• 玞) Ajuste por d閒icit. Si en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 el resultado de la aplicaci髇 de esta f髍mula conduce a un incremento superior al 2,5 % en 2014, al 4,5 % en 2015, y al 5,5 % los tres a駉s sucesivos, el incremento m醲imo a aplicar ser� el que resulte de aplicar tales porcentajes, recuper醤dose a lo largo de los cinco pr髕imos ejercicios, el posible d閒icit producido, tanto durante estos ejercicios como en el de 2013, como consecuencia del incremento real que llegara a aplicarse. El d閒icit acumulado ser� capitalizado, desde el momento de su generaci髇 hasta el de su cobro efectivo, a una tasa equivalente al coste medio ponderado de capital antes de impuestos de Aena Aeropuertos, S.A.
  Si durante el periodo contemplado en el p醨rafo anterior, 2014 a 2018, la aplicaci髇 de la formula arrojara en alguna anualidad un resultado inferior a los m醲imos establecidos, podr醤 aplicarse tales m醲imos al objeto de que Aena Aeropuertos, S.A. pueda recuperar desde ese momento el d閒icit en que hubiera venido incurriendo.�

• 玪) La propuesta de modificaci髇 y actualizaci髇 de los c醤ones por utilizaci髇 de las infraestructuras ferroviarias, su determinaci髇, as� como el cobro de 閟tos y, en su caso de las tarifas por prestaci髇 de servicios adicionales, complementarios y auxiliares.�

獿a presente Secci髇 establece el marco general de los c醤ones, que permitir� al administrador de infraestructuras ferroviarias la determinaci髇 de los que resulten de aplicaci髇 en cada una de l韓eas, tramos, estaciones y otras instalaciones de la Red Ferroviaria de Inter閟 General que administre.�

�5. Asimismo, se tendr醤 en cuenta para el establecimiento de la cuant韆 de los c醤ones ferroviarios, de acuerdo con la explotaci髇 eficaz de la Red Ferroviaria de Inter閟 General, consideraciones que reflejen el grado de congesti髇 de la infraestructura y un correcto funcionamiento de la misma, el fomento de nuevos servicios de transporte ferroviario, as� como la necesidad de incentivar el uso de l韓eas infrautilizadas, garantizando, en todo caso, una competencia 髉tima entre las empresas ferroviarias.

El sistema de c醤ones deber� incentivar a las empresas ferroviarias y al propio administrador de infraestructuras ferroviarias a reducir al m韓imo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la Red Ferroviaria de Inter閟 General. Los principios b醩icos de este sistema de incentivos se aplicar醤 a toda la red. Dicho sistema podr� incluir la imposici髇 de penalizaciones por acciones que perturben el funcionamiento de la red, la concesi髇 de indemnizaciones a las empresas que las sufran y la concesi髇 de primas a los resultados mejores de lo previsto.

6. Mediante orden del Ministerio de Fomento se desarrollar醤 y actualizar醤 los principios b醩icos de aplicaci髇 de los sistemas de bonificaciones e incentivos establecidos en los apartados anteriores. En particular, en relaci髇 al sistema de incentivos para reducir las perturbaciones y mejorar el funcionamiento dicha orden establecer�, al menos:

• a) Procedimientos de c醠culo de tiempos de viaje y m醨genes de puntualidad.
• b) Clasificaci髇 de los retrasos y perturbaciones.
• c) Procedimientos de c髆puto de retrasos y de imputaci髇 de responsabilidades de la perturbaci髇.
• d) Periodos de c醠culo.
• e) Procedimientos de valoraci髇 de los retrasos y de liquidaci髇.
• f) Procedimientos de resoluci髇 de conflictos.
• g) Obligaciones de informaci髇 peri骴ica del sistema.

Asimismo, tambi閚 mediante orden del Ministerio de Fomento, se podr醤 desarrollar y completar los elementos que componen el citado marco general de los c醤ones, respetando las competencias propias del Ministerio de Fomento, seg鷑 el marco legal vigente.

Las mencionadas 髍denes habr醤 de ser previamente informadas por la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos.�

1. La propuesta de modificaci髇 o actualizaci髇 de las cuant韆s resultantes de lo establecido en los art韈ulos 74 y 75 deber� ser elaborada por el administrador de infraestructuras ferroviarias, junto con la correspondiente memoria econ髆ico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y la justificaci髇 de la cuant韆 propuesta, la cual deber� ajustarse a lo establecido en el art韈ulo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P鷅licos.

Dicha propuesta ser� sometida a consulta de las empresas ferroviarias y a informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, y establecer� los valores concretos de los par醡etros de los c醤ones, particularizando en su caso, en cada l韓ea, elemento de la red o periodos de aplicaci髇.

2. Los valores as� obtenidos se remitir醤 al Ministerio de Fomento para la comprobaci髇 de su adecuaci髇 al marco general de los c醤ones y al resto del marco legal y competencial vigente, y su inclusi髇 en los anteproyectos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.�

• 玧) El desarrollo del marco general de c醤ones y del sistema de incentivos, as� como la comprobaci髇 de que la propuesta de c醤ones elaborada por el administrador de infraestructuras ferroviarias se adecua al marco general de los c醤ones y a los objetivos y fines que se le establezcan.�

Las v韈timas de los accidentes que se produzcan en el 醡bito del transporte ferroviario de competencia estatal y sus familiares, tendr醤 derecho a una asistencia integral que garantice una adecuada atenci髇 y apoyo. El Gobierno desarrollar� reglamentariamente las medidas relativas a la asistencia por accidentes de transporte ferroviario.�

El importe autorizado en el anexo III de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, para las operaciones de cr閐ito a concertar por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en dicho a駉, queda fijado en 1.684.298,00 miles de euros.

Esta autorizaci髇 se entiende realizada en los mismos t閞minos recogidos en el anexo III de la citada Ley.

玈egunda. Periodos de cotizaci髇.

