacionales. Por su parte, la disposición transitoria primera establece un régimen transitorio específico para la distribución de las cuotas correspondientes a las centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, debiendo reproducirse aquí lo anteriormente observado al comentar el artículo 3.3, y la disposición transitoria segunda regula los términos y plazos en los que debe distribuirse el importe de las cuotas recaudadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.

Cuestión relativamente vinculada a la de distribución de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas es la referente a la entrega que deben efectuar los Ayuntamientos a las Diputaciones provinciales del recargo provincial establecido por éstas al amparo del artículo 124 de la Ley 39/1988, y exigido por aquéllos. A tal cuestión se refieren la disposición adicional cuarta del presente Real Decreto, en la que se fijan los términos y plazos en los que debe hacerse efectiva a las Diputaciones provinciales la entrega de la recaudación obtenida por el recargo provincial, y la disposición transitoria tercera, en la que se regulan los mismos aspectos respecto de los importes recaudados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. Respecto de esta materia cabe observar que la mencionada regulación se circunscribe exclusivamente, como se ha indicado, a la fijación de términos y plazos de la entregas sin entrar en otras cuestiones que las mismas suscitan; en este sentido debe indicarse que existe un compromiso contraído en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local de abordar posteriormente y en su integridad el desarrollo reglamentario del artículo 124 antecitado.

Por último, se ha considerado oportuno y necesario desarrollar reglamentariamente en este momento el régimen de la delegación de competencias establecido por el artículo 7 de la Ley 39/1988, así como el régimen de la colaboración entre Administraciones tributarias establecido por el artículo 8 del mismo texto legal, cuestiones ambas que aborda el artículo 10 del Real Decreto, cuyo contenido consiste, esencialmente, en concretar el alcance territorial de las actuaciones que se verifiquen como consecuencia de ambos regímenes, estableciendo que la entidad que deba llevar a efecto tales actuaciones podrá verificarlo en todo su ámbito territorial, incluyendo las demarcaciones de aquellas entidades locales comprendidas en el mismo que no le hubiesen delegado estas facultades o que no hubiesen establecido con la entidad que las actúa ninguna fórmula de colaboración. De esta suerte se resuelve ciertas dudas interpretativas que se venían planteando en orden a la efectiva aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988.

En su virtud, al amparo de lo previsto en el artículo 124 y en el apartado primero de la disposición final de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en la regla 17.ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y en la disposición final de este último, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de julio de 1993,

DISPONGO:

Téngase en cuenta que el presente Real Decreto ha sido derogado por Ley 65/1997, 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998 («B.O.E.» 31 diciembre), salvo el artículo 10 y la Disposición Adicional 4.ª del mismo que continuarán vigentes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS