Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunitat Valenciana

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO I.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto de la ley
  • Art韈ulo 2燛l derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada
  • Art韈ulo 3燬ervicio de inter閟 general
  • Art韈ulo 4燙alidad de la prestaci髇 y evaluaci髇 del servicio
  • Art韈ulo 5燜unci髇 social de la vivienda
  • Art韈ulo 6燗cci髇 p鷅lica y derecho subjetivo exigible
• T蚑ULO II.�Competencias administrativas y de coordinaci髇
  • Art韈ulo 7燛jercicio de competencias en materia de funci髇 social de la vivienda por parte de la Generalitat
  • Art韈ulo 8燛jercicio de las competencias por parte de los municipios y dem醩 entidades de derecho p鷅lico
  • Art韈ulo 9燙ompetencias de la Generalitat de fomento y soporte financiero a las actuaciones locales en materia de vivienda social
  • Art韈ulo 10燙ompetencias de coordinaci髇 de la Generalitat en materia de garant韆 de la funci髇 social de la vivienda
  • Art韈ulo 11燫egistros de oferta de vivienda y de demandantes con fines sociales y registro de viviendas deshabitadas
• T蚑ULO III.�Intervenci髇 para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia de desahucios
  • Art韈ulo 12燤edidas propuestas para garantizar la protecci髇 a las personas que est醤 en procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria
  • Art韈ulo 13燚eclaraci髇 del inter閟 social y la necesidad de ocupaci髇 a efectos de expropiaci髇 forzosa del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecuci髇 hipotecaria para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social
• T蚑ULO IV.�Intervenci髇 sobre viviendas deshabitadas
  • Art韈ulo 14燙oncepto y declaraci髇 de vivienda deshabitada
  • Art韈ulo 15營ndicios de falta de uso habitacional
  • Art韈ulo 16燝randes tenedores de viviendas
  • Art韈ulo 17燚eberes de colaboraci髇 con la administraci髇
  • Art韈ulo 18燗ctuaciones previas, inspecci髇 y medidas provisionales
  • Art韈ulo 19燤ultas coercitivas
  • Art韈ulo 20燙olaboraci髇 con las entidades financieras, filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos
• T蚑ULO V.�Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas
  • Art韈ulo 21燩otestades de fomento en materia de vivienda
  • CAP蚑ULO I.�Sistema de ayudas p鷅licas
    • Art韈ulo 22燗yudas para el pago de alquiler
    • Art韈ulo 23燤edidas para prevenir y para paliar la pobreza energ閠ica
  • CAP蚑ULO II.�Fomento de la iniciativa privada
    • Art韈ulo 24燜omento del alquiler
    • Art韈ulo 25燗lquiler solidario
  • CAP蚑ULO III.�Mediaci髇 en materia de vivienda
    • Art韈ulo 26燗ctuaciones de mediaci髇 social
    • Art韈ulo 27燤ediaci髇 para el alquiler asequible
• T蚑ULO VI.�Igualdad en el acceso y ocupaci髇 de las viviendas
  • Art韈ulo 28營gualdad y no discriminaci髇 en el acceso a la vivienda
  • Art韈ulo 29燗cci髇 protectora de las administraciones
  • Art韈ulo 30燰aloraci髇 de la prueba
  • Art韈ulo 31燣egitimaci髇
• T蚑ULO VII.�Infracciones y sanciones por incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda
  • Art韈ulo 32燚isposiciones generales
  • Art韈ulo 33營nfracciones
  • Art韈ulo 34燬anciones
  • Art韈ulo 35燤edidas complementarias
  • Art韈ulo 36燫esponsabilidad
  • Art韈ulo 37燩rescripci髇
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera燗cceso a la informaci髇 p鷅lica y protecci髇 de datos de car醕ter personal
  • Segunda燚eber de comunicaci髇 de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gesti髇 de activos relativa a viviendas protegidas
  • Tercera燙reaci髇 del Observatorio del H醔itat y la Segregaci髇 Urbana
  • Cuarta燤edidas excepcionales para el control de las rentas de alquiler
  • Quinta燤ecanismos de coordinaci髇 con otras administraciones y el sector el閏trico
  • Sexta燗gentes de intermediaci髇 inmobiliaria y su registro
  • Disposici髇 adicional (sic)
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera燜acultades del Consell para la realizaci髇 de un texto refundido
  • Segunda燞abilitaci髇 para el desarrollo reglamentario
  • Tercera燛ntrada en vigor
• ANEXO I.燫equisitos para la justificaci髇 de la situaci髇 de riesgo de exclusi髇 social a los efectos del procedimiento de expropiaci髇 forzosa del usufructo a que se refiere el art韈ulo 13 de la Ley
• ANEXO II.燩rocedimiento para la declaraci髇 de vivienda deshabitada

Art韈ulo 1 Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto regular el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunitat Valenciana. En este marco, la presente ley incluye:

• a) La competencia de la Generalitat y de las entidades locales en materia de vivienda.
• b) Las medidas de intervenci髇 para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia de desahucios.
• c) Las medidas de intervenci髇 y de fomento para promover el uso social de la vivienda.
• d) Las potestades de inspecci髇 administrativa y sancionadora en materia de vivienda.
• e) La igualdad en el acceso y ocupaci髇 a la vivienda.

Art韈ulo 2 El derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada

1. Las personas con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana, que acrediten un m韓imo de residencia de un a駉, tienen el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada. El Consell, las entidades locales y dem醩 instituciones p鷅licas con competencias en materia de vivienda garantizar醤 la satisfacci髇 de este derecho, utilizando al efecto todos los instrumentos jur韉icos que la presente ley pone a disposici髇 de las mismas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

2. Las administraciones p鷅licas garantizar醤 la efectiva satisfacci髇 del derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas unidades de convivencia que, por sus ingresos u otras circunstancias, no pueden acceder a ella en condiciones de mercado. Se entender� que se encuentran en esta situaci髇 las unidades de convivencia que cumplan los siguientes requisitos:

• 1.� No poseer ning鷑 miembro de la unidad de convivencia la titularidad u otro derecho real que les permita poder disponer del pleno uso de una vivienda estable y habitable.
• 2.� Estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda.
• 3.� Que la unidad de convivencia no tenga, en el primer ejercicio de aplicaci髇 de la ley, recursos superiores en referencia al IPREM seg鷑 lo establecido en el siguiente cuadro:
  • - 3 o m醩 miembros: 2 IPREM
  • - 2 miembros: 1,5 IPREM
  • - 1 miembro: 1 IPREM

  Para los siguientes ejercicios, como resultado de la evaluaci髇 de la aplicaci髇 de la ley, se deber醤 ampliar los l韒ites referenciados al IPREM en un + 0,5 para cada una de las tipolog韆s de familia anteriores, siempre que la ampliaci髇 de este l韒ite no comprometa el acceso al derecho a la vivienda a unidades de convivencia con ingresos situados en los tramos de ingresos de aplicaci髇 en el ejercicio anterior.

  Dentro de cada grupo, la prioridad vendr� determinada por el mayor n鷐ero de las siguientes condiciones particulares de la unidad de convivencia:

  Dentro de cada grupo se tendr� en cuenta:

  • - La discapacidad de alg鷑 miembro
  • - Hijos dependientes
  • - Tener alg鷑 menor a su cargo
  • - Haber sufrido violencia de g閚ero
  • - Ser mayor de 60 a駉s
  • - Haber sido desahuciado por impago de la cuota, por impago del alquiler o por ser avalador de un pr閟tamo hipotecario y no poder hacer frente al mismo.
  LE0000611767_20230101Apartado 3.� del n鷐ero 2 del art韈ulo 2 redactado por el art韈ulo 43 de la L [COMUNIDAD VALENCIANA] 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2018

3. La efectividad de este derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido en este art韈ulo, genera la obligaci髇 jur韉ica de la administraci髇 auton髆ica valenciana y de las administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana de poner a disposici髇 del solicitante la ocupaci髇 estable de un alojamiento dotacional, de una vivienda protegida o de una vivienda libre si ello fuera necesario que cumpla con todas las condiciones para garantizar su libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la intimidad y el resto de derechos vinculados a la vivienda. A los efectos jur韉icos previstos por esta norma, se entender� que existe tal puesta a disposici髇 cuando se proceda al pago de las ayudas al alquiler reguladas en esta ley de conformidad con la solicitud que a estos efectos realicen los interesados y en atenci髇 al cumplimiento de los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias.

La administraci髇 adoptar� las medidas necesarias de ampliaci髇 del parque p鷅lico de vivienda para revertir esta situaci髇 de manera progresiva.

Se consideran medidas necesarias para revertir esta situaci髇, entre otras:

• a) La adquisici髇 de viviendas en las 醨eas de necesidad catalogadas como tales ya sea mediante adquisici髇 preferente, concurso o adquisici髇 directa.
• b) La adquisici髇 directa para dotar de soluci髇 habitacional ante situaciones de vulnerabilidad, ante escasez del mercado inmobiliario, para erradicar la despoblaci髇 y/o para contribuir al reto demogr醘ico.
• c) Cualquier otra actuaci髇 tendente a dotar de soluciones habitacionales ante supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, para erradicar la despoblaci髇 y/o para contribuir al reto demogr醘ico.

LE0000715687_20230101 N鷐ero 3 del art韈ulo 2 redactado por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022

4. El Consell, las entidades locales y dem醩 instituciones p鷅licas con competencias en materia de vivienda garantizar醤 el acceso a una vivienda a las mujeres, hijos e hijas supervivientes de la violencia machista, considerando esta situaci髇 como prioritaria, debiendo garantizarse este destino en una proporci髇 no inferior al 10 por ciento del parque p鷅lico de vivienda en su conjunto.

LE0000634668_20210717N鷐ero 4 del art韈ulo 2 introducido por el art韈ulo 83 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2019

Art韈ulo 3 Servicio de inter閟 general

1. La actividad dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada se considera como un servicio de inter閟 general.

Las viviendas que se califiquen como protegidas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y respecto de las que as� lo acuerde el Consell, no perder醤 dicha calificaci髇 cuando sean necesarias para la prestaci髇 del servicio de inter閟 general de vivienda asequible, digna y adecuada, y se encuentren materialmente afectados a 閟te.

2. Los poderes p鷅licos con competencias en materia de vivienda adoptar醤, con la debida diligencia y dentro de los l韒ites de los recursos de que se disponga en las partidas presupuestarias destinadas a pol韙icas de vivienda, todas las medidas precisas para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho a la vivienda para garantizar la efectiva prestaci髇 de este servicio, ya sea directamente o en colaboraci髇 con la iniciativa privada.

A tal fin, los presupuestos de la Generalitat contemplar醤 las dotaciones apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda asequible, digna y adecuada y el buen funcionamiento del servicio de inter閟 general vinculado, que garantiza el disfrute del derecho a la vivienda en un plazo razonable en el marco de un servicio de calidad.

3. Todas las medidas de car醕ter regresivo requerir醤 la consideraci髇 m醩 cuidadosa y deber醤 justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos conectados con el derecho a la vivienda y en el contexto del aprovechamiento pleno del m醲imo de los recursos de que se disponga.

4. En todo caso, los fondos p鷅licos destinados a pol韙icas de vivienda para satisfacer su funci髇 social en la Comunitat Valenciana deber醤 tender siempre a garantizar prioritariamente el respeto del n鷆leo vital asociado al derecho a la vivienda, que comprende, cuando menos, la puesta a disposici髇 del uso de un alojamiento estable y seguro para aquellos que carezcan de 閘. A tal fin, el empleo de estos fondos se destinar� prioritariamente a la ejecuci髇 de pol韙icas de vivienda destinadas a la consolidaci髇, ampliaci髇 y mejora del parque p鷅lico de viviendas, con la finalidad de permitir su puesta a disposici髇 de los ciudadanos en situaciones de exclusi髇 social o emergencia social y su destino para alquiler social. Los fondos p鷅licos destinados a hacer pol韙icas de vivienda deber醤 ir priorizando de manera progresiva el alquiler social frente a las subvenciones destinadas al fomento de la compra.