Para acreditar los per韔dos de cotizaci髇 necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilaci髇, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicar醤 las siguientes reglas:

• a) Se tendr醤 en cuenta los distintos per韔dos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duraci髇 de la jornada realizada en cada uno de ellos.
  A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicar� sobre el per韔do de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el n鷐ero de d韆s que se considerar醤 efectivamente cotizados en cada per韔do.
  Al n鷐ero de d韆s que resulten se le sumar醤, en su caso, los d韆s cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de d韆s de cotizaci髇 acreditados computables para el acceso a las prestaciones.
• b) Una vez determinado el n鷐ero de d韆s de cotizaci髇 acreditados, se proceder� a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el n鷐ero de d韆s trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de d韆s en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el c醠culo del coeficiente global de parcialidad se realizar� exclusivamente sobre los 鷏timos cinco a駉s. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calcular� sobre los 鷏timos siete a駉s o, en su caso, sobre toda la vida laboral.
• c) El per韔do m韓imo de cotizaci髇 exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones econ髆icas que lo tengan establecido, ser� el resultado de aplicar al per韔do regulado con car醕ter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestaci髇 econ髆ica, se exija que parte o la totalidad del per韔do m韓imo de cotizaci髇 exigido est� comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicar� para fijar el per韔do de cotizaci髇 exigible. El espacio temporal en el que habr� de estar comprendido el per韔do exigible ser�, en todo caso, el establecido con car醕ter general para la respectiva prestaci髇.�

• 玞) A efectos de la determinaci髇 de la cuant韆 de las pensiones de jubilaci髇 y de incapacidad permanente derivada de enfermedad com鷑, el n鷐ero de d韆s cotizados que resulten de lo establecido en el segundo p醨rafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementar� con la aplicaci髇 del coeficiente del 1,5, sin que el n鷐ero de d韆s resultante pueda ser superior al per韔do de alta a tiempo parcial.

  El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinar� conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 163 y la disposici髇 transitoria vig閟ima primera, con la siguiente excepci髇:

  • Cuando el interesado acredite un per韔do de cotizaci髇 inferior a quince a駉s, considerando la suma de los d韆s a tiempo completo con los d韆s a tiempo parcial incrementados ya estos 鷏timos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora ser� el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el per韔do de cotizaci髇 acreditado por el trabajador sobre quince a駉s.�

• 玡) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio p鷅lico de empleo competente.�

1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el art韈ulo 207 de la presente Ley deber醤 solicitar a la Entidad Gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones que nacer� a partir de que se produzca la situaci髇 legal de desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince d韆s siguientes. La solicitud requerir� la inscripci髇 como demandante de empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se deber� suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el art韈ulo 231 de esta Ley.

La inscripci髇 como demandante de empleo deber� mantenerse durante todo el per韔do de duraci髇 de la prestaci髇 como requisito necesario para la conservaci髇 de su percepci髇, suspendi閚dose el abono, en caso de incumplirse dicho requisito, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 212 de esta Ley.�

• 玣) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la b鷖queda o realizaci髇 de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperaci髇 internacional, por un per韔do continuado inferior a doce meses, siempre que la salida al extranjero est� previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de la aplicaci髇 de lo previsto sobre la exportaci髇 de las prestaciones en las normas de la Uni髇 Europea.
• g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un per韔do, continuado o no, de hasta 90 d韆s como m醲imo durante cada a駉 natural, siempre que la salida al extranjero est� previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.
  No tendr� consideraci髇 de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 d韆s naturales por una sola vez cada a駉, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 231.1.�

�3. El incumplimiento, por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de la obligaci髇 de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservaci髇 del derecho a las prestaciones, podr� dar lugar a que por la entidad gestora se adopten las medidas preventivas necesarias, mediante la suspensi髇 del abono de las citadas prestaciones, hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudar� a partir de la fecha de la comparecencia.

Asimismo, la entidad gestora suspender� el abono de las prestaciones durante los per韔dos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes de empleo en el servicio p鷅lico de empleo, y se reanudar� a partir de la fecha de la nueva inscripci髇 previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando dicha inscripci髇, salvo que proceda el mantenimiento de la suspensi髇 de la prestaci髇 o su extinci髇 por alguna de las causas previstas en 閟ta u otra norma.�

• 玝) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los p醨rafos b), c), d), e), f) y g) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensi髇, que, en su caso, esa causa constituye situaci髇 legal de desempleo, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 a駉s de edad que causen alta inicial en el R間imen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos o en el R間imen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestaci髇 por desempleo podr� reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duraci髇 inferior a sesenta meses.�

• 玤) Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensi髇 recogidos en las letras f) y g) del art韈ulo 212.1.�

�4. En todas las modalidades de subsidio establecidas en el apartado 1 se exigir� el requisito de estar inscrito y mantener la inscripci髇 como demandante de empleo en los mismos t閞minos previstos el art韈ulo 207 e) y en el art韈ulo 209.1 de esta Ley.�

• 玥) Inscribirse como demandante de empleo, mantener la inscripci髇 y cumplir las exigencias del compromiso de actividad en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.�

• 玞) Las relativas a la imposici髇 de sanciones a los trabajadores conforme a lo establecido en el art韈ulo 48.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.�

�4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios p鷅licos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deber醤 participar en las pol韙icas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserci髇, sin perjuicio de lo dispuesto en el 鷏timo p醨rafo del art韈ulo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los servicios p鷅licos de empleo competentes verificar醤 el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripci髇 del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanci髇 impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal para su ejecuci髇 por 閟te.

Los servicios p鷅licos de empleo competentes verificar醤, asimismo, el cumplimiento de la obligaci髇 de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligaci髇 al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal en el momento en que se produzcan o conozcan. Dicha comunicaci髇 podr� realizarse por medios electr髇icos y ser� documento suficiente para que el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal inicie el procedimiento sancionador que corresponda.�Art韈ulo 7 declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 19 de febrero de 2015, en cuanto a la redacci髇 que ha dado al apartado 4, p醨rafo segundo, 鷏timo inciso, del art韈ulo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.JU0005289777

�13. El incumplimiento de la obligaci髇 de comunicar a la entidad gestora de la prestaci髇 por desempleo, con car醕ter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo o de suspensi髇 o reducci髇 de jornada, en la forma y con el contenido establecido reglamentariamente, as� como la no comunicaci髇, con antelaci髇 a que se produzcan, de las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente dispuesto, en relaci髇 con la concreci髇 e individualizaci髇 por trabajador de los d韆s de suspensi髇 o reducci髇 de jornada, as� como en este 鷏timo caso, el horario de trabajo afectado por la reducci髇.�

• 玜) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios p鷅licos de empleo o las agencias de colocaci髇 cuando desarrollen actividades en el 醡bito de la colaboraci髇 con aquellos, salvo causa justificada.�

• 玠) No facilitar a los servicios p鷅licos de empleo, la informaci髇 necesaria para garantizar la recepci髇 de sus notificaciones y comunicaciones.
  Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electr髇icos se entender醤 validas a efectos de notificaciones siempre que los trabajadores hayan expresado previamente su consentimiento.�

�4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, los siguientes incumplimientos ante la entidad gestora de dichas prestaciones:

• a) No facilitar la informaci髇 necesaria para garantizar la recepci髇 de sus notificaciones y comunicaciones.
  Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electr髇icos se entender醤 validas a efectos de notificaciones siempre que los trabajadores hayan expresado previamente su consentimiento.
• b) No cumplir el requisito, exigido para la conservaci髇 de la percepci髇 de la prestaci髇, de estar inscrito como demandante de empleo en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 209.1 y 215.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo causa justificada.�

�3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensi髇 o extinci髇 del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepci髇 cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestaci髇, siempre que la conducta no est� tipificada como infracci髇 leve en el art韈ulo 24.4.b) de esta ley.�

• 玜) Las leves, con p閞dida de la pensi髇 o prestaci髇 durante un mes. En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las infracciones leves tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 24 se sancionar醤 conforme a la siguiente escala:
  • 1.� infracci髇. P閞dida de 1 mes de prestaciones.
  • 2.� infracci髇. P閞dida de 3 meses de prestaciones.
  • 3.� infracci髇. P閞dida de 6 meses de prestaciones.
  • 4.� infracci髇. Extinci髇 de prestaciones.�

• 玞) Las muy graves, con p閞dida de la pensi髇 o prestaciones durante un per韔do de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o de la prestaci髇 por cese de actividad del trabajador aut髇omo, con la extinci髇.
  Igualmente, se les podr� excluir del derecho a percibir cualquier prestaci髇 econ髆ica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un a駉, as� como del derecho a participar durante ese per韔do en formaci髇 profesional para el empleo.�

�4. La imposici髇 de las sanciones por las infracciones previstas en esta subsecci髇 se llevar� a efecto de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 48.4 y 5 de esta Ley, respetando la competencia respectiva del 髍gano sancionador y estableciendo la cooperaci髇 necesaria para la ejecuci髇 de la sanci髇 impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro 髍gano.�

�5.La imposici髇 de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores corresponde, a propuesta de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, a la entidad gestora o servicio com鷑 de la Seguridad Social competente. En el caso de infracciones cometidas por solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, la competencia corresponde a la entidad gestora de 閟tas, salvo en el supuesto de las infracciones contenidas en los art韈ulos 24.3 y 25.4 de esta Ley, en el que la imposici髇 de la sanci髇 corresponder� al servicio p鷅lico de empleo competente que comunicar� la sanci髇, en el momento en que se imponga, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para su ejecuci髇 por 閟ta.�

�2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deber� ir precedido de un per韔do de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duraci髇 no superior a quince d韆s, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que 閟te ocupe a m醩 de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un per韔do de noventa d韆s comprenda a un n鷐ero de trabajadores de, al menos:

• a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
• b) El 10 por ciento del n鷐ero de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
• c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen m醩 de trescientos trabajadores.

Dicho per韔do de consultas deber� versar sobre las causas motivadoras de la decisi髇 empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, as� como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevar� a cabo en una 鷑ica comisi髇 negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar� circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisi髇 negociadora estar� integrada por un m醲imo de trece miembros en representaci髇 de cada una de las partes.

La intervenci髇 como interlocutores ante la direcci髇 de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder� a los sujetos indicados en el art韈ulo 41.4, en el orden y condiciones se馻lados en el mismo.

La comisi髇 representativa de los trabajadores deber� quedar constituida con car醕ter previo a la comunicaci髇 empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la direcci髇 de la empresa deber� comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intenci髇 de iniciar el procedimiento. El plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa ser� de siete d韆s desde la fecha de la referida comunicaci髇, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser� de quince d韆s.

Transcurrido el plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa, la direcci髇 de la empresa podr� comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constituci髇 de la comisi髇 representativa no impedir� el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constituci髇 con posterioridad al inicio del mismo no comportar�, en ning鷑 caso, la ampliaci髇 de su duraci髇.

La apertura del per韔do de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusi髇 deber醤 ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el per韔do de consultas, las partes deber醤 negociar de buena fe, con vistas a la consecuci髇 de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir� la conformidad de la mayor韆 de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayor韆 de los miembros de la comisi髇 representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayor韆 de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalizaci髇 del per韔do de consultas el empresario notificar� a los trabajadores su decisi髇 sobre el traslado, que se regir� a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podr� reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acci髇 individual prevista en el apartado 1 de este art韈ulo. La interposici髇 del conflicto paralizar� la tramitaci髇 de las acciones individuales iniciadas, hasta su resoluci髇.

El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en el per韔do de consultas se entender� sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opci髇 prevista en el p醨rafo tercero del apartado 1 de este art韈ulo.

El empresario y la representaci髇 legal de los trabajadores podr醤 acordar en cualquier momento la sustituci髇 del per韔do de consultas a que se refiere este apartado por la aplicaci髇 del procedimiento de mediaci髇 o arbitraje que sea de aplicaci髇 en el 醡bito de la empresa, que deber� desarrollarse dentro del plazo m醲imo se馻lado para dicho per韔do.�

�4. Sin perjuicio de los procedimientos espec韋icos que puedan establecerse en la negociaci髇 colectiva, la decisi髇 de modificaci髇 sustancial de condiciones de trabajo de car醕ter colectivo deber� ir precedida de un per韔do de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duraci髇 no superior a quince d韆s, que versar� sobre las causas motivadoras de la decisi髇 empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, as� como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevar� a cabo en una 鷑ica comisi髇 negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar� circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisi髇 negociadora estar� integrada por un m醲imo de trece miembros en representaci髇 de cada una de las partes.

