Ley Org醤ica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燫eferencias en las normas de fecha anterior
  • Disposici髇 adicional segunda燛laboraci髇 del escalaf髇 del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia
  • Disposici髇 adicional tercera燩ruebas de especializaci髇
  • Disposici髇 adicional cuarta燯so obligatorio de las nuevas tecnolog韆s
  • Disposici髇 adicional quinta燩ensi髇 de jubilaci髇
  • Disposici髇 adicional sexta燩r髍roga de servicio activo de Fiscales y Letrados de la Administraci髇 de Justicia
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燦ormativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados
  • Disposici髇 transitoria segunda燫間imen del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo
  • Disposici髇 transitoria tercera燤agistrados y Fiscales em閞itos
  • Disposici髇 transitoria cuarta燬ecretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores
  • Disposici髇 transitoria quinta燩lanes anuales de suplencias y sustituciones
  • Disposici髇 transitoria sexta營nstitutos de Medicina Legal
  • Disposici髇 transitoria s閜tima燚ilaci髇 del requisito de especialidad en Medicina Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de M閐icos Forenses
  • Disposici髇 transitoria octava燩ensi髇 de jubilaci髇
  • Disposici髇 transitoria novena燩lazo de solicitud para la prolongaci髇 de la permanencia en el servicio activo
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci髇 y de Planta Judicial
  • Disposici髇 final segunda燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar
  • Disposici髇 final tercera燤odificaci髇 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa
  • Disposici髇 final cuarta燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final quinta燚isposiciones con car醕ter de ley ordinaria y t韙ulo competencial
  • Disposici髇 final sexta燦ormativa militar
  • Disposici髇 final s閜tima燦ormativa procesal
  • Disposici髇 final octava燛statuto b醩ico de los Letrados del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo
  • Disposici髇 final novena燚esarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final d閏ima燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

La Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 3, que queda redactado como sigue:

  �2. Los 髍ganos de la jurisdicci髇 militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organizaci髇 y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el 醡bito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaraci髇 del estado de sitio, de acuerdo con la Constituci髇 y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.�

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• Dos. Se a馻de un nuevo art韈ulo 4 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 4 bis

  1. Los Jueces y Tribunales aplicar醤 el Derecho de la Uni髇 Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea.

  2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuesti髇 prejudicial europea lo har醤 de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.�

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• Tres. Se a馻de un nuevo art韈ulo 5 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 5 bis

  Se podr� interponer recurso de revisi髇 ante el Tribunal Supremo contra una resoluci髇 judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci髇 ha sido dictada en violaci髇 de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci髇, por su naturaleza y gravedad, entra馿 efectos que persistan y no puedan cesar de ning鷑 otro modo que no sea mediante esta revisi髇.�

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• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 21, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 21

  1. Los Tribunales civiles espa駉les conocer醤 de las pretensiones que se susciten en territorio espa駉l con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espa馻 sea parte, en las normas de la Uni髇 Europea y en las leyes espa駉las.

  2. No obstante, no conocer醤 de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicci髇 o de ejecuci髇 de conformidad con las normas del Derecho Internacional P鷅lico.�

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• Cinco. Se modifica el art韈ulo 22, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22

  Con car醕ter exclusivo, los Tribunales espa駉les ser醤 competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

  • a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en Espa馻. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo m醲imo de seis meses consecutivos, ser醤 igualmente competentes los 髍ganos jurisdiccionales espa駉les si el demandado estuviera domiciliado en Espa馻, siempre que el arrendatario sea una persona f韘ica y que 閟te y el propietario est閚 domiciliados en el mismo Estado.
  • b) Constituci髇, validez, nulidad o disoluci髇 de sociedades o personas jur韉icas que tengan su domicilio en territorio espa駉l, as� como respecto de los acuerdos y decisiones de sus 髍ganos.
  • c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro espa駉l.
  • d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, dise駉s o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a dep髎ito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en Espa馻 el dep髎ito o el registro.
  • e) Reconocimiento y ejecuci髇 en territorio espa駉l de sentencias y dem醩 resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediaci髇 dictados en el extranjero.�
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• Seis. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 bis

  1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales espa駉les ser醤 competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o t醕itamente a ellos. No surtir醤 efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales espa駉les ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los art韈ulos 22 qu醫er, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los 髍ganos judiciales espa駉les exclusivamente competentes conforme lo establecido en el art韈ulo 22, en cuyo caso se estar� a lo establecido en dichos preceptos.

  La sumisi髇 a los Tribunales espa駉les en las materias contempladas en las letras d) y e) del art韈ulo 22 quinquies s髄o ser� v醠ida si se fundamenta en un acuerdo de sumisi髇 posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en Espa馻 en el momento de celebraci髇 del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.

  2. Se entender� por acuerdo de sumisi髇 expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales espa駉les el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci髇 jur韉ica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisi髇 expresa se extender� a la propia validez del acuerdo de sumisi髇.

  El acuerdo de sumisi髇 expresa deber� constar por escrito, en una cl醬sula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmaci髇 escrita, as� como en alguna forma que se ajuste a los h醔itos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entender� que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisi髇 efectuada por medios electr髇icos que proporcione un registro duradero.

  Se considerar� igualmente que hay acuerdo escrito cuando est� consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestaci髇 dentro del proceso iniciado en Espa馻, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra.

  3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, ser醤 competentes los Tribunales espa駉les cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no ser� de aplicaci髇 si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.�

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• Siete. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 ter, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 ter

  1. En materias distintas a las contempladas en los art韈ulos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisi髇 a los Tribunales espa駉les de conformidad con el art韈ulo 22 bis, 閟tos resultar醤 competentes cuando el demandado tenga su domicilio en Espa馻 o cuando as� venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los art韈ulos 22 qu醫er y 22 quinquies.

  2. Se entender�, a los efectos de este art韈ulo, que una persona f韘ica est� domiciliada en Espa馻 cuando tenga en ella su residencia habitual.

  Se entender� que una persona jur韉ica est� domiciliada en Espa馻 cuando radique en ella su sede social, su centro de administraci髇 o administraci髇 central o su centro de actividad principal.

  3. En caso de pluralidad de demandados, ser醤 competentes los Tribunales espa駉les cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en Espa馻, siempre que se ejercite una sola acci髇 o varias entre las que exista un nexo por raz髇 del t韙ulo o causa de pedir que aconsejen su acumulaci髇.

  4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo podr� ser excluida mediante un acuerdo de elecci髇 de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspender醤 el procedimiento y s髄o podr醤 conocer de la pretensi髇 deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.

  5. No tendr� efecto la exclusi髇 de la competencia de los Tribunales espa駉les en aquellas materias en que no cabe sumisi髇 a ellos.�

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• Ocho. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 qu醫er, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 qu醫er

  En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales espa駉les ser醤 competentes:

  • a) En materia de declaraci髇 de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su 鷏timo domicilio en territorio espa駉l o tuviera nacionalidad espa駉la.
  • b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protecci髇 de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en Espa馻.
  • c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre c髇yuges, nulidad matrimonial, separaci髇 y divorcio y sus modificaciones, siempre que ning鷑 otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos c髇yuges posean residencia habitual en Espa馻 al tiempo de la interposici髇 de la demanda o cuando hayan tenido en Espa馻 su 鷏tima residencia habitual y uno de ellos resida all�, o cuando Espa馻 sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en Espa馻 resida uno de los c髇yuges, o cuando el demandante lleve al menos un a駉 de residencia habitual en Espa馻 desde la interposici髇 de la demanda, o cuando el demandante sea espa駉l y tenga su residencia habitual en Espa馻 al menos seis meses antes de la interposici髇 de la demanda, as� como cuando ambos c髇yuges tengan nacionalidad espa駉la.
  • d) En materia de filiaci髇 y de relaciones paterno-filiales, protecci髇 de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en Espa馻 al tiempo de la interposici髇 de la demanda o el demandante sea espa駉l o resida habitualmente en Espa馻 o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentaci髇 de la demanda.
  • e) En materia de adopci髇, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopci髇 internacional.
  • f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en Espa馻 o, si la pretensi髇 de alimentos se formula como accesoria a una cuesti髇 sobre el estado civil o de una acci髇 de responsabilidad parental, cuando los Tribunales espa駉les fuesen competentes para conocer de esta 鷏tima acci髇.
  • g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su 鷏tima residencia habitual en Espa馻 o cuando los bienes se encuentren en Espa馻 y el causante fuera espa駉l en el momento del fallecimiento. Tambi閚 ser醤 competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales espa駉les, siempre que fuera aplicable la ley espa駉la a la sucesi髇. Cuando ninguna jurisdicci髇 extranjera sea competente, los Tribunales espa駉les lo ser醤 respecto de los bienes de la sucesi髇 que se encuentren en Espa馻.�
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• Nueve. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 quinquies

  Asimismo, en defecto de sumisi髇 expresa o t醕ita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en Espa馻, los Tribunales espa駉les ser醤 competentes:

  • a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligaci髇 objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en Espa馻.
  • b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho da駉so se haya producido en territorio espa駉l.
  • c) En las acciones relativas a la explotaci髇 de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando 閟te se encuentre en territorio espa駉l.
  • d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podr醤 litigar en Espa馻 si tienen su residencia habitual en territorio espa駉l o si lo tuviera la otra parte contratante; esta 鷏tima solo podr� litigar en Espa馻 si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio espa駉l.
  • e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en Espa馻; tambi閚 podr� el asegurador ser demandado ante los Tribunales espa駉les si el hecho da駉so se produjere en territorio espa駉l y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, trat醤dose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales espa駉les fueran competentes para conocer de la acci髇 entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este art韈ulo.
  • f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio espa駉l al tiempo de la interposici髇 de la demanda.

  Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) tambi閚 ser醤 competentes los Tribunales espa駉les cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisi髇 a los Tribunales espa駉les despu閟 de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en Espa馻 en el momento de celebraci髇 del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.�

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• Diez. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 sexies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 sexies

  Los Tribunales espa駉les ser醤 competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espa駉l y deban cumplirse en Espa馻. Ser醤 tambi閚 competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.�

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• Once. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 septies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 septies

  En materia concursal y dem醩 procedimientos de insolvencia se estar� a lo que disponga su legislaci髇 reguladora.�

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• Doce. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 octies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 octies

  1. No ser醤 competentes los Tribunales espa駉les en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes espa駉las no contemplen dicha competencia.

  2. Los Tribunales espa駉les apreciar醤, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentaci髇 de la demanda, y el proceso se sustanciar� hasta su conclusi髇 aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario.

  3. Los Tribunales espa駉les se declarar醤 incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes espa駉las, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

  Los Tribunales espa駉les no podr醤 abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculaci髇 con Espa馻 y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podr醤 hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediaci髇 dictados por los Tribunales extranjeros.�

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• Trece. Se a馻de un nuevo art韈ulo 22 nonies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 nonies

  Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegar醤 y tramitar醤 con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.�

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• Catorce. Se modifica el art韈ulo 35, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 35

  1. La demarcaci髇 judicial, que determinar� la circunscripci髇 territorial de los 髍ganos judiciales, se establecer� por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto.

  2. A tal fin, las Comunidades Aut髇omas participar醤 en la organizaci髇 de la demarcaci髇 judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de 閟te, una propuesta de la misma en la que fijar醤 los partidos judiciales.

  3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Aut髇omas, redactar� la correspondiente disposici髇 normativa, que ser� informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

  4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno proceder� a la tramitaci髇 del oportuno proyecto normativo.

  5. La demarcaci髇 judicial ser� revisada cada cinco a駉s o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

  6. Las Comunidades Aut髇omas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinar醤, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.�

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• Quince. Se a馻de un nuevo art韈ulo 61 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 61 bis

  1. Al servicio del Tribunal Supremo existir� un Gabinete T閏nico, que asistir� a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisi髇 de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboraci髇 de estudios e informes que se le soliciten. Tambi閚 prestar� apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les est閚 atribuidos.

  2. El Gabinete T閏nico estar� integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentar醤 la denominaci髇 de Letrados del Gabinete T閏nico.

  3. A los efectos anteriores, en el Gabinete T閏nico existir醤 tantas 醨eas como 髍denes jurisdiccionales. Dentro de cada 醨ea podr� existir una secci髇 de Admisi髇 y otra secci髇 de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podr� haber un Letrado del Gabinete T閏nico.

  Los Letrados prestar醤 sus servicios en las diferentes 醨eas atendiendo a su especializaci髇 profesional.

  4. En cada una de las 醨eas habr� uno o varios Letrados del Gabinete T閏nico que asuman funciones de coordinaci髇 de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Ser醤 designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y deber醤 tener una antig黣dad m韓ima de diez a駉s en el ejercicio de su respectiva profesi髇.

  5. El Ministerio de Justicia, o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, determinar� la composici髇 y plantilla del Gabinete T閏nico.

  Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y o韉a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podr� el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el l韒ite m醲imo de un a駉, un n鷐ero adicional de miembros al servicio del Gabinete T閏nico.�

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• Diecis閕s. Se a馻de un nuevo art韈ulo 61 ter, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 61 ter

  La superior direcci髇 del Gabinete T閏nico ser� ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegaci髇 de 閟te, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.�

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• Diecisiete. Se a馻de un nuevo art韈ulo 61 qu醫er, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 61 qu醫er

  1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrar� al Director del Gabinete T閏nico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categor韆 de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideraci髇, a efectos representativos, mientras desempe馿 el cargo.

  2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete T閏nico ser醤 seleccionados mediante concurso de m閞itos, estableci閚dose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selecci髇.

  Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal deber醤 ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia o funcionarios de las Administraciones P鷅licas u 髍ganos constitucionales, con titulaci髇 en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados.

  La Comisi髇 Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizar� la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oir� previamente, a los efectos de fijar los criterios de selecci髇, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal.

  3. El Presidente del Tribunal Supremo, o韉os los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete T閏nico, someter� a la Sala de Gobierno, para su aprobaci髇, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete T閏nico.

  4. El Presidente del Tribunal Supremo elevar� al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete T閏nico.�

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• Dieciocho. Se a馻de un nuevo art韈ulo 61 quinquies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 61 quinquies

  1. Los Letrados que fueren seleccionados ser醤 nombrados por un a駉. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, o韉os el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete T閏nico, propondr�, en su caso, la pr髍roga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podr醤 ser prorrogados por sucesivos periodos de tres a駉s. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podr醤 ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su funci髇.

  2. El Director del Gabinete T閏nico y los Letrados ser醤 declarados en situaci髇 administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.

  3. A los efectos del c髆puto de la antig黣dad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete T閏nico se les tendr醤 en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al 醨ea del Gabinete T閏nico en que estuvieran adscritos.

  Esta previsi髇 ser� tambi閚 de aplicaci髇 a los efectos del c髆puto de la antig黣dad en el Cuerpo a los Letrados de la Administraci髇 de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete T閏nico.�

  LE0000019669_20210625
• Diecinueve. Se a馻de un nuevo art韈ulo 61 sexies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 61 sexies

  La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobar� las normas de funcionamiento del Gabinete T閏nico.�

  LE0000019669_20210625
• Veinte. Se modifica el apartado 6 del art韈ulo 73, que queda redactado como sigue:

  �6. En el caso de que el n鷐ero de asuntos lo aconseje, podr醤 crearse una o m醩 Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripci髇 territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelaci髇 a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este art韈ulo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

  Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaer醤 en aquellos Magistrados que, ostentando la condici髇 de especialista en el orden penal obtenida mediante la superaci髇 de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalaf髇. A falta de 閟tos, recaer� en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez a駉s dentro de los quince a駉s inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalaf髇. La antig黣dad en 髍ganos mixtos se computar� de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrar� a quien ostente mejor puesto en el escalaf髇.�

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• Veintiuno. Se modifica el n鷐ero 2.� del apartado 2 del art韈ulo 82, que queda redactado como sigue:

  �2.� De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 98 de la presente Ley Org醤ica. Estas Secciones especializadas conocer醤 tambi閚 de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas f韘icas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contrataci髇.�

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• Veintid髎. Se a馻de un nuevo apartado 6 al art韈ulo 85, que queda redactado como sigue:

  �6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los t閞minos previstos en su Ley reguladora.�

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• Veintitr閟. Se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 86 ter, que quedan redactados como sigue:

  �1. Los Juzgados de lo mercantil conocer醤 de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los t閞minos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 85.6. En todo caso, la jurisdicci髇 del juez del concurso ser� exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  • 1.� Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepci髇 de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiaci髇, matrimonio y menores a las que se refiere el t韙ulo I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocer� de la acci髇 a que se refiere el art韈ulo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • 2.� Las acciones sociales que tengan por objeto la extinci髇, modificaci髇 o suspensi髇 colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, as� como la suspensi髇 o extinci髇 de contratos de alta direcci髇, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerir� el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicaci髇 de las normas espec韋icas de la Ley Concursal, deber醤 tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenaci髇 normativa estatutaria y del proceso laboral.
  • 3.� Toda ejecuci髇 frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el 髍gano que la hubiera ordenado.
  • 4.� Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicci髇 en el n鷐ero 1.� y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los 醨bitros durante un procedimiento arbitral.
  • 5.� Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relaci髇 con la asistencia jur韉ica gratuita.
  • 6.� Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

  2. Los Juzgados de lo Mercantil conocer醤, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

  • a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, as� como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
  • b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  • c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicaci髇 del Derecho mar韙imo.
  • d) Las acciones colectivas previstas en la legislaci髇 relativa a condiciones generales de la contrataci髇 y a la protecci髇 de consumidores y usuarios.
  • e) Los recursos contra las resoluciones de la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificaci髇 del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  • f) De los procedimientos de aplicaci髇 de los art韈ulos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, as� como los procedimientos de aplicaci髇 de los art韈ulos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.�
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• Veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 87 bis, que queda redactado como sigue:

  �2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislaci髇 vigente sobre demarcaci髇 y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia, podr� establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicci髇 a dos o m醩 partidos dentro de la misma provincia.�

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• Veinticinco. Se modifican las letras a) y d) y se a馻de una nueva letra g) al apartado 1 del art韈ulo 87 ter, que quedan redactadas como sigue:
  • 玜) De la instrucci髇 de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los t韙ulos del C骴igo Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidaci髇, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que est� o haya estado ligada al autor por an醠oga relaci髇 de afectividad, aun sin convivencia, as� como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con 閘 convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando tambi閚 se haya producido un acto de violencia de g閚ero.�
  • 玠) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la v韈tima sea alguna de las personas se馻ladas como tales en la letra a) de este apartado.�
  • 玤) De la instrucci髇 de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el art韈ulo 468 del C骴igo Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que est� o haya estado ligada al autor por una an醠oga relaci髇 de afectividad aun sin convivencia, as� como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con 閘 convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.�
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• Veintis閕s. Se modifica el art韈ulo 98, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 98

  1. El Consejo General del Poder Judicial podr� acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista m醩 de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con car醕ter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.

  2. El Consejo General del Poder Judicial podr� acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, o韉a la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan.

  En estos casos, el 髍gano u 髍ganos especializados asumir醤 la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especializaci髇, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a 髍ganos radicados en distinto partido judicial.

  No podr� adoptarse este acuerdo para atribuir a los 髍ganos as� especializados asuntos que por disposici髇 legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podr醤 ser objeto de especializaci髇 por esta v韆 los Juzgados de Instrucci髇, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exenci髇 de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.

  3. Este acuerdo se publicar� en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y producir� efectos desde el inicio del a駉 siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia.

  4. Los Juzgados afectados continuar醤 conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusi髇.�

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• Veintisiete. Se suprime el art韈ulo 163.LE0000019669_20210625
• Veintiocho. Se modifica el art韈ulo 167, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 167

  1. Donde hubiere dos o m醩 Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuir醤 entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobar醤 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podr� proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administraci髇 de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladar� a la Sala de Gobierno para que 閟ta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobaci髇. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podr醤 afectar a los procedimientos en tr醡ite.

  2. La Sala de Gobierno podr� acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribuci髇 de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos seg鷑 su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposici髇 legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripci髇 de 醡bito inferior a la provincia.

  3. El reparto se realizar� por el Letrado de la Administraci髇 de Justicia bajo la supervisi髇 del Juez Decano, al cual corresponder� resolver con car醕ter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.�

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• Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 199, que queda redactado como sigue:

  �2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en n鷐ero suficiente para constituir Sala, concurrir醤 para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que ser醤 preferidos los que se hallaren libres de se馻lamiento y, entre 閟tos, los m醩 modernos. En su defecto, se llamar� a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del art韈ulo siguiente.�

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• Treinta. Se suprimen los apartados 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del art韈ulo 200, que queda redactado como sigue:

  �2. A los efectos de lo previsto en el art韈ulo anterior podr� haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relaci髇 de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que ser醤 llamados a formar Sala seg鷑 la prelaci髇 que se establezca dentro de cada orden u 髍denes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados.

  Para su llamamiento habr� de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el art韈ulo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala m醩 de un Magistrado suplente.�

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• Treinta y uno. Se a馻de un apartado 4 al art韈ulo 216 bis.3, con la siguiente redacci髇:

  �4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisi髇 de servicio pueda ser atendida por un 鷑ico Juez durante toda su extensi髇 temporal, el Consejo General del Poder Judicial podr� autorizar que su desempe駉 se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustituci髇 del 髍gano judicial que haya de ser reforzado, con sujeci髇 a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.�

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• Treinta y dos. Se modifica el art韈ulo 230, que queda redactado como sigue:

  �1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscal韆s est醤 obligados a utilizar cualesquiera medios t閏nicos, electr髇icos, inform醫icos y telem醫icos, puestos a su disposici髇 para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilizaci髇 de tales medios establecen el Cap韙ulo I bis de este T韙ulo, la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y las dem醩 leyes que resulten de aplicaci髇.

  Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnolog韆s que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscal韆 General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando su utilizaci髇, ser醤 de obligado cumplimiento.

  2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozar醤 de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

  3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podr醤 transcribirse.

  4. Los procesos que se tramiten con soporte inform醫ico garantizar醤 la identificaci髇 y el ejercicio de la funci髇 jurisdiccional por el 髍gano que la ejerce, as� como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de car醕ter personal que contengan en los t閞minos que establezca la ley.

  5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podr醤 relacionarse con la Administraci髇 de Justicia a trav閟 de los medios t閏nicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garant韆s y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

  6. Los programas y aplicaciones inform醫icos que se utilicen en la Administraci髇 de Justicia deber醤 ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.

  Los sistemas inform醫icos que se utilicen en la Administraci髇 de Justicia deber醤 ser compatibles entre s� para facilitar su comunicaci髇 e integraci髇, en los t閞minos que determine el Comit� T閏nico Estatal de la Administraci髇 de Justicia Electr髇ica.�

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• Treinta y tres. Se modifica el apartado 2 y se a馻de un apartado 3 al art韈ulo 232, que quedar醤 redactados como sigue:

  �2. La relaci髇 de se馻lamientos del 髍gano judicial deber� hacerse p鷅lica. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia velar醤 por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al p鷅lico, el primer d韆 h醔il de cada semana, la relaci髇 de se馻lamientos correspondientes a su respectivo 髍gano judicial, con indicaci髇 de la fecha y hora de su celebraci髇, tipo de actuaci髇 y n鷐ero de procedimiento.

  3. Excepcionalmente, por razones de orden p鷅lico y de protecci髇 de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resoluci髇 motivada, podr醤 limitar el 醡bito de la publicidad y acordar el car醕ter secreto de todas o parte de las actuaciones.�

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• Treinta y cuatro. Se modifica el art韈ulo 234, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 234

  1. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitar醤 a los interesados cuanta informaci髇 soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podr醤 examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.

  2. Las partes y cualquier persona que acredite un inter閟 leg韙imo y directo tendr醤 derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 en la Administraci髇 de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Tambi閚 tendr醤 derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a trav閟 del cauce establecido en las leyes procesales.�

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• Treinta y cinco. Se a馻de un nuevo art韈ulo 235 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 235 bis

  Sin perjuicio de lo establecido en el p醨rafo segundo del apartado 1 del art韈ulo 236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, s髄o podr� llevarse a cabo previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant韆 del anonimato de las v韈timas o perjudicados, cuando proceda.

  En todo caso se adoptar醤 las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.�

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• Treinta y seis. Se a馻de un nuevo cap韙ulo I bis en el t韙ulo III del libro III, que comprende los art韈ulos 236 bis a 236 decies, quedando redactado como sigue:

  獵AP蚑ULO I BIS
  Protecci髇 de datos de car醕ter personal en el 醡bito de la Administraci髇 de Justicia

  Art韈ulo 236 bis

  El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasi髇 de la tramitaci髇 por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, as� como el realizado dentro de la gesti髇 de la Oficina judicial se someter醤 a lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Cap韙ulo.

  Art韈ulo 236 ter

  1. Los Tribunales podr醤 tratar datos de car醕ter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitar� a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

  2. Los Tribunales mantendr醤, con pleno respeto a las garant韆s y derechos establecidos en la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitaci髇 de los procesos que en ellos se siguen, as� como los que se precisen para su adecuada gesti髇.

  Dichos ficheros se clasificar醤 en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran.

  Art韈ulo 236 qu醫er

  De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 11.2 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, no ser� necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean 閟tos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.

  Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estar� a lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre.

  Art韈ulo 236 quinquies

  1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administraci髇 de Justicia conforme a sus competencias procesales, podr醤 adoptar las medidas que sean necesarias para la supresi髇 de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitaci髇 del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.

  Del mismo modo proceder醤 respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y dem醩 resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicaci髇 en los dem醩 supuestos de lo establecido en el art韈ulo 235 bis.

  2. En todo caso ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en la legislaci髇 de protecci髇 de datos de car醕ter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso.

  3. Podr醤 cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspecci髇 y control establecidas en esta Ley.

  4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podr醤 cederse entre los 髍ganos jurisdiccionales o por 閟tos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello est� justificado por la interposici髇 de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.

  Art韈ulo 236 sexies

  1. A los efectos previstos en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, ser� responsable de los ficheros jurisdiccionales el 髍gano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de 閘 decidir� quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

  Igualmente, ser� responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al 髍gano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.

  2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisi髇 de una infracci髇 en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal, a la que se refiere el art韈ulo 46.2 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre.

  3. En todo caso corresponder� al Letrado de la Administraci髇 de Justicia que se indique en el acuerdo de creaci髇 velar por la adopci髇 de las medidas que impidan la alteraci髇, p閞dida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de car醕ter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aqu閘 la condici髇 de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislaci髇 de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

  Art韈ulo 236 septies

  1. Los ficheros de datos de car醕ter personal de los Tribunales ser醤 creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u 髍gano de la Administraci髇 competente en materia de Justicia correspondiente.

  El acuerdo de creaci髇, de modificaci髇 o de supresi髇 de los ficheros se ajustar� a lo dispuesto en la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal y se publicar� en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Aut髇omas.

  2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar� traslado del mismo para su inscripci髇 en el Registro General de Protecci髇 de Datos de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.

  Art韈ulo 236 octies

  1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇 en relaci髇 con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitar醤 conforme a las normas que resulten de aplicaci髇 al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicaci髇 las disposiciones establecidas al efecto por la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

  En todo caso se denegar� el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la informaci髇 hayan sido declaradas secretas o reservadas.

  2. Trat醤dose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podr醤 ejercitar sus derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇 en los t閞minos establecidos en la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el p醨rafo segundo del apartado 1 del art韈ulo 236 sexies.

  Art韈ulo 236 nonies

  1. Las competencias que la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, ser醤 ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.

  2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedar醤 sometidos a la competencia de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboraci髇 que al efecto precise.

  El Consejo General del Poder Judicial podr� adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

  3. Cuando con ocasi髇 de la realizaci髇 de actuaciones de investigaci髇 relacionadas con la posible comisi髇 de una infracci髇 de la normativa de protecci髇 de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, dar醤 inmediatamente traslado a esta 鷏tima a fin de que prosiga con la tramitaci髇 del procedimiento.

  Art韈ulo 236 decies

  1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedar醤 sometidos a lo dispuesto en la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal. Dichos tratamientos no ser醤 considerados en ning鷑 caso realizados con fines jurisdiccionales.

  2. Los ficheros de datos de car醕ter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los 髍ganos integrantes del mismo ser醤 creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretar韆 General, que ostentar� la condici髇 de responsable del tratamiento respecto de los mismos.

  Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dar� traslado del mismo para su inscripci髇 en el Registro General de Protecci髇 de Datos de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.�

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• Treinta y siete. Se modifica el art韈ulo 264, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 264

  1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunir醤 para la unificaci髇 de criterios y la coordinaci髇 de pr醕ticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicaci髇 de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por s� o a petici髇 mayoritaria de sus miembros, convocar� Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.

  2. Formar醤 parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto.

  3. En todo caso, quedar� a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resoluci髇 de los distintos procesos de que conozcan, si bien deber醤 motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.�

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• Treinta y ocho. Se modifica el art韈ulo 269, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 269

  1. Los Juzgados y Tribunales s髄o podr醤 celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la poblaci髇 de su sede cuando as� lo autorice la ley.

  2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administraci髇 de justicia lo aconsejen, y a petici髇 de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podr� disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en poblaci髇 distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado 醡bito territorial comprendido en la circunscripci髇 de aqu閘los.

  3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinaci髇 del n鷐ero de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administraci髇 de justicia, dispondr醤 que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administraci髇 de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instrucci髇 y los funcionarios que en ellos sirvieren prestar醤 en estos casos cuanta colaboraci髇 sea precisa.�

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• Treinta y nueve. Se modifica el art韈ulo 276, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 276

  Las peticiones de cooperaci髇 internacional se tramitar醤 de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Uni髇 Europea y las leyes espa駉las que resulten de aplicaci髇.�

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• Cuarenta. Se modifica el art韈ulo 277 que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 277

  Los Juzgados y Tribunales espa駉les prestar醤 a las autoridades judiciales extranjeras la cooperaci髇 que les soliciten para el desempe駉 de su funci髇 jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espa馻 sea parte, las normas de la Uni髇 Europea y las leyes espa駉las sobre esta materia.�

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• Cuarenta y uno. Se modifica el art韈ulo 278, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 278

  La prestaci髇 de cooperaci髇 internacional s髄o ser� denegada por los Juzgados y Tribunales espa駉les:

  • 1.� Cuando el objeto o finalidad de la cooperaci髇 solicitada sea manifiestamente contrario al orden p鷅lico.
  • 2.� Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperaci髇 sea de la exclusiva competencia de la jurisdicci髇 espa駉la.
  • 3.� Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espa駉la requerida. En tal caso, 閟ta remitir� la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente.
  • 4.� Cuando la solicitud de cooperaci髇 internacional no re鷑a el contenido y requisitos m韓imos exigidos por las leyes para su tramitaci髇.�
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• Cuarenta y dos. Se modifica el art韈ulo 296, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 296

  1. Los da駉s y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones dar醤 lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administraci髇 de Justicia sin que, en ning鷑 caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aqu閘los.

  2. Si los da駉s y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administraci髇 General del Estado, una vez satisfecha la indemnizaci髇 al perjudicado, podr� exigir, por v韆 administrativa a trav閟 del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que 閟te pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

  El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podr� reconocer en sentencia o en resoluci髇 dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que 閟te determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderar醤, entre otros, los siguientes criterios: el resultado da駉so producido y la existencia o no de intencionalidad.�

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• Cuarenta y tres. Se suprime el art韈ulo 297.LE0000019669_20210625
• Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 8 del art韈ulo 301, que queda redactado como sigue:

  �8. Tambi閚 se reservar� en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempe駉 de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirar� en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminaci髇 y compensaci髇 de desventajas, procedi閚dose, en su caso, a la adaptaci髇 de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos.

  Asimismo, una vez superados dichos procesos, se proceder� a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia p鷅lica donde desarrollen su actividad.�

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• Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 329, que queda redactado como sigue:

  �3. Los concursos para la provisi髇 de los Juzgados de Menores se resolver醤 en favor de quienes, ostentando la categor韆 de Magistrado y acreditando la correspondiente especializaci髇 en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalaf髇. En su defecto, se cubrir醤 por magistrados que hayan prestado al menos tres a駉s de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicci髇 de menores. A falta de 閟tos se cubrir醤 por el orden de antig黣dad establecido en el apartado 1.

  Los que obtuvieran plaza, as� como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deber醤 participar antes de tomar posesi髇 de su nuevo destino en las actividades de especializaci髇 en materia de menores y en materia de violencia de g閚ero que establezca el Consejo General del Poder Judicial.�

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• Cuarenta y seis. Se modifica el art韈ulo 339, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 339

  El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedar醤 adscritos, a su elecci髇, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqu閘 del que provinieran en su 鷏timo destino, hasta la adjudicaci髇 de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer per韔do para el que fueron nombrados, tendr醤 preferencia, adem醩, durante los tres a駉s siguientes al cese, a cualquier plaza de su categor韆 de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.�

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• Cuarenta y siete. Se modifica el art韈ulo 340, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 340

  Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedar醤 adscritos, a su elecci髇, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aqu閘 del que provinieran en su 鷏timo destino, hasta la adjudicaci髇 de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer per韔do para el que fueron nombrados, tendr醤 preferencia, adem醩, durante los dos a駉s siguientes al cese, a cualquier plaza de su categor韆 de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.�

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• Cuarenta y ocho. Se a馻de un nuevo art韈ulo 344 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 344 bis

  1. Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jur韉ico Militar ser醤 nombrados para ocupar plazas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situaci髇 de servicio activo.

  2. A efectos de motivaci髇 de la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitar� con car醕ter previo a los aspirantes una exposici髇 de sus m閞itos en los t閞minos de esta Ley, as� como al Ministerio de Defensa la documentaci髇 que en su caso considere necesaria.�

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• Cuarenta y nueve. Se modifica el art韈ulo 347 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 347 bis

  1 En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el 醡bito territorial de la provincia, se crear醤 las plazas de Jueces de adscripci髇 territorial que determine la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci髇 y de Planta Judicial.

  2. Los Jueces de adscripci髇 territorial ejercer醤 sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de 髍ganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular est� ausente por cualquier circunstancia.

  La designaci髇 para estas funciones corresponder� al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que dependan, que posteriormente dar� cuenta a la respectiva Sala de Gobierno.

  La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia informar� al Consejo General del Poder Judicial de la situaci髇 y destinos de los Jueces de adscripci髇 territorial de su respectivo territorio.

  3. En las Comunidades Aut髇omas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podr� realizar llamamientos para 髍ganos judiciales de otra provincia perteneciente al 醡bito territorial de dicho Tribunal.

  4. Cuando el Juez de adscripci髇 territorial desempe馿 funciones de sustituci髇, lo har� con plenitud de jurisdicci髇 en el 髍gano correspondiente. Tambi閚 le corresponder� asistir a las Juntas de Jueces y dem醩 actos de representaci髇 del 髍gano judicial en el que sustituya, en ausencia de su titular.

  5. Cuando el Juez de adscripci髇 territorial ejerza funciones de refuerzo, corresponder� a la Sala de Gobierno fijar los objetivos de dicho refuerzo y el adecuado reparto de asuntos, previa audiencia del Juez de adscripci髇 y del titular o titulares del 髍gano judicial reforzado.

  6. Los desplazamientos del Juez de adscripci髇 territorial dar醤 lugar a las indemnizaciones que por raz髇 del servicio se determinen reglamentariamente.

  7. En las Comunidades Aut髇omas en las que exista m醩 de una lengua oficial o tengan Derecho civil propio se aplicar醤, para la provisi髇 de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.�

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• Cincuenta. Se modifica el apartado 1 y se a馻de un apartado 3 al art韈ulo 386, que quedan redactados como sigue:

  �1. La jubilaci髇 por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretar� con la antelaci髇 suficiente para que el cese en la funci髇 se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta a駉s.

  No obstante, podr醤 solicitar con dos meses de antelaci髇 a dicho momento la prolongaci髇 de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como m醲imo setenta y dos a駉s de edad. Dicha solicitud vincular� al Consejo General del Poder Judicial quien solo podr� denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado.�

  �3. Los Jueces y Magistrados conservar醤 los honores y tratamientos correspondientes a la categor韆 alcanzada en el momento de la jubilaci髇.�

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• Cincuenta y uno. Se suprimen los art韈ulos 411, 412 y 413.LE0000019669_20210625
• Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 416, que queda redactado como sigue:

  �2. Las faltas muy graves prescribir醤 a los dos a駉s, las graves al a駉 y las leves a los seis meses.

  El plazo de prescripci髇 comenzar� a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el art韈ulo 417.5, el plazo de prescripci髇 se iniciar� a partir de la firmeza de la sentencia o de la resoluci髇 dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.�

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• Cincuenta y tres. Se modifica el n鷐ero 5 del art韈ulo 417, que queda redactado como sigue:

  �5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia firme o en resoluci髇 firme dictada por el Consejo General del Poder Judicial, a una declaraci髇 de responsabilidad civil contra韉a en el ejercicio de la funci髇 por dolo o culpa grave conforme al apartado 2 del art韈ulo 296.�

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• Cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 420, que queda redactado como sigue:

  �2. Las faltas leves s髄o podr醤 sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensi髇, traslado forzoso o separaci髇.�

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• Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 438, que queda redactado como sigue:

  �3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Aut髇omas en sus respectivos territorios ser醤 competentes para el dise駉, creaci髇 y organizaci髇 de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicaci髇, auxilio judicial, ejecuci髇 de resoluciones judiciales, jurisdicci髇 voluntaria, mediaci髇 y ordenaci髇 del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podr醤 solicitar al Ministerio y a las Comunidades Aut髇omas la creaci髇 de servicios comunes, conforme a las espec韋icas necesidades.

  Asimismo, podr醤 crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este n鷐ero, en cuyo caso ser� preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.�

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• Cincuenta y seis. Se modifica el art韈ulo 440, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 440

  Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia son funcionarios p鷅licos que constituyen un Cuerpo Superior Jur韉ico, 鷑ico, de car醕ter nacional, al servicio de la Administraci髇 de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el car醕ter de autoridad, ostentando la direcci髇 de la Oficina judicial.�

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• Cincuenta y siete. Se modifica el art韈ulo 441, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 441

  1. Los puestos de trabajo cuyo desempe駉 est� reservado al Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia, se clasifican en tres categor韆s, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categor韆.

  2. Todo Letrado de la Administraci髇 de Justicia poseer� una categor韆 personal.

  La consolidaci髇 de la categor韆 personal exige el desempe駉 de puestos de trabajo correspondientes a dicha categor韆 al menos durante cinco a駉s continuados o siete con interrupci髇.

  3. No se podr� comenzar a consolidar una categor韆 superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempe駉 de un puesto de categor韆 superior ser� computable a efectos de la consolidaci髇 de la inferior.

  4. No ser� posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categor韆s diferentes.

  5. En ning鷑 caso un Letrado de la Administraci髇 de Justicia de la tercera categor韆 podr� optar a una plaza de la primera.

  6. La categor韆 consolidada solo opera como garant韆 de la percepci髇 del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categor韆.

  7. El Ministerio de Justicia establecer� los tres grupos en los que se clasificar醤 los puestos de trabajo a desempe馻r por los Letrados de la Administraci髇 de Justicia.�

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• Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 442, que queda redactado como sigue:

  �2. Se reservar� el treinta por ciento de las plazas vacantes para su provisi髇, previa autorizaci髇 por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, por promoci髇 interna mediante el sistema de concurso-oposici髇 por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gesti髇 Procesal y Administrativa que lleven, al menos, dos a駉s de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computar醤 los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administraci髇 de Justicia del que, en su caso, procedan.

  Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promoci髇 interna, si las hubiere, se cubrir醤 en turno libre mediante oposici髇 o, en su caso, concurso-oposici髇, siempre con sujeci髇 a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo p鷅lico.

  De no existir oferta de empleo p鷅lico, el Ministerio de Justicia, con car醕ter extraordinario y previa autorizaci髇 del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, podr� convocar un proceso de promoci髇 interna espec韋ico cuando las circunstancias en la Administraci髇 de Justicia lo aconsejen. El n鷐ero de plazas convocadas por este sistema no podr� ser superior al quince por ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podr醤 ofertarse para que lo sean por turno libre.�

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• Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 443, que queda redactado como sigue:

  �1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones:

  • a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria.
  • b) Superaci髇 de los procesos selectivos.
  • c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.
  • d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constituci髇 como norma fundamental.
  • e) Toma de posesi髇 dentro del plazo establecido.�.
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• Sesenta. Se a馻de un nuevo art韈ulo 443 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 443 bis

  El Ministerio de Justicia aprobar� cada a駉 el escalaf髇 del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia, que se publicar� en el "Bolet韓 Oficial del Estado" y comprender� los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.�

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• Sesenta y uno. Se modifica el art韈ulo 444, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 444

  1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia tendr醤 iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con car醕ter supletorio lo dispuesto en el Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico y el resto de la normativa estatal sobre funci髇 p鷅lica.

  2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreci髇 en el reglamento org醤ico, se reconocen los siguientes derechos profesionales:

  • a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicaci髇 o servicio no retribuido, en los t閞minos que se determinen reglamentariamente.
  • b) Especializaci髇 profesional en aquellos 醡bitos, 髍denes y materias que reglamentariamente se determinen.
  • c) Libre asociaci髇 profesional.
  • d) A que sus asociaciones profesionales sean o韉as en todas aquellas materias que afecten a su estatuto org醤ico.

  3. El r間imen establecido en los apartados anteriores ser� aplicable a los Letrados de la Administraci髇 de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.�

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• Sesenta y dos. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 445, que queda redactado como sigue:

  �1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administraci髇 de Justicia, as� como su jubilaci髇, ser醤 iguales y proceder� su declaraci髇 en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Org醤ica para Jueces y Magistrados.

  No obstante, los Letrados de la Administraci髇 de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos p鷅licos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut髇omas o Corporaciones locales, podr醤 ser dispensados, previa solicitud, de la prestaci髇 del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duraci髇 de la campa馻 electoral. Este permiso podr� ser concedido por el Secretario General de la Administraci髇 de Justicia.

  Asimismo, podr醤 hallarse en situaci髇 de servicios especiales los Letrados de la Administraci髇 de Justicia que sean designados Encargados del Registro Civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo.�

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• Sesenta y tres. Se modifica el art韈ulo 446, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 446

  1. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia deber醤 abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podr醤 ser recusados.

  2. La abstenci髇 se formular� por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidir� la cuesti髇.

  En caso de confirmarse la abstenci髇, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deber� aqu閘 continuar actuando en el asunto.

  3. Ser醤 aplicables a la recusaci髇 de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el art韈ulo 223, con las siguientes excepciones:

  • a) Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia no podr醤 ser recusados durante la pr醕tica de cualquier diligencia o actuaci髇 de que estuvieren encargados.
  • b) La pieza de recusaci髇 se resolver� por el Secretario de Gobierno.
  • c) Presentado el escrito de recusaci髇, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia recusado informar� detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg韙ima la causa alegada.
  • d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusaci髇, el Secretario de Gobierno le tendr� por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarar� no haber lugar a la recusaci髇. Contra el decreto sobre recusaci髇 no se dar� recurso alguno.
  • e) Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci髇, el instructor, si admitiere a tr醡ite la recusaci髇 propuesta, ordenar� la pr醕tica, en el plazo de diez d韆s, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, d醤dose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres d韆s. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir� la recusaci髇 dentro de los cinco d韆s siguientes. Contra dicha resoluci髇 no cabr� recurso alguno.
  • f) El Letrado de la Administraci髇 de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusaci髇, ser� reemplazado por su sustituto legal.�
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• Sesenta y cuatro. Se modifica el primer p醨rafo del apartado 5 del art韈ulo 447, que queda redactado como sigue:

  �5. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia sustitutos percibir醤 las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempe馻do.�

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• Sesenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 450, que queda redactado como sigue:

  �1. La provisi髇 de puestos de trabajo se llevar� a cabo por el procedimiento de concurso, que ser� el sistema ordinario de provisi髇.

  Cuando se trate de puestos de car醕ter directivo o de especial responsabilidad, podr醤 cubrirse por el procedimiento de libre designaci髇.

  Los puestos de trabajo de Letrado de la Administraci髇 de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrir醤 por el sistema de libre designaci髇 entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categor韆, con una antig黣dad de al menos veinte a駉s en una de ellas o entre ambas y quince a駉s de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente.

  El nombramiento de Letrados de la Administraci髇 de Justicia para puestos de trabajo radicados en el 醡bito territorial de una Comunidad Aut髇oma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerir� el informe previo del 髍gano competente de dicha Comunidad. En todo caso, el sistema de provisi髇 deber� estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.�

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• Sesenta y seis. Se modifica el art韈ulo 451, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 451

  1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensi髇 o vacante de Letrados de la Administraci髇 de Justicia ser醤 cubiertas por quien designe su inmediato superior jer醨quico.

  2. Esta designaci髇 deber� recaer en otro Letrado de la Administraci髇 de Justicia, que se denominar� Letrado suplente. A tal efecto los Secretarios de Gobierno elaborar醤 una relaci髇 de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designar�, con car醕ter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el n鷐ero anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto ser醤 retribuidos en los casos y cuant韆 que se determinen reglamentariamente.

  3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente n鷐ero de Letrados de la Administraci髇 de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un 鷑ico 髍gano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simult醤ea, podr醤 los funcionarios del Cuerpo de Gesti髇 Procesal y Administrativa, en sustituci髇 del Letrado de la Administraci髇 de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta.

  4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2, y exista disponibilidad presupuestaria, podr� procederse al nombramiento de un Letrado de la Administraci髇 de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulaci髇 exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia.

  5. A los Letrados de la Administraci髇 de Justicia sustitutos se les aplicar� el mismo r間imen jur韉ico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el R間imen General de la Seguridad Social.

  6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gesti髇 Procesal y Administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, ser醤 llamados como Letrados de la Administraci髇 de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusi髇 obligatoria tanto en el r間imen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.�

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• Sesenta y siete. Se modifica el art韈ulo 455, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 455

  Ser� responsabilidad del Letrado de la Administraci髇 de Justicia organizar la daci髇 de cuenta, que se realizar� en los t閞minos establecidos en las leyes procesales.�

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• Sesenta y ocho. Se modifica el art韈ulo 456, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 456

  1. El Letrado de la Administraci髇 de Justicia impulsar� el proceso en los t閞minos que establecen las leyes procesales.

  2. A tal efecto, dictar� las resoluciones necesarias para la tramitaci髇 del proceso, salvo aqu閘las que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominar醤 diligencias, que podr醤 ser de ordenaci髇, de constancia, de comunicaci髇 o de ejecuci髇.

  3. Se llamar� decreto a la resoluci髇 que dicte el Letrado de la Administraci髇 de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner t閞mino al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisi髇. Ser� siempre motivado y contendr�, en p醨rafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.

  4. Las diligencias de ordenaci髇 y los decretos ser醤 recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales.

  5. Las resoluciones de car醕ter gubernativo de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia se denominar醤 acuerdos.

  6. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia, cuando as� lo prevean las leyes procesales, tendr醤 competencias en las siguientes materias:

  • a) Ejecuci髇, salvo aquellas competencias que except鷈n las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados.
  • b) Jurisdicci髇 voluntaria, asumiendo su tramitaci髇 y resoluci髇, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
  • c) Conciliaci髇, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
  • d) Tramitaci髇 y, en su caso, resoluci髇 de los procedimientos monitorios.
  • e) Mediaci髇.
  • f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.�
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• Sesenta y nueve. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 458, que queda redactado como sigue:

  �2. Por real decreto se establecer醤 las normas reguladoras de la ordenaci髇 y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuaci髇 alguna, as� como del expurgo de los archivos judiciales.

  Con car醕ter general se proceder� a la destrucci髇 de autos y expedientes judiciales transcurridos seis a駉s desde la firmeza de la resoluci髇 que de manera definitiva puso t閞mino al procedimiento que dio lugar a la formaci髇 de aqu閘los. Se except鷄n de lo anterior aqu閘los formados para la instrucci髇 de causas penales seguidas por delito, as� como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atenci髇 al valor cultural, social o hist髍ico de lo archivado.

