Directiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, sobre recuperaci髇 y decomiso de activos

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 82, apartado 2, su art韈ulo 83, apartados 1 y 2, y su art韈ulo 87, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La Evaluaci髇 de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA, por sus siglas en ingl閟) de Europol, de 2021, puso de relieve la creciente amenaza que representan la delincuencia organizada y la infiltraci髇 delictiva. Alimentada por los grandes ingresos que genera la delincuencia organizada, que cada a駉 ascienden a un m韓imo de 139 000 millones EUR y que se blanquean cada vez m醩 a trav閟 de un sistema financiero paralelo encubierto, la disponibilidad del producto de las actividades delictivas plantea una amenaza considerable a la integridad de la econom韆 y la sociedad que erosiona el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. De conformidad con la Comunicaci髇 de la Comisi髇 de 14 de abril de 2021 titulada 獿a Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025�, dicha Estrategia pretende abordar los retos que supone la delincuencia organizada impulsando la cooperaci髇 y el intercambio de informaci髇 transfronterizos, apoyando investigaciones eficaces contra las redes delictivas, eliminando el producto de las actividades delictivas y adaptando las fuerzas y cuerpos de seguridad y el poder judicial a la era digital.
• (2) La motivaci髇 principal de las organizaciones delictivas, incluidas las redes delictivas de alto riesgo, para operar a trav閟 de las fronteras, es la obtenci髇 de beneficios financieros. Por lo tanto, para hacer frente a la grave amenaza que supone la delincuencia organizada, es importante que las autoridades competentes dispongan de una mayor capacidad operativa y de los medios necesarios que les permitan seguir e identificar, embargar, decomisar y gestionar eficazmente los instrumentos y productos del delito o los bienes derivados de actividades delictivas.
• (3) Con frecuencia, las organizaciones delictivas reinvierten parte de los beneficios que obtienen de sus actividades delictivas para crear una base financiera que les permita continuar tales actividades. Adem醩, las organizaciones delictivas recurren a menudo a la violencia, las amenazas, la intimidaci髇 o la corrupci髇, para hacerse con el control de empresas, obtener concesiones, autorizaciones, licitaciones o subvenciones, lograr beneficios o ventajas il韈itos, o infiltrarse en infraestructuras fundamentales, tales como los centros log韘ticos. Por lo tanto, dichas organizaciones afectan negativamente a la libertad de competencia o influyen en las decisiones de las autoridades p鷅licas, lo que supone una amenaza para el Estado de Derecho y la democracia. Las organizaciones delictivas se han convertido en un agente econ髆ico a escala mundial con objetivos empresariales. Privar a los delincuentes de beneficios il韈itos es esencial para dificultar sus actividades e impedir que se infiltren en las econom韆s l韈itas.
• (4) Los delitos econ髆icos y financieros, en particular de la delincuencia organizada, se cometen a menudo a trav閟 de personas jur韉icas, y las infracciones penales incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva pueden cometerse a menudo en inter閟 o beneficio de dichas personas jur韉icas. Por lo tanto, las resoluciones de embargo y decomiso tambi閚 pueden dictarse contra personas jur韉icas de conformidad con el Derecho nacional.
• (5) Un sistema eficaz de recuperaci髇 de activos requiere un seguimiento e identificaci髇 r醦idos de los instrumentos y productos del delito, as� como de los bienes sospechosos de tener origen delictivo. Dichos instrumentos, productos o bienes deben embargarse para evitar su desaparici髇, tras lo cual deben decomisarse tras la emisi髇 de una resoluci髇 de decomiso en el marco de un procedimiento en materia penal. Un sistema eficaz de recuperaci髇 de activos requiere, adem醩, una gesti髇 eficaz de los bienes embargados y decomisados para mantener el valor de dichos bienes para el Estado o con vistas a su restituci髇 a las v韈timas.
• (6) El actual marco jur韉ico de la Uni髇 sobre seguimiento e identificaci髇, embargo, decomiso y gesti髇 de los instrumentos, productos o bienes, y sobre los organismos de recuperaci髇 de activos, est� compuesto por la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) , la Decisi髇 2007/845/JAI del Consejo (4) y la Decisi髇 Marco 2005/212/JAI del Consejo (5) . La Comisi髇 ha evaluado la Directiva 2014/42/UE y la Decisi髇 2007/845/JAI y ha llegado a la conclusi髇 de que el marco actual no ha alcanzado totalmente el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada mediante la recuperaci髇 de sus beneficios.
• (7) El marco jur韉ico vigente debe actualizarse para facilitar y garantizar esfuerzos eficaces de recuperaci髇 y decomiso de activos en toda la Uni髇. Por lo tanto, la presente Directiva debe establecer normas m韓imas sobre seguimiento e identificaci髇, embargo, decomiso y gesti髇 de bienes en el marco de un procedimiento en materia penal. En este contexto, 玴rocedimiento en materia penal� es un concepto aut髇omo del Derecho de la Uni髇 interpretado por el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos que pueden utilizar los Estados miembros para embargar y decomisar bienes. Es preciso reforzar la capacidad de las autoridades competentes de privar a los delincuentes del producto de las actividades delictivas. A tal fin, deben establecerse normas para reforzar las capacidades de seguimiento e identificaci髇 de activos, as� como de embargo, mejorar la gesti髇 de los bienes embargados y decomisados hasta su enajenaci髇 a ra韟 de una resoluci髇 de decomiso firme, reforzar los instrumentos para decomisar los instrumentos y productos del delito y los bienes que procedan de las actividades delictivas de organizaciones delictivas y mejorar la eficiencia global del sistema de recuperaci髇 de activos.
• (8) La presente Directiva debe facilitar la cooperaci髇 transfronteriza al proporcionar a las autoridades competentes las competencias y recursos necesarios para responder r醦ida y eficazmente a las solicitudes cursadas por autoridades de otros Estados miembros. Las disposiciones que establecen normas sobre seguimiento e identificaci髇 tempranos, medidas urgentes de embargo o gesti髇 eficiente contribuyen a mejorar las posibilidades de recuperaci髇 de activos a trav閟 de las fronteras. Dado el car醕ter global de la delincuencia organizada y su capacidad para transferir r醦idamente activos de origen delictivo a trav閟 de las fronteras, debe tambi閚 reforzarse la cooperaci髇 con terceros pa韘es dentro del marco jur韉ico internacional.