La intervenci髇 como interlocutores ante la direcci髇 de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder� a las secciones sindicales cuando 閟tas as� lo acuerden, siempre que tengan la representaci髇 mayoritaria en los comit閟 de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representar醤 a todos los trabajadores de los centros afectados.

En defecto de lo previsto en el p醨rafo anterior, la intervenci髇 como interlocutores se regir� por las siguientes reglas:

• a) Si el procedimiento afecta a un 鷑ico centro de trabajo, corresponder� al comit� de empresa o a los delegados de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo no exista representaci髇 legal de los trabajadores, estos podr醤 optar por atribuir su representaci髇 para la negociaci髇 del acuerdo, a su elecci髇, a una comisi髇 de un m醲imo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por 閟tos democr醫icamente o a una comisi髇 de igual n鷐ero de componentes designados, seg鷑 su representatividad, por los sindicatos m醩 representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisi髇 negociadora del convenio colectivo de aplicaci髇 a la misma.
  En el supuesto de que la negociaci髇 se realice con la comisi髇 cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podr� atribuir su representaci髇 a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas m醩 representativas a nivel auton髆ico, y con independencia de la organizaci髇 en la que est� integrado tenga car醕ter intersectorial o sectorial.
• b) Si el procedimiento afecta a m醩 de un centro de trabajo, la intervenci髇 como interlocutores corresponder�:
  • En primer lugar, al comit� intercentros, siempre que tenga atribuida esa funci髇 en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creaci髇.

  • En otro caso, a una comisi髇 representativa que se constituir� de acuerdo con las siguientes reglas:

    • 1.� Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los trabajadores, la comisi髇 estar� integrada por estos.
    • 2.� Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros no, la comisi髇 estar� integrada 鷑icamente por representantes legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten por designar la comisi髇 a que se refiere el p醨rafo a), en cuyo caso la comisi髇 representativa estar� integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones previstas en dicho p醨rafo, en proporci髇 al n鷐ero de trabajadores que representen.
      En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisi髇 del p醨rafo a), se asignar� su representaci髇 a los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporci髇 al n鷐ero de trabajadores que representen.
    • 3.� Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de los trabajadores, la comisi髇 representativa estar� integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en el p醨rafo a), en proporci髇 al n鷐ero de trabajadores que representen.

    En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicaci髇 de las reglas indicadas anteriormente el n鷐ero inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegir醤 por y entre ellos a un m醲imo de trece, en proporci髇 al n鷐ero de trabajadores que representen.

    
    La comisi髇 representativa de los trabajadores deber� quedar constituida con car醕ter previo a la comunicaci髇 empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la direcci髇 de la empresa deber� comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intenci髇 de iniciar el procedimiento de modificaci髇 sustancial de condiciones de trabajo. El plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa ser� de siete d韆s desde la fecha de la referida comunicaci髇, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser� de quince d韆s.
    Transcurrido el plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa, la direcci髇 de la empresa podr� comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constituci髇 de la comisi髇 representativa no impedir� el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constituci髇 con posterioridad al inicio del mismo no comportar�, en ning鷑 caso, la ampliaci髇 de su duraci髇.
    Durante el per韔do de consultas, las partes deber醤 negociar de buena fe, con vistas a la consecuci髇 de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir� la conformidad de la mayor韆 de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayor韆 de los miembros de la comisi髇 representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayor韆 de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
    El empresario y la representaci髇 de los trabajadores podr醤 acordar en cualquier momento la sustituci髇 del per韔do de consultas por el procedimiento de mediaci髇 o arbitraje que sea de aplicaci髇 en el 醡bito de la empresa, que deber� desarrollarse dentro del plazo m醲imo se馻lado para dicho per韔do.
    Cuando el per韔do de consultas finalice con acuerdo se presumir� que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podr� ser impugnado ante la jurisdicci髇 competente por la existencia de fraude, dolo, coacci髇 o abuso de derecho en su conclusi髇. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opci髇 prevista en el p醨rafo segundo del apartado 3 de este art韈ulo.�

�1. El empresario podr� suspender el contrato de trabajo por causas econ髆icas, t閏nicas, organizativas o de producci髇, con arreglo a lo previsto en este art韈ulo y al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Se entiende que concurren causas econ髆icas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situaci髇 econ髆ica negativa, en casos tales como la existencia de p閞didas actuales o previstas, o la disminuci髇 persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entender� que la disminuci髇 es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del a駉 anterior.

Se entiende que concurren causas t閏nicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 醡bito de los medios o instrumentos de producci髇; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 醡bito de los sistemas y m閠odos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producci髇 y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

El procedimiento, que ser� aplicable cualquiera que sea el n鷐ero de trabajadores de la empresa y del n鷐ero de afectados por la suspensi髇, se iniciar� mediante comunicaci髇 a la autoridad laboral competente y la apertura simult醤ea de un per韔do de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duraci髇 no superior a quince d韆s.

La consulta se llevar� a cabo en una 鷑ica comisi髇 negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar� circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisi髇 negociadora estar� integrada por un m醲imo de trece miembros en representaci髇 de cada una de las partes.

La intervenci髇 como interlocutores ante la direcci髇 de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder� a los sujetos indicados en el art韈ulo 41.4, en el orden y condiciones se馻lados en el mismo.

La comisi髇 representativa de los trabajadores deber� quedar constituida con car醕ter previo a la comunicaci髇 empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la direcci髇 de la empresa deber� comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intenci髇 de iniciar el procedimiento. El plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa ser� de siete d韆s desde la fecha de la referida comunicaci髇, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser� de quince d韆s.

Transcurrido el plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa, la direcci髇 de la empresa podr� comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constituci髇 de la comisi髇 representativa no impedir� el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constituci髇 con posterioridad al inicio del mismo no comportar�, en ning鷑 caso, la ampliaci髇 de su duraci髇.

