Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 40.1 del Estatuto de Autonom韆, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica y del territorio poseen una gran relevancia para la implantaci髇 de actividades que tengan como soporte el suelo. Por una parte, porque son estos instrumentos los que establecen el r間imen de los usos que pueden o no establecerse en el territorio y, por otra parte, porque son la base sobre la que se desarrollan los complejos procedimientos de las autorizaciones auton髆icas y municipales, que hacen efectiva la implantaci髇 de usos y actividades.

Por tanto, la redacci髇 de estos instrumentos posee un gran alcance estrat間ico, puesto que generan expectativas de desarrollo y ordenan f韘icamente las din醡icas econ髆icas existentes.

Este horizonte de posibilidades se ve dificultado por los plazos y las vicisitudes de tramitaci髇, que provocan inseguridad jur韉ica, incertidumbres y elevados costes administrativos y financieros, truncando el escenario de posibilidades desplegado durante el proceso de redacci髇 de los instrumentos de planeamiento.

La incidencia de la legislaci髇 sectorial en el planeamiento urban韘tico y territorial es fundamental, tanto en los plazos como en lo sustancial, m醲ime cuando venimos asistiendo al desarrollo exponencial de la compleja trama de intervenci髇 administrativa, en constante crecimiento, donde cada vez m醩 agentes y organismos reclaman ser actores en los procesos de ordenaci髇 urban韘tica y territorial.

Por otra parte, es conocida la dificultad de todo municipio, especialmente el peque駉 municipio rural, para disponer de los medios y recursos necesarios con que desenvolverse en estos procedimientos, que requieren no solo una agilidad instructora, sino un apoyo t閏nico y jur韉ico cualificado.

Asimismo, se est� viendo desvirtuada la ordenaci髇 estrat間ica global y transversal propia de los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica, tensionada por los diversos requerimientos sectoriales, auspiciados por visiones parciales y sesgadas del territorio.

Por todo ello, resulta necesario reconsiderar el alcance, la incidencia y los mecanismos de intervenci髇 de la normativa sectorial en los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica, buscando alcanzar un marco jur韉ico equilibrado y proporcionado al objeto.

II

Se hace, por tanto, imprescindible acometer actuaciones de simplificaci髇, coordinaci髇 y cooperaci髇 administrativas que acierten a aligerar las cargas procedimentales que se han puesto de manifiesto con sus perniciosas consecuencias, replanteando el modelo de interacci髇 administrativa para atenuar la conflictividad del existente.

El objetivo de la presente ley es coordinar tanto intereses como competencias desde una lectura e interpretaci髇 integradoras y consensuadas de los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica y territorial. En este sentido, se pretende habilitar los medios para resolver las discrepancias existentes entre las administraciones p鷅licas: las que defienden intereses parciales con competencias supramunicipales, las que defienden estrategias globales desde competencias locales y las que defienden intereses generales desde competencias supramunicipales.

Por otra parte, se pretende crear un marco temporal cierto en el que pueda desarrollarse la t閏nica del di醠ogo administrativo. Un marco ordenado y unificado de plazos que permita realizar previsiones temporales y acotar expectativas, iniciativas e inversiones. De igual modo, se pretende crear una mesa de di醠ogo, integrada exclusivamente por los organismos con competencia para intervenir de alguna forma en el territorio; un foro en el que se a鷑en esfuerzos para avanzar conjuntamente en una direcci髇 鷑ica, basada en el mutuo conocimiento de materias, intereses, competencias y t閏nicas de intervenci髇.

Estos objetivos t閏nico-administrativos imprescindibles est醤 guiados por un fin socioecon髆ico general: facilitar el desarrollo de actividades econ髆icas en un encuadre de seguridad jur韉ica tanto para los entes p鷅licos como privados, en el que prevalezca el inter閟 general sin menoscabar la iniciativa particular.

III

La presente norma despliega, en consecuencia, las herramientas de intervenci髇 administrativa siguientes:

• 1. Un marco normativo que permita armonizar el alcance multisectorial de estos procedimientos, de manera que se pueda conseguir la emisi髇 de informes de forma coordinada, desde una visi髇 intersectorial.
• 2. Un 髍gano intersectorial, de coordinaci髇 y simplificaci髇 urban韘tica y territorial, y con capacidad decisoria, en el que de forma conjunta puedan estudiarse y analizarse, desde las perspectivas de las distintas problem醫icas y competencias sectoriales, las observaciones o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integraci髇 coherente en el planeamiento correspondiente, as� como para agilizar la tramitaci髇 administrativa de este.
• 3. Un marco jur韉ico sectorial reordenado en su dimensi髇 temporal, y en el sentido de los informes sectoriales, para crear un plazo 鷑ico e integrado, de tres meses, en el que se produzcan el debate, la reflexi髇 y las manifestaciones sectoriales, y para dotar de seguridad jur韉ica y mayores certezas la tramitaci髇 de los instrumentos urban韘ticos y territoriales.

IV

La presente ley se estructura en dos t韙ulos, una disposici髇 adicional, una transitoria, una derogatoria y dos finales. En el t韙ulo I se recogen las disposiciones generales relativas al objeto y 醡bito de aplicaci髇 y en el t韙ulo II se modifican la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci髇 Territorial de Extremadura, la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura, la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Hist髍ico y Cultural de Extremadura, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protecci髇 Ambiental de la Comunidad Aut髇oma Extremadura.

En el t韙ulo I se establecen el objeto, el alcance y el 醡bito de aplicaci髇 del procedimiento de tramitaci髇 coordinada. Con car醕ter general, este procedimiento est� dirigido a la tramitaci髇 de los planes generales municipales, sus revisiones y modificaciones de ordenaci髇 estructural, y a la elaboraci髇, modificaci髇 y revisi髇 de los planes territoriales.

Por otra parte, se deja abierta la posibilidad de que se incorporen, al tr醡ite de coordinaci髇 sectorial, otros procedimientos administrativos que se determinen reglamentariamente.

La tramitaci髇 coordinada se establece como procedimiento general para los instrumentos de aplicaci髇, si bien tiene un car醕ter potestativo, no obligatorio, de forma que los organismos promotores que no est閚 interesados en recurrir a este medio podr醤 renunciar a la tramitaci髇 coordinada.

En el art韈ulo tercero se crea la Comisi髇 de Coordinaci髇 Sectorial y se establecen las l韓eas b醩icas del procedimiento de coordinaci髇 intersectorial para su posterior desarrollo reglamentario.

En el art韈ulo cuarto se hace referencia al procedimiento de coordinaci髇 sectorial para la aprobaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica.

Se prev� la obtenci髇 de informes de las distintas administraciones representativas de intereses que pudieran verse afectados por los mismos. En la ya larga experiencia de tramitaci髇 de los mismos se ha detectado en no pocas ocasiones que las condiciones exigidas por alg鷑 髍gano administrativo para la emisi髇 de informes favorables pueden constituir un obst醕ulo para obtener el informe de otro. Por ello, la Comisi髇 de Coordinaci髇 Intersectorial se implanta para centralizar los flujos de informaci髇 entre los distintos organismos sectoriales y el 髍gano promotor de la iniciativa. Asimismo, posee car醕ter decisorio para adoptar determinaciones que superen situaciones de discrepancia o bloqueo de los procedimientos.

Con ello se pretende dar cumplimiento a los principios de eficacia y coordinaci髇 que deben presidir la actividad de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura ( art韈ulo 46.1 de la Ley 1/2002, de 28 febrero, del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura).

En el t韙ulo II, se producen las modificaciones legislativas que permitan implantar este modelo.

a) Modificaciones en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci髇 Territorial de Extremadura:

Se acometen modificaciones de la ley para acomodar el procedimiento de tramitaci髇 de los planes generales municipales y los planes territoriales al procedimiento de coordinaci髇 sectorial, lo que afecta al art韈ulo 77 en su apartado 2.2.