• (9) Debido al car醕ter polidelictivo y a la cooperaci髇 sist閙ica y orientada a la obtenci髇 de beneficios entre las organizaciones delictivas que participan en toda clase de actividades il韈itas en diferentes mercados, la lucha eficaz contra la delincuencia organizada requiere poder aplicar medidas de embargo y decomiso a los beneficios de todas las infracciones penales en las que intervienen grupos delictivos organizados. Tales delitos incluyen los 醡bitos delictivos enumerados en el art韈ulo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE). Adem醩 de los delitos enumerados en el art韈ulo 83, apartado 1, del TFUE, el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debe abarcar todos los delitos armonizados a escala de la Uni髇, incluidos los fraudes contra los intereses financieros de la Uni髇, dada la creciente actividad de grupos delictivos organizados en tales delitos. El 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debe incluir tambi閚 los delitos medioambientales, negocio esencial de los grupos delictivos organizados que a menudo va ligado al blanqueo de capitales o ata馿 a desechos y residuos generados en el contexto de la producci髇 y el tr醘ico de drogas. La ayuda a la entrada y estancia irregulares es una actividad esencial de los grupos delictivos organizados y suele estar relacionada con la trata de seres humanos. La infracci髇 penal de ayuda a la entrada y la estancia irregulares debe entenderse en el sentido de la Directiva 2002/90/CE del Consejo (6) y de la Decisi髇 Marco 2002/946/JAI del Consejo (7) . La Decisi髇 Marco 2002/946/JAI dispone la posibilidad de acompa馻r las sanciones penales con el decomiso de los medios de transporte utilizados para cometer el delito, al tiempo que establece claramente que sus disposiciones se aplican sin perjuicio de la protecci髇 concedida a los refugiados y solicitantes de asilo con el fin de prestar asistencia humanitaria con arreglo al Derecho internacional.
• (10) Adem醩 del delito de participaci髇 en una organizaci髇 delictiva en el sentido del art韈ulo 2 de la Decisi髇 Marco 2008/841/JAI del Consejo (8) , deben incluirse en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva otras infracciones penales, contempladas en el art韈ulo 1, punto 1, de la Decisi髇 Marco 2008/841/JAI y definidas en el Derecho nacional, en la medida en que se cometan en el marco de una organizaci髇 delictiva a que se refiere el art韈ulo 1, punto 1, de la Decisi髇 Marco 2008/841/JAI y tal como se define en el Derecho nacional, con el fin de hacerse con los beneficios il韈itos derivados de actividades delictivas que suelen llevar a cabo las organizaciones delictivas. Se anima en particular a los Estados miembros a garantizar que se incluyan en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva los delitos de violaci髇 de derechos de propiedad intelectual o industrial y la falsificaci髇 de mercanc韆s, el tr醘ico il韈ito de bienes culturales, la falsificaci髇 y el tr醘ico de documentos administrativos, el homicidio voluntario o la agresi髇 con lesiones graves, el tr醘ico il韈ito de 髍ganos y tejidos humanos, el secuestro, la detenci髇 ilegal o la toma de rehenes, el robo organizado o a mano armada, el chantaje y la extorsi髇, el tr醘ico de veh韈ulos robados, los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos, los incendios provocados, el fraude y la estafa, el tr醘ico il韈ito de materiales nucleares o radiactivos y los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la presente Directiva no obliga a ning鷑 Estado miembro a introducir o mantener infracci髇 penal alguna.
• (11) Para garantizar la aplicaci髇 efectiva de las medidas restrictivas de la Uni髇, es preciso ampliar el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva a las infracciones penales reguladas por la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) .
• (12) A fin de hacerse con los bienes que podr韆n ser transformados y transferidos para ocultar su origen y garantizar la armonizaci髇 y claridad de las definiciones en toda la Uni髇, deben definirse de manera amplia los bienes que pueden ser objeto de embargo y decomiso. Dicha definici髇 debe incluir, tambi閚 en su formato electr髇ico o digital, los documentos o instrumentos jur韉icos acreditativos de un t韙ulo o derecho sobre bienes sujetos a embargo y decomiso, como, por ejemplo, instrumentos financieros, fideicomisos del tipo 玹rust� o documentos que puedan considerarse t韙ulos de cr閐ito y que normalmente obran en posesi髇 de la persona afectada por el procedimiento de que se trate. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos nacionales vigentes en materia de posesi髇 de documentos o instrumentos jur韉icos acreditativos de un t韙ulo o derecho sobre bienes, aplicados por las autoridades nacionales competentes o los organismos p鷅licos de conformidad con el Derecho nacional. La definici髇 de bienes debe abarcar todas las formas de bienes, incluidos los criptoactivos.
• (13) A fin de hacerse con los bienes que podr韆n ser transformados y transferidos para ocultar su origen y garantizar la armonizaci髇 y claridad de las definiciones en toda la Uni髇, debe ofrecerse una definici髇 amplia de 玴roducto del delito� que incluya el producto directo de las actividades delictivas y todos los beneficios indirectos, incluida la posterior reinversi髇 o transformaci髇 del producto directo, en consonancia con las definiciones del Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) . Por lo tanto, el producto debe incluir todos los bienes, incluidos los bienes que hayan sido transformados o convertidos, total o parcialmente, en otros bienes, y los bienes que hayan sido entremezclados con bienes adquiridos leg韙imamente, hasta el valor estimado del producto entremezclado. Tambi閚 debe incluir los ingresos u otros beneficios que procedan del producto del delito o de bienes procedentes de la transformaci髇, conversi髇 o mezcla de dicho producto.
• (14) El seguimiento e identificaci髇 de bienes en una fase temprana de una investigaci髇 penal es fundamental para garantizar la r醦ida identificaci髇 de los instrumentos, productos o bienes que podr韆n decomisarse posteriormente, incluidos los bienes relacionados con actividades delictivas que se encuentren en otras jurisdicciones, por lo que facilita la cooperaci髇 transfronteriza. Para garantizar que las investigaciones financieras sean suficientemente prioritarias en todos los Estados miembros y poder as� hacer frente a un delito de car醕ter transfronterizo, es necesario exigir a las autoridades competentes que pongan en marcha el seguimiento de activos desde el momento en que existan sospechas de actividad delictiva que puedan generar un beneficio econ髆ico sustancial. A la hora de determinar si el beneficio econ髆ico puede ser sustancial, los Estados miembros deben poder fijar umbrales m韓imos para el valor del producto esperado o permitir una evaluaci髇 caso por caso por parte de las autoridades competentes. A fin de que la puesta en marcha de las investigaciones financieras sea suficientemente flexible, los Estados miembros deben poder limitar su 醡bito a infracciones penales que puedan haber sido cometidas en el marco de una organizaci髇 delictiva. Con el fin de garantizar la eficacia de las investigaciones financieras, los Estados miembros deben proporcionar los recursos financieros, t閏nicos y humanos necesarios.
• (15) A fin de garantizar la aplicaci髇 efectiva de sus medidas restrictivas, la Uni髇 ha establecido normas m韓imas comunes en relaci髇 con las definiciones de comportamientos delictivos que vulneran las medidas restrictivas de la Uni髇. Para facilitar la detecci髇 de infracciones penales relacionadas con la vulneraci髇 de medidas restrictivas de la Uni髇, es importante facultar a los organismos de recuperaci髇 de activos para que puedan, a ra韟 de una petici髇 de las autoridades nacionales competentes basada en indicios y motivos razonables para creer que se han cometido tales infracciones penales, seguir e identificar los bienes de personas y entidades sujetas a dichas medidas restrictivas. Esas competencias deben entenderse sin perjuicio de los requisitos y garant韆s procesales establecidos en el Derecho nacional, incluidas las normas sobre la incoaci髇 de un proceso penal o, en su caso, el requisito de obtener una autorizaci髇 judicial.
• (16) Teniendo en cuenta que un seguimiento e identificaci髇 eficaz de los bienes podr韆 requerir medidas de seguimiento e identificaci髇 que har韆n necesaria la intervenci髇 de otras autoridades, es importante que los organismos de recuperaci髇 de activos puedan solicitar a las autoridades pertinentes que cooperen. Las condiciones para tales solicitudes est醤 sujetas al Derecho nacional. Los Estados miembros pueden incluir a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales en el personal de sus organismos de recuperaci髇 de activos o establecer organismos de recuperaci髇 de activos tanto dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad como del poder judicial.
• (17) Dado el car醕ter transnacional de las finanzas utilizadas por los grupos delictivos organizados, los Estados miembros deben intercambiar r醦idamente informaci髇 que pueda conducir a la identificaci髇 de los instrumentos y productos del delito y otros bienes que sean propiedad o est閚 bajo el control de delincuentes. Para ello, es preciso facultar a los organismos de recuperaci髇 de activos para seguir e identificar bienes que podr韆n decomisarse posteriormente, garantizar que tengan acceso a la informaci髇 necesaria en condiciones claras y establecer normas sobre el intercambio r醦ido de informaci髇 entre ellos, ya sea de forma espont醤ea o previa solicitud. En casos urgentes en los que exista un riesgo de desaparici髇 de los bienes, las respuestas a las solicitudes de informaci髇 deben cursarse lo antes posible, y en un plazo de ocho horas. La obligaci髇 de que los organismos de recuperaci髇 de activos sigan e identifiquen los instrumentos, productos o bienes que sean o podr韆n llegar a ser objeto de una resoluci髇 de embargo o decomiso dictada por otro Estado miembro tiene por objeto facilitar la elaboraci髇 o ejecuci髇 de las resoluciones de embargo de otros Estados miembros, pero no implica la obligaci髇 de reconocer tales resoluciones en virtud del Reglamento (UE) 2018/1805.
• (18) A fin de llevar a cabo investigaciones eficaces de seguimiento de activos y responder r醦idamente a las solicitudes transfronterizas, los organismos de recuperaci髇 de activos deben tener acceso a la informaci髇 necesaria para determinar la existencia, propiedad o control de bienes que sean o podr韆n llegar a ser objeto de una resoluci髇 de embargo o decomiso. Por consiguiente, los organismos de recuperaci髇 de activos deben tener acceso inmediato y directo a datos pertinentes, tales como informaci髇 sobre bienes inmuebles, registros nacionales de ciudadan韆 y poblaci髇, bases de datos comerciales y bases de datos de veh韈ulos, adem醩 del acceso a la informaci髇 sobre cuentas bancarias en virtud de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) y a la informaci髇 sobre la titularidad real en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) . El acceso y las b鷖quedas deben considerarse inmediatos y directos, entre otros casos, cuando las autoridades nacionales que gestionan un registro transmitan la informaci髇 con la mayor rapidez a las autoridades competentes mediante mecanismos automatizados, siempre que ninguna instituci髇 intermediaria pueda interferir en los datos solicitados o en la informaci髇 que se haya de proporcionar. Adem醩, los Estados miembros deben garantizar que los organismos de recuperaci髇 de activos tengan un acceso r醦ido, ya sea de manera inmediata y directa o previa solicitud, a otra informaci髇 que pueda ser 鷗il para identificar bienes pertinentes, como informaci髇 sobre hipotecas y pr閟tamos, datos aduaneros o informaci髇 sobre transferencias electr髇icas y saldos en cuenta, as� como datos fiscales, datos de la seguridad social e informaci髇 que obre en poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo que se refiere a los datos fiscales, los datos de la seguridad social nacional y la informaci髇 que obre en poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los Estados miembros deben poder decidir dar acceso a dicha informaci髇 a los organismos de recuperaci髇 de activos en respuesta a solicitudes motivadas y podr醤 permitir que las autoridades que posean dicha informaci髇 denieguen el acceso a dicha informaci髇 en determinadas condiciones, a fin de garantizar la integridad de las investigaciones, la confidencialidad de la informaci髇 facilitada por otro Estado miembro o tercer pa韘 y la proporcionalidad de las solicitudes de informaci髇 con respecto a los intereses leg韙imos de una persona f韘ica o jur韉ica. El acceso a la informaci髇 debe estar sujeto a salvaguardias espec韋icas que eviten un uso indebido de los derechos de acceso. Esas salvaguardias complementan los requisitos de conservaci髇 de registros de los accesos y las actividades de b鷖queda de conformidad con el art韈ulo 25 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) . Otorgar acceso a esta informaci髇 no impide a los Estados miembros supeditarlo a las garant韆s procesales que establezca su Derecho nacional, atendiendo debidamente a la necesidad de que los organismos de recuperaci髇 de activos est閚 en condiciones de responder r醦idamente a solicitudes transfronterizas. La aplicaci髇 de garant韆s procesales no debe afectar a la capacidad de los organismos de recuperaci髇 de activos de responder a las solicitudes de otros Estados miembros, especialmente cuando se trate de solicitudes urgentes.
• (19) A fin de garantizar la seguridad de la informaci髇 compartida entre los organismos de recuperaci髇 de activos, todos los organismos de recuperaci髇 de activos deben poder acceder directamente a la Aplicaci髇 de la Red de Intercambio Seguro de Informaci髇 (SIENA, por sus siglas en ingl閟), gestionada por Europol con arreglo al Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) . Es preciso utilizar SIENA o, cuando sea necesario con car醕ter excepcional, otros canales seguros para toda comunicaci髇 entre los organismos de recuperaci髇 de activos en virtud de la presente Directiva. Utilizar otro canal seguro podr韆 ser necesario en casos excepcionales, por ejemplo, cuando la urgencia de la solicitud de informaci髇 requiera el uso temporal de otro canal de comunicaci髇, cuando el intercambio de informaci髇 requiera la participaci髇 de terceros pa韘es o de organizaciones internacionales o cuando existan razones objetivas para pensar que dicha participaci髇 va a ser necesaria en una fase ulterior. Debe entenderse que la referencia a SIENA se aplica tambi閚 a su sucesor, en caso de que SIENA se sustituya.
• (20) Habida cuenta de la rapidez con la que los delincuentes trasladan activos de origen delictivo de una jurisdicci髇 a otra, los Estados miembros deben garantizar que los organismos de recuperaci髇 de activos intercambien con agilidad la informaci髇 necesaria para el desempe駉 de sus cometidos. En casos excepcionales, podr韆 estar objetivamente justificado que los organismos de recuperaci髇 de activos se negaran a facilitar informaci髇 a otro organismo de recuperaci髇 de activos solicitante si hacerlo perjudicar韆 los intereses de seguridad nacional del Estado miembro en el que se encuentre el organismo de recuperaci髇 de activos que recibe la solicitud, pone en peligro investigaciones en curso u operaciones de inteligencia criminal o plantea una amenaza inminente para la vida o la integridad f韘ica de una persona, o si la informaci髇 resulta claramente desproporcionada o irrelevante con respecto a los fines para los que se ha solicitado. Al evaluar el cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad, los organismos de recuperaci髇 de activos deben actuar con la diligencia debida, tambi閚 en relaci髇 con el respeto de los derechos fundamentales.
• (21) Embargo y decomiso son, en virtud de la presente Directiva, dos conceptos independientes que no deben impedir a los Estados miembros aplicar lo dispuesto en la presente Directiva con instrumentos que, con arreglo al Derecho nacional, sean considerados como sanciones u otro tipo de medidas.
• (22) El decomiso conduce a la privaci髇 definitiva de los bienes. No obstante, la preservaci髇 de los bienes puede ser un requisito previo al decomiso y es a menudo fundamental para la ejecuci髇 efectiva de una resoluci髇 de decomiso. Los bienes se preservan mediante el embargo. Para evitar la desaparici髇 de los bienes, las autoridades competentes de los Estados miembros, entre las que podr韆n estar incluidos los organismos de recuperaci髇 de activos, deben estar facultadas para adoptar medidas inmediatas, que podr韆n adoptar la forma de 髍denes, para preservar esos bienes hasta que se haya dictado una resoluci髇 de embargo. Dado el car醕ter excepcional de dicha medida, los Estados miembros deben limitar su validez temporal.
• (23) Cuando las autoridades competentes no puedan adoptar medidas inmediatas, los Estados miembros deben permitir que los organismos de recuperaci髇 de activos adopten dichas medidas. Esas medidas podr韆n ser necesarias, en particular, cuando un organismo de recuperaci髇 de activos, a ra韟 de una solicitud de un organismo de recuperaci髇 de activos de otro Estado miembro, haya seguido e identificado bienes que podr韆n desaparecer muy r醦idamente, como criptoactivos, y cuando las autoridades competentes del Estado miembro en el que se encuentre el organismo de recuperaci髇 de activos que recibe la solicitud no puedan adoptar medidas inmediatas sin una investigaci髇 penal en dicho Estado miembro. Los organismos de recuperaci髇 de activos deben poder preservar los activos hasta que sea posible dictar una resoluci髇 europea de embargo con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1805.
• (24) Habida cuenta de la injerencia en el derecho a la propiedad causada por las resoluciones de embargo, dichas medidas provisionales no deben mantenerse m醩 all� de lo necesario para preservar la disponibilidad de los bienes con vistas a su posible decomiso ulterior. Mantener tales medidas provisionales podr韆 requerir que un 髍gano jurisdiccional nacional proceda a una revisi髇 con objeto de garantizar que la finalidad de evitar la desaparici髇 de los bienes siga siendo v醠ida.
• (25) Las medidas de embargo deben entenderse sin perjuicio de que un bien espec韋ico pueda considerarse como un elemento de prueba a lo largo del procedimiento, siempre y cuando est� disponible en 鷏tima instancia para la ejecuci髇 efectiva de la resoluci髇 de decomiso. Puede realizarse el embargo de un bien tambi閚 en el contexto de un proceso penal con vistas a una posible restituci髇 ulterior o como garant韆 de una indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios provocados por una infracci髇 penal.
• (26) Adem醩 de las medidas de decomiso, que permiten a las autoridades privar a los delincuentes de los instrumentos o productos, previa sentencia condenatoria firme, es necesario permitir el decomiso de bienes de valor equivalente a dichos instrumentos o productos a fin de hacerse con bienes de valor equivalente a los instrumentos y productos de un delito cuando sea imposible decomisar dichos instrumentos y productos. Los Estados miembros son libres de definir el decomiso de bienes de valor equivalente con car醕ter subsidiario o alternativo al decomiso de los instrumentos y productos, seg鷑 proceda de conformidad con el Derecho nacional.
• (27) Al aplicar la presente Directiva con respecto al decomiso de bienes cuyo valor corresponda a instrumentos, las disposiciones pertinentes deben ser aplicables cuando, a la vista de las circunstancias concretas del asunto, tal medida sea proporcionada, habida cuenta en particular del valor de los instrumentos de que se trate. Los Estados miembros pueden tener en cuenta asimismo el hecho de que la persona condenada sea responsable o no de la imposibilidad de proceder al decomiso de los instrumentos, as� como el alcance de esa responsabilidad.
• (28) Es pr醕tica com鷑 y extendida que una persona sospechosa o acusada transfiera bienes o productos a un tercero con su conocimiento a fin de evitar el decomiso. La adquisici髇 por un tercero se refiere a situaciones en las que, por ejemplo, los bienes han sido adquiridos por el tercero, directa o indirectamente, por ejemplo, mediante un intermediario, de manos de una persona sospechosa o acusada, tambi閚 cuando la infracci髇 penal haya sido cometida en su nombre o en su beneficio, y en las que la persona acusada carezca de bienes que puedan decomisarse. Tal decomiso debe ser posible al menos en aquellos casos en que se haya determinado que los terceros en cuesti髇 ten韆n o habr韆n debido tener conocimiento de que el objetivo de la transferencia o adquisici髇 era evitar el decomiso. Debe evaluarse si un tercero ten韆 o hubiera debido tener tal conocimiento, atendiendo a hechos y circunstancias concretos, por ejemplo, que la transferencia se haya realizado gratuitamente o a cambio de un importe claramente desproporcionado con respecto al valor de mercado, que el bien se haya transferido a partes estrechamente relacionadas o que haya permanecido bajo el control efectivo de la persona sospechosa o acusada. Las transferencias a partes estrechamente relacionadas con la persona sospechosa o acusada pueden incluir transferencias a miembros de la familia o a personas f韘icas que tengan acuerdos jur韉icos, o cualquier otra relaci髇 comercial estrecha, con la persona sospechosa o acusada, o transferencias a personas jur韉icas de cuyos 髍ganos de administraci髇, gesti髇 o supervisi髇 forme parte la persona sospechosa o acusada, o alg鷑 miembro de su familia. Las normas sobre decomiso de terceros deben hacerse extensivas a las personas tanto f韘icas como jur韉icas, sin perjuicio del derecho de los terceros a ser o韉os, incluido el derecho a reclamar la propiedad de los bienes en cuesti髇. En cualquier caso, deben protegerse con arreglo al Derecho nacional los derechos de terceros que act鷈n de buena fe.
• (29) Las organizaciones delictivas realizan toda clase de actividades delictivas. Para hacer frente de forma eficaz a las actividades de la delincuencia organizada, pueden darse situaciones en las que convenga que, tras la resoluci髇 penal condenatoria por una infracci髇 penal que pueda dar lugar a beneficios econ髆icos, se proceda al decomiso, no solo de los bienes asociados con un determinado delito, incluidos sus productos o sus instrumentos, sino tambi閚 de bienes adicionales que el 髍gano jurisdiccional determine que son producto de comportamientos delictivos. Tal decomiso ampliado debe ser posible en caso de que un 髍gano jurisdiccional haya resuelto que los bienes en cuesti髇 proceden de comportamientos delictivos, sin necesidad de una sentencia condenatoria por tales comportamientos delictivos. El comportamiento delictivo pertinente puede consistir en cualquier tipo de delito. No es necesario probar las distintas infracciones penales, pero el 髍gano jurisdiccional debe resolver que los bienes en cuesti髇 proceden de tales comportamientos delictivos. En este contexto, el 髍gano jurisdiccional tiene que examinar las circunstancias espec韋icas del caso, incluidos los hechos y pruebas disponibles en los que pueda basarse la decisi髇 de decomiso ampliado. El hecho de que los bienes de la persona no guarden proporci髇 con los ingresos l韈itos de dicha persona puede ser uno de los elementos que induzcan al 髍gano jurisdiccional a resolver que los bienes proceden de un comportamiento delictivo. Los Estados miembros tambi閚 pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que los bienes proceden de un comportamiento delictivo.
• (30) El decomiso debe ser posible cuando no sea posible una sentencia condenatoria firme por motivo de enfermedad, fuga o muerte de la persona sospechosa o acusada. El decomiso tambi閚 debe ser posible cuando los plazos de prescripci髇 establecidos por el Derecho nacional para las infracciones penales pertinentes sean inferiores a quince a駉s y hayan expirado tras la incoaci髇 del proceso penal. En tales casos, el decomiso solo debe permitirse cuando el proceso penal hubiera podido conducir a una condena firme por infracci髇 penal de no haberse dado dichas circunstancias, al menos en relaci髇 con los delitos que puedan dar lugar, directa o indirectamente, a un beneficio econ髆ico sustancial, y cuando el 髍gano jurisdiccional haya resuelto que los instrumentos, productos o bienes que deban decomisarse proceden de la infracci髇 penal o est醤 directa o indirectamente relacionados con esta. En los casos de enfermedad o fuga, la existencia en los Estados miembros de procedimientos en ausencia del acusado debe ser suficiente para cumplir la obligaci髇 de permitir dicho decomiso. Es importante recordar que organismos internacionales han se馻lado el potencial del decomiso en ausencia de una condena para abordar los obst醕ulos para el decomiso de beneficios il韈itos como consecuencia de la inmunidad o la amnist韆.
• (31) A efectos de la presente Directiva, por 玡nfermedad� debe entenderse la imposibilidad de la persona sospechosa o acusada de comparecer en el proceso penal durante un per韔do prolongado de tiempo y que, en consecuencia, exista el riesgo de que expiren los plazos establecidos en el Derecho nacional para la responsabilidad penal y tal proceso no pueda continuar.
• (32) Debe ser posible decomisar bienes que hayan sido identificados o, cuando el ordenamiento jur韉ico nacional as� lo exija, embargados en el contexto de una investigaci髇 en relaci髇 con una infracci髇 penal atendiendo a indicios de que los bienes podr韆n proceder de un comportamiento delictivo incluso en situaciones en las que las medidas de decomiso de los art韈ulos 12 a 15 no se apliquen por razones jur韉icas o f醕ticas determinadas por el Derecho nacional. Tales bienes deben decomisarse cuando el 髍gano jurisdiccional haya resuelto que proceden de comportamientos delictivos cometidos en el marco de una organizaci髇 delictiva y cuando dichos comportamientos puedan dar lugar, directa o indirectamente, a un beneficio econ髆ico sustancial. A la hora de determinar si un comportamiento delictivo puede dar lugar a un beneficio econ髆ico sustancial, los Estados miembros pueden tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluido el modus operandi, por ejemplo en caso de que una de las condiciones del delito sea que se haya cometido en el contexto de la delincuencia organizada o con la intenci髇 de generar beneficios peri骴icos mediante infracciones penales. Los Estados miembros deben permitir el decomiso de este patrimonio no explicado cuando la investigaci髇 en la que se hayan identificado los bienes se refiera a un delito comprendido en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva que lleve aparejada una pena privativa de libertad de un m醲imo de al menos cuatro a駉s. Esa condici髇 garantiza que la posibilidad de decomiso de patrimonio no explicado surja en las investigaciones penales de infracciones penales que alcancen un determinado umbral de gravedad.
• (33) Al aplicar las normas nacionales de transposici髇 de la presente Directiva, las autoridades nacionales competentes pueden optar por no ordenar o por no ejecutar el decomiso de patrimonio no explicado cuando, en el caso en cuesti髇, la aplicaci髇 de las normas establecidas en la presente Directiva ser韆 manifiestamente irrazonable o desproporcionada. Los Estados miembros tambi閚 pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que los bienes proceden de tal comportamiento delictivo. Los Estados miembros deben garantizar el respeto de los derechos procesales adecuados de la persona afectada. Deben protegerse con arreglo al Derecho nacional los derechos de terceros que act鷈n de buena fe.
• (34) Si bien no debe ser requisito previo para el decomiso de patrimonio no explicado probar los distintos delitos, debe haber suficientes hechos y circunstancias para que el 髍gano jurisdiccional resuelva que los bienes en cuesti髇 proceden de infracciones penales. El comportamiento delictivo pertinente puede consistir en cualquier tipo de delito cometido en el marco de una organizaci髇 delictiva y que pueda generar un beneficio econ髆ico sustancial, lo que le confiere un car醕ter grave. A la hora de determinar si deben decomisarse los bienes, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben atender a todas las circunstancias pertinentes del caso, incluidos los hechos espec韋icos y las pruebas disponibles, tales como que el valor de los bienes sea muy desproporcionado con respecto a los ingresos l韈itos de la persona. Otro factor pertinente que podr韆 tenerse en cuenta es la ausencia de una procedencia l韈ita veros韒il del bien, ya que la procedencia de un bien adquirido legalmente normalmente puede justificarse. La relaci髇 de la persona con las actividades de una organizaci髇 delictiva tambi閚 podr韆 ser pertinente, as� como otras circunstancias, como la situaci髇 en la que se encontr� el bien o indicios de participaci髇 en actividades delictivas. La evaluaci髇 debe realizarse caso por caso, en funci髇 de las circunstancias del caso. Los Estados miembros deben poder autorizar el decomiso de patrimonio no explicado cuando se archive el proceso penal o emitir una resoluci髇 de decomiso independiente del proceso penal sobre el delito.
• (35) La presente Directiva no impide a los Estados miembros adoptar medidas que permitan el decomiso de patrimonio no explicado por otros delitos o circunstancias. El objeto de la presente Directiva se limita a los procedimientos en materia penal y, por lo tanto, la presente Directiva no se aplica a las medidas de decomiso en procedimientos en materia civil que los Estados miembros puedan haber establecido.
• (36) El seguimiento e identificaci髇 de los bienes que deben embargarse y decomisarse debe ser posible incluso despu閟 de una sentencia condenatoria firme por una infracci髇 penal o tras un proceso que implique un decomiso no basado en una sentencia condenatoria. Ello no impide a los Estados miembros establecer plazos razonables despu閟 de la sentencia condenatoria firme o la resoluci髇 definitiva en procesos que impliquen un decomiso no basado en una sentencia condenatoria tras cuya expiraci髇 ya no ser� posible el seguimiento e identificaci髇.
• (37) Teniendo en cuenta que las actividades delictivas pueden causar un gran perjuicio a las v韈timas, es fundamental proteger sus derechos, incluidos los derechos a indemnizaci髇 y restituci髇. Por consiguiente, los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las reclamaciones de restituci髇 e indemnizaci髇 de las v韈timas contra la persona objeto de una medida de decomiso como consecuencia de una infracci髇 penal se tengan en cuenta en los procedimientos de seguimiento, embargo y decomiso de activos, incluidos los transfronterizos. Adem醩, con el fin de facilitar la indemnizaci髇 y restituci髇 de los bienes a las v韈timas, es necesario facilitar el seguimiento de los bienes que podr韆n ser objeto de tales reclamaciones, as� como el intercambio de informaci髇 entre las autoridades competentes para el seguimiento de activos y las autoridades competentes para decidir sobre las reclamaciones de las v韈timas o para ejecutar dichas decisiones.
• (38) La reutilizaci髇 social de los bienes decomisados transmite a la sociedad en general un mensaje claro sobre la importancia de valores como la justicia y la legalidad, reafirma la prevalencia del Estado de Derecho en las comunidades m醩 directamente afectadas por la delincuencia organizada y refuerza la resiliencia de estas comunidades frente a la infiltraci髇 delictiva en su tejido social y econ髆ico, como se observa en los Estados miembros que ya han adoptado tales medidas de reutilizaci髇 social. Por consiguiente, se anima a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para permitir que los bienes decomisados se utilicen con fines de inter閟 p鷅lico o sociales, de modo que sea posible mantener los bienes decomisados como bienes del Estado con fines judiciales, policiales, de servicio p鷅lico, sociales o econ髆icos o transferir dichos bienes decomisados a las autoridades del municipio o la regi髇 en que se ubiquen a fin de que dichas autoridades puedan utilizarlos para tales fines, incluida su cesi髇 a organizaciones que lleven a cabo actividades de inter閟 social. El uso de bienes decomisados para tales fines se entiende sin perjuicio de la autonom韆 presupuestaria de los Estados miembros.
• (39) Los Estados miembros tambi閚 deben poder utilizar los bienes decomisados para contribuir a mecanismos de apoyo a los pa韘es terceros afectados por situaciones en respuesta a las cuales se han adoptado medidas restrictivas de la Uni髇, en la medida en que el delito cometido est� directa o indirectamente relacionado con dicha situaci髇. La Comisi髇 debe facilitar la cooperaci髇 entre los Estados miembros y con terceros pa韘es y puede proporcionar orientaciones sobre los procedimientos y mecanismos financieros m醩 eficaces de que se disponible para apoyar a dichos terceros pa韘es con vistas a promover el uso de instrumentos, productos o bienes decomisados con ese fin.
• (40) Se anima a los Estados miembros a que adopten las medidas adecuadas para impedir que, en el curso de la enajenaci髇 de bienes a ra韟 de una resoluci髇 de decomiso, las personas condenadas en el proceso penal en el que los bienes hayan sido embargados los adquieran directa o indirectamente. Tales medidas pueden limitarse a los bienes que superen un determinado valor, y pueden incluir la exclusi髇 de determinados tipos de entidades de la participaci髇 en la venta de los bienes, la exigencia de documentaci髇 al comprador o la evaluaci髇 de los posibles v韓culos del comprador con la persona condenada. Los Estados miembros pueden aplicar tales medidas tambi閚 a la venta de bienes embargados.
• (41) Para garantizar que los bienes que sean o podr韆n llegar a ser objeto de una resoluci髇 de embargo o decomiso mantengan su valor econ髆ico, los Estados miembros deben establecer medidas de gesti髇 eficaces. Tales medidas incluyen la gesti髇 eficiente de entidades, como las empresas, que deban mantenerse en funcionamiento, adoptando al mismo tiempo las medidas necesarias para garantizar que la persona sospechosa o acusada no se beneficie directa ni indirectamente de las operaciones en curso de tal entidad o, cuando proceda, medidas de supervisi髇 en lo que respecta al control de dicha entidad.
• (42) Cuando ello est� justificado por la naturaleza de los bienes, tambi閚 por su valor o por la necesidad de unas condiciones de gesti髇 espec韋icas, debe llevarse a cabo, al elaborar la resoluci髇 de embargo o, a m醩 tardar, sin demora indebida tras su ejecuci髇, una evaluaci髇 de la manera de minimizar los costes de gesti髇 y preservar el valor de los bienes. El objetivo de esta evaluaci髇 es proporcionar a las autoridades competentes las consideraciones pertinentes que deben tenerse en cuenta antes, durante o despu閟 de la adopci髇 o ejecuci髇 de la resoluci髇 de embargo. Los Estados miembros pueden proporcionar orientaciones sobre la manera de llevar a cabo dicha evaluaci髇 teniendo en cuenta las circunstancias de los bienes que deban embargarse y garantizando que la evaluaci髇 no comprometa la ejecuci髇 oportuna de la resoluci髇 de embargo.
• (43) En situaciones en las que se pueda presumir razonablemente que los bienes embargados son perecederos, se deprecian con rapidez, que sus costes de mantenimiento son desproporcionados con respecto a su valor previsto en el momento del decomiso, que sean demasiado dif韈iles de administrar o que sean f醕ilmente sustituibles, los Estados miembros deben permitir la venta de dichos bienes antes de que se dicte una resoluci髇 de decomiso firme. De conformidad con el Derecho nacional, la decisi髇 sobre la venta de bienes de naturaleza espec韋ica podr韆 estar sujeta a la aprobaci髇 previa de una autoridad nacional competente. Antes de adoptar tal decisi髇, los Estados miembros deben asegurarse de que la persona afectada, salvo en los casos en que se haya fugado o no pueda ser localizada, reciba una notificaci髇 y, excepto en caso de urgencia, tenga la oportunidad de ser o韉a antes de la venta. Los Estados miembros deben ofrecer la posibilidad de recurrir una resoluci髇 de venta anticipada. Los Estados miembros deben prever la posibilidad de que un 髍gano jurisdiccional suspenda la ejecuci髇 de tal resoluci髇, por ejemplo, cuando sea necesario para salvaguardar los intereses leg韙imos de la persona afectada, en particular cuando exista el riesgo de que se produzca un perjuicio irreparable. Los Estados miembros tambi閚 pueden establecer por ley la posibilidad de otorgar al recurso un efecto suspensivo. Los Estados miembros deben poder exigir que los costes de la gesti髇 de los bienes embargados se cobren al titular o al titular real de los bienes, por ejemplo, como alternativa a una resoluci髇 de venta anticipada y en caso de sentencia condenatoria firme.
• (44) Los Estados miembros deben crear o designar una o m醩 autoridades competentes que act鷈n como organismos de gesti髇 de activos a fin de establecer autoridades especializadas con la misi髇 de gestionar los bienes embargados y decomisados a fin de gestionar eficazmente los bienes embargados antes del decomiso y preservar su valor en espera de una resoluci髇 de decomiso firme y la enajenaci髇 de los bienes a ra韟 de tal resoluci髇. Sin perjuicio de las estructuras administrativas internas de los Estados miembros, los organismos de gesti髇 de activos deben ser la 鷑ica autoridad que gestione los bienes embargados y decomisados o prestar apoyo a los agentes descentralizados con arreglo a las estructuras de gesti髇 nacionales y asistir a las autoridades pertinentes en la planificaci髇. La presente Directiva no determina la naturaleza jur韉ica o institucional de los organismos de gesti髇 de activos y se entiende sin perjuicio de los sistemas institucionales de los Estados miembros.
• (45) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�) y en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), seg鷑 los interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.
• (46) Las resoluciones de embargo y decomiso afectan sustancialmente a los derechos de las personas sospechosas o acusadas y, en determinados casos, a los derechos de terceros o de otras personas no procesadas. La presente Directiva debe disponer garant韆s espec韋icas y recursos judiciales a fin de garantizar la protecci髇 de los derechos fundamentales de tales personas cuando se aplique la presente Directiva, en consonancia con el derecho a un juez imparcial, el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunci髇 de inocencia, consagrados en los art韈ulos 47 y 48 de la Carta.
• (47) Las resoluciones de embargo, decomiso y venta anticipada deben comunicarse sin demora indebida a la persona afectada. No obstante, los Estados miembros deben poder establecer el derecho de las autoridades competentes a aplazar la comunicaci髇 de las resoluciones de embargo a la persona afectada cuando lo requieran las necesidades de la investigaci髇. El objetivo de comunicar dichas resoluciones es, entre otros, permitir que la persona afectada las impugne. Por lo tanto, dicha comunicaci髇 debe, por regla general, indicar el motivo o motivos de la resoluci髇 en cuesti髇. Cuando la identidad o el paradero de la persona afectada sean desconocidos, o cuando la comunicaci髇 a cada una de las personas afectadas supondr韆 una carga desproporcionada para una autoridad competente, la comunicaci髇 debe poder hacerse mediante un anuncio p鷅lico.
• (48) La persona afectada debe tener la posibilidad efectiva de impugnar las resoluciones de embargo, decomiso y venta anticipada. En el caso de las resoluciones de decomiso en las que se den todos los elementos de una infracci髇 penal, pero sea imposible una condena penal, el acusado debe tener la posibilidad de ser o韉o antes de que se dicte la resoluci髇, cuando sea posible. En el caso de las resoluciones de decomiso en virtud de las disposiciones sobre el decomiso ampliado y el decomiso de patrimonio no explicado, las circunstancias que la persona afectada podr韆 impugnar cuando impugne la resoluci髇 de decomiso ante un 髍gano jurisdiccional deben incluir los hechos espec韋icos y las pruebas disponibles sobre cuya base se considere que los bienes de que se trate proceden de comportamientos delictivos.
• (49) Al aplicar la presente Directiva y bas醤dose en las circunstancias de cada caso, los Estados miembros pueden establecer que, en circunstancias excepcionales, no se ordene o no se ejecute el decomiso en la medida en que, de conformidad con el Derecho nacional, la persona afectada pueda quedar en una situaci髇 de penuria injustificada.
• (50) Si bien los Estados miembros est醤 obligados a garantizar que las personas cuyos bienes se vean afectados por las medidas previstas en la presente Directiva tengan derecho a la asistencia letrada durante todo el procedimiento de embargo y decomiso, la presente Directiva no afecta a las normas aplicables a la prestaci髇 de asistencia jur韉ica gratuita.
• (51) La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 2010/64/UE (15) , 2012/13/UE (16) , 2012/29/UE (17) , 2013/48/UE (18) , 2014/60/UE (19) , (UE) 2016/343 (20) , (UE) 2016/800 (21) y (UE) 2016/1919 (22) del Parlamento Europeo y del Consejo.
• (52) Es de particular importancia garantizar la protecci髇 de los datos personales, de acuerdo con el Derecho de la Uni髇, en relaci髇 con el tratamiento de datos en virtud de la presente Directiva. Por lo tanto, las disposiciones de la presente Directiva deben adaptarse a la Directiva (UE) 2016/680. En particular, debe especificarse que cualquier dato personal intercambiado por los organismos de recuperaci髇 de activos debe limitarse a las categor韆s de datos enumeradas en el anexo II, secci髇 B, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/794. La Directiva (UE) 2016/680 se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades nacionales competentes, y en particular los organismos de recuperaci髇 de activos, a efectos de la presente Directiva.
• (53) Es de particular importancia garantizar la protecci髇 de los datos personales, de acuerdo con el Derecho de la Uni髇, en relaci髇 con todos los intercambios de informaci髇 efectuados en virtud de la presente Directiva. A tal fin, en lo que respecta al tratamiento de datos personales con fines de prevenci髇, investigaci髇, detecci髇 o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecuci髇 de sanciones penales, las normas de protecci髇 de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 ser醤 aplicables en relaci髇 con las medidas adoptadas en virtud de la presente Directiva. La Directiva (UE) 2016/680 establece las normas relativas a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevenci髇, investigaci髇, detecci髇 o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecuci髇 de sanciones penales en consonancia con un conjunto de principios relativos al tratamiento de datos personales, en particular la licitud, la equidad y la transparencia, la limitaci髇 de la finalidad, la minimizaci髇 de datos, la exactitud, la limitaci髇 del plazo de conservaci髇, la integridad y la confidencialidad y la rendici髇 de cuentas. Cuando proceda, y en particular en relaci髇 con el tratamiento de datos personales por parte de los organismos de gesti髇 de activos a efectos de la gesti髇 de bienes, ser醤 aplicables las normas de protecci髇 de datos establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) .
• (54) Un sistema de recuperaci髇 eficaz requiere de los esfuerzos concertados de autoridades muy diversas, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellas las autoridades aduaneras, las administraciones tributarias y las autoridades encargadas del cobro de deudas tributarias, en la medida en que sean competentes en relaci髇 con la recuperaci髇 de activos, hasta los organismos de recuperaci髇 de activos, las autoridades judiciales y las autoridades de gesti髇 de activos, incluidos los organismos de gesti髇 de activos. Para garantizar una actuaci髇 coordinada de todas las autoridades competentes, es preciso establecer un enfoque m醩 estrat間ico de la recuperaci髇 de activos e impulsar una mayor cooperaci髇 entre las autoridades pertinentes, as� como alcanzar una visi髇 de conjunto clara de los resultados de la recuperaci髇 de activos. Tambi閚 es necesario garantizar una cooperaci髇 m醩 estrecha y eficaz entre los organismos de recuperaci髇 de activos y los organismos de gesti髇 de activos y sus hom髄ogos de otros Estados miembros. Para ello, los Estados miembros deben adoptar y revisar peri骴icamente una estrategia nacional de recuperaci髇 de activos que oriente las actuaciones en materia de investigaciones financieras, embargo y decomiso, gesti髇, y enajenaci髇 definitiva de los instrumentos, productos o bienes pertinentes. Los Estados miembros pueden decidir el formato adecuado de dicha estrategia, que puede tener en cuenta sus respectivos marcos constitucionales. La presente Directiva debe establecer los elementos que deben incluirse en dicha estrategia, como una descripci髇 de las funciones y responsabilidades de todas las autoridades competentes que participan en la recuperaci髇 de activos y los mecanismos de coordinaci髇 y cooperaci髇 entre ellas, sin determinar el tipo concreto de informaci髇 que debe incluirse en dicha estrategia. Adem醩, los Estados miembros deben brindar a las autoridades competentes los recursos necesarios para que puedan desempe馻r eficazmente sus cometidos. Las autoridades competentes deben entenderse como las autoridades a las que se ha encomendado el cumplimiento de los cometidos contemplados en la presente Directiva y de conformidad con los marcos nacionales.
• (55) Los Estados miembros deben garantizar que los organismos de gesti髇 de activos y, cuando proceda, los organismos de recuperaci髇 de activos, as� como otras autoridades competentes que desempe馿n cometidos de conformidad con la presente Directiva, puedan obtener r醦idamente la informaci髇 necesaria para una gesti髇 eficiente de los bienes embargados y decomisados. A tal fin, los Estados miembros deben crear instrumentos eficaces, como uno o varios registros de bienes embargados y decomisados en virtud de la presente Directiva.
• (56) A fin de evaluar la eficacia y eficiencia del marco de recuperaci髇, gesti髇 y decomiso de activos, es preciso recopilar y publicar un conjunto m韓imo comparable de datos estad韘ticos adecuados sobre embargo, gesti髇 y decomiso de bienes.
• (57) Con el fin de apoyar a la Comisi髇 por lo que respecta a la aplicaci髇 de la presente Directiva y facilitar la cooperaci髇 entre los organismos de recuperaci髇 de activos y los organismos de gesti髇 de activos, as� como para intercambiar mejores pr醕ticas, debe establecerse una red de cooperaci髇 en materia de recuperaci髇 y decomiso de activos. Dicha red debe estar integrada por representantes de los organismos de recuperaci髇 de activos y de los organismos de gesti髇 de activos y debe estar presidida por la Comisi髇 y, cuando proceda, por Europol. La Comisi髇 podr� invitar a representantes de Eurojust, la Fiscal韆 Europea y, cuando proceda, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci髇 del Terrorismo a participar en las reuniones de dicha red.
• (58) Los grupos de delincuencia organizada operan a trav閟 de las fronteras y, con una frecuencia cada vez mayor, adquieren bienes en Estados miembros distintos de aquellos en los que est醤 radicados, as� como en terceros pa韘es. Dada la dimensi髇 transnacional de la delincuencia organizada, la cooperaci髇 internacional es fundamental para recuperar los beneficios y decomisar los activos financieros que permiten actuar a los delincuentes. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar que tanto los organismos de recuperaci髇 de activos como los organismos de gesti髇 de activos cooperen con sus hom髄ogos de terceros pa韘es en la mayor medida posible para seguir, identificar y gestionar los instrumentos, productos o bienes que sean o podr韆n llegar a ser objeto de una resoluci髇 de embargo o decomiso en el marco de un procedimiento en materia penal. Es importante que los Estados miembros apliquen los marcos de cooperaci髇 existentes y se les anima a desarrollar o adaptar los acuerdos bilaterales existentes, a adherirse a convenios multilaterales existentes o, cuando no exista ning鷑 otro mecanismo, a establecer nuevos acuerdos bilaterales. Las normas de protecci髇 de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 y, cuando proceda, en el Reglamento (UE) 2016/679 son aplicables en relaci髇 con las medidas adoptadas a tal respecto.
• (59) Los organismos de recuperaci髇 de activos y los organismos de gesti髇 de activos tambi閚 deben cooperar estrechamente con los 髍ganos y organismos de la Uni髇, incluidos Europol, Eurojust y la Fiscal韆 Europea, dentro de sus respectivas competencias y de conformidad con el marco jur韉ico aplicable, en la medida en que sea necesario para seguir e identificar bienes en el marco de las investigaciones transfronterizas apoyadas por Europol y Eurojust o emprendidas por la Fiscal韆 Europea. Los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (24) , deben garantizar que sus organismos de recuperaci髇 de activos cumplan las obligaciones pertinentes establecidas en dicho Reglamento.
• (60) Para garantizar que haya una interpretaci髇 com鷑 y unas normas m韓imas para el seguimiento e identificaci髇, embargo, decomiso y gesti髇 de activos, la presente Directiva debe establecer normas m韓imas sobre las medidas pertinentes y las correspondientes garant韆s. La adopci髇 de normas m韓imas no impide a los Estados miembros otorgar competencias m醩 amplias a los organismos de recuperaci髇 de activos o a los organismos de gesti髇 de activos, ni establecer normas m醩 amplias sobre el embargo y el decomiso, ni establecer garant韆s adicionales mediante el Derecho nacional, siempre y cuando dichas medidas y disposiciones nacionales no vayan en detrimento del objetivo de la presente Directiva.
• (61) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, facilitar el decomiso de bienes en el marco de los procedimientos en materia penal, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (62) Dado que la presente Directiva establece un conjunto exhaustivo de normas que se solapar韆 con actos jur韉icos ya existentes, debe sustituir a la Acci髇 Com鷑 98/699/JAI del Consejo (25) , la Decisi髇 Marco 2001/500/JAI del Consejo (26) , la Decisi髇 Marco 2005/212/JAI, la Decisi髇 2007/845/JAI y la Directiva 2014/42/UE en lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
• (63) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicaci髇.
• (64) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 y el art韈ulo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicaci髇.
• (65) El Supervisor Europeo de Protecci髇 de Datos, al que se consult� de conformidad con el art韈ulo 42, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (27) , emiti� su dictamen el 19 de julio de 2022 (28) .

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO I
Disposiciones generales

CAP蚑ULO II
Seguimiento e identificaci髇

CAP蚑ULO III
Embargo y decomiso

CAP蚑ULO IV
Gesti髇

CAP蚑ULO V
Salvaguardias

CAP蚑ULO VI
Marco estrat間ico de recuperaci髇 de activos

CAP蚑ULO VII
Cooperaci髇

CAP蚑ULO VIII
Disposiciones finales

Art韈ulo 36 Sustituci髇 de la Acci髇 Com鷑 98/699/JAI, las Decisiones Marco 2001/500/JAI y 2005/212/JAI, la Decisi髇 2007/845/JAI y la Directiva 2014/42/UE

1. La Acci髇 Com鷑 98/699/JAI, las Decisiones Marco 2001/500/JAI y 2005/212/JAI, la Decisi髇 2007/845/JAI y la Directiva 2014/42/UE se sustituyen por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de dichos Estados miembros relativas a la fecha de transposici髇 de estos actos al Derecho interno.

2. Por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a los actos a que se refiere el apartado 1 se entender醤 hechas a la presente Directiva.

LE0000153795_20010705Decisi髇 marco 2001/500 JAI del Consejo, de 26 Jun. 2001 (relativa al blanqueo de capitales, la identificaci髇, seguimiento, embargo, incautaci髇 y decomiso de los instrumentos y productos del delito)LE0000211455_20050315Decisi髇 2005/212 JAI del Consejo, de 24 Feb. (decomiso de productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito) LE0000252959_20071206Decisi髇 2007/845 JAI del Consejo de 6 Dic. (cooperaci髇 entre los organismos de recuperaci髇 de activos de los Estados miembros en el 醡bito del seguimiento y la identificaci髇 de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito) LE0000528443_20140519Directiva 2014/42/UE de 3 Abr. (embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Uni髇 Europea)