Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l por determinadas entidades del sector p鷅lico y se adoptan otras medidas urgentes en el 醡bito cultural y deportivo

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Sumario

V閍se la Res. de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l por determinadas entidades del sector p鷅lico y se adoptan otras medidas urgentes en el 醡bito cultural y deportivo (獴.O.E.� 28 julio).LE0000704246_20210728

I

El art韈ulo 46 de la Constituci髇 Espa駉la establece la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de garantizar la conservaci髇 y promover el enriquecimiento del patrimonio hist髍ico, cultural y art韘tico de los pueblos de Espa馻 y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su r間imen jur韉ico y su titularidad.

En cumplimiento a esta previsi髇, el sector p鷅lico ha desarrollado una pol韙ica de adquisici髇 de bienes culturales con dos objetivos fundamentales: la conservaci髇 y protecci髇 del patrimonio cultural, por un lado, y su incremento, por otro. Del mismo modo, en la ejecuci髇 de las adquisiciones se tiene en cuenta la labor de recuperaci髇 y la salvaguarda del patrimonio, as� como las l韓eas espec韋icas de actuaci髇 de cada instituci髇 cultural, que a su vez persiguen, principalmente, cubrir el vac韔 de las colecciones, o mantener el prestigio de las ya existentes.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, regula los diferentes instrumentos a trav閟 de los cuales se llevan a cabo estas adquisiciones, entre los que destacan los derechos de adquisici髇 preferente, como el tanteo, el retracto y la oferta de venta irrevocable. Tambi閚 se contemplan las adquisiciones a t韙ulo gratuito, ya sea donaci髇, herencia o legado, o el pago en especie de deudas tributarias, mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, siempre que est閚 inscritos en el Registro General de Bienes de Inter閟 Cultural o incluidos en el Inventario General.

Del mismo modo, otro de los mecanismos m醩 importantes para incorporar bienes culturales, y, en concreto, bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, como es la adquisici髇 directa por la Administraci髇, se ha contemplado tradicionalmente en la legislaci髇 de contratos p鷅licos como un contrato de suministro. No obstante, en la actualidad, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 鷑icamente prev� la adquisici髇 a trav閟 del procedimiento negociado sin publicidad de aquellos bienes que no formen parte del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l; remiti閚dose a la normativa espec韋ica para los que s� se integran en el mismo.

Es necesario abordar ahora la regulaci髇 de otra modalidad de incorporaci髇 de este tipo de bienes, como es el arrendamiento, para el que no se preve韆 r間imen espec韋ico alguno. Dicha regulaci髇 se circunscribe al arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l por poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categor韆 de Administraciones P鷅licas, en un adecuado equilibro entre las especialidades y simplificaci髇 del procedimiento que se establecen y su 醡bito de aplicaci髇. As�, su alcance no se extiende a una mera obra u obras, sino que debe tratarse de una aut閚tica colecci髇, de excepcional inter閟, apreciado por un 髍gano cualificado, como es la Junta de Calificaci髇, Valoraci髇 y Exportaci髇 de Bienes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l. Igualmente, y a la vista de la configuraci髇 que se efect鷄 de estos contratos, solo podr醤 acudir a este r間imen los poderes adjudicadores no Administraciones P鷅licas; cuyos contratos de suministro, entre los que se incluyen los arrendamientos, tienen la consideraci髇 de contratos privados.

Por otro lado, procede tambi閚 adoptar una serie de medidas complementarias de apoyo al sector cultural y al deporte. En primer lugar, debe reconocerse a la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza la garant韆 del Estado a que se refiere la disposici髇 adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio. Con ello, una vez se formalice, en su caso, el arrendamiento de la misma, las obras que la integran gozar醤 de este singular r間imen de aseguramiento, permitiendo la cobertura de los riesgos por destrucci髇, p閞dida, sustracci髇 o da駉 de las mismas en tanto permanezcan en las instalaciones del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. De esta manera, se asegura aqu閘la debidamente, de acuerdo con la entidad de la propia Colecci髇, y sin perjuicio de la actualizaci髇 anual de los t閞minos de la garant韆.

