Ley 6/2021, de 5 de noviembre, de extinci髇 de c醡aras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha y por la que se establece el r間imen jur韉ico para realizar transmisiones de patrimonio procedentes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario

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Sumario

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Las c醡aras agrarias se han configurado hist髍icamente, y casi desde su inicio, como entidades creadas por el poder p鷅lico para la consecuci髇 de fines de inter閟 general, asumiendo, en fase temprana de su historia, el car醕ter de corporaciones de derecho p鷅lico que mantendr醤 hasta la actualidad, si bien en su origen se regularon como asociaciones de car醕ter voluntario, constituidas al amparo de la libertad de asociaci髇 que reconoc韆 la Constituci髇 de 1876, y la Ley de 30 junio de 1887, con el objeto de 玠efender y fomentar los intereses de la agricultura, de la propiedad r鷖tica, de los cultivos y de las industrias rurales, cualesquiera que sean los procedimientos o m閠odos que dentro de la ley hayan adoptado o adopten para la realizaci髇 de estos fines� como se indica en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia 132/1989, de 18 de julio, del Tribunal Constitucional.

Su supervivencia, pese a la p閞dida evidente de funciones, se justificaba en la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del r間imen jur韉ico de las C醡aras Agrarias, cuyo art韈ulo 6 exig韆 expresamente que en cada provincia existiera una c醡ara agraria con ese 醡bito territorial, a pesar de que esta norma en su art韈ulo 5 prohib韆 que las c醡aras agrarias asumiesen funciones de representaci髇, reivindicaci髇 y negociaci髇 en defensa de intereses profesionales y socioecon髆icos de los agricultores y ganaderos, cuestiones que corresponden a las organizaciones profesionales constituidas libremente.

No obstante, mediante la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, se establecen las bases del r間imen jur韉ico de las C醡aras Agrarias, desapareciendo de nuestro ordenamiento jur韉ico la exigencia de que en cada provincia espa駉la exista una c醡ara agraria provincial, facultando a las comunidades aut髇omas que hayan asumido competencias en la materia a suprimir, si lo consideran pertinente, las c醡aras agrarias existentes en su territorio. Extremo 閟te que han llevado a cabo ya varias comunidades aut髇omas del Estado.

En Castilla-La Mancha, por la Ley 1/1996, de 27 de junio, de C醡aras Agrarias de Castilla-La Mancha, quedaron extinguidas todas las c醡aras agrarias, de 醡bito inferior al provincial, existentes en el territorio, facult醤dose al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para regular el funcionamiento provisional de las c醡aras agrarias provinciales existentes a la entrada en vigor de la ley en el per韔do comprendido entre dicha entrada en vigor y la constituci髇 de los plenos de las nuevas c醡aras. Se dispuso, asimismo, que, durante este per韔do, las c醡aras agrarias provinciales, en funcionamiento provisional, no podr醤 realizar disposiciones patrimoniales.

A tal efecto se aprob� el Decreto 124/1996, de 30 de septiembre, sobre tutela administrativa y econ髆ica de las c醡aras agrarias de Castilla-La Mancha y su funcionamiento provisional hasta la constituci髇 de los nuevos plenos electos.

La constituci髇 de los plenos de las nuevas c醡aras no se ha llegado a producir, por lo que las c醡aras provinciales siguen en funcionamiento provisional, lo que junto con otros dos motivos fundamentales hacen necesaria la elaboraci髇 de esta ley de extinci髇 de las c醡aras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha. El primero, que las funciones de representaci髇, reivindicaci髇 o negociaci髇 en defensa de los intereses profesionales y socioecon髆icos de agricultores y ganaderos les est醤 vedadas a las c醡aras agrarias, lo que las priva de gran parte de su posible eficacia institucional, siendo el segundo de los motivos, los cambios operados en el derecho agrario espa駉l con la aparici髇 de nuevas formas de colaboraci髇 y participaci髇 de los productores en la toma de decisiones p鷅licas, todo lo cual ha convertido a las c醡aras agrarias provinciales en un instituto jur韉ico en desuso para el sector agrario de nuestra econom韆.

Es, por tanto, uno de los objetos de esta ley declarar extinguidas las c醡aras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha, regular el procedimiento de liquidaci髇 de su patrimonio y el destino del mismo, integr醤dose en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y adscribi閚dose a la consejer韆 que ostente competencias en materia agraria para su aplicaci髇 a fines y servicios de inter閟 general agrario del 醡bito territorial de Castilla-La Mancha, incluyendo entre tales beneficios los de desarrollo rural, en cumplimiento de la disposici髇 adicional 鷑ica de la citada Ley 18/2005, de 30 de septiembre, que establece que el patrimonio de las extintas c醡aras agrarias se ha de destinar a fines y servicios de inter閟 general agrario.

El inter閟 general agrario es un concepto jur韉ico indeterminado, que ha sido definido por los tribunales de justicia en el sentido de identificarse con el conjunto de finalidades, necesidades y objetivos que persigue el colectivo de los agricultores y ganaderos de un territorio, contemplados desde la perspectiva de la consecuci髇 de unos valores justos que deben encontrar acomodo en la norma positiva, es decir, no pueden ser intereses individuales ni contrarios al derecho o a la moral ni de 韓dole ajena al sector agrario, y deben estar orientados al desarrollo estable y pr髎pero de las comunidades agrarias, raz髇 por la cual la presente ley dispone que el patrimonio de las extintas c醡aras agrarias provinciales se integre en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su aplicaci髇 a fines y servicios de inter閟 general agrario, entre los cuales, figura el del desarrollo rural, de fundamental importancia, ya que con este fin se persigue paliar el progresivo despoblamiento que desde hace d閏adas afecta a las zonas rurales.

Asimismo, se prev� que los bienes de las c醡aras extintas que provengan del patrimonio incautado a las organizaciones sindicales y pol韙icas, en aplicaci髇 de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas del periodo 1936-1939, podr醤 ser recuperados por sus primitivos due駉s siempre que pudieren probar la titularidad de tales bienes con anterioridad a las respectivas normas de incautaci髇.

Ha de destacarse que la norma no se agota con la culminaci髇 del proceso de liquidaci髇 ya que prev� la posibilidad de que con posterioridad a este proceso aparecieren bienes, derechos u obligaciones de los que hubieren sido titulares las corporaciones extintas, determinando que se aplicar� a los mismos el procedimiento de liquidaci髇 y adscripci髇 recogido en la presente ley.

II

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto durante la tramitaci髇 del anteproyecto de extinci髇 de las c醡aras agrarias provinciales la necesidad de introducir tambi閚 el r間imen jur韉ico para dejar sin efecto otras tutelas administrativas contempladas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero, que tienen su origen en la pol韙ica de colonizaci髇 llevada a cabo tanto por el Instituto Nacional de Colonizaci髇 como posteriormente por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (en adelante Iryda) en aquellos territorios m醩 desfavorecidos y que incluy�, entre sus objetivos, por un lado la creaci髇 de huertos familiares destinados al cultivo de productos hort韈olas para su consumo directo por las familias campesinas. Y, por otro lado, la creaci髇 de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias a las que se refieren los art韈ulos 21 y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. El r間imen jur韉ico para las transmisiones de los huertos familiares se articul� por medio del Decreto de 12 de mayo de 1950, que sigue resultando de aplicaci髇 en esta comunidad aut髇oma en virtud de lo dispuesto por la citada Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en su disposici髇 transitoria octava.

No obstante como esta disposici髇 otorga la posibilidad de establecer otro r間imen distinto para estos huertos, la justificaci髇 de introducir un nuevo r間imen jur韉ico para su transmisi髇 es debido a que el anterior es bastante ambiguo en lo referente a aspectos tan importantes como el t韙ulo jur韉ico por el que se entregaron, su duraci髇 y destino final, resultando por ello necesario revisar y actualizar la regulaci髇 a fin de facilitar la conversi髇 en propietarios de los actuales concesionarios o sus causahabientes y, en su defecto, a los poseedores, eliminando en lo sucesivo toda traba a la libre transmisi髇 de dichos bienes, en cuanto no est醤 directamente vinculados a la explotaci髇 de la tierra. Tambi閚 es necesario regularizar aquellas situaciones de posesi髇 de hecho, muy frecuentes dado el tiempo transcurrido, siempre que se hayan producido de forma pac韋ica, facilitando igualmente el acceso de estos poseedores a la propiedad, en aplicaci髇 de las previsiones en tal sentido de la legislaci髇 civil.

As� pues, la regulaci髇 que se introduce tiene por objeto, establecer el r間imen jur韉ico para la transmisi髇 de los huertos familiares existentes en el territorio de Castilla-La Mancha, a personas f韘icas o jur韉icas de naturaleza privada y a entidades locales.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto tambi閚 durante la tramitaci髇 de esta norma la necesidad de revisar y actualizar el r間imen jur韉ico para la transmisi髇 de una explotaci髇 agraria familiar o comunitaria, que tiene su origen en las actuaciones de colonizaci髇 agraria en zonas regables declaradas de inter閟 nacional, acometidas por el Iryda entre los a駉s 60 y 70 que fueron simultaneadas, en algunos casos, con la creaci髇 de poblados a fin de proporcionar vivienda a las familias colonizadoras y promover el asentamiento de poblaci髇 en las zonas transformadas, aquejadas de un gran despoblamiento otorgando la posibilidad de acceder a una explotaci髇 agraria familiar o comunitaria.

Estos poblados fueron concebidos para la prestaci髇 a sus habitantes de todos aquellos servicios imprescindibles para consolidar a la poblaci髇. Atendiendo a la finalidad asignada a cada inmueble y su destinatario final, se adjudicaban mediante diversas f髍mulas, bien como compraventa, bien como concesi髇, bien directamente mediante cesi髇. No obstante, en el caso de los inmuebles cuyos destinatarios necesariamente eran las entidades locales, se otorgaron escrituras de cesi髇 a los ayuntamientos respectivos, bajo la f髍mula de la afectaci髇 al fin prescrito, garantizada con una cl醬sula de reversi髇 a favor del Iryda en caso de incumplimiento, pero sin establecer l韒ite temporal para poder ejercer esta facultad. Este derecho de reversi髇, una vez desaparecido el Iryda, recae actualmente sobre la administraci髇 auton髆ica como su sucesora en el ejercicio de las competencias en materia de reforma y desarrollo agrario.

Transcurridos m醩 de 30 a駉s de aquellas cesiones, muchos de los fines a los que los inmuebles cedidos fueron afectados han devenido superados, inadecuados e incluso innecesarios, lo que motiva la necesidad de la revisi髇 de la f髍mula de la cesi髇 con derecho de reversi髇 establecida a perpetuidad, por falta de t閞mino establecido en los documentos que las formalizaron, generada en un contexto normativo, competencial y de estructura administrativa, desaparecido. Debe considerarse que esas cesiones se formalizaban de conformidad con la legislaci髇 agraria especial de colonizaci髇, cuyo objeto era la traslaci髇 de la totalidad del patrimonio a sus destinatarios, en este caso las entidades locales.

Es por ello que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera preciso revisar la afectaci髇 al fin prescrito en las escrituras de cesi髇, as� como establecer un plazo l韒ite para el ejercicio del derecho de reversi髇, que permita la integraci髇 definitiva y sin limitaciones en el patrimonio de las entidades locales, de acuerdo con las previsiones vigentes de la legislaci髇 patrimonial de entidades locales, considerando culminada por transcurso del tiempo la colonizaci髇 agraria, fomentando la atenci髇 de otras necesidades sociales mediante la aplicaci髇 de los inmuebles a otros fines, bajo la directa responsabilidad y gesti髇 de los ayuntamientos, conforme dispone la legislaci髇 de r間imen local.

As�, el otro objeto de esta ley es introducir el r間imen jur韉ico para realizar las transmisiones del patrimonio originario del Iryda, procedentes de la transmisi髇 o concesi髇 de los huertos familiares y de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias.

III

Esta norma se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva atribuida por el Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, en su art韈ulo 31.1.6�, en materia de agricultura y ganader韆, de acuerdo con la ordenaci髇 general de la econom韆, as� como la de organizaci髇, r間imen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno prevista en el art韈ulo 31.1.1�; asimismo, se dicta en ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 recogida en el art韈ulo 32.5, en materia de Corporaciones de derecho p鷅lico representativas de intereses econ髆icos y profesionales.

Asimismo y, de acuerdo con el art韈ulo 39.3 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, corresponde a la comunidad aut髇oma, entre otras materias, la regulaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut髇oma, preceptos que puestos en relaci髇 con lo establecido en el Real Decreto 1079/1985, de 5 de junio, sobre valoraci髇 definitiva y ampliaci髇 de funciones traspasadas de la Administraci髇 del Estado a la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha en materia de reforma y desarrollo agrario, otorga a la Junta de Comunidades la facultad de regular actualmente la materia que trata esta ley, puesto que la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, contiene una disposici髇 transitoria octava que adem醩 de declarar vigente el Decreto de 12 de mayo de 1950, por el que se autoriza al Instituto Nacional de Colonizaci髇 para adjudicar en venta aplazada, a los ayuntamientos, las fincas que adquiera y que fueran aptas para el establecimiento de huertos familiares o para su aprovechamiento comunal, faculta al Gobierno para establecer un r間imen distinto para los huertos familiares que se concedan a partir de su entrada en vigor, facultad que como consecuencia del traspaso de funciones materializado por el Real Decreto 1079/1985, de 5 de junio, ejerce hoy la Junta de Comunidades.

IV

La ley consta de nueve art韈ulos, divididos en dos cap韙ulos: el primero con cuatro art韈ulos, que contienen el r間imen jur韉ico para la extinci髇 de las c醡aras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha, liquidaci髇 y destino de su patrimonio; y el segundo con cinco art韈ulos, que contiene el r間imen jur韉ico para la transmisi髇 de los huertos familiares y para las explotaciones agrarias familiares o comunitarias del patrimonio procedente del Iryda.

Consta la ley adem醩 de dos disposiciones adicionales, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

CAP蚑ULO I
R間imen jur韉ico para la extinci髇 de c醡aras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha, liquidaci髇 y destino de su patrimonio

Art韈ulo 3 Destino del patrimonio de las c醡aras agrarias provinciales

1. El resultante de la liquidaci髇 del patrimonio de las extintas c醡aras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha se integrar� en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quedando adscrito a la consejer韆 para su aplicaci髇 a fines y servicios de inter閟 general agrario del 醡bito territorial de Castilla-La Mancha, consider醤dose incluido el del desarrollo rural en aquellos aspectos que se relacionen con el 醡bito agrario.

En concreto, los activos dinerarios de las c醡aras agrarias provinciales extintas se adscribir醤, finalizado el proceso de liquidaci髇, al patrimonio de la consejer韆, quien los destinar� a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras agrarias propias de la provincia en que haya desarrollado sus funciones la c醡ara respectiva.

2. No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, a propuesta de la consejer韆 competente en materia agraria, podr�, si as� lo considera conveniente al inter閟 general agrario de Castilla-La Mancha, ceder el uso o el pleno dominio del patrimonio proveniente de las extintas c醡aras agrarias provinciales a las corporaciones locales en cuyo t閞mino municipal se halle el bien a ceder, o a las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas representadas en el Consejo Agrario de Castilla-La Mancha, siempre que los bienes cedidos se destinaren a fines de inter閟 general agrario que redundaren en beneficio del colectivo de personas dedicadas a la agricultura y ganader韆 del territorio en que el bien se hallare, reserv醤dose la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la facultad de revocar dicha cesi髇 si la entidad cesionaria no cumpliere el mandato contenido en este precepto o las condiciones de ejercicio de la cesi髇.

LE0000735959_20220812N鷐ero 2 del art韈ulo 3 redactado por el n鷐ero Uno de la disposici髇 final quinta de la Ley 7/2022,�29 julio, de Medidas para la Agilizaci髇 Administrativa de los Proyectos de Energ韆s Renovables en Castilla-La Mancha (獶.O.C.M.� 11 agosto).Vigencia: 12 agosto 2022

Art韈ulo 4 Comisiones liquidadoras

1. Para cada una de las c醡aras agrarias provinciales extintas, se constituir�, en el plazo m醲imo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, una comisi髇 liquidadora, cuya composici髇 atender� al principio de participaci髇 equilibrada de mujeres y hombres, y estar� integrada por:

• a) La persona titular de la Delegaci髇 Provincial de la Consejer韆, que la presidir�.
• b) Un funcionario/a de la Delegaci髇 Provincial de la Consejer韆, que ejercer� las funciones de la Secretar韆 de la Comisi髇 liquidadora, con voz, pero sin voto.
• c) Dos vocal韆s que habr醤 de ostentar personas con la condici髇 de funcionarios/as de la Delegaci髇 Provincial de la Consejer韆, una de los cuales ser� la persona titular de la Secretar韆 Provincial.
• d) Una vocal韆 designada entre los letrados del Gabinete Jur韉ico de la Junta de Comunidades.
• e) Una vocal韆 por cada organizaci髇 profesional agraria representada en el Consejo Agrario de Castilla-La Mancha.
• f) Una vocal韆 por la Federaci髇 de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

2. Las comisiones liquidadoras ser醤 el 髍gano encargado de elaborar un informe sobre la situaci髇 administrativa, presupuestaria, patrimonial y registral de la respectiva C醡ara Agraria y de realizar todas las operaciones necesarias para la total liquidaci髇 de las obligaciones existentes, teniendo facultades para extinguir las relaciones jur韉icas de la respectiva c醡ara, lo que incluir� la realizaci髇 de los actos de administraci髇 y conservaci髇 necesarios para alcanzar tal fin, no pudiendo, en cualquier caso, realizar actos de disposici髇 del patrimonio de la c醡ara extinta, reservados a la consejer韆 con competencias en materia agraria.

A tal efecto, los activos y dep髎itos financieros de las respectivas c醡aras agrarias quedar醤 pendientes de atribuci髇 hasta que finalice el proceso de liquidaci髇, con la finalidad de que puedan ser utilizados para compensar los derechos y obligaciones existentes en el momento de la liquidaci髇, entre los cuales se incluyen los gastos producidos como consecuencia de la regularizaci髇 jur韉ica y registral del patrimonio de la c醡ara.

3. El proceso de liquidaci髇 se culminar� por cada comisi髇 liquidadora con una relaci髇 de los bienes y derechos resultantes, para que la consejer韆 competente en materia agraria apruebe el inventario final de cada c醡ara extinta, que ser� t韙ulo suficiente para la inscripci髇 de los bienes y derechos en los registros oficiales pertinentes y la integraci髇 de los mismos a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su patrimonio, adscribi閚dose a la consejer韆 que los destinar� al cumplimiento de fines y servicios de inter閟 general agrario. Tal previsi髇 no ser� obst醕ulo para el acceso a los registros oficiales de los bienes y derechos conforme a lo previsto en la normativa patrimonial aplicable a la Administraci髇 regional y en la legislaci髇 hipotecaria.

LE0000735959_20220812N鷐ero 3 del art韈ulo 4 redactado por el n鷐ero Dos de la disposici髇 final quinta de la Ley 7/2022, 29 julio, de Medidas para la Agilizaci髇 Administrativa de los Proyectos de Energ韆s Renovables en Castilla-La Mancha (獶.O.C.M.� 11 agosto).Vigencia: 12 agosto 2022

4. El procedimiento de cesi髇 de los bienes y derechos de las c醡aras agrarias extintas, en la fase de liquidaci髇, tanto si la entidad cesionaria fuere una corporaci髇 local como si fuere una organizaci髇 profesional agraria de las facultadas por esta ley, se compondr� de los siguientes tr醡ites:

• a) La comisi髇 liquidadora elaborar� una propuesta no vinculante acerca de las solicitudes de cesi髇 presentadas, la cual tendr� como principal objeto la consecuci髇 del inter閟 general agrario de la localidad en que se hallare el bien.
• b) ...
• LE0000735959_20220812Letra b) del n鷐ero 4 del art韈ulo 4 suprimida por el n鷐ero Tres de la disposici髇 final quinta de la Ley 7/2022, 29 julio, de Medidas para la Agilizaci髇 Administrativa de los Proyectos de Energ韆s Renovables en Castilla-La Mancha (獶.O.C.M.� 11 agosto).Vigencia: 12 agosto 2022
• c) La consejer韆 elaborar� la propuesta definitiva y la elevar� al Consejo de Gobierno.
• d) El Consejo de Gobierno tomar� la decisi髇 que considere m醩 adecuada al inter閟 general agrario mediante acuerdo.

CAP蚑ULO II
R間imen jur韉ico para la transmisi髇 de los huertos familiares, y para las explotaciones agrarias familiares o comunitarias

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES