Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevenci髇 de la utilizaci髇 del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• INTRODUCCION
• CAP蚑ULO I.�DISPOSICIONES GENERALES
  • SECCI覰 1.�Objeto, 醡bito de aplicaci髇 y definiciones
    • Art韈ulo 1燨bjeto
    • Art韈ulo 2燚efiniciones
  • SECCI覰 2.�Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiaci髇 del terrorismo
    • Art韈ulo 3燚eterminaci髇 de los sectores expuestos a escala nacional
    • Art韈ulo 4燫equisitos relativos a determinados prestadores de servicios
    • Art韈ulo 5燫equisitos relacionados con la concesi髇 del derecho a residir a cambio de inversiones
    • Art韈ulo 6燙omprobaciones sobre la alta direcci髇 y los titulares reales de determinadas entidades obligadas
  • SECCI覰 3.�Evaluaciones de riesgos
    • Art韈ulo 7燛valuaci髇 de riesgos a escala de la Uni髇
    • Art韈ulo 8燛valuaci髇 nacional de riesgos
    • Art韈ulo 9燛stad韘ticas
• CAP蚑ULO II.�REGISTROS
  • SECCI覰 1.�Registros centrales de titularidad real
    • Art韈ulo 10燫egistros centrales de titularidad real
    • Art韈ulo 11燦ormas generales relativas al acceso a los registros de titularidad real por parte de las autoridades competentes, los organismos autorreguladores y las entidades obligadas
    • Art韈ulo 12燦ormas espec韋icas de acceso a los registros de titularidad real para personas con un inter閟 leg韙imo
    • Art韈ulo 13燩rocedimiento de verificaci髇 y reconocimiento mutuo del inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real
    • Articulo 14燩lantillas y procedimientos
    • Art韈ulo 15燛xcepciones a las normas de acceso a los registros de titularidad real
  • SECCI覰 2.�Informaci髇 sobre cuentas bancarias
    • Art韈ulo 16燫egistros de cuentas bancarias y sistemas electr髇icos de recuperaci髇 de datos
    • Art韈ulo 17燗ctos de ejecuci髇 para la interconexi髇 de registros
  • SECCI覰 3.�Punto de acceso 鷑ico a la informaci髇 sobre bienes inmuebles
    • Art韈ulo 18燩unto de acceso 鷑ico a la informaci髇 sobre bienes inmuebles
• CAP蚑ULO III.�UIF
  • Art韈ulo 19燙reaci髇 de la UIF
  • Art韈ulo 20燗gente de derechos fundamentales
  • Art韈ulo 21燗cceso a la informaci髇
  • Art韈ulo 22燫espuestas a solicitudes de informaci髇
  • Art韈ulo 23燬uministro de informaci髇 a los supervisores
  • Art韈ulo 24燬uspensi髇 o no autorizaci髇
  • Art韈ulo 25營nstrucciones para el seguimiento de las operaciones o actividades
  • Art韈ulo 26燗lertas a las entidades obligadas
  • Art韈ulo 27營nforme anual de la UIF
  • Art韈ulo 28燨bservaciones de las UIF
  • Art韈ulo 29燙ooperaci髇 entre las UIF
  • Art韈ulo 30燙anales de comunicaci髇 protegidos
  • Art韈ulo 31營ntercambio de informaci髇 entre las UIF
  • Art韈ulo 32燗n醠isis conjuntos
  • Art韈ulo 33燯so por parte de las UIF de la informaci髇 intercambiada entre ellas
  • Art韈ulo 34燙onsentimiento para difundir la informaci髇 intercambiada entre las UIF
  • Art韈ulo 35燛fecto de las disposiciones de Derecho penal
  • Art韈ulo 36燙onfidencialidad de los informes
• CAP蚑ULO IV.�SUPERVISI覰 DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
  • SECCI覰 1.�Disposiciones generales
    • Art韈ulo 37燜acultades y recursos de los supervisores nacionales
    • Art韈ulo 38燬upervisi髇 de formas de infraestructuras de determinados intermediarios que operen en r間imen de libre prestaci髇 de servicios
    • Art韈ulo 39燬uministro de informaci髇 a las entidades obligadas
    • Art韈ulo 40燬upervisi髇 basada en el riesgo
    • Art韈ulo 41燩untos de contacto centrales
    • Art韈ulo 42燚ivulgaci髇 a las UIF
    • Art韈ulo 43燬uministro de informaci髇 a las UIF
    • Art韈ulo 44燩rincipios generales relativos a la cooperaci髇 en materia de supervisi髇
    • Art韈ulo 45燬uministro de informaci髇 relativa a actividades transfronterizas
    • Art韈ulo 46燚isposiciones relativas a la cooperaci髇 en el contexto de la supervisi髇 de grupo
    • Art韈ulo 47燙ooperaci髇 en materia de supervisi髇 relativa a entidades obligadas que lleven a cabo actividades transfronterizas
    • Art韈ulo 48營ntercambio de informaci髇 en relaci髇 con la aplicaci髇 de pol韙icas a nivel de grupo en terceros pa韘es
  • SECCI覰 2.�Cooperaci髇 dentro de los colegios de supervisores de LBC/LFT y con los hom髄ogos en terceros pa韘es
    • Art韈ulo 49燙olegios de supervisores de LBC/LFT en el sector financiero
    • Art韈ulo 50燙olegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero
    • Art韈ulo 51燙ooperaci髇 con supervisores de terceros pa韘es
  • SECCI覰 3.�Disposiciones espec韋icas relativas a los organismos autorreguladores
    • Art韈ulo 52燰igilancia de los organismos autorreguladores
  • SECCI覰 4.�Sanciones pecuniarias y medidas administrativas
    • Art韈ulo 53燚isposiciones generales
    • Art韈ulo 54燤edidas de supervisi髇 relativas a los establecimientos de entidades obligadas y a determinadas actividades realizadas en r間imen de libre prestaci髇 de servicios
    • Art韈ulo 55燬anciones pecuniarias
    • Art韈ulo 56燤edidas administrativas
    • Art韈ulo 57燤ultas coercitivas
    • Art韈ulo 58燩ublicaci髇 de las sanciones pecuniarias, las medidas administrativas y las multas coercitivas
    • Art韈ulo 59營ntercambio de informaci髇 sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas
  • SECCI覰 5.�Denuncia de infracciones
    • Art韈ulo 60燚enuncia de infracciones y protecci髇 de los denunciantes
• CAP蚑ULO V.�COOPERACI覰
  • SECCI覰 1.�Cooperaci髇 en materia de LBC/LFT
    • Art韈ulo 61燚isposiciones generales
    • Art韈ulo 62燙omunicaci髇 de la lista de las autoridades competentes
    • Art韈ulo 63燙ooperaci髇 con la ALBC
  • SECCI覰 2.�Cooperaci髇 con otras autoridades e intercambio de informaci髇 confidencial
    • Art韈ulo 64燙ooperaci髇 en relaci髇 con las entidades de cr閐ito o entidades financieras
    • Art韈ulo 65燙ooperaci髇 en relaci髇 con los auditores
    • Art韈ulo 66燙ooperaci髇 con las autoridades encargadas de aplicar sanciones financieras espec韋icas
    • Art韈ulo 67燫equisitos de secreto profesional
    • Art韈ulo 68營ntercambio de informaci髇 entre los supervisores y con otras autoridades
  • SECCI覰 3.�Directrices de cooperaci髇
    • Art韈ulo 69燚irectrices de cooperaci髇 en materia de LBC/LFT
• CAP蚑ULO VI.�PROTECCI覰 DE DATOS
  • Art韈ulo 70燭ratamiento de determinadas categor韆s de datos personales
• CAP蚑ULO VII.�DISPOSICIONES FINALES
  • Art韈ulo 71燛jercicio de la delegaci髇
  • Art韈ulo 72燩rocedimiento de comit�
  • Art韈ulo 73燝esti髇 transitoria de FIU.net
  • Art韈ulo 74燤odificaciones de la Directiva (UE) 2015/849
  • Art韈ulo 75燤odificaci髇 de la Directiva (UE) 2019/1937
  • Art韈ulo 76燫evisi髇
  • Art韈ulo 77燚erogaci髇
  • Art韈ulo 78燭ransposici髇
  • Art韈ulo 79燛ntrada en vigor
  • Art韈ulo 80燚estinatarios
• ANEXO.� Tabla de correspondencias

Art韈ulo 1 Objeto

La presente Directiva establece normas sobre:

• a) las medidas aplicables a los sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiaci髇 del terrorismo a escala nacional;
• b) los requisitos relativos al registro, la identificaci髇 y los controles de la alta direcci髇 y los titulares reales de las entidades obligadas;
• c) la determinaci髇 de los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo a escala de la Uni髇 y de los Estados miembros;
• d) la creaci髇 de registros de titularidad real y cuentas bancarias y el acceso a dichos registros, as� como el acceso a informaci髇 de bienes inmuebles;
• e) las responsabilidades y tareas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF);
• f) las responsabilidades y tareas de los organismos que participan en la supervisi髇 de las entidades obligadas;
• g) la cooperaci髇 entre las autoridades competentes y la cooperaci髇 con las autoridades cubiertas por otros actos jur韉icos de la Uni髇.

Art韈ulo 2 Definiciones

A efectos de la presente Directiva, ser醤 de aplicaci髇 las definiciones que figuran en el art韈ulo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624.

Ser醤 asimismo de aplicaci髇 las definiciones siguientes:

• 1) 玸upervisor financiero�: supervisor encargado de las entidades de cr閐ito y las entidades financieras;
• 2) 玸upervisor no financiero�: supervisor encargado del sector no financiero;
• 3) 玸ector no financiero�: entidades obligadas enumeradas en el art韈ulo 3, punto 3, del Reglamento (UE) 2024/1624;
• 4) 玡ntidad obligada�: una persona f韘ica o jur韉ica mencionada en el art韈ulo 3 del Reglamento (UE) 2024/1624 que no est� exenta de conformidad con los art韈ulos 4, 5, 6 o 7 de dicho Reglamento;
• 5) 獷stado miembro de origen�: el Estado miembro en el que est� situado el domicilio social de la entidad obligada o, si la entidad obligada no tiene domicilio social, el Estado miembro en el que tenga su sede central;
• 6) 獷stado miembro de acogida�: el Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en el cual la entidad obligada tenga un establecimiento, como una filial o una sucursal, o donde la entidad obligada opere mediante una infraestructura en r間imen de libre prestaci髇 de servicios;
• 7) 玜utoridades aduaneras�: las autoridades aduaneras tal como se definen en el art韈ulo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n.� 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (34) y las autoridades competentes tal como se definen en el art韈ulo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo (35) ;
• 8) 玞olegio de supervisores de LBC/LFT�: estructura permanente de cooperaci髇 e intercambio de informaci髇 a efectos de la supervisi髇 de un grupo o una entidad que opera en un Estado miembro de acogida o en un tercer pa韘;
• 9) 玴royecto de medida nacional�: texto de un acto, independientemente de su forma, que, una vez adoptado, tendr� efectos jur韉icos, que se encuentre en una fase de preparaci髇 en la que a鷑 puedan introducirse modificaciones sustanciales;
• 10) 玞uenta de valores�: cuenta de valores seg鷑 se define en el art韈ulo 2, apartado 1, punto 28, del Reglamento (UE) n.� 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (36) ;
• 11) 玽alores�: instrumentos financieros seg鷑 se definen en el art韈ulo 4, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (37) ;

Art韈ulo 3 Determinaci髇 de los sectores expuestos a escala nacional

1. Cuando un Estado miembro determine que, adem醩 de las entidades obligadas, las entidades de otros sectores est醤 expuestas a riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo, podr� decidir aplicar a esas entidades adicionales en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624.

2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 su intenci髇 de aplicar en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624 a entidades de otros sectores Dicha notificaci髇 se acompa馻r� de:

• a) una justificaci髇 de los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo en los que se basa dicha intenci髇;
• b) una evaluaci髇 de la repercusi髇 que dicha solicitud tendr� en la prestaci髇 de servicios en el mercado interior;
• c) los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1624 que el Estado miembro tenga la intenci髇 de aplicar a dichas entidades;
• d) el texto del proyecto de medidas nacionales, as� como cualquier actualizaci髇, cuando el Estado miembro haya alterado de forma considerable el 醡bito de aplicaci髇, el contenido o la aplicaci髇 de dichas medidas notificadas.

3. Los Estados miembros aplazar醤 la adopci髇 de las medidas nacionales por un per韔do de seis meses a partir de la fecha de la notificaci髇 mencionada en el apartado 2.

El aplazamiento a que se refiere el p醨rafo primero del presente apartado no se aplicar� en los casos en que la medida nacional tenga por objeto hacer frente a una amenaza grave y actual de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo. En ese caso, la notificaci髇 a que se refiere el apartado 2 ir� acompa馻da de una justificaci髇 de por qu� el Estado miembro no aplazar� su adopci髇.

4. Antes de que finalice el per韔do mencionado en el apartado 3, la Comisi髇, previa consulta a la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci髇 del Terrorismo creada por el Reglamento (UE) 2024/1620 (ALBC), emitir� un dictamen motivado en el que se pronunciar� sobre si la medida prevista:

• a) es adecuada para hacer frente a los riesgos detectados, en particular por lo que se refiere a si los riesgos detectados por el Estado miembro afectan al mercado interior;
• b) puede crear obst醕ulos a la libre circulaci髇 de servicios o capitales o a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en el mercado interior que no sean proporcionados a los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo que la medida pretende atenuar.

El dictamen motivado mencionado en el p醨rafo primero indicar� asimismo si la Comisi髇 tiene la intenci髇 de proponer medidas a escala de la Uni髇.

5. Cuando la Comisi髇 no considere apropiado proponer medidas a escala de la Uni髇, el Estado miembro de que se trate informar� a la Comisi髇, en un plazo de dos meses a partir de la recepci髇 del dictamen motivado a que se refiere el apartado 4, sobre el curso que se propone darle. La Comisi髇 formular� observaciones sobre el curso propuesto por el Estado miembro.

6. Cuando la Comisi髇 manifieste su intenci髇 de proponer medidas a escala de la Uni髇 de conformidad con el apartado 4, p醨rafo segundo, el Estado miembro de que se trate se abstendr� de adoptar las medidas nacionales a que se refiere el apartado 2, letra d), a menos que dichas medidas nacionales tengan por objeto hacer frente a una amenaza grave y actual de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo.

7. Cuando el 9 de julio de 2024, los Estados miembros ya hayan aplicado disposiciones nacionales de transposici髇 de la Directiva (UE) 2015/849 a sectores distintos de las entidades obligadas, podr醤 aplicar a dichos sectores en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624.

A m醩 tardar el 10 de enero de 2028, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 los sectores determinados a escala nacional con arreglo al p醨rafo primero del presente apartado a los que se apliquen los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1624, junto con una justificaci髇 de la exposici髇 de dichos sectores a los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo. En un plazo de seis meses a partir de dicha notificaci髇, la Comisi髇, tras consultar a la ALBC, emitir� un dictamen motivado con arreglo al apartado 4. Cuando la Comisi髇 no considere apropiado proponer medidas a escala de la Uni髇, se aplicar� el apartado 5.

8. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028 y posteriormente cada a駉, la Comisi髇 publicar� en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea una lista consolidada de los sectores a los que los Estados miembros han decidido aplicar en su totalidad o en parte el Reglamento (UE) 2024/1624.

Art韈ulo 4 Requisitos relativos a determinados prestadores de servicios

1. Los Estados miembros velar醤 por que los establecimientos de cambio de moneda y las entidades de cobro de cheques, as� como los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos (del tipo 玹rust�) est閚 sujetos a licencia o registro.

2. Los Estados miembros velar醤 por que todos los proveedores de servicios de juegos de azar est閚 regulados.

3. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades obligadas distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 est閚 sujetas a unos requisitos m韓imos de registro que permitan a los supervisores su identificaci髇.

El p醨rafo primero no se aplicar� cuando las entidades obligadas distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 est閚 sujetas a requisitos de concesi髇 de licencias o de registro en virtud de otros actos jur韉icos de la Uni髇, o a normas nacionales que regulen el acceso a la profesi髇 o la sometan a requisitos de concesi髇 de licencias o de registro que permitan a los supervisores su identificaci髇.

Art韈ulo 5 Requisitos relacionados con la concesi髇 del derecho a residir a cambio de inversiones

1. Los Estados miembros cuyo Derecho nacional otorgue el derecho a residir a cambio de cualquier tipo de inversi髇, como transferencias de capital, compra o arrendamiento de bienes inmuebles, inversi髇 en bonos del Estado, inversi髇 en sociedades, donaciones o dotaciones financieras para actividades que contribuyan al bien p鷅lico y contribuciones a los presupuestos del Estado, establecer醤 como m韓imo las siguientes medidas para atenuar los riesgos asociados de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiaci髇 del terrorismo:

• a) un proceso de gesti髇 de riesgos que incluya la identificaci髇, la clasificaci髇 y la atenuaci髇 de riesgos coordinados por una autoridad designada;
• b) medidas relativas prevean la atenuaci髇 de los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiaci髇 del terrorismo asociados a los solicitantes del derecho a residir a cambio de inversiones, en particular:
  • i) controles del perfil del solicitante por parte de la autoridad designada, como la obtenci髇 de informaci髇 sobre el origen de los fondos y del patrimonio del solicitante,
  • ii) la verificaci髇 de la informaci髇 sobre los solicitantes con la informaci髇 que obre en poder de las autoridades competentes a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, punto 44, letras a) y c), del Reglamento (UE) 2024/1624, siempre que se respete el procedimiento penal nacional aplicable y se comprueben las listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas de la Uni髇,
  • iii) revisiones peri骴icas de los solicitantes de riesgo medio y alto.

2. Los Estados miembros garantizar醤 el seguimiento de la aplicaci髇 del proceso de gesti髇 de riesgos a que se refiere el apartado 1, letra a), entre otros, por medio de una evaluaci髇 anual.

3. Los Estados miembros adoptar醤 y aplicar醤 las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo de manera coherente con los riesgos detectados en la evaluaci髇 de riesgos realizada con arreglo al art韈ulo 8.

4. Los Estados miembros publicar醤 un informe anual sobre los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiaci髇 del terrorismo asociados a la concesi髇 del derecho a residir a cambio de inversiones. Dichos informes se har醤 p鷅licos e incluir醤 informaci髇 sobre:

• a) el n鷐ero de solicitudes recibidas y de pa韘es de origen de los solicitantes;
• b) el n鷐ero de permisos de residencia concedidos o denegados y los motivos de tales denegaciones;
• c) cualquier novedad detectada relacionada con los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiaci髇 del terrorismo asociados a la concesi髇 del derecho a residir a cambio de inversiones.

5. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 las medidas adoptadas en virtud del apartado 1 del presente art韈ulo. Dicha notificaci髇 incluir� la motivaci髇 de dichas medidas, basada en la evaluaci髇 del riesgo pertinente llevada a cabo por los Estados miembros con arreglo al art韈ulo 8.

6. La Comisi髇 publicar� en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea las medidas notificadas por los Estados miembros de conformidad con el apartado 5.

7. A m醩 tardar el 10 de julio de 2030, la Comisi髇 publicar� un informe de evaluaci髇 de las medidas notificadas en virtud del apartado 5 para atenuar los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiaci髇 del terrorismo y, en caso necesario, formular� recomendaciones.

Art韈ulo 6 Comprobaciones sobre la alta direcci髇 y los titulares reales de determinadas entidades obligadas

1. Los Estados miembros exigir醤 a los supervisores que verifiquen que los miembros de la alta direcci髇 de las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 4, apartados 1 y 2, as� como tambi閚 los de las sociedades financieras mixtas de cartera y los titulares reales de dichas entidades, gozan de honorabilidad y act鷄n con honestidad e integridad. La alta direcci髇 de dichas entidades tambi閚 poseer� los conocimientos y la experiencia necesarios para desempe馻r sus funciones.

2. Con respecto a las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, apartado 3, letras a), b), d), e) f) y h) a o), del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros velar醤 por que los supervisores adopten las medidas necesarias para impedir que las personas condenadas por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes pertinentes o por financiaci髇 del terrorismo, o sus c髆plices, est閚 acreditadas profesionalmente, o desempe馿n una funci髇 de alta direcci髇 en dichas entidades obligadas o sean titulares reales de ellas.

3. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores verifiquen, en funci髇 del riesgo, si se siguen cumpliendo los requisitos de los apartados 1 y 2. En particular, comprobar醤 si la alta direcci髇 de las entidades obligadas contempladas en el apartados 1 goza de honorabilidad, si act鷄 con honestidad e integridad y posee los conocimientos y la experiencia necesarios para desempe馻r sus funciones en los casos en que existan motivos razonables para sospechar que se est醤 efectuando o si se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o financiaci髇 del terrorismo, o si existe un mayor riesgo de que se efect鷈n operaciones de blanqueo de capitales o financiaci髇 del terrorismo en una entidad obligada.

4. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores est閚 facultados para solicitar el cese de cualquier persona condenada por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes pertinentes o por financiaci髇 del terrorismo de la funci髇 de alta direcci髇 de las entidades obligadas a que se refieren los apartados 1 y 2. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores est閚 facultados para cesar o imponer una prohibici髇 temporal a los miembros de la alta direcci髇 de las entidades obligadas contempladas en el apartado 1 que se considere que no gozan de la debida honorabilidad, no act鷄n con honestidad e integridad o no poseen los conocimientos y la experiencia necesarios para desempe馻r sus funciones.

5. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores est閚 facultados para desvincular a personas condenadas por blanqueo de capitales, por sus delitos subyacentes pertinentes o por financiaci髇 del terrorismo, que sean titulares reales de las entidades obligadas a que se refiere los apartados 1 y 2, de las entidades obligadas, en particular otorgando a los supervisores la facultad de solicitar la cesi髇 de la participaci髇 por parte de los titulares reales en las entidades obligadas.

6. A efectos del presente art韈ulo, los Estados miembros velar醤 por que, de conformidad con su Derecho nacional, los supervisores o cualquier otra autoridad competente a nivel nacional para evaluar los requisitos aplicables a las personas a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente art韈ulo comprueben la base de datos central de LBC/LFT con arreglo al art韈ulo 11 del Reglamento (UE) 2024/1620 y si existe una condena pertinente en el registro de antecedentes penales de la persona de que se trate. Todo intercambio de informaci髇 a esos efectos se llevar� a cabo de conformidad con la Decisi髇 Marco 2009/315/JAI y la Decisi髇 2009/316/JAI, tal como se hayan transpuesto al Derecho nacional.

7. Los Estados miembros velar醤 por que las decisiones adoptadas por los supervisores en virtud del presente art韈ulo sean objeto de procedimientos de recurso eficaces, como los recursos judiciales.

8. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC emitir� directrices sobre:

• a) los criterios para evaluar la honorabilidad, honestidad e integridad a que se refiere el apartado 1;
• b) los criterios para evaluar el conocimiento y experiencia a que se refiere el apartado 1;
• c) la aplicaci髇 coherente por parte de los supervisores de las facultades que les confiere el presente art韈ulo.

Al elaborar las directrices a que se refiere el p醨rafo primero, la ALBC tendr� en cuenta las especificidades de cada sector en el que operen las entidades obligadas.

9. Los Estados miembros aplicar醤 el presente art韈ulo en relaci髇 con las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3, letras n) y o), del Reglamento (UE) 2024/1624 a partir del 10 de julio de 2029.

Art韈ulo 7 Evaluaci髇 de riesgos a escala de la Uni髇

1. La Comisi髇 efectuar� una evaluaci髇 de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiaci髇 del terrorismo y de no aplicaci髇 y elusi髇 de sanciones financieras espec韋icas que afecten al mercado interior y que guarden relaci髇 con actividades transfronterizas.

2. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, la Comisi髇 elaborar� un informe en el que se determinen, analicen y eval鷈n dichos riesgos a escala de la Uni髇. Posteriormente, la Comisi髇 actualizar� dicho informe cada cuatro a駉s. La Comisi髇 podr� actualizar partes del informe con mayor frecuencia, si procede.

Cuando, durante la actualizaci髇 de su informe, la Comisi髇 detecte nuevos riesgos, podr� recomendar a los Estados miembros que consideren la posibilidad de actualizar sus evaluaciones nacionales de riesgos, o lleven a cabo evaluaciones sectoriales de riesgos, conforme al art韈ulo 8 con el fin de evaluar dichos riesgos.

El informe a que se refiere el p醨rafo primero se har� p鷅lico, salvo los elementos que contengan informaci髇 clasificada.

3. El informe al que se refiere el apartado 1 abarcar�, como m韓imo, lo siguiente:

• a) los 醡bitos y sectores del mercado interior que est醤 expuestos a riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo;
• b) la naturaleza y el nivel de los riesgos asociados a cada 醡bito y sector;
• c) los medios m醩 habitualmente utilizados para blanquear los productos de actividades il韈itas, incluidos, cuando est閚 disponibles, aquellos que se utilizan, en particular, en las operaciones entre Estados miembros y terceros pa韘es, con independencia de la identificaci髇 de un tercer pa韘 con arreglo al cap韙ulo III, secci髇 2, del Reglamento (UE) 2024/1624;
• d) una evaluaci髇 de los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo asociados con personas jur韉icas e instrumentos jur韉icos, incluida la exposici髇 a riesgos derivados de personas jur韉icas e instrumentos jur韉icos extranjeros;
• e) los riesgos de no aplicaci髇 y elusi髇 de sanciones financieras espec韋icas.

4. La Comisi髇 formular� recomendaciones a los Estados miembros sobre las medidas convenientes para dar respuesta a los riesgos detectados. En caso de que los Estados miembros decidan no aplicar alguna de las recomendaciones en sus reg韒enes nacionales de LBC/LFT, lo notificar醤 a la Comisi髇 y justificar醤 pormenorizadamente los motivos de dicha decisi髇.

5. A m醩 tardar el 10 de julio de 2030, y posteriormente cada dos a駉s, la ALBC, de conformidad con el art韈ulo 55 del Reglamento (UE) 2024/1620, emitir� un dictamen dirigido a la Comisi髇 sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo que afecten a la Uni髇. La ALBC podr� emitir dict醡enes o actualizaciones de sus dict醡enes anteriores con mayor frecuencia, si lo considera conveniente. Los dict醡enes de la ALBC se har醤 p鷅licos, salvo los elementos que contengan informaci髇 clasificada.

6. Al efectuar la evaluaci髇 a que se refiere el apartado 1, la Comisi髇 organizar� los trabajos a escala de la Uni髇, tendr� en cuenta los dict醡enes a que se refiere el apartado 5 y asociar� a esta labor a los expertos de los Estados miembros en el 醡bito de la LBC/LFT, a los representantes de las autoridades nacionales de supervisi髇 y las UIF, a la ALBC y a otros organismos a escala de la Uni髇 y, cuando corresponda, a otras partes interesadas.

7. En un plazo de dos a駉s a partir de la adopci髇 del informe a que se refiere el apartado 2, y posteriormente cada cuatro a駉s, la Comisi髇 presentar� un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las medidas adoptadas sobre la base de las conclusiones de dicho informe.

Art韈ulo 8 Evaluaci髇 nacional de riesgos

1. Cada Estado miembro llevar� a cabo una evaluaci髇 nacional de riesgos para detectar, evaluar, comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo, y los riesgos de no aplicaci髇 y elusi髇 de sanciones financieras espec韋icas que le afecten. Mantendr� actualizada dicha evaluaci髇 de riesgos y la revisar� al menos cada cuatro a駉s.

Cuando los Estados miembros consideren que la situaci髇 de riesgo as� lo requiere, podr醤 revisar la evaluaci髇 de riesgos nacional con mayor frecuencia o llevar a cabo evaluaciones sectoriales de riesgos ad hoc.

2. Cada Estado miembro designar� una autoridad o establecer� un mecanismo para coordinar la respuesta nacional a los riesgos contemplados en el apartado 1. La identidad de dicha autoridad o la descripci髇 del mecanismo se notificar� a la Comisi髇. La Comisi髇 publicar� en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea la lista de las autoridades designadas o los mecanismos establecidos.

3. Al llevar a cabo las evaluaciones nacionales de riesgos a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo, los Estados miembros tendr醤 en cuenta el informe a que se refiere el art韈ulo 7, apartado 2, incluidos sectores y productos contemplados y las conclusiones de dicho informe.

