Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad econ髆ica en el sector de la industria y el comercio en Espa馻

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Sumario

V閍se燫es.燿e 20 diciembre de 2018, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de Convalidaci髇 del R.D.-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad econ髆ica en el sector de la industria y el comercio en Espa馻 (獴.O.E.� 29 diciembre).LE0000634836_20181230

I

Un sector industrial fuerte y competitivo contribuye a generar una econom韆 m醩 resiliente ante los ciclos, genera empleo estable y de calidad y es un elemento de cohesi髇 social y bienestar y vertebrador de nuestro pa韘. Se configura como uno de los principales motores de nuestra econom韆 con un gran potencial para combatir las desigualdades sociales, originadas por los bajos salarios y el desempleo, y es un vector clave para el avance en materia de desarrollo sostenible y econom韆 circular.

La competitividad de la industria es esencial para garantizar un crecimiento sostenible e integrador. El sector industrial aporta el 14,4 por ciento del VAB, un 3,7 por ciento m醩 si tenemos en cuenta el sector energ閠ico y el 14,1 por ciento del n鷐ero de empleados en Espa馻, pero las sinergias que genera y su efecto motor de la econom韆 lo convierten en una palanca a鷑 m醩 relevante en t閞minos relativos. Sin embargo, en un entorno cada vez m醩 globalizado y digitalizado son m鷏tiples los elementos que socavan la competitividad del sector, que requiere actuaciones r醦idas y adaptadas a las necesidades de las empresas. As�, en el a駉 2018, el sector industrial, tanto en magnitud PIB como en empleo, ha moderado su crecimiento en mayor proporci髇 al que lo ha hecho la econom韆 espa駉la en su conjunto.

La sociedad espa駉la est� cada vez m醩 concienciada de que hemos de evolucionar hacia un modelo socioecon髆ico en el que la sostenibilidad sea el factor decisivo en las actuaciones que se lleven a cabo desde todas las 醨eas. Por todo ello, el cambio de paradigma de la sociedad hacia un modelo de econom韆 circular y un modelo energ閠ico sostenible requiere un esfuerzo de transformaci髇 por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad.

En esta l韓ea, el marco estrat間ico para la Espa馻 industrial 2030 del Gobierno y las Agendas Industriales que la desarrollan contemplan medidas a corto y medio plazo con el fin de alcanzar, en este 醡bito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los objetivos de incrementar la competitividad del tejido industrial espa駉l; favorecer e impulsar la adopci髇 de la Industria Conectada 4.0; impulsar el crecimiento y desarrollo de las PYMES industriales y profundizar en la generaci髇 de talento y puestos de trabajo de calidad. Con ello, el Gobierno apuesta decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de cohesi髇 social.

Estas actuaciones deben acometerse sin demora para evitar una p閞dida de competitividad de la industria espa駉la que conduzca a una situaci髇 de desventaja en los mercados internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que permita hacer frente a los retos de la digitalizaci髇 y globalizaci髇 que la econom韆 mundial est� experimentando de manera cada vez m醩 acelerada.

Estas acciones tienen distintos tiempos de ejecuci髇, pero algunas de ellas requieren una intervenci髇 inmediata del Gobierno para que su desarrollo futuro no se vea comprometido. Por ello, el presente real decreto-ley aborda los aspectos m醩 inaplazables que afectan a la competitividad del sector industrial, como la regulaci髇 del contrato de relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera. Se adoptan, asimismo, medidas de apoyo al sector industrial y, muy especialmente, a las empresas electrointensivas y, por 鷏timo, se aprueban determinadas disposiciones en materia de seguridad industrial.

Este paquete regulatorio que impulsa la competitividad industrial se complementa con algunas medidas concretas que inciden en la competitividad del sector comercial. As�, se regula la limitaci髇 de la venta con p閞dida, adaptando la regulaci髇 espa駉la a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia.

II

La industria manufacturera es uno de los motores de crecimiento de la econom韆 espa駉la y de generaci髇 de bienestar. En una sociedad cada vez m醩 globalizada y digitalizada, esta industria juega un papel fundamental para afrontar los retos de la sostenibilidad y la competitividad de toda la econom韆 espa駉la, por su capacidad de incorporar nuevas tecnolog韆s, de generar trabajos estables y de calidad y de vertebrar el territorio.

Actualmente, la industria manufacturera representa el 14,1 por ciento del empleo. La aplicaci髇 de medidas de eficiencia y la determinaci髇 por hacer de Espa馻 uno de los pa韘es con las industrias m醩 productivas de nuestro entorno, ha sentado las bases para la recuperaci髇 del sector en t閞minos de empleo y de desarrollo social.

Si algo caracteriza a la industria manufacturera es la alta calidad de sus empleos, con un alto grado de contrataci髇 indefinida, donde se ofrecen oportunidades de desarrollo profesional, aprovechando la mayor permeabilidad en el mercado laboral a trav閟 de la Formaci髇 Profesional y la Formaci髇 Profesional Dual.

Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en una industria global es necesario sustentar el rendimiento de las empresas tambi閚 sobre aquellos factores que son susceptibles de generar un 閤ito diferenciado con respecto a los principales pa韘es productores. La productividad y la flexibilidad se erigen como los dos ejes vertebradores del desarrollo industrial de los 鷏timos a駉s. Para seguir creando empleo y continuar siendo competitivos hay que avanzar sobre estos dos factores, en el marco del di醠ogo social, con medidas consensuadas que ofrezcan al sector herramientas para competir en estos 醡bitos, como lo es el contrato de relevo, un instrumento valioso para minorar los porcentajes de desempleo que, de forma particularmente acusada, afectan a la poblaci髇 activa de menor edad.

Las reformas operadas en los 鷏timos a駉s en las normas reguladoras de la modalidad de jubilaci髇 parcial con simult醤ea celebraci髇 de contrato de relevo, han venido a dificultar en la pr醕tica el acceso a dicha modalidad de jubilaci髇. En consecuencia, el uso del contrato de relevo ha disminuido en los 鷏timos a駉s, poniendo de manifiesto la existencia de determinadas disfuncionalidades en la actual regulaci髇 de la figura de la jubilaci髇 parcial con simult醤ea celebraci髇 de contrato de relevo, lo que, a su vez, ha venido a frustrar en parte la finalidad perseguida por esta modalidad de jubilaci髇 parcial, que no es otra que la de procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la contrataci髇 indefinida y el incremento de la productividad de las empresas.

El pr髕imo 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicaci髇 de la disposici髇 transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que se haya completado el ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a medio y largo plazo, de las plantas de fabricaci髇 y montaje. Es necesario, pues, y urgente, alargar el per韔do de aplicaci髇 de la mencionada disposici髇 transitoria, con el fin de evitar que la misma se extinga.

Lo anterior se lleva a cabo en el art韈ulo 1 de este real decreto-ley mediante la correspondiente modificaci髇 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En concreto, la exigencia de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social aconseja que esta sea una reforma transitoria y limitada de la modalidad de jubilaci髇 parcial con simult醤ea celebraci髇 de contrato de relevo, orientada particularmente a sectores profesionales industriales y, dentro de estos, a aquellos colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan relevantes esfuerzos f韘icos y, adem醩, han alcanzado ciertas cotas de edad, antig黣dad y cotizaci髇 m韓ima.

La incorporaci髇 de esta medida, alargando el periodo de aplicaci髇 de la mencionada disposici髇 transitoria, impulsar� la competitividad de la industria y facilitar� las decisiones de nuevas inversiones en nuestras plantas productivas, inversiones orientadas en gran medida a realizar la necesaria transformaci髇 de la industria durante la transici髇 ecol骻ica, ofreciendo productos sostenibles y nuevas soluciones para una sociedad descarbonizada, mejorando sus procesos para un mayor aprovechamiento de las materias primas y la energ韆, y reduciendo las emisiones contaminantes. Esta medida contribuir�, sin duda, a asegurar la transici髇 ecol骻ica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos.

Por otra parte, esta contribuci髇 del sector industrial a la transici髇 ecol骻ica debe ser convenientemente monitorizada, de forma que las Administraciones P鷅licas, y la sociedad en su conjunto, puedan tener la informaci髇 al respecto. Las empresas industriales deben contribuir a proporcionar informaci髇 sobre sus pol韙icas de empresa y planes de actuaci髇 destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, as� como informar sobre el cumplimiento de dichos planes y los logros obtenidos, sin que dicha exigencia de informaci髇 suponga una carga administrativa para las peque馻s y medianas empresas.

De acuerdo con lo anterior, en la disposici髇 adicional primera del real decreto-ley se exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan acogido a la modalidad de jubilaci髇 parcial con simult醤ea celebraci髇 de contrato de relevo establecida en el art韈ulo 1, que incluyan entre la informaci髇 no financiera de sus informes de gesti髇, aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de la transici髇 hac韆 una econom韆 descarbonizada. Todo ello, a efectos de favorecer una gesti髇 equilibrada de la transici髇 del modelo actual de producci髇 y consumo de la industria manufacturera hacia un modelo sostenible en el que se integre adecuadamente la variable del cambio clim醫ico.

III

Una industria competitiva, sostenible e integradora debe corresponderse con una asunci髇 de responsabilidad de las Administraciones P鷅licas en el control de la seguridad industrial y en la calidad y vigilancia del mercado que garantice la competencia leal entre los productores y, a la vez, suponga una mejora en la seguridad de los productos que se ponen a disposici髇 de los consumidores, incluyendo su impacto medio ambiental.

En ese sentido, se han venido reforzando las pol韙icas europeas de control administrativo previo y posterior a la puesta en servicio de los productos comercializados, lo que hace necesario y urgente establecer un r間imen sancionador en el 醡bito industrial que penalice de manera proporcionada, efectiva y actualizada las infracciones cometidas y act鷈 de forma disuasoria ante posibles incumplimientos.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dispone que las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, as� como su utilizaci髇 y funcionamiento deber醤 ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad. Ello de acuerdo con los reglamentos de seguridad industrial dictados en el 醡bito comunitario o por organismos internacionales supranacionales con los que Espa馻 tiene suscritos acuerdos en materia de armonizaci髇 t閏nica, tanto de veh韈ulos como de otros productos industriales.

La conformidad del dise駉, fabricaci髇 y puesta en servicio de productos industriales constituye no solo la base de la libre circulaci髇 de mercanc韆s en el mercado interior europeo, sino un factor clave de competitividad de las empresas, que les habilita para comercializar sus productos en otros mercados internacionales, y supone un impulso al desarrollo y la innovaci髇 tecnol骻ica empresarial. Desde la aprobaci髇 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el marco legislativo comunitario en este sector ha avanzado notablemente. En concreto, el acervo comunitario en materia de seguridad de productos abarca numerosos 醡bitos y se ha venido regulando por diferentes directivas y reglamentos europeos. Esta regulaci髇 europea dispone que los Estados miembros deber醤 establecer normas relativas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentaci髇 europea en materia de seguridad de productos. Adem醩, establece que dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

En nuestro ordenamiento, las infracciones y sanciones en materia de seguridad de productos se recogen en la citada Ley 21/1992, de 16 julio, no obstante, las cuant韆s de las sanciones han quedado desfasadas y alejadas de los objetivos que la normativa comunitaria exige.

Por ello, y teniendo en cuenta que todas las reglamentaciones europeas en materia de seguridad de productos ya se encuentran en vigor, se considera urgente y de imperiosa necesidad la modificaci髇, en el art韈ulo 2 de esta norma, del importe de las sanciones que se establecen en Ley 21/1992, de 16 de julio, para alinearlo con los objetivos marcados por las diferentes normativas europeas en cuanto a efectividad, proporcionalidad y efecto disuasorio.

IV

El Reglamento de seguridad para instalaciones frigor韋icas y sus instrucciones t閏nicas complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, impone una serie de requisitos administrativos que hacen que, en la pr醕tica, el coste de una instalaci髇 con gas refrigerante de categor韆 2-L sea inviable, a pesar de ser conforme a la normativa comunitaria y tener menor potencial de calentamiento atmosf閞ico, lo que significa una reducci髇 de la contribuci髇 de este tipo de gases refrigerantes al cambio clim醫ico.

El Gobierno, consciente de la traba que ello supone, ha iniciado el tr醡ite de aprobaci髇 de un nuevo real decreto que actualice los requisitos del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, entre otras cosas, en los aspectos referidos a los equipos con refrigerante de la categor韆 2-L.

Los tr醡ites procedimentales necesarios para realizar esta reforma reglamentaria hacen que no sea posible su aprobaci髇 hasta mediados del a駉 2019. Es necesario y urgente, por tanto, llevar a cabo una actuaci髇 de car醕ter transitorio que evite una rotura de stocks de estos equipos, ya que los fabricantes est醤 actualmente iniciando su fabricaci髇 para el a駉 2019 y necesitan, de forma urgente, seguridad jur韉ica sobre la aceptaci髇 en Espa馻 de estos equipos con refrigerantes de categor韆 2-L, eliminando unos tr醡ites y requisitos tan exigentes como los que recoge la actual reglamentaci髇, a la vez que se garantiza la seguridad de los aparatos. Esta medida, urgente y necesaria, se recoge en la disposici髇 transitoria segunda del real decreto-ley.

V

La Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, en su art韈ulo 28 admite la posibilidad de la existencia de 玶edes de distribuci髇 cerradas�, definidas como redes de distribuci髇 que suministran energ韆 el閏trica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida desde el punto de vista geogr醘ico.T閚gase en cuenta que la Directiva 2009/72/CE, a la que hace referencia la presente disposici髇, ha sido derogada, con efectos a partir del 1 de enero de 2021,爌or el art韈ulo 72 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (獶.O.U.E.L.� 14 junio).LE0000647030_20220623

Las redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerradas son un tipo especial de redes de distribuci髇 que se han implementado en numerosos pa韘es de la Uni髇 Europea con el fin de contemplar la realidad de la industria interrelacionada entre s� en determinados pol韌onos. Este tipo de industrias, con riesgo de deslocalizaci髇 fuera de la Uni髇 Europea por la fuerte competencia internacional y con un elevado coste energ閠ico en su estructura de costes, pueden constituir una red de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerrada que comporte ventajas econ髆icas para todo el conjunto.

Aunque la Directiva 2009/72/CE no obliga a los Estados miembros a regular las redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerradas, su regulaci髇 en nuestro pa韘 permitir� una reducci髇 de costes econ髆icos de la energ韆 el閏trica para la mediana y gran industria concentrada en 醡bitos territoriales reducidos, mejorando su competitividad en unos momentos en que es clave el mantenimiento de la industria existente y la reindustrializaci髇 e implantaci髇 de nueva actividad industrial en nuestro pa韘, teniendo sus condiciones de conexi髇 a la red p鷅lica garant韆 suficiente, dado que su eventual volumen de consumo y potencia no deben constituir en modo alguno un riesgo para la seguridad de las redes.

En este sentido, mediante el art韈ulo 3 del presente real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l el art韈ulo 28 de la Directiva 2009/72/CE. Para ello se establecen los principios b醩icos que deben regir la constituci髇 y autorizaci髇 de redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerradas, fijando un plazo m醲imo de seis meses para que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario de las redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerradas, de acuerdo con los principios de sostenibilidad econ髆ica y financiera del sistema, eficiencia energ閠ica y transici髇 justa.

Es necesario tambi閚 reconocer una especial protecci髇 a la industria electrointensiva, una industria estrat間ica para cualquier pa韘 desarrollado. El coste del suministro el閏trico puede alcanzar hasta un 50 por ciento de sus costes productivos. Esta industria compite en mercados globales, por lo que el coste local que tengan las condiciones de suministro el閏trico juega un papel fundamental a la hora de determinar su viabilidad en un pa韘. La Comisi髇 Europea reconoce la sensibilidad que tienen estas industrias a factores locales de precio. En sus directrices recoge la importancia que tiene el coste del suministro el閏trico en la industria electrointensiva, por lo que la mayor韆 de los Estados miembros de la Uni髇 Europea est醤 evolucionando hacia un modelo sensible al coste del suministro el閏trico en la industria electrointensiva, implantando una combinaci髇 de medidas que protejan su competitividad en todos los componentes que forman la factura final del suministro.