5. El servicio de inter閟 general podr� prestarse, entre otros, a trav閟 de los siguientes medios:

• a) Fomento y concertaci髇 de la iniciativa privada.
• b) Mantenimiento y rehabilitaci髇 de las viviendas sujetas a r間imen de protecci髇 p鷅lica ya existentes.
• c) Desarrollo de los instrumentos de planificaci髇, programaci髇 y apoyo a la financiaci髇 necesarios para la ampliaci髇 del parque p鷅lico de vivienda.
• d) Construcci髇 de nuevas viviendas sujetas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, con prioridad para la consolidaci髇, ampliaci髇 y mejora del parque p鷅lico de viviendas destinado a atender a las necesidades sociales de los ciudadanos en situaci髇 de exclusi髇 o emergencia social.
• e) Instrumentos de mediaci髇.
• f) Establecimiento de obligaciones de servicio p鷅lico.

Art韈ulo 4 Calidad de la prestaci髇 y evaluaci髇 del servicio

1. Las administraciones p鷅licas deben garantizar que los servicios de vivienda de su competencia se prestan en unas condiciones m韓imas y razonables de calidad y deben incluir cartas de servicio en el marco regulador del servicio de inter閟 general en materia de vivienda, que ser醤 aprobadas por el 髍gano competente en la materia de cada una de ellas. Estas cartas de servicio deber醤 establecer, como m韓imo:

• a) La organizaci髇 y la forma de gesti髇 del servicio.
• b) La identificaci髇 de los responsables de la gesti髇.
• c) Los est醤dares m韓imos de calidad del servicio desglosados, en su caso, por categor韆s de prestaciones, y los indicadores e instrumentos para evaluar su aplicaci髇. En ese sentido, deber醤 indicar el tiempo m醲imo de espera en el registro de demandantes y las consecuencias de la superaci髇 de ese plazo.
• d) Las condiciones de acceso.
• e) Los derechos y deberes de los usuarios.
• f) El r間imen econ髆ico aplicable, con indicaci髇 de las tasas y los precios p鷅licos que sean de aplicaci髇, en su caso.
• g) Las v韆s de reclamaci髇 o recurso de que disponen.
• h) Las v韆s establecidas para que los usuarios puedan obtener informaci髇 y orientaci髇 con relaci髇 al servicio p鷅lico.

2. Las cartas de servicio tienen naturaleza reglamentaria. Su contenido es vinculante tanto para la administraci髇 como para los ciudadanos y puede ser invocado en v韆 de recurso o reclamaci髇.

3. Se ofrecer� informaci髇 sobre el servicio de inter閟 general de vivienda, que ser� veraz, objetiva y actualizada y se publicar� de forma clara, estructurada, comprensible y f醕ilmente localizable, mediante el portal de transparencia GVA Oberta a que se refiere la legislaci髇 valenciana en materia de transparencia, buen gobierno y participaci髇 ciudadana.

4. Peri骴icamente, las administraciones p鷅licas realizar醤 una evaluaci髇 de las pol韙icas de vivienda a efectos de identificar los necesarios ajustes y calibrar la eficacia de las medidas contenidas en la legislaci髇 vigente. En lo que se refiere a la Generalitat, esta evaluaci髇 se realizar� anualmente y, con m醩 detalle, quinquenalmente.

Art韈ulo 5 Funci髇 social de la vivienda

1. El derecho de propiedad de una vivienda se ejercer� de acuerdo con su funci髇 social, determinada de conformidad con lo establecido en la Constituci髇 y en las leyes.

2. El incumplimiento de la citada funci髇 social dar� lugar a la incoaci髇 de los procedimientos previstos en los art韈ulos siguientes, que podr醤 incluir medidas de fomento y concertaci髇, as� como las intervenciones de advertencia y persuasi髇 que resulten necesarias y en su caso las de car醕ter fiscal que a tal efecto se habiliten por norma con rango de ley formal.

En todo caso, la incoaci髇 de un procedimiento por incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda ser� compatible con el uso de medios de ejecuci髇 forzosa como las multas coercitivas y, adem醩, con el oportuno procedimiento sancionador por la comisi髇 de alguna de las infracciones administrativas tipificadas en materia de vivienda por la legislaci髇 que en cada momento resulte de aplicaci髇.

3. En los t閞minos previstos en la legislaci髇 estatal, y a los efectos de esta ley, se considera que existe incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad de una vivienda en los siguientes supuestos:

• a) Cuando se incumpla el deber de conservaci髇 y rehabilitaci髇 de la vivienda, en los t閞minos se馻lados en la legislaci髇 de vivienda y urban韘tica, a fin de garantizar en todo caso unas condiciones adecuadas de habitabilidad. La legislaci髇 en materia de vivienda podr�, adem醩, establecer obligaciones particulares respecto de estos deberes en relaci髇 a la vivienda protegida.
• b) Cuando una vivienda est� deshabitada de forma permanente e injustificada, en las condiciones establecidas en esta ley.
  El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)
• c) Cuando una vivienda sujeta a un r間imen de protecci髇 p鷅lica no se destine a residencia habitual y permanente de su adjudicataria o adjudicatario o titular, excepto en los casos expresamente previstos en las normas reguladoras.
• d) El uso inadecuado de la vivienda, alojamiento o edificaci髇 cuando se someta a una utilizaci髇 distinta a la de su calificaci髇 urban韘tica, autorizaci髇 y destino coherente y legal o reglamentariamente autorizable.
• e) La sobreocupaci髇 por explotaci髇 econ髆ica de la vivienda o alojamiento.

Art韈ulo 6 Acci髇 p鷅lica y derecho subjetivo exigible

1. Todas las personas, en ejercicio de la acci髇 p鷅lica en materia de vivienda, pueden exigir ante los 髍ganos administrativos y jurisdiccionales competentes el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

2. Las personas con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana que se encuentren en alguna de las situaciones referidas en el art韈ulo 2 de esta ley y sean titulares del derecho exigible a un alojamiento asequible, digno y adecuado podr醤 ejercerlo ante la conselleria competente en materia de vivienda, que en un plazo m醲imo de seis meses resolver� su solicitud proporcionando alguna de las soluciones habitacionales previstas en esta ley.

3. Si transcurrido el plazo de seis meses previsto en el apartado anterior o en su caso el plazo de ampliaci髇 excepcional que motivadamente se establezca, de acuerdo con la legislaci髇 sobre el procedimiento administrativo com鷑, no se hubiera dictado resoluci髇, se entender� otorgado el uso de un alojamiento por silencio administrativo. La conselleria responsable en materia de vivienda deber�, en tal caso, indicar de manera inmediata y con la mayor diligencia posibles un alojamiento concreto, evitando en todo caso la concentraci髇 y segregaci髇 espacial de los solicitantes y garantizando la cohesi髇 social del espacio urbano.

4. Todas las resoluciones de los 髍ganos administrativos competentes, tanto las derivadas del ejercicio de la acci髇 p鷅lica en materia de vivienda como las solicitudes para hacer efectivo un derecho subjetivo, ser醤 recurribles ante la jurisdicci髇 competente.

Art韈ulo 7 Ejercicio de competencias en materia de funci髇 social de la vivienda por parte de la Generalitat

1. La Generalitat, a trav閟 de la conselleria competente en materia de vivienda, ejercer� todas aquellas competencias estatutariamente atribuidas, las que expresamente le confiera la presente ley, as� como aquellas otras que en un futuro le puedan ser reconocidas para la efectiva y real provisi髇 de una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas personas que la necesiten, especialmente en favor de los j髒enes, personas sin medios ni recursos econ髆icos, mujeres v韈timas de violencia de g閚ero, personas con diversidad funcional, personas que se encuentren en especiales circunstancias de exclusi髇 social o emergencia social por haber sido privadas de su vivienda habitual y aquellas otras en las que est醤 justificadas medidas de intervenci髇 y de fomento de acuerdo con lo previsto en la ley. Para ello, garantizar� anualmente una oferta m韓ima de viviendas de protecci髇 p鷅lica asequibles, dignas y adecuadas que puedan satisfacer las necesidades b醩icas de las personas en situaci髇 de vulnerabilidad o en procesos de exclusi髇 social y har� efectivo el derecho exigible a una vivienda, as� como impulsar� y coordinar� la acci髇 p鷅lica de los entes locales valencianos en la materia.

Para el desarrollo de estas pol韙icas, en un plazo m醲imo de dos a駉s, contados desde la entrada en vigor de la presente ley, la conselleria competente en materia de vivienda desarrollar� un plan plurianual de rehabilitaci髇 y ampliaci髇 del parque p鷅lico de vivienda auton髆ico que deber� garantizar la efectiva habitabilidad de las viviendas que lo componen en la actualidad y un estudio de las necesidades de ampliaci髇 del mismo que programe las necesidades presupuestarias que garanticen, a partir de la evaluaci髇 de las necesidades sociales y de la respuesta prevista en esta ley, las necesidades efectivas de vivienda p鷅lica. Este plan ha de garantizar la adaptaci髇 de un 10 % de las viviendas p鷅licas para aquellas personas con diversidad funcional. Anualmente, se evaluar� el grado de cumplimiento del referido plan y se establecer醤 medidas de correcci髇.

Este plan deber� velar en todo caso por evitar la concentraci髇 y segregaci髇 espacial de las viviendas del parque p鷅lico con el fin de garantizar la cohesi髇 social del espacio urbano y establecer, con car醕ter urgente, medidas de rehabilitaci髇 de los entornos urbanos particularmente degradados de aquellas zonas o distritos con una alta concentraci髇 de vivienda p鷅lica.

En todo caso, la conselleria competente en materia de vivienda ser� responsable de gestionar los registros auton髆icos de oferta y de demanda de viviendas de protecci髇 p鷅lica, en los t閞minos se馻lados en los art韈ulos siguientes, a fin de garantizar la 髉tima coordinaci髇 de la informaci髇 disponible. A estos efectos, podr� recabar la colaboraci髇 del resto de administraciones p鷅licas que ejerzan competencias en materia de vivienda.

2. La Generalitat habilitar� los medios personales y materiales necesarios para impulsar, facilitar y fomentar mecanismos de asesor韆, ayuda y acompa馻miento a las personas afectadas en aquellos casos que los usuarios de una vivienda se vean privados de ella como consecuencia de cualquier proceso civil, ya sea declarativo o ejecutivo, tramitado a consecuencia del impago de sus deudas, siempre que concurran las circunstancias objetivas y subjetivas se馻ladas en la presente ley. Podr醤 suscribirse convenios de colaboraci髇 con entidades p鷅licas y privadas sin 醤imo de lucro que dispongan de medios suficientes para llevar a cabo dichas labores de mediaci髇, con la finalidad de facilitar a los afectados su derecho al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada.

3. Para la prestaci髇 de los servicios en materia de vivienda que lo requieran o hagan aconsejable, la conselleria competente en materia de vivienda colaborar� con la conselleria competente en materia de servicios sociales, que ser� en todo caso la encargada de la prestaci髇 de todas las medidas de apoyo y de intervenci髇 requeridas que puedan acompa馻r a las necesarias para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos en relaci髇 a la vivienda.

Art韈ulo 8 Ejercicio de las competencias por parte de los municipios y dem醩 entidades de derecho p鷅lico

1. Los municipios de la Comunitat Valenciana ejercer醤, como competencias propias y en los t閞minos que expresamente les atribuya la presente ley, las relativas a promoci髇 y gesti髇 de la viviendas de protecci髇 p鷅lica con criterios de sostenibilidad financiera, en coordinaci髇 con la conselleria competente en materia de vivienda, de manera que existir� un registro 鷑ico, centralizado y accesible desde cualquier punto de informaci髇 de los organismos p鷅licos competentes en materia de vivienda. Para ello, en el 醡bito de las competencias que tienen atribuidas por la legislaci髇 estatal b醩ica y la legislaci髇 valenciana de r間imen local, podr醤 tambi閚 realizar todas las actuaciones necesarias en materia de rehabilitaci髇.

Estas competencias deber醤 ejercerse para garantizar, en todo caso, la creaci髇 de un patrimonio p鷅lico de suelo y viviendas p鷅licas suficientes para el desarrollo de las pol韙icas de vivienda social objeto de esta ley, evitando la concentraci髇 y segregaci髇 espacial de los solicitantes y garantizando la cohesi髇 social del espacio urbano.