4. Los Estados miembros utilizar醤 la evaluaci髇 nacional de riesgos para:

• a) mejorar su r間imen de LBC/LFT, en particular determinando los 醡bitos en los que las entidades obligadas deben aplicar medidas reforzadas en consonancia con un enfoque basado en el riesgo y, en su caso, especificando las medidas que deben adoptarse;
• b) determinar, si procede, los sectores o 醡bitos que presenten un riesgo menor o mayor de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo;
• c) evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo asociados a cada tipo de persona jur韉ica establecida en su territorio y a cada tipo de instrumento jur韉ico que est� regido por el Derecho nacional, que est� administrado en su territorio o cuyos fiduciarios o personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jur韉icos an醠ogos residan en su territorio, y lograr una comprensi髇 de la exposici髇 a riesgos derivados de personas jur韉icas e instrumentos jur韉icos extranjeros;
• d) decidir la asignaci髇 y priorizaci髇 de recursos para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo, as� como la no aplicaci髇 y la elusi髇 de sanciones financieras espec韋icas;
• e) garantizar que se elaboren normas apropiadas para cada sector o 醡bito, en funci髇 del riesgo de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo;
• f) poner r醦idamente a disposici髇 de las autoridades competentes y de las entidades obligadas la informaci髇 apropiada para facilitar la realizaci髇 de sus propias evaluaciones del riesgo de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo, as� como la evaluaci髇 de los riesgos de la no aplicaci髇 y elusi髇 de las sanciones financieras espec韋icas a que se refiere el art韈ulo 10 del Reglamento (UE) 2024/1624.

En la evaluaci髇 nacional de riesgos, los Estados miembros describir醤 la estructura institucional y los procedimientos generales de su r間imen de LBC/LFT, incluidos las UIF, las autoridades tributarias y las fiscal韆s, los mecanismos de cooperaci髇 con hom髄ogos dentro de la Uni髇 o en terceros pa韘es, as� como los recursos humanos y financieros asignados, en la medida en que esta informaci髇 est� disponible.

5. Los Estados miembros velar醤 por la participaci髇 adecuada de las autoridades competentes y las partes interesadas pertinentes cuando lleven a cabo su evaluaci髇 nacional de riesgos.

6. Los Estados miembros pondr醤 los resultados de sus evaluaciones nacionales de riesgos, incluidas sus actualizaciones y revisiones, a disposici髇 de la Comisi髇, la ALBC y los dem醩 Estados miembros. Cualquier Estado miembro podr� facilitar informaci髇 complementaria pertinente, si procede, a los Estados miembros que lleven a cabo la evaluaci髇 nacional de riesgos. Se pondr� a disposici髇 del p鷅lico un resumen de los resultados de las evaluaciones. Dicho resumen no contendr� informaci髇 clasificada. Todo documento difundido o hecho p鷅lico en virtud del presente apartado no contendr� ninguna informaci髇 que permita la identificaci髇 de ninguna persona f韘ica ni reproducir� el nombre de ninguna persona jur韉ica.

Art韈ulo 9 Estad韘ticas

1. Los Estados miembros dispondr醤 de estad韘ticas completas sobre cuestiones pertinentes para la eficacia de sus marcos en materia de LBC/LFT, con el fin de revisar esa eficacia.

2. Las estad韘ticas a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo incluir醤:

• a) datos relativos al tama駉 y la importancia de los diferentes sectores incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, en particular el n鷐ero de personas f韘icas y jur韉icas y la importancia econ髆ica de cada sector;
• b) datos relativos a la fase de informaci髇, la fase de investigaci髇 y la fase judicial del r間imen nacional de LBC/LFT, en particular el n鷐ero de comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas a la UIF, el seguimiento dado a dichas comunicaciones, la informaci髇 sobre las transferencias f韘icas transfronterizas de efectivo transmitida a la UIF de conformidad con el art韈ulo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el seguimiento dado a la informaci髇 presentada y, sobre una base anual, el n鷐ero de asuntos investigados, el n鷐ero de personas procesadas, el n鷐ero de personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo, los tipos de delitos subyacentes identificados de acuerdo con el art韈ulo 2 de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) , cuando dicha informaci髇 est� disponible, y el valor en euros de los bienes inmovilizados, incautados o decomisados;
• c) el n鷐ero y el porcentaje de comunicaciones de operaciones sospechosas que hayan dado lugar a la difusi髇 a otras autoridades competentes y, si se dispone de ellos, el n鷐ero y el porcentaje de comunicaciones que hayan dado lugar a nuevas investigaciones, junto con el informe anual elaborado por las UIF de conformidad con el art韈ulo 27;
• d) datos relativos al n鷐ero de solicitudes transfronterizas de informaci髇 que la UIF haya realizado, recibido, denegado y contestado total o parcialmente, desglosadas por pa韘 de la hom髄oga;
• e) el n鷐ero de solicitudes de asistencia judicial mutua u otras solicitudes internacionales de informaci髇 relativas a la titularidad real y la informaci髇 sobre cuentas bancarias a que se refieren el cap韙ulo IV del Reglamento (UE) 2024/1624 y el cap韙ulo II, secciones 1 y 2, de la presente Directiva recibidas de hom髄ogas de fuera de la Uni髇 o presentadas a estas, desglosadas por autoridad competente y pa韘 de la hom髄oga;
• f) los recursos humanos asignados a los supervisores, as� como los recursos humanos asignados a la UIF para desempe馻r las tareas especificadas en el art韈ulo 19;
• g) el n鷐ero de acciones de supervisi髇 in situ y a distancia, el n鷐ero de infracciones constatadas mediante las actuaciones de supervisi髇 y las sanciones pecuniarias y multas coercitivas impuestas o las medidas administrativas aplicadas por las autoridades de supervisi髇 y los organismos autorreguladores con arreglo al cap韙ulo IV, secci髇 4;
• h) el n鷐ero y tipo de infracciones detectadas en relaci髇 con las obligaciones del cap韙ulo IV del Reglamento (UE) 2024/1624 y las sanciones pecuniarias impuestas o las medidas administrativas aplicadas en relaci髇 con dichas infracciones, el n鷐ero de discrepancias comunicadas al registro central a que se refiere el art韈ulo 10 de la presente Directiva, as� como el n鷐ero de comprobaciones llevadas a cabo por la entidad encargada del registro central o en su nombre con arreglo al art韈ulo 10, apartado 11, de la presente Directiva;
• i) la informaci髇 siguiente relativa a la aplicaci髇 del art韈ulo 12:
  • i) el n鷐ero de solicitudes de acceso a la informaci髇 de los registros centrales sobre titularidad real sobre la base de las categor韆s establecidas en el art韈ulo 12, apartado 2,
  • ii) el porcentaje de solicitudes de acceso a la informaci髇 denegadas en cada categor韆 establecida en el art韈ulo 12, apartado 2,
  • iii) un resumen de las categor韆s de personas a las que se haya concedido acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real en virtud del art韈ulo 12, apartado 2, p醨rafo segundo;
• j) el n鷐ero de b鷖quedas de registros de cuentas bancarias o mecanismos de recuperaci髇 de datos efectuadas por las autoridades competentes, desglosadas por categor韆 de autoridad competente, y el n鷐ero de b鷖quedas de la interconexi髇 de los registros de cuentas bancarias realizadas por las UIF y las autoridades de supervisi髇;
• k) los siguientes datos relativos a la aplicaci髇 de sanciones financieras espec韋icas:
  • i) el valor de los fondos u otros activos inmovilizados, desglosados por tipos,
  • ii) recursos humanos asignados a las autoridades competentes para la aplicaci髇 y el cumplimiento de sanciones financieras espec韋icas.

3. Los Estados miembros velar醤 por que las estad韘ticas a que se refiere el apartado 2 se recopilen y transmitan anualmente a la Comisi髇. Las estad韘ticas a que se refiere el apartado 2, letras a), c), d) y f), tambi閚 se transmitir醤 a la ALBC.

La ALBC almacenar� dichas estad韘ticas en su base de datos de conformidad con el art韈ulo 11 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC adoptar� un dictamen dirigido a la Comisi髇 sobre la metodolog韆 para la recopilaci髇 de las estad韘ticas a que se refiere el apartado 2, letras a), c), d), f) y g).

5. La Comisi髇 podr� adoptar actos de ejecuci髇 mediante los que se establezca la metodolog韆 para la recopilaci髇 de las estad韘ticas a que se refiere el apartado 2 del presente art韈ulo y las disposiciones para su transmisi髇 a la Comisi髇 y a la ALBC. Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el art韈ulo 72, apartado 2.

6. A m醩 tardar el 10 de julio de 2030 y posteriormente cada dos a駉s, la Comisi髇 publicar� un informe en el que se resumir醤 y explicar醤 las estad韘ticas a que se refiere el apartado 2 y lo publicar� en su sitio web.

Art韈ulo 10 Registros centrales de titularidad real

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la informaci髇 sobre la titularidad real a la que se refiere el art韈ulo 62 del Reglamento (UE) 2024/1624, la declaraci髇 conforme al art韈ulo 63, apartado 4, de dicho Reglamento y la informaci髇 sobre los acuerdos de nominatario a que se refiere el art韈ulo 66 de dicho Reglamento se almacena en un registro central del Estado miembro donde se ha constituido la persona jur韉ica o donde est閚 establecidos o residan el fiduciario de un fideicomiso (del tipo 玹rust�) expreso o la persona que ostenta una posici髇 equivalente en un instrumento jur韉ico an醠ogo, o desde donde se administre el instrumento jur韉ico. Dicho requisito no se aplicar� a las entidades jur韉icas o los instrumentos jur韉icos a que se refiere el art韈ulo 65 del Reglamento (UE) 2024/1624.

La informaci髇 contenida en el registro central de titularidad real mencionado en el p醨rafo primero (en lo sucesivo, 玶egistro central�) estar� disponible en formato de lectura mec醤ica y se recabar� de acuerdo con los actos de ejecuci髇 a que se refiere el apartado 6.

2. Como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 1, p醨rafo primero, los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 sobre la titularidad real a que se refiere el art韈ulo 62 del Reglamento (UE) 2024/1624 de las entidades jur韉icas extranjeras e instrumentos jur韉icos extranjeros a que se refiere el art韈ulo 67 de dicho Reglamento se conserve en un registro central del Estado miembro de conformidad con las condiciones establecidas en el art韈ulo 67 de dicho Reglamento. Los Estados miembros tambi閚 velar醤 por que en el registro central se indique qu� situaci髇 enumerada en el art韈ulo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 activa el registro de la entidad jur韉ica extranjera o del instrumento jur韉ico extranjero.

3. Cuando los fiduciarios de un fideicomiso (del tipo 玹rust�) expreso o las personas que ostentan una posici髇 equivalente en un instrumento jur韉ico an醠ogo est閚 establecidos o residan en diferentes Estados miembros, ser� suficiente para considerar cumplida la obligaci髇 de registro un certificado que acredite el registro o un extracto de la informaci髇 sobre la titularidad real conservada en un registro central mantenido por un Estado miembro.

4. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las entidades encargadas del registro central est閚 facultadas para solicitar a las entidades jur韉icas, a los fiduciarios de cualquier fideicomiso (del tipo 玹rust�) expreso y las personas que ostenten una posici髇 equivalente en un instrumento jur韉ico an醠ogo, as� como a sus titulares legales y reales, toda la informaci髇 necesaria para identificar y verificar sus titulares reales, incluyendo las resoluciones del consejo de administraci髇 y las actas de sus reuniones, los acuerdos de asociaci髇, las escrituras fiduciarias, los poderes notariales u otros acuerdos y documentos contractuales.

5. Si no se identifica a persona alguna como titular real en virtud del art韈ulo 63, apartado 3, y el art韈ulo 64, apartado 6, del Reglamento (UE) 2024/1624, el registro central incluir�:

• a) una declaraci髇 donde se afirme que no hay titular real o que no se ha podido averiguar el titular real o los titulares reales, acompa馻da de una correspondiente justificaci髇 conforme al art韈ulo 63, apartado 4, letra a), y al art韈ulo 64, apartado 7, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624;
• b) los datos de todas las personas f韘icas que ostentan cargos de direcci髇 de alto nivel en la entidad jur韉ica, equivalentes a la informaci髇 requerida de acuerdo con el art韈ulo 62, apartado 1, p醨rafo segundo, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624.

Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero, letra a), est� a disposici髇 de las autoridades competentes, as� como de la ALBC, a los fines de los an醠isis conjuntos, previstos en el art韈ulo 32 de la presente Directiva y el art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620, de los organismos autorreguladores y de las entidades obligadas. No obstante, las entidades obligadas solo tendr醤 acceso a la declaraci髇 presentada por la entidad jur韉ica o el instrumento jur韉ico, si notifican una discrepancia conforme al art韈ulo 24 del Reglamento (UE) 2024/1624 o aporten pruebas de las medidas que hayan adoptado para determinar el titular o titulares reales de la entidad jur韉ica o el instrumento jur韉ico, en cuyo caso tambi閚 podr醤 acceder a la justificaci髇.

6. A m醩 tardar el 10 de julio de 2025, la Comisi髇 establecer�, por medio de actos de ejecuci髇, el formato a que se refiere el art韈ulo 62 del Reglamento (UE) 2024/1624 en el registro central, incluida una lista de los requisitos m韓imos de informaci髇 que la entidad encargada del registro central debe examinar. Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el art韈ulo 72, apartado 2, de la presente Directiva.

7. Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 sobre la titularidad real almacenada en los registros centrales sea adecuada y exacta y est� actualizada, y establecer醤 mecanismos para tal fin. Para ello, los Estados miembros aplicar醤, por lo menos, los siguientes requisitos:

• a) las entidades encargadas de los registros centrales verificar醤, en un plazo razonable tras la presentaci髇 de la informaci髇 sobre la titularidad real y posteriormente de manera peri骴ica, que dicha informaci髇 es adecuada y exacta y est� actualizada;
• b) Las autoridades competentes, si procede y en la medida en que tal obligaci髇 no interfiera innecesariamente en sus funciones, notificar醤 a las entidades encargadas de los registros centrales cualquier discrepancia que observen entre la informaci髇 que figure en los registros centrales y la informaci髇 de que dispongan.

El alcance y la frecuencia de la verificaci髇 mencionada en la letra a) del p醨rafo primero del presente apartado ser醤 proporcionales a los riesgos asociados a las categor韆s de entidades jur韉icas e instrumentos jur韉icos identificados conforme al art韈ulo 7, apartado 3, letra d), y al art韈ulo 8, apartado 4, letra c).

A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, la Comisi髇 emitir� recomendaciones sobre los m閠odos y procedimientos que deben utilizar las entidades encargadas de los registros centrales para verificar la informaci髇 sobre la titularidad real y las entidades obligadas y las autoridades competentes para detectar y comunicar discrepancias en relaci髇 con la informaci髇 sobre la titularidad real.

8. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la informaci髇 contenida en los registros centrales incluya cualquier cambio en la titularidad real de las entidades jur韉icas y los instrumentos jur韉icos y en los acuerdos de nominatario tras su primera inscripci髇 en el registro central.

9. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales verifiquen si la informaci髇 sobre la titularidad real conservada en esos registros concierne a personas o entidades designadas en relaci髇 con sanciones financieras espec韋icas. Tal verificaci髇 se llevar� a cabo inmediatamente despu閟 de una designaci髇 en relaci髇 con sanciones financieras espec韋icas y a intervalos peri骴icos.

Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 almacenada en los registros centrales incluya una indicaci髇 de que la entidad jur韉ica est� asociada a personas o entidades sujetas a sanciones financieras espec韋icas en cualquiera de las situaciones siguientes:

• a) una entidad jur韉ica o un instrumento jur韉ico sea objeto de sanciones financieras espec韋icas;
• b) una entidad jur韉ica o un instrumento jur韉ico est� bajo el control de una persona o entidad sujeta a sanciones financieras espec韋icas;
• c) un titular real de una entidad jur韉ica o un instrumento jur韉ico sea objeto de sanciones financieras espec韋icas.

La indicaci髇 a que se refiere el p醨rafo segundo del presente apartado ser� visible para cualquier persona o entidad a la que se le haya otorgado acceso a la informaci髇 almacenada en los registros centrales en virtud de los art韈ulos 11 y 12 y permanecer� hasta que se levanten las sanciones financieras espec韋icas.

10. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las entidades encargadas de los registros centrales tomen, en un plazo de treinta d韆s h醔iles a partir de la notificaci髇 de una discrepancia notificada por una autoridad competente o una entidad obligada, las medidas apropiadas para solucionar las discrepancias notificadas en virtud del art韈ulo 24 del Reglamento (UE) 2024/1624, incluyendo modificar la informaci髇 almacenada en los registros centrales donde la entidad puede verificar la informaci髇 sobre la titularidad real. Se har� menci髇 espec韋ica en los registros centrales del hecho de que existen discrepancias notificadas hasta que se resuelva la discrepancia, y la menci髇 ser� visible para cualquier persona o entidad a la que se le haya otorgado acceso conforme a los art韈ulos 11 y 12 de la presente Directiva.

Cuando la discrepancia sea de naturaleza compleja y las entidades encargadas de los registros centrales no puedan solucionarla en un plazo de treinta d韆s h醔iles, registrar醤 la instancia, as� como las medidas adoptadas, y adoptar醤 las medidas necesarias para solucionar la discrepancia lo antes posible.

11. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la entidad encargada del registro central est� facultada, ya sea directamente o por solicitud a otra autoridad, incluidas las autoridades judiciales, para realizar comprobaciones, incluyendo inspecciones in situ en las instalaciones de la empresa o el domicilio social de entidades jur韉icas, a fin de determinar la titularidad real actualizada de la entidad y verificar que la informaci髇 presentada en el registro central es exacta y adecuada y est� actualizada. El derecho de la entidad encargada del registro central a verificar la informaci髇 sobre la titularidad real no se restringir�, obstruir� ni imposibilitar�.

Cuando el fiduciario o la persona que ostente una posici髇 equivalente sea una de las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3), letras a), b) o c), del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros se asegurar醤 de que la entidad encargada del registro central tambi閚 est� facultada para realizar comprobaciones, incluyendo inspecciones in situ en las instalaciones de la empresa o el domicilio social del fiduciario o la persona que ostente una posici髇 equivalente. Dichas comprobaciones respetar醤 al menos las siguientes salvaguardias:

• a) respecto a las personas f韘icas, cuando las instalaciones de la empresa o el domicilio social coincidan con la residencia privada de la persona f韘ica, la inspecci髇 in situ estar� supeditada a autorizaci髇 judicial previa;
• b) se respetar� cualquier garant韆 procesal vigente en el Estado miembro para proteger la prerrogativa de secreto profesional y no se acceder� a ninguna informaci髇 protegida por la prerrogativa de secreto profesional.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las entidades encargadas de los registros centrales est閚 facultadas para solicitar informaci髇 de otros registros, tambi閚 en terceros pa韘es, en la medida en que dicha informaci髇 sea necesaria para el desempe駉 de las funciones de dichas entidades.

12. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las entidades encargadas de los registros centrales dispongan de los mecanismos automatizados necesarios para llevar a cabo las verificaciones a que se refiere el apartado 7, letra a), y apartado 9, tambi閚 contrastando la informaci髇 almacenada en dichos registros con la informaci髇 conservada por otras fuentes.

13. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, cuando una verificaci髇 a que se refiere el apartado 7, letra a), se efect鷈 en el momento de la presentaci髇 de la informaci髇 sobre la titularidad real y dicha verificaci髇 lleve a una entidad encargada de un registro central a concluir que en la informaci髇 sobre la titularidad real hay incoherencias o errores, dicha entidad encargada de un registro central pueda denegar o rechazar la emisi髇 de un certificado v醠ido que acredite el registro.

14. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, cuando una verificaci髇 a que se refiere el apartado 7, letra a), se efect鷈 despu閟 de la presentaci髇 de la informaci髇 sobre la titularidad real y lleve a una entidad encargada de un registro central a concluir que la informaci髇 ya no es adecuada, exacta y actualizada, la entidad encargada del registro central pueda suspender la validez de la certificaci髇 que acredite el registro hasta que considere que la informaci髇 facilitada sobre la titularidad real sea correcta, excepto cuando las incoherencias se limiten a errores tipogr醘icos, diferentes formas de transcripci髇 o inexactitudes menores que no afecten a la identificaci髇 de los titulares reales o su inter閟 real.

15. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la entidad encargada del registro central est� facultada para aplicar, ya sea directamente o por solicitud a otra autoridad, por ejemplo las autoridades judiciales, medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias o imponer tales sanciones pecuniarias por no facilitar, en particular con car醕ter recurrente, al registro central informaci髇 exacta, adecuada y actualizada sobre la titularidad real.

16. La Comisi髇 estar� facultada para adoptar actos delegados con arreglo al art韈ulo 71 para completar la presente Directiva mediante la definici髇 de indicadores que clasifiquen el nivel de gravedad del incumplimiento de comunicar informaci髇 adecuada, exacta y actualizada a los registros centrales, en particular en caso de incumplimientos recurrentes.

17. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, si durante las comprobaciones realizadas de acuerdo con el presente art韈ulo o de cualquier otro modo, las entidades encargadas de los registros centrales descubren hechos que podr韆n estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, dichas entidades informen a la UIF con prontitud.

18. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, en el desempe駉 de sus funciones, las entidades encargadas de los registros centrales lleven a cabo sus funciones sin influencia indebida y que dichas entidades apliquen normas a sus empleados con respecto a los conflictos de intereses y la estricta confidencialidad.

19. Los registros centrales estar醤 interconectados por medio de la plataforma central europea establecida por el art韈ulo 22, apartado 1, de la Directiva (UE) 2017/1132.

20. La informaci髇 contemplada en el apartado 1 estar� disponible a trav閟 de los registros centrales y del sistema de interconexi髇 de los registros centrales durante cinco a駉s tras la disoluci髇 de la entidad jur韉ica o desde que el instrumento jur韉ico haya dejado de existir.

Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso, los Estados miembros podr醤, en determinados casos, permitir que se conserve dicha informaci髇 durante un per韔do adicional m醲imo de cinco a駉s, siempre que los Estados miembros hayan establecido que dicha conservaci髇 sea necesaria y proporcional a los efectos de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 o enjuiciamiento de presuntas actividades de blanqueo de capitales o financiaci髇 del terrorismo.

Al expirar el per韔do de conservaci髇 contemplado en el p醨rafo primero, los Estados miembros velar醤 por que se supriman los datos personales de los registros centrales.

21. A m醩 tardar el 10 de julio de 2031, la Comisi髇 publicar� un informe que incluya lo siguiente:

• a) una evaluaci髇 de la eficacia de las medidas adoptadas por las entidades encargadas de los registros centrales para garantizar que disponen de informaci髇 adecuada, actualizada y exacta;
• b) una descripci髇 de los principales tipos de discrepancias detectadas por las entidades obligadas y las autoridades competentes en relaci髇 con la informaci髇 sobre la titularidad real conservada en los registros centrales;
• c) las mejores pr醕ticas y, en su caso, recomendaciones con respecto a las medidas adoptadas por las entidades encargadas de los registros centrales para garantizar que dichos registros contengan informaci髇 adecuada, exacta y actualizada;
• d) una visi髇 general de las caracter韘ticas de cada registro central establecido por los Estados miembros, en particular informaci髇 sobre los mecanismos para garantizar que la informaci髇 sobre la titularidad real contenida en dichos registros se mantenga exacta, adecuada y actualizada;
• e) una evaluaci髇 de la proporcionalidad de las tasas impuestas por el acceso a la informaci髇 contenida en los registros centrales.

Art韈ulo 11 Normas generales relativas al acceso a los registros de titularidad real por parte de las autoridades competentes, los organismos autorreguladores y las entidades obligadas

1. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades competentes tengan acceso inmediato, sin filtrar, directo y gratuito a toda la informaci髇 conservada en los registros centrales interconectados a que se refiere el art韈ulo 10, sin alertar a la entidad o instrumento jur韉icos de que se trate.

2. El acceso a que se refiere el apartado 1 se conceder� a:

• a) autoridades competentes;
• b) organismos autorreguladores en el desempe駉 de las funciones de supervisi髇 conforme al art韈ulo 37;
• c) autoridades tributarias;
• d) autoridades nacionales con responsabilidades espec韋icas en la aplicaci髇 de las medidas restrictivas de la Uni髇 determinadas en virtud de los Reglamentos pertinentes del Consejo adoptados sobre la base del art韈ulo 215 del TFUE;
• e) la ALBC a efectos de los an醠isis conjuntos con arreglo al art韈ulo 32 de la presente Directiva y al art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620;
• f) la Fiscal韆 Europea:
• g) la OLAF;
• h) Europol y Eurojust, cuando presten apoyo operativo a las autoridades competentes de los Estados miembros.

3. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, al tomar medidas de diligencia debida con respecto al cliente de conformidad con el cap韙ulo III del Reglamento (UE) 2024/1624, las entidades obligadas tengan acceso oportuno a la informaci髇 conservada en los registros centrales interconectados a que se refiere el art韈ulo 10 de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros podr醤 optar por poner a disposici髇 de las entidades obligadas la informaci髇 sobre la titularidad real conservada en sus registros centrales a condici髇 del pago de una tasa, que se limitar� a lo estrictamente necesario para cubrir los costes por garantizar la calidad de la informaci髇 conservada en los registros centrales y por poner a disposici髇 la informaci髇. Dichas tasas se establecer醤 de forma que no perjudique el acceso efectivo a la informaci髇 conservada en los registros centrales.

5. A m醩 tardar el 10 de octubre de 2026, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 la lista de autoridades competentes y organismos autorreguladores y las categor韆s de entidades obligadas a las que se ha otorgado acceso a los registros centrales, as� como el tipo de informaci髇 puesta a disposici髇 de las entidades obligadas. Los Estados miembros actualizar醤 dicha notificaci髇 cuando haya cambios en la lista de autoridades competentes, las categor韆s de entidades obligadas o el alcance del acceso otorgado a estas 鷏timas. La Comisi髇 pondr� a disposici髇 de los otros Estados miembros la informaci髇 sobre el acceso por parte de las autoridades competentes y las entidades obligadas, incluyendo las modificaciones que se hayan practicado en ella.

Art韈ulo 12 Normas espec韋icas de acceso a los registros de titularidad real para personas con un inter閟 leg韙imo

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que toda persona f韘ica o jur韉ica que pueda demostrar un inter閟 leg韙imo en la prevenci髇 y lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiaci髇 del terrorismo tenga acceso a la siguiente informaci髇 sobre titulares reales de entidades jur韉icas e instrumentos jur韉icos conservada en los registros centrales interconectados a que se refiere el art韈ulo 10, sin alertar a la entidad jur韉ica o instrumento jur韉ico de que se trate:

• a) el nombre y apellidos del titular real;
• b) el mes y a駉 de nacimiento del titular real;
• c) el pa韘 de residencia y la nacionalidad o nacionalidades del titular real;
• d) en el caso de los titulares reales de entidades jur韉icas, la naturaleza y alcance del inter閟 real que ostenta;
• e) en el caso de los titulares reales de fideicomisos (del tipo 玹rust�) expresos o instrumentos jur韉icos an醠ogos, la naturaleza de la titularidad real o del inter閟 real.

Adem醩 de la informaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero del presente apartado, los Estados miembros se asegurar醤 de que toda persona f韘ica o jur韉ica a que se refiere el apartado 2, letras a), b) y e), tenga tambi閚 acceso a datos hist髍icos de la informaci髇 sobre la titularidad real de la entidad jur韉ica o instrumento jur韉ico, incluidas las entidades jur韉icas o instrumentos jur韉icos que se hayan disuelto o hayan dejado de existir en los cinco a駉s anteriores, as� como una descripci髇 de la estructura de propiedad o de control.

El acceso con arreglo al presente apartado se conceder� por medios electr髇icos. No obstante, los Estados miembros se asegurar醤 de que las personas f韘icas y jur韉icas que puedan demostrar un inter閟 leg韙imo tambi閚 puedan acceder a la informaci髇 en otros formatos si no pudieran utilizar medios electr髇icos.