Asimismo, en el 醡bito del deporte, se aclara el alcance y r間imen de las nuevas facultades de comercializaci髇 conjunta de derechos audiovisuales atribuidas a la Real Federaci髇 Espa駉la de F鷗bol (RFEF), como entidad organizadora de competiciones de 醡bito estatal y no profesional; las cuales fueron introducidas en el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relaci髇 con la comercializaci髇 de los derechos de explotaci髇 de contenidos audiovisuales de las competiciones de f鷗bol profesional, en virtud de la disposici髇 adicional quinta del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo. De este modo, resulta imprescindible ajustar la regulaci髇 vigente para que la RFEF, como entidad organizadora, pueda ejercer con plena efectividad esas facultades de comercializaci髇 que tiene encomendadas.

II

El real decreto-ley consta de 3 art韈ulos y 3 disposiciones finales.

El art韈ulo 1 introduce una nueva disposici髇 adicional en la Ley 16/1985, de 25 de junio, para regular el arrendamiento, por parte de poderes adjudicadores que no tengan la consideraci髇 de Administraci髇 P鷅lica, de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l de inter閟 excepcional, as� apreciado por la Junta de Calificaci髇, Valoraci髇 y Exportaci髇 de Bienes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.

Estos contratos podr醤 celebrarse, con algunas especialidades, a trav閟 del procedimiento negociado sin publicidad previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, correspondiente a aquellos supuestos en los que la ejecuci髇 solo puede encomendarse a un empresario determinado. Entre esas especialidades destaca la posibilidad de sustituir el pliego de cl醬sulas administrativas particulares por el propio clausulado del contrato, o la acreditaci髇 de la solvencia. Asimismo, se habilita la posibilidad de que, en caso de que los bienes pertenezcan a varios titulares, todos ellos concurran conjuntamente a la licitaci髇, sin necesidad de constituir una uni髇 de empresarios.

Adem醩, para garantizar la continuidad y estabilidad del contrato se excluye la aplicaci髇 del plazo m醲imo de 5 a駉s de duraci髇 establecido para los suministros con car醕ter general. Por otro lado, consecuencia de lo anterior, y en coherencia con lo expuesto, a la vista del objeto del contrato, y de sus caracter韘ticas, es necesario exceptuar tambi閚 el r間imen ordinario de revisi髇 de precios, as� como las condiciones de pago y de ejecuci髇. Igualmente, se introduce una Comisi髇 mixta, encargada de la resoluci髇 de controversias sobre los efectos y extinci髇 del contrato, procurando que las eventuales discrepancias se ventilen sin necesidad de acudir a la v韆 judicial.

Por su parte, el art韈ulo 2 reconoce a la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza la garant韆 del Estado a que se refiere la disposici髇 adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio. Este cualificado r間imen de aseguramiento comenzar� en la fecha de formalizaci髇 del contrato de arrendamiento, y se extender�, con car醕ter general, durante toda la vigencia del mismo. En su configuraci髇, se toma como referencia la Orden CUD/664/2021, de 22 de junio, por la que se otorga la garant韆 del Estado a 425 obras para su exhibici髇 en la colecci髇 permanente del Museo Nacional Thyssen Bornemisza; la cual comprende la pr醕tica totalidad de las obras integrantes de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza. Adem醩, se establecen reglas espec韋icas para aqu閘las no incluidas en dicha orden, pero s� en otras anteriores, o que no hubieran contado con anterioridad con la cobertura del Estado. El valor econ髆ico de las obras cubiertas por la garant韆, as� como las obras concretas, y el alcance, efectos, condiciones y l韒ites de aqu閘la se actualizar醤 anualmente por Orden del Ministro de Cultura y Deporte.

Finalmente, el art韈ulo 3 modifica el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, clarificando las reglas y procedimientos a aplicar para la comercializaci髇 conjunta de derechos audiovisuales por parte de la RFEF, como entidad organizadora de competiciones de 醡bito estatal y no profesional. A tal efecto, se establece la cesi髇 obligatoria por parte de los participantes en las competiciones oficiales de f鷗bol de 醡bito estatal de las facultades de comercializaci髇 conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de este real decreto-ley. Asimismo, respecto a las obligaciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, se precisan destinatarios y fines de los fondos aportados como contribuci髇 solidaria al desarrollo del f鷗bol aficionado y de las infraestructuras federativas, as� como a la mejora de la competitividad de las categor韆s no profesionales. Tambi閚 se aborda la forma de reparto de los ingresos a obtener de la comercializaci髇 de los derechos audiovisuales de competiciones de 醡bito estatal organizadas por la RFEF, clarificando que los ingresos procedentes de la Supercopa se destinar醤 al fomento del f鷗bol aficionado e introduciendo los criterios para la distribuci髇 de los recursos de otras competiciones, que se asignar醤 entre los clubes o entidades participantes en cada una de ellas seg鷑 los criterios que aprueben los mismos, por mayor韆 y para todo el per韔do objeto de comercializaci髇, en el marco de los 髍ganos espec韋icos creados por la RFEF al efecto.

En cuanto a las disposiciones finales, la primera se refiere al t韙ulo competencial para dictar el texto. La segunda, por su parte, recoge la correspondiente la habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario, y, finalmente, la disposici髇 final tercera determina la entrada en vigor del real decreto-ley.

III

El art韈ulo 86 de la Constituci髇 permite al Gobierno dictar decretos-leyes 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

En el presente caso, por un lado, la situaci髇 de las obras de arte integrantes de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza, y la futura contrataci髇 de su arrendamiento, suponen la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de implementar el r間imen jur韉ico necesario para poder llevarla a cabo.

En efecto, en primer lugar hay que recordar la importancia de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza, a partir de la propia Colecci髇 Thyssen-Bornemisza. En abril de 1988, el Bar髇 Thyssen-Bornemisza y el Estado firmaron el acuerdo de cesi髇, por nueve a駉s y medio, de 775 obras de la colecci髇 del primero, con vistas a una futura adquisici髇. Se cre�, adem醩, una fundaci髇 para gestionar la colecci髇, remodel醤dose el Palacio de Villahermosa para alojarla.

Dicha adquisici髇 se llev� a cabo finalmente en 1993, previa aprobaci髇 del Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisici髇 de la Colecci髇 Thyssen-Bornemisza.

Las obras adquiridas correspond韆n a la pr醕tica totalidad de la colecci髇 de Maestros Antiguos, y a m醩 de la mitad de la colecci髇 de Maestros Modernos. Todas ellas pasaron a integrar la Colecci髇 Permanente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Las pinturas restantes fueron distribuidas por el Bar髇 entre sus herederos tras la firma de la compra definitiva por parte del Estado.

Entre las obras repartidas, pasaron entonces a la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza cuatro de los siete grupos en m醨mol que August Thyssen hab韆 comprado a Auguste Rodin a comienzos de siglo. Por lo que respecta a las pinturas, de un total de 125, un quinto correspond韆 a Maestros Antiguos de pintura flamenca y holandesa del XVII y a pintores vedutistas italianos. Cerraba el conjunto un delicado lienzo de Fragonard, obra predilecta del Bar髇 Thyssen-Bornemisza durante sus 鷏timos a駉s de vida. Las restantes pinturas correspond韆n al siglo XIX y al primer tercio del XX. Al primero, cabe adscribir obras del paisajismo americano del siglo XIX, del paisajismo realista franc閟 y brit醤ico, as� como del impresionismo y el posimpresionismo, con una selecci髇 m醩 nutrida incluso que la del propio Museo Nacional Colecci髇 Thyssen-Bornemisza. Entre los cuadros del siglo XX, un cap韙ulo destacado lo compon韆 el expresionismo alem醤, cerrando el conjunto obras de Picasso y Juan Gris.

Si bien desde entonces la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza se ha orientado principalmente a adquirir y promocionar la pintura espa駉la del siglo XIX y comienzos del XX, tambi閚 ampli� significativamente su colecci髇 de pintura internacional. En los a駉s noventa adquiri� un espl閚dido cuadro de Simone Martini, al tiempo que se hizo con nuevas obras de pintura holandesa del siglo XVII, de pintura francesa del XVIII y de vedutistas. Pero ante todo ampli� muy significativamente la presencia en su colecci髇 de obras situadas en el arco que se extiende entre el paisajismo naturalista de mediados del siglo XIX y las diversas corrientes expresionistas de principios de siglo.

Todo ello hace de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza el complemento imprescindible de la Colecci髇 Permanente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; encontr醤dose en la actualidad la Colecci髇 en el propio Museo, en virtud de un contrato de pr閟tamo gratuito suscrito el 15 de febrero de 2002 y sucesivamente prorrogado. Ello ha permitido que las obras que la integran permanezcan en la Fundaci髇 Colecci髇 Thyssen-Bornemisza, F.S.P., garantizando su difusi髇 nacional e internacional.

No obstante, la vigente pr髍roga vencer� el pr髕imo 15 de julio de 2021, corri閚dose el riesgo de que los titulares de la Colecci髇 retiren las obras, en caso de no alcanzarse un acuerdo para su exhibici髇 estable, mediante el correspondiente contrato de arrendamiento.

Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de articular los medios necesarios para asegurar, antes de que se produzca el vencimiento de la actual pr髍roga, que el Patrimonio Hist髍ico espa駉l pueda seguir disfrutando, con las necesarias garant韆s, de un conjunto de obras de arte de la calidad y prestigio de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza.

As�, la exigencia de garantizar su permanencia en Espa馻 impone la adopci髇 del r間imen preciso para hacer factible la ocasi髇 de incorporar al patrimonio cultural este conjunto de obras, de forma estable y con la adecuada seguridad jur韉ica. El arrendamiento a largo plazo supone dar continuidad y complementar la adquisici髇 inicial de la Colecci髇 Thyssen-Bornemisza, llevada a cabo en 1993, consolidando el valor de la Fundaci髇 Colecci髇 Thyssen-Bornemisza, F.S.P., como instituci髇 cultural de extraordinaria relevancia en el 醡bito muse韘tico internacional.

En segundo lugar, y en esta misma l韓ea, la operaci髇 refuerza el patrimonio cultural espa駉l. La mejora de la protecci髇, conservaci髇 y conocimiento de este patrimonio va a redundar de forma muy favorable en el turismo cultural, y, por tanto, en la actividad econ髆ica.

Y es que la cultura es un incuestionable motor del sector tur韘tico. Hay que tener en cuenta los datos anteriores a la pandemia de la COVID-19, en los que se observa que el turismo cultural es el tipo de turismo que m醩 creci� en los 鷏timos cinco a駉s. La Cuenta Sat閘ite del Turismo en Espa馻 (INE) estima en m醩 del 12% la aportaci髇 de este sector al PIB en el 鷏timo trienio disponible. Los datos procedentes de la explotaci髇 espec韋ica de las estad韘ticas tur韘ticas oficiales, Encuesta de Turismo de Residentes (INE) y Encuesta de Gasto Tur韘tico (INE), permiten mostrar que la cultura es el principal motivo de uno de cada cinco viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones, tanto si se trata de viajes de residentes en Espa馻, motivando el 17% de este tipo de viajes en 2019, como de entradas de turistas internacionales, siendo el detonante principal del 19,8% de estas entradas de ese a駉. En conjunto m醩 de 30 millones de viajes en 2019 fueron movilizados por la cultura con un gasto total asociado de 24.433,4 millones de euros, 9.085,4 millones de euros para los residentes en Espa馻 y 15.348 millones de euros para las entradas de turistas internacionales. Incluso si no se trata de viajes motivados por la cultura o por el ocio, las fuentes tur韘ticas citadas constatan altos porcentajes de viajes en los que se realizan actividades culturales. Concretamente en el 24,6% del conjunto total de viajes de residentes y en el 36,9% de las entradas de extranjeros se registran actividades culturales, que comprenden tanto visitas culturales como asistencia a espect醕ulos y otro tipo de actividades vinculadas a la cultura. Dentro de las actividades culturales se observan mayores tasas de visitas culturales, el 74,5% si se trata de viajes de residentes, alcanzando el 91,5% en 2019 en las entradas de extranjeros.

En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, durante 2019 recibi� 1.034.872 visitantes, un 11,5% m醩 que en 2018. Para garantizar la continuidad de este crecimiento y contribuir a la recuperaci髇 del turismo cultural y de la propia econom韆, una vez superados los momentos m醩 duros de la pandemia, es imprescindible dar estabilidad a la presencia de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza, como elemento fundamental y garant韆 de cohesi髇, unidad y calidad en la instituci髇.

La celebraci髇 del contrato, incluyendo el consiguiente reconocimiento de la garant韆 del Estado a las obras de la Colecci髇, trasciende, pues, de la mera pol韙ica cultural de protecci髇, promoci髇 y enriquecimiento del Patrimonio Hist髍ico, que ya de por s� justificar韆 la implementaci髇 de medidas extraordinarias y urgentes. En efecto, la situaci髇 provocada por la COVID-19 ha dado lugar a la aprobaci髇 de medidas econ髆icas y sociales que, adem醩 de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia, han permitido garantizar la protecci髇 de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, y sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando que la actividad econ髆ica se recupere cuanto antes.

As�, la consolidaci髇 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a trav閟 de la presencia de la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza, pretende reforzar su posici髇 y capacidad de arrastre de visitantes y, en definitiva, la figura del turismo cultural en s�, posibilitando que la aportaci髇 del sector al PIB, y el propio PIB, se sit鷈n a la mayor brevedad en niveles anteriores a la pandemia.

Por otro lado, y adem醩 de lo expuesto, la introducci髇 de una regulaci髇 general que permita incrementar el patrimonio cultural mediante el arrendamiento de este tipo de bienes por el sector p鷅lico supone habilitar un mecanismo fundamental para contribuir a dinamizar la actividad de creaci髇 y comercializaci髇 de obras de arte en un momento especialmente complicado como consecuencia de la pandemia. Se contin鷄 as� el camino ya apuntado por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de car醕ter tributario para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-2019, que introdujo, por primera vez, una dotaci髇 extraordinaria para la adquisici髇 de arte contempor醤eo espa駉l. Con ello se pretend韆 favorecer el mercado interno de arte contempor醤eo, al que se le dedicaba una cantidad espec韋ica e independiente del resto de presupuesto que anualmente ejecuta la Direcci髇 General de Bellas Artes en la adquisici髇 de piezas para las Colecciones P鷅licas del Estado.

En ese sentido, la adopci髇 de medidas de car醕ter econ髆ico acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, siempre que concurra una motivaci髇 expl韈ita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura econ髆ica exige una r醦ida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que la dilaci髇 en el tiempo de la adopci髇 de la medida de que se trate mediante una tramitaci髇 por el cauce normativo ordinario podr韆 generar alg鷑 perjuicio.

De acuerdo con lo anterior, la oportunidad de contar con una colecci髇 de obras de arte de la entidad de la que nos ocupa, evitando su salida del Museo, y asegurando as� la posici髇 de 閟te, y su contribuci髇 a la Cultura y a la recuperaci髇 econ髆ica, habilita la utilizaci髇 del mecanismo del real decreto-ley. No hay que olvidar, en este sentido, que para la adquisici髇 de la Colecci髇 Thyssen-Bornemisza tambi閚 se acudi� a este instrumento, mediante el Real decreto-ley 11/1993, de 18 de junio. Igualmente, la continuaci髇 y refuerzo de los apoyos p鷅licos y privados movilizados por el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, centrados ahora en el apoyo al sector cultural, y, en concreto, a la producci髇 y dinamizaci髇 del mercado interno de obras de arte, y por ende a los propios artistas, implementando medidas espec韋icas para dar respuesta a las necesidades que surgen de la situaci髇 excepcional creada por la crisis sanitaria; respaldando a los agentes econ髆icos y sociales para que su incidencia sea la menor posible y facilitando la recuperaci髇 econ髆ica para afrontar las consecuencias de la COVID-19, justifica plenamente acudir a la legislaci髇 de urgencia.

En el caso del otorgamiento de la garant韆 del Estado a la Colecci髇 Carmen Thyssen-Bornemisza, adem醩, la urgencia viene dada por la necesidad de proporcionar, con car醕ter inmediato y sin las dilaciones propias del procedimiento correspondiente, la debida certidumbre y seguridad jur韉ica al r間imen de aseguramiento de las obras; evitando de igual modo que, una vez firmado el contrato, hubiera un periodo de tiempo, desde la firma del mismo hasta el otorgamiento formal de la garant韆, en el que las obras carecieran de cobertura alguna.

Por su parte, en cuanto a la modificaci髇 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, hay que recordar la paralizaci髇 de toda actividad deportiva profesional y no profesional consecuencia de la crisis sanitaria; lo que supuso, como en otras 醨eas de actividad, una reducci髇 de las v韆s de financiaci髇 de los organizadores de las competiciones. La normalizaci髇 de la situaci髇 sanitaria ha permitido retomar la actividad deportiva, si bien con limitaciones de aforo o prohibici髇 total de acceso al p鷅lico en el caso de los deportes profesionales; manteni閚dose con estas restricciones la limitaci髇 de los recursos de financiaci髇 de competiciones y actividades deportivas.

En este contexto, se entendi� que el f鷗bol, uno de los grandes motores del deporte en Espa馻, con capacidad de tracci髇 respecto al resto del deporte espa駉l, ser韆 clave para la reconstrucci髇 del tejido econ髆ico deportivo. Con este objetivo de contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federado, ol韒pico y paral韒pico en la antesala de la celebraci髇 de los Juegos Ol韒picos de Tokio, se modific� el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, en virtud del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo, introduciendo una contribuci髇 solidaria del f鷗bol al resto de los deportes, y facilitando as�, en un momento cr韙ico, la transferencia de recursos privados generados por el f鷗bol hacia pol韙icas deportivas p鷅licas.

Este Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, tambi閚 recogi� los acuerdos de abril de 2020, adoptados en el denominado Pacto de Viana, entre la Liga Nacional de F鷗bol Profesional, la RFEF y el Consejo Superior de Deportes, con objeto de dotar de mayores posibilidades de sostenibilidad a las competiciones futbol韘ticas cuya organizaci髇 corresponde a la propia RFEF. Para ello, se acord� la modificaci髇 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, ampliando su 醡bito de aplicaci髇, adem醩 de al Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda Divisi髇, a la Copa de S.M. el Rey y a la Supercopa de Espa馻, ya previstos, al resto de competiciones de 醡bito estatal organizadas por la RFEF, tanto masculinas como femeninas. De este modo, se atribuyen a la Federaci髇 nuevas facultades de comercializaci髇 conjunta de derechos audiovisuales.

Sin embargo, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apreci� que esta reforma hab韆 sido incompleta, ya que el ejercicio de las facultades de comercializaci髇 conjunta de derechos audiovisuales incluidos dentro del 醡bito de aplicaci髇 del real decreto-ley correspondientes al resto de las competiciones organizadas por la RFEF exige, con car醕ter previo, la cesi髇 de tales derechos a favor de la RFEF por parte de los clubes; y no contemplar la normativa la cesi髇 obligatoria de dichas facultades, como s� ocurre para las dem醩 competiciones anteriormente citadas. Por ello, no se ha podido llevar a efecto hasta ahora la gesti髇 centralizada de los derechos de retransmisi髇 por parte de la RFEF, afectando gravemente tanto a la gesti髇 de recursos de la propia Federaci髇, como al valor de la competici髇; siendo necesario efectuar el correspondiente ajuste de forma extraordinaria y urgente para evitar las distorsiones que la imposibilidad de aplicaci髇 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, ha generado en la gesti髇 de los derechos de retransmisi髇 de las competiciones organizadas por la RFEF.

La extraordinaria y urgente necesidad en la aprobaci髇 de esta modificaci髇 deriva, pues, de la necesidad de dotar de un marco normativo estable que d� seguridad jur韉ica a los operadores intervinientes en esta venta centralizada de estos derechos, y que permita a la RFEF ofrecer un producto completo que incrementar� el valor de mercado de dichos derechos. No hay que olvidar que los importes que se obtengan en la comercializaci髇 conjunta ir韆n destinados a invertir en la mejora de las condiciones de la competici髇.

Adem醩, hay que tener en cuenta la inminencia del comienzo de las competiciones organizadas por la RFEF, previsto para el pr髕imo mes de septiembre; de modo que el proceso de comercializaci髇 de esos derechos debe llevarse a cabo con un margen temporal suficiente para que los operadores y la propia federaci髇 puedan gestionarlo en los mejores t閞minos para el desarrollo y explotaci髇 de la competici髇. De no producirse esta modificaci髇, las consecuencias tanto para la Federaci髇 como para los clubes participantes en las competiciones organizadas por 閟tas ser韆n nefastas desde el punto de vista de la reconstrucci髇 del tejido econ髆ico deportivo, que fue el objetivo perseguido por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.

No obsta a lo anterior el hecho de que el propio Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, tras su convalidaci髇 por el Congreso de los Diputados, se est� tramitando actualmente como proyecto de ley en las Cortes Generales; pues el estado actual de tramitaci髇 del mismo impedir韆 que las modificaciones ahora pretendidas estuvieran en vigor antes del inicio de la nueva temporada.

En todo caso, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC 14/2020, de 28 de enero), centradas en este caso en medidas en el 醡bito cultural y deportivo, encaminadas tambi閚 a la recuperaci髇 econ髆ica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning鷑 caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma.

Debe se馻larse, por otro lado, que el real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general. En particular, respecto a la comercializaci髇 de los derechos de explotaci髇 de contenidos audiovisuales de las competiciones de f鷗bol profesional, se encuentra regulada, y ha sido modificada en el pasado, atendiendo a razones de urgente necesidad, a trav閟 de este instrumento normativo. En todo caso, los ajustes que ahora se introducen en esa regulaci髇 no afectan al 玞ontenido o elementos esenciales� de esta modalidad de derecho de propiedad privada (SSTC 111/1983, de 2 de junio, FJ 4; 139/2016, de 21 de julio, FJ 6), ni se utiliza el real decreto-ley para 玴recisar el haz de facultades� que lo integran o para 玠efinir la funci髇 social del mismo� (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 13; 16/2021, de 28 de enero, FJ 5). Antes al contrario, se modifica de forma puntual el r間imen general de comercializaci髇 de derechos audiovisuales de las competiciones de f鷗bol, ya establecido por el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, que, como recuerda su parte expositiva, opta por el modelo de comercializaci髇 conjunta, por las propias dificultades del sector para autorregularse; imponiendo a los equipos la obligaci髇 de ceder las facultades de comercializaci髇 de sus derechos, y estableciendo el sistema de distribuci髇 de ingresos, de los que se destina una parte a fines de inter閟 general. La actual modificaci髇 se limita a aplicar este r間imen a competiciones no incluidas inicialmente, incluyendo determinadas especialidades en los criterios de reparto de los ingresos, y concretando el destino de la contribuci髇 solidaria al desarrollo del f鷗bol aficionado. Se respetan, pues, los l韒ites que para el real decreto-ley se establecen en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la.

IV

El presente real decreto-ley responde a los principios de buena regulaci髇 recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y, en particular, a los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, y habi閚dose identificado los fines perseguidos; siendo el real decreto-ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuaci髇 y toma de decisiones de Administraciones, personas y empresas afectadas. En cuanto al principio de transparencia, la norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica, que no son aplicables a la tramitaci髇 y aprobaci髇 de reales decretos-leyes.

Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, este real decreto-ley impone las cargas administrativas necesarias para la consecuci髇 de sus fines.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podr醤 asumir las comunidades aut髇omas, el Estado considerar� el servicio de la cultura como deber y atribuci髇 esencial; y adem醩 por los t韙ulos competenciales previstos en el art韈ulo 149.1.13.�, 18.� y 28.� de la Constituci髇 Espa駉la.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Funci髇 P鷅lica y del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 13 de julio de 2021,

DISPONGO:

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l

Se a馻de una nueva disposici髇 adicional d閏ima a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, con la siguiente redacci髇:

獶isposici髇 adicional d閏ima Arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l por determinadas entidades del sector p鷅lico

1. El arrendamiento, con o sin opci髇 de compra, por parte de las entidades del sector p鷅lico que, con arreglo al art韈ulo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tengan la consideraci髇 de poder adjudicador no Administraci髇 P鷅lica, de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l cuyo inter閟 excepcional haya sido declarado por la Junta de Calificaci髇, Valoraci髇 y Exportaci髇 de Bienes del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, u 髍gano equivalente de las comunidades aut髇omas, tendr� naturaleza de contrato privado; y su preparaci髇 y adjudicaci髇 se regir醤 por lo dispuesto en el art韈ulo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

En cuanto a sus efectos y extinci髇, con car醕ter general les ser醤 aplicables las normas de derecho privado. No obstante, cuando el contrato tenga la consideraci髇 de contrato sujeto a regulaci髇 armonizada con arreglo a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, le ser� aplicable lo dispuesto en el p醨rafo segundo del art韈ulo 26.3 de dicha ley, salvo las normas relativas a la racionalizaci髇 t閏nica de la contrataci髇. Asimismo, no ser� obligatorio el establecimiento de condiciones especiales de ejecuci髇, pero, de incorporarse, en todo caso deber醤 estar vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del art韈ulo 145.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no ser醤 directa o indirectamente discriminatorias, ser醤 compatibles con el Derecho de la Uni髇 Europea y se indicar醤 en el expediente de la contrataci髇.

No obstante, no resultar醤 de aplicaci髇 los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

• a) El art韈ulo 29, relativo al plazo de duraci髇 de los contratos y de ejecuci髇 de la prestaci髇. En estos contratos, el plazo de duraci髇 ser� como m醲imo de 15 a駉s.
• b) El cap韙ulo II del t韙ulo III del libro I, relativo a la revisi髇 de precios de los contratos de las entidades del sector p鷅lico, as� como lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexaci髇 de la econom韆 espa駉la.
  En los contratos a los que se refiere esta disposici髇, excepcionalmente, cuando la duraci髇 sea superior a 5 a駉s, podr� preverse la revisi髇 anual peri骴ica y predeterminada del precio. Esta revisi髇 en ning鷑 caso podr� conllevar incrementos de la renta superiores al 韓dice de precios al consumo del correspondiente a駉.
• c) Los art韈ulos 198.4 y 210.4, relativos a las condiciones especiales de pago.

Asimismo, el pago de cada anualidad de renta podr� efectuarse de forma anticipada, sin que resulte exigible ning鷑 otro requisito adicional.

La resoluci髇 de controversias sobre los efectos y extinci髇 del contrato podr� encomendarse a una Comisi髇 mixta, compuesta por representantes de los arrendadores y de la entidad del sector p鷅lico arrendataria. Si transcurrido un mes dicha Comisi髇 no lograra un acuerdo, podr� acudirse a la jurisdicci髇 civil.

2. Al arrendamiento de estos bienes se le podr� aplicar el procedimiento negociado sin publicidad correspondiente a aquellos supuestos en los que la ejecuci髇 solo puede encomendarse a un empresario determinado, previsto en el art韈ulo 168.a) 2.� de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, previa acreditaci髇 de que no existen alternativas equivalentes y de los dem醩 requisitos exigidos al efecto, con las siguientes especialidades respecto de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

• a) En estos contratos, el pliego de cl醬sulas administrativas particulares ser� sustituido por el propio clausulado del contrato, sin perjuicio de la obligaci髇 del 髍gano de contrataci髇 de elaborar el correspondiente expediente; as� como el informe previsto en el art韈ulo 336 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, en el caso de contratos sujetos a regulaci髇 armonizada.
• b) La acreditaci髇 de la titularidad de los bienes, o de otro derecho real que permita ceder su uso, as� como de los requisitos de capacidad del arrendador, se realizar� conforme a las normas de derecho privado aplicables. La solvencia se entender� justificada con la acreditaci髇 de la titularidad de las obras o del derecho real que permita ceder su uso.
• c) En el caso de que la colecci髇 de bienes muebles est� integrada por un conjunto de obras que pertenezcan a m醩 de un titular, podr醤 concurrir todos ellos conjuntamente a la licitaci髇, previa acreditaci髇 de dicha titularidad, sin necesidad de constituir una uni髇 de empresarios. Esta misma previsi髇 ser� aplicable a los supuestos en que sean varios los titulares de cualesquiera otros derechos que permitan ceder el uso de las obras que integran la colecci髇.

Cada uno de los titulares deber� tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en ninguna prohibici髇 de contratar.

Los titulares quedar醤 obligados solidariamente y deber醤 nombrar un representante para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinci髇 del mismo.�

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DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final tercera Entrada en vigor

1. El presente real decreto-ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

2. Las modificaciones introducidas por el art韈ulo 3 en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relaci髇 con la comercializaci髇 de los derechos de explotaci髇 de contenidos audiovisuales de las competiciones de f鷗bol profesional, ser醤 de aplicaci髇 a los contratos de comercializaci髇 de los derechos de explotaci髇 de contenidos audiovisuales a que se refiere el art韈ulo 1 del mismo que se celebren a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.

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