En este entorno global tan competitivo, Espa馻 no puede ser una excepci髇. Por ello, es necesario y urgente arbitrar mecanismos que permitan optimizar el coste que la energ韆 el閏trica tiene para estos consumidores electrointensivos y, de esta forma, mejorar su competitividad internacional. Estos consumidores re鷑en unas caracter韘ticas de consumo y poseen una potencial contribuci髇 a la mejora de la gesti髇 t閏nica del sistema que requiere de un tratamiento diferencial donde se reconozcan sus particularidades para mejorar su competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria.

Con este fin, el presente real decreto-ley, en su art韈ulo 4, contempla la figura del consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, elabore y apruebe un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relaci髇 con su participaci髇 en el sistema y los mercados de electricidad. La creaci髇 y regulaci髇 de la figura del consumidor electrointensivo permitir� dotar a estos consumidores de escenarios predecibles para sus costes energ閠icos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energ閠icos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

Como se ha se馻lado, el sector industrial europeo se encuentra inmerso en una profunda transformaci髇. A pesar de los instrumentos comunitarios y nacionales a su alcance, existe una enorme preocupaci髇 ante las decisiones de cierre de grandes instalaciones industriales, algunas de ellas de car醕ter estrat間ico por su posici髇 en la cadena de valor.

Especial menci髇 merecen las industrias electrointensivas que soportan en mayor medida los costes derivados de las pol韙icas clim醫icas y energ閠icas.

Para preservar la competitividad y evitar la deslocalizaci髇 de las industrias electrointensivas se han establecido ya mecanismos como la compensaci髇 de los costes indirectos y, adem醩, cuando se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de este real decreto-ley, se podr醤 establecer otros mecanismos de apoyo, medidas o ayudas, a los que se podr醤 acoger estos consumidores, todo ello conforme con la normativa de la Uni髇 Europea sobre ayudas de Estado.

Con la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de estos mecanismos de compensaci髇, se concluye que para que las ayudas sean verdaderamente eficaces y cumplan con la finalidad real de las mismas, evitar la deslocalizaci髇, es necesario incluir obligaciones adicionales a los beneficiarios, siguiendo la l韓ea marcada desde la Uni髇 Europea, de establecer criterios de condicionalidad en la concesi髇 de ayudas, con la aprobaci髇 de Reglamento (UE) N.^o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en las que se vincula la obtenci髇 de ayudas para inversiones en infraestructuras o productivas con un compromiso de permanencia de los beneficiarios.

En este sentido, el art韈ulo 5 de este real decreto-ley obliga a los beneficiarios de estas ayudas a la industria electrointensiva a mantener la actividad productiva durante un periodo de tres a駉s, a partir de la fecha de concesi髇 de las mismas, salvo en los supuestos de situaciones de crisis empresarial, consider醤dose que esta obligaci髇 se incumple si proceden de manera efectiva a reducir en m醩 de un 85 por ciento su capacidad de producci髇 o se produce un despido colectivo que implique una reducci髇 de m醩 de un 85 por ciento de toda su plantilla de trabajadores. Se podr醤 excluir del reintegro de las ayudas a las empresas que reduzcan su capacidad productiva o su plantilla en m醩 de un 85 por ciento, pero lo hagan de forma temporal durante el proceso de b鷖queda de nuevos inversores, siempre que desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la instalaci髇 recuperando, al menos, el 50 por ciento de su producci髇 y de su nivel de empleo anteriores.

Por otro lado, la cogeneraci髇 de alta eficiencia que utilice combustibles renovables, gas natural o de bajas emisiones, es un instrumento relevante para la mejora de la eficiencia energ閠ica y la reducci髇 de las emisiones en los usos industriales de la energ韆.

Ante la pr髕ima finalizaci髇 de la vida 鷗il regulatoria de una importante parte del parque de cogeneraci髇 actualmente en funcionamiento, resulta necesario y urgente establecer una habilitaci髇 que permita extender su vida 鷗il, de manera que dicha capacidad siga operativa y evitando, al mismo tiempo, la necesidad de que cuantiosos recursos econ髆icos tengan que ser destinados a su sustituci髇 en un momento en que la financiaci髇 se va a convertir en un recurso escaso que conviene dirigir de la manera m醩 eficiente para el conjunto de la sociedad. Lo anterior se lleva a cabo en la disposici髇 transitoria tercera del real decreto-ley.

La industria necesita seguir operando sus actuales instalaciones de cogeneraci髇 con un m韓imo de rentabilidad. Su cierre significar韆 una escalada de sus costes energ閠icos, la p閞dida de eficiencia del sistema energ閠ico y un aumento de emisiones, dado que las empresas tendr韆n que sustituir sus instalaciones actuales de cogeneraci髇 tanto por el consumo el閏trico necesario como por los equipos generadores de calor equivalente. Es urgente desarrollar un marco que posibilite su operaci髇 al concluir su vida 鷗il actual para evitar la p閞dida de eficiencia del sistema y de rentabilidad de sus operadores, ya que durante 2018 y 2019 finalizar醤 su vida 鷗il decenas de instalaciones de cogeneraci髇 con una potencia estimada de 248 MW, de los cuales 237 MW pertenecen a instalaciones de cogeneraci髇 de alta eficiencia que utilizan combustibles renovables o gas natural.

Con este real decreto-ley, por tanto, se contribuye a mejorar la competitividad de nuestra industria y se establecen mecanismos que le permitan, en el 醡bito de los costes energ閠icos, competir en igualdad de condiciones con los pa韘es de nuestro entorno. Adem醩, de forma simult醤ea, se articulan mecanismos que aseguren la transici髇 justa, as� como una relaci髇 sinalagm醫ica de la industria con la sociedad, garantizando que el esfuerzo que 閟ta realiza se traduzca en creaci髇 y mantenimiento del empleo y en generaci髇 de actividad econ髆ica.

VI

En lo que al sector del comercio se refiere, recientemente se han producido una serie de circunstancias y acontecimientos que hacen necesario replantearse la regulaci髇 de determinados aspectos dentro del 醡bito del comercio minorista y, por tanto, la modificaci髇 de una serie de preceptos que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, y la derogaci髇 de su normativa de desarrollo.

En primer lugar, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea de 19 de octubre de 2017, como consecuencia del procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentaci髇 S. A., declar� la incompatibilidad del art韈ulo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, en el que se regula la venta con p閞dida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre pr醕ticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. Ello obliga a realizar la modificaci髇 del citado art韈ulo con premura, ya que las sentencias reca韉as en procesos relativos a cuestiones prejudiciales constituyen interpretaci髇 del Derecho Comunitario y solo cabe acatarlas por los Estados miembros al ser de obligado cumplimiento.

La referida sentencia declara que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con p閞dida, que no pueden regularse excepciones a esta prohibici髇 basadas en criterios que no est閚 recogidos en la directiva, que los Estados miembros no pueden adoptar medidas m醩 restrictivas que las previstas en una norma de la Uni髇 Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protecci髇 de los consumidores, y que la deslealtad de la venta con p閞dida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva. La regulaci髇 vigente sobre la venta a p閞dida recogida en el art韈ulo 14 de la Ley de Ordenaci髇 del Comercio Minorista no se adapta a estas exigencias.

En consecuencia, urge la modificaci髇 de su regulaci髇, tanto para dar cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea y evitar la apertura de un procedimiento sancionador por incumplimiento del Derecho de la Uni髇 Europea, como para que se supere la inseguridad jur韉ica que ahora existe en esta materia para un sector tan importante para la econom韆 espa駉la como es el de la distribuci髇 comercial.

La nueva regulaci髇 de la venta a p閞dida que se establece en el art韈ulo 6 de este real decreto-ley cumple con la referida sentencia, ya que no establece una prohibici髇 general, aunque s� determinadas limitaciones, que son conforme a lo que dispone la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre pr醕ticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. Tambi閚 desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administraci髇 que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a p閞dida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Uni髇 Europea.

Por otra parte, esta norma es respetuosa con las competencias auton髆icas, ya que las Comunidades Aut髇omas podr醤 decidir c髆o organizar las inspecciones de comercio y/o de consumo en funci髇 de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulaci髇 sigue manteniendo la definici髇 t閏nica de venta con p閞dida, que facilita a las Comunidades Aut髇omas su funci髇 de inspecci髇 y sanci髇, ya que les proporciona el indicio, pero dado que esto no es suficiente para imponer la sanci髇, debe acreditarse que adem醩 de existir venta a p閞dida 閟ta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina la ley.

En segundo lugar, entre las medidas adoptadas en el 醡bito del comercio, mediante el presente real decreto-ley se lleva a cabo la modificaci髇 de los art韈ulos 38 y 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, con el objetivo de suprimir el Registro de Franquiciadores y el Registro de Empresas de Ventas a Distancia, que se encuentran previstos en los referidos art韈ulos.

Por lo que se refiere al Registro de Franquiciadores, se encuentra actualmente regulado en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en r間imen de franquicia y la comunicaci髇 de datos al registro de franquiciadores. A ra韟 de las decisiones adoptadas en la Comisi髇 para la Reforma de las Administraciones P鷅licas, en 2016 se puso en marcha el Registro de Franquiciadores telem醫ico. Sin embargo, las aplicaciones inform醫icas en las que se sustenta presentan graves carencias. Su utilizaci髇 resulta complicada y poco intuitiva para los usuarios y ha supuesto la introducci髇 de trabas y exigencias que hab韆n sido superadas.

Por otra parte, la 鷑ica informaci髇 que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuesti髇 que ya estaba cubierta por la Oficina Espa駉la de Patentes y Marcas. Ning鷑 dato m醩 de los comunicados por los franquiciadores es objeto de comprobaci髇 por el personal del Registro. No obstante, el incumplimiento de la obligaci髇 de comunicaci髇 de datos y alta en el mismo prevista en la Ley 7/1996, de 15 de enero y en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, constituye, seg鷑 el art韈ulo 65.1.r) de dicha ley, una infracci髇 grave.

En cuanto al Registro de Empresas de Ventas a Distancia, se encuentra regulado en el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripci髇 en el registro de empresas de ventas a distancia, dictado en desarrollo de las previsiones del art韈ulo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista.

De todos los supuestos que la Ley de Ordenaci髇 del Comercio Minorista regula en su T韙ulo III como ventas especiales (ventas a distancia, ventas ambulantes o no sedentarias, ventas autom醫icas y ventas en p鷅lica subasta) la 鷑ica en la que se exige registro es en la modalidad de venta a distancia, sin que exista una justificaci髇 para esta diferenciaci髇.

El art韈ulo 5 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, enumera las t閏nicas de ventas a distancia que quedan incluidas en la obligaci髇 registral, exceptuando de forma expresa las empresas de servicios de sociedad de la informaci髇 cuando 鷑icamente ejerzan su actividad a trav閟 de internet. De forma que las empresas que tienen obligatoriamente que solicitar su alta en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia son aquellas que ejercen su actividad comercial a trav閟 de t閏nicas como el cat醠ogo, el impreso, la carta normalizada, publicidad en prensa con cup髇 de pedido, el tel閒ono, la radio, la televisi髇, visi骹ono, v韉eo texto y fax.

Al igual que ocurre con el Registro de Franquiciadores, la informaci髇 que facilita el Registro de Ventas a Distancia se basa 鷑icamente en las afirmaciones de la empresa, sin que exista actividad de verificaci髇 de ning鷑 tipo, como tampoco se exige la presentaci髇 de documentaci髇 acreditativa alguna.

Se han valorado los escasos resultados de la telematizaci髇 del Registro de Franquiciadores, el elevado coste de dicho proyecto, la carga que el mismo ha supuesto para los obligados, las limitaciones que impone la normativa vigente y la escasa relevancia de la informaci髇 que el mismo proporciona. As� mismo, debe valorarse la escasa relevancia de los m閠odos de venta a distancia sobre los que incide la obligaci髇 registral, que dif韈ilmente justificar韆 el gasto en recursos humanos y materiales que tiene asignados, y la inversi髇 necesaria para la puesta en marcha del Registro de Ventas a Distancia en su versi髇 telem醫ica.

A la vista de lo anterior, y tras el an醠isis de la evoluci髇 del mercado en el sector, las necesidades reales del mismo y las limitaciones tanto funcionales como competenciales que presentan ambos registros, se ha concluido que 閟tos ya no cumplen la funci髇 legal de pol韙ica administrativa correspondiente a la disciplina de mercado y dirigida a la protecci髇 del consumidor que justific� su existencia, por lo que, con base en razones de supresi髇 de trabas para las empresas, incentivaci髇 de la actividad econ髆ica y de racionalizaci髇 de recursos, se ha adoptado la decisi髇 de suprimirlos. Por todo lo anterior, y por la existencia de un fuerte r間imen sancionador asociado al incumplimiento de la obligaci髇 de comunicaci髇 de datos, es de m醲ima urgencia que la soluci髇 definitiva se adopte a la mayor brevedad, para mayor garant韆 y seguridad jur韉ica de los sectores afectados.

Por lo que se refiere a las becas del Programa de Becas ICEX a la Internacionalizaci髇, hay que se馻lar que de acuerdo con la disposici髇 final d閏ima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2018, estas becas que hasta entonces ven韆n siendo reguladas por la normativa interna del organismo p鷅lico conforme a los principios de la Ley General de Subvenciones, quedan sometidas 韓tegramente a esta ley, lo que implica que su normativa reguladora debe ajustarse a lo establecido en la misma.

No obstante, teniendo en cuenta la elevada dificultad conceptual y procedimental, incluso de viabilidad, que conlleva la adaptaci髇 de la normativa interna del Programa de Becas ICEX a la Internacionalizaci髇, mientras dicha adaptaci髇 no se produzca y a efectos de garantizar la convocatoria para el a駉 2019, urge y es necesario recoger la previsi髇 en la disposici髇 transitoria cuarta del real decreto-ley de que para dicha convocatoria no resulte de aplicaci髇 lo establecido en la disposici髇 final d閏ima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Lo anterior constituye una medida de extraordinaria y urgente necesidad ya que, de no adoptarse, no ser韆 posible realizar la convocatoria de becas en el ejercicio 2019, impidiendo la realizaci髇 de las actividades y funciones que son encomendadas al ICEX, y no existiendo otro mecanismo que garantice en el pr髕imo a駉 dicha actividad.

En conclusi髇, a la vista de los hechos descritos, en el conjunto de las medidas que se adoptan en el 醡bito del comercio concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

VII

Por 鷏timo, la norma incluye en las disposiciones finales primera y segunda, respectivamente, sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, necesarias ambas a afectos de adecuar el ordenamiento jur韉ico estatal a los 鷏timos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia.

En el primer caso, la sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo, ha declarado nulos determinados aspectos puntuales de la disposici髇 adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que regula la Agencia de Informaci髇 y Control Alimentarios (en adelante, AICA), interpretando, ante la ambig黣dad del texto legal, que el legislador estaba invadiendo competencias auton髆icas. En concreto, se ha declarado inconstitucional la letra e) del apartado sexto de la referida disposici髇 adicional en cuanto atribuye en exclusiva a la AICA el establecimiento y desarrollo del r間imen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En consecuencia, resulta necesario concretar de manera expresa en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que el 醡bito de aplicaci髇 de esta funci髇 de control que se atribuye a la AICA se limita al propio de la Administraci髇 General del Estado. Todo ello permitir� a este organismo realizar una planificaci髇 de sus controles, actuando proactivamente ante la posible comisi髇 de irregularidades y no s髄o como consecuencia de las denuncias que le sean presentadas.

Por otra parte, y tambi閚 con motivo de un pronunciamiento judicial que ha generado un vac韔 normativo que urge colmar, este real decreto-ley introduce en la Ley 28/2015, de 30 de julio, un concreto ajuste a efectos de salvaguardar el correcto encaje de las facultades de control de los poderes p鷅licos en materia de calidad alimentaria, un aspecto de importancia capital para la adecuada articulaci髇 de la cadena alimentaria a que se ha hecho referencia. As�, la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2016, de 21 de julio, vino a anular una parte concreta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, considerando que conten韆 un excesivo detalle en el tratamiento de las conductas tipificadas, que debiera permitir un mayor desarrollo normativo por las administraciones auton髆icas en ejercicio de sus competencias. Como consecuencia de este pronunciamiento judicial, se anul� entre otros extremos una parte de la disposici髇 transitoria 鷑ica de la referida, por lo que resulta urgente articular de modo cognoscible el r間imen de infracciones y sanciones aplicable en estos casos, garantizando al propio tiempo la seguridad jur韉ica de los operadores y los poderes p鷅licos afectados y logrando con ello la efectiva articulaci髇 entre sistemas sancionadores en materia de calidad agroalimentaria. Esta inclusi髇, sin alterar el esquema general prevenido en la ley, viene a completar su contenido y act鷄 como correlato l骻ico sectorial de las medidas ya previstas con car醕ter general por la legislaci髇.

Las anteriores modificaciones normativas se encuadran sin dificultad en el concepto de extraordinaria y urgente necesidad, pues los cambios normativos que se establecen no pueden demorarse debido a los perjuicios que estas lagunas jur韉icas generan en el correcto funcionamiento del mercado, derivados de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, la seguridad jur韉ica exige una pronta soluci髇 a esta circunstancia, dotando de reglas claras y cognoscibles al sector agroalimentario, con el fin de que tanto operadores como entidades p鷅licas, no s髄o puedan actuar en la leg韙ima confianza de que concurren los requisitos de validez de su marco regulador, sino tambi閚 con garant韆 de la plena adecuaci髇 de dicha regulaci髇 a las concretas necesidades de su estructura.

VIII

Tal y como se ha justificado caso por caso en los apartados anteriores, se considera que la adopci髇 del conjunto de medidas contempladas en el presente real decreto-ley re鷑e, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 como presupuestos habilitantes para su aprobaci髇.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre (FJ 5), se馻l� 玪a relevancia, desde la perspectiva del art韈ulo 86.1 CE, de la ordenaci髇 de los procesos que se desarrollan en el sector energ閠ico (SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 6; 233/2012, de 13 de diciembre, FJ 2; y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 8)�. As�, en relaci髇 con la concurrencia de la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad en la adopci髇 de un real decreto-ley, el Tribunal Constitucional se馻la que 玪a importancia del sector energ閠ico para el desarrollo de la actividad econ髆ica en general determina que su ordenaci髇, introduciendo reformas en el mismo a fin de mejorar el funcionamiento de los distintos subsectores que lo integran, sea susceptible de constituir una necesidad cuya valoraci髇 entra dentro del 醡bito de atribuciones que corresponde al Gobierno…�.

La extraordinaria y urgente necesidad tambi閚 se deriva de los riesgos que afectan a la competitividad del sector industrial espa駉l, de los elevados precios de la factura el閏trica para la industria y, en particular, para las industrias electrointensivas, as� como de las situaciones de incumplimiento de los requisitos de seguridad y medioambientales exigidos a veh韈ulos y productos industriales, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificaci髇 normativa pueda tener la eficacia que se pretende. En concreto, por lo que a la modificaci髇 de sanciones en materia de seguridad industrial se refiere, hay que recordar la STC 3/1988, relativa al Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protecci髇 de la seguridad ciudadana, en su FJ 6 considera que el establecimiento de infracciones o sanciones administrativas por decreto-ley no afecta al art韈ulo 25 de la Constituci髇: �… la utilizaci髇 del Decreto-ley para la previsi髇 de tipos de il韈ito y las correspondientes sanciones no supondr韆 una contradicci髇 con lo dispuesto en el art. 25.1, al configurarse el Decreto-ley, seg鷑 el art. 86. 1 C.E., como 玠isposici髇 legislativa� que se inserta en el ordenamiento jur韉ico (provisionalmente hasta su convalidaci髇, y definitivamente tras 閟ta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC 29/1982, de 31 de mayo, fundamento jur韉ico 2.�)�.

En cuanto a las medidas adoptadas en el 醡bito del comercio, en primer lugar, urge la modificaci髇 de la regulaci髇 vigente sobre la venta a p閞dida recogida en el art韈ulo 14 de la Ley de Ordenaci髇 del Comercio Minorista una vez que el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea ha declarado que no se adapta a las exigencias de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre pr醕ticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. En segundo t閞mino, es necesaria la supresi髇 de las obligaciones relativas a los registros que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista y en sus normas de desarrollo, las cuales se han revelado como poco justificadas constituyendo cargas para las empresas, pero cuyo incumplimiento, sin embargo, puede ser objeto de sanci髇.

En definitiva, de todo lo anterior resulta que el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10; 137/2011, F. 7 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), que subvenir a un situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Adem醩, este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas, ni al Derecho electoral general.

Por tanto, cabe concluir que en conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

IX

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en materia de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇, al ser la actividad industrial una parte de la actividad econ髆ica, en la que el Estado tiene competencia exclusiva para determinar las bases y la coordinaci髇 referente a toda clase de industrias. Asimismo, esta norma se dicta de acuerdo con las competencias estatales establecidas en los art韈ulos 149.1.7.� y 17.� sobre la legislaci髇 laboral y legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social.

Por otro lado, la norma se fundamenta en el t韙ulo competencial reconocido en el art韈ulo 149.1.25.� sobre bases del r間imen minero y energ閠ico, y se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional con relaci髇 al alcance de las normas b醩icas en materia de energ韆 respetando las competencias que, en su caso, se atribuyan a las comunidades aut髇omas en sus respectivos estatutos de autonom韆.

Las medidas adoptadas en materia de comercio se fundamentan en los art韈ulos 149.1.6.� y 8.� de la Constituci髇, que otorgan al Estado la competencia exclusiva para regular el derecho mercantil de la competencia y la legislaci髇 civil. Asimismo, estas medidas tambi閚 se amparan en el t韙ulo competencial otorgado al Estado en el art韈ulo 149.1.13.� sobre bases y de coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica.

X

La presente norma se adecua a los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, estableci閚dose un marco normativo estable, integrado y claro. Por 鷏timo, en cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su prop髎ito, ofreci閚dose en esta Exposici髇 de Motivos una explicaci髇 de las medidas que se adoptan en los distintos sectores.

En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de la Ministra para la Transici髇 Ecol骻ica y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 7 de diciembre de 2018,

DISPONGO:

T蚑ULO I
Medidas en materia de industria

CAP蚑ULO I
Medidas de fomento de la competitividad industrial

Art韈ulo 1 Modificaci髇 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

Se a馻de un nuevo apartado 6 a la disposici髇 transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con la siguiente redacci髇:

�6. Se seguir� aplicando la regulaci髇 para la modalidad de jubilaci髇 parcial con simult醤ea celebraci髇 de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualizaci髇, adecuaci髇 y modernizaci髇 del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilaci髇 parcial realice directamente funciones que requieran esfuerzo f韘ico o alto grado de atenci髇 en tareas de fabricaci髇, elaboraci髇 o transformaci髇, as� como en las de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparaci髇 especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.
• b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilaci髇 parcial acredite un per韔do de antig黣dad en la empresa de, al menos, seis a駉s inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilaci髇 parcial. A tal efecto, se computar� la antig黣dad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesi髇 de empresa en los t閞minos previstos en el art韈ulo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
• c) Que en el momento del hecho causante de la jubilaci髇 parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su plantilla.
• d) Que la reducci髇 de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle comprendida entre un m韓imo de un 25 por ciento y un m醲imo del 67 por ciento, o del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duraci髇 indefinida. Dichos porcentajes se entender醤 referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
• e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotizaci髇 del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podr� ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotizaci髇 correspondientes a los seis 鷏timos meses del per韔do de base reguladora de la pensi髇 de jubilaci髇 parcial.
• f) Que se acredite un per韔do de cotizaci髇 de treinta y tres a駉s en la fecha del hecho causante de la jubilaci髇 parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computar� el per韔do de prestaci髇 del servicio militar obligatorio o de la prestaci髇 social sustitutoria, con el l韒ite m醲imo de un a駉.

En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el per韔do de cotizaci髇 exigido ser� de veinticinco a駉s.�

LE0000561511_20230401

CAP蚑ULO II
Medidas de apoyo para la transici髇 justa de la industria electrointensiva

Art韈ulo 3 Redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerrada

1. Se habilita al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la figura de la red de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerrada, para el suministro de electricidad a actividades industriales que, por razones fundamentalmente de seguridad, se encuentren integradas en 醡bitos geogr醘icos reducidos.

2. A tal efecto, el Gobierno desarrollar� en el plazo m醲imo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley un reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deber醤 cumplirse para el otorgamiento de la autorizaci髇 administrativa de las redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerrada. Entre dichos requisitos deber醤 contemplarse, al menos, los relativos a la sostenibilidad econ髆ica y financiera del sistema el閏trico, garant韆 de la seguridad en la operaci髇, la evitaci髇 de la fragmentaci髇 y redundancia en las redes para alimentar a los consumidores, la evitaci髇 de la discriminaci髇 entre grupos de consumidores que re鷑an caracter韘ticas similares, y la minimizaci髇 del impacto ambiental provocado por las redes. La autorizaci髇 podr� ser revocada si dejan de cumplirse los requisitos que se establezcan para su autorizaci髇.

El real decreto se馻lado, adicionalmente, podr� regular aspectos relativos a la propiedad de los activos, las condiciones de acceso a las redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica cerradas, los tipos de contratos y las obligaciones econ髆icas y t閏nicas con el sistema el閏trico.

3. Las redes de distribuci髇 cerradas deber醤 ser autorizadas por la Direcci髇 General de Pol韙ica Energ閠icas y Minas del Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica, previo informe de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que se analice el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado 2 y, en particular, la sostenibilidad econ髆ica y financiera del sistema el閏trico.

V閍se el n鷐ero 1 del anexo de la Res. 29爅ulio�2019, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con el R.D.-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad econ髆ica en el sector de la industria y el comercio en Espa馻 (獴.O.E.� 13 septiembre).LE0000651012_20190914

Art韈ulo 4 Estatuto de Consumidores Electrointensivos

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley el Gobierno aprobar�, mediante real decreto, un Estatuto de Consumidores Electrointensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores el閏tricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda el閏trica y una curva de consumo estable y predecible.

2. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos establecer� la caracterizaci髇 de dichos consumidores atendiendo a variables objetivas vinculadas a las pautas y volumen de potencia y energ韆 demandadas, as� como a su contribuci髇 potencial a una mejor gesti髇 t閏nica y econ髆ica del sistema el閏trico.

3. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos desarrollar� mecanismos a los que se podr醤 acoger estos consumidores, encaminados a mitigar los efectos de los costes energ閠icos sobre la competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria, as� como las obligaciones y compromisos que deber醤 asumir dichos consumidores en el 醡bito de la eficiencia energ閠ica, sustituci髇 de fuentes energ閠icas emisoras y contaminantes, inversi髇 en I+D+i y empleo, entre otros.

V閍se el R.D. 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos (獴.O.E.� 17 diciembre).LE0000683499_20220505

T蚑ULO II
Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribuci髇 comercial minorista y registros espec韋icos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Se modifica la letra e) del apartado 6 de la disposici髇 adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que queda redactada como sigue:

• 玡) Establecer y desarrollar, en el 醡bito de las competencias que tiene atribuidas por esta ley la Administraci髇 General del Estado, el r間imen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.�

LE0000511176_20220616