En particular, los municipios y dem醩 entidades de derecho p鷅lico podr醤 crear y gestionar los registros municipales de oferta y de demanda de viviendas de protecci髇 p鷅lica, en los t閞minos se馻lados en los art韈ulos siguientes, debiendo coordinar en todo caso su actuaci髇 en esta esfera con la conselleria competente en materia de vivienda.

2. Los municipios, en coordinaci髇 con la Generalitat, podr醤 establecer servicios de mediaci髇 en aquellos supuestos en que los usuarios de una vivienda se vean privados de ella como consecuencia de cualquier proceso civil, ya sea declarativo o ejecutivo, tramitado a consecuencia del impago de sus deudas, siempre que concurran las circunstancias objetivas y subjetivas se馻ladas en la presente ley, con la finalidad de garantizar en todos los casos a los afectados su derecho al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada. Estos servicios de mediaci髇 deber醤 en todo caso coordinarse con los servicios sociales.

3. Los municipios podr醤 solicitar actuar como entidad colaboradora a efectos de la tramitaci髇 y resoluci髇, de acuerdo con los criterios establecidos por la conselleria con competencias en materia de vivienda, de las ayudas establecidas en materia de alquiler y para paliar la pobreza energ閠ica regulada en esta ley. A estos efectos, y cuando estas ayudas sean compatibles con las concedidas para estos mismos fines por otras administraciones p鷅licas, se deber醤 instrumentar los debidos mecanismos de colaboraci髇 que permitan unificar las ayudas recibidas con la finalidad de que los ciudadanos puedan solicitarlas en un procedimiento 鷑ico ante la administraci髇 local.

4. Cuando estas competencias se ejerzan por medio de mancomunidades u otros entes locales, las previsiones aqu� contenidas se entender醤 referidas a quienes las ejerzan efectivamente.

5. La Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci髇 b醩ica estatal, podr� delegar en aquellos municipios que lo soliciten y acrediten la capacidad t閏nica y econ髆ica suficiente las competencias auton髆icas contenidas en esta ley, con excepci髇 de las referidas a los registros auton髆icos. Los municipios deber醤 garantizar la sostenibilidad financiera de su propuesta de asunci髇 de esta delegaci髇 de competencias, que se articular� de acuerdo con lo dispuesto en la ley de bases del r間imen local estatal y la legislaci髇 valenciana de r間imen local. La garant韆 financiera por parte de la Generalitat para el ejercicio de las competencias delegadas se arbitrar� a partir del c醠culo de la poblaci髇 atendida en esos municipios en a駉s anteriores y su peso relativo respecto de todo el territorio valenciano. Los municipios que soliciten la delegaci髇 de estas competencias podr醤 aportar recursos propios para el ejercicio de las mismas, a efectos de valorar la capacidad t閏nica y econ髆ica para desarrollarla.

V閍se el D 199/2021, de 10 de diciembre, del Consell, de creaci髇 de la Red de oficinas locales de vivienda, rehabilitaci髇 y regeneraci髇 urbana (Xarxa XALOC) (獶.O.C.V.� 27 diciembre).LE0000715364_20211228

Art韈ulo 9 Competencias de la Generalitat de fomento y soporte financiero a las actuaciones locales en materia de vivienda social

1. Sin perjuicio de la competencia de la Generalitat para la rehabilitaci髇 y desarrollo del parque p鷅lico de viviendas sociales, la conselleria competente podr� suscribir convenios de colaboraci髇 con aquellos entes locales que se comprometan a la mejora e incremento del parque municipal p鷅lico de viviendas sociales. A estos efectos, as� como para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en materia de vivienda protegida, la Generalitat ofrecer� la colaboraci髇 del Instituto Valenciano de Finanzas y de cualquier otro medio auton髆ico que pueda facilitar el acceso a mejores condiciones de financiaci髇 para el desarrollo de estas pol韙icas.

2. Para el desarrollo de pol韙icas locales de ampliaci髇 de los recursos destinados a vivienda social, la Generalitat se comprometer� a incrementar la financiaci髇 destinada a los entes locales que las acometan en un incremento proporcional a la inversi髇 local realizada. Este incremento proporcional ser� igual para todos los entes locales en cada anualidad presupuestaria y podr� tener en cuenta el esfuerzo inversor a efectos de incrementar paulatinamente los porcentajes de ayuda en proporci髇 al mayor esfuerzo del ente local. Tambi閚 podr� ser mayor en caso de que las pol韙icas iniciadas prevean medidas para evitar la segregaci髇 social en materia de vivienda p鷅lica, con el mayor coste que ello supone. En ning鷑 caso, la cuant韆 total de este incremento de la financiaci髇 atendiendo a la inversi髇 realizada por los entes locales superar� el 50 % del total de la intervenci髇 a realizar.

3. La Generalitat, en todo caso, dar� soporte a las acciones del resto de administraciones p鷅licas valencianas en sus actuaciones en esta materia en la b鷖queda de los mejores instrumentos de financiaci髇 a trav閟 del Instituto Valenciano de Finanzas.

Art韈ulo 10 Competencias de coordinaci髇 de la Generalitat en materia de garant韆 de la funci髇 social de la vivienda

El Consell coordinar� las funciones de las diputaciones provinciales en relaci髇 al fomento y colaboraci髇 con los municipios para el desarrollo de aquellas pol韙icas en materia de funci髇 social de la vivienda de las que son responsables.

Estas funciones habilitan, en todo caso, al Consell, particularmente, para integrar presupuestariamente fondos con objeto de incrementar las cuant韆s con destino al fomento de pol韙icas destinadas a la garant韆 de la funci髇 social de la vivienda desarrolladas por municipios y otros entes locales. A estos efectos, los presupuestos de la Generalitat y de las diputaciones provinciales deber醤 consignar coordinadamente los cr閐itos presupuestarios en las cuant韆s necesarias, para lo que se emplear醤 los mecanismos de coordinaci髇 legalmente previstos.

El Consell podr� delegar estas facultades de coordinaci髇 y su control en la conselleria competente en materia de vivienda.

Art韈ulo 11 Registros de oferta de vivienda y de demandantes con fines sociales y registro de viviendas deshabitadas

1. La planificaci髇 de las condiciones de la oferta y acceso a las viviendas de protecci髇 p鷅lica y aquellas destinadas a fines sociales responder� a criterios de transparencia y eficacia, gestionados por la Generalitat debiendo recoger en su desarrollo reglamentario los siguientes requisitos: transparencia y acceso p鷅lico a los datos contenidos en los mismos, respeto a la protecci髇 de datos de car醕ter personal y certeza de los registros contenidos en los mismos.

2. El Registro de oferta de viviendas de protecci髇 p鷅lica destinadas a fines sociales, incorporar� la oferta de promotores, p鷅licos o privados, de viviendas de protecci髇 p鷅lica y las que se destinen a fines sociales a trav閟 de redes de mediaci髇 para alquiler o al derecho de superficie. Estos tendr醤 la obligaci髇 de inscribir dichas viviendas en el mencionado registro, que dispondr� de la informaci髇 precisa con el debido respeto a la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal. Los inmuebles inscritos en el mencionado registro han de estar adecuados funcionalmente y ofrecerse a precios accesibles para aquellas personas que est閚 en especiales circunstancias de exclusi髇 o emergencia social. Los ayuntamientos podr醤 disponer de sus propios registros, que se coordinar醤 con los que establezca la Generalitat.

Al objeto de que el registro disponga de la informaci髇 m醩 precisa posible, podr醤 recabarse para su anotaci髇 en 閘 los datos obrantes en otros registros p鷅licos, como el padr髇 municipal de habitantes, el censo de edificios, el catastro o el registro de la propiedad, as� como los que figuran en los archivos de otras administraciones p鷅licas, de acuerdo con la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

3. El registro de demandantes de viviendas de protecci髇 p鷅lica o con fines sociales, tendr� por objeto el conocimiento de las personas demandantes inscritas, siendo el instrumento adecuado para conciliar la oferta con la demanda de vivienda atendiendo a sus caracter韘ticas y deber� guardar pleno respeto a la protecci髇 de los datos personales y a los principios de igualdad y no discriminaci髇.

En el registro se diferenciar� con claridad la relaci髇 de demandantes de vivienda interesados en compra y la relaci髇 de demandantes de alquiler o del derecho de superficie.

Los ayuntamientos podr醤 disponer tambi閚 de sus correspondientes registros de demandantes, sean de naturaleza temporal o permanente, que habr醤 de coordinarse con el registro de demandantes de la Generalitat.

4. Se crea el registro de viviendas deshabitadas como instrumento b醩ico para el control y seguimiento de las viviendas habituales que hayan sido declaradas deshabitadas, al servicio del ejercicio de las potestades administrativas que reconoce la presente ley. Se inscribir醤 en dicho registro las resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y cualesquiera otras resoluciones que reflejen actuaciones o circunstancias con incidencia en la situaci髇 de no habitaci髇.

El registro tiene car醕ter auton髆ico y se residencia en la conselleria con competencia en materia de vivienda, la cual estar� obligada a mantenerlo.

5. La efectiva constituci髇 de estos registros conllevar� la creaci髇 de un fichero de datos de titularidad p鷅lica, a los efectos previstos en la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal con arreglo a lo establecido a esos efectos en el art韈ulo 20 de la Ley org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal. Asimismo, con objeto de impulsar la necesaria colaboraci髇 de estos registros con el sistema estad韘tico valenciano y con el Instituto Cartogr醘ico Valenciano se establecer醤 los circuitos de informaci髇 necesarios para el desarrollo de las funciones estad韘tica y cartogr醘ica incluidas en los planes estad韘ticos y cartogr醘icos de la Comunitat Valenciana y sus programas anuales. La utilizaci髇 de la informaci髇 del registro para la confecci髇 de estad韘ticas oficiales deber� cumplir lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable sobre estad韘tica. Reglamentariamente se determinar醤 las clases de asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las causas de cancelaci髇 de los asientos o la anulaci髇 de las hojas registrales. En todo caso se indicar� la firmeza de la resoluci髇, tanto en v韆 administrativa como jurisdiccional.

Art韈ulo 12 Medidas propuestas para garantizar la protecci髇 a las personas que est醤 en procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria

Los deudores hipotecarios de viviendas podr醤 acogerse a la presente ley, siempre que se encuentren en situaci髇 de emergencia habitacional y cumplan los requisitos que se establezcan. En caso de que tengan concedidas medidas estatales de moratoria, podr醤 acogerse a esta ley cuando finalice la mencionada moratoria.

1. La iniciaci髇 del procedimiento, judicial o extrajudicial, para la ejecuci髇 de las garant韆s hipotecarias que comporte la extinci髇 del contrato de compraventa por incumplimiento del propietario comprador, siempre que este se encuentre en las circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria y el inmueble sea su vivienda habitual y 鷑ico, implicar� la creaci髇 de una nueva obligaci髇 entre la entidad financiera, la filial inmobiliaria o entidad de gesti髇 de activos que resulte adjudicataria del remate y el propietario comprador y deudor, y quedar� constituido el derecho de este 鷏timo a poder contratar un arrendamiento con opci髇 de compra que evite el lanzamiento de esta vivienda. El contrato de arrendamiento, a suscribir entre las partes, producir� los efectos obligacionales con motivo de la notificaci髇 de firmeza de la resoluci髇 judicial del procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria.

A los efectos de la presente ley se entender� que se encuentran en circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria las personas que cumplan los siguientes requisitos:

• a) Tener la residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecuci髇 hipotecaria, y que esta vivienda sea la 鷑ica en propiedad y que no posea ning鷑 miembro de la unidad de convivencia que habite en la vivienda objeto de ejecuci髇 hipotecaria la titularidad u otro derecho real que les permita poder disponer del uso de una vivienda.
• b) Que el procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria sea consecuencia del impago de un pr閟tamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda por la persona.
• c) Que las condiciones econ髆icas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, las cuales hayan provocado una situaci髇 de endeudamiento sobrevenido con respecto a las condiciones y circunstancias existentes cuando se concedi� el pr閟tamo hipotecario. Se entender� que las circunstancias econ髆icas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por lo menos por 1,5 y ello suponga m醩 de un tercio de los ingresos de la unidad de convivencia.
• d) Que el conjunto de ingresos no supere 1,5 veces el IPREM cuando viva una persona sola, 2 veces el IPREM si es unidad de convivencia y 3 veces el IPREM para m醩 de tres miembros.

2. Al objeto de no perjudicar los intereses de las partes, la nueva obligaci髇 de arrendamiento con opci髇 de compra se ajustar� a las siguientes condiciones:

• a) El precio base del contrato ser�, a elecci髇 del adjudicatario del remate, el establecido para fijar el precio de adjudicaci髇 del inmueble o el precio de mercado a determinar mediante un estudio comparativo a partir de las transacciones llevadas a cabo en la zona en que se encuentre el inmueble en el 鷏timo a駉, que ser� encargado por la conselleria competente en materia de vivienda y cuyo coste, en su caso, correr� por cuenta del adjudicatario del remate.
• b) La renta mensual del arrendamiento se establecer� mediante resoluci髇 de la conselleria competente en materia de vivienda y estar� determinada por la doceava parte del 2 % del precio de la vivienda reajustado seg鷑 lo establecido en el apartado a si la base del contrato fuera el precio de adjudicaci髇 del inmueble, o por la doceava parte del 3 % del precio de mercado en otro caso.
• c) La Generalitat proceder� al pago de la renta a la entidad financiera, o filial inmobiliaria o entidad de gesti髇 de activos que resulte adjudicataria del remate durante el plazo de tres a駉s a contar desde la creaci髇 de la obligaci髇 arrendaticia.
• d) Los arrendatarios quedar醤 obligados al abono a la Generalitat de una parte de la renta, sin que esta pueda superar el 25 % de los ingresos de la unidad de convivencia. Se establecer醤 l韒ites m醩 restringidos para unidades de convivencia cuya situaci髇 imposibilite esta aportaci髇 y as� sea informada favorablemente por los servicios sociales.
• e) Una vez finalizado el plazo de tres a駉s, el arrendatario optar� expresamente bien por continuar el arrendamiento por tres a駉s m醩, sin perjuicio del derecho que tenga a la percepci髇 de ayudas o subvenciones de acuerdo con la legislaci髇 vigente de arrendamientos en este momento, o bien podr� ejercer la opci髇 de compra.

  La duraci髇 del alquiler en su propia vivienda, y exclusivamente para la persona afectada, o para las personas mayores de 65 a駉s y los siguientes colectivos: discapacitados del 33 % o superior, familias con dos o m醩 hijos en edad escolar, v韈timas de violencia de g閚ero, menores tutelados y aquellos que se determine reglamentariamente, ser� indefinido hasta que la administraci髇 le otorgue una soluci髇 o finalizan las causas que han motivado su inclusi髇 en este colectivo. En caso de muerte o abandono de la unidad de convivencia del arrendatario, se podr� subrogar el contrato de arrendamiento a otra persona de esta unidad de convivencia.

• f) En caso de ejercitarse la opci髇 de compra, siempre que fuera la vivienda habitual, las cantidades amortizadas del pr閟tamo hipotecario original ser醤 consideradas cantidades pagadas a cuenta de precio establecido.

3. Interpuesta la demanda por la entidad financiera, la filial inmobiliaria o entidad de gesti髇 de activos, el propietario demandado podr� informar a la Generalitat, al objeto de que esta le asista administrativamente y notifique a la entidad adjudicataria del remate la sujeci髇 a las reglas establecidas en este art韈ulo as� como las condiciones que debe cumplir el contrato de arrendamiento con opci髇 de compra de la vivienda. En los t閞minos establecidos reglamentariamente, la conselleria competente en materia de vivienda redactar� el contrato de arrendamiento que deber� ser suscrito por la entidad ejecutante, el propietario afectado y la Generalitat en el plazo m醲imo de dos meses desde la solicitud de asistencia. Dicho contrato deber� ser custodiado en el registro competente.

4. Si la entidad ejecutante se negase a formalizar el contrato, la Generalitat podr� incoar, de oficio o a instancia del propietario, procedimiento expropiatorio del usufructo de la vivienda en los t閞minos establecidos en esta ley, mediante su declaraci髇 de inter閟 social y necesidad de ocupaci髇, sin perjuicio de las sanciones en las que puedan incurrir las entidades ejecutantes.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 13 Declaraci髇 del inter閟 social y la necesidad de ocupaci髇 a efectos de expropiaci髇 forzosa del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecuci髇 hipotecaria para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social

1. A los efectos previstos en el art韈ulo 9 de la Ley de expropiaci髇 forzosa, de 16 de diciembre de 1954, la cobertura de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria definidas en el art韈ulo 12 de esta ley comportar� la declaraci髇 de utilidad p鷅lica y la necesidad de ocupaci髇 para la expropiaci髇 forzosa del usufructo de la vivienda objeto del mismo por un plazo m醲imo de tres a駉s, prorrogables por tres a駉s m醩, revisando la situaci髇 de emergencia social de la unidad de convivencia anualmente, a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el 髍gano jurisdiccional competente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal, la expropiaci髇 forzosa del usufructo de la vivienda ser� de aplicaci髇 a los procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos y las partes no hubieran aplicado el procedimiento previsto para la intermediaci髇 o no se hubiera formalizado el contrato de arrendamiento con opci髇 a compra y ello implicara que la vivienda habitual quedara sin ocupantes con t韙ulo legal.

3. En estos casos, ser醤 beneficiarias del usufructo temporal las personas o unidades de convivencia que se encuentren en circunstancias de exclusi髇 o emergencia social afectadas por procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta ley y en las reglas procedimentales contenidas en el anexo I. La persona beneficiaria que haya incurrido en falsedad u ocultaci髇 de informaci髇 en el cumplimiento de los requisitos contemplados establecidos o en la presentaci髇 de la documentaci髇 a que se refiere el anexo I, perder� la condici髇 de beneficiaria. La conselleria competente en materia de vivienda vigilar� el cumplimiento de los requisitos referidos y el pago de las cantidades a las que, como beneficiario, est� obligado en los t閞minos del presente art韈ulo.

4. La persona o unidad de convivencia beneficiaria quedar� obligada al pago a la administraci髇 expropiante de una cantidad en concepto de contribuci髇 al pago de justiprecio. Esta cantidad, que se prorratear� con car醕ter mensual, no podr� ser superior al 25 % de los ingresos anuales de la unidad de convivencia que conviva en la vivienda, a efectos del indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples, ni su cuant韆 acumulada superior al justiprecio determinado por la administraci髇 o resultado de la resoluci髇 judicial, si la hubiere, incluidos los intereses de demora causados y los que legalmente sean exigibles a la administraci髇 expropiante. Cuando los ingresos de la unidad de convivencia no excedan del salario m韓imo interprofesional, por cada miembro de la unidad de convivencia que acredite alg鷑 tipo de ingreso, podr� eximirse del pago de la renta, para aquella anualidad o anualidades en los que se d� esta circunstancia.

5. El procedimiento de expropiaci髇 del derecho al usufructo temporal de la vivienda deber� ajustarse a la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa y a lo establecido por la legislaci髇 sectorial aplicable, en su caso. La resoluci髇 que d� inicio al mismo se comunicar� al 髍gano judicial que est� conociendo del procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria de que se trate.

6. Mediante Decreto del Consell se declarar�, previa informaci髇 p鷅lica y motivadamente, la urgente ocupaci髇 a efectos de expropiaci髇 forzosa temporal del uso de viviendas. El anuncio de publicaci髇 podr� incluir la citaci髇 para el levantamiento del acta previa y en su caso su elevaci髇 a acta de ocupaci髇 del bien, siempre y cuando la administraci髇 expropiante proceda al pago del dep髎ito previo, conforme al apartado 6 del art韈ulo 52 de la Ley de expropiaci髇 forzosa.

7. En el acta de ocupaci髇 se establecer醤, conforme a esta ley, los requisitos para que el titular dominical de la vivienda pueda recuperar el usufructo una vez transcurrido el plazo de expropiaci髇 del derecho al usufructo temporal de la vivienda.

8. Asimismo, podr� ejercitarse el derecho de reversi髇 si las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres a駉s establecidos en el apartado 1, de manera que pueda disfrutar del derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada en t閞minos an醠ogos a los que posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria. Asimismo se podr� ejercer la reversi髇 cuando se pierda la condici髇 de beneficiario.

9. El reversionista deber� restituir a la administraci髇 expropiante del usufructo la parte proporcional del justiprecio recibido en relaci髇 al per韔do que falte por completar, hasta el m醲imo de tres a駉s.

10. La imposibilidad de llevar a cabo la ejecuci髇 de la ocupaci髇 de la vivienda por causas relacionadas con el procedimiento judicial de desahucio, as� como por otras causas no imputables a la administraci髇, no implica el reconocimiento de derecho alguno a la persona beneficiaria de la expropiaci髇.

11. La valoraci髇 del justiprecio del derecho de usufructo temporal se realizar� atendiendo a los criterios de valoraci髇 establecidos en la presente ley, sirviendo como base para su c醠culo el valor por el que se haya adjudicado el inmueble, conforme a las reglas del procedimiento ejecutivo, la entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos. Para el c醠culo del valor del usufructo, 閟te se determinar� a raz髇 del 2 % del valor total del bien (en pleno dominio) por cada periodo de un a駉.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 14 Concepto y declaraci髇 de vivienda deshabitada

1. Se entiende por vivienda deshabitada aquella que, siendo propiedad de un gran tenedor, sea declarada como tal mediante resoluci髇 administrativa por incumplir su funci髇 social al no ser destinada de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto o por permanecer desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a un a駉, sin que concurra causa justificada de desocupaci髇.

2. Tendr� la consideraci髇 de vivienda vac韆 aquella que permanece desocupada, sin causa justificada, por un tiempo superior a un a駉. El c髆puto del periodo de desocupaci髇 se iniciar� desde el 鷏timo d韆 de efectiva habitaci髇, desde el otorgamiento de la autorizaci髇 para su uso como vivienda o, para el caso de las viviendas que no hayan estado nunca habitadas, desde que el estado de ejecuci髇 de estas permita solicitar las autorizaciones legales para su efectiva ocupaci髇.

LE0000748371_20230228 N鷐ero 2 del art韈ulo 14 redactado por el apartado uno de la disposici髇 adicional primera del D. Ley 3/2023, de 17 de febrer, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos en el 醡bito inmobiliario (獶.O.C.V.� 27 febrero).Vigencia: 28 febrero 2023

3. Tr醡ite ordinario para la declaraci髇.

a) La declaraci髇 de una vivienda como deshabitada se realizar� mediante resoluci髇 administrativa solo respecto de aquellos propietarios que sean considerados como grandes tenedores por esta ley y siguiendo a tal fin el procedimiento administrativo contradictorio regulado en el anexo II de esta norma y, en su caso, el de su desarrollo reglamentario.

b) El plazo m醲imo para resolver el procedimiento declarativo de vivienda deshabitada y notificar su resoluci髇 ser� de un a駉 contado desde la fecha del acuerdo de inicio, transcurrido el cual se producir� su caducidad. La resoluci髇 no pondr� fin a la v韆 administrativa y contra la misma cabr� recurso de alzada ante el 髍gano superior jer醨quico del competente para resolver.

c) La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento decidir� todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, debiendo producirse la efectiva habitaci髇 dentro del plazo de seis meses contados desde la notificaci髇 de la resoluci髇, sin que el citado uso habitacional pueda tener una duraci髇 inferior a un a駉, salvo acuerdo de los interesados, que habr� de ser comunicado a la direcci髇 general competente en materia de vivienda.

LE0000744913_20230101 Letra c) del n鷐ero 3 del art韈ulo 14 redactada por el art韈ulo 82 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

d) Se dar� traslado de la resoluci髇 al registro de viviendas deshabitadas, al objeto de proceder a su inscripci髇.

e) En caso de volver a constatarse la existencia de indicios de no habitaci髇 con respecto a la misma vivienda o grupo de viviendas en el plazo de seis meses desde la resoluci髇, podr� iniciarse un nuevo procedimiento declarativo sin necesidad de realizar el ofrecimiento de las medidas de fomento.

4. Procedimiento abreviado para la declaraci髇 de vivienda deshabitada.

a) La tramitaci髇 abreviada del procedimiento proceder� cuando del contenido del expediente se presuma, de acuerdo con esta ley, la conformidad respecto de la situaci髇 de falta de uso residencial o de desocupaci髇 continuada por un tiempo superior a un a駉, y sin causa justificada, de la vivienda o grupo de viviendas objeto del procedimiento, as� como la consideraci髇 de gran tenedor de la persona titular de estas.

b) Si el procedimiento se hubiera iniciado de acuerdo con la tramitaci髇 ordinaria, proceder� acordar su continuaci髇 con arreglo a los tr醡ites del procedimiento abreviado desde el momento en que conste en el expediente la presunci髇 prevista en el apartado anterior.

No obstante, no proceder� acordar la conversi髇 procedimental cuando la citada presunci髇 se produjera en el momento inmediatamente anterior a formular la propuesta de resoluci髇, en cuyo caso se continuar� la tramitaci髇 ordinaria.

c) Proceder�, en todo caso, la tramitaci髇 abreviada en aquellos procedimientos iniciados tras la previa comunicaci髇 por un gran tenedor de la situaci髇 de falta de uso habitacional o desocupaci髇 continuada durante un tiempo superior a un a駉, y sin, causa justificada, de la vivienda o grupo de viviendas de su titularidad en cumplimiento de la obligaci髇 de comunicaci髇 semestral.

d) El procedimiento abreviado constar� 鷑icamente de los siguientes tr醡ites:

• i) Inicio del procedimiento de oficio.
• ii) Notificaci髇 del acuerdo de inicio con, en su caso, ofrecimiento de medidas de fomento.
• iii) Propuesta de resoluci髇 del 髍gano instructor, la cual 鷑icamente ser� objeto de notificaci髇 a las personas interesadas cuando tenga en cuenta hechos, alegaciones, pruebas o documentos no conocidos por estas.
• iv) Alegaciones a la propuesta de resoluci髇, 鷑icamente cuando la misma haya sido notificada a las personas interesadas por tener en cuenta hechos, alegaciones, pruebas o documentos no conocidos por estas.
• v) Resoluci髇 y su notificaci髇.

e) En el caso de que un procedimiento exigiera la realizaci髇 de un tr醡ite no previsto en el apartado anterior, deber� ser tramitado de manera ordinaria. A estos efectos, no tendr� la consideraci髇 de tr醡ite aquel que tenga por objeto realizar comprobaciones ordinarias que respecto de la persona titular o la vivienda resulten necesarias u oportunas.

LE0000715687_20230101 Art韈ulo 14 redactado por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022

Art韈ulo 15 Indicios de falta de uso habitacional

1. A los efectos de la declaraci髇 administrativa de vivienda deshabitada se presumir� que una vivienda no est� habitada cuando:

• a) No se destine de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto.
• b) Est� desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos a駉s, computados en cada caso desde el 鷏timo d韆 de efectiva habitaci髇, desde el otorgamiento de la autorizaci髇 de empleo correspondiente o, para el caso de las viviendas que no hayan estado nunca habitadas, desde que el estado de ejecuci髇 de estas permita solicitar las autorizaciones legales por su efectiva ocupaci髇: todo ello, salvo que haya motivo que justifique la falta de empleo o su destino a un uso diferente al residencial. A partir del segundo a駉 en vigor de la ley, este plazo se reducir� a un a駉.
  LE0000611767_20230101Letra b) del n鷐ero 1 del art韈ulo 15 redactada por el art韈ulo 43 de la L [COMUNIDAD VALENCIANA] 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2018

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, para la iniciaci髇 del procedimiento declarativo de una vivienda como deshabitada podr醤 tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes indicios:

• a) Los datos del padr髇 municipal de habitantes y de otros registros p鷅licos.
• b) La carencia de suministros de agua y electricidad, o consumos anormalmente bajos de conformidad con los valores proporcionados por las empresas suministradoras que presten servicio en el municipio y, en su defecto, por los recogidos en el anexo II.
• c) Alteraciones en el suministro de gas o servicios de telecomunicaciones que puedan indicar la p閞dida de uso residencial.
• d) Declaraciones tributarias.
• e) Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.
• f) Declaraciones de vecinos.
• g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones del 髍gano directivo de la Generalitat competente en materia de vivienda. Estas comprobaciones s髄o podr醤 llevarse a cabo cuando consten, adem醩, otros indicios de falta de ocupaci髇.

3. En todo caso, se considerar� que concurre motivo justificado para la desocupaci髇 continuada en los siguientes casos, siempre de acuerdo con la espec韋ica normativa aplicable:

• a) Inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia, con un m醲imo de 4 a駉s de desocupaci髇 continuada.
• b) Inmuebles destinados a usos de vivienda tur韘tica o terciarios al menos con una ocupaci髇 m韓ima de un mes al a駉.
• c) Inmuebles destinados a usos dotacionales.
• d) Inmuebles destinados a vivienda que sus titulares, personas f韘icas o jur韉icas, ofrezcan en venta (un a駉 m醲imo) o alquiler (con un m醲imo de seis meses), en condiciones de mercado. Se presumir� que una vivienda no estaba siendo ofertada en condiciones de mercado cuando haya transcurrido el plazo de un a駉 sin que la vivienda ofertada en venta se hubiese vendido o el plazo de seis meses sin que la vivienda ofertada en alquiler se hubiese alquilado.LE0000715687_20230101 Letra d) del n鷐ero 3 del art韈ulo 15 redactada por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• e) Inmuebles que se encuentren pendientes de partici髇 hereditaria o sometidos a procedimientos de extinci髇 de comunidad de bienes o sociedad de gananciales o cuyo uso est� pendiente de resoluci髇 en un proceso judicial o cualquier otra situaci髇 que haya impedido su inscripci髇 aun existiendo t韙ulo jur韉ico para ello.
• f) Traslado temporal de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 16 Grandes tenedores de viviendas

1. A los efectos previstos en esta ley se consideran grandes tenedores de viviendas aquellas personas f韘icas, jur韉icas y entidades sin personalidad jur韉ica que, destinando su actividad a la construcci髇, promoci髇, intermediaci髇, inversi髇 o financiaci髇 de la construcci髇, compra o arrendamiento de vivienda, dispongan de m醩 de 10 viviendas en r間imen de propiedad, alquiler, usufructo u otras modalidades de disfrute que les faculten para determinar los usos a que se destinan, y las excluyan del mercado de venta, alquiler o derecho de superficie que cumplan los requisitos del art韈ulo anterior. No se computar醤 a tales efectos las viviendas desocupadas en las que concurra alguno de los motivos para la desocupaci髇 que enumera el n鷐ero 3 del art韈ulo 15 de esta ley.

LE0000715687_20230101 N鷐ero 1 del art韈ulo 16 redactado por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre)Vigencia: 1 enero 2022

2. Quienes tengan la consideraci髇 de grandes tenedores deber醤 comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda, semestralmente, la relaci髇 de aquellas viviendas deshabitadas definidas como tales en el art韈ulo 14 de la presente ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 17 Deberes de colaboraci髇 con la administraci髇

1. Las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, titulares de las viviendas sobre las que se desarrolle un procedimiento de declaraci髇 de vivienda deshabitada tienen los deberes de colaboraci髇 con la administraci髇 desarrollados en la legislaci髇 b醩ica estatal y han de proporcionar todos los datos relevantes sobre la misma a solicitud de la administraci髇 a excepci髇 de aquellos que puedan comprometer la intimidad de las personas.

2. A los efectos de la determinaci髇 del uso residencial efectivo de las viviendas, las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, que dispongan de informaci髇 sobre las mismas, y en particular las compa耥as suministradoras de agua y energ韆 el閏trica, las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gesti髇 de activos y otras entidades inmobiliarias, as� como los ayuntamientos, estar醤 obligadas a proporcionar, a requerimiento del 髍gano competente de la Generalitat en materia de vivienda y sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes pudieran incidir en la indagaci髇 de esa circunstancia y personas o entidades titulares de las viviendas.

3. Los requerimientos de informaci髇 deber醤 respetar la normativa reguladora de la protecci髇 de datos de car醕ter personal y ser醤 motivados, adecuados y pertinentes, expresando su finalidad y su previsi髇 normativa. Las comunicaciones a los requerimientos deber醤 remitirse al 髍gano solicitante en el plazo de un mes contado desde su recepci髇, sin perjuicio de la ampliaci髇 de plazos que pudieran interesar para el mejor cumplimiento de lo requerido, que en todo caso no podr� exceder de la mitad del plazo inicial.

4. La entrada en toda vivienda que tenga la condici髇 efectiva de domicilio deber� requerir de autorizaci髇 judicial. En todo caso, la falsa identificaci髇 de una vivienda deshabitada como domicilio que quede debidamente acreditada en el procedimiento ser� considerada una infracci髇 a los efectos previstos en esta ley.

Art韈ulo 18 Actuaciones previas, inspecci髇 y medidas provisionales

1. Con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento y con la finalidad de decidir sobre su incoaci髇, se podr醤 realizar actuaciones dirigidas a conocer las circunstancias del caso concreto, la obtenci髇 de informaci髇 relevante para la determinaci髇 del uso de las viviendas y la identificaci髇 de los titulares de los inmuebles. Las actuaciones previas ser醤 realizadas por el 髍gano que tenga atribuidas funciones de investigaci髇, averiguaci髇 e inspecci髇 en materia de vivienda y, en su defecto, por la persona u 髍gano administrativo que se determine por el 髍gano competente para la iniciaci髇 o resoluci髇 del procedimiento.

2. El 髍gano directivo de la Generalitat con competencias en materia de vivienda aprobar� planes peri骴icos de inspecci髇, dirigidos a la investigaci髇 individualizada de situaciones concretas de no habitaci髇 o de circunstancias de 醡bito general que resulten de inter閟 para determinar la acci髇 de la Generalitat en el ejercicio de las potestades de inspecci髇. Estos planes de inspecci髇 determinar醤 anualmente y con car醕ter previo las actuaciones a desarrollar y los 醡bitos prioritarios de las mismas.

3. El 髍gano encargado de la resoluci髇 del procedimiento podr� adoptar desde el inicio de la tramitaci髇 del mismo, y con arreglo a la normativa aplicable, cuantas medidas sean necesarias para garantizar la correcta conservaci髇 en condiciones de habitabilidad de las viviendas objeto del mismo.

4. Las actuaciones previas reguladas en este art韈ulo no interrumpir醤 el plazo de prescripci髇 de las infracciones que se hayan podido cometer, ni determinar醤 en ning鷑 caso el inicio del procedimiento a efectos del c髆puto del plazo de caducidad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 19 Multas coercitivas

1. Si en el plazo se馻lado de seis meses no se produce la efectiva ocupaci髇 para uso habitacional de la vivienda declarada como deshabitada, y dada la imposibilidad de otros medios de ejecuci髇 forzosa menos gravosos, el 髍gano encargado de la resoluci髇 del procedimiento establecer�, como medio de ejecuci髇 forzosa, multas coercitivas para instar al cumplimiento de la obligaci髇 administrativa con independencia de las sanciones administrativas que puedan imponerse a consecuencia de la comisi髇 de las infracciones establecidas en esta ley.

2. La cuant韆 de la multa coercitiva ser� fijada por el 髍gano encargado de resolver el procedimiento y ser� equivalente al precio mensual por metro cuadrado de un alquiler establecido para las viviendas de protecci髇 p鷅licas de r間imen general, multiplicado por el n鷐ero de metros cuadrados 鷗iles de superficie de la vivienda correspondiente y por la cantidad de meses transcurridos desde el anterior pago mientras se mantenga la situaci髇 de vivienda deshabitada. El pago de la multa coercitiva podr� ser establecido tanto de manera mensual como trimestral.