Por otra parte, se da cumplimiento al Acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2015, de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 entre la Administraci髇 General del Estado y la Comunidad Aut髇oma de Extremadura en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificaci髇 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci髇 Territorial de Extremadura. En virtud del mismo, la comunidad aut髇oma se comprometi� a promover la modificaci髇 del art韈ulo 74.3.c y a la supresi髇 de la letra d) del art韈ulo 155.2 de la Ley 15/2001 en los t閞minos recogidos en el citado acuerdo y a los efectos previstos en el art韈ulo 33.2 de la Ley Org醤ica del Tribunal Constitucional (art韈ulo 3 de la ley).

La Junta de Extremadura, dentro de sus competencias, debe realizar pol韙icas activas para el desarrollo de todo tipo de actividades que puedan favorecer el fomento del empleo. Un m閠odo para potenciar la competitividad y el fomento del empleo consiste en la eliminaci髇 de trabas administrativas como las que existen, por vac韔 legal, para poner en valor y uso edificios existentes fuera de ordenaci髇, para que en ellos puedan realizarse actividades econ髆icas, lo que facilitar� la creaci髇 de establecimientos comerciales, industriales, artesanales y tur韘ticos. La doctrina cient韋ica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los supuestos de 玣uera de ordenaci髇�, han resuelto el conflicto existente entre el inter閟 p鷅lico y el privado aplicando el 玴rincipio de proporcionalidad�. De este modo, las Sentencias del Tribunal Superior de 3 de mayo de 1990, 7 de junio de 1988 y 20 de diciembre de 1988 establecen que los propietarios de estos edificios fuera de ordenaci髇 deben estar legitimados al desarrollo de los usos y actividades correspondientes, ahora bien, con la salvedad, en aras del inter閟 p鷅lico, de que el uso autorizado no sea totalmente incompatible con el planeamiento, y que cuando haya de eliminarse se proceda a hacerlo sin indemnizaci髇.

b) Modificaci髇 de otras normativas auton髆icas.

En el r間imen espec韋ico de los planes generales municipales, para coordinar la emisi髇 de informes de los distintos 髍ganos ha sido necesario unificar tanto el sentido del informe por silencio administrativo como el plazo previsto en las distintas normativas para la emisi髇 del informe sectorial, que se fija en tres meses, permitiendo a su vez la ulterior emisi髇 de la declaraci髇 ambiental estrat間ica. Al tratarse de plazos recogidos en diversas leyes, esto exige su modificaci髇 por una norma con rango jur韉icoformal de ley. As�, se modifican la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura ( art韈ulo 4), la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Hist髍ico y Cultural de Extremadura ( art韈ulo 5), la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura ( art韈ulo 6) y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protecci髇 Ambiental de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura (art韈ulo 7).

Esta ley incorpora como indispensable, en la disposici髇 adicional, que las administraciones p鷅licas afectadas utilicen en la mayor medida posible las t閏nicas electr髇icas, inform醫icas y telem醫icas, en especial para agilizar los procedimientos y para permitir un adecuado seguimiento de las actuaciones, incluyendo la posibilidad de comunicarse solo mediante medios electr髇icos y respetando en todo caso las limitaciones, garant韆s y requisitos se馻lados en la legislaci髇 sobre procedimiento administrativo.

Esta ley persigue evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicaci髇, la gesti髇 de los recursos p鷅licos, invocando los principios de eficacia, proporcionalidad y eficiencia.

En virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 9.1.31 del Estatuto de Autonom韆 (LO 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura), la Comunidad Aut髇oma de Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de urbanismo, en cuya ejecuci髇 se aprob� la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenaci髇 Territorial de Extremadura. Goza, asimismo, por el citado precepto, de competencia para la regulaci髇 de las especialidades del procedimiento administrativo, en el marco de lo previsto en el art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 espa駉la.

T蚑ULO I

DISPOSICIONES GENERALES

T蚑ULO II

ARMONIZACI覰 NORMATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS URBAN蚐TICOS Y DE ORDENACI覰 DEL TERRITORIO

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicaci髇 esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.