Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo.

Base de Datos de Legislación

Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo.

Ficha:

Órgano JEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE de 04 de Agosto de 1992
Vigencia desde 05 de Agosto de 1992

Versiones/revisiones:

Seguridad y salud laboral en sectores con elevado riesgo de siniestralidad
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Sumario

Norma afectada por

Preámbulo

I

El crecimiento moderado de la economía española y, por consiguiente, de la creación de empleo desde la segunda mitad del año 1990, ha originado una difícil situación en el mercado de trabajo y un preocupante desequilibrio financiero en el sistema de protección por desempleo.

Se impone por tanto adoptar medidas urgentes que permitan, por una parte, reasignar el gasto público para potenciar las políticas activas de empleo dirigidas a incentivar la contratación por tiempo indefinido de aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción laboral y a proporcionar mayor formación a los parados y, por otra, racionalizar el gasto en protección por desempleo, asegurando el futuro equilibrio financiero del sistema y la protección efectiva a quienes encontrándose en paro busquen activamente trabajo.

II

Para la consecución del primer objetivo, se incentiva la contratación por tiempo indefinido de trabajadores que se encuentren en aquellos colectivos cuyas tasas de paro resultan más elevadas y es mayor su tiempo de permanencia en situación de desempleo, es decir, los jóvenes, los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años y las mujeres. Más allá de los requisitos específicos para cada colectivo, existe una nota común a todos ellos, cual es la de que se trata de parados de larga duración, asimilándose a tal situación, en el caso de jóvenes comprendidos entre veinticinco y veintinueve años, la no realización de actividad laboral anterior por un tiempo superior a tres meses.

La presente Ley regula con carácter unitario todos los incentivos públicos a la contratación laboral, excepto los previstos para trabajadores minusválidos, que seguirán manteniendo un tratamiento diferenciado.

Sin perjuicio de la finalidad de fomentar la contratación por tiempo indefinido de los trabajadores incluidos en alguno de los colectivos anteriormente citados, los incentivos a conceder se gradúan en función del diferente nivel de dificultad que, para su inserción laboral, se derivan de la edad o del sexo de estos trabajadores.

En relación con los contratos en prácticas y para la formación se derogan las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, previstas en el Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, sin perjuicio de mantener la financiación pública del coste de la formación teórica impartida, y se prima la incorporación definitiva del trabajador de la empresa como mejor fórmula para contribuir al cumplimiento de la finalidad formativa de estos contratos.

En coherencia con los objetivos de esta norma, los incentivos se reservan para la creación de empleo neto, evitándose así la utilización en fraude de ley que supondría la sustitución de trabajadores adscritos a la empresa por otros incluidos en alguno de los colectivos cuya contratación se subvenciona. Como complemento de lo anterior, se establece la obligación de los beneficiarios de los incentivos de mantener el nivel de empleo durante al menos tres años, y de sustituir, en caso de vacante, los contratos extinguidos por otros de igual naturaleza.

Se declara expresamente la incompatibilidad de los beneficios establecidos en la presente Ley con otras ayudas públicas que tengan la misma finalidad, razón por la cual se procede a dar nueva redacción al número 5 del artículo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, reservando las deducciones fiscales sólo para la contratación por tiempo indefinido y a jornada completa de los trabajadores minusválidos.

La racionalización del gasto en protección por desempleo se aborda actuando sobre las principales causas que han originado un importante incremento en el coste de la protección. Dentro de ellas especial referencia merecen la contratación temporal y sus elevados índices de rotación, así como su correspondencia con los períodos mínimos de cotización exigidos para acceder a la protección por desempleo.

Es necesario, por tanto, introducir un conjunto de medidas que, respetando la norma del artículo 41 de la Constitución, corrija las desviaciones y desequilibrios más notorios y urgentes. Para dicho fin, la presente Ley introduce las siguientes modificaciones:

a) La duración mínima del contrato temporal de fomento del empleo será de doce meses. Esta modificación supondrá una mayor permanencia en el empleo de los trabajadores y el correlativo descenso del índice de rotación en la contratación temporal; sin que ello implique introducir rigideces en el mercado de trabajo, si se tiene en cuenta la permanencia de las restantes modalidades contractuales de duración determinada que permiten satisfacer adecuadamente las necesidades existentes en el mercado de trabajo. Por otra parte, la experiencia indica que la duración media de los contratos temporales de fomento del empleo ha oscilado en torno a los dieciocho meses.
b) Se establece en doce meses el período mínimo de cotización necesario para acceder a la prestación de nivel contributivo, manteniendo con ello el equilibrio entre duración mínima del contrato temporal de fomento del empleo y de la prestación contributiva.
c) Se modifica la escala que relaciona períodos cotizados con duración de la prestación, para reorientar su finalidad en orden a proteger situaciones temporales e involuntarias de desempleo, fomentando la búsqueda activa de empleo, que se complementará con el establecimiento de planes específicos de gestión de empleo, calificación y clasificación de parados y formación profesional ocupacional que ayuden al beneficiario a encontrar trabajo.
d) Se modifican, igualmente, los tipos aplicables a la base reguladora que determinan la cuantía de la prestación, para moderar las elevadas tasas de reposición de la prestación contributiva en relación con los salarios dejados de percibir, en tanto tales tasas pueden desincentivar la búsqueda de empleo.
e) En congruencia con la finalidad de esta norma, el derecho a la prestación o al subsidio por desempleo se extinguirá cuando los beneficiarios rechacen participar en acciones de formación profesional, rehusando adquirir la capacidad necesaria para acceder a un puesto de trabajo e instalándose de forma insolidaria en la protección por desempleo.
f) Paralelamente se introduce, por primera vez en nuestro sistema, la posibilidad de acceder al subsidio de desempleo a quienes, careciendo de responsabilidades familiares, se encuentren en situación legal de desempleo y no reúnan el período mínimo de cotización para la prestación de nivel contributivo. Quienes se hallen en tal situación y hayan cotizado como mínimo seis meses tendrán derecho a seis meses de subsidio. Además, la Ley contempla como situación cualificada la del beneficiario con responsabilidades familiares que podrá percibir el subsidio por un período máximo de veintiún meses.
Asimismo, se elimina el período de espera de un mes para percibir el subsidio en los supuestos previstos en el artículo 13, número 1, letra d), de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
g) Cuando se trate de trabajadores fijos discontinuos que acrediten un período de ocupación cotizada de ciento ochenta días o más, la Entidad Gestora ingresará las cotizaciones correspondientes a la contingencia de jubilación durante un período de sesenta días, a partir del nacimiento del subsidio.
h) La universalización de la prestación de asistencia sanitaria introducida por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y su posterior desarrollo reglamentario, hace innecesario que se mantenga dicha prestación como parte integrante de la protección por desempleo en el nivel asistencial. De allí que se deroguen los preceptos reguladores de tal materia en la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.

IV

El abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único que regula el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, con el fin de potenciar la economía social, se mantiene vigente para quienes pretendan realizar una actividad profesional como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad anónima laboral, y se suprime para el resto de los colectivos.

Por último, el derecho de los parados a percibir una beca o ayuda por su participación en cursos de formación profesional ocupacional ha producido distorsiones en la finalidad formativa de los citados cursos y, por tanto, una inadecuada asignación de los importantes recursos destinados a tal fin. Es por ello por lo que la presente Ley, desde una nueva concepción del papel que las políticas activas están llamadas a cumplir en el nuevo entorno comunitario, deja sin efecto dichas becas, sin perjuicio de reasignar el gasto que por tal concepto se realizaba hacia una oferta formativa de mayor calidad, que se traducirá en recursos humanos más cualificados, permitiendo así a nuestras empresas competir con éxito en el mercado único y a nuestros trabajadores obtener más y mejor empleo.

Las citadas becas o ayudas se mantienen, no obstante, para los trabajadores minusválidos que participen en cursos de formación profesional, así como para los alumnos que participen en programas públicos de empleo-formación en escuelas-taller y casas de oficios y para el colectivo de trabajadores agrarios a que se refiere la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre, en atención a las modificaciones introducidas en el subsidio agrario por el Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre.

CAPITULO I

PROGRAMA PUBLICO DE FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA

Artículo 1 Fomento de la contratación indefinida

1. La presente Ley regula los incentivos a conceder por la contratación indefinida de trabajadores desempleados que reúnan los requisitos previstos en el artículo siguiente.

2. A los efectos de la presente Ley, los contratos por tiempo indefinido objeto de subvención deberán celebrarse a jornada completa, para trabajos que exijan la prestación de servicios durante todos los días laborables del año, y suponer un incremento respecto a la plantilla fija del año natural anterior. Estos contratos se formalizarán siempre por escrito.

Artículo 2 Ambito de aplicación

1. Se fomentará la contratación indefinida en favor de los colectivos y mediante los incentivos que a continuación se indican:

a) Jóvenes menores de veinticinco años que lleven inscritos como desempleados al menos un año o jóvenes desempleados con edad comprendida entre veinticinco y veintinueve años siempre que, en este último caso, no hubiesen trabajado con anterioridad por tiempo superior a tres meses.
Cada contrato indefinido se subvencionará con 400.000 pesetas.
b) Mayores de cuarenta y cinco años que lleven inscritos como desempleados al menos un año.
Cada contrato indefinido dará derecho a una subvención de 500.000 pesetas y a una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato.
c) Mujeres que lleven inscritas como desempleadas al menos un año, que sean contratadas en aquellas profesiones u oficios, que se determinen por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en las que el colectivo femenino se halle subrepresentado, o mujeres desempleadas mayores de veinticinco años que, habiendo tenido un empleo anterior, deseen reintegrarse laboralmente después de una interrupción de su actividad de al menos cinco años, siempre que la incorporación a la empresa no resulte obligada en virtud de normas legales o convencionales.
Cada contrato indefinido se subvencionará con 500.000 pesetas.

2. La transformación del contrato en prácticas o para la formación en contrato indefinido, en los términos previstos en el número 2 del artículo 1 de la presente disposición, se subvencionará con 550.000 pesetas.

3. Serán beneficiarios de las ayudas establecidas en este artículo las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica.

Artículo 3 Excluisones

No se concederán las ayudas previstas en la presente Ley en los siguientes supuestos:

a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, u otras disposiciones legales.
b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.
c) Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante un contrato por tiempo indefinido.

Lo dispuesto en el párrafo precedente será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que la solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo.

Artículo 4 Requisitos de los beneficiarios

Los beneficiarios de las ayudas previstas en esta norma deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
b) No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones graves o muy graves de conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.Téngase en cuenta la nueva redacción del art. 45 de la Ley 8/1988, vigente según Ley 11/1994, 19 mayo.
c) No haber reducido plantilla fija, en el año natural anterior a la fecha de la contratación o transformación, por despido declarado judicialmente nulo o improcedente o reconocido como tal en acto de conciliación, expediente de regulación de empleo por causas tecnológicas o económicas, o por la causa objetiva prevista en el apartado c) del artículo 52 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo.
No se entenderá reducida la plantilla por dichas causas cuando, con anterioridad a la contratación o transformación objeto de los beneficios, se haya procedido a la cobertura de la vacante mediante una relación jurídica de la misma naturaleza que la extinguida.

Artículo 5 Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios estarán obligados a mantener la plantilla de trabajadores fijos durante al menos tres años.

Cuando se produzca el cese de trabajadores fijos en dicho plazo, la empresa estará obligada a cubrir la vacante, en el plazo de un mes, mediante un contrato por tiempo indefinido y al menos con una jornada igual a la del contrato extinguido. Si la vancante afecta a un contrato realizado al amparo de la presente Ley, el nuevo trabajador deberá reunir los requisitos establecidos en esta disposición.

Artículo 6 Incompatibilidades

1. Los beneficios establecidos en la presente Ley serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas concedidas con la misma finalidad.

