Sumario

R.D. 1425/1988, 25 noviembre, derogado por la disposición derogatoria única del R.D. 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo («B.O.E.» 30 mayo), el 31 de mayo de 2008.

Los Reales Decretos 1125/1982, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio) y 2814/1983, de 13 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre), actualizaron la reglamentación técnico-sanitaria de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios, aprobada por el Real Decreto 2686/1976, de 16 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de noviembre), que supuso un importante avance en la regulación técnico-sanitaria de estos materiales en España.

La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea ha hecho necesaria la armonización de nuestra legislación con las Directivas Comunitarias, relativas a los materiales y envases destinados a estar en contacto con los alimentos y, en particular, con las Directivas del Consejo 76/893/CEE, de 23 de noviembre de 1976, de la Comisión 80/590/CEE, de 9 de junio y, parcialmente, con la del Consejo 82/711/CEE, de 18 de octubre, ya que los métodos oficiales de análisis serán objeto de otra disposición.

El Real Decreto 1125/1982, de 30 de abril, ya trataba de asimilar las innovaciones técnicas y toxicológicas contempladas en las Directivas Comunitarias entonces existentes, pero faltaban ciertos aspectos que exigían la revisión de dicho Decreto como es la exclusión de ciertos materiales no contemplados en la legislación Comunitaria estableciendo una legislación más específica.

La presente disposición complementa los Reales Decretos 1125/1982 y 2814/1983, los cuales quedan en vigor exclusívamente para los materiales y objetos no contemplados en la presente reglamentación.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de los artículos 18.10, 40.2, 40.4, y de la Disposición Adicional Segunda, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), así como de los artículos 3.1, 4.1, 5.1 y 39.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios («Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio), Leyes ambas que se considera habilitan al Estado para dictar normas reglamentarias de carácter básico en sus respectivas materias.

Con independencia del rango de Ley formal de los preceptos que acaban de mencionarse, la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, viene indicando que en las Leyes ha de atenderse no sólo a si explícitamente habilitan al Gobierno del Estado para dictar reglamentos con carácter de norma básica, sino a si lo hacen implícitamente en cuanto van encaminadas en su conjunto a proteger valores de naturaleza básica como son «la unidad del sistema sanitario»,«la garantía a la igualdad de todos los españoles en su derecho a la salud», la «exigencia de la unidad de mercado» o la «libre circulación de bienes».

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que las reglamentaciones técnico-sanitarias, en general, así como otras normas horizontales de naturaleza sanitaria, si bien contienen prescripciones muy diversas, no obstante, han de considerarse como un todo dentro del proceso de producción y comercialización del producto, lo que obligará a regular en un sólo texto completo dicho conjunto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, oídos los sectores afectados, previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la ordenación alimentaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de noviembre de 1988,