3. Todas las acciones realizadas con la 鷑ica finalidad de lograr la ejecuci髇 forzosa son independientes de cualquier sanci髇 administrativa y compatible en todo caso con ellas.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 20 Colaboraci髇 con las entidades financieras, filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos

1. La Generalitat suscribir� convenios de colaboraci髇 con las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gesti髇 de Activos Procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria, SA, as� como con las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario, para incrementar una oferta de alternativas habitacionales que permita dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situaci髇 de vulnerabilidad. Esta oferta estar� distribuida por el conjunto del territorio y en ning鷑 caso podr� haber concentraciones de vivienda social en determinados distritos o 醨eas con el fin de evitar la formaci髇 de agregados residenciales de bajas rentas concentrados s髄o en determinados barrios o municipios. Para ello, las administraciones p鷅licas emplear醤 la informaci髇 sobre las viviendas vac韆s en poder de grandes tenedores para identificar posibles anomal韆s en la oferta de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gesti髇 de activos. Estos convenios podr醤 tener tambi閚 por objeto la cesi髇 de uso de viviendas declaradas como desocupadas por parte de sus titulares.

2. En los convenios de colaboraci髇 se concretar醤 la modalidad o modalidades de gesti髇 de las viviendas cedidas. La gesti髇 se realizar� directamente por la administraci髇 p鷅lica o sus entidades instrumentales o, en su caso, por parte de los entes locales que tengan delegadas estas competencias.

Art韈ulo 21 Potestades de fomento en materia de vivienda

En desarrollo de las medidas de fomento establecidas en la legislaci髇 valenciana en materia de vivienda, y para garantizar la funci髇 social de la vivienda, la Generalitat, las entidades locales y otras entidades p鷅licas podr醤 desarrollar, entre otras, las siguientes actuaciones:

• a) Sistemas de ayudas p鷅licas.
• b) Fomento de la iniciativa privada.
• c) La mediaci髇 en el mercado del arrendamiento de viviendas para propiciar su efectiva ocupaci髇.

Art韈ulo 22 Ayudas para el pago de alquiler

1. La conselleria competente en materia de vivienda establecer� un sistema de ayudas para el pago de alquiler a las personas y unidades de convivencia con ingresos bajos o moderados, donde el coste de la vivienda los puede situar en riesgo de exclusi髇 social residencial, de forma que no se supere el 25 % de los ingresos.

2. A tal efecto, se establecen dos tipos de prestaciones:

• a) Ayudas para el pago del alquiler acogidas a convocatorias p鷅licas peri骴icas que se establezcan mediante concurrencia y en las condiciones que se determinen. Pueden ser de pr髍roga autom醫ica, si se mantienen las mismas condiciones establecidas para su adjudicaci髇.
• b) Prestaciones de urgencia para hacer frente al pago de alquiler o de cuotas hipotecarias en situaciones especiales de emergencia y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, pudi閚dose otorgar sin concurrencia y con los informes previos favorables de los servicios sociales municipales.

3. La conselleria competente en vivienda, establecer� las condiciones de las prestaciones reguladas en este art韈ulo, las situaciones a proteger, los requisitos de los beneficiarios, la cuant韆 de la ayuda, sus condiciones y las causas de extinci髇.

4. Las cuant韆s de estas prestaciones se pueden abonar directamente al beneficiario o indirectamente, si se establece expresamente, a quien presta el servicio o a otra persona.

5. El pago de la prestaci髇 se realizar� por medio de entidad financiera, quedando 閟ta obligada a devolver las cuant韆s aportadas en exceso a partir de la extinci髇 del derecho a la ayuda.

6. Se consideran como causas de extinci髇, la muerte del beneficiario, siempre y cuando no tenga personas a su cargo, o cuando dejen de reunirse los requisitos para el derecho subjetivo a la vivienda.

7. Los municipios que lo soliciten podr醤 actuar como entidades colaboradoras en el proceso de concesi髇 de estas ayudas. En tal caso, deber醤 resolverlas de acuerdo con los criterios determinados por la conselleria competente en materia de vivienda y coordinar su concesi髇 con las ayudas propias que, en su caso, puedan otorgar, unificando el procedimiento de solicitud a fin de simplificar los tr醡ites a los ciudadanos.

Art韈ulo 23 Medidas para prevenir y para paliar la pobreza energ閠ica

1. Las administraciones p鷅licas garantizar醤 el derecho de acceso a los suministros b醩icos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades de convivencia en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial, mientras dure dicha situaci髇, como componente del derecho a la vivienda con independencia de que la ocupaci髇 derivase del t韙ulo de propiedad, alquiler o cualquier otro derecho que les permita disponer del uso de la vivienda.

2. Debe establecerse, como principio de precauci髇 social, un procedimiento de obligada comunicaci髇 a los servicios sociales y de intervenci髇 de estos servicios con car醕ter previo a la concesi髇 de las ayudas con la finalidad de evitar los cortes de suministro en los casos de impago por falta de recursos econ髆icos.

3. En cumplimiento de las previsiones de esta ley, y sin perjuicio de las competencias estatales en la materia, el Consell podr� establecer reglamentariamente aquellas obligaciones de servicio p鷅lico que las compa耥as suministradoras deber醤 cumplir para prevenir los cortes de suministro en los casos mencionados. Las administraciones p鷅licas podr醤 celebrar los acuerdos o convenios necesarios con las compa耥as de suministro de agua potable, de gas y de electricidad a fin de garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades de convivencia en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos m韓imos, de conformidad con las obligaciones de servicio p鷅lico establecidas.

4. Los municipios que lo soliciten podr醤 actuar como entidades colaboradoras en el proceso de concesi髇 de las ayudas previstas en este art韈ulo, tanto las que supongan una transferencia directa a los ciudadanos afectados como las que se instrumenten haciendo uso de las v韆s del apartado anterior. En tal caso, deber醤 actuar en coordinaci髇 y de acuerdo con los criterios determinados por la conselleria competente en materia de vivienda.

5. Las empresas suministradoras de estos servicios que deban realizar un corte de suministro deben solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad de convivencia se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusi髇 residencial, de acuerdo con los procedimientos contemplados en la legislaci髇 auton髆ica en materia de pobreza energ閠ica o cualquier norma posterior que sustituya a esta.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

6. Las empresas suministradoras deber醤 informar a sus clientes, en cualquier aviso o comunicaci髇 que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energ閠ica establecidos por la presente ley u otras en que as� se reconozca. Las administraciones p鷅licas competentes deber醤 velar para que la informaci髇 relativa a estos derechos figure impresa en las facturas emitidas por las compa耥as.

7. Se deber� crear una comisi髇 de seguimiento espec韋ica para la lucha contra la pobreza energ閠ica con representantes de los departamentos auton髆icos implicados y de la Federaci髇 Valenciana de Municipios y Provincias, y con la presencia de los movimientos sociales vinculados a esta problem醫ica.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 24 Fomento del alquiler

1. La conselleria competente en materia de vivienda establecer� un sistema voluntario de obtenci髇 o de oferta de viviendas privadas para su puesta en alquiler, en el que se incluir醤 necesariamente las inscritas en el Registro de viviendas deshabitadas y las adquiridas a consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que no est閚 destinadas a otros fines sociales o de aquellas otras acciones dirigidas a garantizar el uso social de la vivienda previstas por esta ley.

LE0000667741_20230101 N鷐ero 1 del art韈ulo 24 redactado por la disposici髇 adicional segunda del D. Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliaci髇 de vivienda p鷅lica en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto (獶.O.C.V.� 11 junio).Vigencia: 12 junio 2020

2. A los efectos de dar cobertura adecuada a estas medidas, la conselleria competente en materia de vivienda establecer� un sistema de concertaci髇 p鷅lica y privada para estimular a los propietarios e inversores a poner en el mercado de alquiler viviendas para personas y unidades de convivencia con dificultades para acceder a dicho mercado con ingresos inferiores a 4,5 veces el indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples. En estos casos, las administraciones p鷅licas concertar醤 el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupaci髇 habitacional de las viviendas que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jur韉ica.

Art韈ulo 25 Alquiler solidario

1. La Generalitat podr� adoptar la iniciativa para alquiler solidario de pisos vac韔s que necesitan alg鷑 tipo de rehabilitaci髇 cuyos propietarios no pueden atender estos gastos.

2. Esta iniciativa prev� cubrir los siguientes objetivos:

• a) Favorecer a los propietarios de las viviendas que no pueden mantenerlos ni rehabilitarlos, pero que s� que quieren conservar la propiedad.
• b) Movilizar las viviendas desocupadas.
• c) Obtener m醩 viviendas para pol韙icas sociales.
• d) Propiciar que se hagan obras de rehabilitaci髇 para generar ocupaci髇.

3. Las personas propietarias interesadas en colaborar con la Administraci髇 Auton髆ica en esta iniciativa har醤 cesi髇 del usufructo de sus viviendas a la Generalitat, a trav閟 de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, por un periodo m韓imo de ocho a駉s, para que esta disponga de las mismas con destino a alquiler solidario. La conselleria competente en materia de vivienda, a trav閟 de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, ser� la encargada, en estos casos, de hacer el estudio econ髆ico y la rehabilitaci髇 pertinente, gastos que, junto a todos los derivados de la gesti髇, ser醤 compensados con el cobro de la renta mensual hasta que estos est閚 cubiertos.

4. La Generalitat Valenciana, a trav閟 de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, abonar� en especie el precio del usufructo cedido, asumiendo el coste de la rehabilitaci髇 de la vivienda. En el caso de que el coste total de la rehabilitaci髇 sea inferior al precio de cesi髇 del usufructo de la vivienda por el per韔do indicado, la Generalitat compensar� al propietario cedente por la diferencia en met醠ico.

LE0000656724_20210717Art韈ulo 25 redactado爌or el art韈ulo�60 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

Art韈ulo 26 Actuaciones de mediaci髇 social

1. La Generalitat impulsar�, informar�, facilitar� y fomentar� los servicios de mediaci髇 social en materia de vivienda, pobreza energ閠ica y derechos de los ciudadanos que se encuentren en grave situaci髇 de necesidad, por causa de una ejecuci髇 hipotecaria o por un proceso de arrendamiento urbano o como consecuencia de haber perdido su vivienda por haber avalado a un tercero.

2. Sin perjuicio de las estructuras administrativas de la Generalitat, la red de mediaci髇 se articular� mediante la participaci髇 de los ayuntamientos y entidades sin 醤imo de lucro, que actuar醤 como mediadores, debiendo ajustarse a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3. La Generalitat podr� suscribir convenios de colaboraci髇 con los ayuntamientos y con instituciones y corporaciones p鷅licas y privadas para el asesoramiento, mediaci髇 y la protecci髇 adecuada con la finalidad de prevenir que los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Comunitat Valenciana pierdan su residencia habitual y permanente, cuando atraviesen dificultades econ髆icas que la pongan en riesgo, con el objetivo de evitar que sean privados de la misma. A tal efecto se podr醤 habilitar los medios y recursos necesarios para poder articular las medidas que se adopten con tal fin.

Art韈ulo 27 Mediaci髇 para el alquiler asequible

1. Con objeto de garantizar un alquiler asequible, la Generalitat fomentar� las actuaciones de mediaci髇 entre las personas f韘icas o jur韉icas y los inquilinos, con la finalidad de proporcionar confianza, garant韆s y buen uso de la vivienda a precios de alquiler por debajo de los precios del mercado. Se podr醤 establecer medidas adicionales de fomento en las condiciones que se determinen.

2. Los solicitantes de viviendas obtenidas por mediaci髇, deber醤 estar inscritos en el Registro de demandantes de vivienda de protecci髇.

3. Para la adjudicaci髇 de viviendas por mediaci髇 se tendr� en cuenta la relaci髇 entre el precio de la vivienda y los ingresos de los demandantes, la superficie de esta y las especiales necesidades sociales derivadas, en su caso, de la composici髇 de la unidad de convivencia.

Art韈ulo 28 Igualdad y no discriminaci髇 en el acceso a la vivienda

1. Todas las personas deben poder acceder a una vivienda y ocuparla, siempre que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en cada relaci髇 jur韉ica, sin sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso de ning鷑 tipo. Particularmente, se considerar醤 discriminaciones indirectas el establecimiento de condiciones de pago o garant韆 ins髄itas o poco habituales y que provoquen de hecho la imposibilidad de acceder a la vivienda de colectivos particularmente vulnerables.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones p鷅licas deben adoptar las medidas pertinentes, aplicables a todas las personas y a todos los agentes, tanto del sector p鷅lico como del sector privado.

3. Son objeto espec韋ico de la acci髇 protectora a que se refiere el apartado 2 las siguientes situaciones y actuaciones:

• a) La discriminaci髇 directa, que se produce cuando una persona recibe, en alg鷑 aspecto relacionado con la vivienda, un trato diferente del recibido por otra persona en una situaci髇 an醠oga, siempre que la diferencia de trato no tenga una finalidad leg韙ima que la justifique objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
• b) La discriminaci髇 indirecta, que se produce cuando una disposici髇 normativa, un plan, una cl醬sula convencional o contractual, un pacto individual, una decisi髇 unilateral, un criterio o una pr醕tica aparentemente neutros ocasionan una desventaja particular a una persona respecto a otras en el ejercicio del derecho a la vivienda. No existe discriminaci髇 indirecta si la actuaci髇 tiene una finalidad leg韙ima que la justifica objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar esta finalidad son adecuados y necesarios.
• c) Se entiende por acoso inmobiliario toda acci髇 u omisi髇 en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pac韋ico de la misma, incluso gener醤dole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intenci髇 de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisi髇 no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda.LE0000748371_20230228 Letra c) del n鷐ero 3 del art韈ulo 28 redactada por el apartado dos de la disposici髇 adicional primera del D. Ley 3/2023, de 17 de febrer, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos en el 醡bito inmobiliario (獶.O.C.V.� 27 febrero).Vigencia: 28 febrero 2023
• d) La utilizaci髇 de una infravivienda como residencia, la sobreocupaci髇 y cualquier forma de alojamiento ilegal.

Art韈ulo 29 Acci髇 protectora de las administraciones

1. Las medidas protectoras que deben adoptar las administraciones p鷅licas pueden consistir en la adopci髇 de acciones positivas en favor de colectivos y personas vulnerables, la prohibici髇 de conductas discriminatorias y la exigencia de la eliminaci髇 de obst醕ulos y restricciones al ejercicio del derecho a la vivienda y de ajustes razonables para garantizar el derecho a la vivienda.

2. A los efectos de lo previsto en esta ley, se entiende por ajustes razonables las medidas dirigidas a atender las necesidades singulares de determinadas personas para facilitarles, sin imponer una carga desproporcionada, la inclusi髇 social y el disfrute del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones con las dem醩 personas.

3. Para establecer si una carga es proporcionada o no lo es, las administraciones p鷅licas deben tener en cuenta el coste de las medidas, los efectos discriminatorios que suponga no adoptarlas, las caracter韘ticas de la persona f韘ica o jur韉ica, entidad u organizaci髇 que debe ponerlas en pr醕tica y la posibilidad de obtener financiaci髇 oficial o cualquier otra ayuda.

4. Las administraciones p鷅licas competentes pueden establecer un r間imen de ayudas p鷅licas para contribuir a financiar los gastos derivados de la obligaci髇 de aplicar los ajustes razonables a que se refiere el presente art韈ulo.

Art韈ulo 30 Valoraci髇 de la prueba

En los procedimientos de denuncia de discriminaci髇 en el ejercicio del derecho a la vivienda en que la parte denunciante o demandante alega hechos y aporta indicios que permiten presumir la existencia de discriminaci髇, el 髍gano competente, despu閟 de apreciarlos, teniendo en cuenta la disponibilidad y la facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes y el principio de igualdad de las partes, debe exigir a la parte denunciada o demandada que aporte una justificaci髇 objetiva y razonable que pruebe suficientemente que en su actuaci髇 o como consecuencia de su inactividad no se ha infringido el derecho a la igualdad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 31 Legitimaci髇

A fin de hacer efectivos los derechos establecidos por el presente t韙ulo, sin perjuicio de la legitimaci髇 individual de las personas afectadas, las personas jur韉icas habilitadas legalmente para defender los derechos e intereses leg韙imos colectivos pueden actuar en nombre y en inter閟 de las personas que se lo autoricen en un proceso determinado.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 32 Disposiciones generales

1. Son infracciones administrativas por incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.

2. Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en graves y muy graves, atendiendo a la naturaleza de la infracci髇 y al bien jur韉ico afectado por su comisi髇.

Art韈ulo 33 Infracciones

1. Constituyen infracciones administrativas por incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda, sin perjuicio de las tipificadas en la legislaci髇 valenciana en materia de vivienda, las contempladas en los apartados siguientes de la presente ley.

2. Tendr醤 la consideraci髇 de infracciones graves:

• a) La falsa identificaci髇 de una vivienda deshabitada como domicilio, al objeto de impedir la declaraci髇 de vivienda deshabitada.
• b) El incumplimiento de las medidas de fomento adoptadas en el procedimiento de declaraci髇 de vivienda deshabitada
• c) El incumplimiento de los acuerdos aceptados en los procedimientos de declaraci髇 de vivienda deshabitada, como consecuencia de las actuaciones de mediaci髇 e intermediaci髇.
• d) El transcurso de plazo de seis meses fijado para la efectiva habitaci髇 de la vivienda deshabitada, sin perjuicio de la imposici髇 de multas coercitivas, en los t閞minos establecidos en la presente ley.LE0000715687_20230101 Letra d) del n鷐ero 2 del art韈ulo 33 redactada por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• e) El incumplimiento de los plazos de duraci髇 m韓ima de la ocupaci髇 de la vivienda fijados en los procedimientos de declaraci髇 de vivienda deshabitada, salvo que medie acuerdo de los interesados, que habr� de ser comunicado a la Direcci髇 General competente en materia de vivienda.
• f) No comunicar semestralmente por parte de los grandes tenedores la situaci髇 de sus viviendas deshabitadas.
• g) La cesi髇 de una vivienda que haya accedido al registro de viviendas deshabitadas a trav閟 de los convenios de colaboraci髇 a que se refiere la presente ley sin que estas est閚 en las condiciones adecuadas de habitabilidad y careciendo de las debidas condiciones de salubridad, seguridad, eficiencia energ閠ica, ornato p鷅lico y decoro que requiere la funci髇 social de la propiedad.
• h) La falta de colaboraci髇 y la falta de suministro de la informaci髇 en el plazo establecido por la ley.LE0000715687_20230101 Letra h) del n鷐ero 2 del art韈ulo 33 introducida por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• i) La falta de asistencia a la firma de la escritura p鷅lica de transmisi髇 a favor de la conselleria competente en materia de vivienda, en los supuestos de ejercicio por parte de esta de los derechos de tanteo o de retracto.LE0000715687_20230101 Letra i) del n鷐ero 2 del art韈ulo 33 introducida por el art韈ulo 79 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera y de organizaci髇 de la Generalitat 2022 (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• j) Incumplimiento de alguna de las funciones y compromisos establecidos, para el agente de intermediaci髇 inmobiliaria colaborador o colaboradora, en la denominada red Xarxa Lloga'm, en el art韈ulo 78 del Decreto 130/2021 o norma que la sustituya.LE0000744913_20230101 Letra j) del n鷐ero 2 del art韈ulo 33 introducida por el art韈ulo 83 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

3. Tendr醤 la consideraci髇 de infracciones muy graves:

• a) El incumplimiento por parte de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gesti髇 de activos, incluidos los procedentes de la reestructuraci髇 bancaria, del deber de comunicar la adquisici髇 por cualquier t韙ulo de viviendas protegidas que integren su balance.
• b) El mantenimiento sin ocupantes legales por un plazo superior a tres a駉s o la negativa a suscribir el contrato de alquiler con opci髇 a compra regulado en el art韈ulo 12 de esta ley, de aquellas viviendas habituales o de primera residencia que hayan sido objeto de procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate la entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos, a contar desde el d韆 en que se produjera la adjudicaci髇 en remate.
• c) La falsedad en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resoluci髇 administrativa con reconocimiento de derechos econ髆icos, de protecci髇 o de habitabilidad, aportados con el fin de obtener un acto favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecuci髇 u otro acto no favorable a las personas interesadas o bien para la obtenci髇 de medidas de fomento de las contempladas en la presente ley.
• d) Llevar a cabo acciones u omisiones que comporten acoso o discriminaci髇 seg鷑 lo establecido en esta ley.
• e) El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de las obligaciones legales de informar a los consumidores en cualquier aviso o comunicaci髇 que haga referencia a la falta de pago del servicio de los derechos relativos a la pobreza energ閠ica establecidos por la presente ley.
• f) No solicitar previamente por parte de la empresa suministradora que tenga que realizar un corte de suministro, el informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad de convivencia se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusi髇 residencial.
• g) No garantizar por parte de la empresa suministradora los suministros b醩icos de acuerdo con lo establecido por esta ley y no cumplir las obligaciones de servicio p鷅lico que se hayan establecido al respecto.
• h) Incumplimiento de la obligaci髇 de inscripci髇 en el Registro de agentes de intermediaci髇 inmobiliaria.LE0000744913_20230101 Letra h) del n鷐ero 3 del art韈ulo 33 introducida por el art韈ulo 83 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• i) Incumplimiento por parte del gran tenedor, de la obligaci髇 de comunicar que se ha producido la efectiva habitaci髇 dentro del plazo de 6 meses, a partir de la resoluci髇 de declaraci髇 de vivienda deshabitada, en aquellos casos en los cuales no se han aceptado las medidas de fomento.LE0000744913_20230101 Letra i) del n鷐ero 3 del art韈ulo 33 introducida por el art韈ulo 83 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los a los 髍ganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constituci髇, lo que produce la suspensi髇 de la vigencia y aplicaci髇 de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici髇 del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicaci髇 del correspondiente edicto en el 獴olet韓 Oficial del Estado� para los terceros (獴.O.E.� 4 diciembre).Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensi髇 de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acci髇 p鷅lica frente a los 髍ganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relaci髇 exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensi髇 de los arts. 12 y 13 (獴.O.E.� 28 marzo).LE0000609265_20171204Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana) LE0000617818_20180328Recurso de inconstitucionalidad n.� 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la funci髇 social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)

Art韈ulo 34 Sanciones

1. Las infracciones tipificadas en el art韈ulo anterior como graves ser醤 sancionadas con multa de 10.000,00 hasta 350.000,00 euros.

2. Las infracciones tipificadas en el art韈ulo anterior como muy graves ser醤 sancionadas con multa de 350.001,00 hasta 950.000,00 euros.

3. Los ingresos procedentes de las sanciones tendr醤 car醕ter finalista y, por tanto, ser醤 destinados a actuaciones en materia de vivienda

LE0000709262_20220723 Art韈ulo 34 redactado por la disposici髇 adicional s閜tima del D 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobaci髇 del reglamento para la movilizaci髇 de viviendas vac韆s y deshabitadas (獶.O.C.V.� 11 octubre).Vigencia: 31 octubre 2021

Art韈ulo 35 Medidas complementarias

La imposici髇 de la sanci髇 por infracci髇 grave o muy grave podr� acompa馻rse las medidas complementarias establecidas en la legislaci髇 valenciana en materia de vivienda y, en cualquier caso, las siguientes medidas complementarias para obligar a reponer la legalidad incumplida:

• 1. Cuando, por la conducta contraria a la legalidad, se prive del derecho al uso y goce de una vivienda a personas en situaci髇 de emergencia habitacional, en la resoluci髇 se deber� imponer al infractor la inmediata puesta a disposici髇 o, en su caso, la reposici髇 de la persona afectada en el uso de su vivienda.
• 2. Si, como consecuencia de los incumplimientos legales e infracciones de las empresas suministradoras, se produjera un corte de suministro contrario a las disposiciones de esta ley, la administraci髇, al inicio del procedimiento sancionador, obligar� a dichas empresas a la reposici髇 inmediata, y a su cargo, del suministro interrumpido.
• 3. Cuando la infracci髇 consistiera en una situaci髇 de hecho que pudiera prorrogarse por voluntad del infractor, la resoluci髇 del expediente sancionador acordar� el cese de la misma, concediendo al infractor un plazo no superior a 15 d韆s.

Art韈ulo 36 Responsabilidad

1. Ser醤 sancionadas por la comisi髇 de las infracciones previstas en la presente ley las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, que resulten responsables de estas, por acci髇 u omisi髇. Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de la infracci髇 corresponda a una persona jur韉ica podr醤 considerarse responsables, adem醩, las personas f韘icas integrantes de sus 髍ganos de direcci髇 que hubiesen autorizado o consentido la comisi髇 de la infracci髇. Dichas personas f韘icas ser醤 consideradas responsables, en todo caso, si la persona jur韉ica se extinguiera antes de dictarse la resoluci髇 sancionadora.

2. En caso de infracciones continuadas, y a efectos de modular la sanci髇, se tendr醤 en cuenta la cantidad de viviendas afectadas y la duraci髇 de la infracci髇.

Art韈ulo 37 Prescripci髇

Los plazos de prescripci髇 de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley ser醤 los fijados en la legislaci髇 valenciana en materia de vivienda, de acuerdo con correspondiente graduaci髇.

Primera Acceso a la informaci髇 p鷅lica y protecci髇 de datos de car醕ter personal

El acceso a la informaci髇 p鷅lica contenida en los registros a que se refiere la presente ley se ejercer� de acuerdo con la legislaci髇 en materia de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, y con sujeci髇 a las limitaciones establecidas para la protecci髇 de datos de car醕ter personal. Los datos de car醕ter personal ser醤 tratados con el grado de protecci髇 adecuado y el acceso a la informaci髇 p鷅lica requerir� la previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal.

Segunda Deber de comunicaci髇 de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gesti髇 de activos relativa a viviendas protegidas

En el plazo de quince d韆s desde la entrada en vigor de la presente ley, y con respeto a la legislaci髇 en materia de protecci髇 de datos personales, las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gesti髇 de activos, incluidos los procedentes de la reestructuraci髇 bancaria, vendr醤 obligadas a comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda, para su inscripci髇 en el correspondiente registro, el inventario de las viviendas protegidas radicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana que integren su balance, con indicaci髇 de su ubicaci髇, precio y fecha de adquisici髇 as� como su situaci髇 administrativa.

Tercera Creaci髇 del Observatorio del H醔itat y la Segregaci髇 Urbana

1. Con la finalidad de conocer la situaci髇 en t閞minos cuantitativos y cualitativos de la vivienda en general y de la vivienda p鷅lica en particular, la distribuci髇 territorial y la inserci髇 en los respectivos tejidos urbanos, as� como para medir, de acuerdo con los indicadores que se establezcan por reglamento, la segregaci髇 urbana existente y la adaptaci髇 de la situaci髇 de acceso a la vivienda al modelo econ髆ico determinado por las pol韙icas p鷅licas valencianas, el Consell crear� el Observatorio del H醔itat y la Segregaci髇 Urbana, dependiente de la conselleria competente en materia de vivienda. Este observatorio debe llevar a cabo las tareas que se establezcan por reglamento, y debe servir de plataforma para planificar, estudiar y analizar el entorno y la realidad social y econ髆ica valenciana en el sector de la vivienda y colaborar as� en las tareas que cumpla cualquier otro organismo p鷅lico.

2. El Observatorio del H醔itat y la Segregaci髇 Urbana tendr� como misi髇 todas aquellas funciones de evaluaci髇 de los efectos de las medidas introducidas en esta ley con el fin de permitir un control de su aplicaci髇 y proponer correcciones o mejoras. Asimismo, velar� por el estado y suficiencia del parque p鷅lico de viviendas, tanto auton髆ico como municipal, proponiendo las medidas que deban adoptarse para garantizar la suficiencia del mismo y su correcta inserci髇 evitando la segregaci髇.

3. Pueden formar parte del Observatorio del H醔itat y la Segregaci髇 Urbana la Federaci髇 Valenciana de Municipios y Provincias, todas las organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del 醡bito de la vivienda que estatutariamente tengan reconocido un papel activo en este 醡bito y que manifiesten inter閟 en colaborar en las tareas que se establezcan.

4. El Observatorio del H醔itat y la Segregaci髇 Urbana colaborar� con los diferentes consejos municipales por el derecho a la vivienda y 髍ganos equivalentes creados por los municipios, e integrar� a representantes de los mismos en sus trabajos colaborando con sus labores de seguimiento y apoyo de las actuaciones municipales.

5. Debe crearse el observatorio dentro del plazo de un a駉 desde la fecha de publicaci髇 de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cuarta Medidas excepcionales para el control de las rentas de alquiler

Excepcionalmente, y en situaciones contrastadas de incremento de las rentas de los alquileres de inmuebles destinados a vivienda que produzcan que el mercado (por razones de saturaci髇 o imposibilidad de liberaci髇 de bienes) no act鷈 eficazmente como mecanismo de reequilibrio estructural incrementando la oferta para equilibrar los precios, el Consell podr� proponer al Estado el establecimiento de un sistema que limite el precio m醲imo de alquileres en estas zonas como medida de zonificaci髇 aprobable en el planeamiento. La delimitaci髇 de las mismas se har�, justificadamente, a partir de criterios de planificaci髇 por parte de los municipios implicados, tras la declaraci髇 de esta posibilidad atendiendo a las razones econ髆icas antedichas por el Consell.

Quinta Mecanismos de coordinaci髇 con otras administraciones y el sector el閏trico

El Consell deber� ejercer los mecanismos de coordinaci髇 con otras administraciones y el sector el閏trico para impulsar la implantaci髇 de una tarifa social de coste m韓imo con suministros suficientes para las unidades de convivencia en riesgo de exclusi髇 social/residencial, y mientras dure la situaci髇. El objetivo ser韆 que las unidades de convivencia paguen un m醲imo de un 10 % por el total de los suministros b醩icos.

Sexta Agentes de intermediaci髇 inmobiliaria y su registro

1. A los efectos de la presente ley y de las actividades de promoci髇 y mediaci髇 que regula, los agentes de intermediaci髇 inmobiliaria son personas f韘icas, entidades sin personalidad jur韉ica o personas jur韉icas que se dedican de forma regular y remunerada, dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, a prestar servicios de mediaci髇, asesoramiento y gesti髇 en operaciones inmobiliarias en relaci髇 con operaciones de compraventa, alquiler, permuta o cesi髇 de bienes inmuebles y los derechos correspondientes, incluida la constituci髇 de estos derechos.

2. Pueden actuar como agentes de intermediaci髇 inmobiliaria:

• a) Agentes que cumplan los requisitos de cualificaci髇 profesional establecidos por su normativa espec韋ica y la legislaci髇 sectorial vigente.
• b) Todas las personas f韘icas, entidades sin personalidad jur韉ica o personas jur韉icas que cuenten con la formaci髇 profesional requerida y cumplan con las condiciones legales y reglamentarias que se les exijan.

3. Los agentes de intermediaci髇 inmobiliaria, para ejercer, deber醤:

• a) Disponer de un establecimiento abierto al p鷅lico a tal efecto, salvo que la comercializaci髇 de servicios inmobiliarios se realice de forma remota por v韆 electr髇ica o telem醫ica, en cuyo caso es necesario acreditar una direcci髇 f韘ica del agente responsable.

  Se presume que tiene la consideraci髇 de establecimiento abierto al p鷅lico el domicilio fiscal, los locales comerciales y las oficinas y despachos, siempre que cumplan con los requisitos que se determinen reglamentariamente para su apertura.

  Se entender� que dispone de establecimiento abierto al p鷅lico, siempre que, como m韓imo, se ofrezca una direcci髇 f韘ica ubicada en la Comunitat Valenciana donde se puedan remitir las consultas o reclamaciones en relaci髇 con su actividad.

• b) Estar en posesi髇 de la formaci髇 profesional regulada en los t閞minos del apartado anterior 2.篴.
• c) Constituir y mantener una garant韆, con validez permanente, que les permita responder de las cantidades que reciban en el ejercicio de su actividad mediadora mientras no las ponen a disposici髇 de los destinatarios. Para determinar el importe de la garant韆, es necesario tener en cuenta el n鷐ero de establecimientos qu� cada agente mantiene abiertos al p鷅lico. Por reglamento, se pueden establecer las modalidades que se pueden adoptar y los criterios para establecer el riesgo que debe cubrir esta garant韆. En el caso de agentes colegiados o asociados, la garant韆 podr� constituirse a trav閟 del colegio profesional al que pertenezcan.
• d) Constituir y mantener una p髄iza de responsabilidad civil, con vigencia permanente, que les permita dar respuesta al ejercicio de la actividad mediadora. El capital a asegurar por la p髄iza debe determinarse reglamentariamente, teniendo en cuenta el n鷐ero de establecimientos que cada agente mantiene abiertos al p鷅lico. La p髄iza de seguro podr� ser individual o, en el caso de agentes colegiados o asociados, la p髄iza de grupo que la escuela o colegio profesional al que pertenezcan haya concertado.

4. El Consell con el fin de promover la transparencia en el sector de la vivienda y garantizar la protecci髇 de propietarios e inquilinos crear� un registro obligatorio de agentes de intermediaci髇 inmobiliaria adscrito a la conselleria competente en materia de vivienda. Las caracter韘ticas y desarrollo de este registro, el registro de agentes, los t閞minos y el procedimiento se regular醤 por reglamento aprobado por decreto del Consell.

Para inscribirse, los agentes, mediante declaraci髇 responsable, har醤 constar que su actividad cumple con los requisitos y cualificaciones establecidos por esta ley y los establecidos por la normativa, sin perjuicio de que lo acrediten aportando la documentaci髇 procedente junto a la declaraci髇 responsable y cuando as� sea requeridos por la administraci髇.

La regulaci髇 del registro de agentes de intermediaci髇 inmobiliarios deber� especificar las condiciones y procedimiento para la verificaci髇 de las entradas, la renovaci髇 y resoluci髇 de 閟tas y el resto de aspectos de funcionamiento. Los titulares del registro deber醤 crear un distintivo con un formato y caracter韘ticas concretas que deber醤 colocarse en un lugar visible para el p鷅lico en cada uno de los locales de los agentes inscritos, as� como en la funci髇 comercial y en la publicidad de los agentes.

El n鷐ero de registro de los agentes debe estar incluido en el registro correspondiente.

Los profesionales en ejercicio pueden compartir la credencial de inscripci髇 con la credencial colegial y el n鷐ero de socio.

LE0000744913_20230101 Disposici髇 adicional sexta redactada por el art韈ulo 84 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Disposici髇 adicional (sic)

Los registradores de la propiedad notificar醤 a la conselleria competente en materia de vivienda de la expedici髇 de las certificaciones de dominio y cargas a que se refieren los art韈ulos 656 y 688 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, que expidan sobre viviendas, haciendo constar en la inscripci髇 y en la nota de despacho la pr醕tica de dicha notificaci髇.

Dicha notificaci髇 informar� sobre el n鷐ero y tipo de procedimiento, juzgado ante el que se sustancia, e identificaci髇 de la finca o fincas afectadas por el mismo, as� como de la identificaci髇 del ejecutado.

LE0000744913_20230101 Disposici髇 adicional (sic) introducida por el art韈ulo 85 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti髇 administrativa y financiera, y de organizaci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Primera Facultades del Consell para la realizaci髇 de un texto refundido

Se faculta al Consell para que, en el plazo de un a駉, refunda los contenidos de esta ley con la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la vivienda de la Comunidad Valenciana y resto de disposiciones normativas con rango de ley en materia de vivienda que puedan estar actualmente en vigor, as� como que proceda a regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Segunda Habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario

El Consell dictar� cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecuci髇 y desarrollo de lo establecido en esta ley.

El contenido de los anexos de la ley, las cuant韆s de las sanciones y las referencias al indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples, que pasan a tener rango reglamentario, podr醤 ser modificados, revisados y actualizados mediante decreto del Consell.

V閍se el D 98/2022, de 29 de julio, del Consell, por el que se regula el Registro de Agentes de Intermediaci髇 Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana y los requisitos para la inscripci髇 (獶.O.C.V.� 16 agosto).LE0000736141_20221016

V閍se el D 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicaci髇 de viviendas (獶.O.C.V.� 14 septiembre).LE0000707179_20230228

Tercera Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor a los veinte d韆s naturales de su publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.