2. En ningún caso las ayudas establecidas para cada colectivo en esta Ley serán acumulables entre sí.

Artículo 7 Reintegro de los beneficios

1. En los supuestos de obtención de las ayudas sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, procederá, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley General Presupuestaria, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora, así como la devolución de las cantidades dejadas de ingresar por bonificación de cuotas a la Seguridad Social con el recargo correspondiente.

2. La obligación de reintegro establecida en el número anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

CAPITULO II

PROTECCION POR DESEMPLEO

Artículo 8 Modificación de determinados artículos de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo

.....

Modificaciones incorporadas a la Ley 31/1984, 2 agosto («B.O.E.» 4 agosto), de Protección por Desempleo. Téngase en cuenta que la Ley 22/1992, 30 julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, ha sido derogada, salvo su disposición adicional 2ª, por R.D.-ley 9/1997, 16 mayo («B.O.E.» 17 mayo), por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. La citada derogación se reitera por Ley 64/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre). Téngase en cuenta que la citada Ley 31/1984, 2 agosto, ha sido derogada por R.D.-Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.», 29 junio), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1 El número 1 del artículo 3 del Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, por el que se regula la contratación temporal como fomento del empleo, queda redactado de la siguiente forma:

«1. La duración de estos contratos no podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años»

2. Dicha duración podrá ser modificada por el Gobierno en función de la evolución de la tasa de desempleo y las expectativas del crecimiento del empleo.

Segunda

Quedan suprimidas las referencias a «trabajadores autónomos» y «la promoción del trabajador autónomo o» del número 1 del artículo primero y artículo sexto, respectivamente, del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo.

Téngase en cuenta que la Ley 22/1992, 30 julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, ha sido expresamente derogada, salvo su Disposición Adicional 2ª, por R.D.-ley 9/1997, 16 mayo («B.O.E.» 17 mayo), por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. La citada derogación se reitera por Ley 64/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre).

Tercera

Quedan suprimidas las becas y ayudas establecidas en el número 1 del artículo 24 y la ayuda mensual equivalente al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional prevista en el número 2 del artículo 25 del Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, para todos los alumnos que participen en los cursos de formación profesional ocupacional que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, excepto para los minusválidos y los parados a que se refiere la Orden ministerial de 29 de marzo de 1988, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y para aquéllos que participen en los cursos de formación establecidos en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre.

Téngase en cuenta que el R.D. 1618/1990, 14 diciembre fue derogado por R.D. 631/1993, 3 mayo («B.O.E.», 4 mayo); y que la Orden de 29 marzo 1988, fue derogada por Orden de 3 agosto 1994 («B.O.E.», 11 agosto). RD 631/1993 de 3 May. (plan nacional de formación e inserción profesional) OM Trabajo y S.S. 3 Ago. 1994 (escuelas taller y casas de oficios)

Cuarta

A los efectos de lo establecido en la presente Ley se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las empresas que constituyan una unidad de decisión porque cualquiera de ellas controla directa o indirectamente a las demás. Se entenderá que existe control de una empresa dominada por otra dominante cuando se encuentre en alguno de los casos del apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio.

Quinta

El Gobierno, en función de la evolución del empleo y de la estructura del desempleo, podrá modificar los requisitos, colectivos y ayudas a que se refiere el capítulo primero de esta Ley.

Sexta

.....

Disposición Adicional 6ª derogada por R.D.-Leg. 1/1994, 20 junio («B.O.E.», 29 junio), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Séptima

El número cinco del artículo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, queda redactado de la siguiente forma:

.....

Modificación incorporada a la Ley 61/1978, 27 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades. Téngase en cuenta que la Ley 22/1992, 30 julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, ha sido derogada, salvo su disposición adicional 2ª, por R.D.-ley 9/1997, 16 mayo («B.O.E.» 17 mayo), por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. La citada derogación se reitera por Ley 64/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre). Téngase en cuenta que la citada Ley 61/1978, 27 diciembre, ha sido derogada por Ley 43/1995, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Los contratos de trabajo a los que se refiere la presente Ley, y que se hubieren celebrado con anterioridad al día 8 de abril de 1992, continuarán rigiéndose con arreglo a las normas al amparo de las cuales se concertaron.

