• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo primero 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
• Art韈ulo segundo 燤odificaci髇 del C骴igo Civil
• Art韈ulo tercero 燤odificaci髇 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional
• Art韈ulo cuarto 燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燯tilizaci髇 de la expresi髇 獷ntidad P鷅lica�
  • Disposici髇 adicional segunda 燫eferencias al acogimiento preadoptivo y al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopci髇 Internacional
  • Disposici髇 adicional tercera 燙riterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad
  • Disposici髇 adicional cuarta 燫間imen jur韉ico de los centros espec韋icos de protecci髇 de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades p鷅licas competentes
  • Disposici髇 adicional quinta 燤ecanismo interterritorial de asignaciones
  • Disposici髇 adicional sexta 燛quiparaci髇 de reg韒enes jur韉icos en materia de acogimiento
  • Disposici髇 adicional s閜tima 燩lanes espec韋icos de protecci髇 para los menores
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera 燦ormativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados
  • Disposici髇 transitoria segunda 燙ese de los acogimientos constituidos judicialmente
  • Disposici髇 transitoria tercera 燦ormativa aplicable a los expedientes de adopci髇 internacional ya iniciados; y vigencia de la acreditaci髇 de los organismos acreditados
  • Disposici髇 transitoria cuarta 燙ertificaci髇 de antecedentes penales
  • Disposici髇 transitoria quinta 燛xtensi髇 de los beneficios relativos a los derechos de matriculaci髇 y examen en el 醡bito de la educaci髇 a los t韙ulos de familia numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica 燚erogaci髇 de normas
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燤odificaci髇 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa
  • Disposici髇 final segunda 燤odificaci髇 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica
  • Disposici髇 final tercera 燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
  • Disposici髇 final cuarta 燤odificaci髇 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico
  • Disposici髇 final quinta 燤odificaci髇 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas
  • Disposici髇 final sexta 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇
  • Disposici髇 final s閜tima 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
  • Disposici髇 final octava 燤odificaci髇 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo
  • Disposici髇 final novena 燤odificaci髇 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia
  • Disposici髇 final d閏ima 燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
  • Disposici髇 final und閏ima 燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
  • Disposici髇 final duod閏ima 燤odificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
  • Disposici髇 final decimotercera 燤odificaci髇 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci髇 Social
  • Disposici髇 final decimocuarta 燛ficacia en la aplicaci髇 de las modificaciones legales
  • Disposici髇 final decimoquinta 燭韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final decimosexta 燚esarrollo reglamentario de las Ciudades de Ceuta y Melilla
  • Disposici髇 final decimos閜tima 燙reaci髇 del registro central de delincuentes sexuales
  • Disposici髇 final decimoctava 燤odificaciones y desarrollos reglamentarios
  • Disposici髇 final decimonovena 營ncorporaci髇 de normas de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final vig閟ima 燦o incremento del gasto
  • Disposici髇 final vigesimoprimera 燛ntrada en vigor

Art韈ulo primero Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica la r鷅rica del t韙ulo I, que queda redactada como sigue:

  玊蚑ULO I
  
  De los derechos y deberes de los menores�

  
• Dos. Se modifican los apartados 1 y 3 del art韈ulo 5, que quedan redactados como sigue:

  �1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informaci髇 adecuada a su desarrollo.

  Se prestar� especial atenci髇 a la alfabetizaci髇 digital y medi醫ica, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en l韓ea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 as� como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.�

  �3. Las Administraciones P鷅licas incentivar醤 la producci髇 y difusi髇 de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitar醤 el acceso de los menores a los servicios de informaci髇, documentaci髇, bibliotecas y dem醩 servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilizaci髇 sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

  En particular, velar醤 porque los medios de comunicaci髇 en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los dem醩, eviten im醙enes de violencia, explotaci髇 en las relaciones interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En el 醡bito de la autorregulaci髇, las autoridades y organismos competentes impulsar醤 entre los medios de comunicaci髇, la generaci髇 y supervisi髇 del cumplimiento de c骴igos de conducta destinados a salvaguardar la promoci髇 de los valores anteriormente descritos, limitando el acceso a im醙enes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo contemplado en los c骴igos de autorregulaci髇 de contenidos aprobados. Se garantizar� la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnol骻ico, para los menores con discapacidad.

  Los poderes p鷅licos y los prestadores fomentar醤 el disfrute pleno de la comunicaci髇 audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas pr醕ticas que evite cualquier discriminaci髇 o repercusi髇 negativa hacia dichas personas.�

  
• Tres. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 7, que queda redactado como sigue:

  �1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, art韘tica y recreativa de su entorno, as� como a una incorporaci髇 progresiva a la ciudadan韆 activa.

  Los poderes p鷅licos promover醤 la constituci髇 de 髍ganos de participaci髇 de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.

  Se garantizar� la accesibilidad de los entornos y la provisi髇 de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, art韘tica y recreativa.�

  
• Cuatro. Se introduce un nuevo cap韙ulo III en el t韙ulo I, con la redacci髇 siguiente, pasando el actual cap韙ulo III a ser el cap韙ulo IV:

  獵AP蚑ULO III
  
  Deberes del menor

  Art韈ulo 9 bis Deberes de los menores

  1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deber醤 asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los 醡bitos de la vida, tanto familiar, escolar como social.

  2. Los poderes p鷅licos promover醤 la realizaci髇 de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminaci髇 y accesibilidad universal.

  Art韈ulo 9 ter Deberes relativos al 醡bito familiar

  1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos as� como a otros familiares.

  2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realizaci髇 de las tareas dom閟ticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonom韆 personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

  Art韈ulo 9 qu醫er Deberes relativos al 醡bito escolar

  1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de ense馻nza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.

  2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, as� como al resto de sus compa馿ros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

  3. A trav閟 del sistema educativo se implantar� el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilizaci髇 en el entorno docente de las Tecnolog韆s de la Informaci髇 y Comunicaci髇.

  Art韈ulo 9 quinquies Deberes relativos al 醡bito social

  1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.

  2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

  • a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o 閠nico, religi髇, sexo, orientaci髇 e identidad sexual, discapacidad, caracter韘ticas f韘icas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.
  • b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, as� como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.
  • c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos p鷅licos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.
  • d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservaci髇 dentro de un desarrollo sostenible.�
  
• Cinco. Se modifican los apartados 1, 3 y 4, y se introducen una nueva letra f) en el apartado 2 y un apartado 5 al art韈ulo 10, que quedan redactados como sigue:

  �1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones P鷅licas, o a trav閟 de sus entidades colaboradoras, la informaci髇 en formato accesible y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, as� como a que se garantice su respeto.�

  �2. (…)

  • f) Presentar denuncias individuales al Comit� de Derechos del Ni駉, en los t閞minos de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 y de la normativa que la desarrolle.�

  �3. Los menores extranjeros que se encuentren en Espa馻 tienen derecho a la educaci髇, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales b醩icas, en las mismas condiciones que los menores espa駉les. Las Administraciones P鷅licas velar醤 por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompa馻dos, los que presenten necesidades de protecci髇 internacional, los menores con discapacidad y los que sean v韈timas de abusos sexuales, explotaci髇 sexual, pornograf韆 infantil, de trata o de tr醘ico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

  Los poderes p鷅licos, en el dise駉 y elaboraci髇 de las pol韙icas p鷅licas, tendr醤 como objetivo lograr la plena integraci髇 de los menores extranjeros en la sociedad espa駉la, mientras permanezcan en el territorio del Estado espa駉l, en los t閞minos establecidos en la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social.

  4. Cuando la Entidad P鷅lica asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en Espa馻, la Administraci髇 General del Estado le facilitar�, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la presentaci髇 del certificado de tutela expedido por dicha Entidad P鷅lica, la documentaci髇 acreditativa de su situaci髇 y la autorizaci髇 de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pa韘 de origen, y seg鷑 lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjer韆 e inmigraci髇.

  5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades P鷅licas, el reconocimiento de su condici髇 de asegurado en relaci髇 con la asistencia sanitaria se realizar� de oficio, previa presentaci髇 de la certificaci髇 de su tutela o guarda expedida por la Entidad P鷅lica, durante el periodo de duraci髇 de las mismas.�

  
• Seis. Se modifica el art韈ulo 11, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 11 Principios rectores de la acci髇 administrativa

  1. Las Administraciones P鷅licas facilitar醤 a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.

  Las Administraciones P鷅licas, en los 醡bitos que les son propios, articular醤 pol韙icas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendr醤 derecho a acceder a tales servicios por s� mismos o a trav閟 de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, quienes a su vez tendr醤 el deber de utilizarlos en inter閟 de los menores.

  Se impulsar醤 pol韙icas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podr� quedar afectado por falta de recursos sociales b醩icos. Se garantizar� a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

  Las Administraciones P鷅licas deber醤 tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educaci髇, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espect醕ulos, medios de comunicaci髇, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnolog韆s (TICs).

  Las Administraciones P鷅licas tendr醤 particularmente en consideraci髇 la adecuada regulaci髇 y supervisi髇 de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones f韘ico-ambientales, higi閚ico-sanitarias, de accesibilidad y dise駉 universal y de recursos humanos, as� como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participaci髇 de los menores y a las dem醩 condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

  2. Ser醤 principios rectores de la actuaci髇 de los poderes p鷅licos en relaci髇 con los menores:

  • a) La supremac韆 de su inter閟 superior.
  • b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su inter閟, en cuyo caso se garantizar� la adopci髇 de medidas de protecci髇 familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.
  • c) Su integraci髇 familiar y social.
  • d) La prevenci髇 y la detecci髇 precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
  • e) La sensibilizaci髇 de la poblaci髇 ante situaciones de desprotecci髇.
  • f) El car醕ter educativo de todas las medidas que se adopten.
  • g) La promoci髇 de la participaci髇, voluntariado y solidaridad social.
  • h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jur韉ica en la actuaci髇 protectora, garantizando el car醕ter colegiado e interdisciplinar en la adopci髇 de medidas que les afecten.
  • i) La protecci髇 contra toda forma de violencia, incluido el maltrato f韘ico o psicol骻ico, los castigos f韘icos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotaci髇, la realizada a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s, los abusos sexuales, la corrupci髇, la violencia de g閚ero o en el 醡bito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, as� como la trata y el tr醘ico de seres humanos, la mutilaci髇 genital femenina y cualquier otra forma de abuso.
  • j) La igualdad de oportunidades y no discriminaci髇 por cualquier circunstancia.
  • k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, as� como su inclusi髇 y participaci髇 plenas y efectivas.
  • l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientaci髇 e identidad sexual.
  • m) El respeto y la valoraci髇 de la diversidad 閠nica y cultural.

  3. Los poderes p鷅licos desarrollar醤 actuaciones encaminadas a la sensibilizaci髇, prevenci髇, detecci髇, notificaci髇, asistencia y protecci髇 de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinaci髇 y la colaboraci髇 entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto p鷅licos como privados, para garantizar una actuaci髇 integral.

  4. Las Entidades P鷅licas dispondr醤 de programas y recursos destinados al apoyo y orientaci髇 de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayor韆 de edad y queden fuera del sistema de protecci髇, con especial atenci髇 a los que presentan discapacidad.�

  
• Siete. Se modifica el art韈ulo 12, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 12 Actuaciones de protecci髇

  1. La protecci髇 de los menores por los poderes p鷅licos se realizar� mediante la prevenci髇, detecci髇 y reparaci髇 de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaraci髇 de desamparo, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protecci髇 deber醤 primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

  2. Los poderes p鷅licos velar醤 para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitar醤 servicios accesibles de prevenci髇, asesoramiento y acompa馻miento en todas las 醨eas que afectan al desarrollo de los menores.

  3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una v韈tima de violencia de g閚ero o dom閟tica, las actuaciones de los poderes p鷅licos estar醤 encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aqu閘la, as� como su protecci髇, atenci髇 especializada y recuperaci髇.

  4. Cuando no pueda ser establecida la mayor韆 de edad de una persona, ser� considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deber� realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realizaci髇 de pruebas m閐icas para la determinaci髇 de la edad de los menores se someter� al principio de celeridad, exigir� el previo consentimiento informado del afectado y se llevar� a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas.

  5. Cualquier medida de protecci髇 no permanente que se adopte respecto de menores de tres a駉s se revisar� cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisar� cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisi髇 tendr� lugar el primer a駉 cada seis meses y, a partir del segundo a駉, cada doce meses.

  6. Adem醩, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad P鷅lica remitir� al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situaci髇 de un determinado menor cuando 閟te se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos a駉s, debiendo justificar la Entidad P鷅lica las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de car醕ter m醩 estable en ese intervalo.

  7. Los poderes p鷅licos garantizar醤 los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopci髇 o instituciones similares, velando al m醲imo por el inter閟 superior del menor. Asimismo, garantizar醤 que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultaci髇, abandono, negligencia o segregaci髇 velar醤 porque se proporcione con anticipaci髇 informaci髇, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.�

  
• Ocho. Se modifica el apartado 1 y se a馻den los apartados 4 y 5 al art韈ulo 13, que quedan redactados como sigue:

  �1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesi髇 o funci髇 detecten una situaci髇 de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicar醤 a la autoridad o sus agentes m醩 pr髕imos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.�

  �4. Toda persona que tuviera noticia, a trav閟 de cualquier fuente de informaci髇, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotaci髇 de menores, tendr� la obligaci髇 de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci髇 procesal penal.�

  �5. Ser� requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por alg鷑 delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresi髇 y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaci髇 sexual, prostituci髇 y explotaci髇 sexual y corrupci髇 de menores, as� como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber� acreditar esta circunstancia mediante la aportaci髇 de una certificaci髇 negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.�

  
• Nueve. Se modifica el art韈ulo 14, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 14 Atenci髇 inmediata

  Las autoridades y servicios p鷅licos tendr醤 la obligaci髇 de prestar la atenci髇 inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su 醡bito de competencias o de dar traslado en otro caso al 髍gano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad P鷅lica y del Ministerio Fiscal.

  La Entidad P鷅lica podr� asumir, en cumplimiento de la obligaci髇 de prestar la atenci髇 inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el art韈ulo 172.4 del C骴igo Civil, que ser� comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simult醤eamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo.�

  
• Diez. Se modifica el art韈ulo 17, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 17 Actuaciones en situaci髇 de riesgo

  1. Se considerar� situaci髇 de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentar韆n su declaraci髇 de situaci髇 de desamparo y la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervenci髇 de la administraci髇 p鷅lica competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptaci髇 que le afectan y evitar su desamparo y exclusi髇 social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerar� indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situaci髇 salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerar� indicador de riesgo, pero nunca podr� desembocar en la separaci髇 del entorno familiar.

  2. En situaci髇 de riesgo de cualquier 韓dole, la intervenci髇 de la administraci髇 p鷅lica competente deber� garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientar� a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situaci髇 personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su protecci髇 y preservaci髇 del entorno familiar.

  3. La intervenci髇 en la situaci髇 de riesgo corresponde a la administraci髇 p鷅lica competente conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 estatal y auton髆ica aplicable, en coordinaci髇 con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo 醡bito territorial o cualesquiera otras.

  4. La valoraci髇 de la situaci髇 de riesgo conllevar� la elaboraci髇 y puesta en marcha de un proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar que deber� recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsi髇 de plazos, promoviendo los factores de protecci髇 del menor y manteniendo a 閟te en su medio familiar. Se procurar� la participaci髇 de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboraci髇 del proyecto. En cualquier caso, ser� o韉a y tenida en cuenta la opini髇 de 閟tos en el intento de consensuar el proyecto, que deber� ser firmado por las partes, para lo que se les comunicar� de manera comprensible y en formato accesible. Tambi閚 se comunicar� y consultar� con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce a駉s.

  5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborar醤 activamente, seg鷑 su capacidad, en la ejecuci髇 de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisi髇 de la colaboraci髇 prevista en el mismo dar� lugar a la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo del menor.

  6. La situaci髇 de riesgo ser� declarada por la administraci髇 p鷅lica competente conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 estatal y auton髆ica aplicable mediante una resoluci髇 administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce a駉s. La resoluci髇 administrativa incluir� las medidas tendentes a corregir la situaci髇 de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resoluci髇 administrativa que declare la situaci髇 de riesgo del menor, se podr� interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  7. Cuando la administraci髇 p鷅lica competente est� desarrollando una intervenci髇 ante una situaci髇 de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al 醡bito de otra entidad territorial, la administraci髇 p鷅lica de origen lo pondr� en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, 閟ta contin鷈 la intervenci髇 que se ven韆 realizando, con remisi髇 de la informaci髇 y documentaci髇 necesaria. Si la administraci髇 p鷅lica de origen desconociera el lugar de destino, podr� solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguaci髇. Una vez conocida la localizaci髇 del menor, se pondr� en conocimiento de la Entidad P鷅lica competente en dicho territorio, que continuar� la intervenci髇.

  8. En los supuestos en que la administraci髇 p鷅lica competente para apreciar e intervenir en la situaci髇 de riesgo estime que existe una situaci髇 de desprotecci髇 que puede requerir la separaci髇 del menor de su 醡bito familiar o cuando, concluido el per韔do previsto en el proyecto de intervenci髇 o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempe駉 de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondr� en conocimiento de la Entidad P鷅lica a fin de que valore la procedencia de declarar la situaci髇 de desamparo, comunic醤dolo al Ministerio Fiscal.

  Cuando la Entidad P鷅lica considere que no procede declarar la situaci髇 de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administraci髇 p鷅lica competente para apreciar la situaci髇 de riesgo, lo pondr� en conocimiento de la administraci髇 p鷅lica que haya intervenido en la situaci髇 de riesgo y del Ministerio Fiscal. Este 鷏timo har� una supervisi髇 de la situaci髇 del menor, pudiendo para ello recabar la colaboraci髇 de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.

  9. La administraci髇 p鷅lica competente para intervenir en la situaci髇 de riesgo adoptar�, en colaboraci髇 con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevenci髇, intervenci髇 y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaraci髇 de situaci髇 de riesgo o desamparo del reci閚 nacido. A tales efectos, se entender� por situaci髇 de riesgo prenatal la falta de cuidado f韘ico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, as� como cualquier otra acci髇 propia de la mujer o de terceros tolerada por 閟ta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomal韆s f韘icas, mentales o sensoriales al reci閚 nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario deber醤 notificar esta situaci髇 a la administraci髇 p鷅lica competente, as� como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendr� la intervenci髇 con el menor y su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situaci髇 de riesgo o desamparo del menor para su adecuada protecci髇.

  10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos m閐icos necesarios para salvaguardar la vida o integridad f韘ica o ps韖uica de un menor constituye una situaci髇 de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondr醤 inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav閟 del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisi髇 correspondiente en salvaguarda del mejor inter閟 del menor.�

  
• Once. Se modifica el art韈ulo 18, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 18 Actuaciones en situaci髇 de desamparo

  1. Cuando la Entidad P鷅lica constate que el menor se encuentra en situaci髇 de desamparo, actuar� en la forma prevista en el art韈ulo 172 y siguientes del C骴igo Civil, asumiendo la tutela de aqu閘 por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protecci髇 y poni閚dolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord� la tutela ordinaria.

  2. De acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 172 y siguientes del C骴igo Civil, se considerar� situaci髇 de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci髇 establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando 閟tos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

  La situaci髇 de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podr� ser tenida en cuenta para la valoraci髇 de la situaci髇 de desamparo. Asimismo, en ning鷑 caso se separar� a un menor de sus progenitores en raz髇 de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.

  Se considerar� un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situaci髇, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

  En particular se entender� que existe situaci髇 de desamparo cuando se d� alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad f韘ica o mental del menor:

  • a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque 閟tas no quieran o no puedan ejercerla.
  • b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no est閚 en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada m醩 all� del plazo de dos a駉s.
  • c) El riesgo para la vida, salud e integridad f韘ica del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos f韘icos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; tambi閚 cuando el menor sea identificado como v韈tima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecuci髇 de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. Tambi閚 se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al reci閚 nacido causados por maltrato prenatal.
  • d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicol骻ico continuado o a la falta de atenci髇 grave y cr髇ica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atenci髇 est� condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorar� como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboraci髇 suficiente durante el mismo.
  • e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.
  • f) La inducci髇 a la mendicidad, delincuencia o prostituci髇, o cualquier otra explotaci髇 del menor de similar naturaleza o gravedad.
  • g) La ausencia de escolarizaci髇 o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducci髇 al absentismo escolar durante las etapas de escolarizaci髇 obligatoria.
  • h) Cualquier otra situaci髇 gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

  3. Cada Entidad P鷅lica designar� al 髍gano que ejercer� la tutela de acuerdo con sus estructuras org醤icas de funcionamiento.

  4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de protecci髇 desde la Comunidad Aut髇oma que la adopt� a otra distinta, corresponde a 閟ta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo m醲imo de tres meses desde que esta 鷏tima sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Aut髇oma de origen y sea previsible una reintegraci髇 familiar a corto o medio plazo, se mantendr� la medida adoptada y la Entidad P鷅lica del lugar de residencia del menor colaborar� en el seguimiento de la evoluci髇 de 閟te. Tampoco ser� necesaria la adopci髇 de nuevas medidas de protecci髇 en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Aut髇oma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Aut髇omas.

  5. En los supuestos en los que se detecte una situaci髇 de posible desprotecci髇 de un menor de nacionalidad espa駉la que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protecci髇 en Espa馻 ser� competente la Entidad P鷅lica correspondiente a la Comunidad Aut髇oma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, ser� competente la Entidad P鷅lica correspondiente a la Comunidad Aut髇oma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores v韓culos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, ser� competente la Entidad P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su 鷏tima residencia habitual.

  En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de Espa馻 hubiera sido objeto de una medida de protecci髇 previamente a su desplazamiento, ser� competente la Entidad P鷅lica que ostente su guarda o tutela.

  Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habr醤 de resolverse conforme a los principios de celeridad y de inter閟 superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

  La Administraci髇 General del Estado se encargar� del traslado del menor a Espa馻. La Comunidad Aut髇oma que corresponda asumir� la competencia desde el momento en que el menor se encuentre en Espa馻.

  6. En los supuestos en que las medidas de protecci髇 adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en Espa馻, se atender�, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n.^o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci髇 de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.^o 1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se estar� a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para Espa馻 y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estar� a las normas espa駉las de producci髇 interna sobre eficacia en Espa馻 de medidas de protecci髇 de menores.�

  
• Doce. Se modifica el art韈ulo 19, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 19 Guarda de menores

  1. Adem醩 de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situaci髇 de desamparo, la Entidad P鷅lica deber� asumir la guarda en los t閞minos previstos en el art韈ulo 172 bis del C骴igo Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un menor por circunstancias graves y transitorias o cuando as� lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

  2. La guarda voluntaria tendr� una duraci髇 m醲ima de dos a駉s, salvo que el inter閟 superior del menor aconseje, excepcionalmente, la pr髍roga de la medida por la previsible reintegraci髇 familiar en un plazo breve de tiempo.

  En estos supuestos de guarda voluntaria ser� necesario el compromiso de la familia de someterse, en su caso, a la intervenci髇 profesional.�

  
• Trece. Se incluye un art韈ulo 19 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 19 bis Disposiciones comunes a la guarda y tutela

  1. Cuando la Entidad P鷅lica asuma la tutela o guarda del menor elaborar� un plan individualizado de protecci髇 que establecer� los objetivos, la previsi髇 y el plazo de las medidas de intervenci髇 a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegraci髇 familiar.

  En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad P鷅lica garantizar� la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopci髇 de otros m醩 adecuados para sus necesidades.

  2. Cuando del pron髎tico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la Entidad P鷅lica aplicar� el programa de reintegraci髇 familiar, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompa馻dos.

  3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen ser� imprescindible que se haya comprobado una evoluci髇 positiva de la misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los v韓culos, que concurra el prop髎ito de desempe馻r las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a trav閟 del correspondiente informe t閏nico. En los casos de acogimiento familiar, deber� ponderarse, en la toma de decisi髇 sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integraci髇 en la familia de acogida y su entorno, as� como el desarrollo de v韓culos afectivos con la misma.

  4. Cuando se proceda a la reunificaci髇 familiar, la Entidad P鷅lica realizar� un seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

  5. En el caso de los menores extranjeros no acompa馻dos, se procurar� la b鷖queda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su inter閟 superior y no coloque al menor o a su familia en una situaci髇 que ponga en riesgo su seguridad.

  6. Las menores y las j髒enes sujetas a medidas de protecci髇 que est閚 embarazadas, recibir醤 el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situaci髇. En el plan individual de protecci髇 se contemplar� esta circunstancia, as� como la protecci髇 del reci閚 nacido.�

  
• Catorce. Se modifica el art韈ulo 20, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 20 Acogimiento familiar

  1. El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestir� las modalidades establecidas en el C骴igo Civil y, en raz髇 de la vinculaci髇 del menor con la familia acogedora, podr� tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

  El acogimiento en familia ajena podr� ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificaci髇, experiencia y formaci髇 espec韋ica para desempe馻r esta funci髇 respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensaci髇 econ髆ica, sin suponer en ning鷑 caso una relaci髇 laboral.

  El acogimiento especializado podr� ser profesionalizado cuando, reuniendo los requisitos anteriormente citados de cualificaci髇, experiencia y formaci髇 espec韋ica, exista una relaci髇 laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad P鷅lica.

  2. El acogimiento familiar se formalizar� por resoluci髇 de la Entidad P鷅lica que tenga la tutela o la guarda, previa valoraci髇 de la adecuaci髇 de la familia para el acogimiento. En esta valoraci髇 se tendr� en cuenta su situaci髇 familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda 韓dole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivaci髇 y la naturaleza y finalidad del acogimiento seg鷑 su modalidad, as� como la disposici髇 a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atenci髇 y, si lo hubiera, del programa de reintegraci髇 familiar, propiciando la relaci髇 del menor con su familia de procedencia. El r間imen de visitas podr� tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando as� lo aconseje el inter閟 superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento as� lo aconseje, se valorar� la adecuaci髇 de la edad de los acogedores con la del menor acogido, as� como la relaci髇 previa entre ellos, priorizando, salvo que el inter閟 del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, re鷑an condiciones adecuadas para el acogimiento.

  3. A la resoluci髇 de formalizaci髇 del acogimiento familiar a que se refiere el apartado anterior, acordada conforme a los t閞minos previstos en el C骴igo Civil, se acompa馻r� un documento anexo que incluir� los siguientes extremos:

  • a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.
  • b) Los consentimientos y audiencias necesarias.
  • c) La modalidad del acogimiento, duraci髇 prevista para el mismo, as� como su car醕ter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en raz髇 de la vinculaci髇 del menor con la familia o persona acogedora.
  • d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
    • 1.� El r間imen de visitas, estancia, relaci髇 o comunicaci髇, en los supuestos de declaraci髇 de desamparo, por parte de la familia de origen, que podr� modificarse por la Entidad P鷅lica en atenci髇 al inter閟 superior del menor.
    • 2.� El sistema de cobertura por parte de la Entidad P鷅lica de los da駉s que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.
    • 3.� La asunci髇 por parte de los acogedores de los gastos de manutenci髇, educaci髇 y atenci髇 socio-sanitaria.
  • e) El contenido del seguimiento que, en funci髇 de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la Entidad P鷅lica y el compromiso de colaboraci髇 con dicho seguimiento por parte de la familia acogedora.
  • f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.
  • g) La compensaci髇 econ髆ica, apoyos t閏nicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.
  • h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.

  La resoluci髇 y el documento anexo se remitir醤 al Ministerio Fiscal en el plazo m醲imo de un mes.�

  
• Quince. Se incluye el art韈ulo 20 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 20 bis Derechos y deberes de los acogedores familiares

  1. Los acogedores familiares tendr醤 derecho a:

  • a) Recibir informaci髇 acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, as� como preparaci髇 previa, seguimiento y apoyo t閏nico especializado durante y al t閞mino del mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendr醤 derecho a orientaci髇, acompa馻miento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.
  • b) Ser o韉os por la Entidad P鷅lica antes de que 閟ta adopte cualquier resoluci髇 que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el r間imen de visitas o de relaci髇 o comunicaci髇 con la familia de origen.
  • c) Ser informados del plan individual de protecci髇 as� como de las medidas de protecci髇 relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones peri骴icas y a obtener informaci髇 del expediente de protecci髇 del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepci髇 de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protecci髇 de datos de car醕ter personal.
  • d) Ser parte en todos los procesos de oposici髇 a las medidas de protecci髇 y a la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposici髇 relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.
  • e) Cooperar con la Entidad P鷅lica en los planes de actuaci髇 y seguimiento establecidos para el acogimiento.
  • f) Disponer de la documentaci髇 identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.
  • g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
  • h) Ser respetados por el menor acogido.
  • i) Recabar el auxilio de la Entidad P鷅lica en el ejercicio de sus funciones.
  • j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad P鷅lica y no exista oposici髇 de 閟ta.
  • k) Percibir una compensaci髇 econ髆ica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso.
  • l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biol骻icos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos.
  • m) Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad P鷅lica entiende que conviniere a su inter閟 superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s.
  • n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.
  • �) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad P鷅lica que deber醤 ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 d韆s y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.
  • o) La familia acogedora tendr� los mismos derechos que la Administraci髇 reconoce al resto de unidades familiares.

  2. Los acogedores familiares tendr醤 los siguientes deberes:

  • a) Velar por el bienestar y el inter閟 superior del menor, tenerlo en su compa耥a, alimentarlo, educarlo y procurarle una formaci髇 integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber� continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros m醩 adecuados a sus necesidades.
  • b) O韗 al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 a駉s, sin exclusi髇 alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad P鷅lica las peticiones que 閟te pueda realizar dentro de su madurez.
  • c) Asegurar la plena participaci髇 del menor en la vida de familia.
  • d) Informar a la Entidad P鷅lica de cualquier hecho de trascendencia en relaci髇 con el menor.
  • e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del r間imen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegraci髇 familiar, en su caso.
  • f) Colaborar activamente con las Entidades P鷅licas en el desarrollo de la intervenci髇 individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.
  • g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor.
  • h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situaci髇 familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideraci髇 como base para el acogimiento.
  • i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen, as� como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
  • j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
  • k) Colaborar en el tr醤sito de la medida de protecci髇 del menor a la reintegraci髇 a su entorno de origen, la adopci髇, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopci髇 de una medida de protecci髇 m醩 estable.
  • l) Los acogedores familiares tendr醤 las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.�
  
• Diecis閕s. Se modifica el art韈ulo 21, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 21 Acogimiento residencial

  1. En relaci髇 con los menores en acogimiento residencial, las Entidades P鷅licas y los servicios y centros donde se encuentren deber醤 actuar conforme a los principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendr醤 las siguientes obligaciones b醩icas:

  • a) Asegurar醤 la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizar醤 los derechos de los menores adaptando su proyecto general a las caracter韘ticas personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo f韘ico, psicol骻ico, social y educativo en el marco del plan individualizado de protecci髇 que defina la Entidad P鷅lica.
  • b) Contar醤 con el plan individual de protecci髇 de cada menor que establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecuci髇, en el cual se prever� la preparaci髇 del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.
  • c) Adoptar醤 todas sus decisiones en relaci髇 con el acogimiento residencial de los menores en inter閟 de los mismos.
  • d) Fomentar醤 la convivencia y la relaci髇 entre hermanos siempre que ello redunde en inter閟 de los menores y procurar醤 la estabilidad residencial de los menores, as� como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del menor.
  • e) Promover醤 la relaci髇 y colaboraci髇 familiar, program醤dose, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el inter閟 del menor.
  • f) Potenciar醤 la educaci髇 integral e inclusiva de los menores, con especial consideraci髇 a las necesidades de los menores con discapacidad, y velar醤 por su preparaci髇 para la vida plena, de manera especial su escolarizaci髇 y formaci髇.
    
    En el caso de los menores de diecis閕s a dieciocho a駉s uno de los objetivos prioritarios ser� la preparaci髇 para la vida independiente, la orientaci髇 e inserci髇 laboral.
  • g) Poseer醤 una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas y de protecci髇, y tendr醤 recogido un procedimiento de formulaci髇 de quejas y reclamaciones.
  • h) Administrar醤 los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo prescripci髇 y seguimiento m閐ico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos efectos se llevar� un registro con la historia m閐ica de cada uno de los menores.
  • i) Revisar醤 peri骴icamente el plan individual de protecci髇 con el objeto de valorar la adecuaci髇 del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.
  • j) Potenciar醤 las salidas de los menores en fines de semana y per韔dos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.
  • k) Promover醤 la integraci髇 normalizada de los menores en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.
  • l) Establecer醤 los necesarios mecanismos de coordinaci髇 con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protecci髇.
  • m) Velar醤 por la preparaci髇 para la vida independiente, promoviendo la participaci髇 en las decisiones que le afecten, incluida la propia gesti髇 del centro, la autonom韆 y la asunci髇 progresiva de responsabilidades.
  • n) Establecer醤 medidas educativas y de supervisi髇 que garanticen la protecci髇 de los datos personales del menor al acceder a las tecnolog韆s de la informaci髇 y de la comunicaci髇 y a las redes sociales.

  2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el 醡bito de la protecci髇 deber醤 estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad P鷅lica, debiendo respetar el r間imen de habilitaci髇 lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant韆 de la unidad de mercado. Adem醩, deber醤 existir est醤dares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

  La Entidad P鷅lica regular� el r間imen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial e inscribir� en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atenci髇 a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, n鷐ero, ratio y cualificaci髇 profesional de su personal, proyecto educativo, participaci髇 de los menores en su funcionamiento interno y dem醩 condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

  Asimismo, la Entidad P鷅lica promover� modelos de acogimiento residencial con n鷆leos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

  3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecer� la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis a駉s. No se acordar� el acogimiento residencial para menores de tres a駉s salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al inter閟 superior del menor. Esta limitaci髇 para acordar el acogimiento residencial se aplicar� tambi閚 a los menores de seis a駉s en el plazo m醩 breve posible. En todo caso, y con car醕ter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendr� una duraci髇 superior a tres meses.

  4. A los efectos de asegurar la protecci髇 de los derechos de los menores, la Entidad P鷅lica deber� realizar la inspecci髇 y supervisi髇 de los centros y servicios semestralmente y siempre que as� lo exijan las circunstancias.

  5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deber� ejercer la vigilancia sobre las decisiones de acogimiento residencial que se adopten, as� como la inspecci髇 sobre todos los servicios y centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

  6. La administraci髇 p鷅lica competente podr� adoptar las medidas adecuadas para garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de car醕ter educativo, que no podr醤 atentar, en ning鷑 caso, contra la dignidad de los menores. En casos graves de perturbaci髇 de la convivencia, podr醤 limitarse las salidas del centro de acogida. Estas medidas deber醤 ejercerse de forma inmediata y proporcional a la conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de 閟tos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento.

  7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias contra la convivencia en el 醡bito residencial, se dar� cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.�

  
• Diecisiete. Se incluye un art韈ulo 21 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 21 bis Derechos de los menores acogidos

  1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendr� derecho a:

  • a) Ser o韉o en los t閞minos del art韈ulo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de oposici髇 a las medidas de protecci髇 y declaraci髇 en situaci髇 de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable, y en funci髇 de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalizaci髇 y cese del acogimiento.
  • b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jur韉ica gratuita cuando se encuentre en situaci髇 de desamparo.
  • c) Dirigirse directamente a la Entidad P鷅lica y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento.
  • d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del r間imen de visitas, relaci髇 y comunicaci髇 establecido por la Entidad P鷅lica.
  • e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar la asunci髇 de las mismas.
  • f) Recibir con la suficiente anticipaci髇 la informaci髇, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con discapacidad.
  • g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.
  • h) Recibir el apoyo educativo y psicoterap閡tico por parte de la Entidad P鷅lica, para superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en acogimiento familiar.
  • i) Recibir el apoyo educativo y psicoterap閡tico que sea necesario.
  • j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus or韌enes y parientes biol骻icos, una vez alcanzada la mayor韆 de edad.

  2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, adem醩, los siguientes derechos:

  • a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.
  • b) Mantener relaci髇 con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad P鷅lica entiende que conviniere a su inter閟 superior y siempre que lo consintieren el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s, la familia de acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.
  • c) Solicitar informaci髇 o pedir, por s� mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del acogimiento familiar.

  3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, adem醩, los siguientes derechos:

  • a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo.
  • b) Participar en la elaboraci髇 de la programaci髇 de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas.
  • c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atenci髇 y reclamaci髇 que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad P鷅lica.�
  
• Dieciocho. Se a馻de el art韈ulo 22 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 bis Programas de preparaci髇 para la vida independiente

  Las Entidades P鷅licas ofrecer醤 programas de preparaci髇 para la vida independiente dirigidos a los j髒enes que est閚 bajo una medida de protecci髇, particularmente en acogimiento residencial o en situaci髇 de especial vulnerabilidad, desde dos a駉s antes de su mayor韆 de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participaci髇 activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deber醤 propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserci髇 socio-laboral, apoyo psicol骻ico y ayudas econ髆icas.�

  
• Diecinueve. Se a馻de el art韈ulo 22 ter, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 ter Sistema de informaci髇 sobre la protecci髇 a la infancia y a la adolescencia

  Las Comunidades Aut髇omas y la Administraci髇 General del Estado establecer醤 un sistema de informaci髇 compartido que permita el conocimiento uniforme de la situaci髇 de la protecci髇 a la infancia y a la adolescencia en Espa馻, y de ofrecimientos para el acogimiento y la adopci髇, con datos desagregados por g閚ero y discapacidad, tanto a efectos de seguimiento de las medidas concretas de protecci髇 de menores como a efectos estad韘ticos. A estos mismos efectos se desarrollar� el Registro Unificado de Maltrato Infantil.�

  
• Veinte. Se a馻de el art韈ulo 22 qu醫er, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 qu醫er Tratamiento de datos de car醕ter personal

  1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el cap韙ulo I del t韙ulo II de esta ley, las Administraciones P鷅licas competentes podr醤 proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situaci髇 del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social.

  Los profesionales, las Entidades P鷅licas y privadas y, en general, cualquier persona facilitar醤 a las Administraciones P鷅licas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.

  2. Las entidades a las que se refiere el art韈ulo 13 podr醤 tratar sin consentimiento del interesado la informaci髇 que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto con la 鷑ica finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las Administraciones P鷅licas competentes o del Ministerio Fiscal.

  3. Los datos recabados por las Administraciones P鷅licas podr醤 utilizarse 鷑ica y exclusivamente para la adopci髇 de las medidas de protecci髇 establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garant韆 del inter閟 superior del menor y s髄o podr醤 ser comunicados a las Administraciones P鷅licas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los 髍ganos judiciales.

  4. Los datos podr醤 ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al Ministerio Fiscal, que los tratar� para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y en la normativa que le es aplicable.

  5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedar� sometido a lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y sus disposici髇 de desarrollo, siendo exigible la implantaci髇 de las medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.�

  
• Veintiuno. Se a馻de el art韈ulo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 quinquies Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia

  Las memorias del an醠isis de impacto normativo que deben acompa馻r a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluir醤 el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.�

  
• Veintid髎. Se modifica el art韈ulo 23, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 23 蚽dice de tutelas

  Para el ejercicio de la funci髇 de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el C骴igo Civil respecto de la tutela asumida por la Entidad P鷅lica por ministerio de la ley, se llevar� en cada Fiscal韆 un 蚽dice de Tutelas de Menores.�

  
• Veintitr閟. Se modifica el art韈ulo 24 que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 24 Adopci髇 de menores

  La adopci髇 nacional e internacional se ajustar� a lo establecido por la legislaci髇 civil aplicable.�

  

Art韈ulo segundo Modificaci髇 del C骴igo Civil

El C骴igo Civil queda modificado en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifican los apartados 4, 6 y 7 del art韈ulo 9, que quedan redactados como sigue:

  �4. La determinaci髇 y el car醕ter de la filiaci髇 por naturaleza se regir醤 por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiaci髇. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiaci髇, se aplicar� la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiaci髇 o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicar� la ley sustantiva espa駉la. En lo relativo al establecimiento de la filiaci髇 por adopci髇, se estar� a lo dispuesto en el apartado 5.

  La ley aplicable al contenido de la filiaci髇, por naturaleza o por adopci髇, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinar� con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s.�

  �6. La ley aplicable a la protecci髇 de menores se determinar� de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4 de este art韈ulo.

  La ley aplicable a la protecci髇 de las personas mayores de edad se determinar� por la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro Estado, se aplicar� la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en Espa馻 de las medidas de protecci髇 acordadas en otros Estados. Ser� de aplicaci髇, sin embargo, la ley espa駉la para la adopci髇 de medidas provisionales o urgentes de protecci髇.

  7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinar� de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.�

  
• Dos. Se introduce un apartado 3 en el art韈ulo 19, que queda redactado como sigue:

  �3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jur韉ico del pa韘 de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, 閟ta ser� reconocida tambi閚 en Espa馻.�

  
• Tres. Se modifica el art韈ulo 133, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 133

  1. La acci髇 de reclamaci髇 de filiaci髇 no matrimonial, cuando falte la respectiva posesi髇 de estado, corresponder� al hijo durante toda su vida.

  Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro a駉s desde que alcanzare mayor韆 de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos, o durante el a駉 siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acci髇 corresponder� a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

  2. Igualmente podr醤 ejercitar la presente acci髇 de filiaci髇 los progenitores en el plazo de un a駉 contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamaci髇.

  Esta acci髇 no ser� transmisible a los herederos quienes solo podr醤 continuar la acci髇 que el progenitor hubiere iniciado en vida.�

  
• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 136, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 136

  1. El marido podr� ejercitar la acci髇 de impugnaci髇 de la paternidad en el plazo de un a駉 contado desde la inscripci髇 de la filiaci髇 en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correr� mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el a駉 se contar� desde que lo conozca el heredero.

  2. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biol骻ica, el c髆puto del plazo de un a駉 comenzar� a contar desde que tuviera tal conocimiento.

  3. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo se馻lado en los p醨rafos anteriores, la acci髇 corresponder� a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo.�

  
• Cinco. Se modifica el art韈ulo 137, que pasa a tener la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 137

  1. La paternidad podr� ser impugnada por el hijo durante el a駉 siguiente a la inscripci髇 de la filiaci髇. Si fuere menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, el plazo contar� desde que alcance la mayor韆 de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos.

  El ejercicio de la acci髇, en inter閟 del hijo que sea menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, corresponder�, asimismo, durante el a駉 siguiente a la inscripci髇 de la filiaci髇, a la madre que ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.

  2. Si el hijo, pese a haber transcurrido m醩 de un a駉 desde la inscripci髇 en el registro, desde su mayor韆 de edad o desde la recuperaci髇 de la capacidad suficiente a tales efectos, desconociera la falta de paternidad biol骻ica de quien aparece inscrito como su progenitor, el c髆puto del plazo de un a駉 comenzar� a contar desde que tuviera tal conocimiento.

  3. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los p醨rafos anteriores, su acci髇 corresponder� a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

  4. Si falta en las relaciones familiares la posesi髇 de estado de filiaci髇 matrimonial, la demanda podr� ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos.�

  
• Seis. Se modifica el art韈ulo 138, que pasa a tener la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 138

  El reconocimiento y dem醩 actos jur韉icos que determinen conforme a la ley una filiaci髇 matrimonial o no matrimonial podr醤 ser impugnados por vicio de consentimiento seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 141. La impugnaci髇 de la paternidad por otras causas se atendr� a las normas contenidas en esta secci髇.�

  
• Siete. Se modifica el p醨rafo final del art韈ulo 140, que tendr� la siguiente redacci髇:

  獿os hijos tendr醤 en todo caso acci髇 durante un a駉 despu閟 de alcanzar la mayor韆 de edad o de recobrar capacidad suficiente a tales efectos.�

  
• Ocho. Se modifica el art韈ulo 154, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 154

  Los hijos no emancipados est醤 bajo la patria potestad de los progenitores.

  La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercer� siempre en inter閟 de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad f韘ica y mental.

  Esta funci髇 comprende los siguientes deberes y facultades:

  • 1.� Velar por ellos, tenerlos en su compa耥a, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaci髇 integral.
  • 2.� Representarlos y administrar sus bienes.

  Si los hijos tuvieren suficiente madurez deber醤 ser o韉os siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

  Los progenitores podr醤, en el ejercicio de su funci髇, recabar el auxilio de la autoridad.�

  
• Nueve. Se modifica el n鷐ero 4.�, se a馻den los n鷐eros 5.� y 6.� y se modifica el 鷏timo p醨rafo del art韈ulo 158, que quedan redactados como sigue:

  �4.� La medida de prohibici髇 a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.

  5.� La medida de prohibici髇 de comunicaci髇 con el menor, que impedir� a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicaci髇 o medio inform醫ico o telem醫ico, con respeto al principio de proporcionalidad.

  6.� En general, las dem醩 disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizar� por el Juez que el menor pueda ser o韉o en condiciones id髇eas para la salvaguarda de sus intereses.

  En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicar� las medidas a la Entidad P鷅lica.

  Todas estas medidas podr醤 adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicci髇 voluntaria.�

  
• Diez. Se modifica el art韈ulo 160, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 160

  1. Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque 閟tos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resoluci髇 judicial o por la Entidad P鷅lica en los casos establecidos en el art韈ulo 161. En caso de privaci髇 de libertad de los progenitores, y siempre que el inter閟 superior del menor recomiende visitas a aquellos, la Administraci髇 deber� facilitar el traslado acompa馻do del menor al centro penitenciario, ya sea por un familiar designado por la administraci髇 competente o por un profesional que velar醤 por la preparaci髇 del menor a dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario se deber� realizar fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor.

  Los menores adoptados por otra persona, solo podr醤 relacionarse con su familia de origen en los t閞minos previstos en el art韈ulo 178.4.

  2. No podr醤 impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

  En caso de oposici髇, el Juez, a petici髇 del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolver� atendidas las circunstancias. Especialmente deber� asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracci髇 de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.�

  
• Once. Se modifica el art韈ulo 161, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 161

  La Entidad P鷅lica a la que, en el respectivo territorio, est� encomendada la protecci髇 de menores regular� las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y dem醩 parientes y allegados respecto a los menores en situaci髇 de desamparo, pudiendo acordar motivadamente, en inter閟 del menor, la suspensi髇 temporal de las mismas previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s, con inmediata notificaci髇 al Ministerio Fiscal. A tal efecto, el Director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados informar醤 a la Entidad P鷅lica de cualquier indicio de los efectos nocivos de estas visitas sobre el menor.

  El menor, los afectados y el Ministerio Fiscal podr醤 oponerse a dichas resoluciones administrativas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.�

  
• Doce. Se modifica la redacci髇 del punto primero del art韈ulo 162, en los siguientes t閞minos:

  獿os padres que ostenten la patria potestad tienen la representaci髇 legal de sus hijos menores no emancipados.

  Se except鷄n:

  • 1.� Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por s� mismo.
    
    No obstante, los responsables parentales intervendr醤 en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.
  • 2.� Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.
  • 3.� Los relativos a bienes que est閚 excluidos de la administraci髇 de los padres.

  Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de 閟te si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 158.�

  
• Trece. Se modifica el art韈ulo 172, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 172

  1. Cuando la Entidad P鷅lica a la que, en el respectivo territorio, est� encomendada la protecci髇 de los menores constate que un menor se encuentra en situaci髇 de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deber� adoptar las medidas de protecci髇 necesarias para su guarda, poni閚dolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord� la tutela ordinaria. La resoluci髇 administrativa que declare la situaci髇 de desamparo y las medidas adoptadas se notificar� en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a駉s, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo m醲imo de cuarenta y ocho horas. La informaci髇 ser� clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervenci髇 de la Administraci髇 y los efectos de la decisi髇 adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta informaci髇 se facilitar� de forma presencial.

  Se considera como situaci髇 de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci髇 establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando 閟tos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

  La asunci髇 de la tutela atribuida a la Entidad P鷅lica lleva consigo la suspensi髇 de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, ser醤 v醠idos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representaci髇 del menor y que sean en inter閟 de 閟te.

  La Entidad P鷅lica y el Ministerio Fiscal podr醤 promover, si procediere, la privaci髇 de la patria potestad y la remoci髇 de la tutela.

  2. Durante el plazo de dos a駉s desde la notificaci髇 de la resoluci髇 administrativa por la que se declare la situaci髇 de desamparo, los progenitores que contin鷈n ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el apartado 1, o los tutores que, conforme al mismo apartado, tengan suspendida la tutela, podr醤 solicitar a la Entidad P鷅lica que cese la suspensi髇 y quede revocada la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo del menor, si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.

  Igualmente, durante el mismo plazo podr醤 oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protecci髇 del menor.

  Pasado dicho plazo decaer� el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la protecci髇 del menor. No obstante, podr醤 facilitar informaci髇 a la Entidad P鷅lica y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo.

  En todo caso, transcurridos los dos a駉s, 鷑icamente el Ministerio Fiscal estar� legitimado para oponerse a la resoluci髇 de la Entidad P鷅lica.

  Durante ese plazo de dos a駉s, la Entidad P鷅lica, ponderando la situaci髇 y poni閚dola en conocimiento del Ministerio Fiscal, podr� adoptar cualquier medida de protecci髇, incluida la propuesta de adopci髇, cuando exista un pron髎tico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.

  3. La Entidad P鷅lica, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podr� revocar la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo y decidir el retorno del menor con su familia, siempre que se entienda que es lo m醩 adecuado para su inter閟. Dicha decisi髇 se notificar� al Ministerio Fiscal.

  4. En cumplimiento de la obligaci髇 de prestar la atenci髇 inmediata, la Entidad P鷅lica podr� asumir la guarda provisional de un menor mediante resoluci髇 administrativa, y lo comunicar� al Ministerio Fiscal, procediendo simult醤eamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo.

  Tales diligencias se realizar醤 en el plazo m醩 breve posible, durante el cual deber� procederse, en su caso, a la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y consecuente asunci髇 de la tutela o a la promoci髇 de la medida de protecci髇 procedente. Si existieran personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pudieran asumir la tutela en inter閟 de 閟te, se promover� el nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias.

  Cuando hubiera transcurrido el plazo se馻lado y no se hubiera formalizado la tutela o adoptado otra resoluci髇, el Ministerio Fiscal promover� las acciones procedentes para asegurar la adopci髇 de la medida de protecci髇 m醩 adecuada del menor por parte de la Entidad P鷅lica.

  5. La Entidad P鷅lica cesar� en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situaci髇 de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparici髇 de las causas que motivaron su asunci髇, por alguno de los supuestos previstos en los art韈ulos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro pa韘.
  • b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad aut髇oma cuya Entidad P鷅lica hubiere dictado resoluci髇 sobre declaraci髇 de situaci髇 de desamparo y asumido su tutela o medida de protecci髇 correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protecci髇 a tenor de la situaci髇 del menor.
  • c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandon� voluntariamente el centro de protecci髇, encontr醤dose en paradero desconocido.

  La guarda provisional cesar� por las mismas causas que la tutela.�

  
• Catorce. Se incluye el art韈ulo 172 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 172 bis

  1. Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podr醤 solicitar de la Entidad P鷅lica que 閟ta asuma su guarda durante el tiempo necesario, que no podr� sobrepasar dos a駉s como plazo m醲imo de cuidado temporal del menor, salvo que el inter閟 superior del menor aconseje, excepcionalmente, la pr髍roga de las medidas. Transcurrido el plazo o la pr髍roga, en su caso, el menor deber� regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, ser declarado en situaci髇 legal de desamparo.

  La entrega voluntaria de la guarda se har� por escrito dejando constancia de que los progenitores o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, as� como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Entidad P鷅lica garantiz醤dose, en particular a los menores con discapacidad, la continuidad de los apoyos especializados que vinieran recibiendo o la adopci髇 de otros m醩 adecuados a sus necesidades.

  La resoluci髇 administrativa sobre las asunci髇 de la guarda por la Entidad P鷅lica, as� como sobre cualquier variaci髇 posterior de su forma de ejercicio, ser� fundamentada y comunicada a los progenitores o tutores y al Ministerio Fiscal.

  2. Asimismo, la Entidad P鷅lica asumir� la guarda cuando as� lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda, adoptando la medida de protecci髇 correspondiente.�

  
• Quince. Se a馻de el art韈ulo 172 ter, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 172 ter

  1. La guarda se realizar� mediante el acogimiento familiar y, no siendo 閟te posible o conveniente para el inter閟 del menor, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizar� por la persona o personas que determine la Entidad P鷅lica. El acogimiento residencial se ejercer� por el Director o responsable del centro donde est� acogido el menor, conforme a los t閞minos establecidos en la legislaci髇 de protecci髇 de menores.

  No podr醤 ser acogedores los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en la ley.

  La resoluci髇 de la Entidad P鷅lica en la que se formalice por escrito la medida de guarda se notificar� a los progenitores o tutores que no estuvieran privados de la patria potestad o tutela, as� como al Ministerio Fiscal.

  2. Se buscar� siempre el inter閟 del menor y se priorizar�, cuando no sea contrario a ese inter閟, su reintegraci髇 en la propia familia y que la guarda de los hermanos se conf韊 a una misma instituci髇 o persona para que permanezcan unidos. La situaci髇 del menor en relaci髇 con su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al r間imen de visitas y otras formas de comunicaci髇, ser� revisada, al menos cada seis meses.

  3. La Entidad P鷅lica podr� acordar, en relaci髇 con el menor en acogida familiar o residencial, cuando sea conveniente a su inter閟, estancias, salidas de fines de semana o de vacaciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto s髄o se seleccionar� a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor. Dichas medidas deber醤 ser acordadas una vez haya sido o韉o el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s.

  La delegaci髇 de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones contendr� los t閞minos de la misma y la informaci髇 que fuera necesaria para asegurar el bienestar del menor, en especial de todas las medidas restrictivas que haya establecido la Entidad P鷅lica o el Juez. Dicha medida ser� comunicada a los progenitores o tutores, siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la patria potestad o removidos del ejercicio de la tutela, as� como a los acogedores. Se preservar醤 los datos de estos guardadores cuando resulte conveniente para el inter閟 del menor o concurra justa causa.

  4. En los casos de declaraci髇 de situaci髇 de desamparo o de asunci髇 de la guarda por resoluci髇 administrativa o judicial, podr� establecerse por la Entidad P鷅lica la cantidad que deben abonar los progenitores o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en funci髇 de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atenci髇 del menor, as� como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores por actos realizados por los mismos.�

  
• Diecis閕s. Se modifica el art韈ulo 173, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 173

  1. El acogimiento familiar produce la plena participaci髇 del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por 閘, tenerlo en su compa耥a, alimentarlo, educarlo y procurarle una formaci髇 integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber� continuar con los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros m醩 adecuados a sus necesidades.

  2. El acogimiento requerir� el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s.

  3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado la guarda en acogimiento familiar, aqu閘, el acogedor, el Ministerio Fiscal, los progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria potestad o de la tutela o cualquier persona interesada podr醤 solicitar a la Entidad P鷅lica la remoci髇 de la guarda.

  4. El acogimiento familiar del menor cesar�:

  • a) Por resoluci髇 judicial.
  • b) Por resoluci髇 de la Entidad P鷅lica, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera suficiente madurez, cuando se considere necesario para salvaguardar el inter閟 del mismo, o韉os los acogedores, el menor, sus progenitores o tutor.
  • c) Por la muerte o declaraci髇 de fallecimiento del acogedor o acogedores del menor.
  • d) Por la mayor韆 de edad del menor.

  5. Todas las actuaciones de formalizaci髇 y cesaci髇 del acogimiento se practicar醤 con la obligada reserva.�

  
• Diecisiete. Se modifica el art韈ulo 173 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 173 bis

  1. El acogimiento familiar podr� tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este 鷏timo caso ser especializado.

  2. El acogimiento familiar podr� adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su duraci髇 y objetivos:

  • a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis a駉s, que tendr� una duraci髇 no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protecci髇 familiar que corresponda.
  • b) Acogimiento familiar temporal, que tendr� car醕ter transitorio, bien porque de la situaci髇 del menor se prevea la reintegraci髇 de 閟te en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protecci髇 que revista un car醕ter m醩 estable como el acogimiento familiar permanente o la adopci髇. Este acogimiento tendr� una duraci髇 m醲ima de dos a駉s, salvo que el inter閟 superior del menor aconseje la pr髍roga de la medida por la previsible e inmediata reintegraci髇 familiar, o la adopci髇 de otra medida de protecci髇 definitiva.
  • c) Acogimiento familiar permanente, que se constituir� bien al finalizar el plazo de dos a駉s de acogimiento temporal por no ser posible la reintegraci髇 familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia as� lo aconsejen. La Entidad P鷅lica podr� solicitar del Juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempe駉 de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al inter閟 superior del menor.�
  
• Dieciocho. Se modifica el art韈ulo 174, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 174

  1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta secci髇.

  2. A tal fin, la Entidad P鷅lica le dar� noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitir� copia de las resoluciones administrativas de formalizaci髇 de la constituci髇, variaci髇 y cesaci髇 de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dar� cuenta de cualquier novedad de inter閟 en las circunstancias del menor.

  El Ministerio Fiscal habr� de comprobar, al menos semestralmente, la situaci髇 del menor y promover� ante la Entidad P鷅lica o el Juez, seg鷑 proceda, las medidas de protecci髇 que estime necesarias.

  3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximir� a la Entidad P鷅lica de su responsabilidad para con el menor y de su obligaci髇 de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomal韆s que observe.

  4. Para el cumplimiento de la funci髇 de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, cuando sea necesario, podr� el Ministerio Fiscal recabar la elaboraci髇 de informes por parte de los servicios correspondientes de las Administraciones P鷅licas competentes.

  A estos efectos, los servicios correspondientes de las Administraciones P鷅licas competentes atender醤 las solicitudes de informaci髇 remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar la situaci髇 de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor.�

  
• Diecinueve. Se modifica el art韈ulo 175, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 175

  1. La adopci髇 requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco a駉s. Si son dos los adoptantes bastar� con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando ser� de, al menos, diecis閕s a駉s y no podr� ser superior a cuarenta y cinco a駉s, salvo en los casos previstos en el art韈ulo 176.2. Cuando fueran dos los adoptantes, ser� suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia m醲ima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes est醤 en disposici髇 de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia m醲ima de edad podr� ser superior.

  No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este c骴igo.

  2. 趎icamente podr醤 ser adoptados los menores no emancipados. Por excepci髇, ser� posible la adopci髇 de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipaci髇, hubiere existido una situaci髇 de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un a駉.

  3. No puede adoptarse:

  • 1.� A un descendiente.
  • 2.� A un pariente en segundo grado de la l韓ea colateral por consanguinidad o afinidad.
  • 3.� A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

  4. Nadie podr� ser adoptado por m醩 de una persona, salvo que la adopci髇 se realice conjunta o sucesivamente por ambos c髇yuges o por una pareja unida por an醠oga relaci髇 de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopci髇 permitir� al c髇yuge la adopci髇 de los hijos de su consorte. Esta previsi髇 ser� tambi閚 de aplicaci髇 a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusi髇 prevista en el art韈ulo 179, ser� posible una nueva adopci髇 del adoptado.

  5. En caso de que el adoptando se encontrara en acogimiento permanente o guarda con fines de adopci髇 de dos c髇yuges o de una pareja unida por an醠oga relaci髇 de afectividad a la conyugal, la separaci髇 o divorcio legal o ruptura de la relaci髇 de los mismos que conste fehacientemente con anterioridad a la propuesta de adopci髇 no impedir� que pueda promoverse la adopci髇 conjunta siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva del adoptando con ambos c髇yuges o con la pareja unida por an醠oga relaci髇 de naturaleza an醠oga a la conyugal durante al menos dos a駉s anteriores a la propuesta de adopci髇.�

  
• Veinte. Se modifica el art韈ulo 176, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 176

  1. La adopci髇 se constituir� por resoluci髇 judicial, que tendr� en cuenta siempre el inter閟 del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

  2. Para iniciar el expediente de adopci髇 ser� necesaria la propuesta previa de la Entidad P鷅lica a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad P鷅lica haya declarado id髇eos para el ejercicio de la patria potestad. La declaraci髇 de idoneidad deber� ser previa a la propuesta.

  No obstante, no se requerir� tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  • 1.� Ser hu閞fano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.
  • 2.� Ser hijo del c髇yuge o de la persona unida al adoptante por an醠oga relaci髇 de afectividad a la conyugal.
  • 3.� Llevar m醩 de un a駉 en guarda con fines de adopci髇 o haber estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo.
  • 4.� Ser mayor de edad o menor emancipado.

  3. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivaci髇 adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopci髇.

  La declaraci髇 de idoneidad por la Entidad P鷅lica requerir� una valoraci髇 psicosocial sobre la situaci髇 personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, as� como su capacidad para establecer v韓culos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en funci髇 de sus singulares circunstancias. Dicha declaraci髇 de idoneidad se formalizar� mediante la correspondiente resoluci髇.

  No podr醤 ser declarados id髇eos para la adopci髇 quienes se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda de su hijo a la Entidad P鷅lica.

  Las personas que se ofrezcan para la adopci髇 deber醤 asistir a las sesiones informativas y de preparaci髇 organizadas por la Entidad P鷅lica o por Entidad colaboradora autorizada.

  4. Cuando concurra alguna de las circunstancias 1.�, 2.� o 3.� previstas en el apartado 2 podr� constituirse la adopci髇, aunque el adoptante hubiere fallecido, si 閟te hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento o el mismo hubiera sido otorgado mediante documento p鷅lico o en testamento. Los efectos de la resoluci髇 judicial en este caso se retrotraer醤 a la fecha de prestaci髇 de tal consentimiento.�

  
• Veintiuno. Se a馻de el art韈ulo 176 bis, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 176 bis

  1. La Entidad P鷅lica podr� delegar la guarda de un menor declarado en situaci髇 de desamparo en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar previstos en el art韈ulo 175 y habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas id髇eas y asignadas para su adopci髇. A tal efecto, la Entidad P鷅lica, con anterioridad a la presentaci髇 de la propuesta de adopci髇, delegar� la guarda con fines de adopci髇 hasta que se dicte la resoluci髇 judicial de adopci髇, mediante resoluci髇 administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a駉s, que se notificar� a los progenitores o tutores no privados de la patria potestad o tutela.

  Los guardadores con fines de adopci髇 tendr醤 los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares.

  2. Salvo que convenga otra cosa al inter閟 del menor, la Entidad P鷅lica proceder� a suspender el r間imen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el per韔do de convivencia preadoptiva a que se refiere el apartado anterior, excepto en los casos previstos en el art韈ulo 178.4.

  3. La propuesta de adopci髇 al Juez tendr� que realizarse en el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, antes de transcurridos tres meses desde el d韆 en el que se hubiera acordado la delegaci髇 de guarda con fines de adopci髇. No obstante, cuando la Entidad P鷅lica considere necesario, en funci髇 de la edad y circunstancias del menor, establecer un per韔do de adaptaci髇 del menor a la familia, dicho plazo de tres meses podr� prorrogarse hasta un m醲imo de un a駉.

  En el supuesto de que el Juez no considerase procedente esa adopci髇, la Entidad P鷅lica deber� determinar la medida protectora m醩 adecuada para el menor.�

  
• Veintid髎. Se modifica el art韈ulo 177, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 177

  1. Habr醤 de consentir la adopci髇, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce a駉s.

  2. Deber醤 asentir a la adopci髇:

  • 1.� El c髇yuge o persona unida al adoptante por an醠oga relaci髇 de afectividad a la conyugal salvo que medie separaci髇 o divorcio legal o ruptura de la pareja que conste fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopci髇 se vaya a formalizar de forma conjunta.
  • 2.� Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privaci髇. Esta situaci髇 solo podr� apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio que se tramitar� conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  No ser� necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar� motivadamente en la resoluci髇 judicial que constituya la adopci髇.

  Tampoco ser� necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la patria potestad cuando hubieran transcurrido dos a駉s desde la notificaci髇 de la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 172.2, sin oposici髇 a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada.

  El asentimiento de la madre no podr� prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto.

  En las adopciones que exijan propuesta previa no se admitir� que el asentimiento de los progenitores se refiera a adoptantes determinados.

  3. Deber醤 ser o韉os por el Juez:

  • 1.� Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no fuera necesario para la adopci髇.
  • 2.� El tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores.
  • 3.� El adoptando menor de doce a駉s de acuerdo con su edad y madurez.

  4. Los consentimientos y asentimientos deber醤 otorgarse libremente, en la forma legal requerida y por escrito, previa informaci髇 de sus consecuencias.�

  
• Veintitr閟. Se modifica el art韈ulo 178, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 178

  1. La adopci髇 produce la extinci髇 de los v韓culos jur韉icos entre el adoptado y su familia de origen.

  2. Por excepci髇 subsistir醤 los v韓culos jur韉icos con la familia del progenitor que, seg鷑 el caso, corresponda:

  • a) Cuando el adoptado sea hijo del c髇yuge o de la persona unida al adoptante por an醠oga relaci髇 de afectividad a la conyugal, aunque el consorte o la pareja hubiera fallecido.
  • b) Cuando s髄o uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce a駉s y el progenitor cuyo v韓culo haya de persistir.

  3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

  4. Cuando el inter閟 del menor as� lo aconseje, en raz髇 de su situaci髇 familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad P鷅lica, podr� acordarse el mantenimiento de alguna forma de relaci髇 o contacto a trav閟 de visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, favoreci閚dose especialmente, cuando ello sea posible, la relaci髇 entre los hermanos biol骻icos.

  En estos casos el Juez, al constituir la adopci髇, podr� acordar el mantenimiento de dicha relaci髇, determinando su periodicidad, duraci髇 y condiciones, a propuesta de la Entidad P鷅lica o del Ministerio Fiscal y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si fuere mayor de doce a駉s. En todo caso, ser� o韉o el adoptando menor de doce a駉s de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere necesario, dicha relaci髇 se llevar� a cabo con la intermediaci髇 de la Entidad P鷅lica o entidades acreditadas a tal fin. El Juez podr� acordar, tambi閚, su modificaci髇 o finalizaci髇 en atenci髇 al inter閟 superior del menor. La Entidad P鷅lica remitir� al Juez informes peri骴icos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones, as� como propuestas de mantenimiento o modificaci髇 de las mismas durante los dos primeros a駉s, y, transcurridos estos a petici髇 del Juez.

  Est醤 legitimados para solicitar la suspensi髇 o supresi髇 de dichas visitas o comunicaciones la Entidad P鷅lica, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a駉s.

  En la declaraci髇 de idoneidad deber� hacerse constar si las personas que se ofrecen a la adopci髇 aceptar韆n adoptar a un menor que fuese a mantener la relaci髇 con la familia de origen.�

  
• Veinticuatro. Se modifican los apartados 2 y 5 y se introduce el apartado 6 en el art韈ulo 180, que quedan redactados como sigue:

  �2. El Juez acordar� la extinci髇 de la adopci髇 a petici髇 de cualquiera de los progenitores que, sin culpa suya, no hubieren intervenido en el expediente en los t閞minos expresados en el art韈ulo 177. Ser� tambi閚 necesario que la demanda se interponga dentro de los dos a駉s siguientes a la adopci髇 y que la extinci髇 solicitada no perjudique gravemente al menor.

  Si el adoptado fuere mayor de edad, la extinci髇 de la adopci髇 requerir� su consentimiento expreso.�

  �5. Las Entidades P鷅licas asegurar醤 la conservaci髇 de la informaci髇 de que dispongan relativa a los or韌enes del menor, en particular la informaci髇 respecto a la identidad de sus progenitores, as� como la historia m閐ica del menor y de su familia, y se conservar醤 durante al menos cincuenta a駉s con posterioridad al momento en que la adopci髇 se haya hecho definitiva. La conservaci髇 se llevar� a cabo a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho al que se refiere el apartado siguiente.

  6. Las personas adoptadas, alcanzada la mayor韆 de edad o durante su minor韆 de edad a trav閟 de sus representantes legales, tendr醤 derecho a conocer los datos sobre sus or韌enes biol骻icos. Las Entidades P鷅licas, previa notificaci髇 a las personas afectadas, prestar醤 a trav閟 de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho.

  A estos efectos, cualquier entidad privada o p鷅lica tendr� obligaci髇 de facilitar a las Entidades P鷅licas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.�

  
• Veinticinco. Se modifica el art韈ulo 216, al que se a馻de el siguiente p醨rafo:

  玈i se tratara de menores que est閚 bajo la tutela de la Entidad P鷅lica, estas medidas solo podr醤 ser acordadas de oficio, o a instancia de 閟ta, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La Entidad P鷅lica ser� parte en el procedimiento y las medidas acordadas ser醤 comunicadas a la Entidad P鷅lica, la cual dar� traslado de dicha comunicaci髇 al Director del centro residencial o a la familia acogedora.�

  
• Veintis閕s. Se modifica el art韈ulo 239, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 239

  1. La tutela de los menores que se encuentren en situaci髇 de desamparo corresponder� por ministerio de la ley a la Entidad P鷅lica.

  2. No obstante, se proceder� al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en inter閟 de 閟te.

  En estos supuestos, previamente a la designaci髇 judicial de tutor ordinario o en la misma resoluci髇, deber� acordarse la suspensi髇 o la privaci髇 de la patria potestad o remoci髇 del tutor, en su caso.

  3. Estar醤 legitimados para el ejercicio de las acciones de privaci髇 de patria potestad, remoci髇 del tutor y para la solicitud de nombramiento de tutor de los menores en situaci髇 de desamparo, el Ministerio Fiscal, la Entidad P鷅lica y los llamados al ejercicio de la tutela.�

  
• Veintisiete. Se a馻de el art韈ulo 239 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 239 bis

  La Entidad P鷅lica a la que en el respectivo territorio est� encomendada la protecci髇 y apoyo de las personas con la capacidad modificada judicialmente, ser� designada como tutora cuando no haya sido constituida la tutela en favor de persona alguna conforme al art韈ulo 234.

  Asimismo, asumir� por ministerio de la ley la tutela de las personas con la capacidad modificada judicialmente cuando se encuentren en situaci髇 de desamparo, debiendo dar cuenta a la autoridad judicial que modific� su capacidad.

  Se considera como situaci髇 de desamparo a estos efectos, la que se produce de hecho cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente quede privada de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que incumben a la persona designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o por carecer de tutor.�

  
• Veintiocho. Se modifica el art韈ulo 303, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 303

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podr� requerirle para que informe de la situaci髇 de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una instituci髇 de protecci髇 y apoyo, y de su actuaci髇 en relaci髇 con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

  Cautelarmente, mientras se mantenga la situaci髇 de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protecci髇 adecuada, si procediera, se podr醤 otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, si fuera menor de edad, se podr� constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.

  2. Proceder� la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo de los menores y de las personas con la capacidad modificada judicialmente en situaci髇 de guarda de hecho, cuando, adem醩 de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en los art韈ulos 172 y 239 bis.

  En los dem醩 casos, el guardador de hecho podr� promover la privaci髇 o suspensi髇 de la patria potestad, remoci髇 de la tutela o el nombramiento de tutor.�

  
• Veintinueve. Se modifica el art韈ulo 1263, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 1263

  No pueden prestar consentimiento:

  • 1.� Los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por s� mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.
  • 2.� Los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los t閞minos se馻lados por la resoluci髇 judicial.�
  
• Treinta. Se modifica el art韈ulo 1264, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 1264

  Lo previsto en el art韈ulo anterior se entiende sin perjuicio de las prohibiciones legales o de los requisitos especiales de capacidad que las leyes puedan establecer.�

  

Art韈ulo tercero Modificaci髇 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 1, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇 de la ley

  1. La presente ley regula la intervenci髇 de la Administraci髇 General del Estado, de las Entidades P鷅licas y de los organismos acreditados para la adopci髇 internacional, la capacidad y requisitos que deben reunir las personas que se ofrecen para adoptar, as� como las normas de Derecho internacional privado relativas a la adopci髇 y otras medidas de protecci髇 internacional de menores en los supuestos en que exista alg鷑 elemento extranjero.

  2. A los efectos del t韙ulo I de esta ley se entiende por adopci髇 internacional aquella en la que un menor considerado adoptable por la autoridad extranjera competente y con residencia habitual en el extranjero, es o va a ser desplazado a Espa馻 por adoptantes con residencia habitual en Espa馻, bien despu閟 de su adopci髇 en el Estado de origen, bien con la finalidad de constituir tal adopci髇 en Espa馻.�

  
• Dos. Se modifica el apartado segundo del art韈ulo 2, que queda redactado como sigue:

  �2. La finalidad de esta ley es proteger los derechos de los menores que van a ser adoptados, considerando tambi閚 los de las personas que se ofrecen para la adopci髇 y dem醩 personas implicadas en el proceso de adopci髇 internacional.�

  
• Tres. Se modifica el art韈ulo 3, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 3 Principios informadores

  La regulaci髇 contenida en esta ley, as� como en el resto de normas del ordenamiento jur韉ico espa駉l relativas a la adopci髇 y otras medidas de protecci髇 internacional de menores, respetar醤 los principios inspiradores de la Convenci髇 de Derechos del Ni駉, de 20 de noviembre de 1989, del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 de derechos del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s, del Convenio del Consejo de Europa en materia de adopci髇 de menores hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, y del Reglamento (CE) n.^o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

  El Estado, en la medida de lo posible, incluir� los est醤dares y salvaguardas previstos en dichos instrumentos en los acuerdos o Convenios bilaterales relativos a la adopci髇 y protecci髇 internacional de menores que suscriba con Estados no contratantes u obligados por los mismos.�

  
• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 4, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 4 Pol韙ica Exterior

  1. La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Entidades P鷅licas, determinar� la iniciaci髇 de la tramitaci髇 de adopciones con cada pa韘 de origen de los menores, as� como la suspensi髇 o paralizaci髇 de la misma.

  2. No se tramitar醤 ofrecimientos para la adopci髇 de menores nacionales de otro pa韘 o con residencia habitual en otro Estado en las siguientes circunstancias:

  • a) Cuando el pa韘 en que el menor adoptando tenga su residencia habitual se encuentre en conflicto b閘ico o inmerso en un desastre natural.
  • b) Si no existe en el pa韘 una autoridad espec韋ica que controle y garantice la adopci髇 y que remita a las autoridades espa駉las la propuesta de asignaci髇 con informaci髇 sobre la adoptabilidad del menor y el resto de la informaci髇 recogida en el p醨rafo e) del art韈ulo 5.1.
  • c) Cuando en el pa韘 no se den las garant韆s adecuadas para la adopci髇 y las pr醕ticas y tr醡ites de la misma no respeten el inter閟 del menor o no cumplan los principios 閠icos y jur韉icos internacionales referidos en el art韈ulo 3.

  3. La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Entidades P鷅licas, determinar� en cada momento qu� pa韘es est醤 incursos en alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior a efectos de decidir si procede iniciar o suspender la tramitaci髇 de adopciones en ellos.

  4. La tramitaci髇 de ofrecimientos para la adopci髇 de aquellos menores extranjeros que hayan sido desplazados a Espa馻 en programas humanitarios de estancia temporal por motivo de vacaciones, estudios o tratamiento m閐ico, requerir� que tales estancias hayan finalizado y que en su pa韘 de origen hayan sido declarados adoptables.

  5. La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Entidades P鷅licas, establecer� el n鷐ero de expedientes de adopci髇 internacional que remitir� anualmente a cada pa韘 de origen de los menores, teniendo en cuenta la media de adopciones constituidas en los 鷏timos dos a駉s y el n鷐ero de expedientes que se encuentran pendientes de asignaci髇 de un menor.

  A tal efecto, no podr� tramitarse con cada pa韘 un n鷐ero de expedientes superior a tres veces la media de adopciones constituidas en dicho periodo, salvo que los cambios de legislaci髇, pr醕ticas y pol韙icas sobre adopci髇 internacional de los pa韘es de origen lo justifiquen.

  En el supuesto de inicio de la tramitaci髇 con un nuevo pa韘, se fijar� este n鷐ero en funci髇 de la informaci髇 disponible sobre expectativas de adopci髇 con ese pa韘.

  La distribuci髇 de este n鷐ero m醲imo entre comunidades aut髇omas y organismos acreditados se fijar� por acuerdo con las Entidades P鷅licas.

  No se establecer� cupo alguno para la tramitaci髇 de adopciones de menores con necesidades especiales, salvo que existan circunstancias que lo justifiquen.

  Lo dispuesto en el presente apartado se realizar� con los criterios y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.

  6. La Administraci髇 General del Estado, antes de determinar la iniciaci髇, suspensi髇 o paralizaci髇 de la tramitaci髇 de adopciones con cada pa韘 de origen de los menores, recabar� informaci髇 de los organismos acreditados, si los hubiera. Tambi閚 podr� recabar informaci髇 de aquellos terceros pa韘es que hayan iniciado, suspendido o paralizado la tramitaci髇 de adopciones con el citado pa韘 de origen, as� como con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.�

  
• Cinco. Se modifica la r鷅rica del cap韙ulo II del t韙ulo I, que pasa a tener la siguiente redacci髇:

  獵AP蚑ULO II
  
  Entidades P鷅licas y organismos acreditados�

  
• Seis. Se modifica el art韈ulo 5, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 5 Intervenci髇 de las Entidades P鷅licas

  1. En materia de adopci髇 internacional corresponde a las Entidades P鷅licas:

  • a) Organizar y facilitar la informaci髇 sobre legislaci髇, requisitos y tr醡ites necesarios en Espa馻 y en los pa韘es de origen de los menores, velando para que esa informaci髇 sea lo m醩 completa, veraz y actualizada posible y de libre acceso para las familias interesadas y por los organismos acreditados.
  • b) Facilitar a las familias la formaci髇 necesaria a lo largo de todo el proceso que les permita comprender y afrontar las implicaciones de la adopci髇 internacional, prepar醤dolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades parentales una vez constituida aqu閘la. Podr醤 delegar esta funci髇 en organismos acreditados o en instituciones o entidades debidamente autorizadas.
  • c) Recibir los ofrecimientos para la adopci髇 en todo caso, y su tramitaci髇, ya sea directamente o a trav閟 de organismos acreditados.
  • d) Expedir, en todo caso, los certificados de idoneidad, previa elaboraci髇, bien directamente o a trav閟 de instituciones o entidades debidamente autorizadas, del informe psicosocial de las personas que se ofrecen para la adopci髇, y, cuando lo exija el pa韘 de origen del adoptando, el compromiso de seguimiento.
  • e) Recibir la asignaci髇 del menor de las autoridades competentes del pa韘 de origen en la que figure informaci髇 sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia m閐ica y necesidades particulares; as� como la informaci髇 relativa al otorgamiento de los consentimientos de personas, instituciones y autoridades requeridas por la legislaci髇 del pa韘 de origen.
  • f) Dar la conformidad respecto a la adecuaci髇 de las caracter韘ticas del menor asignado por el organismo competente del pa韘 de origen con las que figuren en el informe psicosocial que acompa馻 al certificado de idoneidad.
  • g) Ofrecer a lo largo del proceso de adopci髇 internacional apoyo t閏nico dirigido a los menores y a las personas que se ofrecen para la adopci髇, prest醤dose particular atenci髇 a las personas que vayan a adoptar o hayan adoptado menores con caracter韘ticas o necesidades especiales. Durante la estancia de los adoptantes en el extranjero podr醤 contar con la colaboraci髇 del Servicio Exterior.
  • h) Realizar los informes de los seguimientos requeridos por el pa韘 de origen del menor, que podr醤 encomendarse a los organismos acreditados o a otras entidades autorizadas.
  • i) Establecer recursos cualificados de apoyo postadoptivo y de mediaci髇 para la b鷖queda de or韌enes, para la adecuada atenci髇 de adoptados y adoptantes, que podr醤 encomendarse a organismos acreditados o a entidades autorizadas.
  • j) Informar preceptivamente a la Administraci髇 General del Estado sobre la acreditaci髇 de los organismos, as� como controlar, inspeccionar y elaborar las directrices de seguimiento de los organismos que tengan su sede en su 醡bito territorial para aquellas actividades de intermediaci髇 que se lleven a cabo en su territorio.

  2. En sus actuaciones en materia de adopci髇 internacional, las Entidades P鷅licas promover醤 medidas para lograr la m醲ima coordinaci髇 y colaboraci髇 entre ellas. En particular, procurar醤 la homogeneizaci髇 de procedimientos, plazos y costes.

  3. Las Entidades P鷅licas facilitar醤 a la Administraci髇 General del Estado informaci髇 estad韘tica sobre la tramitaci髇 de expedientes de adopci髇 internacional.�

  
• Siete. Se modifica el art韈ulo 6, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 6 La actividad de intermediaci髇 en la adopci髇 internacional

  1. Se entiende por intermediaci髇 en adopci髇 internacional toda actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relaci髇 a las personas que se ofrecen para la adopci髇 con las autoridades, organizaciones e instituciones del pa韘 de origen o residencia del menor susceptible de ser adoptado y prestar la asistencia suficiente para que la adopci髇 se pueda llevar a cabo.

  2. La funci髇 de intermediaci髇 en la adopci髇 internacional podr� efectuarse por las entidades P鷅licas directamente con las autoridades centrales en los pa韘es de origen de los menores que hayan ratificado el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, siempre que en la fase de tramitaci髇 administrativa en el pa韘 de origen no intervenga persona f韘ica o jur韉ica u organismo que no haya sido debidamente acreditado.

  La funci髇 de intermediaci髇 en la adopci髇 internacional podr� efectuarse por los organismos debidamente acreditados.

  Ninguna otra persona o entidad podr� intervenir en funciones de intermediaci髇 para adopciones internacionales.

  No obstante, la Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Entidades P鷅licas, podr� establecer que, con respecto a un determinado Estado, 鷑icamente se tramiten ofrecimientos de adopci髇 internacional a trav閟 de organismos acreditados o autorizados por las autoridades de ambos Estados.

  3. Las funciones que deben realizar los organismos acreditados para la intermediaci髇 ser醤 las siguientes:

  • a) Informaci髇 a los interesados en materia de adopci髇 internacional.
  • b) Asesoramiento, formaci髇 y apoyo a las personas que se ofrecen para la adopci髇 en el significado e implicaciones de la adopci髇, en los aspectos culturales relevantes y en los tr醡ites que necesariamente deben realizar en Espa馻 y en los pa韘es de origen de los menores.
  • c) Intervenci髇 en la tramitaci髇 de expedientes de adopci髇 ante las autoridades competentes, tanto espa駉las como extranjeras.
  • d) Intervenci髇 en la tramitaci髇 y realizaci髇 de las gestiones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones postadoptivas establecidas para los adoptantes en la legislaci髇 del pa韘 de origen del menor adoptado, que les ser醤 encomendadas en los t閞minos fijados por la Entidad P鷅lica espa駉la donde resida la familia que se ofrece para la adopci髇.

  4. Los organismos acreditados intervendr醤 en los t閞minos y con las condiciones establecidas en esta ley y en las normas de las comunidades aut髇omas.

  5. Los organismos acreditados podr醤 establecer entre ellos acuerdos de cooperaci髇 para solventar situaciones sobrevenidas o para un mejor cumplimiento de sus fines.

  6. En las adopciones internacionales nunca podr醤 producirse beneficios financieros distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir estrictamente los gastos necesarios de la intermediaci髇 y aprobados por la Administraci髇 General del Estado y por las Entidades P鷅licas.�

  
• Ocho. Se modifica el art韈ulo 7, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 7 Acreditaci髇, seguimiento y control de los organismos acreditados

  1. S髄o podr醤 ser acreditadas para la adopci髇 internacional las entidades sin 醤imo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en sus estatutos la protecci髇 de menores, dispongan en territorio nacional de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y est閚 dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral, por su formaci髇 y por su experiencia en el 醡bito de la adopci髇 internacional.

  2. Competer� a la Administraci髇 General del Estado, en los t閞minos y con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la acreditaci髇 de los organismos anteriormente referenciados, previo informe de la Entidad P鷅lica en cuyo territorio tengan su sede, as� como su control y seguimiento respecto a las actividades de intermediaci髇 que vayan a desarrollar en el pa韘 de origen de los menores.

  En la Administraci髇 General del Estado existir� un registro p鷅lico nacional espec韋ico de organismos acreditados, cuyo funcionamiento ser� objeto de desarrollo reglamentario.

  3. El control, inspecci髇 y seguimiento de estos organismos con respecto a las actividades que se vayan a desarrollar en el territorio de cada comunidad aut髇oma corresponder� a la Entidad P鷅lica competente en cada una de ellas, de acuerdo con la normativa auton髆ica aplicable.

  Las Entidades P鷅licas competentes procurar醤 la mayor homogeneidad posible en los requisitos b醩icos para la realizaci髇 de esa actividad de control, inspecci髇 y seguimiento.

  4. Los organismos acreditados designar醤 a la persona que actuar� como su representante y de las familias ante la autoridad del pa韘 de origen del menor. Los profesionales empleados por los organismos acreditados en los pa韘es de origen de los menores se considerar醤 personal adscrito al organismo, que ser� responsable de los actos de dichos profesionales en el ejercicio de sus funciones de intermediaci髇. Estos profesionales deber醤 ser evaluados por la Administraci髇 General del Estado, previa informaci髇 de las Entidades P鷅licas.

  5. En el supuesto de que el pa韘 extranjero para el que se prev� la autorizaci髇 fije un n鷐ero limitado de organismos acreditados, la Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Entidades P鷅licas y con las autoridades de dicho pa韘, determinar� cu醠es son los organismos que deben ser acreditados para actuar en el mismo.

  Si alg鷑 pa韘 de origen de menores susceptibles de adopci髇 estableciera un l韒ite en el n鷐ero de expedientes a tramitar por cada organismo acreditado y resultase que alguno de ellos con cupo asignado no tuviera expedientes que tramitar en dicho pa韘, los mismos podr醤 tramitar, previa autorizaci髇 de la Administraci髇 General del Estado en colaboraci髇 con las Entidades P鷅licas y con el consentimiento de las personas que se ofrecen para la adopci髇, expedientes que estuvieran tramit醤dose por otros organismos acreditados.

  6. La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas, podr� establecer un n鷐ero m醲imo de organismos acreditados para intermediaci髇 en un pa韘 concreto, en funci髇 de las necesidades de adopci髇 internacional en ese pa韘, las adopciones constituidas u otras cuestiones sobre la previsi髇 de posibilidades de adopci髇 internacional en el mismo.

  7. La Administraci髇 General de Estado, a iniciativa propia o a propuesta de las Entidades P鷅licas en su 醡bito territorial, podr� suspender o retirar, mediante expediente contradictorio, la acreditaci髇 concedida a aquellos organismos que dejen de cumplir las condiciones que motivaron su concesi髇 o que infrinjan en su actuaci髇 el ordenamiento jur韉ico. Esta suspensi髇 o retirada de la acreditaci髇 podr� tener lugar con car醕ter general para todos los pa韘es autorizados o s髄o para alg鷑 pa韘 concreto. En estos casos se podr� determinar, si procede, la necesaria finalizaci髇 de los expedientes pendientes por parte del organismo acreditado objeto de p閞dida de habilitaci髇.

  8. Para el seguimiento y control de los organismos acreditados se establecer� la correspondiente coordinaci髇 de la Administraci髇 General del Estado con las Entidades P鷅licas.

  9. Los organismos acreditados facilitar醤 a la Administraci髇 General del Estado informaci髇 estad韘tica sobre la tramitaci髇 de expedientes de adopci髇 internacional.

  10. La Administraci髇 General del Estado ejercer� las competencias previstas en los apartados 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente art韈ulo, en los t閞minos y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.�

  
• Nueve. Se modifica el art韈ulo 8, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 8 Relaci髇 de las personas que se ofrecen para la adopci髇 y los organismos acreditados

  1. Las personas que se ofrecen para la adopci髇 podr醤 contratar los servicios de intermediaci髇 de cualquier organismo que se encuentre acreditado por la Administraci髇 General del Estado.

  2. El organismo y las personas que se ofrecen para la adopci髇 formalizar醤 un contrato referido exclusivamente a las funciones de intermediaci髇 que aqu閘la asume con respecto a la tramitaci髇 del ofrecimiento de adopci髇.

  El modelo b醩ico de contrato ha de ser previamente homologado por la Administraci髇 General del Estado y las Entidades P鷅licas, en la forma en que se determine reglamentariamente.

  3. Para el exclusivo cumplimiento de las competencias establecidas en los art韈ulos 5.1.j) y 7.2, la Administraci髇 General del Estado y las Entidades P鷅licas llevar醤 un registro de las reclamaciones y de incidencias sobre procesos de adopci髇 internacional, cuyo funcionamiento ser� objeto de desarrollo reglamentario.

  4. Los organismos acreditados deber醤 llevar un registro 鷑ico de procedimientos de adopci髇 en el que figuren todas aquellas personas que se ofrecen para la adopci髇 para cuya tramitaci髇 tengan firmado un contrato, independientemente de cual sea la comunidad aut髇oma de residencia.�

  
• Diez. Se modifica el art韈ulo 9, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 9 Comunicaci髇 entre autoridades competentes espa駉las y autoridades competentes de otros Estados

  La comunicaci髇 entre las autoridades centrales espa駉las competentes y las autoridades competentes de otros Estados se coordinar� de acuerdo con lo previsto en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, aunque no sean parte del mismo.�

  
• Once. Se modifica el art韈ulo 10, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 10 Idoneidad de los adoptantes

  1. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivaci髇 adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopci髇.

  2. A tal efecto, la declaraci髇 de idoneidad requerir� una valoraci髇 psicosocial sobre la situaci髇 personal, familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la adopci髇, su capacidad para establecer v韓culos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en funci髇 de sus particulares circunstancias, as� como cualquier otro elemento 鷗il relacionado con la singularidad de la adopci髇 internacional. Asimismo, en dicha valoraci髇 psicosocial se deber� escuchar a los hijos de quienes se ofrecen para la adopci髇, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 9 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  Las Entidades P鷅licas procurar醤 la necesaria coordinaci髇 con el fin de homogeneizar los criterios de valoraci髇 de la idoneidad.

  3. La declaraci髇 de idoneidad y los informes psicosociales referentes a la misma tendr醤 una vigencia m醲ima de tres a駉s desde la fecha de su emisi髇 por la Entidad P鷅lica, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la situaci髇 personal y familiar de las personas que se ofrecen para la adopci髇 que dieron lugar a dicha declaraci髇, sujeta a las condiciones y a las limitaciones establecidas, en su caso, en la legislaci髇 auton髆ica aplicable en cada supuesto.

  4. Corresponde a las Entidades P鷅licas la declaraci髇 de idoneidad de las personas que se ofrecen para la adopci髇 a partir de la valoraci髇 psicosocial a la que se refiere el apartado 2, que estar� sujeta a las condiciones, requisitos y limitaciones establecidos en la legislaci髇 correspondiente.

  5. Las personas que se ofrecen para la adopci髇 podr醤 ser valoradas y, si corresponde, ser declaradas id髇eas simult醤eamente para la adopci髇 nacional y la adopci髇 internacional, siendo compatible la tramitaci髇 de su ofrecimiento para los dos 醡bitos.�

  
• Doce. Se modifica el art韈ulo 11, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 11 Obligaciones preadoptivas y postadoptivas de los adoptantes

  1. Las personas que se ofrecen para la adopci髇 deben asistir a las sesiones informativas y de preparaci髇 organizadas por la Entidad P鷅lica o por el organismo acreditado con car醕ter previo y obligatorio a la solicitud de la declaraci髇 de idoneidad.

  2. Los adoptantes deber醤 facilitar, en el tiempo previsto, la informaci髇, documentaci髇 y entrevistas que la Entidad P鷅lica, organismo acreditado o entidad autorizada precisen para la elaboraci髇 de los informes de seguimiento postadoptivo exigidos por la Entidad P鷅lica o por la autoridad competente del pa韘 de origen. La no colaboraci髇 de los adoptantes en esta fase podr� dar lugar a sanciones administrativas previstas en la legislaci髇 auton髆ica y podr� ser considerada causa de no idoneidad en un proceso posterior de adopci髇.

  3. Los adoptantes deber醤 cumplir en el tiempo previsto los tr醡ites postadoptivos establecidos por la legislaci髇 del pa韘 de origen del menor adoptado, recibiendo para ello la ayuda y asesoramiento preciso por parte de las Entidades P鷅licas y los organismos acreditados.�

  
• Trece. Se modifica el art韈ulo 12, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 12 Derecho a conocer los or韌enes biol骻icos

  Las personas adoptadas, alcanzada la mayor韆 de edad o durante su minor韆 de edad a trav閟 de sus representantes legales, tendr醤 derecho a conocer los datos que sobre sus or韌enes obren en poder de las Entidades P鷅licas, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la legislaci髇 de los pa韘es de procedencia de los menores. Este derecho se har� efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediaci髇 de los servicios especializados de la Entidad P鷅lica, los organismos acreditados o entidades autorizadas para tal fin.

  Las Entidades P鷅licas competentes asegurar醤 la conservaci髇 de la informaci髇 de que dispongan relativa a los or韌enes del ni駉, en particular la informaci髇 respecto a la identidad de sus progenitores, as� como la historia m閐ica del ni駉 y de su familia.

  Los organismos acreditados que hubieran intermediado en la adopci髇 deber醤 informar a las Entidades P鷅licas de los datos de los que dispongan sobre los or韌enes del menor.�

  
• Catorce. Se modifica el art韈ulo 13, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 13 Protecci髇 de datos de car醕ter personal

  1. El tratamiento y la cesi髇 de datos derivados del cumplimiento de las previsiones de la presente ley se encontrar醤 sometidos a lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal.

  2. Los datos obtenidos por las Entidades P鷅licas o por los organismos acreditados 鷑icamente podr醤 ser tratados para las finalidades relacionadas con el desarrollo, en cada caso, de las funciones descritas para cada una de ellas en los art韈ulos 5 y 6.3 de la presente ley.

  3. La transferencia internacional de los datos a autoridades extranjeras de adopci髇 鷑icamente se efectuar� en los supuestos expresamente previstos en esta ley y en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional y dem醩 legislaci髇 internacional.�

  
• Quince. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 14, que queda redactado como sigue:

  �2. La nacionalidad espa駉la y la residencia habitual en Espa馻 se apreciar醤, en todo caso, en el momento de la presentaci髇 del ofrecimiento para la adopci髇 a la Entidad P鷅lica.�

  
• Diecis閕s. Se modifica la r鷅rica del art韈ulo 15, se suprime su apartado 3 y se reenumera el apartado 4 que pasa a ser el 3, quedando redactados como sigue:

  獳rt韈ulo 15 Competencia judicial internacional para la declaraci髇 de nulidad o conversi髇 en adopci髇 plena de una adopci髇 no plena en supuestos internacionales

  �3. A efectos de lo establecido en esta ley, se entender� por adopci髇 simple o no plena aquella constituida por autoridad extranjera competente cuyos efectos no se correspondan sustancialmente con los previstos para la adopci髇 en la legislaci髇 espa駉la.�

  
• Diecisiete. Se modifica el art韈ulo 17, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 17 Competencia de los c髇sules en la constituci髇 de adopciones internacionales

  1. Siempre que el Estado local no se oponga a ello ni lo proh韇a su legislaci髇, de conformidad con los Tratados internacionales y otras normas internacionales de aplicaci髇, los C髇sules podr醤 constituir adopciones en el caso de que el adoptante sea espa駉l, el adoptando tenga su residencia habitual en la demarcaci髇 consular correspondiente y no sea necesaria la propuesta previa de la Entidad P鷅lica de acuerdo con lo establecido en las circunstancias 1.�, 2.� y 4.� del art韈ulo 176.2 del C骴igo Civil. La nacionalidad del adoptante y la residencia habitual del adoptando se determinar醤 en el momento de inicio del expediente de adopci髇.

  2. En la tramitaci髇 y resoluci髇 de este expediente de adopci髇 ser� de aplicaci髇 la legislaci髇 sobre jurisdicci髇 voluntaria.�

  
• Dieciocho. Se suprime la divisi髇 por secciones del cap韙ulo II del t韙ulo II.
• Diecinueve. Se modifica el art韈ulo 18, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 18 Ley aplicable a la constituci髇 de la adopci髇

  La constituci髇 de la adopci髇 por la autoridad competente espa駉la se regir� por lo dispuesto en la ley material espa駉la en los siguientes casos:

  • a) Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en Espa馻 en el momento de constituci髇 de la adopci髇.
  • b) Cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a Espa馻 con la finalidad de establecer su residencia habitual en Espa馻.�
• Veinte. Se a馻de un apartado 4 en el art韈ulo 19, que queda redactado como sigue:

  �4. En el caso de menores cuya ley nacional proh韇a o no contemple la adopci髇 se denegar� la constituci髇 de la adopci髇, excepto cuando el menor se encuentre en situaci髇 de desamparo y tutelado por la Entidad P鷅lica.�

• Veintiuno. Se suprime el art韈ulo 21.
• Veintid髎. Se modifica el art韈ulo 22, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 22 Ley aplicable a la conversi髇 y nulidad de la adopci髇

  La ley aplicable a la conversi髇 de la adopci髇 no plena en plena y a la nulidad de la adopci髇 ser� la aplicada para su constituci髇.�

• Veintitr閟. Se modifica el art韈ulo 24, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 24 Cooperaci髇 internacional de autoridades

  Cuando la autoridad extranjera que va a constituir la adopci髇, siendo el adoptante espa駉l y residente en dicho pa韘, solicite informaci髇 sobre 閘 a las autoridades espa駉las, el C髇sul podr� recabarla de las autoridades del 鷏timo lugar de residencia en Espa馻, o facilitar la informaci髇 que obre en poder del Consulado o pueda obtener por otros medios.�

• Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 26, que queda redactado como sigue:

  �1. En defecto de Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espa馻 que resulten aplicables, la adopci髇 constituida por autoridades extranjeras ser� reconocida en Espa馻 como adopci髇 si se cumplen los siguientes requisitos:

  • 1.� Que haya sido constituida por autoridad extranjera competente. Se considerar� que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta v韓culos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido. Se presumir�, en todo caso, que son competentes aplicando de forma rec韕roca las normas de competencia previstas en el art韈ulo 14 de esta Ley.
  • 2.� Que la adopci髇 no vulnere el orden p鷅lico.

  A estos efectos se considerar� que vulneran el orden p鷅lico espa駉l aquellas adopciones en cuya constituci髇 no se ha respetado el inter閟 superior del menor, en particular cuando se ha prescindido de los consentimientos y audiencias necesarios, o cuando se constate que no fueron informados y libres o se obtuvieron mediante pago o compensaci髇.�

  
• Veinticinco. Se modifica el art韈ulo 27, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 27 Control de la validez de la adopci髇 constituida por autoridad extranjera

  La autoridad p鷅lica espa駉la ante la que se suscite la validez de una adopci髇 constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el que se inste la inscripci髇 de la adopci髇 constituida en el extranjero para su reconocimiento en Espa馻, controlar�, incidentalmente, la validez de dicha adopci髇 en Espa馻 con arreglo a las normas contenidas en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci髇 del ni駉 y a la cooperaci髇 en materia de adopci髇 internacional, a trav閟 de la presentaci髇 del certificado de conformidad con lo previsto en su art韈ulo 23 y de que no se ha incurrido en la causa de no reconocimiento prevista en el art韈ulo 24 de dicho Convenio.

  En los casos de menores que provengan de pa韘es no signatarios del mismo, el Encargado del Registro Civil realizar� dicho control incidental verificando si la adopci髇 re鷑e las condiciones de reconocimiento previstas en los art韈ulos 5.1.e), 5.1.f) y 26.�

  
• Veintis閕s. Se modifica el art韈ulo 28, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 28 Requisitos para la validez en Espa馻 de decisiones extranjeras de conversi髇 o nulidad de una adopci髇

  Las decisiones de la autoridad p鷅lica extranjera en cuya virtud se establezca la conversi髇 o nulidad de una adopci髇 surtir醤 efectos legales en Espa馻 con arreglo a las exigencias recogidas en el art韈ulo 26.�

  
• Veintisiete. Se modifica el art韈ulo 29, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 29 Inscripci髇 de la adopci髇 en el Registro Civil

  Cuando la adopci髇 internacional se haya constituido en el extranjero y los adoptantes tengan su residencia habitual en Espa馻 deber醤 solicitar la inscripci髇 de nacimiento del menor y de adopci髇 conforme a las normas contenidas en la Ley de Registro Civil para que la adopci髇 se reconozca en Espa馻.�

  
• Veintiocho. Se modifica el art韈ulo 30, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 30 Adopci髇 simple o no plena legalmente constituida por autoridad extranjera

  1. La adopci髇 simple o no plena constituida por autoridad extranjera surtir� efectos en Espa馻, como adopci髇 simple o no plena, si se ajusta a la ley designada por el art韈ulo 9.4 del C骴igo Civil.

  2. La ley designada por el art韈ulo 9.4 del C骴igo Civil determinar� la existencia, validez y efectos de tales adopciones, as� como la atribuci髇 de la patria potestad.

  3. La adopci髇 simple o no plena no ser� objeto de inscripci髇 en el Registro Civil espa駉l como adopci髇 ni comportar� la adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la con arreglo al art韈ulo 19 del C骴igo Civil.

  4. La adopci髇 simple o no plena constituida por autoridad extranjera competente podr� ser convertida en la adopci髇 regulada por el Derecho espa駉l cuando se den los requisitos previstos para ello, a trav閟 de un expediente de jurisdicci髇 voluntaria. La conversi髇 se regir� por la ley determinada con arreglo a la ley de su constituci髇.

  Para instar el correspondiente expediente judicial no ser� necesaria la propuesta previa de la Entidad P鷅lica competente.

  En todo caso, para la conversi髇 de una adopci髇 simple o no plena en una adopci髇 plena el Juez competente deber� examinar la concurrencia de los siguientes extremos:

  • a) Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopci髇 hayan sido convenientemente asesoradas e informadas sobre las consecuencias de su consentimiento, sobre los efectos de la adopci髇 y, en concreto, sobre la extinci髇 de los v韓culos jur韉icos entre el menor y su familia de origen.
  • b) Que tales personas hayan manifestado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento haya sido prestado por escrito.
  • c) Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o compensaci髇 de clase alguna y que tales consentimientos no hayan sido revocados.
  • d) Que el consentimiento de la madre, cuando se exija, se haya prestado tras el nacimiento del menor.
  • e) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, 閟te haya sido convenientemente asesorado e informado sobre los efectos de la adopci髇 y, cuando se exija, de su consentimiento a la misma.
  • f) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, 閟te haya sido o韉o.
  • g) Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopci髇, se examine que 閟te lo manifest� libremente, en la forma y con las formalidades legalmente previstas, y sin que haya mediado precio o compensaci髇 de ninguna clase.�
  
• Veintinueve. Se modifica el art韈ulo 31, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 31 Orden p鷅lico internacional

  En ning鷑 caso proceder� el reconocimiento de una decisi髇 extranjera de adopci髇 simple o no plena si produce efectos manifiestamente contrarios al orden p鷅lico internacional espa駉l. A tal efecto, se tendr� en cuenta el inter閟 superior del menor.�

  
• Treinta. Se modifica el art韈ulo 32, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 32 Competencia para la constituci髇 de otras medidas de protecci髇 de menores

  La competencia para la constituci髇 de las dem醩 medidas de protecci髇 de menores se regir� por los criterios recogidos en los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espa馻, en particular por el Reglamento (CE) n.^o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s.�

  
• Treinta y uno. Se modifica el art韈ulo 33, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 33 Ley aplicable a otras medidas de protecci髇 de menores

  La ley aplicable a las dem醩 medidas de protecci髇 de los menores se determinar� con arreglo a los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espa馻, en particular por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s.�

  
• Treinta y dos. Se modifica el art韈ulo 34, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 34 Efectos legales en Espa馻 de las decisiones relativas a instituciones de protecci髇 de menores que no produzcan v韓culos de filiaci髇 acordadas por autoridades extranjeras

  1. Las instituciones de protecci髇 de menores constituidas por autoridad extranjera y que, seg鷑 la ley de su constituci髇, no determinen ning鷑 v韓culo de filiaci髇 se equiparar醤 al acogimiento familiar o, en su caso, a una tutela, regulados en el derecho espa駉l, si concurren los requisitos siguientes:

  • 1.� Que los efectos sustanciales de la instituci髇 extranjera sean equivalentes a los del acogimiento familiar o, en su caso, a los de una tutela, previstos por la ley espa駉la.
  • 2.� Que las instituciones de protecci髇 hayan sido acordadas por autoridad extranjera competente, sea judicial o administrativa. Se considerar� que la autoridad extranjera que constituy� la medida de protecci髇 era internacionalmente competente si el supuesto presenta v韓culos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido.
    
    No obstante lo establecido en la regla anterior, en el caso de que la instituci髇 de protecci髇 no presentare conexiones razonables de origen, de antecedentes familiares o de otros 髍denes similares con el pa韘 cuya autoridad ha constituido esa instituci髇 se estimar� que la autoridad extranjera carec韆 de competencia internacional.
  • 3.� Que los efectos de la instituci髇 de protecci髇 extranjera no vulneren el orden p鷅lico espa駉l atendiendo al inter閟 superior del menor.
  • 4.� Que el documento en el que consta la instituci髇 constituida ante autoridad extranjera re鷑a los requisitos formales de autenticidad consistentes en la legalizaci髇 o apostilla y en la traducci髇 al idioma espa駉l oficial. Se except鷄n los documentos eximidos de legalizaci髇 o traducci髇 en virtud de otras normas vigentes.

  2. La autoridad p鷅lica espa駉la ante la que se suscite la cuesti髇 de la validez de una medida de protecci髇 constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el que se inste la anotaci髇 de la medida de protecci髇 constituida en el extranjero para su reconocimiento en Espa馻, controlar�, incidentalmente, la validez de dicha medida en Espa馻 con arreglo a este art韈ulo.�

  

Art韈ulo cuarto Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se incluye un nuevo ordinal 3.� en el apartado 2 del art韈ulo 76 y se modifica el 鷏timo p醨rafo de dicho apartado, con la siguiente redacci髇:

  �3.� Cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposici髇 a resoluciones administrativas en materia de protecci髇 de un mismo menor, tramitados conforme al art韈ulo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista.

  En todo caso, en los lugares donde hubiere m醩 de un Juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, en los casos de los n鷐eros 1.� y 2.�, o en materia civil, en el caso del n鷐ero 3.�, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartir醤 al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.�

  
• Dos. Se modifica la circunstancia 1.� del apartado 1 del art韈ulo 525, que queda redactada como sigue:

  �1.� Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiaci髇, nulidad de matrimonio, separaci髇 y divorcio, oposici髇 a las resoluciones administrativas en materia de protecci髇 de menores, capacidad y estado civil y derechos honor韋icos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.�

  
• Tres. Se modifica el art韈ulo 779, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 779 Car醕ter preferente del procedimiento. Competencia

  Los procedimientos en los que se sustancie la oposici髇 a las resoluciones administrativas en materia de protecci髇 de menores tendr醤 car醕ter preferente.

  Ser� competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Entidad P鷅lica y, en su defecto o en los supuestos de los art韈ulos 179 y 180 del C骴igo Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.�

  
• Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 y se a馻de un apartado 5 al art韈ulo 780, que quedan redactados como sigue:

  �1. No ser� necesaria reclamaci髇 previa en v韆 administrativa para formular oposici髇, ante los Tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de protecci髇 de menores. La oposici髇 a las mismas podr� formularse en el plazo de dos meses desde su notificaci髇.

  Estar醤 legitimados para formular oposici髇 a las resoluciones administrativas en materia de protecci髇 de menores, siempre que tengan inter閟 leg韙imo y directo en tal resoluci髇, los menores afectados por la resoluci髇, los progenitores, tutores, acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimaci髇. Aunque no fueran actores podr醤 personarse en cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.

  Los menores tendr醤 derecho a ser parte y a ser o韉os en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor. Ejercitar醤 sus pretensiones en relaci髇 a las resoluciones administrativas que les afecten a trav閟 de sus representantes legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a trav閟 de la persona que se designe como su defensor para que les represente.

  2. El proceso de oposici髇 a una resoluci髇 administrativa en materia de protecci髇 de menores se iniciar� mediante la presentaci髇 de un escrito inicial en el que el actor sucintamente expresar� la pretensi髇 y la resoluci髇 a que se opone.

  En el escrito consignar� expresamente la fecha de notificaci髇 de la resoluci髇 administrativa y manifestar� si existen procedimientos relativos a ese menor.�

  �5. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento de la existencia de m醩 de un procedimiento de oposici髇 a resoluciones administrativas relativas a la protecci髇 de un mismo menor, pedir醤 los primeros y dispondr� el segundo, incluso de oficio, la acumulaci髇 ante el Juzgado que estuviera conociendo del procedimiento m醩 antiguo.

  Acordada la acumulaci髇, se proceder� seg鷑 dispone el art韈ulo 84, con la especialidad de que no se suspender� la vista que ya estuviera se馻lada si fuera posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el se馻lamiento. En caso contrario, el Secretario Judicial acordar� la suspensi髇 del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo se馻lamiento para todos con car醕ter preferente y, en todo caso, dentro de los diez d韆s siguientes.

  Contra el auto que deniegue la acumulaci髇 podr醤 interponerse los recursos de reposici髇 y apelaci髇 sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la acumulaci髇 no se dar� recurso alguno.�

  
• Cinco. Se modifica el art韈ulo 781, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 781 Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopci髇

  1. Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la adopci髇 podr醤 comparecer ante el Tribunal que est� conociendo del correspondiente expediente de adopci髇 y manifestarlo as�. El Secretario Judicial, con suspensi髇 del expediente, otorgar� el plazo de quince d韆s para la presentaci髇 de la demanda, para cuyo conocimiento ser� competente el mismo Tribunal.

  2. Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario Judicial dictar� decreto dando por finalizado el tr醡ite y alzando la suspensi髇 del expediente de adopci髇, que continuar� tramit醤dose de conformidad con lo establecido en la legislaci髇 de jurisdicci髇 voluntaria. El decreto ser� recurrible directamente en revisi髇 ante el Tribunal. Firme dicha resoluci髇, no se admitir� ninguna reclamaci髇 posterior de los mismos sujetos sobre la necesidad de asentimiento para la adopci髇 de que se trate.

  3. Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario Judicial dictar� decreto declarando contencioso el expediente de adopci髇 y acordar� la tramitaci髇 de la demanda presentada en el mismo procedimiento, como pieza separada, con arreglo a lo previsto en el art韈ulo 753.

  Una vez firme la resoluci髇 que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del asentimiento de los progenitores del adoptando, el Secretario Judicial acordar� la citaci髇 ante el Juez de las personas indicadas en el art韈ulo 177 del C骴igo Civil que deban prestar el consentimiento o el asentimiento a la adopci髇 as� como ser o韉os, y que todav韆 no lo hayan hecho, debiendo resolver a continuaci髇 sobre la adopci髇.

  Las citaciones se efectuaran de conformidad con las normas establecidas en la Ley de Jurisdicci髇 Voluntaria para tales supuestos.

  El auto que ponga fin al procedimiento ser� susceptible de recurso de apelaci髇, que tendr� efectos suspensivos.

  El testimonio de la resoluci髇 firme en la que se acuerde la adopci髇 se remitir� al Registro Civil, para que se practique su inscripci髇.�

  

Disposici髇 adicional primera Utilizaci髇 de la expresi髇 獷ntidad P鷅lica�

Se utilizar� en los textos legales la expresi髇 獷ntidad P鷅lica� referida a la Entidad P鷅lica de protecci髇 de menores competente territorialmente.

Disposici髇 adicional segunda Referencias al acogimiento preadoptivo y al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopci髇 Internacional

Todas las referencias que en las leyes y dem醩 disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deber醤 entenderse hechas a la delegaci髇 de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el art韈ulo 176 bis del C骴igo Civil. Las que se realizasen al acogimiento simple deber醤 entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el art韈ulo 173 bis del C骴igo Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopci髇 internacional se entender醤 hechas a los organismos acreditados para la adopci髇 internacional.

Disposici髇 adicional tercera Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad

El Gobierno promover� con las Comunidades Aut髇omas el establecimiento de criterios comunes y m韓imos est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicaci髇 de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a:

• 1. Composici髇, n鷐ero y titulaci髇 de los equipos profesionales de la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores competente territorialmente que deben intervenir en situaciones tales como: riesgo y desamparo de menores, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los j髒enes que est閚 bajo una medida de protecci髇, procesos de acogimiento y adopci髇.V閍se el apartado 1.� de la Res. 12 mayo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia (獴.O.E.� 27 mayo).
• 2. Elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: valoraci髇 de la aptitud educadora de las familias; compensaci髇 econ髆ica, para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atenci髇 a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad; medidas de fomento y apoyo al acogimiento familiar; campa馻s informativas; fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
• 3. Elementos esenciales en los procedimientos de adopci髇 relativos a: preparaci髇 preadoptiva; declaraci髇 de idoneidad; concepto de menores 玞on necesidades especiales�; acreditaci髇 de organismos Acreditados para la adopci髇 internacional; campa馻s informativas, con especial atenci髇 a las enfocadas a la adopci髇 de menores con necesidades especiales.
• 4. Est醤dares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci髇 de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organizaci髇 y funcionamiento tienda a seguir patrones de organizaci髇 familiar. Incorporaci髇 de modelos de excelencia en la gesti髇.
• 5. Est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci髇 de los puntos de encuentro familiar.
• 6. Atenci髇 integral a j髒enes ex tutelados: formaci髇 en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonom韆 personal y social al cumplir los 18 a駉s de edad; garant韆 de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formaci髇 para el empleo, que facilite o priorice su participaci髇 en ofertas de empleo como medida de discriminaci髇.

Disposici髇 adicional cuarta R間imen jur韉ico de los centros espec韋icos de protecci髇 de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades p鷅licas competentes

A los centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta de las entidades privadas colaboradoras de las entidades p鷅licas competentes donde est閚 previstas la utilizaci髇 de medidas de seguridad y de restricci髇 de libertades o derechos fundamentales les ser� de aplicaci髇 lo previsto en el t韙ulo II, cap韙ulo IV de la Ley Org醤ica de Protecci髇 Jur韉ica del Menor.

Estos centros privados deber醤 contar con la autorizaci髇 administrativa para su funcionamiento emitida por la Entidad P鷅lica competente en materia de protecci髇 a las personas menores de edad, y sujetos a su r間imen de inspecci髇 y, en su caso, sanci髇 administrativa.

Disposici髇 adicional quinta Mecanismo interterritorial de asignaciones

Las Administraciones P鷅licas realizar醤 las actuaciones necesarias para establecer un mecanismo eficaz que permita la asignaci髇 a familias adecuadas de aquellos menores con un perfil determinado en cuya Comunidad Aut髇oma no existan ofrecimientos de familias para acogimientos o, en su caso, adopciones.

Disposici髇 adicional sexta Equiparaci髇 de reg韒enes jur韉icos en materia de acogimiento

A los efectos de las normas y leyes existentes con anterioridad a la presente ley y de las legislaciones correspondientes de las Comunidades Aut髇omas con C骴igo Civil propio o con leyes civiles que lo regulen, se equipara la situaci髇 de acogimiento familiar temporal con acogimiento familiar simple, y la situaci髇 de guarda con fines de adopci髇 con el acogimiento preadoptivo.

Disposici髇 adicional s閜tima Planes espec韋icos de protecci髇 para los menores

Las Administraciones P鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deber醤 aprobar planes espec韋icos de protecci髇 para los menores de seis a駉s en los que se recojan medidas concretas de fomento del acogimiento familiar de los mismos.

Disposici髇 transitoria primera Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados

Los procedimientos y expedientes judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitaci髇 se continuar醤 tramitando conforme a la legislaci髇 procesal vigente en el momento del inicio del procedimiento o expediente judicial.

Disposici髇 transitoria segunda Cese de los acogimientos constituidos judicialmente

Los acogimientos constituidos judicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podr醤 cesar por resoluci髇 de la Entidad P鷅lica sin necesidad de resoluci髇 judicial.

Disposici髇 transitoria tercera Normativa aplicable a los expedientes de adopci髇 internacional ya iniciados; y vigencia de la acreditaci髇 de los organismos acreditados

1. Los expedientes de adopci髇 internacional de menores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitaci髇 se continuar醤 tramitando conforme a la legislaci髇 vigente en el momento del inicio del expediente.

2. Los organismos acreditados para intermediar en la adopci髇 internacional que tengan la acreditaci髇 en la fecha de entrada en vigor de esta ley, la mantendr醤 vigente hasta su caducidad o en tanto se produce una nueva acreditaci髇 o autorizaci髇, en su caso, en los t閞minos previstos en esta ley.

Disposici髇 transitoria cuarta Certificaci髇 de antecedentes penales

Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 13 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ser� emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.

Disposici髇 transitoria quinta Extensi髇 de los beneficios relativos a los derechos de matriculaci髇 y examen en el 醡bito de la educaci髇 a los t韙ulos de familia numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015

La modificaci髇 del art韈ulo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las FamiamiliNs numerosas, prevista en la disposici髇 final quinta, ser� aplicable, a los exclusivos efectos de acceder a los beneficios en el 醡bito de la educaci髇 relativos a los derechos de matriculaci髇 y examen previstos en el art韈ulo 12.2.a) de la citada ley, a los t韙ulos de familia numerosa que estuvieran en vigor a 1 de enero de 2015.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 de normas

Se deroga la disposici髇 adicional 鷑ica de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci髇 Internacional.

Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa

Se modifica el apartado 6 del art韈ulo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa, que queda redactado como sigue:

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica

Se modifican los apartados 3, 4 y 5 y se a馻den los apartados 6 y 7 al art韈ulo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, que quedan redactados como sigue:

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

Se modifica la letra f) del apartado 3 del art韈ulo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactado como sigue:

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico

...

Disposici髇 final quinta Modificaci髇 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas

Uno. Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue:

Dos. Se modifica el art韈ulo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue:

Tres. Se a馻de una disposici髇 adicional en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas, con el siguiente texto:

Cuatro. El Gobierno remitir� a las Cortes Generales, en el plazo m醩 breve posible, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes y servicios p鷅licos, contribuyendo a la redistribuci髇 de la renta y la riqueza de las familias.

Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇

La Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 84, que queda redactado como sigue:

  �2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisi髇 se regir� por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per c醦ita de la unidad familiar y condici髇 legal de familia numerosa, situaci髇 de acogimiento familiar del alumno o la alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga car醕ter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este art韈ulo.

  No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especializaci髇 curricular por las Administraciones educativas, o que participen en una acci髇 destinada a fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el art韈ulo 122 bis, podr醤 reservar al criterio del rendimiento acad閙ico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la puntuaci髇 asignada a las solicitudes de admisi髇 a ense馻nzas postobligatorias. Dicho porcentaje podr� reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesi髇 del sistema.�

  
• Dos. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 87, que queda redactado como sigue:

  �2. Para facilitar la escolarizaci髇 y garantizar el derecho a la educaci髇 del alumnado con necesidad espec韋ica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deber醤 reservarle hasta el final del per韔do de preinscripci髇 y matr韈ula una parte de las plazas de los centros p鷅licos y privados concertados.

  Asimismo, podr醤 autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del n鷐ero m醲imo de alumnos y alumnas por aula en los centros p鷅licos y privados concertados de una misma 醨ea de escolarizaci髇, bien para atender necesidades inmediatas de escolarizaci髇 del alumnado de incorporaci髇 tard韆, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en per韔do de escolarizaci髇 extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.�

  

Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa

Uno. El apartado sesenta del art韈ulo 鷑ico de la Ley Org醤ica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa queda modificado del modo que el primer p醨rafo del apartado 2 del art韈ulo 84 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, tendr� el siguiente contenido:

Dos. El apartado sesenta (sic) del art韈ulo 鷑ico de la Ley Org醤ica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa queda modificado del modo que el apartado 2 del art韈ulo 87 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, tendr� el siguiente contenido:

Disposici髇 final octava Modificaci髇 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo

Se introduce un nuevo apartado 4 ter en el art韈ulo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo en los siguientes t閞minos:

Disposici髇 final novena Modificaci髇 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia

Se a馻de un nuevo apartado 8 al art韈ulo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, con la siguiente redacci髇:

Disposici髇 final d閏ima Modificaci髇 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado como sigue:

• Uno. Se a馻de un nuevo art韈ulo 179 ter con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 179 ter Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia

  1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, no podr� tener la condici髇 de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v韈tima fuera el sujeto causante de la prestaci髇.

  2. La Entidad Gestora podr� revisar, por s� misma y en cualquier momento, la resoluci髇 por la cual hubiera reconocido el derecho a una prestaci髇 de muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

  La facultad de revisi髇 de oficio a que se refiere el p醨rafo anterior no estar� sujeta a plazo, si bien la obligaci髇 de reintegro del importe de las prestaciones percibidas prescribir� en el plazo previsto en el art韈ulo 45.3. En todo caso, la prescripci髇 de esta obligaci髇 se interrumpir� cuando recaiga resoluci髇 judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio, as� como por la tramitaci髇 del proceso penal y de los diferentes recursos.

  En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisi髇 del reconocimiento de la prestaci髇 a que se refiere este art韈ulo se acordar�, si no se hubiera producido antes, la suspensi髇 cautelar de su percibo hasta la resoluci髇 firme que ponga fin a dicho procedimiento.�

  
• Dos. Se a馻de un nuevo art韈ulo 179 qu醫er con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 179 qu醫er Suspensi髇 cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, en determinados supuestos

  1. La Entidad Gestora suspender� cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resoluci髇 judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la v韈tima fuera el sujeto causante de la prestaci髇, con efectos del d韆 primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.

  Cuando la Entidad Gestora tenga conocimiento, antes o durante el tr醡ite del procedimiento para el reconocimiento de la prestaci髇 de muerte y supervivencia, de que ha reca韉o contra el solicitante resoluci髇 judicial de la que deriven indicios racionales de criminalidad por la comisi髇 del indicado delito, proceder� a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con suspensi髇 cautelar de su abono desde la fecha en que hubiera debido tener efectos econ髆icos.

  En los casos indicados en los dos p醨rafos precedentes, la suspensi髇 cautelar se mantendr� hasta que recaiga sentencia firme u otra resoluci髇 firme que ponga fin al procedimiento penal, o determine la no culpabilidad del beneficiario.

  Si el beneficiario de la prestaci髇 fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisi髇 del indicado delito, proceder� la revisi髇 del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 179 ter. Cuando recaiga sentencia absolutoria o resoluci髇 judicial firme que declare la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitar� el pago de la prestaci髇 suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensi髇, una vez descontadas, en su caso, las cantidades satisfechas en concepto de obligaci髇 de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3.

  2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera recurrida, la suspensi髇 cautelar se alzar� hasta la resoluci髇 del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme reca韉a en dicho recurso fuese tambi閚 absolutoria, se abonar醤 al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acord� la suspensi髇 cautelar hasta que se alz� esta, con descuento de las cantidades que, en su caso, se hubieran satisfecho a terceros en concepto de obligaci髇 de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3. Por el contrario, si la sentencia firme reca韉a en el recurso resultara condenatoria, proceder� la revisi髇 del reconocimiento de la prestaci髇 as� como la devoluci髇 de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el apartado 1 de este art韈ulo, incluidas las correspondientes al per韔do en que estuvo alzada la suspensi髇.

  3. Durante la suspensi髇 del pago de una pensi髇 de viudedad, acordada conforme a lo previsto en este art韈ulo, se podr醤 hacer efectivas con cargo a la misma, hasta el l韒ite del importe que le hubiera correspondido por tal concepto al beneficiario de dicha pensi髇, las obligaciones de alimentos a favor de los titulares de pensi髇 de orfandad o en favor de familiares causada por la v韈tima del delito, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el art韈ulo 179 quinquies si finalmente recayera sentencia firme condenatoria de aquel. La cantidad a percibir en concepto de alimentos por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de familiares no podr� superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho incremento.�

  
• Tres. Se a馻de un nuevo art韈ulo 179 quinquies con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 179 quinquies Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en determinados supuestos

  1. Cuando, a tenor de lo establecido en el art韈ulo 179 ter, el condenado por sentencia firme por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condici髇 de beneficiario de la pensi髇 de viudedad, o la hubiese perdido, los hijos del mismo que sean titulares de la pensi髇 de orfandad causada por la v韈tima del delito tendr醤 derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

  Los titulares de la pensi髇 en favor de familiares podr醤, en esos mismos supuestos, ser beneficiarios del incremento previsto reglamentariamente, siempre y cuando no haya otras personas con derecho a pensi髇 de muerte y supervivencia causada por la v韈tima.

  2. Los efectos econ髆icos del citado incremento se retrotraer醤 a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensi髇 de orfandad o en favor de familiares, cuando no se hubiera reconocido previamente la pensi髇 de viudedad a quien resulte condenado por sentencia firme. En otro caso, dichos efectos econ髆icos se iniciar醤 a partir de la fecha en que hubiera cesado el pago de la pensi髇 de viudedad, como consecuencia de la revisi髇 de su reconocimiento por la Entidad gestora conforme a lo previsto en el art韈ulo 179 ter o, en su caso, a partir de la fecha de la suspensi髇 cautelar contemplada en el art韈ulo 179 qu醫er.

  En todo caso, el abono del incremento de la pensi髇 de orfandad o en favor de familiares por los per韔dos en que el condenado hubiera percibido la pensi髇 de viudedad solo podr� llevarse a cabo una vez que este haga efectivo su reintegro, sin que la Entidad Gestora, de no producirse el reintegro, sea responsable subsidiaria ni solidaria del abono al pensionista de orfandad o en favor de familiares del incremento se馻lado, ni venga obligada a su anticipo.

  De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensi髇 de orfandad o en favor de familiares se descontar�, en su caso, el importe que por alimentos hubiera percibido su beneficiario a cargo de la pensi髇 de viudedad suspendida, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 179 qu醫er.�

  
• Cuatro. Se a馻de un nuevo art韈ulo 179 sexies con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 179 sexies Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos

  En el caso de que los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en los t閞minos se馻lados en el art韈ulo 179 ter, siendo menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada, fueran beneficiarios de pensi髇 de orfandad causada por la v韈tima, dicha pensi髇 no le ser� abonable a la persona condenada.

  En todo caso, la Entidad Gestora pondr� en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensi髇 de orfandad, as� como toda resoluci髇 judicial de la que se deriven indicios racionales de que el progenitor es responsable de un delito doloso de homicidio para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 158 del C骴igo Civil, proceda, en su caso, a instar la adopci髇 de las medidas oportunas en relaci髇 con la persona f韘ica o instituci髇 tutelar del menor o persona con capacidad judicialmente modificada a las que debe abonarse la pensi髇 de orfandad. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situaci髇 procesal, la Entidad Gestora, cuando as� proceda, comunicar� tambi閚 al Ministerio Fiscal la resoluci髇 por la que se ponga fin al proceso y la firmeza o no de la resoluci髇 judicial en que se acuerde.�

  
• Cinco. El apartado 1 de la disposici髇 adicional octava queda redactado de la siguiente forma:

  �1. Ser� de aplicaci髇 a todos los reg韒enes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los art韈ulos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, apartado 1 y apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo p醨rafo; 179, 179 ter, 179 qu醫er, 179 quinquies y 179 sexies. Igualmente, ser醤 de aplicaci髇 las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el cap韙ulo IX del t韙ulo II; las disposiciones adicionales s閜tima bis, cuadrag閟ima tercera y quincuag閟ima novena y las disposiciones transitorias quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.

  No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, se except鷄 la aplicaci髇 a los reg韒enes especiales de lo previsto en el art韈ulo 138 en el 鷏timo p醨rafo de su apartado 2, as� como lo regulado por su apartado 5.�

  

Disposici髇 final und閏ima Modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril

El texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda modificado como sigue:

• Uno. Se a馻de un apartado tres al art韈ulo 15 con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 15

  3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el n鷐ero 1, la Administraci髇 podr� revisar los actos de reconocimiento del derecho a una prestaci髇 en favor de familiares motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v韈tima fuera el sujeto causante de la prestaci髇, que podr� efectuarse en cualquier momento, as� como la reclamaci髇 de las cantidades que, en su caso, hubiere percibido por tal concepto.�

  
• Dos. Se a馻de un nuevo art韈ulo, el 37 bis, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 37 bis Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares

  Sin perjuicio de lo establecido en la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, no podr� tener la condici髇 de beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v韈tima fuera el sujeto causante de la prestaci髇.

  La Administraci髇 podr� revisar, por s� misma y en cualquier momento, el acto o acuerdo por el cual hubiera reconocido el derecho a una prestaci髇 en favor de los familiares a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

  En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisi髇 del reconocimiento de la prestaci髇 a que se refiere este art韈ulo se acordar�, si no se hubiera producido antes, la suspensi髇 cautelar de su percibo hasta la resoluci髇 que ponga fin a dicho procedimiento.�

  
• Tres. Se a馻de un nuevo art韈ulo, el 37 ter, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 37 ter Suspensi髇 cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos

  1. La Direcci髇 General de Costes de Personal y Pensiones P鷅licas suspender� cautelarmente el abono de las prestaciones reconocidas en favor de los familiares, cuando recaiga sobre el beneficiario resoluci髇 judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisi髇 de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la v韈tima fuera el sujeto causante de la prestaci髇, con efectos del d韆 primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.

  En los casos indicados, la suspensi髇 cautelar se mantendr� hasta que recaiga sentencia firme u otra resoluci髇 firme que ponga fin al procedimiento penal o determine la no culpabilidad del beneficiario.

  Si el beneficiario de la prestaci髇 fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisi髇 del indicado delito, proceder� la revisi髇 del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 37 bis. En este supuesto la Direcci髇 General de Costes de Personal y Pensiones P鷅licas o la Direcci髇 General de Personal del Ministerio de Defensa, en el 醡bito de sus respectivas competencias, fijar醤 el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona condenada.

  Cuando, mediante sentencia o resoluci髇 judicial firme, finalice el proceso sin la referida condena o se determine la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitar� el pago de la prestaci髇 suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensi髇.

  2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y 閟ta fuera recurrida, la suspensi髇 cautelar se alzar� hasta la resoluci髇 del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme reca韉a en dicho recurso fuese tambi閚 absolutoria se abonar醤 al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acord� la suspensi髇 cautelar hasta que se alz� 閟ta. Por el contrario, si la sentencia firme reca韉a en el recurso resultara condenatoria proceder� la revisi髇 del reconocimiento de la prestaci髇, as� como la devoluci髇 de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el apartado 1 de este art韈ulo, incluidas las correspondientes al per韔do en que estuvo alzada la suspensi髇.

  3. Durante la suspensi髇 del pago de una prestaci髇 acordada conforme a lo previsto en este art韈ulo, la Direcci髇 General de Costes de Personal y Pensiones P鷅licas o la Direcci髇 General de Personal del Ministerio de Defensa, en el 醡bito de sus respectivas competencias, fijar醤 el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona contra la que se hubiera dictado la resoluci髇 a que se refiere el apartado 1. Dicho importe tendr� car醕ter provisional hasta que se dicte la resoluci髇 firme que ponga fin al proceso penal.

  En el caso de archivo de la causa o de sentencia firme absolutoria, se proceder� al abono de las prestaciones cautelarmente suspendidas. No obstante, el beneficiario de la pensi髇 calculada conforme a lo dispuesto en el p醨rafo anterior no vendr� obligado a devolver cantidad alguna.�

  
• Cuatro. Se a馻de un nuevo art韈ulo, 37 qu醫er, con la siguiente redacci髇:

  Art韈ulo 37 qu醫er Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos

  獷n el caso de que hubiera beneficiarios menores o incapacitados judicialmente, cuya patria potestad o tutela estuviera atribuida a una persona contra la que se hubiera dictado resoluci髇 judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por la comisi髇 del delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, la pensi髇 no le ser� abonable a dicha persona.

  En todo caso, la Direcci髇 General de Costes de Personal y Pensiones P鷅licas pondr� en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensi髇, as� como toda resoluci髇 judicial de la que se deriven indicios racionales de que una persona que tenga atribuida la patria potestad o tutela es responsable del delito doloso de homicidio para que proceda, en su caso, a instar la adopci髇 de las medidas oportunas en relaci髇 con la persona f韘ica o instituci髇 tutelar del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente a las que debe abonarse la pensi髇. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situaci髇 procesal, la Administraci髇, cuando as� proceda, comunicar� tambi閚 al Ministerio Fiscal la resoluci髇 por la que se ponga fin al proceso penal y la firmeza o no de la resoluci髇 judicial en que se acuerde.�

  
• Cinco. La disposici髇 adicional und閏ima queda redactada de la siguiente forma:

  獶isposici髇 adicional und閏ima Prestaciones en favor de los familiares

  La regulaci髇 contenida tanto en el art韈ulo 38 y en la disposici髇 transitoria duod閏ima como en el art韈ulo 41 de este texto, a excepci髇 de lo dispuesto en el p醨rafo segundo del apartado 1 del 鷏timo art韈ulo citado, ser� de aplicaci髇, respectivamente, a las pensiones de viudedad y de orfandad de Clases Pasivas del Estado causadas al amparo de la legislaci髇 vigente a 31 de diciembre de 1984, as� como a las causadas en aplicaci髇 de la legislaci髇 especial de guerra; siempre que, en uno y otro caso y trat醤dose de orfandad, el l韒ite de edad determinante de la condici髇 de beneficiario de la pensi髇 de orfandad fuese igual o menor de veinti鷑 a駉s.

  Asimismo, lo dispuesto en los art韈ulos 37 bis y 37 ter ser� de aplicaci髇 a todas las pensiones de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislaci髇 reguladora, as� como a las pensiones causadas al amparo de la legislaci髇 especial de guerra.�

  

Disposici髇 final duod閏ima Modificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Se a馻de una nueva disposici髇 adicional en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con la siguiente redacci髇:

Disposici髇 final decimotercera Modificaci髇 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci髇 Social

El art韈ulo 146.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci髇 Social, queda redactado del siguiente modo:

Disposici髇 final decimocuarta Eficacia en la aplicaci髇 de las modificaciones legales

Las modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social, en la ley de Clases Pasivas del Estado, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley reguladora de la Jurisdicci髇 Social por medio de las disposiciones finales d閏ima a decimotercera de la presente Ley, ser醤 de aplicaci髇 a los hechos causantes de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y del R間imen especial de Clases Pasivas del Estado producidos a partir de la fecha de su entrada en vigor, siempre que los hechos delictivos hayan ocurrido, asimismo, a partir de la misma fecha.

Disposici髇 final decimoquinta T韙ulos competenciales

La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 civil atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇 Espa駉la, sin perjuicio de la conservaci髇, modificaci髇 y desarrollo por las Comunidades Aut髇omas de los derechos civiles forales o especiales, all� donde existan.

El art韈ulo cuarto, la disposici髇 transitoria primera y la disposici髇 final primera se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 Espa駉la que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 procesal.

La disposici髇 final segunda tiene la condici髇 de b醩ica, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 149.1.1.� y 16.� de la Constituci髇 Espa駉la.

La disposici髇 final tercera se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.7.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 laboral.

La disposici髇 final cuarta se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la, constituyendo bases del r間imen estatutario de los funcionarios, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut髇omas que ya disponen de competencia exclusiva sobre el r間imen estatutario del personal al servicio de las Administraciones P鷅licas y especialidades derivadas de la organizaci髇 administrativa y funcionarial propias de las Comunidades Aut髇omas.

La disposici髇 final quinta se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.1.�, 7.� y 17.� de la Constituci髇 Espa駉la.

Disposici髇 final decimosexta Desarrollo reglamentario de las Ciudades de Ceuta y Melilla

De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local, las Ciudades de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad reglamentaria, podr醤 desarrollar el contenido de la presente ley de acuerdo con los criterios y circunstancias en ella contenidos, al objeto de ajustarlo a las condiciones particulares de 閟tas, en desarrollo de su capacidad reglamentaria y dentro del alcance de la misma.

Disposici髇 final decimos閜tima Creaci髇 del registro central de delincuentes sexuales

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, o韉o el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protecci髇 de Datos, dictar� en el plazo de seis meses desde la publicaci髇 de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organizaci髇 del Registro Central de delincuentes sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integr醤dose en el sistema de registros de apoyo a la Administraci髇 de Justicia, as� como el r間imen de inscripci髇 y cancelaci髇 de sus asientos y el acceso a la informaci髇 contenida en aqu閘, asegurando en todo caso su confidencialidad. Se formar�, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil gen閠ico (ADN) de las personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresi髇 y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaci髇 sexual, prostituci髇 y explotaci髇 sexual y corrupci髇 de menores. La Administraci髇 General del Estado colaborar� con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Uni髇 Europea para facilitar el intercambio de informaci髇 en este 醡bito.

Disposici髇 final decimoctava Modificaciones y desarrollos reglamentarios

El Gobierno llevar� a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicaci髇 de la presente ley.

V閍se el R.D. 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales (獴.O.E.� 30 diciembre).

Disposici髇 final decimonovena Incorporaci髇 de normas de la Uni髇 Europea

En esta ley se contienen las normas de incorporaci髇 al Derecho espa駉l de los LE0000467800_20111217art韈ulos 10 y LE0000467800_2011121715 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotaci髇 sexual de los menores y la pornograf韆 infantil y por la que se sustituye la Decisi髇 marco 2004/68/JAI del Consejo.

Disposici髇 final vig閟ima No incremento del gasto

Las medidas incluidas en esta norma no podr醤 suponer incremento de gasto p鷅lico, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposici髇 final vigesimoprimera Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.