  Previamente, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia conceder� audiencia por un tiempo no inferior a quince d韆s a las partes que estuvieron personadas para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta Ley les reconoce en los art韈ulos 234 y 235.�

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• Setenta. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 461, que queda redactado como sigue:

  �3. La Comisi髇 Nacional de Estad韘tica Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representaci髇 de las Comunidades Aut髇omas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscal韆 General del Estado, aprobar� los planes estad韘ticos, generales y especiales, de la Administraci髇 de Justicia y establecer� criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de g閚ero y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtenci髇, tratamiento inform醫ico, transmisi髇 y explotaci髇 de los datos estad韘ticos del sistema judicial espa駉l.

  La estructura, composici髇 y funciones de la Comisi髇 Nacional de Estad韘tica Judicial ser醤 establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protecci髇 de Datos y de las Comunidades Aut髇omas con competencias en la materia.

  Los sistemas inform醫icos de gesti髇 procesal de la Administraci髇 de Justicia permitir醤 en todo caso la extracci髇 automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estad韘ticos.�

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• Setenta y uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 463, que queda redactado como sigue:

  �2. Los 髍ganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia son, por orden jer醨quico, los siguientes:

  • a) El Secretario General de la Administraci髇 de Justicia.
  • b) Los Secretarios de Gobierno.
  • c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.�
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• Setenta y dos. Se modifican los apartados 3 y 5 del art韈ulo 464, que quedan redactados como sigue:

  �3. Ser� nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizar� a propuesta del 髍gano competente de las Comunidades Aut髇omas cuando 閟tas tuvieren competencias asumidas en materia de Administraci髇 de Justicia, que tambi閚 podr醤 proponer su cese.

  En todo caso para su nombramiento se recabar� informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo as� como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla el informe ser� emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc韆.

  No se podr� ocupar m醩 de diez a駉s el mismo puesto de Secretario de Gobierno.�

  �5. A los Letrados de la Administraci髇 de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservar�, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.

  Durante su mandato, dicha plaza podr� ser cubierta en r間imen de comisi髇 de servicios.�

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• Setenta y tres. Se modifican los apartados 9 y 10 y se a馻den los apartados 11 y 12 al art韈ulo 465, que quedan redactados como sigue:

  �9. Concesi髇 de permisos y licencias a los Letrados de la Administraci髇 de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador.

  10. Conocer de los incidentes de recusaci髇 de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia.

  11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administraci髇 de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados id髇eos para ejercer como Letrados de la Administraci髇 de Justicia sustitutos en el 醡bito territorial de cada Comunidad Aut髇oma.

  12. Las dem醩 previstas en el reglamento org醤ico del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia.�

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• Setenta y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 4 del art韈ulo 466, que quedan redactados como sigue:

  �1. En cada provincia existir� un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designaci髇, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Aut髇omas con competencias asumidas, de entre todos aquellos que se presenten a la convocatoria p鷅lica.

  Antes del nombramiento se oir� al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia.

  Adem醩, en la Comunidad Aut髇oma de Illes Balears habr� un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Aut髇oma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma.

  En las Comunidades Aut髇omas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador ser醤 asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por raz髇 del servicio, sea aconsejable su existencia.

  No se podr� ocupar m醩 de diez a駉s el mismo puesto de Secretario Coordinador.�

  �4. A los Letrados de la Administraci髇 de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservar�, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.

  Durante su mandato, dicha plaza podr� ser cubierta en r間imen de comisi髇 de servicios.�

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• Setenta y cinco. Se modifican los apartados 7 y 8 y se a馻den nuevos apartados 9 y 10 al art韈ulo 467, quedando redactados como sigue:

  �7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia de su 醡bito.

  8. Resolver los incidentes de abstenci髇 de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia que de 閘 dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

  9. Conceder, por delegaci髇 del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administraci髇 de Justicia de su territorio.

  10. Las dem醩 que establezcan las leyes y su propio reglamento org醤ico.�

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• Setenta y seis. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del art韈ulo 468, que quedan redactados como sigue:

  �1. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia estar醤 sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro.

  2. No podr� imponerse sanci髇 por la comisi髇 de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento org醤ico del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley.

  Para la imposici髇 de sanciones por faltas leves, no ser� preceptiva la previa instrucci髇 del expediente, salvo el tr醡ite de audiencia al interesado.

  Adem醩 de los autores, ser醤 responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, as� como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves da駉s para la Administraci髇 o los ciudadanos.

  3. Las Comunidades Aut髇omas con competencias asumidas podr醤 poner en conocimiento de los superiores jer醨quicos de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboraci髇 establecido en esta Ley Org醤ica con las Comunidades Aut髇omas.

  La autoridad competente para la incoaci髇 y tramitaci髇 de los expedientes disciplinarios dar� cuenta a aqu閘las de las decisiones que se adopten.�

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• Setenta y siete. Se a馻de un nuevo art韈ulo 468 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 468 bis Las faltas podr醤 ser muy graves, graves y leves

  1. Se consideran faltas muy graves:

  • a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci髇 en el ejercicio de la funci髇 p鷅lica.
  • b) Toda actuaci髇 que suponga discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, origen racial o 閠nico, g閚ero, sexo u orientaci髇 sexual, religi髇 o convicciones, opini髇, discapacidad, edad o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal o social.
  • c) El abandono del servicio.
  • d) La adopci髇 de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inter閟 p鷅lico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.
  • e) La revelaci髇 o utilizaci髇 por el Letrado de la Administraci髇 de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su funci髇 o con ocasi髇 de 閟ta, cuando se cause perjuicio a la tramitaci髇 de un proceso o a cualquier persona.
  • f) La utilizaci髇 indebida de la documentaci髇 o informaci髇 a que tengan o hayan tenido acceso por raz髇 de su cargo o funci髇.
  • g) La negligencia en la custodia de documentos que d� lugar a su difusi髇 o conocimiento indebido.
  • h) El retraso, la desatenci髇 o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
  • i) La utilizaci髇 de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 醡bito.
  • j) El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecuci髇 tengan encomendadas.
  • k) La desobediencia grave o reiterada a las 髍denes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por 閟te en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
  • l) La utilizaci髇 de la condici髇 de Letrado de la Administraci髇 de Justicia para la obtenci髇 de un beneficio indebido para s� o para un tercero.
  • m) La realizaci髇 de actividades declaradas incompatibles por ley.
  • n) La inobservancia del deber de abstenci髇, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
  • o) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades p鷅licas y de los derechos sindicales.
  • p) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
  • q) El acoso sexual.
  • r) La agresi髇 grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
  • s) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.
  • t) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaraci髇 de responsabilidad civil contra韉a en el ejercicio de la funci髇 por dolo o culpa grave.
  • u) La comisi髇 de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelaci髇 de las anotaciones correspondientes.

  2. Se consideran faltas graves:

  • a) La desobediencia expresa a las 髍denes o instrucciones de un superior, emitidas por 閟te en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
  • b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecuci髇 les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.
  • c) La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.
  • d) La negligencia en la custodia de documentos, as� como la utilizaci髇 indebida de los mismos o de la informaci髇 que conozcan por raz髇 del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.
  • e) La tercera falta injustificada de asistencia en un per韔do de tres meses.
  • f) La negligencia, la desatenci髇 o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave.
  • g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas, sin obtener la pertinente autorizaci髇 o habi閚dola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
  • h) La falta de consideraci髇 grave con los superiores, iguales o subordinados, as� como con los profesionales o ciudadanos.
  • i) Causar da駉 grave en los documentos o material de trabajo, as� como en los locales destinados a la prestaci髇 del servicio.
  • j) La utilizaci髇 inadecuada de los medios inform醫icos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizaci髇, as� como la indebida utilizaci髇 de las claves de acceso a los sistemas inform醫icos.
  • k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
  • l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
  • m) Obstaculizar las labores de inspecci髇.
  • n) Promover su abstenci髇 de forma claramente injustificada.
  • o) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
  • p) La comisi髇 de una falta de car醕ter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resoluci髇 firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelaci髇 de las correspondientes anotaciones.

  3. Se consideran faltas leves:

  • a) La falta de consideraci髇 con los superiores, iguales o subordinados, as� como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracci髇 m醩 grave.
  • b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempe駉, siempre que tales conductas no constituyan infracci髇 m醩 grave.
  • c) La desatenci髇 o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta m醩 grave.
  • d) La ausencia injustificada por un d韆.
  • e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.�
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• Setenta y ocho. Se a馻de un nuevo art韈ulo 468 ter, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 468 ter

  1 En la imposici髇 de sanciones por los 髍ganos competentes deber� observarse la debida adecuaci髇 o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci髇 y la sanci髇 aplicada, consider醤dose especialmente los siguientes criterios para la graduaci髇 de la sanci髇 a aplicar:

  • a) Intencionalidad.
  • b) Perjuicio causado a la Administraci髇 o a los ciudadanos.
  • c) Grado de participaci髇 en la comisi髇 de la falta.
  • d) Reiteraci髇 o reincidencia.�
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• Setenta y nueve. Se a馻de un nuevo art韈ulo 468 qu醫er, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 468 qu醫er

  1. Las sanciones que se pueden imponer a los Letrados de la Administraci髇 de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:

  • a) Apercibimiento.
  • b) Multa de hasta 3.000 euros.
  • c) Suspensi髇 de empleo y sueldo.
  • d) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
  • e) Separaci髇 del servicio.
  • f) Cese en el puesto de trabajo.

  2. Las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior podr醤 imponerse por la comisi髇 de faltas graves y muy graves, gradu醤dose su duraci髇 en funci髇 de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanci髇.

  La sanci髇 de separaci髇 de servicio s髄o podr� imponerse por faltas muy graves.

  La suspensi髇 de funciones impuesta por la comisi髇 de una falta muy grave no podr� ser superior a tres a駉s ni inferior a un a駉. Si se impone por falta grave, no exceder� de un a駉.

  Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podr醤 obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres a駉s, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisi髇 de una falta grave.

  La sanci髇 de cese en el puesto de trabajo s髄o ser� aplicable a los Letrados de la Administraci髇 de Justicia suplentes por comisi髇 de faltas graves o muy graves.

  La sanci髇 de multa solo podr� imponerse por la comisi髇 de faltas graves.

  La sanci髇 de apercibimiento s髄o podr� imponerse por la comisi髇 de faltas leves.�

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• Ochenta. Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 3 del art韈ulo 469 que pasa a ser apartado 2 y queda redactado como sigue:

  �2. Para la imposici髇 de las sanciones ser醤 competentes:

  • a) El Secretario General de la Administraci髇 de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sanci髇 de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos.
  • b) El Secretario General de la Administraci髇 de Justicia, para la sanci髇 de multa.
  • c) El Ministro de Justicia, para la sanci髇 de suspensi髇, traslado forzoso, separaci髇 del servicio y cese en el puesto de trabajo.�
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• Ochenta y uno. Se a馻de un nuevo art韈ulo 469 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 469 bis

  1. Las faltas muy graves prescribir醤 a los dos a駉s, las graves al a駉 y las leves a los seis meses.

  2. El plazo de prescripci髇 comenzar� a contarse desde que la falta se haya cometido.

  En los casos en los que un mismo hecho d� lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripci髇 de la falta disciplinaria no comenzar醤 a computarse sino desde la conclusi髇 de la causa penal.

  3. El plazo de prescripci髇 se interrumpir� en el momento de notificaci髇 del acuerdo de iniciaci髇 del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante m醩 de dos meses por causas no imputables al expedientado.

  4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir醤 a los dos a駉s; las impuestas por faltas graves al a駉, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripci髇 comenzar� a computarse desde el d韆 siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci髇 en que se imponga la sanci髇.�

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• Ochenta y dos. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 470, que queda redactado como sigue:

  �1. Este Libro tiene por objeto la determinaci髇 del estatuto jur韉ico, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 122 de la Constituci髇 Espa駉la, de los funcionarios que integran los Cuerpos de M閐icos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, de Gesti髇 Procesal y Administrativa, de T閏nicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, de Tramitaci髇 Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses.�

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• Ochenta y tres. Se modifica el tercer p醨rafo del apartado b) del art韈ulo 475, que queda redactado como sigue:

  獷l Cuerpo de M閐icos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de M閐icos Forenses se exige estar en posesi髇 de los t韙ulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Forense.�

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• Ochenta y cuatro. Se modifica el art韈ulo 476, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 476

  1. Corresponde al Cuerpo de Gesti髇 Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, as� como la realizaci髇 de tareas procesales propias.

  Con car醕ter general y bajo el principio de jerarqu韆, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempe馿n, le corresponde:

  • a) Gestionar la tramitaci髇 de los procedimientos, de la que dar� cuenta al Letrado de la Administraci髇 de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretaci髇 de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del 髍gano judicial cuando fuera requerido para ello.
  • b) Practicar y firmar las comparecencias que efect鷈n las partes en relaci髇 con los procedimientos que se sigan en el 髍gano judicial, respecto a las cuales tendr� capacidad de certificaci髇.
  • c) Documentar los embargos, lanzamientos y dem醩 actos cuya naturaleza lo requiera, con el car醕ter y representaci髇 que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administraci髇 de Justicia considere necesaria su intervenci髇, ostentando en dichos actos la consideraci髇 de agente de la autoridad.
  • d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitaci髇, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, as� como elaborar notas, que podr醤 ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del tr醡ite a que se refieran.
  • e) Realizar las tareas de registro, recepci髇 y distribuci髇 de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
  • f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administraci髇 de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
  • g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionar醤 la distribuci髇 de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.
  • h) Colaborar con los 髍ganos competentes en materia de gesti髇 administrativa, desempe馻ndo funciones relativas a la gesti髇 del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones est閚 contempladas expresamente en la descripci髇 que la relaci髇 de puestos de trabajo efect鷈 del puesto de trabajo.
  • i) Desempe馻r la Secretar韆 de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretar韆s de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de m醩 de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, as� como los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gesti髇 Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as� como desempe馻r puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades as� lo establezcan, siempre que se re鷑an los requisitos de conocimiento y preparaci髇 exigidos para su desempe駉.
  • j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protecci髇 y apoyo a las v韈timas, as� como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de soluci髇 extraprocesal.
  • k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza an醠oga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempe馿, sean encomendadas por los superiores jer醨quicos, org醤icos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

  2. Los funcionarios del Cuerpo de Gesti髇 Procesal y Administrativa podr醤 ser nombrados Letrados de la Administraci髇 de Justicia sustitutos, siempre que se re鷑an los requisitos de titulaci髇 y dem醩 exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribuci髇 que reglamentariamente se establezca.�

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• Ochenta y cinco. Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra h) en el art韈ulo 477, que quedan redactadas como sigue:
  • 玤) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protecci髇 y apoyo a las v韈timas, as� como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de soluci髇 extraprocesal.
  • h) La realizaci髇 de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza an醠oga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempe馿, sean encomendadas por los superiores jer醨quicos, org醤icos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.�
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• Ochenta y seis. Se modifica el art韈ulo 479, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 479

  1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son 髍ganos t閏nicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Aut髇omas con competencia en la materia, cuya misi髇 principal es auxiliar a la Administraci髇 de Justicia en el 醡bito de su disciplina cient韋ica y t閏nica.

  2. Existir� un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

  No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petici髇, en su caso, de una Comunidad Aut髇oma con competencia en la materia, podr� autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Aut髇oma de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.

  Asimismo, el Gobierno podr� autorizar, previa petici髇, en su caso, de una Comunidad Aut髇oma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del 醡bito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el 醡bito de actuaci髇 que se determine.

  Con sede en Madrid existir� un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestar� servicio a los diversos 髍ganos de jurisdicci髇 estatal.