Segunda

Las situaciones legales de desempleo que se hayan producido antes del día 8 de abril de 1992 seguirán rigiéndose por la normativa anterior aun cuando no se haya producido el reconocimiento del derecho.

Tercera

Los titulares con fecha 8 de abril de 1992 del derecho de asistencia sanitaria, a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letra c), de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, dispondrán de un plazo de tres meses para regularizar su situación ante los órganos competentes para dispensar esta prestación.

Cuarta

Hasta tanto no se regule por el Gobierno el contrato especial de formación profesional previsto en el número 2 del artículo 34 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, las empresas que contraten para la formación a tiempo completo a trabajadores minusválidos quedarán exentas de la totalidad de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, por trabajador contratado, siempre que la plantilla de la empresa esté formada por menos de 25 trabajadores.

En caso de que la empresa tenga, al menos, 25 trabajadores se reducirá la señalada aportación empresarial, por trabajador contratado, en el 90 por 100.

Quinta

Las disposiciones de la presente Ley que sean más favorables o amplíen derechos en relación con las contenidas en el Real Decreto-ley 1/1992, de 3 de abril, se aplicarán retroactivamente a todas las situaciones que se hubiesen generado como consecuencia del mencionado Real Decreto-ley y desde el momento de su entrada en vigor.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley y expresamente las siguientes:

1. El Real Decreto-ley 1/1992, de 3 de abril, de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo.
2. Los artículos 5; 11, número 1, y 17 del Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, por el que se regulan los contratos en prácticas y para la formación.
3. Real Decreto 3239/1983, de 28 de diciembre, por el que se establecen incentivos para fomentar la contratación de trabajadores mayores de cuarenta y cinco años.
4. Orden de 9 de febrero de 1984, por la que se desarrolla el Real Decreto 3239/1983, de 28 de diciembre.
5. Artículos 14 y 15 de la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se establecen diversos programas de apoyo a la creación de empleo.
6. Los artículos 4, número 1, apartado dos, letra c); 8, número 3; 10, número 1, letra b); 16 y 17 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

1 Se faculta al Gobierno y, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los Ministros de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias par la aplicación y desarrollo de esta Ley.

2. En particular, se faculta al Gobierno para extender a otros colectivos de trabajadores lo dispuesto en el número 2, párrafo segundo, del artículo 14 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, y para, atendiendo situaciones de carácter especial, firmar convenidos con otras Administraciones públicas al objeto de desarrollar planes especiales de empleo.

Téngase en cuenta que la Ley 22/1992, 30 julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, ha sido derogada, salvo su disposición adicional 2ª, por R.D.-ley 9/1997, 16 mayo («B.O.E.» 17 mayo), por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. La citada derogación se reitera por Ley 64/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre). Téngase en cuenta que la Ley 22/1992, 30 julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, ha sido derogada, salvo su disposición adicional 2ª, por R.D.-ley 9/1997, 16 mayo («B.O.E.» 17 mayo), por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. La citada derogación se reitera por Ley 64/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre).

Segunda

1. Se autoriza al Gobierno para que regularice, sistematice y armonice las disposiciones en materia de protección por desempleo contenidas en la presente Ley, con los textos legales siguientes:

a) Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
b) Real Decreto-ley 3/1989, de 31 de marzo, de Medidas Adicionales de Carácter Social.
c) Artículo 111. Siete, de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.

2. Se autoriza también al Gobierno para que dichas normas, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, se integren en el Texto Refundido previsto en la disposición final primera de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, a cuyo efecto el plazo para llevar a cabo dicho Texto Refundido concluirá el 31 de diciembre de 1993.

3. Asimismo, se incluirán en el Texto Refundido a que se refiere el número anterior las disposiciones en materia de Seguridad Social de vigencia permanente contenidas en las Leyes 31/1990, de 27 de diciembre, y 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 1991 y 1992, respectivamente.

Tercera

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».