2. Se considerar� que las siguientes personas f韘icas o jur韉icas tienen un inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 mencionada en el apartado 1:

• a) las personas que act鷈n con fines period韘ticos, informativos o con arreglo a otras formas de expresi髇 en los medios de comunicaci髇 relacionados con la prevenci髇 del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo, o con la lucha contra los mismos;
• b) las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el mundo acad閙ico, relacionadas con la prevenci髇 del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo, o con la lucha contra los mismos;
• c) las personas f韘icas o jur韉icas susceptibles de proceder a una operaci髇 con una entidad jur韉ica o un instrumento jur韉ico y que deseen evitar cualquier v韓culo entre dicha operaci髇 y el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo;
• d) las entidades sujetas a requisitos de LBC/LFT en terceros pa韘es, siempre que puedan demostrar la necesidad de acceder a la informaci髇 a que se refiere el apartado 1 en relaci髇 con una entidad jur韉ica o instrumento jur韉ico para llevar a cabo la diligencia debida con respecto al cliente o cliente potencial con arreglo a los requisitos de LBC/LFT en esos terceros pa韘es;
• e) los hom髄ogos en terceros pa韘es de las autoridades competentes de la Uni髇 en materia de LBC/LFT, siempre que puedan demostrar la necesidad de acceder a la informaci髇 a que se refiere el apartado 1 en relaci髇 con una entidad jur韉ica o instrumento jur韉ico para desempe馻r sus funciones conforme a los marcos de LBC/LFT de dichos terceros pa韘es en el contexto de un caso espec韋ico;
• f) las autoridades de los Estados miembros encargadas de la aplicaci髇 del t韙ulo I, cap韙ulos II y III, de la Directiva (UE) 2017/1132, en particular las autoridades encargadas de la inscripci髇 de las sociedades en el registro a que se refiere el art韈ulo 16 de dicha Directiva, y las autoridades de los Estados miembros responsables del control de la legalidad de las transformaciones, fusiones y escisiones de las sociedades de capital de conformidad con el t韙ulo II de dicha Directiva;
• g) las autoridades de los programas identificadas por los Estados miembros de conformidad con el art韈ulo 71 del Reglamento (UE) 2021/1060, en lo que respecta a los beneficiarios de fondos de la Uni髇;
• h) las autoridades p鷅licas que ejecutan el Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia en virtud del Reglamento (UE) 2021/241, en lo que respecta a los beneficiarios en el marco del Mecanismo;
• i) las autoridades p鷅licas de los Estados miembros en el contexto de los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica, en lo que respecta a los licitadores y operadores a los que se haya adjudicado el contrato en el marco del procedimiento de contrataci髇 p鷅lica;
• j) los proveedores de productos de LBC/LFT, solo en la medida en que los productos desarrollados sobre la base de la informaci髇 a que se refiere el apartado 1 o que contengan dicha informaci髇 se faciliten 鷑icamente a clientes que sean entidades obligadas o autoridades competentes, siempre que dichos proveedores puedan demostrar la necesidad de acceder a la informaci髇 a que se refiere el apartado 1 en el contexto de un contrato con una entidad obligada o una autoridad competente.

Adem醩 de las categor韆s identificadas con arreglo al p醨rafo primero, los Estados miembros tambi閚 se asegurar醤 de que se conceda acceso, caso por caso, a la informaci髇 sobre la titularidad real a otras personas que puedan demostrar un inter閟 leg韙imo con respecto a la finalidad de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y la financiaci髇 del terrorismo.

3. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇:

• a) la lista de autoridades p鷅licas facultadas para consultar informaci髇 sobre la titularidad real conforme al apartado 2, letras f), g) y h), y las autoridades p鷅licas o categor韆s de autoridades p鷅licas facultadas para consultar informaci髇 sobre la titularidad real conforme al apartado 2, letra i);
• b) cualquier categor韆 adicional de personas de las que se haya comprobado que tienen un inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real identificada de conformidad con el apartado 2, p醨rafo segundo.

Los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 cualquier cambio o adici髇 a las categor韆s a que se refiere el p醨rafo primero sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzca.

La Comisi髇 pondr� a disposici髇 de los dem醩 Estados miembros la informaci髇 recibida con arreglo al presente apartado.

4. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los registros centrales conserven registros de las personas que accedan a la informaci髇 conforme al presente art韈ulo y puedan revelarlos a los titulares reales cuando presenten una solicitud con arreglo al art韈ulo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679.

No obstante, los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 facilitada por los registros centrales no conduzca a la identificaci髇 de cualquier persona que consulte el registro cuando dichas personas sean:

• a) personas que act鷈n con fines period韘ticos, informativos o relativos a cualquier otra forma de expresi髇 en los medios de comunicaci髇 relacionados con la prevenci髇 del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo, o con la lucha contra los mismos;
• b) organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la prevenci髇 del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo, o con la lucha contra ellos.

Adem醩, los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales se abstengan de revelar la identidad de cualquier hom髄ogo en terceros pa韘es de las autoridades competentes de la Uni髇 en materia de LBC/LFT a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, punto 44, letras a) y c), del Reglamento (UE) 2024/1624, mientras sea necesario para proteger los an醠isis o las investigaciones de dicha autoridad.

En relaci髇 con las personas a que se refiere el p醨rafo segundo, letras a) y b), del presente apartado, los Estados miembros velar醤 por que, cuando los titulares reales presenten una solicitud con arreglo al art韈ulo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679, se les facilite informaci髇 sobre la funci髇 u ocupaci髇 de las personas que hayan consultado su informaci髇 sobre la titularidad real.

A efectos del p醨rafo tercero, al solicitar acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real con arreglo al presente art韈ulo, las autoridades indicar醤 el per韔do, que no exceder� de cinco a駉s, durante el cual soliciten a los registros centrales que se abstengan de divulgar la informaci髇 y los motivos de dicha limitaci髇, incluida la forma en que la comunicaci髇 de la informaci髇 pondr韆 en peligro el objetivo de sus an醠isis e investigaciones. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando los registros centrales no revelen la identidad de la entidad que haya consultado la informaci髇 sobre la titularidad real, solo se concedan pr髍rogas de dicho plazo sobre la base de una solicitud motivada por parte de la autoridad del tercer pa韘, por un per韔do m醲imo de un a駉, transcurrido el cual dicha autoridad presentar� una nueva solicitud motivada de pr髍roga.

Art韈ulo 13 Procedimiento de verificaci髇 y reconocimiento mutuo del inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real

1. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales a que se refiere el art韈ulo 10 adopten medidas para verificar la existencia del inter閟 leg韙imo a que se refiere el art韈ulo 12 a tenor de los documentos, la informaci髇 y los datos obtenidos de la persona f韘ica o jur韉ica que solicite acceso al registro central (en lo sucesivo, 玸olicitante�) y, en su caso, de la informaci髇 de que dispongan en virtud del art韈ulo 12, apartado 3.

2. La existencia de un inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real se determinar� teniendo en cuenta:

• a) la funci髇 u ocupaci髇 del solicitante, y
• b) con excepci髇 de las personas a que se refiere el art韈ulo 12, apartado 2, p醨rafo primero, letras a) y b), la relaci髇 con las entidades jur韉icas o instrumentos jur韉icos espec韋icos cuya informaci髇 se solicite.

3. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando el acceso a la informaci髇 sea solicitado por una persona cuyo inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 relativa a la titularidad real en una de las categor韆s establecidas en el art韈ulo 12, apartado 2, p醨rafo primero, ya haya sido verificado por el registro central de otro Estado miembro, se cumpla la verificaci髇 de la condici髇 establecida en el apartado 2, letra a), del presente art韈ulo, recabando la prueba del inter閟 leg韙imo emitida por el registro central de ese otro Estado miembro.

Los Estados miembros podr醤 aplicar el procedimiento establecido en el p醨rafo primero del presente apartado a las categor韆s adicionales identificadas por otros Estados miembros de conformidad con el art韈ulo 12, apartado 2, p醨rafo segundo.

4. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros comprueben la identidad de los solicitantes siempre que se acceda a ellos. A tal fin, los Estados miembros velar醤 por que se disponga de procesos suficientes para verificar la identidad del solicitante, en particular permitiendo el uso de medios de identificaci髇 electr髇ica y servicios de confianza cualificados pertinentes, tal como se establece en el Reglamento (UE) n.� 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (39) .

5. A efectos del apartado 2, letra a), los Estados miembros velar醤 por que los registros centrales dispongan de mecanismos que permitan el acceso reiterado a personas que tengan un inter閟 leg韙imo en acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real sin necesidad de evaluar su funci髇 u ocupaci髇 siempre que se acceda a la informaci髇.

6. A partir del 10 de noviembre de 2026, los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales lleven a cabo la verificaci髇 mencionada en el apartado 1 y proporcionen una respuesta al solicitante en un plazo de doce d韆s h醔iles.

Como excepci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo primero, en el caso de que, de forma repentina, se produzca un aumento considerable de las solicitudes de acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real con arreglo al presente art韈ulo, el plazo para dar una respuesta al solicitante podr� prorrogarse en doce d韆s h醔iles. Si, tras la expiraci髇 de la pr髍roga, el n鷐ero de solicitudes recibidas sigue siendo elevado, dicho plazo podr� prorrogarse otros doce d韆s h醔iles.

Los Estados miembros comunicar醤 oportunamente a la Comisi髇 cualquier pr髍roga a que se refiere el p醨rafo segundo.

Cuando las entidades encargadas de los registros centrales decidan conceder acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real, expedir醤 un certificado por el que se conceda el acceso por un per韔do de tres a駉s. Las entidades encargadas de los registros centrales dar醤 respuesta a toda solicitud posterior de acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real presentada por la misma persona en un plazo de siete d韆s h醔iles.

7. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales solo puedan denegar una solicitud de acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real por uno de los motivos siguientes:

• a) cuando el solicitante no haya facilitado la informaci髇 o los documentos necesarios con arreglo al apartado 1;
• b) cuando no se haya demostrado un inter閟 leg韙imo para acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real;
• c) cuando, a tenor de la informaci髇 que obre en su poder, la entidad encargada del registro central tenga dudas fundadas de que la informaci髇 no va a utilizarse para los fines para los que se solicit� o de que la informaci髇 va a utilizarse para fines no relacionados con la prevenci髇 del blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo;
• d) cuando proceda una o varias de las situaciones mencionadas en el art韈ulo 15;
• e) en los casos a que se refiere el apartado 3, el inter閟 leg韙imo para acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real concedido por el registro central de otro Estado miembro no se ampl韆 a los fines para los que se solicita la informaci髇;
• f) cuando el solicitante se encuentre en un tercer pa韘 y la respuesta a la solicitud de acceso a la informaci髇 no cumpla las disposiciones del cap韙ulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales consideren la posibilidad de solicitar informaci髇 o documentos adicionales al solicitante antes de denegar una solicitud de acceso por los motivos enumerados en el p醨rafo primero, letras a), b), c) y e). Cuando las entidades encargadas de los registros centrales soliciten informaci髇 adicional, el plazo para dar una respuesta se prorrogar� siete d韆s.

8. Cuando las entidades encargadas de los registros centrales denieguen el acceso a la informaci髇 con arreglo al apartado 7, los Estados miembros exigir醤 que informen al solicitante de los motivos de la denegaci髇 y de su derecho a la reparaci髇. La entidad encargada del registro central documentar� las medidas adoptadas para evaluar la solicitud y obtener informaci髇 adicional con arreglo al apartado 7, p醨rafo segundo.

Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales puedan revocar el acceso cuando se presente cualquiera de los motivos enumerados en el apartado 7, o cuando la entidad encargada del registro central tenga conocimiento de ellos despu閟 de que se haya concedido dicho acceso, tambi閚, cuando proceda, sobre la base de la revocaci髇 por un registro central de otro Estado miembro.

9. Los Estados miembros velar醤 por el establecimiento de v韆s de recurso judiciales o administrativos para impugnar la denegaci髇 o revocaci髇 del acceso con arreglo al apartado 7.

10. Los Estados miembros velar醤 por que las entidades encargadas de los registros centrales puedan repetir la verificaci髇 de la funci髇 u ocupaci髇 indicada en el apartado 2, letra a), de manera peri骴ica y, en cualquier caso, no antes de que transcurran doce meses desde la concesi髇 del acceso, a menos que la entidad encargada del registro central tenga motivos razonables para creer que el inter閟 leg韙imo ha dejado de existir.

11. Los Estados miembros exigir醤 a las personas a las que se haya concedido el acceso con arreglo al presente art韈ulo que comuniquen a la entidad encargada del registro central los cambios que puedan dar lugar al cese de un inter閟 leg韙imo v醠ido, incluidos los cambios relativos a su funci髇 u ocupaci髇.

12. Los Estados miembros podr醤 optar por poner a disposici髇 de los solicitantes la informaci髇 sobre la titularidad real conservada en sus registros centrales a condici髇 del pago de una tasa, que se limitar� a lo estrictamente necesario para cubrir los costes por garantizar la calidad de la informaci髇 conservada en dichos registros y por poner a disposici髇 la informaci髇. Dichas tasas se establecer醤 de forma que no perjudique el acceso efectivo a la informaci髇 conservada en los registros centrales.

Articulo 14 Plantillas y procedimientos

1. La Comisi髇 definir�, mediante actos de ejecuci髇, las especificaciones t閏nicas y los procedimientos necesarios para la ejecuci髇 del acceso en virtud de un inter閟 leg韙imo por parte de los registros centrales a que se refiere el art韈ulo 10, en particular:

• a) plantillas normalizadas para solicitar el acceso al registro central y solicitar acceso a informaci髇 sobre la titularidad real de entidades jur韉icas e instrumentos jur韉icos;
• b) plantillas normalizadas que deber醤 utilizar los registros centrales para confirmar o denegar una solicitud de acceso al registro o de acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real;
• c) procedimientos destinados a facilitar el reconocimiento mutuo del inter閟 leg韙imo para acceder a la informaci髇 sobre la titularidad real por parte de los registros centrales de Estados miembros distintos de aquel en el que se haya presentado y aceptado por primera vez la solicitud de acceso, incluidos los procedimientos para garantizar la transmisi髇 segura de la informaci髇 sobre un solicitante;
• d) procedimientos para que los registros centrales se notifiquen rec韕rocamente las revocaciones del acceso a la informaci髇 sobre la titularidad real con arreglo al art韈ulo 13, apartado 8.

2. Los actos de ejecuci髇 a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el art韈ulo 72, apartado 2.

Art韈ulo 15 Excepciones a las normas de acceso a los registros de titularidad real

En circunstancias excepcionales que habr醤 de establecerse en el Derecho nacional, cuando el acceso a que se refieren el art韈ulo 11, apartado 3, y el art韈ulo 12, apartado 1, pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsi髇, acoso, violencia o intimidaci髇, o si el titular real es un menor o tiene otro tipo de incapacidad jur韉ica, los Estados miembros establecer醤 una exenci髇 a ese acceso que afecte total o parcialmente a la informaci髇 personal del titular real. Los Estados miembros garantizar醤 que dichas exenciones se concedan, caso por caso, tras evaluar detalladamente la naturaleza excepcional de las circunstancias y confirmar la existencia de esos riesgos desproporcionados. Se garantizar醤 los derechos a la revisi髇 administrativa de la decisi髇 por la que se concede la exenci髇 y el derecho a la tutela judicial efectiva. Los Estados miembros que hayan concedido exenciones publicar醤 datos estad韘ticos anuales sobre el n鷐ero de exenciones concedidas y las razones aducidas, y notificar醤 los datos a la Comisi髇.

Las exenciones concedidas en virtud del presente art韈ulo no se aplicar醤 a las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1624 que sean funcionarios p鷅licos.

Art韈ulo 16 Registros de cuentas bancarias y sistemas electr髇icos de recuperaci髇 de datos

1. Los Estados miembros implantar醤 mecanismos centralizados automatizados, como registros centrales o sistemas centrales electr髇icos de recuperaci髇 de datos, que permitan la identificaci髇, en tiempo oportuno, de cualquier persona f韘ica o jur韉ica que posea o controle cuentas de pago o cuentas bancarias identificadas con un IBAN, incluidos los IBAN virtuales, cuentas de valores, cuentas de criptoactivos y cajas de seguridad custodiadas en una entidad de cr閐ito o entidad financiera en su territorio.

Los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 las caracter韘ticas de dichos mecanismos nacionales, as� como los criterios de acuerdo con los que se introduce informaci髇 en ellos.

2. Los Estados miembros garantizar醤 que la informaci髇 conservada en los mecanismos centralizados automatizados sea directamente accesible, de forma inmediata y sin filtrar, para las UIF y para la ALBC a efectos de los an醠isis conjuntos con arreglo al art韈ulo 32 de la presente Directiva y al art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620. La informaci髇 tambi閚 ser� accesible de manera oportuna para las autoridades de supervisi髇 a los efectos del cumplimiento de las obligaciones que les impone la presente Directiva.

3. Estar� accesible y podr� consultarse, mediante los mecanismos centralizados automatizados:

• a) respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre de este: el nombre junto con los otros datos de identificaci髇 requeridos de conformidad con el art韈ulo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 o un n鷐ero de identificaci髇 鷑ico, as� como, cuando proceda, las fechas en que la persona que pretenda actuar en nombre del cliente empezara a estar facultada para actuar en nombre del cliente y la fecha en la que dejara de estarlo;
• b) respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre, junto con los otros datos de identificaci髇 requeridos de conformidad con el art韈ulo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 o un n鷐ero de identificaci髇 鷑ico, as� como la fecha en la que la persona pasara a ser titular real del titular de la cuenta y la fecha en la que dejara de serlo;
• c) respecto de la cuentas bancarias o de pago: el n鷐ero IBAN o, cuando la cuenta de pago no se identifique mediante un n鷐ero IBAN, el identificador 鷑ico de la cuenta, y la fecha de apertura y, cuando proceda, la fecha del cierre de esta;
• d) respecto de los IBAN virtuales emitidos por una entidad de cr閐ito o entidad financiera: el n鷐ero IBAN virtual, el identificador 鷑ico de la cuenta a la que se redirijan autom醫icamente los pagos dirigidos al IBAN virtual y la fecha de apertura y cierre de la cuenta;
• e) respecto de las cuentas de valores: el identificador 鷑ico de la cuenta y la fecha de apertura y cierre de la misma;
• f) respecto de las cuentas de criptoactivos: el identificador 鷑ico de la cuenta y la fecha de apertura y cierre de la misma;
• g) respecto de las cajas de seguridad: el nombre y apellidos del arrendatario, junto con los otros datos de identificaci髇 requeridos de conformidad con el art韈ulo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, o un n鷐ero de identificaci髇 鷑ico y la fecha en que se inici� el arrendamiento y, cuando proceda, la fecha en que ces�.

En el caso de los IBAN virtuales, el cliente-titular de la cuenta al que se refiere el p醨rafo primero, letra a), ser� el titular de la cuenta a la que se redirijan autom醫icamente los pagos dirigidos al IBAN virtual.

A efectos del p醨rafo primero, letras a) y b), el nombre comprender�, en el caso de las personas f韘icas, nombre y apellidos completos, y en el caso de las personas jur韉icas, los instrumentos jur韉icos u otras organizaciones con capacidad jur韉ica, la denominaci髇 con la que est閚 registrados.

4. La Comisi髇 podr� establecer, por medio de actos de ejecuci髇, el formato en que se habr� de presentar la informaci髇 relativa a los mecanismos centralizados automatizados. Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el art韈ulo 72, apartado 2.

5. Los Estados miembros podr醤 requerir que est� accesible y pueda consultarse, a trav閟 de los mecanismos centralizados automatizados, otra informaci髇 considerada esencial para que las UIF, as� como la ALBC a efectos de los an醠isis conjuntos con arreglo al art韈ulo 32 de la presente Directiva y al art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620 y para que las autoridades de supervisi髇 cumplan las obligaciones que les impone la presente Directiva.

6. Los mecanismos centralizados automatizados estar醤 interconectados por medio del sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias (BARIS, por sus siglas en ingl閟), que desarrollar� y gestionar� la Comisi髇. La Comisi髇 garantizar�, a m醩 tardar el 10 de julio de 2029, dicha interconexi髇 en cooperaci髇 con los Estados miembros.

La Comisi髇 podr� establecer, por medio de actos de ejecuci髇, las especificaciones y los procedimientos t閏nicos para conectar los mecanismos automatizados centralizados de los Estados miembros al sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias. Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el art韈ulo 72, apartado 2.

7. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la informaci髇 a que se refiere el apartado 3 est� disponible mediante el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos automatizados centralizados. Los Estados miembros tomar醤 las medidas adecuadas para asegurarse de que solo la informaci髇 a que se refiere el apartado 3 que est� actualizada y se corresponda con la cuenta bancaria real y la cuenta de pagos, incluido el IBAN virtual, la cuenta de valores, la cuenta de criptoactivos y la caja de seguridad est� disponible mediante sus mecanismos centralizados automatizados nacionales y el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte estos 鷏timos al que se hace referencia en este apartado. El acceso a dicha informaci髇 se conceder� de conformidad con las normas en materia de protecci髇 de datos.

La otra informaci髇 que los Estados miembros consideren esencial para las UIF y las otras autoridades competentes, en virtud del apartado 4, no ser� accesible ni podr� consultarse en el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados.

8. Los Estados miembros garantizar醤 que la informaci髇 sobre los titulares de cuentas bancarias o de pago, incluidos los IBAN virtuales, cuentas de valores, cuentas de criptoactivos y cajas de seguridad est� disponible a trav閟 de sus mecanismos centralizados automatizados nacionales y el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte dichos mecanismos durante un per韔do de cinco a駉s tras el cierre de la cuenta.

Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso, los Estados miembros podr醤, en determinados casos, permitir que se conserve dicha informaci髇 durante un per韔do adicional m醲imo de cinco a駉s, siempre que los Estados miembros hayan establecido que dicha conservaci髇 sea necesaria y proporcional a los efectos de prevenci髇, detecci髇, investigaci髇 o enjuiciamiento de presuntas actividades de blanqueo de capitales o financiaci髇 del terrorismo.

9. Se conceder� a las UIF y, a efectos de los an醠isis conjuntos con arreglo al art韈ulo 32 de la presente Directiva y al art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620, a la ALBC acceso inmediato y sin filtrar a la informaci髇 sobre las cuentas bancarias y de pago, identificadas mediante el IBAN, incluido el IBAN virtual, las cuentas de valores, las cuentas de criptoactivos y las cajas de seguridad en otros Estados miembros disponible mediante el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados. Se conceder� a las autoridades de supervisi髇 el acceso oportuno a la informaci髇 disponible a trav閟 del. Los Estados miembros cooperar醤 entre s� y con la Comisi髇 a la hora de aplicar lo dispuesto en el presente apartado.

Los Estados miembros velar醤 por que el personal de las UIF nacionales y de las autoridades de supervisi髇 que tenga acceso al sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados cumpla con estrictos criterios profesionales de confidencialidad y protecci髇 de datos, tenga un elevado nivel de integridad y cuente con la capacitaci髇 apropiada.

Los requisitos contemplados en el p醨rafo segundo tambi閚 se aplicar醤 a la ALBC en el contexto de los an醠isis conjuntos y en el desempe駉 de su funci髇 de supervisi髇.

10. Los Estados miembros se asegurar醤 de que se apliquen medidas t閏nicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos, cumpliendo con estrictos criterios tecnol骻icos para que las UIF y las autoridades de supervisi髇 puedan ejercer su facultad de acceso y consulta de la informaci髇 disponible mediante el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados, de conformidad con los apartados 5 y 6.

Los requisitos contemplados en el p醨rafo primero tambi閚 se aplicar醤 a la ALBC en el contexto de los an醠isis conjuntos y en el desempe駉 de su funci髇 de supervisi髇.

Art韈ulo 17 Actos de ejecuci髇 para la interconexi髇 de registros

1. La Comisi髇 podr� establecer, por medio de actos de ejecuci髇, las especificaciones y los procedimientos t閏nicos necesarios para establecer la interconexi髇 entre los registros centrales de los Estados miembros, en virtud del art韈ulo 10, apartado 19, en lo relativo a:

• a) la especificaci髇 t閏nica que defina el conjunto de datos t閏nicos necesarios para que la plataforma cumpla sus funciones, as� como el m閠odo de almacenamiento, uso y protecci髇 de dichos datos;
• b) los criterios comunes conforme a los cuales la informaci髇 relativa a la titularidad real est� disponible a trav閟 del sistema de interconexi髇 de registros centrales, en funci髇 del nivel de acceso concedido por los Estados miembros;
• c) los pormenores t閏nicos sobre la forma en que debe facilitarse la informaci髇 relativa a los titulares reales;
• d) las condiciones t閏nicas de disponibilidad de los servicios prestados por el sistema de interconexi髇 de registros centrales;
• e) las adaptaciones t閏nicas para aplicar los distintos tipos de acceso a la informaci髇 relativa a la titularidad real de conformidad con los art韈ulos 11 y 12 de la presente Directiva, incluida la autenticaci髇 de los usuarios a trav閟 de medios de identificaci髇 electr髇ica y servicios de confianza pertinentes seg鷑 lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.� 910/2014;
• f) las adaptaciones de pago en aquellos casos en que el acceso a la informaci髇 relativa a la titularidad real est� sujeto al pago de una tasa con arreglo al art韈ulo 11, apartado 4, y al art韈ulo 13, apartado 12, habida cuenta de las posibilidades de pago disponibles, como las operaciones remotas de pago.

Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el art韈ulo 72, apartado 2.

2. La Comisi髇 podr� establecer, por medio de actos de ejecuci髇, las especificaciones y los procedimientos t閏nicos necesarios para establecer la interconexi髇 entre los mecanismos centralizados automatizados de los Estados miembros a la que se refiere el art韈ulo 16, apartado 6, en lo relativo a:

• a) la especificaci髇 t閏nica que defina los m閠odos de comunicaci髇 por medios electr髇icos a los efectos del sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias;
• b) la especificaci髇 t閏nica de los protocolos de comunicaci髇;
• c) las especificaciones t閏nicas que definan la seguridad de los datos, las garant韆s de protecci髇 de datos, el uso y la protecci髇 de la informaci髇 que se pueda buscar y a la que se pueda acceder mediante el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados;
• d) los criterios comunes en virtud de los cuales se pueda buscar la informaci髇 sobre cuentas bancarias mediante el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados;
• e) los detalles t閏nicos sobre c髆o se facilita la informaci髇 mediante el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados, incluida la autenticaci髇 de los usuarios a trav閟 de medios de identificaci髇 electr髇ica y servicios de confianza pertinentes seg鷑 lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.� 910/2014;
• f) las condiciones t閏nicas de la disponibilidad de los servicios prestados por el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que interconecte los mecanismos centralizados automatizados.

Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el art韈ulo 72, apartado 2.

3. Al adoptar los actos de ejecuci髇 mencionados en los apartados 1 y 2, la Comisi髇 tendr� en cuenta la tecnolog韆 comprobada y las pr醕ticas vigentes. La Comisi髇 garantizar� que el sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias que se desarrolle y gestione no conlleve m醩 costes de los absolutamente necesarios para aplicar la presente Directiva.

Art韈ulo 18 Punto de acceso 鷑ico a la informaci髇 sobre bienes inmuebles

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades competentes tengan un acceso inmediato, directo y gratuito a la informaci髇 que permita la identificaci髇, en tiempo oportuno, de cualquier bien inmueble y de las personas f韘icas, entidades jur韉icas o instrumentos jur韉icos propietarios de dichos bienes, as� como a la informaci髇 que permita identificar y analizar operaciones inmobiliarias. Dicho acceso se facilitar� a trav閟 de un punto de acceso 鷑ico que se establecer� en cada Estado miembro, que permitir� a las autoridades competentes acceder, por medios electr髇icos, a la informaci髇 en formato digital y que estar� disponible, en la medida de lo posible, en formato de lectura mecanizada.

Tambi閚 se permitir� a la ALBC acceder a los puntos de acceso 鷑ico a que se refiere el p醨rafo primero a los efectos de los an醠isis conjuntos en virtud del art韈ulo 32 de la presente Directiva y del art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620.

2. Los Estados miembros velar醤 por que se facilite a trav閟 del punto de acceso 鷑ico a que se refiere el apartado 1 al menos la siguiente informaci髇:

• a) informaci髇 sobre los bienes:
  • i) la parcela catastral y la referencia catastral,
  • ii) la ubicaci髇 geogr醘ica, incluida la direcci髇 de los bienes,
  • iii) la superficie o el tama駉 de los bienes,
  • iv) los tipo de bienes, indicando si se trata de bienes edificios o no y el uso al que se destinan;
• b) informaci髇 sobre la titularidad:
  • i) el nombre del propietario y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre de este,
  • ii) cuando el propietario sea una entidad jur韉ica, el nombre y la forma jur韉ica de la entidad jur韉ica, as� como el n鷐ero de identificaci髇 鷑ico de la sociedad y el n鷐ero de identificaci髇 fiscal,
  • iii) cuando el propietario sea un instrumento jur韉ico, el nombre del instrumento jur韉ico y el n鷐ero de identificaci髇 fiscal,
  • iv) el precio al que se han adquirido los bienes,
  • v) los derechos o restricciones, cuando proceda;
• c) informaci髇 sobre las cargas relativas a:
  • i) los cr閐itos hipotecarios,
  • ii) las restricciones judiciales,
  • iii) los derechos de propiedad,
  • iv) otras garant韆s, en su caso;
• d) historial de la titularidad de los bienes, el precio y las cargas conexas;
• e) documentaci髇 pertinente.

Los Estados miembros velar醤 por que, cuando una parcela catastral englobe m鷏tiples bienes, se facilite la informaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero en relaci髇 con cada uno de ellos.

Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 hist髍ica con arreglo al p醨rafo primero, letra d), abarque al menos el per韔do transcurrido desde el 8 de julio de 2019.

3. Los Estados miembros establecer醤 mecanismos para garantizar que la informaci髇 facilitada a trav閟 del punto de acceso 鷑ico a que se refiere el apartado 1 est� actualizada y sea precisa.

4. Los Estados miembros dispondr醤 de medidas para garantizar que la informaci髇 almacenada electr髇icamente se facilite inmediatamente a la autoridad competente que la solicite. Cuando dicha informaci髇 no se encuentre en formato electr髇ico, los Estados miembros velar醤 por que se facilite a su debido tiempo y de manera que no perjudique las actividades de la autoridad competente que la solicite.

5. A m醩 tardar el 10 de octubre de 2029, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇:

• a) las caracter韘ticas del punto de acceso 鷑ico a que se refiere el apartado 1 que se haya creado a nivel nacional, incluido el sitio web en por el que se acceda a 閘;
• b) la lista de las autoridades competentes a las que se haya concedido acceso al punto de acceso 鷑ico a que se refiere el apartado 1;
• c) todos los datos que se hayan puesto a disposici髇 de las autoridades competentes adem醩 de los enumerados en el apartado 2.

Los Estados miembros actualizar醤 dicha notificaci髇 cuando se modifiquen la lista de autoridades competentes o el alcance del acceso a la informaci髇 concedido. La Comisi髇 pondr� a disposici髇 de los otros Estados miembros tal informaci髇, incluyendo las modificaciones que se hayan practicado en ella.

6. A m醩 tardar el 10 de julio de 2032, la Comisi髇 presentar� al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que eval鷈 las condiciones y las especificaciones y procedimientos t閏nicos que permitan garantizar la interconexi髇 segura y eficiente de los puntos de acceso 鷑ico a que se refiere el apartado 1. Cuando proceda, ese informe ir� acompa馻do de una propuesta legislativa.

Art韈ulo 19 Creaci髇 de la UIF

1. Cada Estado miembro crear� una UIF a fin de prevenir, detectar y combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo.

2. La UIF ser� la unidad nacional central 鷑ica responsable de recibir y analizar las comunicaciones presentadas por las entidades obligadas de conformidad con el art韈ulo 69 del Reglamento (UE) 2024/1624, los informes presentados por las entidades obligadas de conformidad con el art韈ulo 74 y el art韈ulo 80, apartado 4, p醨rafo segundo, de dicho Reglamento y cualquier otra informaci髇 pertinente sobre el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo presentada por las autoridades aduaneras con arreglo al art韈ulo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672, as� como la presentada por las autoridades de supervisi髇 u otras autoridades.

3. La UIF ser� responsable de difundir los resultados de sus an醠isis y cualquier informaci髇 adicional a las otras autoridades competentes pertinentes cuando existan motivos para sospechar de la existencia de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiaci髇 del terrorismo. Estar� en condiciones de obtener informaci髇 adicional de las entidades obligadas.

Las funciones de an醠isis financiero de las UIF consistir醤 en lo siguiente:

• a) un an醠isis operativo centrado en casos concretos y objetivos espec韋icos o en informaci髇 apropiada seleccionada, clasificados en funci髇 del riesgo, el tipo y volumen de las comunicaciones recibidas y el uso previsto de la informaci髇 tras su difusi髇;
• b) un an醠isis estrat間ico que examine las tendencias y pautas del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo y su evoluci髇.

4. Cada UIF ser� independiente y aut髇oma desde el punto de vista operativo y aut髇oma, lo que significa que tendr� autoridad y capacidad para desempe馻r sus funciones libremente, incluso para decidir de forma aut髇oma analizar, solicitar y, de conformidad con el apartado 3, difundir informaci髇 espec韋ica. Estar� libre de toda influencia o injerencia indebida de 韓dole pol韙ica o gubernamental o de la industria.

Cuando una UIF se sit鷈 dentro de la estructura existente de otra autoridad, las funciones principales de la UIF ser醤 independientes y estar醤 separadas desde el punto de vista operativo de las otras funciones de la autoridad de acogida.

5. Los Estados miembros dotar醤 a sus UIF de los recursos financieros, humanos y t閏nicos adecuados para que lleven a cabo sus tareas. Las UIF podr醤 obtener y emplear los recursos necesarios para desempe馻r sus funciones.

6. Los Estados miembros velar醤 por que el personal de sus UIF est� sujeto a requisitos de secreto profesional equivalentes a los establecidos en el art韈ulo 67 y por que observe unas estrictas normas profesionales, incluido en materia de protecci髇 de datos, tenga un elevado nivel de integridad y est� adecuadamente cualificado en relaci髇 con la utilizaci髇 閠ica de los conjuntos de macrodatos. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF dispongan de procedimientos para prevenir y gestionar los conflictos de intereses.

7. Los Estados miembros garantizar醤 que las UIF cuenten con normas en vigor sobre la seguridad y confidencialidad de la informaci髇.

8. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF dispongan de canales seguros y protegidos para comunicar la informaci髇 e intercambiarla por medios electr髇icos con las autoridades competentes y las entidades obligadas.

9. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF puedan llegar a acuerdos con otras autoridades competentes nacionales con arreglo al art韈ulo 46 sobre el intercambio de informaci髇.

10. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC emitir� directrices orientadas a los supervisores sobre:

• a) las medidas que deben adoptarse para preservar la autonom韆 y la independencia operativas de la UIF, en particular las medidas destinadas a evitar que los conflictos de intereses afecten a su autonom韆 e independencia operativas;
• b) la naturaleza, las caracter韘ticas y los objetivos del an醠isis operativo y estrat間ico;
• c) las herramientas y m閠odos para utilizar y cotejar la informaci髇 financiera, administrativa y policial a la que tienen acceso las UIF, y
• d) las pr醕ticas y procedimientos para el ejercicio de la suspensi髇 o no autorizaci髇 de una operaci髇 y la suspensi髇 o supervisi髇 de una cuenta o relaci髇 de negocios con arreglo a los art韈ulos 24 y 25.

Art韈ulo 20 Agente de derechos fundamentales

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF nombren a un agente de derechos fundamentales. El agente de derechos fundamentales puede ser un miembro del personal existente de la UIF.

2. El agente de derechos fundamentales desempe馻r� las siguientes funciones:

• a) asesorar al personal de la UIF sobre cualquier actividad que realice esta cuando el agente de derechos fundamentales lo considere necesario o cuando lo solicite el personal, sin obstaculizar ni retrasar dichas actividades;
• b) promover y controlar que la UIF respete los derechos fundamentales;
• c) emitir dict醡enes no vinculantes sobre la conformidad de las actividades de las UIF con los derechos fundamentales;
• d) informar a la jefatura de la UIF de posibles vulneraciones de los derechos fundamentales durante las actividades de la UIF.

3. La UIF garantizar� que el agente de derechos fundamentales no reciba ninguna instrucci髇 en lo que respecta al desempe駉 de sus funciones.

Art韈ulo 21 Acceso a la informaci髇

1. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF, independientemente de su estatuto organizativo, tengan acceso a la informaci髇 -en particular, informaci髇 financiera, administrativa y policial- que necesiten para desempe馻r sus funciones. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF tengan, como m韓imo:

• a) acceso inmediato y directo a la siguiente informaci髇 financiera:
  • i) la informaci髇 conservada en los mecanismos automatizados centralizados nacionales de conformidad con el art韈ulo 16,
  • ii) la informaci髇 recibida de las entidades obligadas, en particular informaci髇 sobre las transferencias de fondos, tal como se definen en el art韈ulo 3, punto 9, del Reglamento (UE) 2023/1113, y sobre las transferencias de criptoactivos, tal como se definen en el art韈ulo 3, punto 10, de dicho Reglamento,
  • iii) la informaci髇 sobre hipotecas y pr閟tamos,
  • iv) la informaci髇 conservada en las bases de datos nacionales sobre divisas y cambio de divisas,
  • v) la informaci髇 sobre valores;
• b) acceso inmediato y directo a la siguiente informaci髇 administrativa:
  • i) los datos fiscales, incluidos los datos conservados por las autoridades tributarias y fiscales, as� como los datos obtenidos con arreglo al art韈ulo 8, apartado 3 bis, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo (40) ,
  • ii) la informaci髇 sobre los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica de bienes o servicios, o concesiones,
  • iii) la informaci髇 recibida del sistema de interconexi髇 de registros de cuentas bancarias a que se refiere el art韈ulo 16, as� como de los registros inmobiliarios nacionales o sistemas electr髇icos de recuperaci髇 de datos nacionales y los registros de la propiedad y catastrales,
  • iv) la informaci髇 que conste en los registros nacionales de ciudadan韆 y poblaci髇 de personas f韘icas,
  • v) la informaci髇 que conste en los registros nacionales de pasaportes y visados,
  • vi) la informaci髇 que conste en las bases de datos de viajes transfronterizos,
  • vii) la informaci髇 que conste en las bases de datos comerciales, incluidos los registros de negocios y empresas y las bases de datos de personas del medio pol韙ico,
  • viii) la informaci髇 que conste en los registros nacionales de veh韈ulos de motor, aeronaves y embarcaciones,
  • ix) la informaci髇 que conste en los registros nacionales de la seguridad social,
  • x) la informaci髇 que conste en los datos aduaneros, incluidas las transferencias f韘icas transfronterizas de dinero en efectivo,
  • xi) la informaci髇 que conste en los registros nacionales de armas,
  • xii) la informaci髇 que conste en los registros nacionales de titularidad real,
  • xiii) los datos disponibles mediante la interconexi髇 de los registros centrales de conformidad con el art韈ulo 10, apartado 19,
  • xiv) la informaci髇 que conste en los registros de organizaciones sin 醤imo de lucro,
  • xv) la informaci髇 conservada por los supervisores y reguladores financieros nacionales, de conformidad con el art韈ulo 61 y el art韈ulo 67, apartado 2,
  • xvi) las bases de datos donde se almacenan datos sobre el comercio de derechos de emisi髇 de CO2 establecidas con arreglo al Reglamento (UE) n.� 389/2013 de la Comisi髇 (41) ,
  • xvii) la informaci髇 sobre los estados financieros anuales de las empresas,
  • xviii) los registros nacionales de migraci髇 e inmigraci髇,
  • xix) informaci髇 conservada por los tribunales del orden mercantil,
  • xx) la informaci髇 conservada en las bases de datos sobre insolvencia y por los administradores concursales,
  • xxi) la informaci髇 sobre los fondos y otros activos inmovilizados o retenidos en virtud de sanciones financieras espec韋icas;
• c) acceso directo o indirecto a la siguiente informaci髇 sobre la aplicaci髇 de las leyes:
  • i) todo tipo de informaci髇 o datos que ya obren en poder de las autoridades competentes en el contexto de la prevenci髇, la detecci髇, la investigaci髇 o el enjuiciamiento de infracciones penales,
  • ii) todo tipo de informaci髇 o datos que obren en poder de autoridades p鷅licas o entes privados en el contexto de la prevenci髇, la detecci髇, la investigaci髇 o el enjuiciamiento de infracciones penales y que est� a disposici髇 de las autoridades competentes sin necesidad de adoptar medidas coercitivas en virtud del Derecho nacional.

La informaci髇 mencionada en el p醨rafo primero, letra c), incluir� registros de antecedentes penales, informaci髇 sobre investigaciones, informaci髇 sobre la inmovilizaci髇 o incautaci髇 de activos o sobre otras medidas de investigaci髇 o provisionales, e informaci髇 sobre condenas y decomisos.

Los Estados miembros podr醤 permitir que se restrinja el acceso a la informaci髇 policial a que se refiere el p醨rafo primero, letra c), en funci髇 de cada caso, cuando suministrar dicha informaci髇 pueda poner en peligro una investigaci髇 en curso.

2. Se considerar� que el acceso a la informaci髇 enumerada en el apartado 1 es directo e inmediato cuando la informaci髇 est� almacenada en una base de datos, un registro o un sistema de recuperaci髇 de datos inform醫icos del que la UIF pueda extraer la informaci髇 sin necesidad de pasos intermedios, o cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• a) las entidades o autoridades que poseen la informaci髇 la facilita a las UIF a la mayor brevedad posible;
• b) ninguna entidad, autoridad o tercero puede interferir en los datos solicitados o en la informaci髇 que vaya a facilitarse.

3. Los Estados miembros velar醤 por que, siempre que sea posible, se conceda a la UIF acceso directo a la informaci髇 enumerada en el apartado 1, p醨rafo primero, letra c). En los casos en que se conceda a la UIF acceso indirecto a la informaci髇, la entidad o autoridad requerida que posea la informaci髇 que se solicita la facilitar� de manera oportuna.

4. En el contexto de sus funciones, cada UIF podr� solicitar, obtener y usar informaci髇 de toda entidad obligada para desempe馻r sus funciones con arreglo al art韈ulo 19, apartado 3, de la presente Directiva, incluso si no se presenta ning鷑 informe anterior con arreglo al art韈ulo 69, apartado 1, p醨rafo primero, letra a), o el art韈ulo 70, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624. Las entidades obligadas no estar醤 obligadas a satisfacer las solicitudes de informaci髇 realizadas de conformidad con el presente apartado cuando se refieran a informaci髇 obtenida en las situaciones a que se refiere el art韈ulo 70, apartado 2, de dicho Reglamento.

Art韈ulo 22 Respuestas a solicitudes de informaci髇

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF sean capaces de responder de manera oportuna a las solicitudes fundamentadas de informaci髇 motivadas por cuestiones relativas al blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo realizadas por las autoridades competentes a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, punto 44, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2024/1624 en sus respectivos Estados miembros, cuando dicha informaci髇 ya obre en poder de la UIF y sea necesaria, en funci髇 de cada caso. La decisi髇 de proceder a la difusi髇 de la informaci髇 corresponder� a la UIF.

Cuando existan razones objetivas para suponer que la comunicaci髇 de dicha informaci髇 podr韆 tener repercusiones negativas sobre investigaciones o an醠isis en curso, o, en circunstancias excepcionales, cuando la divulgaci髇 de la informaci髇 pudiera ser claramente desproporcionada respecto a los intereses leg韙imos de una persona f韘ica o jur韉ica, o irrelevante respecto al prop髎ito para el que se haya solicitado, la UIF no tendr� obligaci髇 de atender dicha solicitud de informaci髇.

En tales casos, la UIF comunicar� los motivos por escrito a la autoridad solicitante.

2. Las autoridades competentes remitir醤 observaciones a la UIF sobre el uso y la utilidad de la informaci髇 proporcionada de conformidad con el presente art韈ulo y con el art韈ulo 19, apartado 3, y sobre el resultado de las medidas adoptadas y las investigaciones llevadas a cabo sobre la base de dicha informaci髇. Tales observaciones se remitir醤 a la mayor brevedad y, en todo caso, de manera agregada, al menos con frecuencia anual, de un modo que permita a la UIF mejorar su funci髇 de an醠isis operativo.

Art韈ulo 23 Suministro de informaci髇 a los supervisores

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF faciliten a los supervisores, de forma espont醤ea o previa solicitud, informaci髇 que pueda ser pertinente a efectos de supervisi髇 con arreglo al cap韙ulo IV, donde se incluya, como m韓imo, informaci髇 sobre:

• a) la calidad y cantidad de las comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por las entidades obligadas;
• b) la calidad y la puntualidad de las respuestas proporcionadas por las entidades obligadas a las solicitudes de las UIF de conformidad con el art韈ulo 69, apartado 1, p醨rafo primero letra b), del Reglamento (UE) 2024/1624;
• c) los resultados pertinentes de los an醠isis estrat間icos realizados con arreglo al art韈ulo 19, apartado 3, letra b), de la presente Directiva, as� como cualquier informaci髇 pertinente sobre las tendencias y m閠odos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiaci髇 del terrorismo, incluidos los riesgos geogr醘icos, transfronterizos y emergentes.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF notifiquen a los supervisores cuando la informaci髇 que obre en su poder indique posibles infracciones por parte de las entidades obligadas de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

3. Salvo cuando sea estrictamente necesario a efectos del apartado 2, los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 que faciliten las UIF con arreglo al presente art韈ulo no contenga datos sobre personas f韘icas o jur韉icas espec韋icas o casos en los que figuren personas f韘icas o jur韉icas que sean objeto de un an醠isis o una investigaci髇 en curso o que puedan conducir a la identificaci髇 de personas f韘icas o jur韉icas.

Art韈ulo 24 Suspensi髇 o no autorizaci髇

1. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF est閚 facultadas para tomar medidas urgentes, ya sea directa o indirectamente, cuando se sospeche que una operaci髇 est� relacionada con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, encaminadas a suspender o no autorizar dicha operaci髇.

Los Estados miembros garantizar醤 que, cuando se constate la necesidad de suspender o no autorizar una operaci髇 a partir de la comunicaci髇 de una sospecha de conformidad con el art韈ulo 69 del Reglamento (UE) 2024/1624, se imponga a la entidad obligada la suspensi髇 o la no autorizaci髇 dentro del plazo a que se refiere el art韈ulo 71 de dicho Reglamento. Cuando la necesidad de suspender una operaci髇 se base en el trabajo anal韙ico de la UIF, independientemente de si la entidad obligada ha presentado una comunicaci髇 previamente, la UIF impondr� la suspensi髇 lo antes posible.

La UIF impondr� la suspensi髇 o la no autorizaci髇 de una operaci髇 con el fin de preservar los fondos, llevar a cabo sus an醠isis, en particular el an醠isis de la operaci髇, evaluar si se confirma la sospecha y, en caso afirmativo, difundir los resultados de los an醠isis a las autoridades competentes pertinentes para que puedan adoptar las medidas adecuadas.

Los Estados miembros establecer醤 el per韔do de suspensi髇 o no autorizaci髇 aplicable para el trabajo anal韙ico de las UIF, que no exceder� de diez d韆s h醔iles. Los Estados miembros podr醤 establecer un per韔do m醩 largo cuando, con arreglo al Derecho nacional, las UIF desempe馿n la funci髇 de rastrear, incautar o inmovilizar y decomisar activos de origen delictivo. Cuando se establezca un per韔do de suspensi髇 m醩 largo o la no autorizaci髇, los Estados miembros garantizar醤 que las UIF ejerzan su funci髇 de conformidad con las garant韆s nacionales adecuadas, como la posibilidad de que la persona cuya operaci髇 se haya suspendido recurra dicha suspensi髇 ante un 髍gano jurisdiccional.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF est閚 facultadas para levantar la suspensi髇 o la no autorizaci髇 en cualquier momento cuando concluyan que la suspensi髇 o la no autorizaci髇 ya no es necesaria para cumplir los objetivos establecidos en el p醨rafo tercero.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF est閚 facultadas para suspender o no autorizar tal como se menciona en el presente apartado a solicitud de la UIF de otro Estado miembro.

2. Si se sospecha que una cuenta bancaria, de pago o de criptoactivos o una relaci髇 de negocios est醤 relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, los Estados miembros garantizar醤 que la UIF est� facultada para tomar medidas urgentes, directa o indirectamente, para suspender el uso de dicha cuenta o la relaci髇 de negocios con el fin de preservar los fondos, llevar a cabo sus an醠isis, evaluar si se confirma la sospecha y, en caso afirmativo, difundir los resultados de los an醠isis a las autoridades competentes pertinentes para que puedan adoptar las medidas adecuadas.

Los Estados miembros establecer醤 el per韔do de suspensi髇 aplicable al trabajo anal韙ico de las UIF, que no exceder� de cinco d韆s h醔iles. Los Estados miembros podr醤 establecer un per韔do m醩 largo cuando, con arreglo al Derecho nacional, las UIF desempe馿n la funci髇 de rastrear, incautar o inmovilizar y decomisar activos de origen delictivo. Cuando se establezca un per韔do de suspensi髇 m醩 largo, los Estados miembros garantizar醤 que las UIF ejerzan su funci髇 de conformidad con las garant韆s nacionales adecuadas, como la posibilidad de que la persona cuya cuenta bancaria, de pago o de criptoactivos o relaci髇 de negocios se suspenda recurra dicha suspensi髇 ante un 髍gano jurisdiccional.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF est閚 facultadas para levantar la suspensi髇 en cualquier momento cuando concluyan que la suspensi髇 ya no es necesaria para cumplir los objetivos establecidos en el p醨rafo primero.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF est閚 facultadas para suspender la utilizaci髇 de una cuenta o suspender una relaci髇 de negocios a que se refiere el presente apartado a solicitud de la UIF de otro Estado miembro.

3. La aplicaci髇 de la suspensi髇 o no autorizaci髇 de conformidad con el presente art韈ulo no acarrear� responsabilidad de ning鷑 tipo para la UIF o sus directivos o empleados.

Art韈ulo 25 Instrucciones para el seguimiento de las operaciones o actividades

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF est閚 facultadas para encomendar a las entidades obligadas que realicen un seguimiento, durante un per韔do de tiempo que deber� indicar la UIF, de las operaciones o actividades que se est閚 ejecutando a trav閟 de una o varias cuentas bancarias, de pago o de criptoactivos u otras relaciones de negocios gestionadas por la entidad obligada en relaci髇 con personas que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiaci髇 del terrorismo. Los Estados miembros se asegurar醤 asimismo de que las UIF est閚 facultadas para encomendar a la entidad obligada que informe sobre los resultados del seguimiento.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF est閚 facultadas para imponer las medidas de seguimiento a que se refiere el presente art韈ulo a solicitud de la UIF de otro Estado miembro.

Art韈ulo 26 Alertas a las entidades obligadas

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF puedan alertar a las entidades obligadas de la informaci髇 pertinente para el ejercicio de la diligencia debida con respecto al cliente con arreglo al cap韙ulo III del Reglamento (UE) 2024/1624. Dicha informaci髇 incluir� los elementos siguientes:

• a) los tipos de operaciones o actividades que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiaci髇 del terrorismo;
• b) las personas concretas que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes y financiaci髇 del terrorismo;
• c) las zonas geogr醘icas concretas que presenten un riesgo considerable de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo.

2. El requisito a que se refiere el apartado 1 se aplicar� durante un per韔do de tiempo establecido en el Derecho nacional, que no exceder� de seis meses.

3. Las UIF facilitar醤 anualmente a las entidades obligadas informaci髇 estrat間ica sobre tipolog韆s, indicadores de riesgo y tendencias en materia de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo.

Art韈ulo 27 Informe anual de la UIF

Cada Estado miembro se asegurar� de que su UIF publique un informe anual sobre sus actividades. El informe contendr� estad韘ticas sobre:

• a) el seguimiento que haya dado la UIF a las comunicaciones de operaciones y actividades sospechosas que haya recibido;
• b) las comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por las entidades obligadas;
• c) las comunicaciones recibidas de supervisores y registros centrales;
• d) las difusiones de informaci髇 a las autoridades competentes y el seguimiento que se les haya dado;
• e) las solicitudes enviadas a otras UIF y recibidas de estas;
• f) las solicitudes presentadas a las autoridades competentes a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, punto 44, letra c), del Reglamento (UE) 2024/1624 y recibidas de las mismas;
• g) los recursos humanos asignados;
• h) los datos sobre transferencias f韘icas transfronterizas de dinero en efectivo transmitidos por las autoridades aduaneras de conformidad con el art韈ulo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672.

El informe mencionado en el p醨rafo primero tambi閚 contendr� informaci髇 sobre las tendencias y tipolog韆s que se deriven de los archivos difundidos a otras autoridades competentes. La informaci髇 que contenga el informe no permitir� la identificaci髇 de ninguna persona f韘ica o jur韉ica.

Art韈ulo 28 Observaciones de las UIF

1. Los Estados miembros garantizar醤 que las UIF faciliten a las entidades obligadas observaciones sobre las comunicaciones de sospechas del con arreglo al art韈ulo 69 del Reglamento (UE) 2024/1624. Tales observaciones abordar醤, como m韓imo, la calidad de la informaci髇 proporcionada, la puntualidad de las comunicaciones, la descripci髇 de la sospecha y la documentaci髇 aportada en la fase de presentaci髇.

No se entender� que las observaciones facilitadas con arreglo al presente art韈ulo se refieren a cada comunicaci髇 presentada por las entidades obligadas.

Las UIF facilitar醤 las observaciones al menos una vez al a駉, ya sea a una entidad obligada particular o a grupos o categor韆s de tales entidades, teniendo en cuenta el n鷐ero general de operaciones sospechosas comunicadas por las entidades obligadas.

Las observaciones tambi閚 se pondr醤 a disposici髇 de los supervisores para permitirles efectuar la supervisi髇 basada en el riesgo de conformidad con el art韈ulo 40.

Las UIF informar醤 anualmente a la ALBC sobre la comunicaci髇 de observaciones a las entidades obligadas con arreglo al presente art韈ulo y proporcionar醤 datos estad韘ticos sobre el n鷐ero de comunicaciones de operaciones sospechosas que hayan presentado las diferentes categor韆s de entidades obligadas.

A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC formular� recomendaciones a las UIF sobre las mejores pr醕ticas y enfoques para la comunicaci髇 de observaciones, en particular sobre el tipo y la frecuencia de las observaciones.

La obligaci髇 de formular observaciones no pondr� en riesgo ning鷑 trabajo anal韙ico en curso realizado por la UIF ni ninguna acci髇 de investigaci髇 o administrativa posterior a la difusi髇 por parte de la UIF, ni afectar� a la aplicaci髇 de los requisitos en materia de protecci髇 de datos y confidencialidad.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF faciliten a las autoridades aduaneras observaciones, al menos una vez al a駉, sobre la eficacia y el seguimiento de la informaci髇 transmitida de conformidad con el art韈ulo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672.

Art韈ulo 29 Cooperaci髇 entre las UIF

Los Estados miembros velar醤 por que sus UIF cooperen entre s� en la mayor medida posible, con independencia de su estatuto organizativo.

Art韈ulo 30 Canales de comunicaci髇 protegidos

1. Se establecer� un sistema para el intercambio de informaci髇 entre las UIF de los Estados miembros (FIU.net). FIU.net garantizar� la comunicaci髇 y el intercambio de informaci髇 seguros y ser� capaz de dejar constancia escrita de todas las actividades de procesamiento. FIU.net tambi閚 podr� usarse para las comunicaciones con las UIF hom髄ogas de terceros pa韘es, con otras autoridades y con 髍ganos y organismos de la Uni髇. FIU.net estar� gestionada por la ALBC.

Se utilizar� FIU.net para el intercambio de informaci髇 entre las UIF y la ALBC a fines de los an醠isis conjuntos con arreglo al art韈ulo 32 de la presente Directiva y al art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF intercambien informaci髇 de conformidad con los art韈ulos 31 y 32 a trav閟 de FIU.net. En el caso de fallo t閏nico de FIU.net, la informaci髇 se transmitir� por otros medios apropiados que garanticen un alto nivel de seguridad y protecci髇 de los datos.

Los intercambios de informaci髇 entre las UIF y sus hom髄ogas de terceros pa韘es que no est閚 conectadas a FIU.net tendr醤 lugar mediante canales de comunicaci髇 protegidos.

3. Los Estados miembros velar醤 por que, a fin de desempe馻r sus tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, sus UIF cooperen en la mayor medida posible en la aplicaci髇 de tecnolog韆s avanzadas de conformidad con su Derecho nacional.