  3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Aut髇omas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administraci髇 de Justicia, se determinar醤 las normas generales de organizaci髇 y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuaci髇 de los m閐icos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma dictar, en el 醡bito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicaci髇. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contar醤 con unidades de valoraci髇 forense integral, de las que podr醤 formar parte los psic髄ogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las v韈timas de violencia de g閚ero y el dise駉 de protocolos de actuaci髇 global e integral en casos de violencia de g閚ero. Asimismo dentro de los Institutos podr醤 integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administraci髇 de Justicia, incluyendo los equipos t閏nicos de menores, cuyo personal tendr� formaci髇 especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de g閚ero y dom閟tica. Su formaci髇 ser� orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

  4. Los m閐icos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administraci髇 de Justicia.

  5. Son funciones de los m閐icos forenses:

  • a) La asistencia t閏nica a Juzgados, Tribunales y Fiscal韆s en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dict醡enes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigaci髇 criminal que aquellos soliciten.
  • b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicci髇 de Juzgados, Tribunales y Fiscal韆s, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.
  • c) La emisi髇 de informes y dict醡enes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislaci髇 espec韋ica.
  • d) La emisi髇 de informes y dict醡enes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
  • e) La realizaci髇 de funciones de docencia, periciales o de investigaci髇, por motivos de inter閟 general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Aut髇oma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.
  • f) La realizaci髇 de funciones de investigaci髇 y colaboraci髇 que deriven de su propia funci髇, en los t閞minos contemplados reglamentariamente.

  6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigaci髇 de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar� a las 髍denes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente cient韋icos.

  7. Los m閐icos forenses estar醤 destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estar� destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Tambi閚 podr醤 prestar servicios en los citados Institutos los psic髄ogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.�

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• Ochenta y siete. Se modifica el art韈ulo 480, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 480

  1. El Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses es un 髍gano t閏nico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misi髇 principal es auxiliar a la Administraci髇 de Justicia y contribuir a la unidad de criterio cient韋ico, a la calidad de la pericia anal韙ica y al desarrollo de las ciencias forenses. Adem醩, desarrollar� las siguientes funciones:

  • a) Emitir los informes y dict醡enes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
  • b) Practicar los an醠isis e investigaciones toxicol骻icas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los m閐icos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigaci髇 efectuadas por el Ministerio Fiscal.
  • c) Realizar igualmente los an醠isis e investigaciones interesados por organismos o empresas p鷅licas en cuestiones que afecten al inter閟 general, en los supuestos que se prevean seg鷑 instrucciones del Ministerio de Justicia o en los t閞minos de los acuerdos o convenios realizados al efecto.
  • d) Realizar los informes, an醠isis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales, o incluso al margen de 閟tos en las condiciones que se determinen.
  • e) Difundir los conocimientos en materia toxicol骻ica, contribuir a la prevenci髇 de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.
  • f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relaci髇 con los Institutos de Medicina Legal, as� como con otros organismos nacionales y extranjeros.
  • g) Efectuar estudios de toxicolog韆 y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
  • h) Podr醤 colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicolog韆 y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto.

  2. La organizaci髇 y supervisi髇 del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su 醡bito de actuaci髇 se extiende a todo el territorio nacional.

  Su estructura org醤ica se determinar� mediante real decreto.

  En el mismo prestar醤 servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes de este art韈ulo. Adem醩, podr醤 prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administraci髇 de Justicia, as� como de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, as� como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempe駉 de sus funciones u otro personal para la realizaci髇 de actividades propias de oficios o de car醕ter instrumental, contratados en r間imen laboral.

  3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administraci髇 de Justicia. Atendiendo a la actividad t閏nica y cient韋ica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podr醤 establecerse especialidades.

  Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses la asistencia t閏nica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los m閐icos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigaci髇. A tal efecto llevar醤 a cabo los an醠isis e investigaci髇 que les sean solicitados, emitir醤 los dict醡enes e informes pertinentes y evacuar醤 las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, as� como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas p鷅licas que afecten al inter閟 general, y contribuir醤 a la prevenci髇 de intoxicaciones.

  Prestar醤 sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, as� como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

  4. Los T閏nicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administraci髇 de Justicia.

  Son funciones del Cuerpo de T閏nicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses aquellas de auxilio t閏nico especializado en las actividades cient韋icas y de investigaci髇 propias del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses.

  Prestar醤 sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, as� como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

  5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administraci髇 de Justicia, para la realizaci髇 de funciones de apoyo propias de su formaci髇, en las actividades cient韋icas y de investigaci髇 de este Instituto, as� como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.

  6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses depender醤 jer醨quicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.�

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• Ochenta y ocho. Se a馻de un nuevo apartado 5 al art韈ulo 481, que queda redactado como sigue:

  �5. Los funcionarios de carrera de la Administraci髇 de Justicia figurar醤 en el escalaf髇 por orden de ingreso en el Cuerpo con menci髇 de, al menos, los siguientes datos:

  • a) Documento nacional de identidad.
  • b) Nombre y apellidos.
  • c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.�
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• Ochenta y nueve. Se modifica el apartado 5 del art韈ulo 482, que queda redactado como sigue:

  �5. En las ofertas de empleo p鷅lico se reservar� un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales las definidas en el apartado 2 del art韈ulo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusi髇 Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempe駉 de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente.�

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• Noventa. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 485, que queda redactado como sigue:

  �1. Los procesos de selecci髇 podr醤 incluir la realizaci髇 de un curso te髍ico-pr醕tico o de un periodo de pr醕ticas, que podr醤 tener car醕ter selectivo.

  La calificaci髇 obtenida servir� para fijar el orden de prelaci髇. No obstante, si tuviesen car醕ter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podr醤 repetirlo en el siguiente, al que se incorporar醤 con la nueva promoci髇. Si tampoco superaren este curso perder醤 el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.�

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• Noventa y uno. Se modifica el apartado 2 y se a馻de un nuevo apartado 6 al art韈ulo 490, que quedan redactados como sigue:

  �2. Adem醩 de las plazas que se incluyan para la incorporaci髇 de nuevo personal en la Oferta de Empleo P鷅lico de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 482, el Ministerio de Justicia convocar� anualmente procesos de promoci髇 interna para la cobertura de un n鷐ero de plazas equivalente al treinta por ciento de las vacantes que, para cada Cuerpo, sean objeto de dicha oferta de empleo p鷅lico.

  Con independencia de lo se馻lado en el p醨rafo anterior, el Ministerio de Justicia, con car醕ter extraordinario y previa autorizaci髇 del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, podr� convocar procesos de promoci髇 interna espec韋icos cuando las circunstancias en la Administraci髇 de Justicia lo aconsejen.

  En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoci髇 interna que no resulten cubiertas, no podr醤 en ning鷑 caso acrecer a las convocadas por turno libre ni incorporarse a la Oferta de Empleo P鷅lico.�

  �6. Los funcionarios del Cuerpo de T閏nicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses podr醤 acceder mediante promoci髇 interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, siempre que re鷑an los requisitos para ello.�

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• Noventa y dos. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 495, que queda redactado como sigue:

  �1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:

  • a) Al mantenimiento de su condici髇 funcionarial, al desempe駉 efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempe馿n sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.
  • b) A percibir la retribuci髇 y las indemnizaciones por raz髇 del servicio establecidas en la normativa vigente.
  • c) A la carrera profesional, a trav閟 de los mecanismos de promoci髇 profesional que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, m閞ito, capacidad y publicidad.
  • d) A recibir por parte de la Administraci髇 la formaci髇 necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y m醩 pronta adaptaci髇 a sus puestos de trabajo y les posibilite su promoci髇 profesional.
    Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas Administraciones p鷅licas competentes en materia de gesti髇 de personal no representen obst醕ulos en la promoci髇 y en la movilidad del personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia en el territorio del Estado, se adoptar醤 medidas de coordinaci髇 y homologaci髇 en materia de formaci髇 continua.
  • e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempe馻r y a participar en la consecuci髇 de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.
  • f) Al respeto de su intimidad y a la consideraci髇 debida a su dignidad, comprendida la protecci髇 frente a ofensas verbales o f韘icas de naturaleza sexual.
  • g) A la no discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, origen racial o 閠nico, g閚ero, sexo u orientaci髇 sexual, religi髇 o convicciones, opini髇, discapacidad, edad o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal o social.
  • h) A vacaciones, permisos y licencias.
  • i) A recibir protecci髇 en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones competentes adoptar醤 aquellas medidas que sean necesarias para la aplicaci髇 efectiva de la normativa vigente sobre prevenci髇 de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluaci髇 de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de emergencia, as� como a la creaci髇 de servicios de prevenci髇 y de un Comit� Central de Seguridad y Salud.
  • j) A la jubilaci髇.
  • k) A un r間imen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en pr醕ticas estar� integrado por el R間imen General de la Seguridad Social o el R間imen de Clases Pasivas del Estado, en funci髇 de la fecha en la que hayan adquirido tal condici髇, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, y disposiciones de desarrollo.
  • l) A los derechos previstos en el art韈ulo 444.2 de esta Ley.�
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• Noventa y tres. Se modifica la letra l) del art韈ulo 497, que queda redactada como sigue:
  • 玪) Tratar con correcci髇 y consideraci髇 a los superiores jer醨quicos, compa馿ros y subordinados, as� como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.�
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• Noventa y cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 3 del art韈ulo 498, que queda redactada como sigue:
  • 玝) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:
    • 1.� El ejercicio de la abogac韆, procuradur韆, o de la profesi髇 de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesi髇 que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.
    • 2.� El desempe駉 de todo tipo de asesoramiento jur韉ico, sea retribuido o no.
    • 3.� La condici髇 de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compa耥a de seguros.
    • 4.� El desempe駉 de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.
    • 5.� El desempe駉 de servicios de gestor韆 administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.
    • 6.� El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.�
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• Noventa y cinco. Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 500, que queda redactado como sigue:

  �4. La distribuci髇 de la jornada y la fijaci髇 de los horarios se determinar� a trav閟 del calendario laboral que, con car醕ter anual, se aprobar� por el 髍gano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Aut髇omas con competencias asumidas, en sus respectivos 醡bitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociaci髇 con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinar� en funci髇 del n鷐ero de horas anuales de trabajo efectivo. Podr醤 establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantiz醤dose en todo caso un n鷐ero de horas de obligada concurrencia continuada.

  Los horarios que se establezcan deber醤 respetar en todo caso el horario de audiencia p鷅lica.�

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• Noventa y seis. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 502, que queda redactado como sigue:

  �1. Los funcionarios tendr醤 derecho a disfrutar, durante cada a駉 natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administraci髇 General del Estado en su normativa.�

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• Noventa y siete. Se modifican los p醨rafos segundo y 鷏timo del apartado 5 del art韈ulo 504, que quedan redactados como sigue:

  玈in perjuicio de la obligaci髇 de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por raz髇 de enfermedad durante la jornada laboral del d韆 en que 閟ta se produzca, los funcionarios deber醤 solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad en el cuarto d韆 consecutivo desde que se produjo la ausencia en el puesto de trabajo.�

  獿a ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no d� lugar a una situaci髇 de incapacidad temporal, comportar� la aplicaci髇 del descuento en n髆ina en los t閞minos y condiciones que se establezcan por la normativa espec韋ica que al efecto se dicte.�

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• Noventa y ocho. Se modifica el p醨rafo tercero del apartado 3 del art韈ulo 509, que queda redactado como sigue:

  獷l tiempo de permanencia en esta situaci髇 ser� computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el r間imen de Seguridad Social que sea de aplicaci髇. El puesto desempe馻do se reservar� al menos dos a駉s. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo ser� a un puesto en la misma localidad y de igual retribuci髇. Los funcionarios en esta situaci髇 podr醤 participar en los cursos de formaci髇 que convoque la Administraci髇.�

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• Noventa y nueve. Se modifica la letra A) del apartado 3 del art韈ulo 521, que queda redactada como sigue:
  • 獳) Centro Gestor. Centro de destino.
    A efectos de la ordenaci髇 de los puestos de trabajo y de su ocupaci髇 por el personal funcionario, tendr醤 la consideraci髇 de centros gestores los 髍ganos competentes del Ministerio de Justicia o el 髍gano competente de las Comunidades Aut髇omas para la gesti髇 del personal, a quienes corresponder� la formulaci髇 de la relaci髇 de puestos de trabajo en sus respectivos 醡bitos territoriales.
    Se entender� por centro de destino:
    Cada uno de los servicios comunes procesales.
    El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a 髍ganos judiciales que radiquen en el mismo municipio.
    El Registro Civil Central y los Registros Civiles 趎icos de cada localidad, donde los hubiese.
    Cada una de las Fiscal韆s o Adscripciones de Fiscal韆s.
    En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creaci髇 establezca como tales.
    En el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creaci髇 establezca como tales.
    La Mutualidad General Judicial.
    Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de m醩 de 7.000 habitantes o de menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en raz髇 de su carga de trabajo.
    El Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo.
    Las Secretar韆s de Gobierno.�
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• Cien. Se modifica el p醨rafo primero del apartado 2 del art韈ulo 527, que queda redactado como sigue:

  獵on car醕ter excepcional podr醤 ser cubiertos temporalmente mediante sustituci髇 los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular est� ausente.�

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• Ciento uno. Se a馻de un nuevo apartado 5 al art韈ulo 531, que queda redactado como sigue:

  �5. Con car醕ter excepcional, se podr醤 convocar con antelaci髇 suficiente concursos de traslados sin resultas para los 髍ganos judiciales de nueva creaci髇 al objeto de que a su entrada en funcionamiento est閚 dotados de personal.�

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• Ciento dos. Se modifica el art韈ulo 536, que queda redactado como sigue:

  Art韈ulo 536

  Las faltas podr醤 ser muy graves, graves y leves.

  • a) Se consideran faltas muy graves:
    • 1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci髇 en el ejercicio de la funci髇 p鷅lica.
    • 2. Toda actuaci髇 que suponga discriminaci髇 por raz髇 de sexo, raza, religi髇, lengua, opini髇, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal o social.
    • 3. El abandono del servicio.
    • 4. La emisi髇 de informes o adopci髇 de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al inter閟 p鷅lico o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.
    • 5. La utilizaci髇 indebida de la documentaci髇 o informaci髇 a que tengan o hayan tenido acceso por raz髇 de su cargo o funci髇.
    • 6. La negligencia en la custodia de documentos que d� lugar a su difusi髇 o conocimiento indebidos.
    • 7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
    • 8. La utilizaci髇 de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 醡bito.
    • 9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecuci髇 tengan encomendadas.
    • 10. La desobediencia grave o reiterada a las 髍denes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por 閟te en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
    • 11. La utilizaci髇 de la condici髇 de funcionario para la obtenci髇 de un beneficio indebido para s� o para un tercero.
    • 12. La realizaci髇 de actividades declaradas incompatibles por ley.
    • 13. La inobservancia del deber de abstenci髇, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
    • 14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades p鷅licas y de los derechos sindicales.
    • 15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
    • 16. El acoso sexual.
    • 17. La agresi髇 grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
    • 18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.
    • 19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaraci髇 de responsabilidad civil contra韉a en el ejercicio de la funci髇 por dolo o culpa grave.
    • 20. La comisi髇 de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelaci髇 de las anotaciones correspondientes.
  • b) Se consideran faltas graves:
    • 1. La desobediencia expresa a las 髍denes o instrucciones de un superior, emitidas por 閟te en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
    • 2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecuci髇 les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave.
    • 3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave.
    • 4. La negligencia en la custodia de documentos, as� como la utilizaci髇 indebida de los mismos o de la informaci髇 que conozcan por raz髇 del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.
    • 5. La tercera falta injustificada de asistencia en un per韔do de tres meses.
    • 6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas.
    • 7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas, sin obtener la pertinente autorizaci髇 o habi閚dola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
    • 8. La falta de consideraci髇 grave con los superiores, iguales o subordinados, as� como con los profesionales o ciudadanos.
    • 9. Causar da駉 grave en los documentos o material de trabajo, as� como en los locales destinados a la prestaci髇 del servicio.
    • 10. La utilizaci髇 inadecuada de los medios inform醫icos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilizaci髇, as� como la indebida utilizaci髇 de las claves de acceso a los sistemas inform醫icos.
    • 11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
    • 12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan.
    • 13. Obstaculizar las labores de inspecci髇.
    • 14. Promover su abstenci髇 de forma claramente injustificada.
    • 15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
    • 16. La comisi髇 de una falta de car醕ter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resoluci髇 firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelaci髇 de las correspondientes anotaciones.
  • c) Se consideran faltas leves:
    • 1. La falta de consideraci髇 con los superiores, iguales o subordinados, as� como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracci髇 m醩 grave.
    • 2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempe駉, siempre que tales conductas no constituyan infracci髇 m醩 grave.
    • 3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta m醩 grave.
    • 4. La ausencia injustificada por un d韆.
    • 5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.�
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• Ciento tres. Se modifica el p醨rafo primero del art韈ulo 538, que queda redactado como sigue:

  獿as sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:

  • a) Apercibimiento.
  • b) Suspensi髇 de empleo y sueldo.
  • c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
  • d) Separaci髇 del servicio.
  • e) Cese en el puesto de trabajo.

  Las sanciones de los p醨rafos b) y c) podr醤 imponerse por la comisi髇 de faltas graves y muy graves, gradu醤dose su duraci髇 en funci髇 de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanci髇.

  La sanci髇 de separaci髇 de servicio s髄o podr� imponerse por faltas muy graves.

  La suspensi髇 de funciones impuesta por la comisi髇 de una falta muy grave no podr� ser superior a tres a駉s ni inferior a un a駉. Si se impone por falta grave, no exceder� de un a駉.

  Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podr醤 obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres a駉s, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisi髇 de una falta grave.

  La sanci髇 de cese en el puesto de trabajo, s髄o ser� aplicable a los funcionarios interinos por comisi髇 de faltas graves o muy graves.

  Las faltas leves s髄o podr醤 ser corregidas con apercibimiento.�

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• Ciento cuatro. Se modifica la r鷅rica del t韙ulo II del libro VII, que queda redactada como sigue:

  玊蚑ULO II
  De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales�

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• Ciento cinco. Se modifica el art韈ulo 544, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 544

  1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestar醤 juramento o promesa de acatamiento a la Constituci髇 y al resto del ordenamiento jur韉ico.

  2. La colegiaci髇 de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales ser� obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los t閞minos previstos en esta Ley y por la legislaci髇 general sobre colegios profesionales, salvo que act鷈n al servicio de las Administraciones p鷅licas o entidades p鷅licas por raz髇 de dependencia funcionarial o laboral.�

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• Ciento seis. Se modifica el art韈ulo 545, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 545

  1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podr醤 designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que re鷑an los requisitos exigidos por las leyes.

  2. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representaci髇 t閏nica podr� ser ostentada por un Graduado Social, al que ser醤 de aplicaci髇 las obligaciones inherentes a su funci髇, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jur韉ico profesional, en este t韙ulo y especialmente en los art韈ulos 187, 542.3 y 546.

  3. Se designar醤 de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervenci髇. La defensa o representaci髇 de oficio tendr� car醕ter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los t閞minos que establezca la ley.�

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• Ciento siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 546, que quedan redactados como sigue:

  �1. Es obligaci髇 de los poderes p鷅licos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representaci髇 t閏nica de Graduado Social en los t閞minos establecidos en la Constituci髇 y en las leyes.

  2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales est醤 sujetos en el ejercicio de su profesi髇 a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, seg鷑 proceda.�

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• Ciento ocho. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 551, que queda redactado como sigue:

  �1. La representaci髇 y defensa del Estado y de sus organismos aut髇omos, as� como la representaci髇 y defensa de los 髍ganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un r間imen especial propio, corresponder� a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jur韉ico del Estado. Los Abogados del Estado podr醤 representar y defender a los restantes organismos y entidades p鷅licos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participaci髇 estatal, en los t閞minos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur韉ica al Estado e Instituciones P鷅licas y disposiciones de desarrollo.

  La representaci髇 y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza p鷅lica, que conforme a la ley integran la Administraci髇 de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponder� a los Letrados de la Administraci髇 de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jur韉ico de la Administraci髇 de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.�

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• Ciento nueve. Se modifican los apartados 2 y 3 del art韈ulo 561 y se incluye un nuevo apartado 4, con la siguiente redacci髇:

  �2. El Consejo General del Poder Judicial emitir� su informe en el plazo improrrogable de treinta d韆s. Si en la orden de remisi髇 se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo ser� de quince d韆s. Excepcionalmente el 髍gano remitente podr� conceder la pr髍roga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duraci髇 de la pr髍roga ser� de quince d韆s, salvo en los casos en los que en la orden de remisi髇 se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso ser� de diez d韆s.

  3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendr� por cumplido dicho tr醡ite.

  4. El Gobierno remitir� dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.�

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• Ciento diez. Se a馻de un nuevo apartado 6 al art韈ulo 567, que queda redactado como sigue:

  �6. El c髆puto de los plazos en los procedimientos de designaci髇 de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elecci髇 del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, as� como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizar� por d韆s h醔iles cuando el plazo se se馻le por d韆s, empezando a computarse desde el d韆 siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o a駉s. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera d韆 equivalente al inicial del c髆puto se entender� que el plazo expira el 鷏timo del mes.�

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• Ciento once. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 577, que queda redactado como sigue:

  �1. Contra la proclamaci髇 definitiva de candidaturas cabr� interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos d韆s desde la publicaci髇 del acuerdo. En el mismo acto de interposici髇 se deber醤 presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompa馻das de los elementos de prueba oportunos.�

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• Ciento doce. Se a馻de un nuevo apartado 5 al art韈ulo 579, redactado como sigue:

  �5. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial est醤 sujetos al deber de efectuar una declaraci髇 de bienes y derechos y al control y gesti髇 de activos financieros de los que sean titulares en los t閞minos previstos en los art韈ulos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organizaci髇 del Consejo que se establecer醤 en el Reglamento de Organizaci髇 y Funcionamiento del mismo.�

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• Ciento trece. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 601, que queda redactado como sigue:

  �2. La Comisi髇 Permanente estar� compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidir�, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepci髇 de los miembros de la Comisi髇 Disciplinaria, se procurar�, previa propuesta del Presidente, la rotaci髇 anual del resto de los Vocales en la composici髇 anual de la Comisi髇 Permanente.�

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• Ciento catorce. Se modifican los apartados 2 y 3 del art韈ulo 609, que quedan redactados como sigue:

  �2. La Comisi髇 de Asuntos Econ髆icos estar� integrada por tres Vocales.

  3. La Comisi髇 de Asuntos Econ髆icos deber� actuar con la asistencia de todos sus componentes.�

  LE0000019669_20210625
• Ciento quince. Se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 610, que quedan redactados como sigue:

  �1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegir� anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisi髇 de Igualdad y designar�, entre ellos, a su Presidente.

  2. La Comisi髇 de Igualdad estar� integrada por tres Vocales.�

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• Ciento diecis閕s. Se a馻de una nueva disposici髇 adicional vig閟ima primera, que queda redactada como sigue:

  獶isposici髇 adicional vig閟ima primera Apoyo judicial en la instrucci髇 de causas complejas

  Adem醩 de lo dispuesto en el cap韙ulo IV bis del t韙ulo II del libro III de esta Ley, dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podr� acordar, para la mejor instrucci髇 de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripci髇 a un 髍gano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la direcci髇 del titular de aqu閘, realicen exclusivamente labores de colaboraci髇, asistencia o asesoramiento. Para id閚tico fin e iguales condiciones, podr� interesarse la adscripci髇 de uno o varios Letrados de la Administraci髇 de Justicia.

  A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial propondr� un programa concreto de actuaci髇 especificando, en todo caso, su objeto, 醡bito de aplicaci髇, duraci髇 y el tipo de comisiones en cuanto a la relevaci髇 de funciones. La aprobaci髇 del mismo precisar� la autorizaci髇 del Ministerio de Justicia.

  En el caso de que se interese la adscripci髇 de Letrados de la Administraci髇 de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dirigir� su petici髇 al Ministerio para la aprobaci髇 de las correspondientes comisiones.�

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Disposici髇 adicional primera Referencias en las normas de fecha anterior

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias que se contengan en la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, as� como en otras normas jur韉icas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicolog韆, deber醤 entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administraci髇 de Justicia, Letrados de la Administraci髇 de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses.

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Disposici髇 adicional segunda Elaboraci髇 del escalaf髇 del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia deber� elaborar el escalaf髇 del Cuerpo de Letrados de la Administraci髇 de Justicia.

Disposici髇 adicional tercera Pruebas de especializaci髇

El Consejo General del Poder Judicial podr� convocar, adem醩 de las expresamente previstas en esta Ley, otras pruebas de especializaci髇 entre miembros de Carrera judicial en las que se valoren conocimientos espec韋icos dentro de las distintas ramas del Derecho. Su superaci髇 ser� considerada como m閞ito en los concursos que no se resuelvan exclusivamente por criterios de antig黣dad. Reglamentariamente se determinar� el n鷐ero, contenido y desarrollo de estas pruebas que podr� comprender el reconocimiento y valoraci髇 de las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Si de esta especializaci髇 se derivara alg鷑 incremento de gasto, ser� preciso informe favorable de la Administraci髇 competente para soportar dicho gasto.

Disposici髇 adicional cuarta Uso obligatorio de las nuevas tecnolog韆s

1. La utilizaci髇 de los sistemas inform醫icos puestos al servicio de la Administraci髇 de Justicia ser� de uso obligatorio para Jueces y Magistrados.

2. El Consejo General del Poder Judicial, en el 醡bito de sus competencias, podr� dictar instrucciones de obligado cumplimiento con el fin de garantizar la adecuada utilizaci髇 de los recursos materiales que las Administraciones pongan a disposici髇 de Juzgados y Tribunales para el desempe駉 de sus funciones.

3. No podr� exigirse a ciudadanos, profesionales o Administraciones que aporten la documentaci髇 que les sea requerida o de la que pretendan valerse en soporte papel, salvo que ello sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal o reglamentariamente se autorice de forma expresa.

Disposici髇 adicional quinta Pensi髇 de jubilaci髇

A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administraci髇 de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el R間imen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensi髇 de jubilaci髇 a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco a駉s de edad cumplidos, as� como a los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo que en la indicada fecha estuvieran prestando servicios como em閞itos, les ser� de aplicaci髇 lo establecido en la disposici髇 adicional decimos閜tima del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

En estos supuestos se reconocer� a los interesados un porcentaje adicional por cada a駉 completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco a駉s, y la del hecho causante de la pensi髇, cuya cuant韆 estar� en funci髇 de los a駉s de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, seg鷑 la escala prevista en la disposici髇 adicional mencionada en el p醨rafo anterior.

LE0000624416_20210101Disposici髇 adicional quinta redactada por el apartado uno de la disposici髇 final trig閟ima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2018 (獴.O.E.� 4 julio).Vigencia: 5 julio 2018Efectos / Aplicaci髇: 5 julio 2018

Disposici髇 adicional sexta Pr髍roga de servicio activo de Fiscales y Letrados de la Administraci髇 de Justicia

La referencia realizada en el art韈ulo 386 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial deber� entenderse efectuada al Ministerio de Justicia cuando sean Fiscales o Letrados de la Administraci髇 de Justicia los que soliciten la prolongaci髇 de la permanencia en el servicio activo.

Disposici髇 transitoria primera Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados

1. Los procedimientos que se rijan por normas de competencia judicial internacional en el orden civil iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuar醤 sustanci醤dose conforme a las normas que reg韆n a la fecha de su incoaci髇.

2. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que con anterioridad eran competencia de los Juzgados de Instrucci髇 y con arreglo a la misma son competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, continuar醤 sustanci醤dose conforme a las normas que reg韆n a la fecha de su incoaci髇.

3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuar醤 tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de su incoaci髇.

Disposici髇 transitoria segunda R間imen del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo

1. El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo previsto en esta Ley se aplicar� a partir del momento de entrada en vigor de la misma.

2. Los miembros de la plantilla del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo pasar醤 a la situaci髇 administrativa que corresponda a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

3. Las plazas de Letrados coordinadores en el Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo se crear醤 por transformaci髇 de las plazas actualmente existentes de Magistrados en dicho Gabinete, a la entrada en vigor de esta Ley. Cualquier modificaci髇 de la plantilla de Letrados coordinadores deber� ajustarse al procedimiento previsto en el primer p醨rafo del apartado 5 del art韈ulo 61 bis de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Quienes actualmente desempe馿n las funciones de Magistrado del Gabinete T閏nico pasar醤 a tener la consideraci髇 de Letrados coordinadores por el tiempo por el que fueron nombrados.

4. Los Letrados del Gabinete T閏nico que no pertenezcan a la Carrera judicial estar醤 sometidos al r間imen estatutario de los Letrados de la Administraci髇 de Justicia, en cuanto fuere aplicable, hasta la entrada en vigor de la ley que regule el estatuto b醩ico de los Letrados del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo.

Disposici髇 transitoria tercera Magistrados y Fiscales em閞itos

1. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como Magistrados em閞itos o Magistrados em閞itos del Tribunal Supremo, podr醤 continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos a駉s a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual r間imen retributivo. No obstante lo anterior, en ning鷑 caso podr醤 permanecer en esta situaci髇 cumplidos los setenta y cinco a駉s.

El mismo r間imen ser� de aplicaci髇 a quienes a la entrada en vigor de esta Ley re鷑an los requisitos previstos para poder ser nombrados como Magistrados em閞itos o Magistrados em閞itos del Tribunal Supremo y as� lo hubieran solicitado.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior regir� para los Fiscales que se encuentren en las mismas situaciones en 閘 descritas.

Disposici髇 transitoria cuarta Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores

1. A la entrada en vigor de esta Ley los Secretarios de Gobierno o Coordinadores nombrados podr醤 concursar para obtener plaza e incorporarse as� al r間imen que establece la presente Ley; para ello tendr醤 preferencia absoluta en los dos primeros concursos que se realicen en los que se oferten plazas en su ciudad de procedencia o en la de su actual destino.

Una vez obtenida plaza se les aplicar� el r間imen general.

2. A los que no hubieren concursado conforme al apartado anterior les ser� aplicable el siguiente r間imen transitorio:

• a) Los que cesaren en su cargo o no renovaren, quedar醤 adscritos, a su elecci髇, al Tribunal o a la Audiencia Provincial de la ciudad de procedencia o de aqu閘la en la que cesen.
• b) Durante los dos a駉s posteriores a la fecha de su cese o no renovaci髇, podr醤 optar con car醕ter preferente a cualquier plaza de cualquier categor韆 que tengan consolidada de las que deban proveerse por concurso voluntario, poniendo fin as� a la situaci髇 de adscripci髇 provisional que se regula en el apartado anterior.
• c) De no haber concursado dentro de dicho plazo en la forma indicada, pese a la oferta de puestos de trabajo en la ciudad de adscripci髇 que se hubieren incluido en estos concursos, y una vez transcurridos los dos a駉s de adscripci髇, se les adjudicar� con car醕ter definitivo el primer puesto de trabajo vacante en esa ciudad. El c髆puto de los dos a駉s comenzar� a contar desde el primer concurso que se realice con posterioridad a su cese o no renovaci髇.

En sucesivos concursos, de tener consolidada la primera categor韆, el tiempo prestado en esta se les computar� a efectos de traslados conforme se indique en las normas de desarrollo o en las mismas convocatorias.

3. Los Secretarios de Gobierno y Coordinadores que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran desempe馻ndo su segundo o posterior mandato, no podr醤 optar a la renovaci髇 para el mismo puesto.

Disposici髇 transitoria quinta Planes anuales de suplencias y sustituciones

Tras la entrada en vigor de la presente Ley y en tanto no se aprueben los siguientes planes anuales de suplencias y sustituciones de Letrados de la Administraci髇 de Justicia, el Secretario de Gobierno velar� para que las sustituciones y llamamientos que fuesen necesarios realizar se ajusten a los criterios establecidos en esta Ley, en cuanto sea posible.

Disposici髇 transitoria sexta Institutos de Medicina Legal

En aquellas Comunidades Aut髇omas o Ciudades Aut髇omas en las que no est閚 constituidos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hasta el momento en que se constituyan, la regulaci髇 del art韈ulo 479 se entender� aplicable a las agrupaciones de forens韆s.

Disposici髇 transitoria s閜tima Dilaci髇 del requisito de especialidad en Medicina Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de M閐icos Forenses

La especialidad en Medicina Legal y Forense, exigida en el art韈ulo 475 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para acceder al Cuerpo de M閐icos Forenses, no ser� requisito obligatorio hasta que as� lo determine el Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formaci髇 por el sistema de residencia al menos la primera promoci髇 de estos especialistas y se haya desarrollado la v韆 extraordinaria de acceso a dicho t韙ulo seg鷑 el procedimiento regulado en el real decreto que desarrolle el acceso a esta especialidad por el sistema de residencia.

LE0000699574_20210625 Disposici髇 transitoria s閜tima redactada por la disposici髇 final decimosexta de la L.O. 8/2021, de 4 de junio, de protecci髇 integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (獴.O.E.� 5 junio).Vigencia: 25 junio 2021

Disposici髇 transitoria octava Pensi髇 de jubilaci髇

Los reconocimientos de pensiones de jubilaci髇, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposici髇 adicional quinta de esta Ley, se revisar醤 de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposici髇, con efectos econ髆icos a partir del d韆 primero del mes siguiente al hecho causante.

Asimismo se revisar醤 de oficio las reconocimientos de las pensiones de jubilaci髇 de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo em閞itos mencionados en la referida disposici髇 con efectos econ髆icos a partir del d韆 primero del mes siguiente al que cesen en tal situaci髇.

LE0000624416_20210101Disposici髇 transitoria octava redactada por el apartado dos de la disposici髇 final trig閟ima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2018 (獴.O.E.� 4 julio).Vigencia: 5 julio 2018Efectos / Aplicaci髇: 5 julio 2018

Disposici髇 transitoria novena Plazo de solicitud para la prolongaci髇 de la permanencia en el servicio activo

El plazo de dos meses previsto en el art韈ulo 386 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para solicitar la prolongaci髇 de la permanencia en el servicio activo no ser� exigible a quienes se jubilen entre la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y el 1 de diciembre de 2015.

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Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci髇 y de Planta Judicial

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci髇 y de Planta Judicial, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 8, que queda redactado como sigue:

  �2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del art韈ulo 3 de esta Ley, as� como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicci髇 de extensi髇 territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se se馻le por Ley de la correspondiente Comunidad Aut髇oma y toman el nombre del municipio en que aqu閘la est� situada.�

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• Dos. Se modifica el art韈ulo 23, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 23

  Las retribuciones de los Letrados al servicio del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo ser醤 las correspondientes a un Letrado de la Administraci髇 de Justicia de Sala del Tribunal Supremo. No obstante, los Letrados que desarrollen labores de coordinaci髇 conforme a lo previsto en el apartado 4 del art韈ulo 61 bis de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que adem醩 pertenezcan a la Carrera judicial, percibir醤 las previstas en el Anexo II.2 de la Ley 15/2003 para los Magistrados del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo.�

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• Tres. Se modifica el anexo III, que queda redactado como sigue:

  獳NEXO III
  Audiencia Nacional

  Presidente Audiencia Nacional.

  Sala de lo Penal:

  1 Presidente de Sala.

  4 Secciones: Compuesta por 16 Magistrados.

  Sala de Apelaci髇:

  1 Presidente de Sala.

  2 Magistrados.

  Sala de lo Contencioso-administrativo:

  1 Presidente de Sala.

  8 Secciones: Compuesta por 39 Magistrados.

  Sala de lo Social:

  1 Presidente de Sala.

  2 Magistrados.

  Total: 64 Magistrados.

  4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideraci髇 de Presidente de Sala.�

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Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar

La Ley Org醤ica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 328, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 328

  1. Habr� lugar al recurso de revisi髇 contra sentencias firmes en los siguientes casos:

  • 1.� Cuando hayan sido condenadas dos o m醩 personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo hecho que no haya podido ser cometido m醩 que por una sola.
  • 2.� Cuando haya sido condenado alguno como responsable de la muerte de una persona cuya existencia se acredite despu閟 de la fecha de la sentencia condenatoria.
  • 3.� Cuando haya sido condenada una persona en sentencia cuyo fundamento fuera: un documento o testimonio declarados despu閟 falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesi髇 del reo arrancada con violencia o coacci髇 o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten tambi閚 declarados por sentencia firme en procedimiento seguido al efecto. A estos fines podr醤 practicarse cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el procedimiento, anticip醤dose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme base de la revisi髇.
  • 4.� Cuando haya sido penada una persona en sentencia dictada por el Tribunal y alguno de sus miembros fuere condenado por prevaricaci髇 cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramitaci髇 de la causa se hubiere prevaricado en resoluci髇 o tr醡ite esencial de influencia notoria a los efectos del fallo.
  • 5.� Cuando sobre los propios hechos hayan reca韉o dos sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones.
  • 6.� Cuando despu閟 de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las mismas.

  2. Asimismo se podr� interponer recurso de revisi髇 contra una resoluci髇 judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci髇 ha sido dictada en violaci髇 de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci髇, por su naturaleza y gravedad, entra馿 efectos que persistan y no puedan cesar de ning鷑 otro modo que no sea mediante esta revisi髇.

  En estos casos, los procesos de revisi髇 se sustanciar醤 conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no ser� de aplicaci髇 lo previsto en los art韈ulos 329 a 333, 335 y 336. Se aplicar醤 las reglas sobre legitimaci髇 previstas en dicha Ley para ese tipo de procesos.

  Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendr醤 los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.�

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• Dos. Se modifica el art韈ulo 336, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 336

  El proceso de revisi髇 se sustanciar�, con citaci髇 de los penados y solicitantes, conforme a las normas sobre esta materia contenidas en las leyes comunes, a salvo lo dispuesto en los dos 鷏timos p醨rafos del art韈ulo 328.2.�

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• Tres. Se modifica el art韈ulo 504, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 504

  1. Las sentencias firmes dictadas en recurso contencioso-disciplinario militar por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, as� como los autos tambi閚 firmes, a los que se refiere el art韈ulo 478, dictados por dicha Sala, podr醤 ser objeto de recurso de revisi髇 en los siguientes casos:

  • a) Si la parte dispositiva de la sentencia contuviere contradicciones en sus decisiones.
  • b) Si se hubieran dictado resoluciones contrarias entre s� respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en id閚tica situaci髇, donde en m閞ito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se llegue a pronunciamientos distintos.
  • c) Si despu閟 de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
  • d) Si hubiere reca韉o la sentencia en virtud de documentos que al tiempo de dictarse aqu閘la ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu閟.
  • e) Si, habi閚dose dictado la sentencia en virtud de prueba testifical, fuesen los testigos condenados por falso testimonio en las declaraciones constitutivas de aqu閘la.
  • f) Si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de prevaricaci髇, cohecho, violencia u otra maquinaci髇 fraudulenta.
  • g) Si la sentencia se hubiere dictado con infracci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 490 o si en ella no se resolviese alguna de las cuestiones planteadas en la demanda y contestaci髇.

  2. Asimismo se podr� interponer recurso de revisi髇 contra una resoluci髇 judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci髇 ha sido dictada en violaci髇 de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci髇, por su naturaleza y gravedad, entra馿 efectos que persistan y no puedan cesar de ning鷑 otro modo que no sea mediante esta revisi髇.

  3. En lo referente a legitimaci髇, t閞minos y procedimientos respecto a este recurso, regir醤 las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  Except鷄nse los casos previstos en los apartados a), b) y g) de este art韈ulo, en los cuales el recurso de revisi髇 deber� formularse en el plazo de un mes, contado desde la notificaci髇 de la firmeza de la sentencia.

  El recurso se interpondr� ante la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial.�

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• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 505, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 505

  Contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por los Tribunales Militares Territoriales se podr� interponer recurso de revisi髇 ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los mismos plazos y por iguales tr醡ites que los se馻lados en el apartado 3 del art韈ulo anterior.

  Este recurso podr� fundamentarse en los mismos motivos que los relacionados en los apartados 1 y 2 del art韈ulo anterior, salvo los contemplados en las letras a), b) y g) del apartado 1.�

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Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. La secci髇 3.� del cap韙ulo III del t韙ulo IV, integrada por los art韈ulos 86 a 93, queda redactada de la siguiente forma, y se suprimen los art韈ulos 94 y 95:

  玈ecci髇 3.� Recurso de casaci髇

  Art韈ulo 86

  1. Las sentencias dictadas en 鷑ica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en 鷑ica instancia o en apelaci髇 por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ser醤 susceptibles de recurso de casaci髇 ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

  En el caso de las sentencias dictadas en 鷑ica instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, 鷑icamente ser醤 susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente da駉sa para los intereses generales y sean susceptibles de extensi髇 de efectos.

  2. Se except鷄n de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protecci髇 del derecho fundamental de reuni髇 y en los procesos contencioso-electorales.

  3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casaci髇, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia s髄o ser醤 recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracci髇 de normas de Derecho estatal o de la Uni髇 Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

  Cuando el recurso se fundare en infracci髇 de normas emanadas de la Comunidad Aut髇oma ser� competente una Secci髇 de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir�, por el Presidente o Presidentes de las dem醩 Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n鷐ero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

  Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m醩 de una Secci髇, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer� para cada a駉 judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci髇 ocupar醤 los puestos de la regulada en este apartado. Tambi閚 lo establecer� entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

  4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable ser醤 susceptibles de recurso de casaci髇 en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

  Art韈ulo 87

  1. Tambi閚 son susceptibles de recurso de casaci髇 los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepci髇 e igual l韒ite dispuestos en los apartados 2 y 3 del art韈ulo anterior:

  • a) Los que declaren la inadmisi髇 del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuaci髇.
  • b) Los que pongan t閞mino a la pieza separada de suspensi髇 o de otras medidas cautelares.
  • c) Los reca韉os en ejecuci髇 de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqu閘la o que contradigan los t閞minos del fallo que se ejecuta.
  • d) Los dictados en el caso previsto en el art韈ulo 91.
  • e) Los dictados en aplicaci髇 de los art韈ulos 110 y 111.

  2. Para que pueda prepararse el recurso de casaci髇 en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de s鷓lica.

  Art韈ulo 87 bis

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 93.3, el recurso de casaci髇 ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitar� a las cuestiones de derecho, con exclusi髇 de las cuestiones de hecho.

  2. Las pretensiones del recurso de casaci髇 deber醤 tener por objeto la anulaci髇, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devoluci髇 de los autos al Tribunal de instancia o la resoluci髇 del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los t閞minos en que apareciese planteado el debate.

  3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podr� determinar, mediante acuerdo que se publicar� en el "Bolet韓 Oficial del Estado", la extensi髇 m醲ima y otras condiciones extr韓secas, incluidas las relativas a su presentaci髇 por medios telem醫icos, de los escritos de interposici髇 y de oposici髇 de los recursos de casaci髇.

  Art韈ulo 88

  1. El recurso de casaci髇 podr� ser admitido a tr醡ite cuando, invocada una concreta infracci髇 del ordenamiento jur韉ico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta inter閟 casacional objetivo para la formaci髇 de jurisprudencia.

  2. El Tribunal de casaci髇 podr� apreciar que existe inter閟 casacional objetivo, motiv醤dolo expresamente en el auto de admisi髇, cuando, entre otras circunstancias, la resoluci髇 que se impugna:

  • a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretaci髇 de las normas de Derecho estatal o de la Uni髇 Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros 髍ganos jurisdiccionales hayan establecido.
  • b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente da駉sa para los intereses generales.
  • c) Afecte a un gran n鷐ero de situaciones, bien en s� misma o por trascender del caso objeto del proceso.
  • d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuesti髇 de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
  • e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisi髇 una doctrina constitucional.
  • f) Interprete y aplique el Derecho de la Uni髇 Europea en contradicci髇 aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervenci髇 de 閟te a t韙ulo prejudicial.
  • g) Resuelva un proceso en que se impugn�, directa o indirectamente, una disposici髇 de car醕ter general.
  • h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones p鷅licas.
  • i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protecci髇 de derechos fundamentales.

  3. Se presumir� que existe inter閟 casacional objetivo:

  • a) Cuando en la resoluci髇 impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la raz髇 de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
  • b) Cuando dicha resoluci髇 se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla err髇ea.
  • c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposici髇 de car醕ter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
  • d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisi髇 o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
  • e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut髇omas.

  No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podr� inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de inter閟 casacional objetivo para la formaci髇 de jurisprudencia.

  Art韈ulo 89

  1. El recurso de casaci髇 se preparar� ante la Sala de instancia en el plazo de treinta d韆s, contados desde el siguiente al de la notificaci髇 de la resoluci髇 que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.

  2. El escrito de preparaci髇 deber�, en apartados separados que se encabezar醤 con un ep韌rafe expresivo de aquello de lo que tratan:

  • a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimaci髇 y la recurribilidad de la resoluci髇 que se impugna.
  • b) Identificar con precisi髇 las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideraci髇 por la Sala de instancia, o que 閟ta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.
  • c) Acreditar, si la infracci髇 imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garant韆s procesales que produjo indefensi髇, que se pidi� la subsanaci髇 de la falta o transgresi髇 en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.
  • d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisi髇 adoptada en la resoluci髇 que se pretende recurrir.
  • e) Justificar, en el caso de que 閟ta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Uni髇 Europea.
  • f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del art韈ulo anterior, permiten apreciar el inter閟 casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

  3. Si el escrito de preparaci髇 no se presentara en el plazo de treinta d韆s, la sentencia o auto quedar� firme, declar醤dolo as� el Letrado de la Administraci髇 de Justicia mediante decreto. Contra esta decisi髇 s髄o cabr� el recurso directo de revisi髇 regulado en el art韈ulo 102 bis de esta Ley.

  4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este art韈ulo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendr� por no preparado el recurso de casaci髇, denegando el emplazamiento de las partes y la remisi髇 de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto 鷑icamente podr� interponerse recurso de queja, que se sustanciar� en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivar� suficientemente su concurrencia, tendr� por preparado el recurso de casaci髇, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta d韆s ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, as� como la remisi髇 a 閟ta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitir� opini髇 sucinta y fundada sobre el inter閟 objetivo del recurso para la formaci髇 de jurisprudencia, que unir� al oficio de remisi髇.

  6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casaci髇, la parte recurrida no podr� interponer recurso alguno, pero podr� oponerse a su admisi髇 al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del t閞mino del emplazamiento.

  Art韈ulo 90

  1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Secci髇 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podr� acordar, excepcionalmente y s髄o si las caracter韘ticas del asunto lo aconsejan, o韗 a las partes personadas por plazo com鷑 de treinta d韆s acerca de si el recurso presenta inter閟 casacional objetivo para la formaci髇 de jurisprudencia.

  2. La admisi髇 o inadmisi髇 a tr醡ite del recurso ser� decidida por una Secci髇 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepci髇 del Presidente de la Sala, dicha composici髇 se renovar� por mitad transcurrido un a駉 desde la fecha de su primera constituci髇 y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinar� sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicar� en la p醙ina web del Poder Judicial.

  3. La resoluci髇 sobre la admisi髇 o inadmisi髇 del recurso adoptar� la siguiente forma:

  • a) En los supuestos del apartado 2 del art韈ulo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de inter閟 casacional objetivo para la formaci髇 de jurisprudencia, la resoluci髇 adoptar� la forma de providencia, si decide la inadmisi髇, y de auto, si acuerda la admisi髇 a tr醡ite. No obstante, si el 髍gano que dict� la resoluci髇 recurrida hubiera emitido en el tr醡ite que prev� el art韈ulo 89.5 opini髇 que, adem醩 de fundada, sea favorable a la admisi髇 del recurso, la inadmisi髇 se acordar� por auto motivado.
  • b) En los supuestos del apartado 3 del art韈ulo 88, en los que se presume la existencia de inter閟 casacional objetivo, la inadmisi髇 se acordar� por auto motivado en el que se justificar� que concurren las salvedades que en aqu閘 se establecen.

  4. Los autos de admisi髇 precisar醤 la cuesti髇 o cuestiones en las que se entiende que existe inter閟 casacional objetivo e identificar醤 la norma o normas jur韉icas que en principio ser醤 objeto de interpretaci髇, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si as� lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisi髇 鷑icamente indicar醤 si en el recurso de casaci髇 concurre una de estas circunstancias:

  • a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimaci髇 o recurribilidad de la resoluci髇 impugnada;
  • b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el art韈ulo 89.2 impone para el escrito de preparaci髇;
  • c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o
  • d) carencia en el recurso de inter閟 casacional objetivo para la formaci髇 de jurisprudencia.

  5. Contra las providencias y los autos de admisi髇 o inadmisi髇 no cabr� recurso alguno.

  6. El Letrado de la Administraci髇 de Justicia de Sala comunicar� inmediatamente a la Sala de instancia la decisi髇 adoptada y, si es de inadmisi髇, le devolver� las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.

  7. Los autos de admisi髇 del recurso de casaci髇 se publicar醤 en la p醙ina web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo har� p鷅lico, en la mencionada p醙ina web y en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, el listado de recursos de casaci髇 admitidos a tr醡ite, con menci髇 sucinta de la norma o normas que ser醤 objeto de interpretaci髇 y de la programaci髇 para su resoluci髇.

  8. La inadmisi髇 a tr醡ite del recurso de casaci髇 comportar� la imposici髇 de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposici髇 ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra m醲ima.

  Art韈ulo 91

  1. La preparaci髇 del recurso de casaci髇 no impedir� la ejecuci髇 provisional de la sentencia recurrida.

  Las partes favorecidas por la sentencia podr醤 instar su ejecuci髇 provisional. Cuando de 閟ta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podr醤 acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr� exigirse la presentaci髇 de cauci髇 o garant韆 para responder de aqu閘los. No podr� llevarse a efecto la ejecuci髇 provisional hasta que la cauci髇 o la medida acordada est� constituida y acreditada en autos.

  2. La constituci髇 de la cauci髇 se ajustar� a lo establecido en el art韈ulo 133.2 de esta Ley.

  3. El Tribunal de instancia denegar� la ejecuci髇 provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de dif韈il reparaci髇.

  4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casaci髇, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resoluci髇 recurrida a los efectos previstos en este art韈ulo.

  Art韈ulo 92

  1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia de la Secci髇 de Admisi髇 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictar� diligencia de ordenaci髇 en la que dispondr� remitir las actuaciones a la Secci髇 de dicha Sala competente para su tramitaci髇 y decisi髇 y en la que har� saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta d韆s, a contar desde la notificaci髇 de aqu閘la, para presentar en la Secretar韆 de esa Secci髇 competente el escrito de interposici髇 del recurso de casaci髇. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estar醤 de manifiesto en la Oficina judicial.

  2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposici髇, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia declarar� desierto el recurso, ordenando la devoluci髇 de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaraci髇 s髄o podr醤 interponerse los recursos que prev� el art韈ulo 102 bis de esta Ley.

  3. El escrito de interposici髇 deber�, en apartados separados que se encabezar醤 con un ep韌rafe expresivo de aquello de lo que tratan:

  • a) Exponer razonadamente por qu� han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparaci髇, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no s髄o citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y
  • b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.

  4. Si el escrito de interposici髇 no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Secci髇 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resoluci髇 del recurso acordar� o韗 a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin m醩 tr醡ites, dictar� sentencia inadmiti閚dolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondr� a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposici髇 ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra m醲ima.

  5. En otro caso, acordar� dar traslado del escrito de interposici髇 a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo com鷑 de treinta d韆s. Durante este plazo estar醤 de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposici髇 no podr� pretenderse la inadmisi髇 del recurso.

  6. Transcurrido dicho plazo, h醳anse presentado o no los escritos de oposici髇, la Secci髇 competente para la decisi髇 del recurso, de oficio o a petici髇 de cualquiera de las partes formulada por otros� en los escritos de interposici髇 u oposici髇, acordar� la celebraci髇 de vista p鷅lica salvo que entendiera que la 韓dole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarar� que el recurso queda concluso y pendiente de votaci髇 y fallo. El se馻lamiento del d韆 en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votaci髇 y fallo respetar� la programaci髇 que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antig黣dad del recurso, se haya podido establecer.

  7. Cuando la 韓dole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petici髇 de la mayor韆 de los Magistrados de la Secci髇 antes indicada, podr� acordar que los actos de vista p鷅lica o de votaci髇 y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.

  8. La Secci髇 competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictar� sentencia en el plazo de diez d韆s desde que termine la deliberaci髇 para votaci髇 y fallo.

  Art韈ulo 93

  1. La sentencia fijar� la interpretaci髇 de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Uni髇 Europea sobre las que, en el auto de admisi髇 a tr醡ite, se consider� necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolver� las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirm醤dolos. Podr� asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacci髇 de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminaci髇.

  2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el 髍gano judicial de instancia, anular� la resoluci髇 recurrida e indicar�, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prev� el art韈ulo 5.3 de esta Ley, o remitir�, en el segundo, las actuaciones al 髍gano judicial que hubiera debido conocer de ellas.

  3. En la resoluci髇 de la concreta controversia jur韉ica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podr� integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por 閟ta, est閚 suficientemente justificados seg鷑 las actuaciones y cuya toma en consideraci髇 resulte necesaria para apreciar la infracci髇 alegada de las normas del ordenamiento jur韉ico o de la jurisprudencia, incluso la desviaci髇 de poder.

  4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del art韈ulo anterior, resolver� sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el art韈ulo 139.1 de esta ley y dispondr�, en cuanto a las del recurso de casaci髇, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podr� imponer las del recurso de casaci髇 a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y as� lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposici髇 que podr� limitar a una parte de ellas o hasta una cifra m醲ima.�

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• Dos. Se suprimen las secciones 4.� y 5.� del cap韙ulo III del t韙ulo IV, integradas por los art韈ulos 96 a 101.LE0000011272_20210509
• Tres. Se modifica el art韈ulo 102, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 102

  1. Habr� lugar a la revisi髇 de una sentencia firme:

  • a) Si despu閟 de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
  • b) Si hubiere reca韉o en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqu閘la, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despu閟.
  • c) Si habi閚dose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
  • d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricaci髇, violencia u otra maquinaci髇 fraudulenta.

  2. Asimismo se podr� interponer recurso de revisi髇 contra una resoluci髇 judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci髇 ha sido dictada en violaci髇 de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci髇, por su naturaleza y gravedad, entra馿 efectos que persistan y no puedan cesar de ning鷑 otro modo que no sea mediante esta revisi髇, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

  3. En lo referente a legitimaci髇, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisi髇, regir醤 las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, s髄o habr� lugar a la celebraci髇 de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.

  4. La revisi髇 en materia de responsabilidad contable proceder� en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.�

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• Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el art韈ulo 108, con la siguiente redacci髇:

  �3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, adem醩 de declarar contraria a la normativa la construcci髇 de un inmueble, ordene motivadamente la demolici髇 del mismo y la reposici髇 a su estado originario de la realidad f韘ica alterada, exigir�, como condici髇 previa a la demolici髇, y salvo que una situaci髇 de peligro inminente lo impidiera, la prestaci髇 de garant韆s suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.�

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• Cinco. Se modifica el art韈ulo 139, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 139

  1 En primera o 鷑ica instancia, el 髍gano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr� las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y as� lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

  En los supuestos de estimaci髇 o desestimaci髇 parcial de las pretensiones, cada parte abonar� las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el 髍gano jurisdiccional, razon醤dolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acci髇 o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

  2. En los recursos se impondr醤 las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el 髍gano jurisdiccional, razon醤dolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposici髇.

  3. En el recurso de casaci髇 se impondr醤 las costas de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 93.4.

  4. La imposici髇 de las costas podr� ser a la totalidad, a una parte de 閟tas o hasta una cifra m醲ima.

  5. Para la exacci髇 de las costas impuestas a particulares, la Administraci髇 acreedora utilizar� el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

  6. En ning鷑 caso se impondr醤 las costas al Ministerio Fiscal.

  7. Las costas causadas en los autos ser醤 reguladas y tasadas seg鷑 lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.�

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Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 45, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 45 Competencia de los Juzgados de Primera Instancia

  1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposici髇 legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.

  2. Conocer醤, asimismo, dichos Juzgados:

  • a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Org醤ica del Poder Judicial.
  • b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.�
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• Dos. Se modifica el art韈ulo 115, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 115 Recusaci髇. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusaci髇

  1. Ser醤 aplicables a la recusaci髇 de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Org醤ica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades:

  • a) Los Secretarios Judiciales no podr醤 ser recusados durante la pr醕tica de cualquier diligencia o actuaci髇 de que estuvieren encargados.
  • b) La pieza de recusaci髇 se resolver� por el Secretario de Gobierno respectivo, previa instrucci髇 del incidente por el Secretario Coordinador correspondiente, o en su caso, Secretario Judicial que aqu閘 designe.�
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• Tres. Se modifica el art韈ulo 116, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 116 Informe del recusado

  Presentado el escrito de recusaci髇, el Secretario Judicial recusado informar� detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg韙ima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al Secretario Coordinador correspondiente para que 閟te d� cuenta al Secretario de Gobierno, o, en su caso, directamente al Secretario de Gobierno que deba conocer de la recusaci髇.�

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• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 117, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 117 Aceptaci髇 de la recusaci髇 por el recusado

  1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusaci髇, el Secretario de Gobierno dictar� decreto, sin m醩 tr醡ites y sin ulterior recurso, teni閚dolo por recusado, si estima que la causa es legal.

  2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarar� no haber lugar a la recusaci髇. Contra este decreto no se dar� recurso alguno.�

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• Cinco. Se modifica el art韈ulo 118, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 118 Oposici髇 del recusado y sustanciaci髇 de la recusaci髇

  Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci髇, si el instructor admitiere a tr醡ite la recusaci髇 propuesta, el Secretario Coordinador ordenar� la pr醕tica, en el plazo de diez d韆s, de la prueba solicitada que estime pertinente y 鷗il, d醤dose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres d韆s. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitir� al Secretario de Gobierno quien decidir� el incidente dentro de los cinco d韆s siguientes. Contra dicha resoluci髇 no cabr� recurso alguno.�

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• Seis. Se a馻de un nuevo apartado 4 al art韈ulo 138, que queda redactado como sigue:

  �4. La relaci髇 de se馻lamientos del 髍gano judicial deber� hacerse p鷅lica. Los Secretarios Judiciales velar醤 porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al p鷅lico, el primer d韆 h醔il de cada semana, la relaci髇 de se馻lamientos correspondientes a su respectivo 髍gano judicial, con indicaci髇 de la fecha y hora de su celebraci髇, tipo de actuaci髇 y n鷐ero de procedimiento.�

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• Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 140, que quedan redactados como sigue:

  �1. Los Letrados de la Administraci髇 de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitar醤 a cualesquiera personas que acrediten un inter閟 leg韙imo y directo cuanta informaci髇 soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podr醤 examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. Tambi閚 podr醤 pedir aqu閘las, a su costa, la obtenci髇 de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.

  2. A petici髇 de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedir醤 por el Letrado de la Administraci髇 de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresi髇 de su destinatario.�

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• Ocho. Se modifica el art韈ulo 147, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 147 Documentaci髇 de las actuaciones mediante sistemas de grabaci髇 y reproducci髇 de la imagen y el sonido

  Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal se registrar醤 en soporte apto para la grabaci髇 y reproducci髇 del sonido y la imagen.

  Siempre que se cuente con los medios tecnol骻icos necesarios, el Secretario Judicial garantizar� la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci髇 de la firma electr髇ica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant韆s. En este caso, la celebraci髇 del acto no requerir� la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d韆s antes de la celebraci髇 de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al n鷐ero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n鷐ero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extender� acta sucinta en los t閞minos previstos en el art韈ulo anterior.

  Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podr醤 transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley as� lo determine.

  El Secretario Judicial deber� custodiar el documento electr髇ico que sirva de soporte a la grabaci髇. Las partes podr醤 pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.�

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• Nueve. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 212, que queda redactado como sigue:

  �2. Sin perjuicio de lo establecido en el p醨rafo segundo del apartado 1 del art韈ulo 236 quinquies de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitir� a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso s髄o podr� llevarse a cabo previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garant韆 del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, as� como, con car醕ter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.�

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• Diez. Se modifica el art韈ulo 266, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 266 Documentos exigidos en casos especiales

  Se habr醤 de acompa馻r a la demanda:

  • 1.� Los documentos que justifiquen cumplidamente el t韙ulo en cuya virtud se piden alimentos, cuando 閟te sea el objeto de la demanda.
  • 2.� Los documentos que constituyan un principio de prueba del t韙ulo en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignaci髇 del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido cauci髇 que garantice la consignaci髇 en cuanto el precio se conociere.
  • 3.� El documento en que conste fehacientemente la sucesi髇 mortis causa en favor del demandante, as� como la relaci髇 de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a t韙ulo de due駉 o usufructuario, cuando se pretenda que el Tribunal ponga al demandante en posesi髇 de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesi髇.
  • 4.� Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisi髇 de la demanda.�
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• Once. Se modifica el art韈ulo 403, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 403 Admisi髇 y casos excepcionales de inadmisi髇 de la demanda

  1. Las demandas s髄o se inadmitir醤 en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley.

  2. No se admitir醤 las demandas cuando no se acompa馿n a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisi髇 de aqu閘las o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.�

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• Doce. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 483, que queda redactado como sigue:

  �2. Proceder� la inadmisi髇 del recurso de casaci髇:

  • 1.� Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable.
  • 2.� Si el escrito de interposici髇 del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley.
  • 3.� Si el asunto no alcanzase la cuant韆 requerida, o no existiere inter閟 casacional por inexistencia de oposici髇 a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente m醩 de cinco a駉s o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
    Asimismo se inadmitir� el recurso en los casos del segundo p醨rafo del art韈ulo 477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
  • 4.� Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.�
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• Trece. Se modifica el art韈ulo 510, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 510 Motivos

  1. Habr� lugar a la revisi髇 de una sentencia firme:

  • 1.� Si despu閟 de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
  • 2.� Si hubiere reca韉o en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare despu閟 penalmente.
  • 3.� Si hubiere reca韉o en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
  • 4.� Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinaci髇 fraudulenta.

  2. Asimismo se podr� interponer recurso de revisi髇 contra una resoluci髇 judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resoluci髇 ha sido dictada en violaci髇 de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violaci髇, por su naturaleza y gravedad, entra馿 efectos que persistan y no puedan cesar de ning鷑 otro modo que no sea mediante esta revisi髇, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.�

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• Catorce. Se modifica el art韈ulo 511, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 511 Legitimaci髇 activa

  Podr� solicitar la revisi髇 quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada.

  En el supuesto del apartado 2 del art韈ulo anterior, la revisi髇 s髄o podr� ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.�

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• Quince. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 512, que queda redactado como sigue:

  �1. En ning鷑 caso podr� solicitarse la revisi髇 despu閟 de transcurridos cinco a駉s desde la fecha de la publicaci髇 de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazar� toda solicitud de revisi髇 que se presente pasado este plazo.

  Lo dispuesto en el p醨rafo anterior no ser� aplicable cuando la revisi髇 est� motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deber� formularse en el plazo de un a駉 desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.�

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Disposici髇 final quinta Disposiciones con car醕ter de ley ordinaria y t韙ulo competencial

1. Tienen car醕ter de ley ordinaria las disposiciones adicionales segunda y quinta, y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta.

2. La presente Ley Org醤ica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Administraci髇 de Justicia por el art韈ulo 149.1.5.� de la Constituci髇, salvo las disposiciones finales primera, tercera y cuarta, que se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 procesal.

Disposici髇 final sexta Normativa militar

En el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Org醤ica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organizaci髇 de la Jurisdicci髇 Militar, que deber� ajustarse a lo dispuesto en esta Ley.

Disposici髇 final s閜tima Normativa procesal

En el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales los proyectos de ley de modificaci髇 de las leyes procesales que resulten necesarios para la adaptaci髇 a lo dispuesto en ella y aprobar� las normas reglamentarias precisas para su desarrollo.

Disposici髇 final octava Estatuto b醩ico de los Letrados del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo

En el plazo de un a駉, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el Estatuto de los Letrados del Gabinete T閏nico del Tribunal Supremo. En todo caso, y en lo que se refiere al r間imen retributivo de estos Letrados, se estar� a lo previsto al respecto en el art韈ulo 23 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci髇 y de Planta Judicial.

Disposici髇 final novena Desarrollo reglamentario

El Consejo General del Poder Judicial proceder� a elaborar el reglamento que desarrolle el procedimiento al que se refiere el art韈ulo 296 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial.

Disposici髇 final d閏ima Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposici髇 final tercera, que lo har醤 al a駉 de su publicaci髇.