La autoridad laboral dar� traslado de la comunicaci髇 empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabar� informe preceptivo de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicaci髇 y sobre el desarrollo del per韔do de consultas. El informe deber� ser evacuado en el improrrogable plazo de quince d韆s desde la notificaci髇 a la autoridad laboral de la finalizaci髇 del per韔do de consultas y quedar� incorporado al procedimiento.

Cuando el per韔do de consultas finalice con acuerdo se presumir� que concurren las causas justificativas a que alude el p醨rafo primero y solo podr� ser impugnado ante la jurisdicci髇 competente por la existencia de fraude, dolo, coacci髇 o abuso de derecho en su conclusi髇.

Durante el per韔do de consultas, las partes deber醤 negociar de buena fe, con vistas a la consecuci髇 de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir� la conformidad de la mayor韆 de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayor韆 de los miembros de la comisi髇 representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayor韆 de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representaci髇 de los trabajadores podr醤 acordar en cualquier momento la sustituci髇 del per韔do de consultas por el procedimiento de mediaci髇 o arbitraje que sea de aplicaci髇 en el 醡bito de la empresa, que deber� desarrollarse dentro del plazo m醲imo se馻lado para dicho per韔do.

Tras la finalizaci髇 del per韔do de consultas el empresario notificar� a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisi髇 sobre la suspensi髇 de contratos, que surtir� efectos a partir de la fecha de su comunicaci髇 a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. La autoridad laboral comunicar� la decisi髇 empresarial a la entidad gestora de la prestaci髇 de desempleo.

Si en el plazo de quince d韆s desde la fecha de la 鷏tima reuni髇 celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisi髇 sobre la suspensi髇 de contratos, se producir� la caducidad del procedimiento en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan.

La decisi髇 empresarial podr� ser impugnada por la autoridad laboral a petici髇 de la entidad gestora de la prestaci髇 por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtenci髇 indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situaci髇 legal de desempleo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podr� reclamar el trabajador ante la jurisdicci髇 social que declarar� la medida justificada o injustificada. En este 鷏timo caso, la sentencia declarar� la inmediata reanudaci髇 del contrato de trabajo y condenar� al empresario al pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta la fecha de la reanudaci髇 del contrato o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por desempleo durante el per韔do de suspensi髇, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por el empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas. Cuando la decisi髇 empresarial afecte a un n鷐ero de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el art韈ulo 51.1 de esta Ley se podr� reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acci髇 individual. La interposici髇 del conflicto colectivo paralizar� la tramitaci髇 de las acciones individuales iniciadas, hasta su resoluci髇.�

�2. El despido colectivo deber� ir precedido de un per韔do de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duraci髇 no superior a treinta d韆s naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La consulta con los representantes legales de los trabajadores deber� versar, como m韓imo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompa馻miento, tales como medidas de recolocaci髇 o acciones de formaci髇 o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. La consulta se llevar� a cabo en una 鷑ica comisi髇 negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar� circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisi髇 negociadora estar� integrada por un m醲imo de trece miembros en representaci髇 de cada una de las partes.

La intervenci髇 como interlocutores ante la direcci髇 de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder� a los sujetos indicados en el art韈ulo 41.4, en el orden y condiciones se馻lados en el mismo.

La comisi髇 representativa de los trabajadores deber� quedar constituida con car醕ter previo a la comunicaci髇 empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la direcci髇 de la empresa deber� comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intenci髇 de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa ser� de siete d韆s desde la fecha de la referida comunicaci髇, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo ser� de quince d韆s.

Transcurrido el plazo m醲imo para la constituci髇 de la comisi髇 representativa, la direcci髇 de la empresa podr� comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constituci髇 de la comisi髇 representativa no impedir� el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constituci髇 con posterioridad al inicio del mismo no comportar�, en ning鷑 caso, la ampliaci髇 de su duraci髇.

La comunicaci髇 de la apertura del per韔do de consultas se realizar� mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se har� llegar a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignar醤 los siguientes extremos:

• a) La especificaci髇 de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1.
• b) N鷐ero y clasificaci髇 profesional de los trabajadores afectados por el despido.
• c) N鷐ero y clasificaci髇 profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 鷏timo a駉.
• d) Per韔do previsto para la realizaci髇 de los despidos.
• e) Criterios tenidos en cuenta para la designaci髇 de los trabajadores afectados por los despidos.
• f) Copia de la comunicaci髇 dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la direcci髇 de la empresa de su intenci髇 de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
• g) Representantes de los trabajadores que integrar醤 la comisi髇 negociadora o, en su caso, indicaci髇 de la falta de constituci髇 de 閟ta en los plazos legales.

La comunicaci髇 a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deber� ir acompa馻da de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos se馻lados en el p醨rafo anterior, as� como de la documentaci髇 contable y fiscal y los informes t閏nicos, todo ello en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan.

Recibida la comunicaci髇, la autoridad laboral dar� traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabar�, con car醕ter preceptivo, informe de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicaci髇 a que se refiere los p醨rafos anteriores y sobre el desarrollo del per韔do de consultas. El informe deber� ser evacuado en el improrrogable plazo de quince d韆s desde la notificaci髇 a la autoridad laboral de la finalizaci髇 del per韔do de consultas y quedar� incorporado al procedimiento.

Durante el per韔do de consultas, las partes deber醤 negociar de buena fe, con vistas a la consecuci髇 de un acuerdo.

Dicho acuerdo requerir� la conformidad de la mayor韆 de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayor韆 de los miembros de la comisi髇 representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayor韆 de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representaci髇 de los trabajadores podr醤 acordar en cualquier momento la sustituci髇 del per韔do de consultas por el procedimiento de mediaci髇 o arbitraje que sea de aplicaci髇 en el 醡bito de la empresa, que deber� desarrollarse dentro del plazo m醲imo se馻lado para dicho per韔do.

La autoridad laboral velar� por la efectividad del per韔do de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondr醤, en ning鷑 caso, la paralizaci髇 ni la suspensi髇 del procedimiento. Igualmente y sin perjuicio de lo establecido en el p醨rafo anterior, la autoridad laboral podr� realizar durante el per韔do de consultas, a petici髇 conjunta de las partes, las actuaciones de mediaci髇 que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo. Con la misma finalidad tambi閚 podr� realizar funciones de asistencia a petici髇 de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.

Transcurrido el per韔do de consultas el empresario comunicar� a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladar� copia 韓tegra del mismo. En caso contrario, remitir� a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisi髇 final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.

Si en el plazo de quince d韆s desde la fecha de la 鷏tima reuni髇 celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisi髇 sobre el despido colectivo, se producir� la caducidad del procedimiento de despido colectivo en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan.�

�4. Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisi髇 a los representantes de los trabajadores, el empresario podr� notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deber� realizar conforme a lo establecido en el art韈ulo 53.1 de esta Ley. En todo caso, deber醤 haber transcurrido como m韓imo treinta d韆s entre la fecha de la comunicaci髇 de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.�

�3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su 醡bito de aplicaci髇 y durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas econ髆icas, t閏nicas, organizativas o de producci髇, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el art韈ulo 87.1, se podr� proceder, previo desarrollo de un per韔do de consultas en los t閞minos del art韈ulo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:

• a) Jornada de trabajo.
• b) Horario y la distribuci髇 del tiempo de trabajo.
• c) R間imen de trabajo a turnos.
• d) Sistema de remuneraci髇 y cuant韆 salarial.
• e) Sistema de trabajo y rendimiento.
• f) Funciones, cuando excedan de los l韒ites que para la movilidad funcional prev� el art韈ulo 39 de esta Ley.
• g) Mejoras voluntarias de la acci髇 protectora de la Seguridad Social.

Se entiende que concurren causas econ髆icas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situaci髇 econ髆ica negativa, en casos tales como la existencia de p閞didas actuales o previstas, o la disminuci髇 persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entender� que la disminuci髇 es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del a駉 anterior.

Se entiende que concurren causas t閏nicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 醡bito de los medios o instrumentos de producci髇; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 醡bito de los sistemas y m閠odos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producci髇, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

La intervenci髇 como interlocutores ante la direcci髇 de la empresa en el procedimiento de consultas corresponder� a los sujetos indicados en el art韈ulo 41.4, en el orden y condiciones se馻lados en el mismo.

Cuando el per韔do de consultas finalice con acuerdo se presumir� que concurren las causas justificativas a que alude el p醨rafo segundo, y s髄o podr� ser impugnado ante la jurisdicci髇 social por la existencia de fraude, dolo, coacci髇 o abuso de derecho en su conclusi髇. El acuerdo deber� determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duraci髇, que no podr� prolongarse m醩 all� del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicaci髇 no podr� dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminaci髇 de las discriminaciones por razones de g閚ero o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deber� ser notificado a la comisi髇 paritaria del convenio colectivo.

En caso de desacuerdo durante el per韔do de consultas cualquiera de las partes podr� someter la discrepancia a la comisi髇 del convenio, que dispondr� de un plazo m醲imo de siete d韆s para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervenci髇 de la comisi髇 o 閟ta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deber醤 recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de 醡bito estatal o auton髆ico, previstos en el art韈ulo 83 de la presente ley, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociaci髇 de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendr� la misma eficacia que los acuerdos en per韔do de consultas y s髄o ser� recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el art韈ulo 91.

Cuando el per韔do de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el p醨rafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podr� someter la soluci髇 de la misma a la Comisi髇 Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicaci髇 de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de m醩 de una comunidad aut髇oma, o a los 髍ganos correspondientes de las comunidades aut髇omas en los dem醩 casos. La decisi髇 de estos 髍ganos, que podr� ser adoptada en su propio seno o por un 醨bitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garant韆s para asegurar su imparcialidad, habr� de dictarse en plazo no superior a veinticinco d韆s a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos 髍ganos. Tal decisi髇 tendr� la eficacia de los acuerdos alcanzados en per韔do de consultas y s髄o ser� recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el art韈ulo 91.

El resultado de los procedimientos a que se refieren los p醨rafos anteriores que haya finalizado con la inaplicaci髇 de condiciones de trabajo deber� ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de dep髎ito.�

�3. Cuando la decisi髇 extintiva no se haya impugnado por los sujetos a los que se refiere el apartado 1 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el art韈ulo 148.b) de esta Ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d韆s para el ejercicio de la acci髇 por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte d韆s desde la finalizaci髇 del plazo anterior, podr� interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisi髇 extintiva. Estar醤 legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendr� naturaleza declarativa y producir� efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los t閞minos del apartado 5 del art韈ulo 160 de esta ley.

La presentaci髇 de la demanda por el empresario suspender� el plazo de caducidad de la acci髇 individual del despido.�

�6. La demanda deber� presentarse en el plazo de caducidad de veinte d韆s desde la fecha del acuerdo alcanzado en el per韔do de consultas o de la notificaci髇 a los representantes de los trabajadores de la decisi髇 empresarial de despido colectivo.�

�11. La sentencia se dictar� dentro de los cinco d韆s siguientes a la celebraci髇 del juicio y ser� recurrible en casaci髇 ordinaria.

Se declarar� ajustada a derecho la decisi髇 extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los art韈ulos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

La sentencia declarar� no ajustada a Derecho la decisi髇 extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci髇 extintiva.

La sentencia declarar� nula la decisi髇 extintiva 鷑icamente cuando el empresario no haya realizado el per韔do de consultas o entregado la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art韈ulo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorizaci髇 judicial del juez del concurso en los supuestos en que est� legalmente prevista, as� como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneraci髇 de derechos fundamentales y libertades p鷅licas. En este supuesto la sentencia declarar� el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci髇 a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 123 de esta Ley.�

�13. El trabajador individualmente afectado por el despido podr� impugnar el mismo a trav閟 del procedimiento previsto en los art韈ulos 120 a 123 de esta Ley, con las especialidades que a continuaci髇 se se馻lan.

• a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a trav閟 del procedimiento regulado en los apartados anteriores, ser醤 de aplicaci髇 al proceso individual de despido las siguientes reglas espec韋icas:
  • 1.�) El plazo para la impugnaci髇 individual dar� comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte d韆s para el ejercicio de la acci髇 por los representantes de los trabajadores.
  • 2.�) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, 閟tos tambi閚 deber醤 ser demandados.
  • 3.�) El despido ser� nulo, adem醩 de por los motivos recogidos en el art韈ulo 122.2 de esta Ley, 鷑icamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art韈ulo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorizaci髇 judicial del juez del concurso, en los supuestos en que est� legalmente prevista.
  • 4.�) Tambi閚 ser� nula la extinci髇 del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar� a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
• b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a trav閟 del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este art韈ulo, ser醤 de aplicaci髇 las siguientes reglas:
  • 1.�) El plazo de caducidad para la impugnaci髇 individual comenzar� a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliaci髇 judicial.
  • 2.�) La sentencia firme o el acuerdo de conciliaci髇 judicial tendr醤 eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedar� limitado a aquellas cuestiones de car醕ter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a trav閟 del proceso regulado en los apartados anteriores.
  • 3.�) Ser� nula la extinci髇 del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectar� a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.�

�2. La modalidad de ejecuci髇 de sentencias firmes regulada en este art韈ulo ser� aplicable a los restantes t韙ulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensi髇 de condena y susceptibles de ejecuci髇 individual en los t閞minos del apartado 3 del art韈ulo 160, as� como a las sentencias firmes u otros t韙ulos ejecutivos sobre movilidad geogr醘ica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensi髇 del contrato o reducci髇 de jornada por causas econ髆icas, t閏nicas, organizativas o de producci髇, de car醕ter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisi髇 empresarial colectiva haya sido declarada nula.�

• 玣) No subcontratar con terceros la realizaci髇 de la actividad objeto de la autorizaci髇 concedida, salvo que se trate de otras agencias de colocaci髇 autorizadas.�

獵uando se produzca una causa de suspensi髇 o extinci髇 del derecho a la prestaci髇 o subsidio por desempleo, el trabajador estar� obligado a entregar en la correspondiente Oficina de Empleo la documentaci髇 acreditativa de dicha causa. Cuando la causa de suspensi髇 correspondiese a la realizaci髇 de trabajos incompatibles con este derecho, tal circunstancia deber� comunicarse con car醕ter previo al inicio de la prestaci髇 de servicios.�

�1. Cualquiera que sea la causa alegada para los despidos colectivos, la comunicaci髇 de inicio del periodo de consultas contendr� los siguientes extremos:

• a) La especificaci髇 de las causas del despido colectivo, conforme a lo establecido en el art韈ulo 1.
• b) N鷐ero y clasificaci髇 profesional de los trabajadores afectados por el despido. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a m醩 de un centro de trabajo, esta informaci髇 deber� estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Aut髇oma.
• c) N鷐ero y clasificaci髇 profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 鷏timo a駉. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a m醩 de un centro de trabajo, esta informaci髇 deber� estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Aut髇oma.
• d) Periodo previsto para la realizaci髇 de los despidos.
• e) Criterios tenidos en cuenta para la designaci髇 de los trabajadores afectados por los despidos.
• f) Copia de la comunicaci髇 dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la direcci髇 de la empresa de su intenci髇 de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
• g) Representantes de los trabajadores que integrar醤 la comisi髇 negociadora o, en su caso, indicaci髇 de la falta de constituci髇 de 閟ta en los plazos legales.�

�5. Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de empresas, con obligaci髇 de formular cuentas consolidadas cuya sociedad dominante tenga su domicilio en Espa馻, deber醤 acompa馻rse las cuentas anuales e informe de gesti髇 consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditor韆s, durante el periodo se馻lado en el apartado 2, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligaci髇 de formular cuentas consolidadas, adem醩 de la documentaci髇 econ髆ica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha hecho referencia, deber醤 acompa馻rse las de las dem醩 empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditor韆s, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en Espa馻, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento.�

�1. El empresario har� llegar a la autoridad laboral, preferiblemente en soporte inform醫ico, simult醤eamente a la comunicaci髇 remitida a los representantes legales de los trabajadores, copia del escrito a que se refiere el art韈ulo 2, as� como la documentaci髇 se馻lada en el art韈ulo 3 y en los art韈ulos 4 y 5, seg鷑 las causas del despido. Adem醩, deber� acompa馻r copia del escrito de solicitud de informe a los representantes legales de los trabajadores a que se refiere el art韈ulo 3.3.

2. Asimismo deber� remitir la informaci髇 sobre la composici髇 de las diferentes representaciones de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin representaci髇 unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribuci髇 de la representaci髇 a la comisi髇 mencionada en el art韈ulo 27.�

�2. La comunicaci髇 de la apertura del periodo de consultas contendr� los siguientes extremos:

• a) La especificaci髇 de las causas que motivan la suspensi髇 de contratos o la reducci髇 de jornada.
• b) N鷐ero y clasificaci髇 profesional de los trabajadores afectados por las medidas de suspensi髇 de contratos o reducci髇 de jornada. Cuando el procedimiento afecte a m醩 de un centro de trabajo, esta informaci髇 deber� estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Aut髇oma.
• c) N鷐ero y clasificaci髇 profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 鷏timo a駉. Cuando el procedimiento de suspensi髇 de contratos o reducci髇 de jornada afecte a m醩 de un centro de trabajo, esta informaci髇 deber� estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Aut髇oma.
• d) Concreci髇 y detalle de las medidas de suspensi髇 de contratos o reducci髇 de jornada.
• e) Criterios tenidos en cuenta para la designaci髇 de los trabajadores afectados por las medidas de suspensi髇 de contratos o reducci髇 de jornada.
• f) Copia de la comunicaci髇 dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la direcci髇 de la empresa de su intenci髇 de iniciar el procedimiento de suspensi髇 de contratos o reducci髇 de jornada.
• g) Representantes de los trabajadores que integrar醤 la comisi髇 negociadora o, en su caso, indicaci髇 de la falta de constituci髇 de 閟ta en los plazos legales.�

�1. El empresario har� llegar a la autoridad laboral simult醤eamente a su entrega a los representantes legales de los trabajadores, copia de la comunicaci髇 a que se refiere el art韈ulo 17, as� como la documentaci髇 se馻lada en el art韈ulo 18.