Los Estados miembros velar醤 asimismo por que las UIF cooperen en la mayor medida posible en la aplicaci髇 de las soluciones desarrolladas y gestionadas por la ALBC de conformidad con el art韈ulo 5, apartado 5, letra i), el art韈ulo 45, apartado 1, letra d), y el art韈ulo 47 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. Los Estados garantizar醤 que las UIF puedan utilizar las funcionalidades de FIU.net para comparar, mediante un mecanismo de coincidencia o no coincidencia, los datos que faciliten en FIU.net con los datos que hayan introducido en dicho sistema otras UIF y 髍ganos y organismos de la Uni髇, en la medida en que esta comparaci髇 entre en el 醡bito de las respectivas competencias de dichos 髍ganos y organismos de la Uni髇.

5. La ALBC podr� suspender el acceso de una UIF o su hom髄oga de un tercer pa韘 u 髍gano u organismo de la Uni髇 a FIU.net cuando tenga motivos para creer que dicho acceso pondr韆 en peligro la aplicaci髇 del presente cap韙ulo y la seguridad y confidencialidad de la informaci髇 que obre en poder de las UIF y se intercambie a trav閟 de FIU.net, en particular cuando existan dudas sobre la independencia y autonom韆 de una UIF.

Art韈ulo 31 Intercambio de informaci髇 entre las UIF

1. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF intercambien, a de forma espont醤ea o previa solicitud, toda informaci髇 que pueda ser pertinente para el tratamiento o el an醠isis de informaci髇 por parte de las UIF, relacionada con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo y sobre las personas f韘icas o jur韉icas implicadas, independientemente del tipo de delitos subyacentes de que pueda tratarse y aun cuando el tipo de delitos subyacentes de que pueda tratarse no se haya detectado en el momento del intercambio.

La solicitud expondr� los hechos pertinentes, los antecedentes, los motivos de la solicitud y los v韓culos con el pa韘 de la UIF requerida, y explicar� la forma en que se utilizar� la informaci髇 solicitada.

Cuando una UIF reciba un informe de conformidad con el art韈ulo 69, apartado 1, p醨rafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624 que concierna a otro Estado miembro, reenviar� con prontitud dicho informe o toda la informaci髇 pertinente que extraiga de 閘 a la UIF de ese otro Estado miembro.

2. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de ejecuci髇 y lo presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. En dicho proyecto de normas t閏nicas de ejecuci髇 se especificar� el formato que deber� usarse para el intercambio de informaci髇 a que se refiere el apartado 1.

Se confieren poderes a la Comisi髇 para adoptar las normas t閏nicas de ejecuci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con el art韈ulo 53 del Reglamento (UE) 2024/1620.

3. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. Dichos proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 indicar醤 la pertinencia y los criterios de selecci髇 a la hora de determinar si un informe presentado con arreglo al art韈ulo 69, apartado 1, p醨rafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624 concierne a otro Estado miembro como se contempla en el apartado 1, p醨rafo tercero, del presente art韈ulo.

Se delegan poderes en la Comisi髇 para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC emitir� directrices orientadas a las UIF sobre los procedimientos que deben adoptarse al reenviar y recibir un informe elaborado de conformidad con el art韈ulo 69, apartado 1, p醨rafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624 que concierna a otro Estado miembro y el seguimiento que debe darse a dicho informe.

5. Los Estados miembros velar醤 por que la UIF a la que se dirija la solicitud est� obligada a utilizar todas las competencias disponibles que utilizar韆 habitualmente a escala nacional para la recepci髇 y el an醠isis de la informaci髇 cuando responda a una solicitud de informaci髇 contemplada en el apartado 1 cursada desde otra UIF.

En especial, cuando una UIF quiera obtener informaci髇 adicional de una entidad obligada establecida en otro Estado miembro que lleve a cabo actividades en el territorio de su Estado miembro, la solicitud se dirigir� a la UIF del Estado miembro en cuyo territorio est� establecida la entidad obligada. Esa UIF obtendr� la informaci髇 de conformidad con el art韈ulo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624 y comunicar� las respuestas con prontitud.

6. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, cuando se solicite a una UIF que facilite informaci髇 de conformidad con el apartado 1, esta responder� a la solicitud a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo m醲imo de cinco d韆s h醔iles despu閟 de recibir la solicitud si posee la informaci髇 solicitada o si la informaci髇 solicitada se almacena en una base de datos o un registro a los que tenga acceso directo la UIF requerida. En casos excepcionales y debidamente justificados, este plazo podr� prorrogarse a un m醲imo de diez d韆s h醔iles. Si la UIF requerida no puede obtener la informaci髇 solicitada, informar� de ello a la UIF que envi� la solicitud.

7. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, en casos excepcionales, justificados y urgentes, y como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 6, si en virtud del apartado 1 se solicita a una UIF que proporcione informaci髇 que se conserve en una base de datos o un registro a los que pueda acceder directamente la UIF requerida o que ya est� en su posesi髇, la UIF requerida facilite tal informaci髇 en un plazo m醲imo de un d韆 h醔il despu閟 de recibir la solicitud.

Si la UIF requerida no puede responder en un d韆 h醔il o no puede acceder a la informaci髇 directamente, aportar� la correspondiente justificaci髇. Si facilitar la informaci髇 solicitada en un plazo de un d韆 h醔il supone una carga desproporcionada para la UIF requerida, esta podr� aplazar el momento de facilitar tal informaci髇. En ese caso, la UIF requerida informar� inmediatamente de dicho aplazamiento a la UIF solicitante. La UIF requerida podr� ampliar hasta un m醲imo de tres d韆s h醔iles el plazo para responder a una solicitud de informaci髇.

8. Una UIF podr� negarse a intercambiar informaci髇 solo en circunstancias excepcionales en que el intercambio pudiera ser contrario a principios fundamentales de su Derecho nacional. Tales circunstancias excepcionales se especificar醤 de tal forma que se evite una utilizaci髇 inadecuada y unas limitaciones indebidas del libre intercambio de informaci髇 a efectos de an醠isis.

A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 las circunstancias excepcionales a las que se refiere el p醨rafo primero. Los Estados miembros actualizar醤 dichas notificaciones cuando se produzcan modificaciones en las circunstancias excepcionales determinadas a escala nacional.

La Comisi髇 publicar� la lista consolidada de las notificaciones a que se refiere el p醨rafo segundo.

9. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la Comisi髇 presentar� un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluar� si las circunstancias excepcionales notificadas en virtud del apartado 8 est醤 justificadas o no.

Art韈ulo 32 An醠isis conjuntos

1. Los Estados miembros velar醤 por que sus UIF puedan realizar an醠isis conjuntos de operaciones y actividades sospechosas.

2. A los efectos del apartado 1 del presente art韈ulo, las UIF pertinentes, asistidas por la ALBC de conformidad con el art韈ulo 40 del Reglamento (UE) 2024/1620, constituir醤 un equipo de an醠isis conjunto con un prop髎ito espec韋ico y por un per韔do limitado, que se podr� prorrogar de mutuo acuerdo, para efectuar an醠isis operativos de operaciones o actividades sospechosas relacionadas con una o m醩 de las UIF que constituyan el equipo.

3. Podr� constituirse un equipo de an醠isis conjunto cuando:

• a) los an醠isis operativos de una UIF requieran labores de an醠isis dif韈iles y exigentes vinculadas con otros Estados miembros;
• b) varias UIF est閚 realizando an醠isis operativos en los que las circunstancias del caso justifican una acci髇 concertada en los Estados miembros implicados.

Cualquiera de las UIF interesadas o la ALBC pueden solicitar la constituci髇 de un equipo de an醠isis conjunto de conformidad con el art韈ulo 44 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. Los Estados miembros velar醤 por que el miembro del personal de su UIF asignado al equipo de an醠isis conjunto pueda, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable y dentro de los l韒ites de la competencia del miembro del personal, facilitar al equipo la informaci髇 de que disponga su UIF a efectos del an醠isis realizado por el equipo.

5. Si el equipo de an醠isis conjunto necesita asistencia de una UIF distinta de las que formen parte del equipo, podr� solicitar a dicha UIF que:

• a) se una al equipo de an醠isis conjunto;
• b) presente informaci髇 financiera, incluida la de inteligencia, al equipo de an醠isis conjunto.

6. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF puedan invitar a terceros, incluidos los 髍ganos y organismos de la Uni髇, a participar en los an醠isis conjuntos cuando proceda a efectos de los an醠isis conjuntos y cuando la participaci髇 de los terceros entre en el 醡bito de sus respectivas competencias.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que las UIF que participen en los an醠isis conjuntos especifiquen las condiciones aplicables en relaci髇 con la participaci髇 de terceros y establezcan medidas que garanticen la confidencialidad y la seguridad de la informaci髇 que se intercambie. Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 que se intercambie se utilice exclusivamente para los fines para los que se haya realizado dicho an醠isis conjunto.

Art韈ulo 33 Uso por parte de las UIF de la informaci髇 intercambiada entre ellas

La informaci髇 y los documentos recibidos con arreglo a los art韈ulos 29, 31 y 32 se utilizar醤 para el desempe駉 de las tareas de las UIF establecidas en la presente Directiva. Al intercambiar informaci髇 o documentos con arreglo a los art韈ulos 29 y 31, la UIF transmisora podr� imponer restricciones y condiciones con respecto al uso de dicha informaci髇, excepto cuando la transmisi髇 consista en un informe presentado por una entidad obligada con arreglo al art韈ulo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, o informaci髇 derivada de ella, que afecte a otro Estado miembro en el que la entidad obligada ejerza actividades en virtud de la libre prestaci髇 de servicios y que no incluya ning鷑 v韓culo con el Estado miembro de la UIF transmisora. La UIF receptora respetar� dichas restricciones y condiciones.

Los Estados miembros velar醤 por que las UIF designen como m韓imo a una persona o punto de contacto responsable de recibir las solicitudes de informaci髇 de las UIF de otros Estados miembros.

Art韈ulo 34 Consentimiento para difundir la informaci髇 intercambiada entre las UIF

1. Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 intercambiada con arreglo a los art韈ulos 29, 31 y 32 se utilice 鷑icamente en cumplimiento de los fines para los que se haya solicitado o facilitado y por que cualquier difusi髇 de dicha informaci髇 remitida por parte de la UIF receptora a cualquier otra autoridad, agencia o departamento, o cualquier utilizaci髇 de dicha informaci髇 con fines distintos de los originalmente autorizados, est� sujeta a un consentimiento previo por parte de la UIF que haya facilitado la informaci髇.

Los requisitos del p醨rafo primero del presente apartado no se aplicar醤 cuando la informaci髇 facilitada por la UIF consista en un informe presentado por una entidad obligada con arreglo al art韈ulo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, que afecte a otro Estado miembro en el que la entidad obligada ejerza actividades en virtud de la libre prestaci髇 de servicios y que no tenga ning鷑 v韓culo con el Estado miembro de la UIF que facilita la informaci髇.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que el consentimiento previo de la UIF requerido para difundir la informaci髇 a autoridades competentes se conceda con prontitud y con la mayor amplitud posible, independientemente del tipo de delitos subyacentes y de que se haya identificado o no el delito subyacente. La UIF requerida no denegar� su consentimiento a dicha difusi髇, a menos que esta no corresponda al 醡bito de aplicaci髇 de sus disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo, pueda entorpecer una investigaci髇 o no sea acorde con principios fundamentales del Derecho nacional de ese Estado miembro. Toda denegaci髇 del consentimiento se explicar� de forma adecuada. Los casos en que las UIF puedan denegar el consentimiento se especificar醤 de tal forma que se evite una utilizaci髇 inadecuada y unas limitaciones indebidas de la difusi髇 de informaci髇 a autoridades competentes.

3. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 las circunstancias excepcionales en las que la difusi髇 no ser韆 acorde con los principios fundamentales del Derecho nacional a que se refiere el apartado 2. Los Estados miembros actualizar醤 dichas notificaciones cuando se produzcan modificaciones en las circunstancias excepcionales determinadas a escala nacional.

La Comisi髇 publicar� la lista consolidada de la notificaciones a que se refiere el p醨rafo primero.

4. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la Comisi髇 presentar� un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluar� si las circunstancias excepcionales notificadas en virtud del apartado 3 est醤 justificadas o no.

Art韈ulo 35 Efecto de las disposiciones de Derecho penal

Las diferencias entre las definiciones de delito subyacente en los distintos Derechos nacionales no ser醤 骲ice para que las UIF puedan proporcionar asistencia a otras UIF y no limitar醤 el intercambio, la difusi髇 y la utilizaci髇 de la informaci髇 de conformidad con los art韈ulos 31, 32, 33 y 34.

Art韈ulo 36 Confidencialidad de los informes

1. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF dispongan de mecanismos para proteger la identidad de las entidades obligadas y de sus empleados o personas en una posici髇 equivalente, incluidos los agentes y distribuidores, que comuniquen sospechas de conformidad con el art韈ulo 69, apartado 1, p醨rafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1624.

2. Los Estados miembros velar醤 por que las UIF no divulguen la fuente del informe a que se refiere el p醨rafo primero del presente art韈ulo cuando respondan a las solicitudes de informaci髇 de las autoridades competentes de conformidad con el art韈ulo 22 o cuando difundan los resultados de sus an醠isis de conformidad con el art韈ulo 19. El presente apartado se entender� sin perjuicio del Derecho procesal penal nacional aplicable.

Art韈ulo 37 Facultades y recursos de los supervisores nacionales

1. Cada Estado miembro se asegurar� de que todas las entidades obligadas establecidas en su territorio, excepto en las circunstancias contempladas en el art韈ulo 38, est閚 sujetas a la supervisi髇 adecuada y eficaz. Para ello, cada Estado miembro nombrar� uno o m醩 supervisores para que controlen de manera efectiva, y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

Cuando, por razones imperiosas de inter閟 general, los Estados miembros hayan introducido requisitos espec韋icos de autorizaci髇 para que las entidades obligadas ejerzan actividades en su territorio en r間imen de libre prestaci髇 de servicios, velar醤 por que las actividades realizadas por dichas entidades en virtud de dichas autorizaciones espec韋icas sean objeto de supervisi髇 por parte de sus supervisores nacionales, independientemente de que las actividades autorizadas se lleven a cabo a trav閟 de una infraestructura en su territorio o a distancia. Los Estados miembros velar醤 asimismo por que la supervisi髇 prevista en el presente p醨rafo se notifique a los supervisores del Estado miembro en el que est� situada la sede central de la entidad obligada.

El presente apartado no se aplicar� cuando la ALBC ejerza funciones de supervisi髇.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores cuenten con los recursos financieros, humanos y t閏nicos adecuados para llevar a cabo sus tareas enumeradas en el apartado 5. Los Estados miembros se asegurar醤 de que el personal de estas autoridades tenga un elevado nivel de integridad, est� adecuadamente cualificado y observe unas estrictas normas profesionales, incluidas normas en materia de confidencialidad, protecci髇 de datos y conflictos de intereses.

3. En el caso de las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros podr醤 permitir que los organismos autorreguladores desempe馿n la funci髇 indicada en el apartado 1 del presente art韈ulo, siempre y cuando dichos organismos tengan las competencias a que se refiere el apartado 6 del presente art韈ulo y cuenten con los recursos financieros, humanos y t閏nicos adecuados para desempe馻r sus funciones. Los Estados miembros se asegurar醤 de que el personal de tales organismos tenga un elevado nivel de integridad, est� adecuadamente cualificado y observe unas estrictas normas profesionales, incluidas normas en materia de confidencialidad, protecci髇 de datos y conflictos de intereses.

4. Cuando un Estado miembro haya encomendado la supervisi髇 de una categor韆 de entidades obligadas a m醩 de un supervisor, velar� por que los supervisores supervisen a las entidades obligadas de manera coherente y eficiente en todo el sector. A tal fin, el Estado miembro designar� a un supervisor principal o establecer� un mecanismo de coordinaci髇 entre dichos supervisores.

Cuando un Estado miembro haya encomendado la supervisi髇 de todas las entidades obligadas a m醩 de un supervisor, establecer� un mecanismo de coordinaci髇 entre dichos supervisores que garantice que las entidades obligadas sean supervisadas de manera eficaz y siguiendo las normas m醩 estrictas. Dicho mecanismo de coordinaci髇 incluir� a todos los supervisores, excepto cuando:

• a) la supervisi髇 se encomiende a un organismo autorregulador, en cuyo caso la autoridad p鷅lica a que se refiere el art韈ulo 52 participar� en el mecanismo de coordinaci髇;
• b) la supervisi髇 de una categor韆 de entidades obligadas se encomiende a varios supervisores, en cuyo caso el supervisor principal participar� en el mecanismo de coordinaci髇, cuando no se haya designado ning鷑 supervisor principal, los supervisores designar醤 un representante entre ellos.

5. A los efectos del apartado 1, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores nacionales lleven a cabo las siguientes tareas:

• a) difundir la informaci髇 pertinente a las entidades obligadas con arreglo al art韈ulo 39;
• b) tomar decisiones en aquellos casos en que los riesgos espec韋icos inherentes a un sector est閚 claros y se entiendan y no se requieran evaluaciones de riesgos documentadas individuales con arreglo al art韈ulo 10 del Reglamento (UE) 2024/1624;
• c) verificar la idoneidad y aplicaci髇 de las pol韙icas, controles y procedimientos internos de las entidades obligadas con arreglo al cap韙ulo II del Reglamento (UE) 2024/1624 y de los recursos humanos asignados a la realizaci髇 de las tareas requeridas de conformidad con dicho Reglamento, as� como, en el caso de supervisores de empresas de inversi髇 colectiva, decidir sobre aquellos casos en los que la empresa de inversi髇 colectiva puede externalizar la comunicaci髇 de actividades sospechosas con arreglo al art韈ulo 18, apartado 7, del Reglamento (UE) 2024/1624 a un proveedor de servicios;
• d) evaluar y controlar peri骴icamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo as� como los riesgos de no aplicaci髇 y de elusi髇 de sanciones financieras espec韋icas a los que est閚 expuestas las entidades obligadas;
• e) controlar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas de sus obligaciones relativas a las sanciones financieras espec韋icas;
• f) llevar a cabo todas las investigaciones a distancia, las inspecciones in situ, a y las verificaciones tem醫icas necesarias, as� como cualesquiera otras indagaciones, evaluaciones y an醠isis necesarios para verificar que las entidades obligadas cumplen el Reglamento (UE) 2024/1624 y cualesquiera medidas administrativas tomadas con arreglo al art韈ulo 56;
• g) tomar las medidas de supervisi髇 apropiadas para solventar cualquier incumplimiento de los requisitos aplicables por parte de las entidades obligadas detectado en el curso de las evaluaciones de supervisi髇 y el seguimiento de la aplicaci髇 de tales medidas.

6. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores tengan las competencias adecuadas para llevar a cabo sus tareas, tal y como se dispone en el apartado 5, incluidas las competencias para:

• a) instar a las entidades obligadas a producir toda informaci髇 que sea pertinente para controlar y verificar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113, as� como efectuar comprobaciones, incluidas las de proveedores de servicios externos a los que la entidad obligada haya subcontratado parte de sus tareas para cumplir los requisitos de dichos Reglamentos;
• b) aplicar las medidas administrativas apropiadas y proporcionadas para subsanar la situaci髇 en caso de infracciones, inclusive imponiendo sanciones pecuniarias de conformidad con la secci髇 4 del presente cap韙ulo.

7. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores financieros y los supervisores encargados de los proveedores de servicios de juegos de azar tengan competencias adicionales a las previstas en el apartado 6, incluida la competencia de inspeccionar las instalaciones empresariales de la entidad obligada sin previo aviso si as� lo requieren la correcta realizaci髇 y la eficiencia de la inspecci髇; y de que cuenten con todos los medios necesarios para efectuar dicha inspecci髇.

A los efectos del p醨rafo primero, los supervisores podr醤, como m韓imo:

• a) examinar los libros y registros de la entidad obligada y obtener copias o extractos de dichos libros y registros;
• b) obtener acceso a todos los programas, bases de datos, herramientas inform醫icas y dem醩 medios electr髇icos de registro de informaci髇 utilizados por la entidad obligada;
• c) obtener informaci髇 escrita u oral de cualquier persona responsable de las pol韙icas, procedimientos y controles internos de LBC/LFT o sus representantes o personal, as� como de cualquier representante o personal de las entidades a las que la entidad obligada haya subcontratado tareas con arreglo al art韈ulo 18 del Reglamento (UE) 2024/1624, y entrevistar a cualquier otra persona que d� su consentimiento para ser entrevistada con el fin de recabar informaci髇 relativa al objeto de una investigaci髇.

Art韈ulo 38 Supervisi髇 de formas de infraestructuras de determinados intermediarios que operen en r間imen de libre prestaci髇 de servicios

1. Cuando las actividades de las siguientes entidades obligadas se lleven a cabo en su territorio en r間imen de libre prestaci髇 de servicios a trav閟 de agentes o distribuidores o a trav閟 de otros tipos de infraestructura, incluso cuando dichas actividades se lleven a cabo al amparo de una autorizaci髇 obtenida en virtud de la Directiva 2013/36/UE, los Estados miembros velar醤 por que dichas actividades est閚 sujetas a la supervisi髇 de sus supervisores nacionales:

• a) los emisores de dinero electr髇ico, tal como se definen en el art韈ulo 2, punto 3, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (42) ;
• b) los proveedores de servicios de pago, tal como se definen en el art韈ulo 4, punto 11, de la Directiva (UE) 2015/2366, y
• c) los proveedores de servicios de criptoactivos.

A efectos del p醨rafo primero, los supervisores de los Estados miembros en los que se lleven a cabo las actividades controlar醤 de manera efectiva y garantizar醤 el cumplimiento de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

2. Como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 1, el supervisor del Estado miembro en el que est� situada la sede central de la entidad obligada llevar� a cabo la supervisi髇 de los agentes, distribuidores u otros tipos de infraestructura a que se refiere en dicho apartado cuando:

• a) no se cumplan los criterios establecidos en las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el art韈ulo 41, apartado 2, y
• b) el supervisor del Estado miembro en el que est閚 situados dichos agentes, distribuidores u otros tipos de infraestructura notifique al supervisor del Estado miembro en el que est� situada la sede central de la entidad obligada que, teniendo en cuenta la infraestructura limitada en su territorio, el supervisor del Estado miembro en el que est� situada la sede central de la entidad obligada llevar� a cabo la supervisi髇 de las actividades a que se refiere el apartado 1.

3. A efectos del presente art韈ulo, el supervisor del Estado miembro en el que est� situada la sede central de la entidad obligada y el supervisor del Estado miembro en el que la entidad obligada opere en r間imen de libre prestaci髇 de servicios a trav閟 de agentes, o distribuidores o por medio de otros tipos de infraestructura se facilitar醤 mutuamente toda informaci髇 necesaria para evaluar si se cumplen los criterios mencionados en el apartado 2, letra a), incluido cualquier cambio en las circunstancias de la entidad obligada que pueda influir en el cumplimiento de dichos criterios.

4. Los Estados miembros se asegurar醤 de que el supervisor del Estado miembro en el que est� situada la sede central de la entidad obligada informe a la entidad obligada en un plazo de dos semanas a partir de la recepci髇 de la notificaci髇 contemplada en el apartado 2, letra b), de que supervisar� las actividades de los agentes, distribuidores u otros tipos de infraestructura a trav閟 de los cuales la entidad obligada opere en r間imen de libre prestaci髇 de servicios en otro Estado miembro, y de cualquier cambio posterior en su supervisi髇.

5. El presente art韈ulo no se aplicar� cuando la ALBC ejerza funciones de supervisi髇.

Art韈ulo 39 Suministro de informaci髇 a las entidades obligadas

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores pongan la informaci髇 sobre el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo a disposici髇 de las entidades obligadas a las que supervisen.

2. La informaci髇 a que se refiere el apartado 1 contendr� los elementos siguientes:

• a) la evaluaci髇 de los riesgos a escala de la Uni髇 efectuada por la Comisi髇 con arreglo al art韈ulo 7 y toda recomendaci髇 pertinente de la Comisi髇 en virtud de dicho art韈ulo;
• b) las evaluaciones nacionales o sectoriales de riesgos llevadas a cabo con arreglo al art韈ulo 8;
• c) directrices, recomendaciones y dict醡enes pertinentes emitidos por la ALBC de conformidad con los art韈ulos 54 y 55 del Reglamento (UE) 2024/1620;
• d) la informaci髇 sobre los terceros pa韘es identificados de conformidad con el cap韙ulo III, secci髇 2, del Reglamento (UE) 2024/1624;
• e) todas las orientaciones y los informes redactados por la ALBC, otros supervisores y, si procede, la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores, la UIF o cualquier otra autoridad competente, o las organizaciones internacionales y organismos de normalizaci髇 en relaci髇 con los m閠odos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo que podr韆n aplicarse a un sector, y las indicaciones que puedan facilitar la identificaci髇 de operaciones o actividades en riesgo de vincularse al blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo en ese sector, as� como directrices sobre las obligaciones de las entidades obligadas relativas a las sanciones financieras espec韋icas.

3. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores lleven a cabo actividades de divulgaci髇, seg鷑 corresponda, para informar de sus obligaciones a las entidades obligadas bajo su supervisi髇.

4. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores pongan de inmediato la informaci髇 sobre las personas o entidades designadas en relaci髇 con las sanciones financieras espec韋icas y sanciones financieras de las Naciones Unidas a disposici髇 de las entidades obligadas a las que supervisen.

Art韈ulo 40 Supervisi髇 basada en el riesgo

1. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores apliquen a la supervisi髇 un enfoque basado en el riesgo. A tal fin, los Estados miembros velar醤 por que los supervisores:

• a) tengan una comprensi髇 clara de los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo existentes en su Estado miembro;
• b) eval鷈n toda la informaci髇 pertinente sobre los riesgos nacionales e internacionales espec韋icos asociados a los clientes, productos y servicios de las entidades obligadas;
• c) basen la frecuencia e intensidad de la supervisi髇 in situ, a distancia y tem醫ica en el perfil de riesgo de la entidad obligada y en los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo existentes en dicho Estado miembro.

A los efectos del primer p醨rafo, letra c), del presente apartado, los supervisores elaborar醤 programas de supervisi髇 anual, que tendr醤 en cuenta los plazos y recursos necesarios para reaccionar r醦idamente en caso de indicios objetivos y significativos de incumplimientos de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

2. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. Dicho proyecto de normas t閏nicas de regulaci髇 establecer� los par醡etros de referencia y una metodolog韆 para evaluar y clasificar el perfil de riesgo inherente y residual de las entidades obligadas, as� como la frecuencia en que se revisar� tal perfil de riesgo. La frecuencia tendr� en cuenta cualesquiera acontecimientos o novedades principales en la gesti髇 y actividades de la entidad obligada, as� como la naturaleza y el tama駉 del negocio.

Se delegan en la Comisi髇 los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

3. A m醩 tardar el 10 de julio de 2028, la ALBC emitir� directrices orientadas a los supervisores sobre:

• a) las caracter韘ticas de un enfoque de la supervisi髇 basado en el riesgo;
• b) las medidas que los supervisores deben adoptar para garantizar una supervisi髇 adecuada y eficaz, incluido dar formaci髇 a su personal;
• c) las medidas que han de tomarse al llevar a cabo la supervisi髇 basada en el riesgo.

Cuando proceda, las directrices a que se refiere el p醨rafo primero tendr醤 en cuenta los resultados de las evaluaciones efectuadas con arreglo a los art韈ulos 30 y 35 del Reglamento (UE) 2024/1620.

4. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores tengan en cuenta el grado de discrecionalidad permitido a la entidad obligada y revisen de forma apropiada las evaluaciones de riesgo en que se basa esta discrecionalidad, as� como la idoneidad de sus pol韙icas, procedimientos y controles internos.

5. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores elaboren un informe anual y pormenorizado de actividades y de que se publique un resumen de dicho informe. Dicho resumen no contendr� informaci髇 confidencial e incluir�:

• a) las categor韆s de entidades obligadas bajo supervisi髇 y el n鷐ero de entidades obligadas por categor韆;
• b) una descripci髇 de las competencias encomendadas a los supervisores y de las tareas asignadas y, cuando proceda, de los mecanismos mencionados en el art韈ulo 37, apartado 4, en que participen y, en el caso del supervisor principal, un resumen de las actividades de coordinaci髇 desempe馻das;
• c) una visi髇 general de las actividades de supervisi髇 llevadas a cabo.

Art韈ulo 41 Puntos de contacto centrales

1. A efectos del art韈ulo 37, apartado 1, y del art韈ulo 38, apartado 1, los Estados miembros podr醤 exigir a los emisores de dinero electr髇ico, a los proveedores de servicios de pago y a los proveedores de servicios de criptoactivos que operen establecimientos en su territorio que no sean filiales ni sucursales o que operen en su territorio a trav閟 de agentes o distribuidores, o a trav閟 de otros tipos de infraestructura, en r間imen de libre prestaci髇 de servicios que designen un punto de contacto central. Dicho punto de contacto central garantizar�, en nombre de la entidad obligada, el cumplimiento de las normas en materia de LBC/LFT y facilitar� la supervisi髇 por parte de los supervisores, en particular facilitando a los supervisores documentos e informaci髇 cuando lo soliciten.

2. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. Dichos proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 establecer醤 los criterios para determinar las circunstancias en las que resulte apropiada la designaci髇 de un punto de contacto central en virtud del apartado 1, adem醩 de las funciones de los puntos de contacto centrales.

Se delegan en la Comisi髇 los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Art韈ulo 42 Divulgaci髇 a las UIF

1. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores, en caso de que descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo, ya sea durante las comprobaciones efectuadas en las entidades obligadas o de cualquier otro modo, informen de ello con prontitud a la UIF.

2. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores facultados para vigilar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a la UIF cuando descubran informaci髇 que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo.

3. Los Estados miembros velar醤 por que el cumplimiento de los requisitos del presente art韈ulo no sustituya a la obligaci髇 de las autoridades de supervisi髇 de comunicar a las autoridades competentes pertinentes cualquier actividad delictiva que descubran o de la que tengan conocimiento en el contexto de sus actividades de supervisi髇.

Art韈ulo 43 Suministro de informaci髇 a las UIF

Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores comuniquen a la UIF al menos la siguiente informaci髇:

• a) la lista de establecimientos que operan en el Estado miembro respectivo y la lista de la infraestructura bajo su supervisi髇, en virtud del art韈ulo 38, apartado 1, y de cualquier cambio en dichas listas;
• b) cualquier conclusi髇 pertinente que indique deficiencias graves en los sistemas de notificaci髇 de las entidades obligadas;
• c) los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas de conformidad con el art韈ulo 40, en forma agregada.

Art韈ulo 44 Principios generales relativos a la cooperaci髇 en materia de supervisi髇

Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores cooperen entre s� en la mayor medida posible, con independencia de su respectiva naturaleza o estado. Esta cooperaci髇 podr� incluir la realizaci髇, en el marco de las competencias del supervisor requerido, de indagaciones en nombre del supervisor solicitante, as� como el posterior intercambio de la informaci髇 obtenida por medio de dichas indagaciones, o que se facilite que el supervisor solicitante realice dichas indagaciones.

Art韈ulo 45 Suministro de informaci髇 relativa a actividades transfronterizas

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores del Estado miembro de origen informen a los supervisores del Estado miembro de acogida lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo de tres meses tras la recepci髇 de la notificaci髇 con arreglo al art韈ulo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, de las actividades que la entidad obligada desee llevar a cabo en el Estado miembro de acogida.

Cualquier cambio posterior notificado a los supervisores del Estado miembro de origen con arreglo al art韈ulo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1624 se notificar� a los supervisores del Estado miembro de acogida lo antes posible y en cualquier caso en un plazo de un mes desde su recepci髇.

2. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores del Estado miembro de origen compartir醤 con los supervisores del Estado miembro de acogida informaci髇 que reciban en el contexto de sus actividades de supervisi髇 sobre las actividades llevadas a cabo por la entidad obligada en el territorio del Estado miembro de acogida, incluida informaci髇 presentada por las entidades obligadas en respuesta a los cuestionarios de supervisi髇, y cualquier otra informaci髇 pertinente relacionada con las actividades llevadas a cabo en el Estado miembro de acogida.

La informaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero se intercambiar� al menos una vez al a駉. Cuando dicha informaci髇 se facilite de forma agregada, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores del Estado miembro de origen respondan con prontitud a cualquier solicitud de informaci髇 adicional por parte de los supervisores del Estado del Estado miembro de acogida.

Como excepci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo segundo del presente apartado, los Estado miembros se asegurar醤 de que los supervisores del Estado miembro de origen informen a los supervisores del Estado miembro de acogida inmediatamente tras recibir la notificaci髇 de las entidades obligadas de que han comenzado las actividades en el Estado miembro de acogida de conformidad con el art韈ulo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624.

Art韈ulo 46 Disposiciones relativas a la cooperaci髇 en el contexto de la supervisi髇 de grupo

1. En el caso de las entidades de cr閐ito y entidades financieras que forman parte de un grupo, los Estados miembros se asegurar醤 de que, a efectos de lo previsto en el art韈ulo 37, apartado 1, los supervisores financieros del Estado miembro de origen y los del Estado miembro de acogida cooperen entre s� en la mayor medida posible, con independencia de su respectiva naturaleza o estatuto. Tambi閚 cooperar醤 con la ALBC cuando esta desempe馿 funciones de supervisi髇.

2. Cuando la ALBC desempe馿 funciones de supervisi髇, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores financieros del Estado miembro de origen supervisen la aplicaci髇 efectiva de las pol韙icas, los procedimientos y los controles a nivel de grupo a que se refiere el cap韙ulo II, secci髇 2, del Reglamento (UE) 2024/1624. Los Estados miembros tambi閚 se asegurar醤 de que los supervisores financieros del Estado miembro de acogida supervisen el cumplimiento por parte de los establecimientos ubicados en el territorio de su respectivo Estado miembro de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113.

3. A efectos del presente art韈ulo, y excepto en los casos en que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT de conformidad con el art韈ulo 49, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores financieros se faciliten entre s� toda la informaci髇 que necesiten para el desempe駉 de sus tareas de supervisi髇, ya sea previa petici髇 o a iniciativa propia. En particular, los supervisores financieros intercambiar醤 toda la informaci髇 que pueda repercutir de manera significativa en la evaluaci髇 de la exposici髇 a riesgos inherentes o residuales de una entidad de cr閐ito o entidad financiera en otro Estado miembro, incluyendo:

• a) la determinaci髇 de la estructura jur韉ica, organizativa y de gobernanza del grupo, incluidas todas las filiales y sucursales;
• b) informaci髇 pertinente sobre los titulares reales y la alta direcci髇, incluidos los resultados de las comprobaciones de aptitud y honorabilidad, tanto si se realizan en virtud de la presente Directiva o de otros actos jur韉icos de la Uni髇;
• c) las pol韙icas, los procedimientos y los controles vigentes dentro del grupo;
• d) informaci髇 de diligencia debida con respecto al cliente, incluidos los expedientes de los clientes y los registros de las operaciones;
• e) los acontecimientos adversos en relaci髇 con la sociedad matriz, las filiales o las sucursales que puedan afectar gravemente a otros componentes del grupo;
• f) sanciones pecuniarias que los supervisores financieros pretendan imponer y medidas administrativas que los supervisores financieros pretendan aplicar de conformidad con la secci髇 4 del presente cap韙ulo.

Los Estados miembros tambi閚 velar醤 por que los supervisores financieros puedan realizar, dentro de sus competencias, indagaciones en nombre de un supervisor solicitante y compartir la informaci髇 recabada a trav閟 de tales indagaciones, o facilitar que el supervisor solicitante realice dichas indagaciones.

4. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. En dicho proyecto de normas t閏nicas de regulaci髇 se detallar醤 las respectivas obligaciones de los supervisores de origen y de acogida, as� como las modalidades de cooperaci髇 entre ellos.

Se delegan en la Comisi髇 los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

5. Los supervisores financieros podr醤 remitir a la ALBC cualquiera de los siguientes casos:

• a) que un supervisor financiero no haya comunicado la informaci髇 a que se refiere el apartado 3;
• b) que una solicitud de cooperaci髇 se haya denegado o no se le haya dado curso en un plazo razonable;
• c) que haya discrepancia por razones objetivas sobre las infracciones detectadas y sobre las sanciones pecuniarias que deban imponerse o las medidas administrativas que deban aplicarse a la entidad o grupo para subsanar dichas infracciones.

La ALBC podr� actuar de conformidad con las competencias que le confiere el art韈ulo 33 del Reglamento (UE) 2024/1620. En esos casos, la ALBC emitir� su dictamen sobre el objeto de la solicitud en el plazo de un mes.

6. Los Estados miembros se asegurar醤 de que el presente art韈ulo tambi閚 se aplique a la supervisi髇 de:

• a) grupos de entidades obligadas en el sector no financiero;
• b) las entidades obligadas que operen en r間imen de libre prestaci髇 de servicios sin ninguna infraestructura en otro Estados miembro distinto del Estado miembro donde est閚 establecidas, cuando la supervisi髇 de las actividades en ese otro Estado miembro la realicen los supervisores de ese otro Estado miembro de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 1, p醨rafo segundo.

Cuando las situaciones a que se refiere el apartado 5 se den en relaci髇 con supervisores no financieros, la ALBC podr� actuar de conformidad con las competencias que le confiere el art韈ulo 38 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Los Estados miembros tambi閚 se asegurar醤 de que, en caso de que las entidades obligadas en el sector no financiero formen parte de estructuras que compartan una propiedad, gesti髇 o control del cumplimiento comunes, incluyendo redes o asociaciones, los supervisores no financieros cooperen e intercambien de informaci髇.

Art韈ulo 47 Cooperaci髇 en materia de supervisi髇 relativa a entidades obligadas que lleven a cabo actividades transfronterizas

1. Cuando las entidades obligadas que no formen parte de un grupo llevan a cabo las actividades transfronterizas a que se refiere el art韈ulo 54, apartado 1, y la supervisi髇 se comparta entre supervisores de los Estados miembros de origen y los de acogida, de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 1, y el art韈ulo 38, apartado 1, los Estados miembros velar醤 por que dichos supervisores cooperen entre s� en la mayor medida posible y se presten asistencia mutua en el desempe駉 de la supervisi髇 de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 1, y el art韈ulo 38, apartado 1.

A efectos de p醨rafo primero, y excepto en los casos en los que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT de conformidad con el art韈ulo 49, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores:

• a) se faciliten entre s� toda la informaci髇 que necesiten para el desempe駉 de sus tareas de supervisi髇, ya sea previa petici髇 o a iniciativa propia, incluida la informaci髇 mencionada en el art韈ulo 46, apartado 3, p醨rafo primero, letras a), b) y d), cuando dicha informaci髇 sea necesaria para el desempe駉 de tareas de supervisi髇;
• b) se informen mutuamente de cualquier acontecimiento adverso en relaci髇 con la entidad obligada, sus establecimientos o tipos de infraestructura, que pueda afectar gravemente al cumplimiento de la entidad con los requisitos aplicables, y las sanciones pecuniarias que pretendan imponer o las medidas administrativas que pretendan aplicar en virtud de la secci髇 4 del presente cap韙ulo;
• c) puedan realizar, dentro de sus competencias, indagaciones en nombre de un supervisor solicitante y compartir la informaci髇 recabada a trav閟 de tales indagaciones, o facilitar que el supervisor solicitante realice dichas indagaciones.

El presente apartado tambi閚 se aplicar� en el caso de entidades obligadas que est閚 establecidas en un 鷑ico Estado miembro y operen en r間imen de libre prestaci髇 de servicios en otro Estado miembro sin ninguna infraestructura, cuando la supervisi髇 de las actividades en ese otro Estado miembro la realicen los supervisores de ese otro Estado miembro de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 1, p醨rafo segundo.

2. Cuando la supervisi髇 de la entidad obligada y de cualquiera de sus tipos de infraestructura en otros Estados miembros se encomiende a los supervisores del Estado miembro de origen de conformidad con el art韈ulo 38, apartado 2, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores del Estado miembro de origen informen con regularidad a los supervisores del Estado miembro de acogida de las medidas vigentes en la entidad obligada, as� como del cumplimiento de la entidad con los requisitos aplicables, incluidos los vigentes en el Estado miembro de acogida. Cuando se detecten infracciones graves, reiteradas o sistem醫icas, los supervisores del Estado miembro de origen informar醤 con prontitud a los supervisores del Estado miembro de acogida de dichas infracciones y de cualquier sanci髇 pecuniaria que pretendan imponer y de las medidas pecuniarias que pretendan aplicar para subsanarlas.

Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores del Estado miembro de acogida prestan asistencia a los supervisores del Estado miembro de origen para garantizar la verificaci髇 del cumplimiento, por parte de la entidad obligada, de los requisitos legales. En concreto, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores del Estado miembro de acogida informen a los supervisores del Estado miembro de origen de cualquier seria duda que tengan respecto al cumplimiento, por parte de la entidad obligada, de los requisitos aplicables, as� como de que comparten toda informaci髇 que tengan a este respecto con los supervisores del Estado miembro de origen.

El presente apartado tambi閚 se aplicar� en el caso de entidades obligadas que est閚 establecidas en un 鷑ico Estado miembro y desarrollen sus actividades en r間imen de libre prestaci髇 de servicios en otro Estado miembro sin ninguna infraestructura, excepto en los casos en que la supervisi髇 de las actividades en ese otro Estado miembro la realicen los supervisores de ese otro Estado miembro de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 1, p醨rafo segundo.

3. Los supervisores podr醤 remitir a la ALBC cualquiera de los siguientes casos:

• a) que un supervisor no haya comunicado la informaci髇 a que se refiere el apartado 1, p醨rafo segundo, letras a) y b), o apartado 2, p醨rafos primero y segundo;
• b) que una solicitud de cooperaci髇 se haya denegado o no se le haya dado curso en un plazo razonable;
• c) que haya discrepancia por razones objetivas sobre las infracciones detectadas y sobre las sanciones pecuniarias que deban imponerse o medidas administrativas que deban aplicarse a la entidad para subsanar esas infracciones.

La ALBC actuar� de conformidad con las competencias que le confieren los art韈ulos 33 y 38 del Reglamento (UE) 2024/1620. La ALBC emitir� su dictamen sobre el objeto de la solicitud en el plazo de un mes.

Art韈ulo 48 Intercambio de informaci髇 en relaci髇 con la aplicaci髇 de pol韙icas a nivel de grupo en terceros pa韘es

Los supervisores, incluida la ALBC, se informar醤 mutuamente de los casos en que el Derecho de un tercer pa韘 no permita aplicar las pol韙icas, los procedimientos y los controles necesarios en virtud del art韈ulo 16 del Reglamento (UE) 2024/1624. En tales casos, los supervisores podr醤 adoptar medidas coordinadas para hallar una soluci髇. Al evaluar qu� terceros pa韘es no permiten aplicar las pol韙icas, los procedimientos y los controles exigidos en virtud del art韈ulo 16 del Reglamento (UE) 2024/1624, los supervisores tendr醤 en cuenta todos los impedimentos jur韉icos que puedan obstaculizar la correcta aplicaci髇 de tales pol韙icas, procedimientos y controles, incluidos el secreto profesional, un nivel insuficiente de protecci髇 de datos y otros impedimentos que limiten el intercambio de informaci髇 que pueda ser pertinente a tal efecto.

Art韈ulo 49 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector financiero

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que el supervisor financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo de entidades de cr閐ito o entidades financieras o de la sede central de una entidad de cr閐ito o entidad financiera constituya colegios de supervisores de LBC/LFT espec韋icos en cualquiera de las siguientes situaciones:

• a) que una entidad de cr閐ito o una entidad financiera, incluidos sus grupos, haya constituido establecimientos en al menos dos Estados miembros diferentes distintos del Estado miembro en que se sit鷈 su sede central;
• b) que una entidad de cr閐ito o entidad financiera de un tercer pa韘 haya constituido establecimientos en al menos tres Estados miembros.

2. Los miembros permanentes del colegio ser醤 el supervisor financiero encargado de la sociedad matriz o de la sede central, los supervisores financieros encargados de establecimientos en Estados miembros de acogida y los supervisores financieros encargados de infraestructura en Estados miembros de conformidad con el art韈ulo 38.

3. El presente art韈ulo no se aplicar� cuando la ALBC desempe馿 funciones de supervisi髇.

4. Las actividades de los colegios de supervisores de LBC/LFT ser醤 proporcionales al nivel de riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo al que est� expuesta la entidad de cr閐ito o entidad financiera o el grupo y a la dimensi髇 de sus actividades transfronterizas.

5. A efectos del apartado 1, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores financieros identifiquen:

• a) todas las entidades de cr閐ito o entidades financieras que cuenten con autorizaci髇 en su Estado miembro y que tengan establecimientos en otros Estados miembros o terceros pa韘es;
• b) todos los establecimientos constituidos por entidades de cr閐ito o entidades financieras en otros Estados miembros o terceros pa韘es;
• c) los establecimientos constituidos en su territorio por las entidades de cr閐ito o entidades financieras de otros Estados miembros o terceros pa韘es.

6. En situaciones distintas a las contempladas en el art韈ulo 38, cuando las entidades de cr閐ito o entidades financieras lleven a cabo actividades en otros Estados miembros en r間imen de libre prestaci髇 de servicios, el supervisor financiero del Estado miembro de origen podr� invitar a los supervisores financieros de dichos Estados miembros a que participen en el colegio como observadores.

7. Cuando un grupo de entidades de cr閐ito o entidades financieras incluya alguna entidad obligada del sector no financiero, el supervisor financiero que establezca el colegio invitar� a los supervisores de dichas entidades obligadas a participar en el colegio.

8. Los Estados miembros podr醤 autorizar que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT cuando una entidad de cr閐ito o entidad financiera establecida en la Uni髇 haya constituido establecimientos en al menos dos terceros pa韘es. Los supervisores financieros podr醤 invitar a sus hom髄ogos de tales terceros pa韘es a constituir dicho colegio. Los supervisores financieros que participen en el colegio suscribir醤 un acuerdo por escrito que detalle las condiciones y los procedimientos de la cooperaci髇 y el intercambio de informaci髇.

9. Los Estados miembros velar醤 por que dichos colegios se usen, entre otras cosas, para intercambiar informaci髇, prestar asistencia mutua o coordinar el enfoque de supervisi髇 para el grupo o la entidad, incluyendo, cuando proceda, la adopci髇 de medidas apropiadas y proporcionadas a fin de solventar las infracciones graves de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 que se detecten al nivel del grupo o de la entidad de cr閐ito o entidad financiera o en los establecimientos constituidos por el grupo o la entidad en la jurisdicci髇 de un supervisor que participe en el colegio.

10. La ALBC podr� participar en las reuniones de los colegios de supervisores de LBC/LFT y facilitar� su labor de conformidad con el art韈ulo 31 del Reglamento (UE) 2024/1620. Cuando la ALBC decida participar en las reuniones de un colegio de supervisores de LBC/LFT, tendr� el estatuto de observador.

11. Los supervisores financieros podr醤 invitar a sus hom髄ogos de terceros pa韘es a participar en calidad de observadores en colegios de supervisores de LBC/LFT en el caso a que se refiere el apartado 1, letra b), o cuando grupos o entidades de cr閐ito o entidades financieras de la Uni髇 operen sucursales y filiales en dichos terceros pa韘es, siempre que:

• a) los hom髄ogos de terceros pa韘es presenten una solicitud de participaci髇 y los miembros del colegio acepten su participaci髇, o los miembros del colegio acepten invitar a dichos hom髄ogos de terceros pa韘es;
• b) se cumplan las normas de protecci髇 de datos de la Uni髇 a las transferencias de datos;
• c) los hom髄ogos de terceros pa韘es firmen el acuerdo escrito a que se refiere el apartado 8, tercera frase, y compartan en el colegio la informaci髇 pertinente que est� en su posesi髇 para la supervisi髇 de las entidades de cr閐ito o entidades financieras o del grupo;
• d) la informaci髇 divulgada est� sometida a requisitos de garant韆 del secreto profesional equivalentes como m韓imo a los enunciados en el art韈ulo 67, apartado 1, y se utilice 鷑icamente para llevar a cabo las tareas de supervisi髇 de los supervisores financieros participantes o de los hom髄ogos de terceros pa韘es.

Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores financieros que establezcan colegios lleven a cabo una evaluaci髇 de si se cumplen las condiciones del p醨rafo primero y la presenten a los miembros permanentes del colegio. Dicha evaluaci髇 se llevar� a cabo antes de que el hom髄ogo del tercer pa韘 pueda unirse al colegio y podr� repetirse posteriormente cuando sea necesario. Los supervisores financieros de los Estados miembros de origen podr醤 solicitar el apoyo de la ALBC para la realizaci髇 de dicha evaluaci髇.

12. Cuando los miembros permanentes del colegio lo consideren necesario, podr� invitarse a observadores adicionales, siempre que se cumplan los requisitos de confidencialidad. Entre los observadores podr醤 incluirse supervisores prudenciales, incluido el BCE cuando act鷈 de conformidad con el Reglamento (UE) n.� 1024/2013 del Consejo (43) , as� como las Autoridades Europeas de Supervisi髇 y UIF.

13. Cuando los miembros de un colegio est閚 en desacuerdo sobre las medidas que deban tomarse en relaci髇 con una entidad obligada, podr醤 remitir el asunto a la ALBC y solicitar su asistencia de conformidad con el art韈ulo 33 del Reglamento (UE) 2024/1620.

14. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. En dichos proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 se especificar醤:

• a) las condiciones generales de funcionamiento, en funci髇 del riesgo, de los colegios de supervisores de LBC/LFT del sector financiero, incluidos los t閞minos de la cooperaci髇 entre los miembros permanentes y con observadores, as� como el funcionamiento operativo de dichos colegios;
• b) la plantilla del acuerdo escrito que deben firmar los supervisores financieros de conformidad con el apartado 8;
• c) cualquier medida adicional que deban aplicar los colegios cuando los grupos incluyan entidades obligadas del sector no financiero;
• d) las condiciones para la participaci髇 de supervisores financieros en terceros pa韘es.

Se delegan en la Comisi髇 los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Art韈ulo 50 Colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero

1. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores no financieros encargados de la sociedad matriz de un grupo de entidades obligadas en el sector no financiero o de la sede central de una entidad obligada en el sector no financiero puedan constituir colegios de supervisores de LBC/LFT espec韋icos en cualquiera de las siguientes situaciones:

• a) que una entidad obligada en el sector no financiero, o uno de sus grupos, haya constituido establecimientos en al menos dos Estados miembros diferentes distintos del Estado miembro en que se sit鷈 su sede central;
• b) que una entidad de un tercer pa韘 sujeta a requisitos de LBC/LFT que no sea una entidad de cr閐ito o una entidad financiera haya constituido establecimientos en al menos tres Estados miembros.

El presente apartado tambi閚 se aplicar� a estructuras que compartan una propiedad, gesti髇 o control del cumplimiento comunes, incluyendo redes o asociaciones a las que se apliquen requisitos a nivel de grupo de conformidad con el art韈ulo 16 del Reglamento (UE) 2024/1624.

Los miembros permanentes del colegio ser醤 el supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz o de la sede central y los supervisores no financieros encargados de establecimientos en Estados miembros de acogida o de la supervisi髇 de dicha entidad obligada en otros Estados miembros en los casos a que se refiere el art韈ulo 37, apartado 1, p醨rafo segundo.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que cuando el supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada no constituya un colegio, los supervisores no financieros a que se refiere el apartado 1, p醨rafo segundo, letra b), puedan presentar un dictamen que abogue por la constituci髇 de un colegio, habida cuenta de los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo al que est� expuesta la entidad obligada o el grupo y la dimensi髇 de sus actividades transfronterizas. Dicho dictamen ser� presentado por al menos dos supervisores no financieros y se dirigir�:

• a) al supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada;
• b) a la ALBC;
• c) a todos los dem醩 supervisores no financieros.

Cuando el supervisor no financiero a que se refiere la letra a) del p醨rafo primero del presente apartado sea un organismo autorregulador, dicho dictamen se presentar� tambi閚 a la autoridad p鷅lica encargada de vigilarlo, de conformidad con el art韈ulo 52.

3. Cuando, tras la presentaci髇 de un dictamen con arreglo al apartado 2, el supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada siga considerando que no es necesario establecer un colegio, los Estados miembros velar醤 por que los dem醩 supervisores no financieros puedan establecer un colegio, siempre que est� compuesto por al menos dos miembros. En tales casos, dichos supervisores no financieros decidir醤 entre ellos qui閚 es el supervisor encargado del colegio. El supervisor no financiero encargado de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada ser� informado de las actividades del colegio y podr醤 incorporarse a este en cualquier momento.

4. A efectos del apartado 1, los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores no financieros identifiquen:

• a) todas las entidades obligadas en el sector no financiero que tengan su sede central en su Estado miembro y que tengan establecimientos en otros Estados miembros o terceros pa韘es;
• b) todos los establecimientos constituidos por esas entidades obligadas en otros Estados miembros o terceros pa韘es;
• c) los establecimientos constituidos en su territorio por las entidades obligadas en el sector no financiero de otros Estados miembros o terceros pa韘es.

5. Cuando las entidades obligadas en el sector no financiero lleven a cabo actividades en otros Estados miembros en r間imen de libre prestaci髇 de servicios, el supervisor no financiero del Estado miembro de origen podr� invitar a los supervisores no financieros de dichos Estados miembros a que participen en el colegio como observadores.

6. Cuando un grupo en el sector no financiero incluya algunas entidades de cr閐ito o entidades financieras, pero su presencia en el grupo no alcance el umbral para establecer un colegio en virtud del art韈ulo 49, el supervisor que establezca el colegio invitar� a los supervisores financieros de dichas entidades de cr閐ito o entidades financieras a participar en el colegio.

7. Los Estados miembros podr醤 autorizar que se constituyan colegios de supervisores de LBC/LFT cuando una entidad obligada en el sector no financiero establecida en la Uni髇 haya constituido establecimientos en al menos dos terceros pa韘es. Los supervisores no financieros podr醤 invitar a sus hom髄ogos de dichos terceros pa韘es a establecer dicho colegio. Los supervisores no financieros que participen en el colegio suscribir醤 un acuerdo escrito que detalle las condiciones y los procedimientos para la cooperaci髇 y el intercambio de informaci髇.

Cuando el colegio se establezca en relaci髇 con las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624 o sus grupos, el acuerdo escrito a que se refiere el p醨rafo primero del presente apartado tambi閚 incluir� los procedimientos para garantizar que no se comparte informaci髇 recabada en virtud del art韈ulo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1624, a menos que se aplique el p醨rafo segundo del art韈ulo 21, apartado2.

8. Los Estados miembros velar醤 por que dichos colegios se usen, entre otras cosas, para intercambiar informaci髇, prestar asistencia mutua o coordinar el enfoque de supervisi髇 para el grupo o la entidad obligada, incluyendo, cuando proceda, la adopci髇 de medidas apropiadas y proporcionadas a fin de solventar las infracciones graves de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 que se detecten al nivel del grupo o de la entidad obligada o en los establecimientos constituidos por el grupo o la entidad obligada en la jurisdicci髇 de un supervisor que participe en el colegio.

9. La ALBC podr� participar en las reuniones de los colegios de supervisores de LBC/LFT y facilitar� su labor de conformidad con el art韈ulo 36 del Reglamento (UE) 2024/1620. Cuando la ALBC decida participar en las reuniones de un colegio de supervisores de LBC/LFT, tendr� el estatuto de observador.

10. Los supervisores financieros podr醤 invitar a sus hom髄ogos de terceros pa韘es a participar en colegios de supervisores de LBC/LFT en calidad de observadores en el caso a que se refiere el apartado 1, letra b), o cuando entidades obligadas en el sector no financiero de la Uni髇 o sus grupos operen sucursales y filiales en dichos terceros pa韘es, siempre que:

• a) los hom髄ogos de terceros pa韘es presenten una solicitud de participaci髇 y los miembros del colegio acepten su participaci髇, o los miembros del colegio acepten invitar a dichos hom髄ogos de terceros pa韘es;
• b) se cumplan las normas de protecci髇 de datos de la Uni髇 a las transferencias de datos;
• c) los hom髄ogos de terceros pa韘es firmen el acuerdo escrito a que se refiere el apartado 7 y compartan en el colegio la informaci髇 pertinente que est� en su posesi髇 para la supervisi髇 de la entidad obligada o del grupo;
• d) la informaci髇 divulgada est� sometida a requisitos de garant韆 del secreto profesional equivalentes como m韓imo a los enunciados en el art韈ulo 67, apartado 1, y se utilice 鷑icamente para llevar a cabo las tareas de supervisi髇 de los supervisores no financieros participantes o de los hom髄ogos de terceros pa韘es.

Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores no financieros encargados de la sociedad matriz de un grupo o de la sede central de una entidad obligada o, en los casos contemplados en el apartado 3, del colegio lleven a cabo una evaluaci髇 de si se cumplen las condiciones del p醨rafo primero del presente apartado y la presenten a los miembros permanentes del colegio. Dicha evaluaci髇 se llevar� a cabo antes de que el hom髄ogo del tercer pa韘 pueda unirse al colegio y podr� repetirse posteriormente cuando sea necesario. Los supervisores no financieros encargados de la evaluaci髇 podr醤 solicitar el apoyo de la ALBC para la realizaci髇 de dicha evaluaci髇.

11. Cuando los miembros permanentes del colegio lo consideren necesario, podr� invitarse a observadores adicionales, siempre que se cumplan los requisitos de confidencialidad. Los observadores podr醤 incluir UIF.

12. Cuando los miembros de un colegio est閚 en desacuerdo sobre las medidas que deben tomarse en relaci髇 con una entidad obligada, podr醤 remitir el asunto a la ALBC y solicitar su asistencia de conformidad con el art韈ulo 38 del Reglamento (UE) 2024/1620. La ALBC emitir� su dictamen sobre el objeto del desacuerdo en el plazo de dos meses.

13. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. En dichos proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 se especificar醤:

• a) las condiciones generales de funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero, incluidos los t閞minos de la cooperaci髇 entre los miembros permanentes y con observadores, as� como el funcionamiento operativo de dichos colegios;
• b) la plantilla del acuerdo escrito que deben firmar los supervisores no financieros de conformidad con el apartado 7;
• c) las condiciones para la participaci髇 de supervisores no financieros en terceros pa韘es;
• d) cualquier medida adicional que deban aplicar los colegios cuando los grupos incluyan entidades de cr閐ito o entidades financieras.

Se delegan en la Comisi髇 los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

14. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029 y posteriormente cada dos a駉s, la ALBC emitir� un dictamen sobre el funcionamiento de los colegios de supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero. Dicho dictamen incluir�:

• a) una visi髇 general de los colegios establecidos por supervisores no financieros;
• b) una evaluaci髇 de las medidas tomadas por dichos colegios y el nivel de cooperaci髇 conseguido, incluidas las dificultades encontradas en el funcionamiento de los colegios.

Art韈ulo 51 Cooperaci髇 con supervisores de terceros pa韘es

1. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores puedan celebrar acuerdos de cooperaci髇 que dispongan la cooperaci髇 y el intercambio de informaci髇 confidencial con sus hom髄ogos de terceros pa韘es. Esos acuerdos de cooperaci髇 cumplir醤 con las normas de protecci髇 de datos aplicables y se celebrar醤 sobre la base de la reciprocidad y estar醤 sometidos a requisitos de garant韆 del secreto profesional equivalentes como m韓imo a los enunciados en el art韈ulo 67, apartado 1. La informaci髇 confidencial intercambiada conforme a dichos acuerdos de cooperaci髇 solo se utilizar� para llevar a cabo las tareas de supervisi髇 de dichas autoridades.

Cuando la informaci髇 intercambiada tenga su origen en otro Estado miembro, solo se divulgar� con el consentimiento expreso del supervisor que la haya compartido y, en su caso, 鷑icamente con la finalidad para la que dicho supervisor haya dado su consentimiento.

2. A efectos del apartado 1, la ALBC prestar� asistencia seg鷑 sea necesario para evaluar la equivalencia de los requisitos de secreto profesional aplicables al hom髄ogo del tercer pa韘.

3. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores notifiquen a la ALBC todo acuerdo suscrito conforme al presente art韈ulo en el plazo de un mes desde su firma.

4. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC desarrollar� un proyecto de normas t閏nicas de ejecuci髇 y lo presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. En dicho proyecto de normas t閏nicas de ejecuci髇 se especificar� la plantilla que deber� usarse para la celebraci髇 de los acuerdos de cooperaci髇 a que se refiere el apartado 1.

Se confieren poderes a la Comisi髇 para adoptar las normas t閏nicas de ejecuci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con el art韈ulo 53 del Reglamento (UE) 2024/1620.

Art韈ulo 52 Vigilancia de los organismos autorreguladores

1. Si los Estados miembros deciden, de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 3, de la presente Directiva, permitir a los organismos autorreguladores llevar a cabo la supervisi髇 de las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624, velar醤 por que las actividades de tales organismos autorreguladores a la hora de desempe馻r tales funciones est閚 sujetas a la vigilancia de una autoridad p鷅lica.

2. La autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores ser� responsable de garantizar un sistema de supervisi髇 adecuada y eficaz de las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624, inclusive:

• a) verificando que todo organismo autorregulador que desempe馿 o aspire a desempe馻r las funciones a que se refiere el art韈ulo 37, apartado 1, satisfaga los requisitos previstos en el apartado 3 de dicho art韈ulo;
• b) prestando orientaci髇 relativa al desempe駉 de las funciones a que se refiere el art韈ulo 37, apartado 1;
• c) garantizando que los organismos autorreguladores desempe馿n sus funciones al amparo de la secci髇 1 del presente cap韙ulo de manera adecuada y eficaz;
• d) revisando las exenciones concedidas por los organismos autorreguladores de la obligaci髇 de elaborar una evaluaci髇 de riesgos documentada individual de conformidad con el art韈ulo 37, apartado 5, letra b);
• e) informando con regularidad a los organismos autorreguladores de cualquier actividad planificada o tarea realizada por la ALBC que sea pertinente para el desempe駉 de su funci髇 de supervisi髇, y en concreto la planificaci髇 de revisiones inter pares de conformidad con el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) 2024/1620.

3. Los Estados miembros se asegurar醤 de que se concedan a la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores las competencias adecuadas para ejercer sus responsabilidades al amparo del apartado 2. Como m韓imo, los Estados miembros se asegurar醤 de que la autoridad p鷅lica tiene la competencia de:

• a) instar a producir toda la informaci髇 que sea pertinente para controlar el cumplimiento y efectuar comprobaciones, excepto la informaci髇 recabada por las entidades obligadas a que se refiere el art韈ulo 3, punto 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2024/1624 en el curso de la determinaci髇 de la situaci髇 jur韉ica de su cliente, con arreglo a las condiciones establecidas en el art韈ulo 21, apartado 2, de dicho Reglamento, o para desempe馻r la labor de defender o representar a tal cliente en un procedimiento judicial o en relaci髇 con 閘, inclusive al prestar asesoramiento orientado a iniciar o evitar tal procedimiento, ya se haya recogido tal informaci髇 antes, durante o despu閟 del procedimiento;
• b) cursar instrucciones a un organismo autorregulador a efectos de solventar una falta de cumplimiento de sus funciones al amparo del art韈ulo 37, apartado 1, o de satisfacer los requisitos previstos el apartado 6 del mismo art韈ulo, o de evitar tales faltas.

Al dictar instrucciones a un organismo autorregulador de conformidad con el p醨rafo primero, letra b), la autoridad p鷅lica tendr� en cuenta todas las orientaciones pertinentes que hayan emitido ella misma o la ALBC.

4. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores desempe馿 sus funciones al margen de influencias indebidas.

Los Estados miembros velar醤 asimismo por que el personal de la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores est閚 sujetos a los requisitos de secreto profesional equivalentes a los estipulados en el art韈ulo 67, que mantiene estrictos criterios profesionales, inclusive estrictos criterios profesionales de confidencialidad y protecci髇 de datos, y que tenga un elevado nivel de integridad. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores disponga de procedimientos para prevenir y gestionar los conflictos de intereses.

5. Los Estados miembros podr醤 imponer medidas o sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias si los organismos autorreguladores no cumplen una solicitud o instrucci髇 o cualquier otra medida tomada por la autoridad con arreglo a los apartados 2 o 3.

6. Los Estados miembros se asegurar醤 de que la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores informe a las autoridades competentes para investigar y enjuiciar las actividades delictivas de manera oportuna, directamente o por medio de la UIF, de cualquier infracci髇 sujeta a sanciones penales que detecte en el desempe駉 de sus tareas.

7. La autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores publicar� un informe anual que contenga informaci髇 sobre:

• a) el n鷐ero y la naturaleza de las infracciones detectadas por cada organismo autorregulador y las sanciones administrativas impuestas o las medidas administrativas aplicadas a las entidades obligadas;
• b) el n鷐ero de operaciones sospechosas comunicadas a la UIF por las entidades obligadas sujetas a supervisi髇 por parte de cada organismo autorregulador, ya se presenten directamente de conformidad con el art韈ulo 69, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1624, o las reenv韊 cada organismo autorregulador a la UIF de conformidad con el art韈ulo 70, apartado 1, de dicho Reglamento;
• c) el n鷐ero y la descripci髇 de las sanciones pecuniarias y multas coercitivas impuestas o las medidas administrativas aplicadas al amparo de la secci髇 4 del presente cap韙ulo por cada organismo autorregulador para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas del Reglamento (UE) 2024/1624 a que se refiere el art韈ulo 55, apartado 1 de la presente Directiva;
• d) el n鷐ero y la descripci髇 de las medidas tomadas por la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores al amparo del presente art韈ulo y el n鷐ero de instrucciones cursadas a los organismos autorreguladores.

El informe a que se refiere el p醨rafo primero se publicar� en el sitio web de la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores y se presentar� a la Comisi髇 y a la ALBC.

Art韈ulo 53 Disposiciones generales

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las entidades obligadas puedan ser consideradas responsables de las infracciones de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 de conformidad con la presente secci髇.

2. Sin perjuicio de su derecho a prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecer醤 normas sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas, velar醤 por que los supervisores puedan imponer dichas sanciones pecuniarias y aplicar medidas administrativas respecto a las infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o el Reglamento (UE) 2023/1113 y garantizar醤 su ejecuci髇. Toda sanci髇 impuesta o medida aplicada de conformidad con la presente secci髇 ser� efectiva, proporcionada y disuasoria.

3. Como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 2, cuando el ordenamiento jur韉ico de un Estado miembro no prevea sanciones administrativas, el presente art韈ulo podr� aplicarse de tal modo que la incoaci髇 del proceso sancionador corresponda al supervisor y la imposici髇 de la sanci髇 pecuniaria a una autoridad judicial, garantizando en todo caso que estas v韆s de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente al de las sanciones pecuniarias impuestas por los supervisores. En cualquier caso, las sanciones pecuniarias impuestas ser醤 efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros a que se refiere el p醨rafo primero comunicar醤 a la Comisi髇 las medidas dentro del Derecho nacional que adopten de conformidad con el presente apartado a m醩 tardar el 10 de julio de 2027 y, sin demora, toda modificaci髇 ulterior.

4. En caso de infracci髇 del Reglamento (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113, los Estados miembros velar醤 por que, cuando las obligaciones sean aplicables a personas jur韉icas, puedan imponerse sanciones pecuniarias y aplicarse medidas administrativas no solo a la persona jur韉ica, sino tambi閚 a la alta direcci髇 y a otras personas f韘icas que sean responsables de la infracci髇.

Los Estados miembros garantizar醤 que, en caso de que los supervisores constaten infracciones sujetas a sanciones penales, informen de manera oportuna a las autoridades competentes para investigar y enjuiciar actividades delictivas.

5. De conformidad con la presente Directiva y el Derecho nacional, las sanciones pecuniarias se impondr醤 y las medidas administrativas se aplicar醤 de cualquiera de los modos siguientes:

• a) directamente por los supervisores;
• b) en cooperaci髇 entre los supervisores y otras autoridades;
• c) bajo la responsabilidad de los supervisores, delegando en otras autoridades;
• d) mediante solicitud por parte de los supervisores a las autoridades judiciales competentes.

A m醩 tardar el 10 de octubre de 2027, los Estados miembros notificar醤 a la Comisi髇 y a la ALBC la informaci髇 sobre las disposiciones relativas a la imposici髇 de sanciones pecuniarias o a la aplicaci髇 de medidas administrativas con arreglo al presente apartado, inclusive, cuando proceda, la informaci髇 sobre si ciertas sanciones o medidas requieren recurrir a un procedimiento espec韋ico.

6. Los Estados miembros velar醤 por que, a la hora de determinar el tipo y el nivel de las sanciones pecuniarias o medidas administrativas, los supervisores competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, en su caso:

• a) la gravedad y la duraci髇 de la infracci髇;
• b) el n鷐ero de casos en que se repiti� la infracci髇;
• c) el grado de responsabilidad de la persona f韘ica o jur韉ica considerada responsable;
• d) la solidez financiera de la persona f韘ica o jur韉ica considerada responsable, tambi閚 teniendo en cuenta su volumen de negocios total o ingresos anuales;
• e) los beneficios derivados de la infracci髇 para la persona f韘ica o jur韉ica considerada responsable, en la medida en que puedan determinarse;
• f) las p閞didas para terceros causadas por la infracci髇, en la medida en que puedan determinarse;
• g) el nivel de cooperaci髇 de la persona f韘ica o jur韉ica considerada responsable con la autoridad competente;
• h) las posibles infracciones anteriores de la persona f韘ica o jur韉ica considerada responsable.

7. Los Estados miembros garantizar醤 que las personas jur韉icas puedan ser consideradas responsables de las infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113, cuando esas infracciones sean cometidas en su nombre o en su beneficio, actuando a t韙ulo particular o como parte de un organismo de dicha persona jur韉ica, por cualquier persona que tenga una posici髇 destacada en el seno de dicha persona jur韉ica, basado en cualquiera de los elementos siguientes:

• a) un poder de representaci髇 de dicha persona jur韉ica;
• b) la autoridad de tomar decisiones en nombre de dicha persona jur韉ica;
• c) la autoridad de ejercer control dentro de la persona jur韉ica.

8. Los Estados miembros se asegurar醤 de que las personas jur韉icas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisi髇 o control por parte de una persona a que se refiere el apartado 7 del presente art韈ulo haya hecho posible las infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113 por parte de una persona bajo su autoridad en nombre de la persona jur韉ica o en beneficio de la misma.

9. Al ejercer sus facultades de imposici髇 de sanciones pecuniarias y de aplicaci髇 de medidas administrativas, los supervisores cooperar醤 estrechamente y, en su caso, coordinar醤 sus actuaciones con otras autoridades para garantizar que las sanciones pecuniarias o medidas administrativas ofrezcan los resultados deseados, y coordinar醤 su actuaci髇 en los casos transfronterizos.

10. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC elaborar� proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 y los presentar� a la Comisi髇 para su adopci髇. En dichos proyectos de normas t閏nicas de regulaci髇 se establecer醤:

• a) los indicadores para clasificar el nivel de gravedad de infracciones;
• b) los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar el nivel de las sanciones pecuniarias o aplicar medidas administrativas de acuerdo con la presente secci髇;
• c) una metodolog韆 para la imposici髇 de las multas coercitivas de conformidad con el art韈ulo 57, incluida su frecuencia.

Se delegan en la Comisi髇 los poderes para completar la presente Directiva mediante la adopci髇 de las normas t閏nicas de regulaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero de conformidad con los art韈ulos 49 a52 del Reglamento (UE) 2024/1620.

11. A m醩 tardar el 10 de julio de 2026, la ALBC emitir� directrices sobre los importes b醩icos para la imposici髇 de sanciones pecuniarias en relaci髇 con el volumen de negocios, desglosados por tipo de infracci髇 y categor韆 de entidades obligadas.

Art韈ulo 54 Medidas de supervisi髇 relativas a los establecimientos de entidades obligadas y a determinadas actividades realizadas en r間imen de libre prestaci髇 de servicios

1. En el caso de los establecimientos de entidades obligadas que, como tales, no se consideren entidades de cr閐ito o entidades financieras o de tipos de infraestructura de entidades obligadas supervisadas por el supervisor del Estado miembro de acogida de conformidad con el art韈ulo 38, apartado 1, ser醤 de aplicaci髇 los apartados 2 a 5 del presente art韈ulo.

2. Cuando los supervisores del Estado miembro de acogida detecten incumplimientos de los requisitos aplicables, solicitar醤 a las entidades obligadas que operen a trav閟 de los establecimientos o tipos de infraestructuras a que se refiere el apartado 1 que cumplan los requisitos aplicables e informen a los supervisores del Estado miembro de origen de las infracciones detectadas en dichas entidades obligadas y de la solicitud de cumplimiento.

3. Cuando las entidades obligadas no adopten las medidas necesarias, los supervisores del Estado miembro de acogida informar醤 de ello a los supervisores del Estado miembro de origen.

Los supervisores del Estado miembro de origen actuar醤 con prontitud y adoptar醤 todas las medidas adecuadas para garantizar que la entidad obligada de que se trate subsana las infracciones detectadas en sus establecimientos o tipos de infraestructuras en el Estado miembro de acogida. Los supervisores del Estado miembro de origen informar醤 a los supervisores del Estado miembro de acogida de cualquier medida adoptada en virtud del presente apartado.

4. Como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 3, en situaciones de infracciones graves, reiteradas o sistem醫icas por parte de entidades obligadas que operen a trav閟 de establecimientos u otros tipos de infraestructuras en su territorio a que se refiere el apartado 1 que requieran una soluci髇 inmediata, los supervisores del Estado miembro de acogida estar醤 autorizados, a iniciativa propia, a tomar medidas adecuadas y proporcionadas a fin de solventar dichas infracciones. Estas medidas ser醤 temporales y concluir醤 una vez solventadas las infracciones detectadas, inclusive con la asistencia o cooperaci髇 de los supervisores del Estado miembro de origen de la entidad obligada.

Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores del Estado miembro de acogida informen al supervisor del Estado miembro de origen de la entidad obligada inmediatamente despu閟 de la detecci髇 de las infracciones graves, reiteradas o sistem醫icas y de la toma de cualquier medida con arreglo al p醨rafo primero, a menos que se tomen medidas en cooperaci髇 con los supervisores del Estado miembro de origen.

5. Si los supervisores de los Estados miembros de origen y de acogida est醤 en desacuerdo sobre las medidas que deben tomarse en relaci髇 con una entidad obligada, pueden remitir el asunto a la ALBC y solicitar su asistencia de conformidad con los art韈ulos 33 y 38 del Reglamento (UE) 2024/1620. La ALBC emitir� su dictamen [sobre el objeto del desacuerdo] en el plazo de un mes.

Art韈ulo 55 Sanciones pecuniarias

1. Los Estados miembros velar醤 por que se impongan sanciones pecuniarias a las entidades obligadas que incurran en infracciones graves, reiteradas o sistem醫icas -tanto si se producen intencionadamente o por negligencia- de los requisitos previstos en las siguientes disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1624:

• a) Cap韙ulo II (Pol韙icas, procedimientos y controles internos de las entidades obligadas);
• b) Cap韙ulo III (Diligencia debida con respecto al cliente);
• c) Cap韙ulo V (Obligaciones de informaci髇);
• d) Art韈ulo 77 (Conservaci髇 de registros).

Los Estados miembros velar醤 asimismo por que puedan imponerse sanciones pecuniarias cuando las entidades obligadas no hayan cumplido las medidas administrativas que se les apliquen en virtud del art韈ulo 56 de la presente Directiva o por infracciones que no sean graves, reiteradas o sistem醫icas.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, en los casos a que se refiere el apartado 1, p醨rafo primero, las sanciones pecuniarias m醲imas que puedan imponerse asciendan, al menos, al doble del importe del beneficio derivado de la infracci髇, si ese beneficio puede determinarse, o al menos a 1 000 000 EUR, si esta 鷏tima cifra es superior.

Para los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor a que se refiere el p醨rafo primero ser� el valor correspondiente en moneda nacional el 9 de julio de 2024.

3. Los Estados miembros velar醤 por que, como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 2, cuando la entidad obligada de que se trate sea una entidad de cr閐ito o una entidad financiera, tambi閚 puedan imponerse las siguientes sanciones pecuniarias:

• a) en el caso de las personas jur韉icas, sanciones pecuniarias m醲imas de 10 000 000 EUR como m韓imo o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a 9 de julio de 2024, o el 10 % del volumen de negocios anual total de acuerdo con las 鷏timas cuentas disponibles aprobadas por el 髍gano de gesti髇, si esta 鷏tima cifra es superior; si la entidad obligada es una sociedad matriz, o una filial de una empresa matriz que tenga que elaborar cuentas financieras consolidadas de conformidad con el art韈ulo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (44) , el volumen de negocios total pertinente ser� el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso correspondiente, de conformidad con el r間imen pertinente en materia de contabilidad, seg鷑 las 鷏timas cuentas consolidadas disponibles aprobadas por el 髍gano de gesti髇 de la empresa matriz 鷏tima;
• b) en el caso de una persona f韘ica, sanciones pecuniarias m醲imas de al menos 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional el 9 de julio de 2024.

4. Los Estados miembros podr醤 facultar a las autoridades competentes para imponer sanciones pecuniarias que superen las cuant韆s a que se refieren los apartados 2 y 3.

5. Los Estados miembros velar醤 por que, al determinar el importe de la sanci髇 pecuniaria, se tenga en cuenta la capacidad de la entidad obligada para pagar dicha sanci髇 y por que, cuando la sanci髇 pecuniaria pueda afectar al cumplimiento de la normativa prudencial, los supervisores consulten a las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de los actos jur韉icos de la Uni髇 pertinentes por parte de las entidades obligadas.

Art韈ulo 56 Medidas administrativas

1. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores puedan aplicar medidas administrativas a una entidad obligada cuando identifiquen:

• a) infracciones del Reglamento (UE) 2024/1624 o del Reglamento (UE) 2023/1113, bien en combinaci髇 con sanciones pecuniarias por infracciones graves, reiteradas o sintom醫icas, bien ellas solas;
• b) deficiencias en las pol韙icas, los procedimientos y los controles internos de la entidad obligada que puedan dar lugar a las infracciones de los requisitos a que se refiere la letra a) y las medidas administrativas pueden impedir que dichas infracciones se produzcan o reducir el riesgo de que se produzcan;
• c) que la entidad obligada disponga de pol韙icas, los procedimientos y los controles internos que no sean proporcionales a los riesgos de blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o financiaci髇 del terrorismo a los que est� expuesta la entidad.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores puedan, al menos:

• a) emitir recomendaciones;
• b) exigir a las entidades obligadas que cumplan la normativa, inclusive que apliquen medidas correctoras espec韋icas;
• c) emitir una declaraci髇 p鷅lica que identifique a la persona f韘ica o jur韉ica y se馻le la naturaleza de la infracci髇;
• d) formular un requerimiento dirigido a la persona f韘ica o jur韉ica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
• e) restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades que componen la entidad obligada, o exigir la cesi髇 de actividades;
• f) cuando una entidad obligada est� sujeta a una autorizaci髇, retirar o suspender dicha autorizaci髇;
• g) exigir cambios en la estructura de gobernanza.

3. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores, mediante las medidas administrativas a que se refiere el apartado 2, puedan en particular:

• a) requerir que se facilite cualquier informaci髇 o dato necesarios para el desempe駉 de sus funciones de conformidad con el presente cap韙ulo sin demora indebida, requerir la presentaci髇 de cualquier documento, o imponer obligaciones de comunicaci髇 adicionales o m醩 frecuentes;
• b) exigir que se refuercen las pol韙icas, los procedimientos y los controles internos;
• c) exigir a la entidad obligada que aplique una pol韙ica o unos requisitos espec韋icos en relaci髇 con categor韆s de clientes o clientes concretos, operaciones, actividades o canales de distribuci髇 que supongan un elevado riesgo;
• d) exigir la adopci髇 de medidas para reducir el riesgo de blanqueo de capitales o financiaci髇 del terrorismo inherente a las actividades y los productos de la entidad obligada;
• e) imponer una prohibici髇 temporal contra cualquier persona que tenga responsabilidades de direcci髇 en una entidad obligada, o cualquier otra persona f韘ica que haya sido considerada responsable de la infracci髇, que le impida ejercer funciones de direcci髇 en entidades obligadas.

4. Las medidas administrativas a que se refiere el apartado 2 se acompa馻r醤, cuando resulte pertinente, de plazos vinculantes para su aplicaci髇. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores realicen un seguimiento y eval鷈n la aplicaci髇 por parte de la entidad obligada de las acciones requeridas.

5. Los Estados miembros podr醤 facultar a los supervisores para aplicar otros tipos de medidas administrativas, adem醩 de los mencionados en el apartado 2.

Art韈ulo 57 Multas coercitivas

1. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando las entidades obligadas infrinjan las medidas administrativas aplicadas por el supervisor en virtud del art韈ulo 56, apartado 2, letras b), d), e) y g), dentro de los plazos de aplicaci髇, los supervisores puedan imponer multas coercitivas para obligar al cumplimiento de dichas medidas administrativas.

2. Las multas coercitivas establecidas ser醤 efectivas y proporcionadas. Las multas coercitivas se impondr醤 hasta que la entidad obligada o la persona de que se trate cumpla las medidas administrativas pertinentes.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de las personas jur韉icas, la cuant韆 de la multa coercitiva no exceder� del 3 % de su volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en el caso de las personas f韘icas, dicha cuant韆 no exceder� del 2 % de su renta diaria media del a駉 natural anterior.

4. Las multas coercitivas solo se impondr醤 por un plazo no superior a seis meses desde la decisi髇 del supervisor. Cuando, al expirar dicho plazo, la entidad obligada a鷑 no haya cumplido la medida administrativa, los Estados miembros velar醤 por que los supervisores puedan imponer multas coercitivas por un periodo adicional no superior a seis meses.

5. Los Estados miembros velar醤 por que la decisi髇 por la que se imponga una multa coercitiva pueda adoptarse a partir de la fecha de aplicaci髇 de la medida administrativa.

La multa coercitiva se aplicar� a partir de la fecha en que se adopte dicha decisi髇.

Art韈ulo 58 Publicaci髇 de las sanciones pecuniarias, las medidas administrativas y las multas coercitivas

1. Los Estados miembros velar醤 por que los supervisores publiquen en su sitio web, en un formato accesible, las decisiones por las que se impongan las sanciones pecuniarias, se apliquen las medidas administrativas a que se refiere el art韈ulo 56, apartado 2, letras c) a g), en virtud del art韈ulo 56, apartado 1, letra a), o se impongan las multas coercitivas.

2. Los Estados miembros velar醤 por que el supervisor publique la decisi髇 a que se refiere el apartado 1 inmediatamente despu閟 de que se haya informado de dichas decisiones a las personas responsables de las infracciones.

Como excepci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo primero, cuando la publicaci髇 se refiera a medidas administrativas recurridas y que no tengan por objeto subsanar infracciones graves, reiteradas y sistem醫icas, los Estados miembros podr醤 permitir aplazar la publicaci髇 de dichas medidas administrativas hasta la expiraci髇 del plazo para interponer un recurso.

Cuando la publicaci髇 se refiera a decisiones contra las que se haya interpuesto recurso, los supervisores publicar醤 tambi閚 en su sitio web, inmediatamente, esa informaci髇 y toda informaci髇 posterior sobre un recurso y sobre el resultado de dicho recurso. Se publicar� tambi閚 toda decisi髇 que anule una decisi髇 previa de imponer una sanci髇 pecuniaria, aplicar una medida administrativa o imponer una multa coercitiva.

3. La publicaci髇 incluir� como m韓imo informaci髇 sobre el tipo y la naturaleza de la infracci髇, as� como la identidad de las personas responsables y, para las sanciones pecuniarias y las multas coercitivas, sus importes. Los Estados miembros no estar醤 obligados a aplicar el presente p醨rafo a las decisiones de aplicar medidas administrativas que sean de car醕ter investigador, o que se hayan adoptado de conformidad con el art韈ulo 56, apartado 2, letras a) y c).

Cuando los supervisores consideren que la publicaci髇 de la identidad de las personas responsables a que se refiere el p醨rafo primero o los datos personales de dichas personas resulta desproporcionada, tras una evaluaci髇 en cada caso, o que esa publicaci髇 pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigaci髇 en curso, los supervisores:

• a) retrasar醤 la publicaci髇 de la decisi髇 hasta el momento en que dejen de existir los motivos para no publicarla;
• b) publicar醤 la decisi髇 de manera an髇ima de conformidad con el Derecho nacional, en caso de que dicha publicaci髇 an髇ima garantice la protecci髇 efectiva de los datos personales de que se trate; en ese caso, la publicaci髇 de los datos pertinentes podr� aplazarse por un per韔do razonable si se prev� que en el transcurso de ese per韔do dejar醤 de existir las razones para la publicaci髇 an髇ima;
• c) no publicar醤 en modo alguno la decisi髇 si las opciones indicadas en las letras a) y b) se consideran insuficientes para garantizar una de las siguientes circunstancias:
  • i) que la estabilidad de los mercados financieros no se ponga en peligro,
  • ii) que la publicaci髇 de esas decisiones sea proporcionada con respecto a sanciones pecuniarias y medidas administrativas para infracciones que se consideren de menor importancia.

4. Los Estados miembros garantizar醤 que toda publicaci髇 conforme al presente art韈ulo permanezca en el sitio web de los supervisores durante cinco a駉s despu閟 de su publicaci髇. No obstante, los datos personales que figuren en la publicaci髇 solo se mantendr醤 en el sitio web de los supervisores durante el tiempo que resulte necesario de acuerdo con las normas aplicables en materia de protecci髇 de datos y, en cualquier caso, por un per韔do no superior a cinco a駉s.

Art韈ulo 59 Intercambio de informaci髇 sobre sanciones pecuniarias y medidas administrativas

1. Los Estados miembros garantizar醤 que sus supervisores y, en su caso, la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores en su desempe駉 de las funciones de supervisi髇 informen a la ALBC de todas las sanciones pecuniarias impuestas y medidas administrativas aplicadas de conformidad con la presente secci髇, inclusive de todo recurso en relaci髇 con ellas y sus resultados. Esa informaci髇 tambi閚 se compartir� con otros supervisores cuando la sanci髇 pecuniaria o medida administrativa concierna a una entidad que lleve a cabo sus actividades en dos o m醩 Estados miembros.

2. La ALBC mantendr� en su sitio web enlaces a las publicaciones realizadas por cada supervisor de las sanciones pecuniarias impuestas y medidas administrativas aplicadas de conformidad con el art韈ulo 58, y mostrar� el plazo durante el que cada Estado miembro publique las sanciones pecuniarias y medidas administrativas.

Art韈ulo 60 Denuncia de infracciones y protecci髇 de los denunciantes

1. La Directiva (UE) 2019/1937 se aplicar� a la denuncia de infracciones de los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2023/1113 y la presente Directiva, as� como a la protecci髇 de las personas que denuncian dichas infracciones y de las personas afectadas por dichas denuncias.

2. Las autoridades p鷅licas que Las autoridades de supervisi髇 ser醤 las autoridades competentes para establecer canales de denuncia externa y para el seguimiento de las denuncias en la medida en que se refieran a los requisitos aplicables a las entidades obligadas, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1937.

3. Las autoridades p鷅licas que vigilen a los organismos autorreguladores a que se refiere el art韈ulo 52 ser醤 las autoridades competentes para establecer canales de denuncia externa y para dar seguimiento a las denuncias de los organismos autorreguladores y su personal en la medida en que se refieran a los requisitos aplicables a los organismos autorreguladores en el ejercicio de las funciones de supervisi髇.

4. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades de supervisi髇 del sector no financiero informen anualmente a la ALBC de lo siguiente:

• a) el n鷐ero de denuncias recibidas de conformidad con el apartado 1 y la informaci髇 sobre el porcentaje de denuncias a las que se les ha dado seguimiento o est醤 en proceso de seguimiento, incluido si se han cerrado o siguen abiertas, y de las denuncias que hayan sido desestimadas;
• b) los tipos de irregularidades denunciadas;
• c) en caso de que se haya dado seguimiento a las denuncias, una descripci髇 de las medidas adoptadas por el supervisor y, en el caso de las denuncias que sigan abiertas, las acciones que el supervisor tenga previsto adoptar;
• d) en caso de desestimaci髇 de las denuncias, las razones de tal desestimaci髇.

Los informes anuales a que se refiere el p醨rafo primero no contendr� ninguna informaci髇 sobre la identidad u ocupaci髇 de los denunciantes, ni ninguna otra informaci髇 que podr韆 llevar a su identificaci髇.

Art韈ulo 61 Disposiciones generales

1. Los Estados miembros velar醤 por que los responsables pol韙icos, las UIF, los supervisores, incluida la ALBC, y otras autoridades competentes, as� como las autoridades tributarias, dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordinar a escala nacional la elaboraci髇 y la aplicaci髇 de las pol韙icas y actividades destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo y prevenir la no aplicaci髇 o elusi髇 de sanciones financieras espec韋icas, inclusive con el fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al art韈ulo 8.

2. Con respecto a la informaci髇 sobre la titularidad real recabada por las autoridades competentes de conformidad con el cap韙ulo IV del Reglamento (UE) 2024/1624 y el cap韙ulo II, secci髇 1, de la presente Directiva, los Estados miembros se asegurar醤 de que las autoridades competentes puedan facilitar esa informaci髇 a las autoridades competentes hom髄ogas de otros Estados miembros o de terceros pa韘es de manera oportuna y gratuita.

3. Los Estados miembros no prohibir醤 el intercambio de informaci髇 o de asistencia entre autoridades competentes y sus hom髄ogas ni impondr醤 condiciones injustificadas o indebidamente restrictivas al respecto a los efectos de la presente Directiva. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades competentes no denieguen las solicitudes de asistencia por los motivos siguientes:

• a) se considera tambi閚 que la solicitud afecta a cuestiones fiscales;
• b) el Derecho nacional exige a las entidades obligadas guardar el secreto o la confidencialidad, salvo en los casos en los que la informaci髇 pertinente solicitada est� protegida por la prerrogativa de secreto profesional o en los que se aplique el secreto profesional legal, a tenor del art韈ulo 70, apartado 2 del Reglamento (UE) 2024/1624;
• c) hay en curso una indagaci髇, investigaci髇, procedimiento o el an醠isis de la UIF en el Estado miembro requerido, salvo si la asistencia pudiera obstaculizar dicha indagaci髇, investigaci髇, procedimiento o an醠isis de la UIF;
• d) la naturaleza o el estatuto de la autoridad competente hom髄oga requirente difieren de los de la autoridad competente requerida.

Art韈ulo 62 Comunicaci髇 de la lista de las autoridades competentes

1. Para facilitar y fomentar una cooperaci髇 efectiva y, en particular, el intercambio de informaci髇, los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 y la ALBC:

• a) la lista de supervisores responsables de vigilar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas del Reglamento (UE) 2024/1624, as� como, cuando proceda, el nombre de la autoridad p鷅lica que vigile a los organismos autorreguladores en su desempe駉 de las funciones de supervisi髇 en virtud de la presente Directiva, y sus datos de contacto;
• b) los datos de contacto de su UIF;
• c) la lista de las otras autoridades nacionales competentes.

2. A efectos del apartado 1, se proporcionar醤 los siguientes datos de contacto:

• a) un punto de contacto o, en su defecto, el nombre y el cargo de una persona de contacto;
• b) el correo electr髇ico y el n鷐ero de tel閒ono del punto de contacto o, en su defecto, la direcci髇 de correo electr髇ico y el n鷐ero de tel閒ono profesionales de la persona de contacto.

3. Los Estados miembros velar醤 por que la informaci髇 facilitada a la Comisi髇 y a la ALBC de conformidad con el apartado 1 se actualice en cuanto experimente modificaciones.

4. La ALBC publicar� un registro de las autoridades a que se refiere el apartado 1 en su sitio web y facilitar� el intercambio de la informaci髇 a que se refiere el apartado 2 entre las autoridades competentes. Las autoridades incluidas en ese registro actuar醤, en el marco de sus competencias, como punto de contacto para las autoridades competentes hom髄ogas. Las UIF y las autoridades de supervisi髇 tambi閚 actuar醤 como punto de contacto para la ALBC.

Art韈ulo 63 Cooperaci髇 con la ALBC

Las UIF y las autoridades de supervisi髇 cooperar醤 con la ALBC y le facilitar醤 toda la informaci髇 necesaria para permitirle llevar a cabo sus obligaciones con arreglo a la presente Directiva y a los Reglamentos (UE) 2024/1624 y (UE) 2024/1620.

Art韈ulo 64 Cooperaci髇 en relaci髇 con las entidades de cr閐ito o entidades financieras

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores financieros, las UIF y las autoridades competentes para supervisar a las entidades de cr閐ito o entidades financieras al amparo de otros actos jur韉icos de la Uni髇 cooperen entre s� estrechamente dentro de sus respectivas competencias y se faciliten entre s� informaci髇 pertinente para desempe馻r sus respectivas tareas. Dicha cooperaci髇 e intercambio de informaci髇 no obstaculizar醤 las indagaciones, investigaciones, procedimientos o an醠isis de las UIF en curso de acuerdo con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que se ubique el supervisor financiero o la autoridad a la que se confieran las competencias para supervisar a entidades de cr閐ito o entidades financieras al amparo de otros actos jur韉icos, y no afectar醤 a los requisitos de secreto profesional contempladas en el art韈ulo 67, apartado 1.

2. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, si los supervisores financieros detectan deficiencias en el sistema de control interno en materia de LBC/LFT y en la aplicaci髇 de los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1624 por parte de una entidad de cr閐ito que incrementen de manera sustancial los riesgos a los que dicha entidad est� o podr韆 estar expuesta, los supervisores financieros lo notifiquen de inmediato a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a la autoridad o el organismo que supervise a la entidad de cr閐ito de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, incluido el BCE actuando de conformidad con el Reglamento (UE) n.� 1024/2013.

En el caso de un posible aumento del riesgo, los supervisores financieros podr醤 cooperar y compartir informaci髇 con las autoridades que supervisen a la entidad de conformidad con la Directiva 2013/36/UE y elaborar醤 una evaluaci髇 com鷑 que el supervisor que haya enviado la notificaci髇 en primer lugar notificar� a la ABE. Tambi閚 se informar� a la ALBC de tales notificaciones.

3. Los Estados miembros garantizar醤 que, cuando los supervisores financieros observen que una entidad de cr閐ito se ha negado a establecer o ha decidido poner fin a una relaci髇 de negocios, pero la diligencia debida con respecto al cliente documentada de conformidad con el art韈ulo 21, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1624 no justifica dicha denegaci髇, informen de ello a la autoridad responsable de asegurar el cumplimiento por parte de tal entidad de cr閐ito de las Directivas 2014/92/UE o (UE) 2015/2366.

4. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores financieros cooperen con las autoridades de resoluci髇 definidas en el art韈ulo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE, o con las autoridades designadas definidas en el art韈ulo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE.

Los supervisores financieros informar醤 a las autoridades mencionadas en el p醨rafo primero cuando, en el ejercicio de sus actividades de supervisi髇, detecten, por motivos relacionados con la LBC/LFT, cualquiera de las siguientes situaciones:

• a) una mayor probabilidad de que los dep髎itos no est閚 disponibles;
• b) el riesgo de que se considere que una entidad de cr閐ito o una entidad financiera es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, de conformidad con el art韈ulo 32, apartado 4, de la Directiva 2014/59/UE.

A petici髇 de las autoridades a que se refiere el p醨rafo primero del presente apartado, cuando exista una mayor probabilidad de que los dep髎itos no est閚 disponibles o el riesgo de que se considere que una entidad de cr閐ito o una entidad financiera es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, de conformidad con el art韈ulo 32, apartado 4, de la Directiva 2014/59/UE, los supervisores financieros informar醤 a las autoridades de cualquier operaci髇, cuenta o relaci髇 de negocios gestionada por dicha entidad de cr閐ito o dicha entidad financiera que la UIF haya suspendido de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 24.

5. Los supervisores financieros informar醤 a la ALBC con periodicidad anual sobre su cooperaci髇 con otras autoridades con arreglo al presente art韈ulo, tambi閚 sobre la participaci髇 de las UIF en dicha cooperaci髇.

6. A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC, tras consultarlo con la ABE, emitir� directrices sobre la cooperaci髇 entre los supervisores financieros y las autoridades a que se refieren los apartados 2, 3 y 4, inclusive sobre el nivel de participaci髇 de las UIF en dicha cooperaci髇.

Art韈ulo 65 Cooperaci髇 en relaci髇 con los auditores

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores a cargo de los auditores y, cuando proceda, las autoridades p鷅licas que vigilen a los organismos autorreguladores con arreglo al cap韙ulo IV de la presente Directiva, su UIF y las autoridades p鷅licas competentes para supervisar a los auditores legales y las sociedades de auditor韆 de conformidad con el art韈ulo 32 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (45) y el art韈ulo 20 del Reglamento (UE) n.� 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (46) cooperen entre s� de manera estrecha, dentro de sus respectivas competencias, y se faciliten mutuamente informaci髇 pertinente para llevar a cabo sus respectivas tareas.

Las autoridades a que se refiere el p醨rafo primero utilizar醤 la informaci髇 confidencial intercambiada con arreglo al presente art韈ulo solo para el ejercicio de sus funciones en el marco de la presente Directiva o los otros actos jur韉icos de la Uni髇 a que se refiere el p醨rafo primero y en el contexto de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados espec韋icamente con el ejercicio de tales funciones.

2. Los Estados miembros podr醤 prohibir a las autoridades a que se refiere el apartado 1 que cooperen cuando dicha cooperaci髇, incluido el intercambio de informaci髇, obstaculice las indagaciones, el an醠isis de la UIF, las investigaciones o los procedimientos en curso de acuerdo con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que ubiquen las autoridades.

Art韈ulo 66 Cooperaci髇 con las autoridades encargadas de aplicar sanciones financieras espec韋icas

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que los supervisores, sus UIF y las autoridades encargadas de aplicar sanciones financieras espec韋icas cooperen entre s� estrechamente dentro de sus respectivas competencias y se faciliten entre s� informaci髇 pertinente para desempe馻r sus respectivas tareas.

Las autoridades a que se refiere el p醨rafo primero utilizar醤 la informaci髇 confidencial intercambiada con arreglo al presente art韈ulo solo para el ejercicio de sus funciones en el marco de la presente Directiva o los otros actos jur韉icos de la Uni髇 y en el contexto de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados espec韋icamente con el ejercicio de tales funciones.

2. Los Estados miembros podr醤 prohibir a las autoridades a que se refiere el apartado 1 que cooperen cuando dicha cooperaci髇, incluido el intercambio de informaci髇, obstaculice las indagaciones, las investigaciones o los procedimientos en curso de acuerdo con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que ubiquen las autoridades.

Art韈ulo 67 Requisitos de secreto profesional

1. Los Estados miembros exigir醤 que todas las personas que trabajen o hayan trabajado para supervisores y las autoridades p鷅licas a que se refiere el art韈ulo 52, as� como auditores o expertos que act鷈n por cuenta de dichos supervisores o autoridades, est閚 sujetos a la obligaci髇 de secreto profesional.

Sin perjuicio de los casos cubiertos por investigaciones y enjuiciamientos penales con arreglo al Derecho nacional y de la Uni髇 y la informaci髇 facilitada a las UIF de conformidad con los art韈ulos 42 y 43, la informaci髇 confidencial que las personas a que se refiere el p醨rafo primero reciban en el ejercicio de sus obligaciones en virtud de la presente Directiva solo podr� divulgarse en forma resumida o agregada, de manera que no pueda identificarse a las entidades obligadas en concreto.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 del presente art韈ulo no impedir� el intercambio de informaci髇 entre:

• a) los supervisores, ya se encuentren dentro de un Estado miembro o en diferentes Estados miembros, incluida la ALBC cuando desempe馿 funciones de supervisi髇 o las autoridades p鷅licas a que se refiere el art韈ulo 52 de la presente Directiva;
• b) los supervisores, junto con las autoridades p鷅licas a que se refiere el art韈ulo 52 de la presente Directiva, y las UIF;
• c) los supervisores, junto con las autoridades p鷅licas a que se refiere el art韈ulo 52 de la presente Directiva, y las autoridades competentes a que se refiere el art韈ulo 2, apartado 1, punto 44, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2024/1624;
• d) los supervisores financieros y las autoridades a cargo de la supervisi髇 de las entidades de cr閐ito y entidades financieras de conformidad con otros actos jur韉icos de la Uni髇 en relaci髇 con la supervisi髇 de entidades de cr閐ito y entidades financieras, incluido el BCE actuando con arreglo al Reglamento (UE) n.� 1024/2013, ya sea dentro de un Estado miembro o en diferentes Estados miembros.

A los efectos del p醨rafo primero, letra c), del presente apartado el intercambio de informaci髇 estar� sujeto a los requisitos de secreto profesional previstos en el apartado 1.

3. Toda autoridad u organismo autorregulador que reciba informaci髇 confidencial con arreglo al apartado 2 solo la utilizar�:

• a) para cumplir sus obligaciones en virtud de la presente Directiva o de otros actos jur韉icos de la Uni髇 en el 醡bito de la LBC/LFT, en materia de regulaci髇 y supervisi髇 prudencial de las entidades de cr閐ito y entidades financieras, incluida la imposici髇 de sanciones;
• b) en los recursos contra las decisiones de la autoridad u organismo autorregulador, incluidos los procedimientos judiciales;
• c) en el marco de procedimientos judiciales incoados en virtud de disposiciones especiales establecidas en el Derecho de la Uni髇 adoptado en el 醡bito de la presente Directiva o en el 醡bito de la regulaci髇 y supervisi髇 prudencial de las entidades de cr閐ito y entidades financieras.

Art韈ulo 68 Intercambio de informaci髇 entre los supervisores y con otras autoridades

1. A excepci髇 de los casos previstos en el art韈ulo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1624, los Estados miembros autorizar醤 el intercambio de informaci髇 entre:

• a) los supervisores y las autoridades p鷅licas que vigilen a los organismos autorreguladores con arreglo al cap韙ulo IV de la presente Directiva, ya se encuentren en el mismo Estado miembro o en Estados miembros diferentes;
• b) los supervisores y las autoridades responsables por ley de la supervisi髇 de los mercados financieros, en el desempe駉 de sus respectivas funciones de supervisi髇;
• c) los supervisores a cargo de los auditores y, cuando proceda, las autoridades p鷅licas que vigilen a los organismos autorreguladores con arreglo al cap韙ulo IV de la presente Directiva, y las autoridades p鷅licas competentes para supervisar a los auditores legales y las sociedades de auditor韆 de conformidad con el art韈ulo 32 de la Directiva 2006/43/CE y el art韈ulo 20 del Reglamento (UE) n.� 537/2014, incluidas las autoridades ubicadas en otros Estados miembros.

Los requisitos de secreto profesional establecidos en el art韈ulo 67, apartados 1 y 3, no impedir醤 el intercambio de informaci髇 a que se refiere el p醨rafo primero del presente apartado.

La informaci髇 confidencial intercambiada con arreglo al presente apartado solo se utilizar� para el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades interesadas, y en el contexto de los procedimientos administrativos o judiciales relacionados espec韋icamente con el ejercicio de tales funciones. La informaci髇 recibida quedar� sujeta en cualquier caso a requisitos de secreto profesional equivalentes como m韓imo a los contemplados en el art韈ulo 67, apartado 1.

2. Los Estados miembros podr醤 autorizar la divulgaci髇 de determinada informaci髇 a otras autoridades nacionales responsables por ley de la supervisi髇 de los mercados financieros o a las que se hayan atribuido responsabilidades de lucho o investigaci髇 en relaci髇 con el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes o la financiaci髇 del terrorismo. Los requisitos de secreto profesional previstos en el art韈ulo 67, apartados 1 y 3, no impedir醤 tal divulgaci髇.

Sin embargo, la informaci髇 confidencial intercambiada conforme al presente apartado se utilizar� 鷑icamente para la realizaci髇 de las tareas legales de las autoridades de que se trate. Las personas que tengan acceso a dicha informaci髇 estar醤 sometidas a requisitos de secreto profesional equivalentes como m韓imo a los contemplados en el art韈ulo 67, apartado 1.

3. Los Estados miembros podr醤 autorizar la divulgaci髇 de determinada informaci髇 relativa a la supervisi髇 de las entidades obligadas con miras al cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1624 a comisiones de investigaci髇 parlamentarias, tribunales de cuentas y otros organismos encargados de indagaciones en su Estado miembro, con arreglo a las condiciones siguientes:

• a) que dichos organismos tengan un mandato preciso, en virtud del Derecho nacional, para investigar o controlar las acciones de los supervisores o las autoridades responsables de la legislaci髇 en materia de supervisi髇;
• b) que la informaci髇 sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del mandato mencionado en la letra a);
• c) que las personas que tengan acceso a la informaci髇 est閚 sujetas en virtud del Derecho nacional a requisitos de secreto profesional equivalentes como m韓imo a los contemplados en el apartado 1;
• d) cuando la informaci髇 tenga su origen en otro Estado miembro, que no se divulgue sin el consentimiento expreso del supervisor que la haya divulgado, y 鷑icamente con la finalidad para la que dicho supervisor haya dado su consentimiento.

Los Estados miembros tambi閚 podr醤 autorizar la divulgaci髇 de informaci髇 con arreglo al p醨rafo primero del presente apartado a las comisiones temporales de investigaci髇 creadas por el Parlamento Europeo de conformidad con el art韈ulo 226 del TFUE y el art韈ulo 2 de la Decisi髇 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisi髇 (47) , cuando dicha divulgaci髇 sea necesaria para el desempe駉 de las actividades de dichas comisiones.

Art韈ulo 69 Directrices de cooperaci髇 en materia de LBC/LFT

A m醩 tardar el 10 de julio de 2029, la ALBC, en cooperaci髇 con el BCE, las Autoridades Europeas de Supervisi髇, Europol, Eurojust y la Fiscal韆 Europea, emitir� directrices sobre:

• a) la cooperaci髇 entre autoridades competentes al amparo de la secci髇 1 del presente cap韙ulo, as� como con las autoridades a que se refiere la secci髇 2 del presente cap韙ulo y las autoridades a cargo de los registros centrales a fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo;
• b) los procedimientos que deben emplear las autoridades competentes para la supervisi髇 o la vigilancia de las entidades obligadas con arreglo a otros actos jur韉icos de la Uni髇 a fin de tener en cuenta las inquietudes en materia de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con estos actos jur韉icos de la Uni髇.

Art韈ulo 70 Tratamiento de determinadas categor韆s de datos personales

1. En la medida en que sea necesario a efectos de la presente Directiva, las autoridades competentes podr醤 tratar las categor韆s especiales de datos personales a que se refiere el art韈ulo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el art韈ulo 10 de dicho Reglamento, sujetos a las garant韆s apropiadas de los derechos y libertades del interesado, adem醩 de las siguientes garant韆s:

• a) tales datos solo ser醤 tratados, caso por caso, por el personal de cada autoridad competente al que se haya designado y autorizado espec韋icamente para llevar a cabo esas tareas;
• b) el personal de las autoridades competentes observar� unas estrictas normas profesionales en materia de confidencialidad y protecci髇 de datos, tendr� un elevado nivel de integridad y estar� debidamente cualificado, en particular, en relaci髇 con la utilizaci髇 閠ica de los conjuntos de macrodatos;
• c) existir醤 medidas t閏nicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos con arreglo a estrictas normas tecnol骻icas.

2. Las garant韆s a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo tambi閚 se aplicar醤 al tratamiento por parte de las instituciones, 髍ganos u organismos de la Uni髇, a efectos de la presente Directiva, de las categor韆s especiales de datos a que se refiere el art韈ulo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 y de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el art韈ulo 11 de dicho Reglamento.

Art韈ulo 71 Ejercicio de la delegaci髇

1. Se otorgan a la Comisi髇 los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente art韈ulo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el art韈ulo 10 se otorgan a la Comisi髇 por un per韔do de tiempo indefinido a partir del 9 de julio de 2024.

3. La delegaci髇 de poderes mencionada en el art韈ulo 10 podr醤 ser revocados en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisi髇 de revocaci髇 pondr� t閞mino a la delegaci髇 de poderes que en ella se especifiquen. La decisi髇 surtir� efecto el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectar� a la validez de los actos delegados que ya est閚 en vigor.

4. Antes de la adopci髇 de un acto delegado, la Comisi髇 consultar� a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislaci髇.

5. Tan pronto como la Comisi髇 adopte un acto delegado lo notificar� simult醤eamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del art韈ulo 10 entrar醤 en vigor 鷑icamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificaci髇 al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisi髇 de que no las formular醤. El plazo se prorrogar� tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Art韈ulo 72 Procedimiento de comit�

1. La Comisi髇 estar� asistida por el Comit� sobre prevenci髇 del blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo establecido por el art韈ulo 34 del Reglamento (UE) 2023/1113. Dicho comit� ser� un comit� en el sentido del Reglamento (UE) n.� 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicar� el art韈ulo 5 del Reglamento (UE) n.� 182/2011.

Art韈ulo 73 Gesti髇 transitoria de FIU.net

A m醩 tardar el 10 de julio de 2027, la Comisi髇 transferir� a la ALBC la gesti髇 de FIU.net.

Hasta completar dicha transferencia, la Comisi髇 prestar� la asistencia necesaria para el funcionamiento de FIU.net y el intercambio de informaci髇 entre las UIF dentro de la Uni髇. Para ello, la Comisi髇 celebrar� reuniones peri骴icas de la Plataforma de UIF de la UE, compuesta de representantes de las UIF de los Estados miembros a fin de vigilar el funcionamiento de FIU.net.

Art韈ulo 74 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849

La Directiva (UE) 2015/849 se modifica como sigue:

• 1) En el art韈ulo 30, apartado 5, los p醨rafos primero y segundo, se sustituyen por el texto siguiente:

  � 5. Los Estados miembros garantizar醤 que la informaci髇 sobre la titularidad real est� en todos los casos a disposici髇 de:

  • a) las autoridades competentes y las UIF, sin restricci髇 alguna;
  • b) las entidades obligadas, en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente de conformidad con el cap韙ulo II;
  • c) cualquier persona u organizaci髇 que pueda acreditar un inter閟 leg韙imo.

  Se permitir� a las personas y organizaciones a que se refiere la letra c) del p醨rafo primero el acceso, como m韓imo, al nombre y apellidos, mes y a駉 de nacimiento, pa韘 de residencia y de nacionalidad del titular real, as� como a la naturaleza y alcance del inter閟 real que tenga.�.

  LE0000554279_20191230
• 2) En el art韈ulo 31, apartado 4, los p醨rafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:

  � 4. Los Estados miembros garantizar醤 que la informaci髇 sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jur韉ico an醠ogo se ponga en todos los casos a disposici髇 de:

  • a) las autoridades competentes y las UIF, sin restricci髇 alguna;
  • b) las entidades obligadas, en el marco de la aplicaci髇 de las medidas de diligencia debida de conformidad con el cap韙ulo II;
  • c) toda persona f韘ica o jur韉ica que pueda demostrar un inter閟 leg韙imo.

  La informaci髇 accesible a las personas f韘icas o jur韉icas a que se refiere el p醨rafo primero, letra c), consistir� en el nombre y apellidos, el mes y a駉 de nacimiento y el pa韘 de residencia y la nacionalidad del titular real, as� como a la naturaleza y alcance del inter閟 real que tenga.�.

  LE0000554279_20191230

Art韈ulo 75 Modificaci髇 de la Directiva (UE) 2019/1937

En la Directiva (UE) 2019/1937, anexo, parte II, secci髇 A, punto 2, se a馻de el inciso siguiente:

LE0000654504_20240311

Art韈ulo 76 Revisi髇

A m醩 tardar el 10 de julio de 2032 y, a continuaci髇, cada tres a駉s, la Comisi髇 presentar� al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicaci髇 de la presente Directiva.

Art韈ulo 77 Derogaci髇

Queda derogada la Directiva (UE) 2015/849 con efectos a partir del 10 de julio de 2027.

Las referencias a la Directiva derogada se interpretar醤 como referencias a la presente Directiva y al Reglamento (UE) 2024/1624 y se entender� de conformidad con la tabla de correspondencias del anexo de la presente Directiva.

LE0000554279_20191230

Art韈ulo 78 Transposici髇

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor, a m醩 tardar el 10 de julio de 2027, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Comunicar醤 inmediatamente a la Comisi髇 el texto de dichas disposiciones.

Como excepci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo primero, los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al art韈ulo 74 a m醩 tardar el 10 de julio de 2025 a los art韈ulos 11, 12, 13 y 15 a m醩 tardar el 10 de julio de 2026, y al art韈ulo 18 a m醩 tardar el 10 de julio de 2029.

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el presente apartado, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

Art韈ulo 79 Entrada en vigor

La presente Directiva entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea.

Art韈ulo 80 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.