Artículo 9

La acción conferida en el artículo 4º a la víctima o a sus herederos contra el asegurador se ejercitará en la forma establecida en este título.

Artículo 10

Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos, de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayere sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiere renunciado a la acción civil ni la hubiere reservado para ejercitarla separadamente antes de acordar el archivo de la causa, el Juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma, dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado amparados por dicho seguro obligatorio. El auto referido contendrá la descripción del hecho y la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.

Si no pudiese señalarse la cuantía de la indemnización por falta de elementos probatorios o porque los existentes se hubieran emitido sin posibilidad de intervención de los interesados, el auto mencionado en el párrafo anterior sólo se retrasará por el tiempo imprescindible para que con audiencia e intervención de los perjudicados y de los aseguradores se lleven a cabo las comprobaciones que se estimen necesarias, de oficio o a petición de parte.

El auto a que se refieren los párrafos anteriores no será recurrible.

Artículo 11

Ocurrido un hecho de los que dan lugar a responsabilidad civil cubierta por el seguro obligatorio cuando el mismo no haya sido objeto de proceso penal, o se hubiese reservado en él la acción civil, el perjudicado, para reclamar al asegurador la reparación del daño e indemnización de perjuicios en vía civil, deberá hacer ante el Juez municipal, comarcal o de paz, o ante Notario del lugar del hecho o de su domicilio, residencia o paradero, una declaración sobre las circunstancias de aquél, identificando las personas lesionadas, los objetos dañados, el vehículo y Conductor que han intervenido en la producción del hecho y especificación del asegurador.

Artículo 12

Una certificación de la declaración o copia autorizada de la misma, acompañada de la valoración de los daños, emitida por un Perito, será presentada al asegurador, quien, en plazo de ocho días, con facultad de intervención del suyo, abonará la cantidad que ambos Peritos fijen de común acuerdo.

De no mediar acuerdo se procederá según lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro.Párrafo 2º del artículo 12 redactado por Ley 21/1990, 19 diciembre («B.O.E.» 20 diciembre), de adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de Seguros Privados.

Artículo 13

...

Artículo 13 derogado por Ley 21/1990, 19 diciembre («B.O.E.» 20 diciembre),de adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de Seguros Privados.

Artículo 14

El asegurador o el Consorcio de Compensación de Seguros en su caso, vendrá obligado a satisfacer la indemnización fijada por los Peritos hasta el límite del seguro obligatorio dentro de los diez días siguientes a su fijación.

La referencia a "el Consorcio de Compensación de Seguros" contenida en el artículo 14, ha sido introducida por Ley 21/1990, 19 diciembre («B.O.E.» 20 diciembre),de adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de Seguros Privados, en sustitución de la anterior referencia al "Fondo de Garantía".

Artículo 15

Un testimonio del auto recaído en las diligencias a que se refiere el artículo 10, constituirá título ejecutivo suficiente para entablar el procedimiento regulado en el presente capítulo. El perjudicado que hubiere obtenido dicho título no podrá prescindir de él y acudir en sustitución a las diligencias preparatorias de los artículos 11 y siguientes, salvo en los casos que expresamente se señalan en dicho artículo 11.

El dictamen fundado de los Peritos, obtenidos en las diligencias preparatorias a que se refieren los artículos 11 y siguientes, será igualmente título ejecutivo, previa ratificación bajo juramento ante el Juez al que corresponda despachar la ejecución.

Artículo 16

Para que la reclamación al asegurador pueda hacerse en juicio ejecutivo habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si la cantidad liquida señalada en el título fuese inferior a la exigida en el artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la reclamación habrá de formularse en juicio verbal ante el órgano jurisdiccional competente.Párrafo 2º del artículo 16 redactado por Ley 21/1990, 19 diciembre («B.O.E.» 20 diciembre),de adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de Seguros Privados.

La referencia al artículo 1435 de la LEC 1881 ha de entenderse hecha en la actualidad al artículo 520 de la LEC 2000.

Artículo 17

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Artículo 18

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Artículo 19

Se incluirán en la tasación de costas los gastos que se originen en la formación del título por diligencias preparatorias en el proceso penal.

Los gastos que ocasione la tasación pericial obtenida en la vía civil, conforme a tarifas oficiales previamente aprobadas por Orden ministerial, serán incluidos en la tasación de costas, a no ser que hubiere estimación excesiva de los daños y perjuicios por parte del perjudicado, en cuyo caso serán de su cuenta. Se considerará que existe tal exceso cuando lo reclamado sobrepase en un 25 por 100 la cifra que se fije por acuerdo de los Peritos o por la peritación dirimente.