2. Asimismo deber� remitir la informaci髇 sobre la composici髇 de las diferentes representaciones de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin representaci髇 unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribuci髇 de la representaci髇 a la comisi髇 mencionada en el art韈ulo 27.�

獷star醤 legitimados para intervenir como interlocutores ante la direcci髇 de la empresa en el procedimiento de consultas a que se refiere este Reglamento los sujetos indicados en el art韈ulo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones se馻lados en el mismo.�

�1. La consulta se llevar� a cabo en una 鷑ica comisi髇 negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedar� circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisi髇 negociadora estar� integrada por un m醲imo de trece miembros en representaci髇 de cada una de las partes.

2. La comisi髇 negociadora de los procedimientos en representaci髇 de los trabajadores deber醤 establecer en su acta de constituci髇 que se constituyen como 髍gano colegiado en cuanto a la formaci髇 de su voluntad y el car醕ter vinculante de sus decisiones.�

�1. Los acuerdos en el periodo de consultas requerir醤 la conformidad de la mayor韆 de los miembros de la comisi髇 negociadora que, en su conjunto, representen a la mayor韆 de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados, para lo cual, se considerar� el porcentaje de representaci髇 que tenga, en cada caso, cada uno de sus integrantes.

S髄o se considerar� acuerdo colectivo en el periodo de consultas aquel que haya sido adoptado por los sujetos a que se refiere el art韈ulo 26.

2. El empresario y la representaci髇 de los trabajadores podr醤 acordar, en cualquier momento del periodo de consultas, la sustituci髇 del mismo por los procedimientos de mediaci髇 o de arbitraje que sean de aplicaci髇 en el 醡bito de la empresa, en particular los regulados en los acuerdos sobre soluci髇 extrajudicial de conflictos laborales de nivel estatal o de nivel auton髆ico.

En todo caso, el procedimiento de mediaci髇 o arbitraje deber� desarrollarse dentro del plazo m醲imo de duraci髇 establecido para la consulta con los representantes de los trabajadores.�

獶isposici髇 transitoria cuadrag閟imo segunda Aplicaci髇 de la Decisi髇 de la Comisi髇 Europea de 17 de julio de 2013, relativa al r間imen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero

De acuerdo con lo establecido en los art韈ulos 1 y 3 de la Decisi髇 de la Comisi髇 Europea de 17 de julio de 2013, relativa al r間imen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, las autorizaciones administrativas concedidas entre el 30 de abril de 2007 y el 29 de junio de 2011, en relaci髇 con el apartado 11 del art韈ulo 115 de esta Ley seg鷑 redacci髇 vigente a 31 de diciembre de 2012, y con el r間imen fiscal especial de entidades navieras en funci髇 del tonelaje, a favor de agrupaciones de inter閟 econ髆ico, reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de inter閟 econ髆ico, tendr醤 las siguientes especialidades:

• a) Lo dispuesto en el apartado 11 del art韈ulo 115 de esta Ley, seg鷑 redacci髇 vigente a 31 de diciembre de 2012, no resultar� de aplicaci髇 en la medida en que constituya ayuda de Estado incompatible en los t閞minos previstos por la referida Decisi髇.
• b) No resultar� de aplicaci髇 el r間imen fiscal especial de entidades navieras en funci髇 del tonelaje a las agrupaciones de inter閟 econ髆ico, en la medida en que constituya ayuda de Estado incompatible en los t閞minos previstos por la referida Decisi髇.�

�3. Las Entidades Locales a las que se hubieran aplicado las fases anteriores de este mecanismo deber醤, con fecha l韒ite 15 de septiembre de 2013, estar al corriente de sus obligaciones de pago con el Fondo para la Financiaci髇 de los Pagos a Proveedores para poder formalizar una nueva operaci髇 de endeudamiento con el mencionado Fondo de conformidad con lo previsto en este real decreto-ley.

Las Entidades Locales que no cumplieran con el requisito previsto en el p醨rafo anterior en la fecha mencionada, podr醤 acogerse a esta fase del mecanismo de pago a proveedores 鷑icamente si con fecha l韒ite el 30 de septiembre de 2013 han presentado la solicitud a la que se refiere el art韈ulo 32.�

1. Se podr醤 incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago con los proveedores siempre que sean vencidas, l韖uidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013 y, est閚 contabilizadas de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 11.

2. Adem醩 de las relaciones jur韉icas previstas en el art韈ulo 3, se incluir醤 las transferencias de las Comunidades Aut髇omas a Entidades Locales hasta el l韒ite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Aut髇oma a 31 diciembre de 2012, a las citadas Entidades, y siempre que la Entidad Local tenga obligaciones pendientes de pago que haya debido incluir en esta nueva fase del mecanismo.

3. No obstante, una vez determinada la cuant韆 final de la deuda de esta fase del mecanismo de financiaci髇 para el pago a los proveedores de las Comunidades Aut髇omas y Entidades Locales, se podr醤 incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago de los consejos comarcales con sus proveedores siempre que sean vencidas, l韖uidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013, est閚 contabilizadas de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 11, y deriven de alguna de las relaciones jur韉icas previstas en el art韈ulo 3 hasta el l韒ite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Aut髇oma al consejo comarcal a 31 diciembre de 2012.

Para superar el l韒ite previsto en el p醨rafo anterior, ser� necesario que la Comunidad Aut髇oma recabe el consentimiento del consejo comarcal y acuerde con 閘 un plan de ajuste con medidas espec韋icas y cuantificadas con un calendario de aplicaci髇 que garanticen el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas por la Comunidad Aut髇oma. Este plan de ajuste formar� parte a su vez del plan de ajuste que la Comunidad Aut髇oma remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

Mediante Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos se establecer醤 los plazos y el procedimiento para que las obligaciones pendientes de pago de los consejos comarcales puedan ser atendidas con cargo a este mecanismo de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley.