• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico 燤odificaci髇 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni髇 Europea
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional 鷑ica 營ncremento de recursos al Ministerio Fiscal
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica 燫間imen transitorio
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica 燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燤odificaci髇 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita
  • Disposici髇 final segunda 燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final tercera 燤odificaci髇 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci髇 y del Servicio Exterior del Estado
  • Disposici髇 final cuarta 營ncorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final quinta 燚esarrollo normativo y ejecuci髇
  • Disposici髇 final sexta 燛ntrada en vigor
• ANEXO VIII
• ANEXO XIII
• ANEXO XIV
• ANEXO XV

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni髇 Europea

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni髇 Europea se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica la letra i) en el apartado 2 del art韈ulo 2, que queda redactada como sigue:
  • 玦) La orden europea de investigaci髇.�
  
• Dos. Se modifica el art韈ulo 7, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 7 Emisi髇 y documentaci髇 de 髍denes y resoluciones para su ejecuci髇 al amparo del principio de reconocimiento mutuo

  1. Cuando la eficacia de una resoluci髇 penal espa駉la requiera la pr醕tica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, trat醤dose de alg鷑 instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial espa駉la competente la documentar� en el formulario o certificado obligatorio, que transmitir� a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecuci髇.

  El testimonio de la resoluci髇 penal en la que se basa el certificado se remitir� obligatoriamente junto con 閟te, salvo que se trate de una orden europea de detenci髇 y entrega, una orden europea de protecci髇 o una orden europea de investigaci髇, que se documentar醤 exclusivamente a trav閟 del formulario correspondiente.

  El original de la resoluci髇 o del certificado ser� remitido 鷑icamente cuando as� lo solicite la autoridad de ejecuci髇.

  2. El certificado o el formulario ir醤 firmados por la autoridad judicial competente para dictar la resoluci髇 que se documenta.

  3. El certificado o el formulario se traducir醤 a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relaci髇 con ese Estado, su remisi髇 en espa駉l.

  La resoluci髇 penal s髄o ser� objeto de traducci髇 cuando as� se requiera por la autoridad judicial de ejecuci髇. El coste de la traducci髇 ser� asumido por el Estado de ejecuci髇 que la reclama, con la excepci髇 de la resoluci髇 por la que se impone una pena o medida privativa de libertad regulada en el T韙ulo III.�

  
• Tres. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 8, que tendr� la siguiente redacci髇:

  �1. La transmisi髇 de los instrumentos de reconocimiento mutuo, as� como cualquier otra notificaci髇 practicada con arreglo a esta Ley, se har� directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecuci髇, a trav閟 de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.

  Cualquier dificultad que surja en relaci髇 con la transmisi髇 o la autenticidad de alg鷑 documento necesario para la ejecuci髇 de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventar� mediante comunicaci髇 directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relaci髇 con una orden europea de detenci髇 y entrega o una orden europea de investigaci髇, con la participaci髇 de las autoridades centrales de los Estados miembros.�

  
• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 9, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 9 Informaci髇 obligatoria a Eurojust en relaci髇 con los instrumentos de reconocimiento mutuo

  La obligaci髇 de transmisi髇 de informaci髇 y la petici髇 de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regir醤 por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Espa馻 en Eurojust, los conflictos de jurisdicci髇, las redes judiciales de cooperaci髇 internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, as� como su normativa de desarrollo.�

  
• Cinco. Se modifica el p醨rafo primero del art韈ulo 12, que queda redactado como sigue:

  獵uando a la autoridad judicial espa駉la de emisi髇 de una orden europea de detenci髇 y entrega, de una resoluci髇 por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o de una orden europea de investigaci髇, le conste que resulta necesario el tr醤sito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecuci髇, instar� al Ministerio de Justicia para que solicite la autorizaci髇, remitiendo copia de la resoluci髇 judicial y del certificado emitido, traducido 閟te a una de las lenguas que acepte el Estado de tr醤sito.�

  
• Seis. Se modifica el art韈ulo 14, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 14 Gastos

  El Estado espa駉l financiar� los gastos ocasionados por la ejecuci髇 de una orden o resoluci髇 de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecuci髇.

  Si en la ejecuci髇 de una resoluci髇 judicial de decomiso o de una orden europea de investigaci髇 emitida por la autoridad competente espa駉la, se recibiera comunicaci髇 del Estado de ejecuci髇 proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco d韆s desde la recepci髇 de esta comunicaci髇 se dirigir� oficio al Ministerio de Justicia espa駉l a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado de ejecuci髇 y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.

  En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad espa駉la de emisi髇 decidir� si retira total o parcialmente la orden europea de investigaci髇, o la mantiene, sufragando en este 鷏timo caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.

  Sin perjuicio de lo anterior, se seguir醤 las siguientes reglas en los supuestos que se indican a continuaci髇:

  • a) Si la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 por la autoridad espa駉la implica el traslado temporal de detenidos a Espa馻 o al Estado de ejecuci髇, con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci髇, el Estado espa駉l financiar� los gastos derivados del traslado y su retorno.
  • b) Si la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 por la autoridad espa駉la implica la intervenci髇 de telecomunicaciones, el Estado espa駉l financiar� los gastos derivados de la transcripci髇, la descodificaci髇 y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.�
  
• Siete. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 21, que tendr� la siguiente redacci髇:

  �2. La ejecuci髇 de la orden o resoluci髇 se ajustar� a los t閞minos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigaci髇, con la participaci髇 de las autoridades centrales de los Estados miembros.�

  
• Ocho. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 24, que tendr� el siguiente texto:

  �1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial espa駉la resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podr醤 interponer los recursos que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal vigente.�

  
• Nueve. Se a馻de un apartado 3 al art韈ulo 25 con la siguiente redacci髇:

  �3. En ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, si la autoridad competente espa駉la estima que los costes de ejecuci髇 ser韆n excepcionalmente elevados, pondr� de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicaci髇 al Ministerio de Justicia espa駉l a fin de que 閟te, si as� lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisi髇 sobre un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificaci髇 de la orden europea de investigaci髇 en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado espa駉l sino el Estado de emisi髇.

  Sin perjuicio de lo anterior, se seguir醤 las siguientes reglas en los supuestos que se indica a continuaci髇:

  • a) Si la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 por la autoridad competente de otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a Espa馻, o bien al Estado de emisi髇, con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci髇, el Estado de emisi髇 financiar� los gastos derivados del traslado y su retorno.
  • b) Si la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 por la autoridad competente de otro Estado miembro implica la intervenci髇 de telecomunicaciones, el Estado de emisi髇 financiar� los gastos derivados de la transcripci髇, la descodificaci髇 y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.�
  
• Diez. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 27, que queda redactado como sigue:

  �1. El Ministerio de Justicia ser� competente para autorizar el tr醤sito por territorio espa駉l de una persona que est� siendo trasladada al Estado de emisi髇 desde el Estado de ejecuci髇 de una orden europea de detenci髇 y entrega, de una resoluci髇 por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigaci髇, siempre que aqu閘 le remita la solicitud de tr醤sito acompa馻da de una copia del certificado emitido para la ejecuci髇 de la resoluci髇.

  El Ministerio de Justicia podr� solicitar al Estado de emisi髇 que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al espa駉l.�

  
• Once. Se modifican los apartados 1 y 3 del art韈ulo 32, que quedan redactados como sigue:

  �1. Las autoridades judiciales espa駉las no reconocer醤 ni ejecutar醤 las 髍denes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con car醕ter general, en los siguientes casos:

  • a) Cuando se haya dictado en Espa馻 o en otro Estado distinto al de emisi髇 una resoluci髇 firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecuci髇 vulnerase el principio non bis in 韉em en los t閞minos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que Espa馻 sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
  • b) Cuando la orden o resoluci髇 se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espa駉las y, de haberse dictado la condena por un 髍gano jurisdiccional espa駉l, el delito o la sanci髇 impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espa駉l.
  • c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompa馻r a la solicitud de adopci髇 de las medidas est� incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 19.
  • d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecuci髇 de la resoluci髇.�

  �3. La autoridad judicial espa駉la podr� denegar el reconocimiento y la ejecuci髇 de una orden o resoluci髇 cuando se refiera a hechos que el Derecho espa駉l considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio espa駉l. En este supuesto se deber� deducir testimonio y remitirse al 髍gano judicial competente para el conocimiento del asunto.�

  
• Doce. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 33, que tendr� la siguiente redacci髇:

  �2. Este precepto no ser� de aplicaci髇 a las resoluciones que soliciten la realizaci髇 de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de investigaci髇 ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisi髇 provisional.�

  
• Trece. Se modifica el art韈ulo 38, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 38 Toma de declaraci髇 previa a la emisi髇 de una orden europea de detenci髇 y entrega

  Con car醕ter previo a la emisi髇 de una orden europea de detenci髇 y entrega, el juez competente podr� solicitar autorizaci髇 al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaraci髇 a trav閟 de una solicitud de auxilio judicial.�

  
• Catorce. Se introduce un apartado 4 en el art韈ulo 39 con la siguiente redacci髇:

  �4. Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecuci髇 su derecho a designar abogado en Espa馻 para asistir al abogado en el Estado de ejecuci髇, se garantizar� el ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita, en los t閞minos que legalmente proceda conforme al Derecho espa駉l. La petici髇 deber� tramitarse por la autoridad judicial espa駉la con car醕ter inmediato y la designaci髇 de profesionales por el Colegio de Abogados tendr� car醕ter preferente y urgente.�

  
• Quince. Se modifica la letra b) del apartado 2 del art韈ulo 48, que queda redactada como sigue:
  • 玝) Cuando la orden europea de detenci髇 y entrega se haya dictado a efectos de ejecuci髇 de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad espa駉la o con residencia en Espa馻, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisi髇. En otro caso, deber� cumplir la pena en Espa馻.�
  
• Diecis閕s. Se modifica el art韈ulo 50, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 50 Detenci髇 y puesta a disposici髇 de la autoridad judicial

  1. La detenci髇 de una persona afectada por una orden europea de detenci髇 y entrega se practicar� en la forma y con los requisitos y garant韆s previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislaci髇 en materia de responsabilidad penal de menores.

  2. En el plazo m醲imo de setenta y dos horas tras su detenci髇, la persona detenida ser� puesta a disposici髇 del Juez Central de Instrucci髇 de la Audiencia Nacional. En el caso de menores de edad, a partir de los catorce a駉s, el plazo se reducir� a veinticuatro horas, en el que el menor detenido ser� puesto a disposici髇 del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislaci髇 en materia de responsabilidad penal de menores.

  La puesta a disposici髇 judicial ser� comunicada a la autoridad judicial de emisi髇.

  3. Puesta la persona detenida a disposici髇 judicial, se le informar� de la existencia de la orden europea de detenci髇 y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya funci髇 consistir� en prestar asistencia al abogado en Espa馻 facilit醤dole informaci髇 y asesoramiento, de la posibilidad de consentir en el tr醡ite de audiencia ante el juez y con car醕ter irrevocable su entrega al Estado emisor, as� como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de que solicite designar a un abogado en el Estado emisor, se pondr� en conocimiento de su autoridad competente con car醕ter inmediato.

  4. La persona detenida ser� informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de emisi髇, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, as� como de la posibilidad de su revocaci髇 posterior. Dicha renuncia debe ser voluntaria e inequ韛oca, por escrito, y haciendo constar las circunstancias de la misma.

  La renuncia al abogado en el Estado de emisi髇 podr� revocarse posteriormente en cualquier momento del proceso penal y surtir� efectos desde el momento en que se efect鷈.�

  
• Diecisiete. Se modifica el primer p醨rafo del art韈ulo 90, que queda redactado como sigue:

  玈i durante la ejecuci髇 de la resoluci髇 por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondr� en conocimiento, sin dilaci髇, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta incidencia a la autoridad de emisi髇 y deduzca testimonio para la investigaci髇 de las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.�

  
• Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 127, que queda redactado como sigue:

  �4. Durante la supervisi髇 de las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucci髇 o de Violencia sobre la Mujer podr� solicitar de la autoridad competente del Estado de emisi髇 informaci髇 sobre la necesidad de su continuidad en atenci髇 a las circunstancias del caso.�

  
• Diecinueve. Se introduce un nuevo apartado 4 en el art韈ulo 143 con la siguiente redacci髇:

  �4. La resoluci髇 de aseguramiento de pruebas regulada en este T韙ulo 鷑icamente podr� ser emitida o reconocida y ejecutada en Espa馻 cuando se dirija o provenga, respectivamente, de Estados miembros de la Uni髇 Europea que no estuvieran vinculados por la orden europea de investigaci髇 regulada en el T韙ulo X.�

  
• Veinte. Se a馻de un p醨rafo segundo al apartado 2 del art韈ulo 165, con la siguiente redacci髇:

  獿a Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de Activos podr� llegar a un acuerdo con el Estado de ejecuci髇 sobre el reparto de costes cuando hubiera intervenido en la gesti髇 de los bienes decomisados.�

  
• Veintiuno. Se modifica el art韈ulo 172, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 172 Disposici髇 de los bienes decomisados

  1. El Juez de lo Penal competente, en defecto de acuerdo con la autoridad de emisi髇, dispondr� del dinero obtenido de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:

  • a) Si el importe obtenido de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar� en la cuenta de dep髎itos y consignaciones judiciales.
  • b) En todos los dem醩 casos, se transferir� al Estado de emisi髇 el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar� en la cuenta de dep髎itos y consignaciones judiciales.

  Las cantidades que, en aplicaci髇 de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espa馻 ser醤 transferidas al Tesoro P鷅lico con aplicaci髇, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el C骴igo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tr醘ico il韈ito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa de desarrollo.

  2. El Juez de lo Penal competente decidir� que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.

  Tambi閚 podr醤 ser transferidos al Estado de emisi髇, siendo necesario su consentimiento en el supuesto de que la resoluci髇 de decomiso se refiera a una suma de dinero en efectivo.

  La enajenaci髇 de los bienes se realizar� de acuerdo con la legislaci髇 espa駉la, observ醤dose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de represi髇 del contrabando y su normativa de desarrollo.

  3. Cuando de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio hist髍ico espa駉l, el Juez de lo Penal en ning鷑 caso proceder� a su enajenaci髇 o restituci髇 al Estado de emisi髇. En tal supuesto, lo comunicar� a las autoridades espa駉las competentes y ser醤 de aplicaci髇 las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l y su normativa de desarrollo.�

  
• Veintid髎. Se sustituye el T韙ulo X por la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO X
  
  Orden europea de investigaci髇 en materia penal

  CAP蚑ULO I
  
  Disposiciones generales

  Art韈ulo 186 Orden europea de investigaci髇

  1. La orden europea de investigaci髇 es una resoluci髇 penal emitida o validada por la autoridad competente de un Estado miembro de la Uni髇 Europea, dictada con vistas a la realizaci髇 de una o varias medidas de investigaci髇 en otro Estado miembro, cuyo objetivo es la obtenci髇 de pruebas para su uso en un proceso penal. Tambi閚 se podr� emitir una orden europea de investigaci髇 con vistas a la remisi髇 de pruebas o de diligencias de investigaci髇 que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecuci髇.

  Se considerar醤 v醠idos en Espa馻 los actos de investigaci髇 realizados por el Estado de ejecuci髇, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jur韉ico espa駉l ni resulten contrarios a las garant韆s procesales reconocidas en 閟te.

  2. La orden europea de investigaci髇 podr� referirse a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea, tanto administrativas como judiciales, por la comisi髇 de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisi髇 pueda dar lugar a un proceso ante un 髍gano jurisdiccional, en particular en el orden penal.

  3. La orden europea de investigaci髇 podr� comprender todas las medidas de investigaci髇, con excepci髇 de la creaci髇 de un equipo conjunto de investigaci髇 y la obtenci髇 de pruebas en dicho equipo.

  No obstante lo anterior, cuando un equipo conjunto de investigaci髇 necesite que las diligencias de investigaci髇 se practiquen en el territorio de un Estado miembro que no haya participado en el equipo, podr� emitirse una orden europea de investigaci髇 a las autoridades competentes de dicho Estado.

  4. Queda fuera del 醡bito de la orden europea de investigaci髇 el r間imen de transmisi髇 de los antecedentes penales, que se regir� por su normativa espec韋ica.

  5. A efectos de la emisi髇 y de la ejecuci髇 de 髍denes europeas de investigaci髇 para obtener informaci髇 sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras o sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras:

  • a) Se considerar� como entidad financiera aqu閘la que se ajuste a la definici髇 establecida por la legislaci髇 de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.
  • b) Se considerar� como dato de la cuenta o el dep髎ito al menos el nombre y el domicilio del titular, los pormenores de los poderes de representaci髇 y de las facultades de disposici髇 relativas a esa cuenta, los datos relativos a la titularidad real y cualesquiera otros detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura o con posterioridad a ella.

  Art韈ulo 187 Autoridades competentes en Espa馻 para emitir y ejecutar una orden europea de investigaci髇

  1. Son autoridades de emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 los jueces o tribunales que conozcan del proceso penal en el que se debe adoptar la medida de investigaci髇 o que hayan admitido la prueba si el procedimiento se encuentra en fase de enjuiciamiento.

  Son tambi閚 autoridades de emisi髇 los Fiscales en los procedimientos que dirijan, siempre que la medida que contenga la orden europea de investigaci髇 no sea limitativa de derechos fundamentales.

  A estos efectos, las autoridades competentes se馻ladas podr醤 emitir 髍denes europeas de investigaci髇 para la ejecuci髇 de medidas que podr韆n ordenar o ejecutar conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

  2. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en Espa馻 para recibir las 髍denes europeas de investigaci髇 emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

  Una vez registrada y tras haber acusado recibo a la autoridad de emisi髇, el Ministerio Fiscal conocer� del reconocimiento y ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 o la remitir� al juez competente, de conformidad con las siguientes reglas:

  • a) Cuando la orden europea de investigaci髇 no contenga medida alguna limitativa de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal ser� competente para reconocer y ejecutar la orden europea de investigaci髇.
  • b) Cuando la orden europea de investigaci髇 contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales, y que no pueda ser sustituida por otra que no restrinja dichos derechos, 閟ta ser� remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecuci髇. Tambi閚 ser� remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecuci髇 la orden europea de investigaci髇 en la que se indique expresamente por la autoridad de emisi髇 que la medida de investigaci髇 debe ser ejecutada por un 髍gano judicial.

  En estos supuestos se acompa馻r� de informe preceptivo del Ministerio Fiscal en el que se pronuncie sobre la concurrencia o no de causa de denegaci髇 de la ejecuci髇 de la orden, y si se entiende ajustada a Derecho la adopci髇 de cada una de las medidas de investigaci髇 que la orden contenga.

  3. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, ser醤 competentes:

  • a) Los Jueces de Instrucci髇 o de Menores del lugar donde deban practicarse las medidas de investigaci髇 o, subsidiariamente, donde exista alguna otra conexi髇 territorial con el delito, con el investigado o con la v韈tima. Si no hubiera ning鷑 elemento de conexi髇 territorial para poder concretar la competencia, ser醤 competentes los Jueces Centrales de Instrucci髇.
  • b) Los Jueces Centrales de Instrucci髇, si la orden europea de investigaci髇 se emiti� por delito de terrorismo u otro de los delitos cuyo enjuiciamiento competa a la Audiencia Nacional, o si se trata de la notificaci髇 prevista en el art韈ulo 222.
  • c) Los Jueces Centrales de lo Penal o Central de Menores, en el caso de traslado al Estado de emisi髇 de personas privadas de libertad en Espa馻, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 214.

  El Ministerio Fiscal podr� practicar las diligencias oportunas a fin de determinar el juez o tribunal competente a quien remitir la orden europea de investigaci髇 para su ejecuci髇.

  El cambio sobrevenido del lugar donde deba practicarse la medida de investigaci髇 no implicar� una p閞dida sobrevenida de competencia del juez o tribunal que hubiera acordado el reconocimiento y ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇.

  Si dicha orden europea de investigaci髇 se hubiese emitido en relaci髇 con varias diligencias de investigaci髇 que tuvieran que practicarse en lugares distintos, ser� competente para el reconocimiento y ejecuci髇 de la orden el juez o tribunal al que el Ministerio Fiscal remita dicha orden, de entre los competentes de acuerdo con las reglas previstas en este apartado y, en lo no previsto en ellas, conforme a las normas de preferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  El juez o tribunal a quien corresponda la ejecuci髇 notificar� al Ministerio Fiscal el reconocimiento y ejecuci髇 de las medidas de investigaci髇 y su remisi髇 a la autoridad de emisi髇.

  CAP蚑ULO II
  
  Emisi髇 y transmisi髇 de una orden europea de investigaci髇

  Secci髇 1
  
  R間imen general de emisi髇 y transmisi髇 de 髍denes europeas de investigaci髇

  Art韈ulo 188 Contenido de la orden europea de investigaci髇

  1. La orden europea de investigaci髇 se documentar� en el formulario que figura en el anexo XIII, con menci髇 expresa a la siguiente informaci髇:

  • a) Los datos de la autoridad de emisi髇.
  • b) El objeto y motivos de la orden europea de investigaci髇.
  • c) La informaci髇 necesaria sobre la persona o personas afectadas.
  • d) La descripci髇 de la conducta delictiva que es objeto de la investigaci髇 o proceso y las disposiciones aplicables del Derecho penal espa駉l.
  • e) La descripci髇 de la medida o medidas de investigaci髇 que se solicitan y de las pruebas a obtener.
  • f) Las formalidades, procedimientos y garant韆s cuya observancia solicita que sean respetadas por el Estado de ejecuci髇.

  2. La autoridad espa駉la competente podr� expedir una orden europea de investigaci髇 complementaria a otra ya cursada cuando sea necesario para obtener nuevas pruebas para el mismo proceso penal.

  La orden europea de investigaci髇 complementaria se documentar� en la forma se馻lada en el apartado 1 e indicar� su relaci髇 con la orden anterior en la secci髇 D del mismo formulario del anexo XIII.

  Cuando la autoridad espa駉la competente colabore en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 en el Estado de ejecuci髇, podr� transmitir una orden complementaria directamente a la autoridad de ejecuci髇 mientras se encuentre en dicho Estado.

  Art韈ulo 189 Requisitos para la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇

  1. La autoridad de emisi髇 podr� emitir, de oficio o a instancia de parte, una orden europea de investigaci髇 cuando concurran los siguientes requisitos:

  • a) Que la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 sea necesaria y proporcionada a los fines del procedimiento para el que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado.
  • b) Que la medida o medidas de investigaci髇 solicitadas cuyo reconocimiento y ejecuci髇 se pretende se hayan acordado en el proceso penal espa駉l en el que se emite la orden europea de investigaci髇 y pudieran haberse ordenado en las mismas condiciones para un caso interno similar.

  2. La autoridad espa駉la competente podr� indicar en la orden que se requiere un plazo m醩 corto que el previsto con car醕ter general para la ejecuci髇 de la medida, o que la medida de investigaci髇 tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta. Esta petici髇 se fundamentar� de manera expresa en los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes.

  Art韈ulo 190 Solicitud de informaci髇 a la autoridad de ejecuci髇

  1. La autoridad espa駉la competente podr� solicitar a la autoridad de ejecuci髇 que le informe sin dilaci髇, cuando proceda, de los siguientes supuestos:

  • a) Si considera que en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigaci髇 no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisi髇 pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.
  • b) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garant韆s expresamente indicados.

  2. La autoridad espa駉la competente podr� consultar a la autoridad competente del Estado de ejecuci髇 a fin de facilitar la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇.

  Art韈ulo 191 Solicitud de participaci髇 de la autoridad espa駉la competente

  La autoridad espa駉la competente, justificando las razones por las que lo considera conveniente, podr� solicitar la participaci髇 en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 de una o varias autoridades o funcionarios espa駉les, en la misma forma en que hubieran podido estar presentes en su ejecuci髇 en territorio nacional. La autoridad o funcionario espa駉l que participe en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 podr� recibir directamente las pruebas obtenidas por la autoridad del Estado de ejecuci髇, siempre que as� se hubiera solicitado en dicha orden y ello sea posible con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci髇.

  Art韈ulo 192 Comunicaci髇 con la autoridad de ejecuci髇

  La autoridad espa駉la competente comunicar� a la autoridad de ejecuci髇 en el plazo de diez d韆s si decide retirar, modificar o completar la orden europea de investigaci髇 en los siguientes supuestos:

  • a) Cuando la autoridad de ejecuci髇 comunique que el resultado perseguido por la orden europea de investigaci髇 puede conseguirse mediante una medida de investigaci髇 menos restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisi髇.
  • b) Cuando la autoridad de ejecuci髇 comunique que la medida de investigaci髇 solicitada no existe en su Derecho o no est� prevista para un caso interno similar, pero existe otra medida distinta que puede ser id髇ea para los fines de la orden solicitada.

  Art韈ulo 193 Utilizaci髇 en Espa馻 de los datos personales obtenidos en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 en otro Estado miembro

  1. Los datos personales obtenidos de la ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 s髄o podr醤 ser empleados en los procesos en los que se hubiera acordado esa resoluci髇, en aquellos otros relacionados de manera directa con aqu閘 o excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad p鷅lica.

  Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad espa駉la competente deber� recabar el consentimiento de la autoridad del Estado de ejecuci髇 o del titular de los datos.

  2. Cuando en un caso concreto as� lo requiera la autoridad competente del Estado de ejecuci髇, la autoridad espa駉la competente le informar� del uso que haga de los datos personales que se hubieran remitido a trav閟 de una orden europea de investigaci髇, con excepci髇 de aqu閘los obtenidos durante su ejecuci髇 en Espa馻.

  Art韈ulo 194 Confidencialidad en la emisi髇 de una orden europea de investigaci髇

  La autoridad competente espa駉la, con arreglo al ordenamiento jur韉ico espa駉l y, a menos que la autoridad de ejecuci髇 haya indicado otra cosa, no desvelar� prueba o informaci髇 alguna facilitada por la autoridad de ejecuci髇 para ser utilizada en el procedimiento espa駉l, excepto en la medida en que su revelaci髇 sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la orden europea de investigaci髇.

  Secci髇 2
  
  Emisi髇 de 髍denes europeas de investigaci髇 con medidas espec韋icas de investigaci髇

  Art韈ulo 195 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal a Espa馻 de personas privadas de libertad en el Estado de ejecuci髇

  1. La autoridad espa駉la competente emitir� una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal a Espa馻 de una persona privada de libertad en el Estado de ejecuci髇 cuando la investigaci髇 requiera su presencia en Espa馻; y siempre que no tenga por finalidad su enjuiciamiento, en cuyo caso deber� optar por la emisi髇 de una orden europea de detenci髇 y entrega.

  2. La autoridad espa駉la competente acordar� con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones pr醕ticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as� como los detalles de sus condiciones de privaci髇 de libertad, con inclusi髇 de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los art韈ulos 12 y 27, garantiz醤dose que se tiene en cuenta la condici髇 f韘ica y mental de la persona de que se trate, as� como el nivel de seguridad requerido en Espa馻.

  3. La persona trasladada permanecer� privada de libertad en Espa馻 en relaci髇 con los hechos o condenas por los que lo haya estado en el Estado de ejecuci髇, a menos que 閟te pida su puesta en libertad.

  4. La persona trasladada no ser� perseguida o detenida o sometida a cualquier otra restricci髇 de su libertad personal en Espa馻 por actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de ejecuci髇 y que no estuvieran especificados en la orden europea de investigaci髇. No obstante, esta inmunidad quedar� sin efecto cuando la persona trasladada, habiendo tenido la oportunidad de regresar, haya permanecido en territorio espa駉l durante los quince d韆s siguientes desde la fecha en que su presencia ya no fuera exigida por la autoridad espa駉la competente o haya regresado en caso de haberlo abandonado.

  Art韈ulo 196 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal al Estado de ejecuci髇 de personas privadas de libertad en Espa馻

  La autoridad espa駉la competente podr� emitir una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal de un detenido en Espa馻 con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci髇 que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecuci髇, siempre que la persona privada de libertad d� su consentimiento. A tal fin ser醤 de aplicaci髇 las previsiones del art韈ulo 214.

  Art韈ulo 197 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi髇 audiovisual

  1. Cuando la autoridad competente espa駉la que est� conociendo de un proceso penal en Espa馻 considere necesario o韗 al investigado o encausado o a un testigo o perito que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir� una orden europea de investigaci髇 para que dicha declaraci髇 se realice por videoconferencia u otros medios de transmisi髇 audiovisual.

  A tal fin se determinar醤 de acuerdo con la autoridad de ejecuci髇 competente las disposiciones pr醕ticas con arreglo a las cuales se llevar� a cabo la comparecencia.

  Si en un caso concreto la autoridad de ejecuci髇 no dispusiera de los medios t閏nicos necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi髇 audiovisual, la autoridad competente espa駉la que la hubiera solicitado podr� ponerlos a su disposici髇 previo acuerdo.

  Art韈ulo 198 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para obtener informaci髇 sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras

  1. Cuando la autoridad espa駉la competente necesite determinar si la persona f韘ica o jur韉ica objeto de proceso penal en curso es titular o posee el control de una o m醩 cuentas o dep髎itos en un banco u otra entidad financiera que se localice en el territorio de otro Estado miembro y, en caso afirmativo, obtener los datos de las cuentas y dep髎itos identificadas que obren todav韆 en su poder, podr� emitir una orden europea de investigaci髇. La informaci髇 requerida incluir�, siempre que se solicite en la orden europea de investigaci髇, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representaci髇.

  2. En la orden europea de investigaci髇 se indicar醤 las razones por las que considera que la informaci髇 solicitada es necesaria para el proceso penal del que se trate y las razones por las que supone que la cuenta se encuentra en alg鷑 banco u otra entidad financiera del Estado de ejecuci髇 y, siempre que cuente con dicha informaci髇, de qu� banco o entidad financiera se trata. Tambi閚 incluir� en la orden europea de investigaci髇 cualquier informaci髇 de la que disponga que pueda facilitar su ejecuci髇.

  Art韈ulo 199 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para obtener informaci髇 sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras

  La autoridad espa駉la competente podr� emitir una orden europea de investigaci髇 para obtener los datos que obren todav韆 en poder del banco u otra entidad financiera correspondientes a:

  • a) Cuentas bancarias espec韋icas.
  • b) Operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un plazo concreto por medio de una o m醩 cuentas indicadas en la orden, con inclusi髇 de los datos de toda cuenta remitente o receptora.
  • c) Operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias.

  En la orden se indicar醤 las razones por las que estima que la informaci髇 solicitada es pertinente para el proceso penal de que se trate.

  Art韈ulo 200 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo

  Cuando la autoridad competente que est� conociendo de un proceso penal en Espa馻 considere necesario emitir una orden europea de investigaci髇 a efectos de la ejecuci髇 de una medida de investigaci髇 que requiera la obtenci髇 de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, indicar� las razones por las que estima que la informaci髇 solicitada es pertinente para el proceso penal en curso.

  Art韈ulo 201 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para realizar investigaciones encubiertas

  Cuando la autoridad competente considere necesario que las autoridades competentes de otro Estado miembro colaboren en la investigaci髇 encubierta de una o varias actividades delictivas, a trav閟 de agentes que act鷈n infiltrados o con una identidad falsa, emitir� una orden europea de investigaci髇 solicitando dicha colaboraci髇 e indicar� las razones por las que considera pertinente realizar una investigaci髇 encubierta.

  Art韈ulo 202 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para intervenci髇 de telecomunicaciones

  1. La autoridad espa駉la competente emitir� una orden europea de investigaci髇 cuando, una vez acordado por auto dictado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proceda la intervenci髇 de las comunicaciones en otro Estado miembro y se requiera su asistencia t閏nica. La medida solicitada podr� abarcar igualmente la obtenci髇 de datos de tr醘ico y localizaci髇 correspondiente a tales comunicaciones.

  2. Cuando la asistencia t閏nica requerida pueda ser prestada por m醩 de un Estado miembro, se enviar� la orden europea de investigaci髇 solo a uno de ellos. A tal efecto, se dar� siempre prioridad al Estado miembro en el que se encuentre o vaya a encontrarse el investigado o encausado.

  3. La autoridad espa駉la competente podr� acordar con la autoridad de ejecuci髇 que la intervenci髇 se ejecute conforme a una de las dos siguientes modalidades:

  • a) Transmitiendo directamente la telecomunicaci髇 al Estado de emisi髇,
  • b) Interviniendo y registrando en el Estado de ejecuci髇 la telecomunicaci髇 para proceder una vez registrada al traslado del resultado al Estado de emisi髇.

  La autoridad espa駉la competente podr� someter a consulta y ser consultada por la autoridad de ejecuci髇 respecto de la elecci髇 de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigaci髇.

  4. La orden europea de investigaci髇 emitida para la intervenci髇 de telecomunicaciones deber� especificar:

  • a) Las razones por las que la intervenci髇 es necesaria para los fines del proceso penal.
  • b) La informaci髇 necesaria para la identificaci髇 de la persona afectada por la intervenci髇.
  • c) La duraci髇 de la intervenci髇.
  • d) Los datos t閏nicos necesarios, en particular el identificador de la persona, para garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.

  5. En la orden europea de investigaci髇 se podr� pedir una transcripci髇, descodificaci髇 o desencriptado del registro. Esta petici髇 podr� hacerse, asimismo, durante la pr醕tica de la intervenci髇. En ambos casos, la transcripci髇, descodificaci髇 o desencriptado deber醤 ser acordados con la autoridad de ejecuci髇.

  Art韈ulo 203 Emisi髇 de una orden europea de investigaci髇 para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigaci髇 en relaci髇 con los medios de prueba

  La autoridad espa駉la competente podr� emitir una orden europea de investigaci髇 con la finalidad de impedir de forma cautelar la destrucci髇, transformaci髇, desplazamiento, transferencia o enajenaci髇 de un objeto que pudiera emplearse como medio de prueba.

  En la orden europea de investigaci髇 se indicar� si el medio de prueba habr� de transferirse a Espa馻 o conservarse en el Estado de ejecuci髇.

  Cuando en la orden europea de investigaci髇 se solicite que el medio de prueba se conserve en el Estado de ejecuci髇, se indicar� la fecha en que habr� de levantarse la medida cautelar instada o la fecha estimada en la que se formular� la solicitud para que la prueba sea trasladada a Espa馻.

  Se notificar� inmediatamente a la autoridad de ejecuci髇 el levantamiento de las medidas provisionales que se hubieran instado.

  Art韈ulo 204 Notificaci髇 al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia t閏nica no sea necesaria

  1. La autoridad espa駉la competente que haya acordado la intervenci髇 de telecomunicaciones de una persona que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro sin su asistencia t閏nica, notificar� a la autoridad competente de ese Estado dicha intervenci髇. Esta notificaci髇 se llevar� a cabo:

  • a) antes de la intervenci髇, cuando se tenga conocimiento de que esa persona se encuentra o se encontrar� en el territorio del otro Estado miembro;
  • b) durante la intervenci髇 o despu閟 de 閟ta, inmediatamente despu閟 de tener conocimiento de que esa persona se encuentra, o se ha encontrado durante la intervenci髇, en el territorio del otro Estado miembro.

  Esta notificaci髇 se efectuar� por medio del formulario contenido en el anexo XV.

  2. La autoridad espa駉la competente que haya acordado esta intervenci髇 no la llevar� a cabo o pondr� fin a la misma si la autoridad competente del Estado notificado as� lo indicara. Asimismo, la autoridad espa駉la competente s髄o podr� utilizar el material intervenido en las condiciones que el Estado notificado especifique.

  En el caso de que la autoridad competente del Estado notificado informara de que el material obtenido no puede ser utilizado, la autoridad espa駉la competente ordenar� su destrucci髇.

  CAP蚑ULO III
  
  Reconocimiento y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇

  Secci髇 1
  
  R間imen general de reconocimiento y ejecuci髇 de 髍denes europeas de investigaci髇

  Art韈ulo 205 Requisitos para el reconocimiento y ejecuci髇 en Espa馻 de una orden de investigaci髇 europea

  1. La autoridad competente espa駉la que reciba una orden europea de investigaci髇 dictar� auto o decreto de reconocimiento y ejecuci髇 de la misma, salvo que concurra alguno de los motivos de denegaci髇 o suspensi髇 a que se refieren los art韈ulos 207 y 209.

  2. La autoridad competente espa駉la que reciba una orden europea de investigaci髇 que no hubiera sido emitida por la autoridad de emisi髇 competente, o validada en su caso por el juez, tribunal o fiscal competente del Estado de emisi髇, proceder� a su devoluci髇.

  Art韈ulo 206 Ejecuci髇 de las medidas de investigaci髇 solicitadas en la orden europea de investigaci髇

  1. La autoridad competente espa駉la llevar� a cabo la ejecuci髇 de la medida de investigaci髇 solicitada si dicha medida de investigaci髇 existiera en Derecho espa駉l y estuviera prevista para un caso interno similar.

  En particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo siguiente, la autoridad competente ordenar� la ejecuci髇 en todo caso si la medida de investigaci髇 solicitada fuera alguna de las siguientes:

  • a) La obtenci髇 de informaci髇 o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad competente espa駉la siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, esa informaci髇 o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines de la orden europea de investigaci髇;
  • b) la obtenci髇 de informaci髇 contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles en el marco de un procedimiento penal;
  • c) la declaraci髇 de un testigo, un perito, una v韈tima, un investigado o encausado o un tercero en territorio espa駉l;
  • d) cualquier medida de investigaci髇 no restrictiva de los derechos fundamentales y garant韆s procesales prevista en el Derecho espa駉l;
  • e) la identificaci髇 de personas que sean titulares de un n鷐ero de tel閒ono o una direcci髇 IP determinados.

  2. Cuando el resultado perseguido por la orden europea de investigaci髇 pudiera conseguirse mediante una medida de investigaci髇 menos restrictiva de los derechos fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigaci髇, la autoridad competente espa駉la ordenar� la ejecuci髇 de esta 鷏tima.

  3. Cuando la medida de investigaci髇 solicitada no existiera en Derecho espa駉l o no estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente espa駉la ordenar� la ejecuci髇 de una medida de investigaci髇 distinta a la solicitada, si dicha medida fuera id髇ea para los fines de la orden solicitada.

  4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, antes de adoptar la resoluci髇, la autoridad competente informar� a la autoridad de emisi髇. Si la autoridad de emisi髇 no comunicara su decisi髇 de retirar o completar la orden europea de investigaci髇 en el plazo de diez d韆s, la autoridad de ejecuci髇 ordenar� la ejecuci髇 de la medida de investigaci髇 alternativa.

  5. Cuando la medida de investigaci髇 indicada en la orden europea de investigaci髇 no exista en el Derecho nacional o, existiendo, no hubiera podido ser adoptada en un caso interno similar y, adem醩, no exista ninguna otra medida de investigaci髇 que pudiera obtener el mismo resultado que la medida de investigaci髇 solicitada, la autoridad espa駉la competente notificar� a la autoridad del Estado de emisi髇 que no ha sido posible proporcionar la asistencia requerida.

  Art韈ulo 207 Denegaci髇 del reconocimiento y ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇

  1. La autoridad competente espa駉la denegar� el reconocimiento y ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, adem醩 de en los supuestos del apartado 1 del art韈ulo 32, en los siguientes casos:

  • a) Cuando exista un privilegio procesal que haga imposible ejecutar la orden europea de investigaci髇 o normas sobre determinaci髇 y limitaci髇 de la responsabilidad penal en relaci髇 con la libertad de prensa y la libertad de expresi髇 en otros medios de comunicaci髇 que imposibiliten a la autoridad competente espa駉la su ejecuci髇.
  • b) Cuando la ejecuci髇 pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de informaci髇 o implicar la utilizaci髇 de informaci髇 clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia.
  • c) Cuando la resoluci髇 se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y total o parcialmente en territorio espa駉l, y la conducta en relaci髇 con la cual se emite la orden europea de investigaci髇 no sea constitutiva de delito en Espa馻.
  • d) Cuando existan motivos fundados para creer que la ejecuci髇 de la medida de investigaci髇 indicada en la orden europea de investigaci髇 es incompatible con las obligaciones del Estado espa駉l de conformidad con el art韈ulo 6 del Tratado de la Uni髇 Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea.
  • e) Cuando la conducta que dio origen a la emisi髇 de la orden europea de investigaci髇 no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho espa駉l y no est� recogida en las categor韆s de delitos a que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 20, siempre que la pena o medida de seguridad privativas de libertad previstas en el Estado de emisi髇 para el delito a que se refiere la orden europea de investigaci髇 fuera de un m醲imo de al menos tres a駉s.
    
    Para comprobar si dicha conducta est� o no incluida dentro de los delitos enumerados en el apartado 1 del art韈ulo 20 y que alcanza el umbral de pena antes mencionado, se estar� a lo indicado por la autoridad del Estado de emisi髇 en el formulario de emisi髇 remitido.
  • f) Cuando el uso de la medida de investigaci髇 indicada en la orden europea de investigaci髇 est� limitado, con arreglo al Derecho espa駉l, a una lista o categor韆 de delitos, o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el delito a que se refiere la orden europea de investigaci髇.
  • g) Cuando la orden europea de investigaci髇 se refiera a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea por la comisi髇 de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento cuando la decisi髇 pueda dar lugar a un proceso ante un 髍gano jurisdiccional en el orden penal, y la medida no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci髇, para un caso interno similar.

  2. Las letras e) y f) del apartado anterior no ser醤 de aplicaci髇, en ning鷑 caso, a las medidas de investigaci髇 a que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 206.

  3. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci髇 del reconocimiento y la ejecuci髇 previstos en las letras a) o d) del apartado 1 del art韈ulo 32 o en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 de este art韈ulo, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, la autoridad espa駉la competente solicitar� a la autoridad de emisi髇 la informaci髇 complementaria necesaria y, en su caso, la subsanaci髇 del defecto en que se hubiera incurrido.

  Art韈ulo 208 Procedimiento para el reconocimiento y la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇

  1. La autoridad competente espa駉la que reciba la orden europea de investigaci髇, si no aprecia la concurrencia de causa alguna de denegaci髇 o suspensi髇, dictar� sin dilaci髇 auto o decreto, respectivamente, reconociendo la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y ordenando su ejecuci髇. El auto o decreto contendr� las instrucciones necesarias para la pr醕tica de las medidas de investigaci髇 solicitadas.

  La decisi髇 de reconocer y ejecutar la orden europea de investigaci髇 o, en su caso, denegar su ejecuci髇 deber� ser tomada cuanto antes y, a m醩 tardar, en el plazo de treinta d韆s desde su recepci髇 por la autoridad competente.

  2. Cuando en un caso concreto, la autoridad competente espa駉la aprecie que no podr� cumplirse el plazo previsto para dictar el auto o decreto, respectivamente, de reconocimiento y ejecuci髇 de la orden, informar� sin demora a la autoridad de emisi髇 explicando las razones y comunicando el plazo estimado necesario para adoptar la resoluci髇. En este caso, el plazo establecido para dictar la resoluci髇 de reconocimiento y ejecuci髇 podr� prorrogarse hasta un m醲imo de treinta d韆s.

  3. Cuando el Estado de emisi髇 participe en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 y si la autoridad de emisi髇 emite una orden complementaria a la anterior, la autoridad competente espa駉la podr� recibir directamente la orden complementaria que la autoridad de emisi髇 dicte mientras est� en Espa馻.

  4. La autoridad competente espa駉la llevar� a cabo la ejecuci髇 de la medida de investigaci髇 sin demora y, a m醩 tardar, en el plazo de noventa d韆s despu閟 de que se adopte la resoluci髇 de reconocimiento y ejecuci髇, a menos que, con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 209, exista alg鷑 motivo para la suspensi髇 del procedimiento de reconocimiento y ejecuci髇 o que la prueba mencionada en la medida de investigaci髇 incluida en la orden europea de investigaci髇 ya se encuentre en posesi髇 del Estado espa駉l.

  5. Cuando la autoridad de emisi髇 haya indicado en la orden que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo m醩 corto para la ejecuci髇 de la medida, o si la medida de investigaci髇 tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente espa駉la estar� a lo dispuesto en la orden en relaci髇 con dichos plazos. En caso de que no fuera posible, lo comunicar� a la autoridad de emisi髇 sin demora.

  6. Asimismo, cuando en un caso concreto no pueda llevarse a cabo la ejecuci髇 de la medida de investigaci髇 dentro del plazo previsto a tal efecto, la autoridad competente espa駉la informar� sin demora a la autoridad competente del Estado de emisi髇 explicando las razones de la demora y consultar� a la autoridad de emisi髇 sobre el plazo o la fecha adecuados para llevar a cabo la ejecuci髇 de la medida de investigaci髇.

  Art韈ulo 209 Suspensi髇 del reconocimiento y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇

  1. La autoridad competente espa駉la suspender� el reconocimiento y la ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

  • a) Que su ejecuci髇 pudiera perjudicar una investigaci髇 penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.
  • b) Que los objetos, documentos o datos de que se trate est醤 siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.

  2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensi髇, la autoridad competente espa駉la adoptar� las medidas necesarias para la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, informando sin dilaci髇 a la autoridad competente del Estado de emisi髇.

  Art韈ulo 210 Participaci髇 de las autoridades del Estado de emisi髇 en la pr醕tica de diligencias en territorio espa駉l

  1. En el caso de que la autoridad de emisi髇 solicite que una o varias autoridades de su Estado participen en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, la autoridad competente espa駉la acceder� a ello siempre que dichas autoridades est閚 facultadas para participar en la ejecuci髇 de las medidas de investigaci髇 requeridas en la orden en un caso interno similar de su Estado y que esa participaci髇 no sea contraria a los principios jur韉icos fundamentales ni perjudique los intereses esenciales de la seguridad nacional.

  Dichas autoridades tendr醤 la consideraci髇 de funcionario p鷅lico espa駉l a efectos penales mientras se encuentren en Espa馻 participando en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇. En el caso del agente encubierto se acordar醤 con el Estado de emisi髇, ateni閚dose a los respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales, la duraci髇 de la investigaci髇 encubierta, las condiciones concretas y el r間imen jur韉ico de los agentes de que se trate.

  2. Las autoridades del Estado de emisi髇 que participaran en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 se someter醤 al Derecho espa駉l y solo podr醤 ejercer competencia coercitiva en territorio espa駉l si el ejercicio de dicha competencia es conforme con el Derecho espa駉l y 鷑icamente en la medida que ambas autoridades lo hubiesen acordado.

  3. La autoridad competente espa駉la podr� consultar en cualquier momento a la autoridad competente del Estado de emisi髇 a fin de facilitar la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇.

  Art韈ulo 211 Traslado de las pruebas obtenidas

  1. Las pruebas obtenidas se trasladar醤 de manera inmediata a la autoridad del Estado de emisi髇 y se indicar� si deben ser devueltas a las autoridades competentes espa駉las tan pronto dejen de ser necesarias en el Estado de emisi髇.

  En el caso de que el Estado de emisi髇 participara en la ejecuci髇 de la orden, siempre que as� se haya solicitado en la misma y si es posible con arreglo al Derecho espa駉l, las pruebas obtenidas se trasladar醤 inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisi髇.

  2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr� acordarse la suspensi髇 del traslado de las pruebas obtenidas en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra el reconocimiento y ejecuci髇 de la orden, salvo si en la orden se indican razones suficientes que justifiquen que es indispensable el traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la investigaci髇 o para preservar derechos individuales. Sin embargo, se suspender� el traslado de pruebas si 閟te pudiera causar un da駉 grave o irreversible a la persona interesada.

  3. Cuando las pruebas obtenidas sean relevantes para otros procesos penales, la autoridad competente espa駉la, previa petici髇 expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisi髇, podr� trasladar temporalmente las pruebas con la condici髇 de que se devuelvan a las autoridades competentes espa駉las tan pronto como el Estado de emisi髇 deje de necesitarlas o bien en cualquier otro momento u ocasi髇 que se acordara entre las autoridades competentes.

  Art韈ulo 212 Informaci髇 espec韋ica sobre el curso de la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇

  1. El Ministerio Fiscal, tras recibir la orden europea de investigaci髇, acusar� recibo en el plazo m醲imo de una semana desde la recepci髇, mediante la cumplimentaci髇 del anexo XIV.

  2. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art韈ulo 206, la autoridad competente espa駉la encargada de la ejecuci髇 informar� sin dilaci髇 a la autoridad de emisi髇 en los casos siguientes:

  • a) Si es imposible adoptar una resoluci髇 de reconocimiento y ejecuci髇 debido a que el formulario del anexo XIII est� incompleto o es manifiestamente incorrecto, o no estuviese traducido al castellano o a alguna de las lenguas admitidas por Espa馻.
  • b) Si considera que en la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigaci髇 no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisi髇 pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.
  • c) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garant韆s expresamente indicados.
  • d) De cualquier resoluci髇 adoptada de conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 206, 207 y 209.

  Art韈ulo 213 Confidencialidad en la ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇

  Cuando ejecute una orden europea de investigaci髇, la autoridad competente espa駉la tiene la obligaci髇 de guardar confidencialidad de los hechos y el fondo de la misma, excepto en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigaci髇, y cualquier publicidad ser� siempre objeto de previa consulta con la autoridad del Estado de emisi髇.

  Secci髇 2
  
  Reconocimiento y ejecuci髇 de 髍denes europeas de investigaci髇 con medidas espec韋icas de investigaci髇

  Art韈ulo 214 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal al Estado de emisi髇 de personas privadas de libertad en Espa馻

  1. La autoridad espa駉la competente denegar� el reconocimiento y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal de personas privadas de libertad en Espa馻, adem醩 de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 208, en caso de que:

  • a) La persona privada de libertad no d� su consentimiento. Cuando debido a su edad o estado f韘ico o ps韖uico, no pueda dar su opini髇, la misma se recabar� a trav閟 de su representante legal.
  • b) El traslado pueda causar la prolongaci髇 de la privaci髇 de libertad de la persona.

  2. La autoridad espa駉la competente acordar� con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones pr醕ticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as� como los detalles de sus condiciones de privaci髇 de libertad, con inclusi髇 de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los art韈ulos 12 y 27, garantiz醤dose que se tienen en cuenta la condici髇 f韘ica y mental de la persona de que se trate, as� como el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisi髇.

  3. La autoridad espa駉la competente deducir�, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, del per韔do m醲imo de prisi髇 al que est� sometido o se vaya a someter al reclamado por una orden europea de investigaci髇 cualquier per韔do de privaci髇 de libertad en el territorio del Estado de emisi髇.

  Art韈ulo 215 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal a Espa馻 de personas privadas de libertad en el Estado de emisi髇

  La autoridad espa駉la competente denegar� el reconocimiento y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal a Espa馻 de personas privadas de libertad en el Estado de emisi髇, adem醩 de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 207, en caso de que la persona privada de libertad no d� su consentimiento. Cuando, debido a su edad o estado f韘ico o ps韖uico, no pueda dar su opini髇, la misma se recabar� a trav閟 de su representante legal.

  En todo lo dem醩, la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 para el traslado temporal a Espa馻 de personas privadas de libertad en el Estado de emisi髇 se sujetar� a lo dispuesto en el art韈ulo 214.

  Art韈ulo 216 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi髇 audiovisual

  1. La autoridad espa駉la competente denegar� el reconocimiento y ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi髇 audiovisual, adem醩 de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 207, en caso de que la ejecuci髇 de dicha medida de investigaci髇 en un caso concreto sea contraria a los principios jur韉icos fundamentales del Derecho espa駉l.

  Tambi閚 podr� denegar el reconocimiento y ejecuci髇 si el investigado o el acusado no da su consentimiento para la pr醕tica de la medida.

  2. Cuando la autoridad competente espa駉la reciba una orden europea de investigaci髇 en la que se solicite una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi髇 audiovisual, la llevar� a cabo en la forma que hubiera acordado con la autoridad de emisi髇. En todo caso, la autoridad competente espa駉la se encargar� de:

  • a) Notificar la medida al testigo o perito correspondiente, indicando el momento y el lugar de la comparecencia.
  • b) Citar a las personas investigadas o encausadas para que asistan a la comparecencia conforme a las normas espec韋icas que establezca el Derecho espa駉l, e informarles de sus derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisi髇, con tiempo suficiente para que puedan acogerse efectivamente a las garant韆s procesales.
  • c) Asegurarse de la identidad de la persona que deba prestar declaraci髇.

  3. La autoridad espa駉la competente se pondr� de acuerdo con la autoridad de emisi髇 sobre la pr醕tica de la ejecuci髇 de la medida que, en todo caso, se regir� por las siguientes normas:

  • a) Durante la declaraci髇 estar� presente la autoridad espa駉la competente, asistida por un int閞prete cuando sea necesario, para identificar a la persona que deba prestar declaraci髇 y velar por el respeto del ordenamiento jur韉ico espa駉l.
  • b) La autoridad espa駉la competente acordar�, en su caso, con la autoridad de emisi髇, la adopci髇 de medidas de protecci髇 de la persona que deba declarar.
  • c) La declaraci髇 tendr� lugar ante la autoridad competente del Estado de emisi髇 o bajo su direcci髇.
  • d) Si as� lo solicita la autoridad de emisi髇 o la persona compareciente, la autoridad espa駉la facilitar� un int閞prete para que le asista.
  • e) Con car醕ter previo a la declaraci髇, se informar� a los testigos o peritos de los derechos procesales que les asisten al amparo tanto del Derecho del Estado de emisi髇 como del espa駉l, incluido el derecho a no declarar cuando as� se disponga.

  4. Finalizada la declaraci髇, la autoridad espa駉la en cuyo territorio se haya ejecutado la medida levantar� acta de la misma, en la que constar醤 la fecha y el lugar, la identidad de la persona o韉a, la identidad del resto de personas que hayan participado, el juramento formulado y las condiciones t閏nicas en las que se haya llevado a cabo la declaraci髇. El acta se transmitir� a la autoridad competente del Estado de emisi髇.

  5. En el caso de que la persona que deba ser o韉a en Espa馻 en ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 no preste testimonio estando sometida a la obligaci髇 de testificar o no preste testimonio veraz, se le aplicar� el ordenamiento jur韉ico espa駉l del mismo modo que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un proceso nacional.

  Art韈ulo 217 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para obtener informaci髇 sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras

  Cuando la autoridad espa駉la competente reciba una orden europea de investigaci髇 en la que se requiera informaci髇 sobre cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras la proporcionar� de conformidad con el Derecho espa駉l, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma. La informaci髇 a proporcionar a la autoridad de emisi髇 incluir�, cuando as� lo solicite la orden europea de investigaci髇, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representaci髇.

  La autoridad competente espa駉la, adem醩 de por los motivos de denegaci髇 del reconocimiento y de la ejecuci髇 previstos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 207, denegar� la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 en los casos en que no se autorizar韆 la medida de investigaci髇 en un caso interno similar.

  La autoridad espa駉la competente adoptar� las medidas necesarias para garantizar que los bancos o entidades financieras no revelen al cliente bancario interesado ni a otros terceros el hecho de que se ha transmitido informaci髇 al Estado de emisi髇 en virtud de este art韈ulo y el siguiente, o de que se est� llevando a cabo una investigaci髇, pudiendo utilizar a esos efectos la informaci髇 obrante en el Fichero de Titularidades Financieras, siempre que se trate de investigaciones de delitos de blanqueo de capitales o financiaci髇 del terrorismo.

  Art韈ulo 218 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para obtener informaci髇 sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras

  La autoridad espa駉la competente para el reconocimiento y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 proporcionar� la informaci髇 sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras de conformidad con el Derecho espa駉l, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma.

  En el caso de la letra c) del art韈ulo 199, adem醩 de por los motivos de denegaci髇 del reconocimiento y de la ejecuci髇 contemplados en esta Ley, la autoridad espa駉la competente denegar� la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇 en los casos en que no se autorizar韆 la medida de investigaci髇 en un caso interno similar.

  Art韈ulo 219 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo

  1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigaci髇 con el fin de realizar una medida de investigaci髇 que requiera la obtenci髇 de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, denegar� su ejecuci髇, adem醩 de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 207, en los casos en que no se autorizar韆 la medida de investigaci髇 en un caso interno similar.

  2. La autoridad competente que reciba una orden europea de investigaci髇 con el fin de realizar una medida de las previstas en este art韈ulo, ser� la competente para actuar, dirigir y controlar las operaciones relacionadas con su ejecuci髇, si bien las disposiciones pr醕ticas las acordar� con la autoridad competente del Estado de emisi髇.

  Art韈ulo 220 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para realizar investigaciones encubiertas

  1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigaci髇 con el fin de recabar su colaboraci髇 en la realizaci髇 de una investigaci髇 encubierta en Espa馻, denegar� su ejecuci髇, adem醩 de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 207, cuando:

  • a) La realizaci髇 de investigaciones encubiertas no se autorizar韆 en casos internos similares.
  • b) No se hubiera llegado a un acuerdo con la autoridad de emisi髇 respecto a las condiciones para llevar a cabo la investigaci髇 correspondiente.

  2. La autoridad que acuerde la ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 con el fin de realizar una medida de las previstas en este art韈ulo, la ejecutar� de acuerdo con el ordenamiento jur韉ico espa駉l asumiendo la direcci髇 y el control de las operaciones relacionadas con la medida, si bien la duraci髇 de la misma, las condiciones concretas y el r間imen jur韉ico de los agentes intervinientes ser醤 acordadas con la autoridad competente del Estado de emisi髇.

  Art韈ulo 221 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para intervenci髇 de telecomunicaciones

  1. La autoridad judicial competente espa駉la denegar� la ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, adem醩 de por los motivos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 32 y en el art韈ulo 207, en los casos en que no se autorizar韆 la medida de investigaci髇 en un caso interno similar.

  2. Cuando la autoridad judicial competente espa駉la reciba una orden europea de investigaci髇 para la intervenci髇 de telecomunicaciones podr� ejecutarla mediante alguna de las siguientes formas:

  • a) La transmisi髇 inmediata de las telecomunicaciones a la autoridad de emisi髇.
  • b) La intervenci髇, registro y ulterior transmisi髇 del resultado de la intervenci髇 de las telecomunicaciones a la autoridad de emisi髇.

  La elecci髇 de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigaci髇 se acordar� con la autoridad de emisi髇.

  Art韈ulo 222 Notificaci髇 a Espa馻 de la intervenci髇 de telecomunicaciones con interceptaci髇 de la direcci髇 de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espa馻 y cuya asistencia t閏nica no sea necesaria

  Cuando se notifique a Espa馻 la intervenci髇 de telecomunicaciones con interceptaci髇 de la direcci髇 de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espa馻, en el caso de que dicha intervenci髇 no fuera objeto de autorizaci髇 en un caso interno similar, la autoridad espa駉la competente comunicar� al Estado que se encuentre ejecutando la intervenci髇, sin dilaci髇 y a m醩 tardar en un plazo de noventa y seis horas desde la recepci髇 de la notificaci髇:

  • a) Que no podr� efectuarse la intervenci髇 o que se pondr� fin a la misma.
  • b) Y, en su caso, que no podr� utilizarse el posible material ya intervenido mientras la persona objeto de la intervenci髇 se encontraba en Espa馻, o que solo podr� utilizarse en las condiciones que se especifiquen. Deber� informarse a la autoridad competente del Estado que realiza la intervenci髇 de los motivos de tales condiciones.

  Art韈ulo 223 Ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigaci髇 en relaci髇 con los medios de prueba

  La autoridad espa駉la competente para el reconocimiento y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 en la que se solicite una medida cautelar de aseguramiento de pruebas comunicar� su decisi髇 a la autoridad de emisi髇 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepci髇 de la orden.

  En ejecuci髇 de la orden europea de investigaci髇, los medios de prueba se trasladar醤 al Estado de emisi髇 en la forma prevista en el art韈ulo 211.

  Previa consulta a la autoridad de emisi髇, la autoridad espa駉la competente, de conformidad con el Derecho espa駉l, podr� imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duraci髇 del plazo de aplicaci髇 de la medida cautelar requerida. Si se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, se informar� de ello a la autoridad de emisi髇 y se le ofrecer� la posibilidad de formular alegaciones.

  La autoridad espa駉la competente podr� recabar la asistencia de la Oficina de Recuperaci髇 y Gesti髇 de activos en la ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 cuando la misma se refiera a elementos probatorios susceptibles de ulterior decomiso.�

  
• Veintitr閟. Se introduce una nueva disposici髇 adicional quinta con el siguiente contenido:

  獶isposici髇 adicional quinta Protecci髇 de datos de car醕ter personal

  Los datos de car醕ter personal obtenidos como consecuencia de la emisi髇 o ejecuci髇 de un instrumento de reconocimiento mutuo estar醤 protegidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y espa駉la de protecci髇 de datos de car醕ter personal.�

  
• Veinticuatro. Se introduce una nueva disposici髇 adicional sexta con el siguiente contenido:

  獶isposici髇 adicional sexta Declaraci髇 de testigos o peritos por conferencia telef髇ica

  En el caso de que la declaraci髇 de testigos o peritos por conferencia telef髇ica sea introducida en la legislaci髇 procesal penal espa駉la, regir醤 las siguientes reglas para la emisi髇 y ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 que contemple dicha medida:

  • a) Cuando la autoridad espa駉la competente que est� conociendo de un proceso penal en Espa馻 considere necesario o韗, como testigo o perito, a una persona que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir� una orden europea de investigaci髇 para que la declaraci髇 del testigo o perito se realice por conferencia telef髇ica, siempre que no considere m醩 conveniente que la persona comparezca personalmente en su territorio y no hubiera sido posible utilizar otro medio m醩 adecuado.
  • b) Salvo acuerdo en sentido contrario, el procedimiento para declaraci髇 de testigos o peritos por conferencia telef髇ica, tanto para la emisi髇 como para la ejecuci髇 de una orden europea de investigaci髇 que incluya dicha declaraci髇, se regir� por lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art韈ulo 216.

  A los efectos de esta disposici髇 adicional, se entender� por autoridad espa駉la competente la definida en el art韈ulo 187.�

  
• Veinticinco. Se introduce una nueva letra k) en la disposici髇 final tercera con el siguiente contenido:
  • 玨) La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci髇 en materia penal.�
  
• Veintis閕s. Se modifica el anexo VIII, relativo a la orden europea de protecci髇, se suprime el anexo XIII, relativo al exhorto europeo de obtenci髇 de pruebas, y se introducen nuevos anexos XIII, XIV y XV, relativos a la orden europea de investigaci髇, en los t閞minos que figuran como Anexo a la presente Ley.
• Veintisiete. Se modifica el 蚽dice en los t閞minos resultantes de los apartados anteriores.

Disposici髇 adicional 鷑ica Incremento de recursos al Ministerio Fiscal

1. El Gobierno dotar� al Ministerio Fiscal, a la entrada en vigor de esta Ley, de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus previsiones y de las nuevas competencias que la Ley les atribuye.

2. Asimismo, el Gobierno acordar� con las Comunidades Aut髇omas con competencias en materia de justicia, la financiaci髇 de las nuevas obligaciones que de la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita se deriven.

Disposici髇 transitoria 鷑ica R間imen transitorio

1. Esta Ley ser� aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes espa駉las o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma.

2. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecuci髇 hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales espa駉las o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguir醤 tramit醤dose hasta su conclusi髇 conforme a las normas vigentes en aquel momento.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita, queda modificada como sigue:

• Uno. Se introduce un 鷏timo p醨rafo en el art韈ulo 1 del siguiente tenor:

  獷n la aplicaci髇 de esta Ley deber醤 tomarse en consideraci髇 las necesidades espec韋icas de las personas que se encuentren en situaci髇 de vulnerabilidad.�

  
• Dos. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 6, que queda redactado como sigue:

  �3. Defensa y representaci髇 gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervenci髇 de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, no si閚dolo, se d� alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) su intervenci髇 sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
  • b) trat醤dose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y as� se acuerde por el juzgado o tribunal, en atenci髇 a la entidad de la infracci髇 de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jur韉ica.�
  
• Tres. Se introduce un nuevo art韈ulo 21 bis con la siguiente r鷅rica y contenido:

  獳rt韈ulo 21 bis Sustituci髇 del profesional designado

  1. La persona beneficiaria de la asistencia jur韉ica gratuita tendr� derecho a instar la designaci髇 de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no suspender� la designaci髇 de los profesionales que ya venga acordada.

  2. Dicha solicitud deber� formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado la designaci髇. Recibida la solicitud, dicho Colegio dar� traslado por cinco d韆s al profesional cuya sustituci髇 se interesa, resolviendo a continuaci髇 de forma motivada en el plazo de quince d韆s.

  3. La resoluci髇 apreciando que concurre causa que justifica la sustituci髇 se comunicar� por el Colegio profesional correspondiente a la Comisi髇 de Justicia Gratuita, a la persona solicitante y, de manera inmediata, al nuevo profesional que en tal caso designe.

  4. La Comisi髇 de Asistencia Jur韉ica Gratuita podr� denegar la tramitaci髇 de la solicitud de sustituci髇, confirmando la designaci髇 de los profesionales actuantes, siempre que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegaci髇 en relaci髇 al mismo asunto y profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen.

  5. Las resoluciones que denieguen el derecho a la designaci髇 de nuevo profesional podr醤 ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jur韉ica gratuita, en los t閞minos del art韈ulo 20.�

  

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica la r鷅rica y se a馻den nuevos apartados 3 y 4 en el art韈ulo 588, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 588 Nulidad del embargo indeterminado. Embargo de cuentas abiertas en entidades de cr閐ito

  -�

  �3. Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares s髄o se embargar� la parte correspondiente al deudor. A estos solos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el embargo podr� alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor, entendi閚dose que corresponde a partes iguales a los titulares de la cuenta, salvo que conste una titularidad material de los fondos diferente.

  4. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efect鷈 habitualmente el abono del salario, sueldo, pensi髇, retribuci髇 o su equivalente, deber醤 respetarse las limitaciones establecidas en esta Ley, mediante su aplicaci髇 sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario, pensi髇 o retribuci髇 del deudor o su equivalente. A estos efectos se considerar� sueldo, salario, pensi髇, retribuci髇 o su equivalente el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en el que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.�

  
• Dos. La actual disposici髇 final vig閟ima s閜tima pasa a ser vig閟ima octava y se introduce una nueva disposici髇 final vig閟ima s閜tima con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 final vig閟ima s閜tima Medidas para facilitar la aplicaci髇 en Espa馻 del Reglamento (UE) n.� 655 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retenci髇 de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil

  1. La competencia para adoptar la orden relativa al cr閐ito especificado en un documento p鷅lico con fuerza ejecutiva se determinar� conforme al apartado 3 del art韈ulo 545 de esta Ley. Asimismo, ser� competente, a elecci髇 del solicitante, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se haya formalizado el documento en el que se basa la solicitud.

  2. Ser� competente para ejecutar la orden de retenci髇 dictada en otro Estado miembro, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se mantenga la cuenta bancaria y, si hubiera cuentas en distintos lugares, el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a cualquiera de ellas.

  3. Ser� competente para la notificaci髇 al deudor domiciliado en Espa馻, prevista en el apartado 3 del art韈ulo 28 del Reglamento (UE) 655/2014, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor.

  4. De conformidad con el art韈ulo 34 del Reglamento (UE) 655/2014, la impugnaci髇 por el deudor de la ejecuci髇 de la orden dictada en otro Estado miembro ser� resuelta por el juzgado o tribunal que la haya ejecutado.

  5. A efectos de la obtenci髇 de la informaci髇 de cuentas a que se refiere el art韈ulo 14 del Reglamento (UE) 655/2014, cuando sea requerida por un 髍gano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de orden de retenci髇, la autoridad de informaci髇 espa駉la podr� recabar la colaboraci髇 de cualesquiera entidades p鷅licas y privadas que posean la informaci髇 que permita identificar las entidades de cr閐ito y las cuentas del deudor. A tales efectos, estas entidades estar醤 obligadas a facilitar dicha informaci髇.�

  

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci髇 y del Servicio Exterior del Estado

Se a馻den nuevas disposiciones adicionales d閏ima s閜tima, d閏ima octava y d閏ima novena a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci髇 y del Servicio Exterior del Estado, con el siguiente contenido:

Disposici髇 final cuarta Incorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea

1. Mediante esta Ley se incorpora al Derecho espa駉l la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci髇 en materia penal, y se completa la transposici髇 de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci髇 europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privaci髇 de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privaci髇 de libertad.

2. Se completa tambi閚 la transposici髇 al Derecho espa駉l de la Decisi髇 Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci髇 del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, y de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jur韉ica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci髇.

3. Mediante la disposici髇 final tercera se incorpora parcialmente la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinaci髇 y cooperaci髇 para facilitar la protecci髇 consular de ciudadanos de la Uni髇 no representados en terceros pa韘es y por la que se deroga la Decisi髇 95/553/CE.

Disposici髇 final quinta Desarrollo normativo y ejecuci髇

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci髇 y desarrollo de la presente Ley.

En particular, se faculta al Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci髇, en el 醡bito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la disposici髇 final tercera, as� como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecuci髇 e implantaci髇 de las modificaciones introducidas por la citada disposici髇.

El Gobierno asegurar�, en relaci髇 con el Ministerio Fiscal y para el cumplimiento de las previsiones y nuevas competencias que la Ley le atribuye, los medios y recursos presupuestarios necesarios para asegurar la efectividad de los mecanismos de cooperaci髇 jur韉ica internacional derivados de la orden europea de investigaci髇.

Disposici髇 final sexta Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

Como excepci髇, la disposici髇 final primera entrar� en vigor el 1 de octubre de 2018.