Sumario

El presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

PREÁMBULO

En la actualidad, tanto la comunidad jurídica como la política reconocen la iniciativa legislativa popular como un mecanismo de participación ciudadana en la actividad legislativa, entendiendo por ello la capacidad que determinados ordenamientos jurídicos dan a un conjunto de ciudadanos para que puedan activar e instar la discusión, con la posibilidad de que de ello se derive la aprobación de una ley.

La iniciativa legislativa popular es un valor añadido al sistema de democracia parlamentaria, ya que la complementa y la hace más rica, puesto que permite que determinadas demandas sociales que, por las razones que sea, no quedan recogidas en la agenda política puedan llegar al Parlamento, puedan ser discutidas y, en última instancia, aprobadas.

Desde hace años, los estudios sobre democracia y crisis de representación tendían a subestimar la democracia directa. Sin embargo, en los últimos tiempos y, especialmente, desde el surgimiento del fenómeno llamado movimiento 15-M, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las instituciones políticas evolucionen hacia nuevos mecanismos de participación si no quieren caer en el descrédito absoluto ante los ciudadanos. La expresión de la soberanía popular mediante la representación exclusiva de los partidos políticos, sin buscar alternativas fuera de este marco a la crisis de representación, es un modelo agotado.

Pese a que en los últimos tiempos esta necesidad de investigación de nuevos modelos es más incisiva, en varias ocasiones los diferentes grupos políticos ya han manifestado su voluntad de acercar más la acción política a los ciudadanos. Una de estas ocasiones fue cuando se impulsó y aprobó la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de la iniciativa legislativa popular, y posteriormente, la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular, que recogía toda la experiencia acumulada durante la vigencia de la Ley 2/1995 y las manifestaciones hechas por las entidades impulsoras, que durante aquellos años fueron haciendo aportaciones que permitieron una mejora legislativa sustancial.

Así pues, desde el año 1995 han sido veintiséis las iniciativas legislativas populares que el Parlamento de Cataluña ha tramitado. Cuando la iniciativa legislativa popular es aceptada a trámite por el órgano legislativo, se abre un plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Estas enmiendas a la totalidad significan el posicionamiento técnico-político respecto a la oportunidad o no de tramitar la iniciativa. Una vez finalizado este plazo, la iniciativa legislativa popular queda pendiente de ser debatida en sesión plenaria.

Según el artículo 72 del Reglamento del Parlamento, el orden del día del Pleno es fijado por el presidente del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces. Es decir, son estas dos instituciones las que determinan la inclusión de los asuntos en el orden del día de las sesiones plenarias.

Por lo tanto, cuando se produce la comunicación de la comprobación y el recuento de las firmas, y la Mesa del Parlamento acepta a trámite la iniciativa y la publica en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la titularidad de la iniciativa pasa a ser de la cámara. Desde ese momento, la comisión promotora pierde el control sobre ella y, por consiguiente, son el presidente y la Junta de Portavoces quienes deciden la conveniencia o no de debatir la iniciativa en el Pleno. Es decir, los promotores de la iniciativa quedan a la expectativa de los criterios de oportunidad de los órganos de gobierno parlamentarios, a diferencia de lo que puede suceder en las proposiciones de ley, ya que, tal y como determina el artículo 27 del Reglamento del Parlamento, la Junta de Portavoces está constituida por los portavoces de los grupos parlamentarios, y son estos quienes, en virtud del artículo 72 del Reglamento, fijan el orden del día del Pleno. Por lo tanto, es el propio portavoz del grupo quien puede dar traslado al presidente y al resto de la Junta de la necesidad o el interés del colectivo que representa sobre la inclusión de un determinado asunto en la siguiente sesión plenaria, hecho que no se produce en el caso de la iniciativa legislativa popular, que se halla desprovista de representación ante estos órganos decisorios.

Con la presente ley se intenta dar un paso más allá demostrando que la participación ciudadana es una pieza clave en el funcionamiento del sistema democrático y que el Parlamento de Cataluña cree en este papel decisivo que tiene el ciudadano. Por ello se propone incluir la necesidad de fijar un plazo de cuatro meses, para que las iniciativas legislativas, una vez hayan finalizado los trámites parlamentarios pertinentes, sean incluidas automáticamente en el orden del día de la sesión plenaria y, de esta forma, no se deje su inclusión al arbitrio de los órganos de gobierno del Parlamento.

Por otra parte, la experiencia de tramitación de las iniciativas legislativas populares también pone de relieve la necesidad de reforzar la intervención de los promotores en el debate de totalidad, como también en la tramitación posterior de las iniciativas que superen este debate. Por ello, la presente ley reconoce a los promotores nuevas facultades de actuación e intervención, especialmente en el trabajo de las comisiones legislativas.

Otro aspecto que es importante aclarar al efecto de la tramitación de las iniciativas legislativas populares es el de la eventual afectación del presupuesto vigente en el momento de su tramitación. Para evitar que eso pueda impedir la tramitación de la iniciativa, se propone la inclusión de un mecanismo automático para diferir la entrada en vigor de la ley al siguiente ejercicio presupuestario.

Otra novedad destacable de la Ley es que extiende la función de asesoramiento que los servicios jurídicos del Parlamento ya ejercían respecto a las comisiones promotoras a todas las fases de la tramitación de la iniciativa, y no solo a la fase de presentación, como actualmente establece la ley.

Finalmente, cabe destacar el hecho de que sea el Parlamento el que dicte, en el plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley, las instrucciones pertinentes para garantizar la aplicación de la firma electrónica en la presentación de las iniciativas populares. Con el cumplimiento de este requisito, se facilita notablemente el ejercicio de este derecho de participación ciudadana.

La presente ley consta de cuatro artículos, una disposición transitoria y una disposición final. Los cuatro artículos modifican el artículo 14 y la disposición adicional primera de la Ley de la iniciativa legislativa popular y añaden dos disposiciones adicionales y una disposición final.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.