Decreto 1/2024, de 5 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears

Art韈ulo 1 R間imen jur韉ico

La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears ejerce la potestad sancionadora mediante el procedimiento regulado en este reglamento, conforme a los principios establecidos en la legislaci髇 b醩ica estatal, las normas reguladoras del procedimiento administrativo com鷑 y los reg韒enes sancionadores aplicables en cada caso.

Art韈ulo 2 羗bito objetivo de aplicaci髇

1. Este reglamento se aplica a los procedimientos sancionadores respecto de los cuales la Comunidad Aut髇oma dispone de competencias normativas.

2. Los procedimientos sancionadores regulados por una ley sectorial se rigen por su normativa espec韋ica, sin perjuicio de la aplicaci髇 supletoria de este reglamento.

3. Los procedimientos sancionadores de car醕ter tributario y los procedimientos de car醕ter disciplinario se rigen por su normativa espec韋ica y, con car醕ter supletorio, por este reglamento.

4. Este reglamento no se aplica al ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las conductas de las personas vinculadas a la Administraci髇 p鷅lica por relaciones reguladas en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico o en la legislaci髇 patrimonial de las administraciones p鷅licas.

Art韈ulo 3 羗bito subjetivo de aplicaci髇

Las normas establecidas en este reglamento para la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma tambi閚 son aplicables:

• a) A las entidades de derecho p鷅lico dependentes de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears o que est閚 vinculadas que tengan atribuida la potestad sancionadora, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas que prevean sus normas de creaci髇 o sus estatutos.
• b) A los consejos insulares y sus entidades de derecho p鷅lico, en las materias a las que hacen referencia los art韈ulos 70 y 71 del Estatuto de Autonom韆, en todo aquello que no prevean sus reglamentos y sin perjuicio de su potestad de autoorganizaci髇.
• c) A los ayuntamientos y otras entidades locales, respecto de los procedimientos sancionadores establecidos en las ordenanzas municipales que tipifiquen infracciones y sanciones, en aquello que no prevean las mismas ordenanzas.

Art韈ulo 4 Personas interesadas

Son personas interesadas en el procedimiento sancionador, en todo caso, las que se consideren presuntamente responsables de las infracciones, as� como las que comparezcan antes de que se haya dictado la resoluci髇 definitiva y acrediten ser titulares de derechos o intereses leg韙imos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la resoluci髇.

Art韈ulo 5 Derechos de las personas presuntamente responsables

1. De acuerdo con el art韈ulo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, las personas presuntamente responsables disfrutan de los derechos reconocidos a las personas interesadas en el procedimiento administrativo y de cualquier otro derecho que la legislaci髇 reconoce a los ciudadanos que se relacionan con una administraci髇 p鷅lica.

2. Con objeto de proporcionar al procedimiento las m醲imas garant韆s, se facilitar� a las personas presuntamente responsables, con medidas adecuadas, el ejercicio de los siguientes derechos:

• a) El derecho a que se les notifiquen los hechos imputados, las infracciones que estos hechos pueden constituir y las sanciones que, en su caso, les puedan corresponder.
• b) El derecho a conocer el contenido de la denuncia que haya originado las actuaciones sancionadoras, sin perjuicio cuando proceda de la confidencialidad de los datos de la persona f韘ica denunciante.
• c) El derecho a no declarar contra ellos mismos y a la presunci髇 de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario.
• d) El derecho a conocer cu醠 es la autoridad competente para imponer la sanci髇 y qu� normas atribuyen esta competencia.
• e) El derecho a identificar a las personas que integran los 髍ganos y las unidades intervinientes en el procedimiento y, en su caso, a recusarlas.
• f) El derecho a acceder permanentemente al expediente y a elegir medios electr髇icos o no electr髇icos para relacionarse con los 髍ganos competentes, siempre que legalmente no sean preceptivos los primeros.
• g) El derecho a actuar ante el 髍gano instructor del procedimiento con la asistencia de un asesor y, si se trata de una persona menor de edad, a contar con la asistencia adecuada a sus circunstancias.
• h) El derecho a formular alegaciones y presentar documentos y otros elementos de juicio en defensa de sus intereses en el tr醡ite de audiencia y en cualquier momento anterior a la conclusi髇 del tr醡ite previsto en el art韈ulo 22.
• i) El derecho a proponer y utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho.
• j) El derecho a ser informado del plazo m醲imo de resoluci髇 del procedimiento y de los plazos de ejercicio de los derechos enunciados en las letras h) e i).
• k) El derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ya se encuentren en poder de las administraciones p鷅licas o que hayan sido elaborados por estas.
• l) El derecho a reconocer voluntariamente la propia responsabilidad y a efectuar el pago voluntario de la sanci髇 pecuniaria antes de que se dicte resoluci髇, para obtener en ambos casos los beneficios previamente establecidos.
• m) El derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales en la comunidad aut髇oma y a recibir respuesta en la lengua oficial escogida cuando se solicite.

3. La notificaci髇 de los actos administrativos que no cumpla los requisitos espec韋icos fijados en este Reglamento solo produce efectos para la persona afectada a partir de la fecha en que se subsane la deficiencia o en que esta persona lleve a cabo actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y del alcance del acto objeto de notificaci髇, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. La notificaci髇 de los actos administrativos en que no se respecte la preferencia lingstica previamente manifestada por el presunto responsable solo produce efectos para 閟te a partir de la fecha en que la notificaci髇 se haga nuevamente en la lengua oficial escogida, o en que dicha persona lleve a cabo actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y del alcance del acto objeto de notificaci髇, o interponga cualquier recurso que proceda.

5. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior.

a) La notificaci髇 de un acto administrativo que no respete la opci髇 lingstica del presunto responsable, si contiene el texto 韓tegro del acto, permite entender complida la obligaci髇 de notificar dentro del plazo de duraci髇 de los procedimientos.

b) La manifestaci髇 expresa del presunto responsable, en relaci髇 con la lengua oficial escogida, hecha una vez iniciado el procedimiento sancionador y antes de la resoluci髇 definitiva, afecta a las notificaciones del procedimiento sancionador que se hagan desde su manifestaci髇.

No obstante, cuando la manifestaci髇 se haga despu閟 de la recepci髇 de un acto administrativo del cual, adem醩, se solicita la notificaci髇 en la lengua escogida, ser� de aplicaci髇 lo previsto en el apartado 4 anterior.

Art韈ulo 6 Acceso al expediente

1. La persona presuntamente responsable y las otras personas que tengan la condici髇 de interesadas tienen derecho a conocer en todo momento el estado de tramitaci髇 del procedimiento y acceder a los documentos que forman parte del expediente.

Cuando en el expediente concurran otras personas interesadas, distintas de las personas presuntamente responsables de la infracci髇, el 髍gano instructor, en su caso, ha de establecer de forma motivada las medidas y los l韒ites que hay que considerar en relaci髇 con el acceso a la documentaci髇 o la informaci髇 del expediente de los interesados, a efectos de proteger el derecho a la presunci髇 de inocencia, la garant韆 de la confidencialidad o el secreto en el proceso de toma de decisi髇 para la resoluci髇 del procedimiento, y la protecci髇 de datos personales. Estas medidas se han de notificar a las personas interesadas, con especial menci髇 del deber de confidencialidad.

2. Los 髍ganos responsables del procedimiento adoptar醤 las medidas de acceso m醩 adecuadas en cada caso, tanto presenciales como telem醫icas.

3. El acceso al expediente de las personas que no tengan la condici髇 de interesadas est� sujeto a los l韒ites establecidos en la legislaci髇 de transparencia y de acceso a la informaci髇 p鷅lica.

4. El acceso a los expedientes de los procedimientos sancionadores terminados se rige por la normativa sobre archivos p鷅licos y por la legislaci髇 de transparencia y de acceso a la informaci髇 p鷅lica.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el acceso a cualquier expediente se aplicar醤, cuando proceda, criterios de confidencialidad, de protecci髇 de la presunci髇 de inocencia y otros derechos del 醡bito del derecho sancionador respecto de la persona presuntamente responsable y, en todo caso, se respetar� la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

6. El derecho de acceso es compatible con la exigencia de pago por la obtenci髇 de copias de documentos.

Art韈ulo 7 觬ganos competentes

1. Son competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento sancionador los 髍ganos administrativos que, en la materia de que se trate, tengan atribuidas estas funciones por una disposici髇 legal o reglamentaria.

2. Lo que dispone el apartado anterior se entender� sin perjuicio de las normas que regulen la delegaci髇 de competencias.

3. En todo procedimiento sancionador debe garantizarse la debida separaci髇 entre la fase de instrucci髇 y la de resoluci髇, que se encargar醤 a 髍ganos o unidades diferentes.

4. Corresponde al 髍gano instructor adoptar las medidas de custodia, conservaci髇 y protecci髇 de los expedientes de los procedimientos sancionadores, as� como velar por la debida aplicaci髇 de la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

5. Cuando la normativa no atribuya expresamente a ning鷑 髍gano la competencia para resolver, el que sea competente para iniciar el procedimiento tambi閚 lo ser� para dictar la resoluci髇.

Art韈ulo 8 Instructor

1. El 髍gano competente para iniciar el procedimiento designar� un instructor, funcionario, responsable de dirigir la instrucci髇 y, cuando proceda, un funcionario encargado de las tareas de secretar韆. La designaci髇 de este personal se comunicar� a las personas interesadas.

2. Las funciones instructoras ser醤 ejercidas por funcionarios de la consejer韆 o de la entidad p鷅lica competente por raz髇 de la materia que re鷑an condiciones de idoneidad para el ejercicio de estas funciones.

3. Cuando exista un 髍gano administrativo espec韋ico para la instrucci髇 de procedimientos sancionadores, el instructor ser� designado entre los funcionarios de este 髍gano. Si no existe, ser� designado entre funcionarios de la consejer韆 o de la entidad p鷅lica competente.

4. El instructor del procedimiento ser� designado con criterios objetivos por el 髍gano competente para iniciarlo, que preferentemente tenga la licenciatura o el grado de Derecho.

5. En cualquiera de los casos previstos en el apartado anterior, el instructor no puede tener ninguna dependencia funcional que afecte a su actividad durante el tiempo en que se tramite el procedimiento.

6. Los funcionarios p鷅licos integrantes de los 髍ganos instructores se abstendr醤 de emitir informes en los procedimientos de resoluci髇 de los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores en que aquellos hayan intervenido.

Art韈ulo 9 Actuaciones previas

1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador, el 髍gano competente para iniciarlo puede ordenar que se lleven a cabo actuaciones previas con el fin de determinar si hay elementos suficientes para incoarlo. Las actuaciones se orientar醤 preferentemente a determinar los hechos presuntamente il韈itos y a identificar a las personas que puedan ser responsables, as� como a establecer las circunstancias relevantes que concurran en ambos casos.

2. Estas actuaciones las llevar醤 a cabo los 髍ganos que tengan atribuidas funciones de control o de inspecci髇, y, en su defecto, el 髍gano que determine el 髍gano competente para iniciar o resolver el procedimiento. Estas actuaciones tendr醤 car醕ter reservado si as� se decide motivadamente.

3. No se pueden llevar a cabo por un plazo superior a seis meses, y se archivar醤 al agotarse dicho plazo, las actuaciones previas que requieran la colaboraci髇 de personas presuntamente implicadas en los hechos objeto de investigaci髇.

Este plazo podr� ampliarse hasta doce meses en los supuestos en que las actuaciones previas se refieran a materias y actividades estacionales, cuya duraci髇 no supere los seis meses inicialmente previstos para formalizarlas, al efecto de garantizar la finalidad y la efectividad.

4. Sin perjuicio de que eventualmente se puedan incorporar a la fase de prueba del procedimiento, los resultados de las actuaciones previas se concretar醤 en un informe que se comunicar� al 髍gano competente para iniciar el procedimiento. Cuando proceda, en este informe se har醤 constar las medidas provisionales de car醕ter urgente que haya adoptado directamente el personal de control o de inspecci髇 al amparo de la legislaci髇 sectorial aplicable al caso.

Art韈ulo 10 Iniciaci髇 de oficio

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio mediante una resoluci髇 del 髍gano competente, que ser� adoptada por iniciativa propia o como consecuencia de una orden superior, de una petici髇 razonada de otros 髍ganos o de una denuncia.

2. No obstante lo expuesto en el apartado anterior, la denuncia formulada por agentes de la autoridad puede constituir el inicio del procedimiento sancionador cuando as� lo prevea expresamente una norma con rango de ley.

3. Tanto la orden superior como la petici髇 razonada de otros 髍ganos deber醤 contener, en la medida de lo posible, los siguientes datos: la identificaci髇 de la persona o las personas presuntamente responsables, los hechos o las conductas que puedan constituir una infracci髇 administrativa, la normativa supuestamente infringida y el lugar y la fecha o el periodo de tiempo en que se han producido los hechos.

4. Hasta que no se haya dictado una primera resoluci髇 sancionadora con car醕ter ejecutivo, no se podr� iniciar un nuevo procedimiento sancionador por hechos o conductas constitutivos de infracci髇 en que el infractor persista de forma continuada.

Art韈ulo 11 Denuncias

1. Las denuncias deber醤 expresar la identidad de la persona que la presenta y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administraci髇, con indicaci髇 del momento en que se hayan producido y, cuando esto sea posible, la identificaci髇 de los presuntos responsables.

2. No se puede dar curso a las denuncias notoriamente infundadas o que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en el apartado anterior, las cuales se archivar醤 sin m醩 tr醡ites. No obstante, si van acompa馻das de los elementos de juicio suficientes para acreditar con claridad una posible infracci髇 administrativa no prescrita, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento puede ordenar que se lleven a cabo las actuaciones previstas en el art韈ulo 9.

3. La presentaci髇 de una denuncia no confiere por s� sola la condici髇 de persona interesada en el procedimiento.

4. El denunciante que no sea persona interesada de acuerdo con el art韈ulo 4 no tiene m醩 participaci髇 en el procedimiento que la que deriva del derecho de que se le comunique la decisi髇 de iniciarlo o de no iniciarlo de forma motivada, cuando la denuncia invoque un perjuicio al patrimonio de las administraciones p鷅licas.

5. Si las circunstancias del caso lo requieren, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento puede adoptar las medidas que considere oportunas para garantizar la confidencialidad de los datos relativos a las personas f韘icas denunciantes.

6. La persona denunciante que haya participado en la comisi髇 de una infracci髇 que implique perjuicios al patrimonio de las administraciones p鷅licas, y existan otros infractores, tiene derecho a obtener los beneficios previstos en el art韈ulo 62.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 12 Trascendencia penal de los hechos y suspensi髇 del procedimiento

1. Si, en el curso de las actuaciones previas, o una vez iniciado el procedimiento, el 髍gano instructor, o cualquier otro 髍gano que tenga conocimiento del asunto, considera que los hechos pueden ser constitutivos de il韈ito penal, lo comunicar� razonadamente al 髍gano competente para iniciar el procedimiento. Si este considera que hay elementos de juicio suficientes, trasladar� la documentaci髇 correspondiente al Ministerio Fiscal, al cual se solicitar� testimonio de las actuaciones practicadas a consecuencia de la comunicaci髇.

2. Cuando la Administraci髇 tenga conocimiento fehaciente de la existencia de diligencias previas en curso en la jurisdicci髇 penal en relaci髇 con los mismos hechos y las mismas personas, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento ordenar� la suspensi髇 hasta que el 髍gano judicial competente dicte una resoluci髇 sobre la responsabilidad de las personas implicadas en los hechos.

3. Durante el tiempo en que est� en suspenso el procedimiento sancionador, se entender醤 interrumpidos tanto el plazo de prescripci髇 de la infracci髇 como el de caducidad del procedimiento sancionador. La substanciaci髇 del proceso penal no impide el mantenimiento de las medidas cautelares acordadas en el procedimiento administrativo sancionador.

4. Una vez dictada una resoluci髇 judicial de condena o de sobreseimiento, y conocida por el 髍gano administrativo competente, este dictar� la resoluci髇 que corresponda en derecho sobre el inicio o la continuaci髇 del procedimiento, y lo notificar� a las personas interesadas.

5. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes son vinculantes para los 髍ganos que ejercen la potestad sancionadora.

Art韈ulo 13 Medidas provisionales

1. Antes de iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan podido adoptar en fase de control o inspecci髇, el 髍gano competente para iniciarlo puede adoptar motivadamente, de oficio o a solicitud de la persona afectada, medidas de car醕ter provisional para proteger los intereses p鷅licos implicados, siempre que se trate de casos de urgencia inaplazable. Solo se pueden adoptar las medidas previstas por la ley que resulten necesarias y proporcionadas seg鷑 las circunstancias del caso.

Las medidas provisionales deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas en la resoluci髇 iniciadora del procedimiento, la cual se dictar� dentro de los quince d韆s siguientes a la fecha en que fueron adoptadas. Las medidas quedan sin efecto si el procedimiento no se inicia dentro de este plazo o si la resoluci髇 iniciadora no contiene ninguna decisi髇 respecto de la cuesti髇.

2. Una vez iniciado el procedimiento, el 髍gano competente para resolver puede adoptar motivadamente, de oficio o a solicitud de persona interesada, las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pueda dictarse o para proteger los intereses p鷅licos implicados. Estas medidas deber醤 estar amparadas legalmente y se adecuar醤 a los principios de proporcionalidad, efectividad, y car醕ter menos oneroso y, si corresponde, informar del recurso correspondiente.

Las medidas previstas en este apartado se adoptar醤 previa audiencia a la persona afectada por un plazo no inferior a siete d韆s, salvo los casos de urgencia inaplazable.

3. Las medidas a que hace referencia este art韈ulo pueden ser levantadas o modificadas justificadamente durante la tramitaci髇 del procedimiento, de oficio o a solicitud de persona interesada, especialmente si lo requiere la existencia de circunstancias sobrevenidas o que no se hayan podido tener en cuenta previamente.

Sin perjuicio de lo que dispone el apartado 3 del art韈ulo 24, las medidas provisionales pierden vigencia desde el momento en que la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento produzca efectos.

Art韈ulo 14 Contenido de la resoluci髇 iniciadora del procedimiento

1. La resoluci髇 por la que se dispone el inicio del procedimiento deber� contener al menos los siguientes elementos:

• a) La identificaci髇 de las personas presuntamente responsables.
• b) Los hechos que justifican la iniciaci髇 del procedimiento.
• c) La calificaci髇 provisional de los hechos, con indicaci髇 de las infracciones que puedan haberse cometido y de las sanciones que les puedan corresponder, todo ello sin perjuicio del resultado de la instrucci髇; o bien, el anuncio de la formulaci髇 de pliegos de cargos de acuerdo con el art韈ulo 16.
• d) La descripci髇 de los da駉s y perjuicios ocasionados al patrimonio de las administraciones p鷅licas, en su caso.
• e) La designaci髇 de las personas integrantes del 髍gano instructor.
• f) El 髍gano competente para resolver el procedimiento y la norma que le atribuye la competencia.
• g) El r間imen de recusaci髇 de autoridades y empleados p鷅licos.
• h) El r間imen de reconocimiento voluntario de la responsabilidad y de pago anticipado de las sanciones pecuniarias, con indicaci髇 de los porcentajes de reducci髇 que se aplican.
• i) Las medidas de car醕ter provisional que el 髍gano competente adopte o haya adoptado y, si corresponde, el mantenimiento o el levantamiento de las medidas adoptadas anteriormente.
• j) La indicaci髇 de los derechos a formular alegaciones, a la audiencia en el procedimiento y a proponer prueba, as� como de los plazos para ejercerlos.
• k) La advertencia de que, en el supuesto de que no se formulen alegaciones sobre el contenido de la resoluci髇 iniciadora del procedimiento en el plazo previsto, esta puede ser considerada propuesta de resoluci髇 cuando contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.
• l) El plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.
• m) Los datos identificadores del expediente y las v韆s para acceder a 閘.
• n) La informaci髇 preceptiva en relaci髇 con el tratamiento de los datos personales a efectos de la tramitaci髇 del procedimiento sancionador.

2. La resoluci髇 de inicio se comunicar� al 髍gano instructor, al cual se trasladar醤 todas las actuaciones llevadas a cabo, y se notificar� a las personas interesadas en el procedimiento. As� mismo, se ha de comunicar a la persona denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento as� lo prevean.

Art韈ulo 15 Alcance de la funci髇 instructora

1. El 髍gano instructor ordenar� la pr醕tica de las actuaciones necesarias para determinar, conocer y comprobar los hechos que han dado lugar a la iniciaci髇 del procedimiento y las personas que sean autoras, as� como para concretar el alcance de su responsabilidad.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, el 髍gano instructor llevar� a cabo en todo caso los tr醡ites preceptivos establecidos en la normativa aplicable, solicitar� los informes exigidos por esta normativa o que considere necesarios, y tomar� en consideraci髇 las actuaciones que propongan las personas interesadas.

3. La solicitud de informes especiales por parte del 髍gano instructor, as� como la inclusi髇 de otros informes en la fase de prueba, se adecuar� a lo previsto en los art韈ulos 79 y 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La colaboraci髇 de las personas interesadas se podr� solicitar en los t閞minos previstos en el art韈ulo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. Su intervenci髇 se producir�, siempre que sea posible, en las condiciones que les sean m醩 favorables.

5. Las administraciones y los 髍ganos administrativos afectados por el objeto del procedimiento est醤 obligados a colaborar con el 髍gano instructor en el ejercicio de sus funciones. A tal efecto, el 髍gano instructor puede requerir el auxilio de los 髍ganos directivos competentes de la consejer韆 o de la entidad p鷅lica a la cual est� adscrito.

Art韈ulo 16 Pliego de cargos

1. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictarse la resoluci髇 iniciadora del procedimiento no se disponga de los elementos suficientes para la calificaci髇 inicial de los hechos que justifican su incoaci髇, el 髍gano instructor formular� posteriormente un pliego de cargos.

2. El pliego se notificar� a las personas interesadas y contendr� la descripci髇 de los hechos imputados, la calificaci髇 inicial que han recibido, sin perjuicio del resultado de la instrucci髇, y las sanciones que pueden corresponder a esta calificaci髇, con indicaci髇 de la normativa aplicable.

3. El 髍gano instructor formular� el pliego de cargos y lo notificar� a la persona presuntamente responsable en el plazo de cuatro meses contados desde que se dicte la resoluci髇 iniciadora del procedimiento. Si transcurre este plazo sin que se haya producido la notificaci髇 del pliego, el 髍gano instructor archivar� las actuaciones sin ning鷑 otro tr醡ite, y lo notificar� a las personas interesadas, comunic醤dolo igualmente al 髍gano competente para resolver el procedimiento.

4. El archivo de las actuaciones ordenado de acuerdo con el apartado anterior no impide la iniciaci髇 de un nuevo procedimiento por los mismos hechos cuando se disponga de nuevos elementos de juicio y siempre que la infracci髇 no haya prescrito.

Art韈ulo 17 Alegaciones

1. Una vez notificada la resoluci髇 iniciadora del procedimiento o, en su caso, una vez notificado el pliego de cargos, las personas interesadas dispondr醤 de un plazo com鷑 de quince d韆s para formular alegaciones en defensa de sus intereses y para presentar documentos u otros elementos de juicio. El 髍gano instructor tendr� en cuenta todos estos elementos a la hora de redactar la propuesta de resoluci髇.

2. En el mismo tr醡ite, las personas interesadas pueden:

• a) Recusar a los integrantes del 髍gano instructor, as� como a los titulares de los 髍ganos competentes para iniciar y resolver el procedimiento, en los supuestos previstos en los art韈ulos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.
• b) Proponer prueba, con la concreci髇 de los medios probatorios que pretendan utilizar.

3. El planteamiento de la recusaci髇 implica la suspensi髇 del procedimiento en los t閞minos previstos en la legislaci髇 b醩ica estatal.

Art韈ulo 18 Prueba

1. Cuando sea necesario para constatar la realidad de los hechos o para delimitar la responsabilidad de las personas inculpadas, el 髍gano instructor, de oficio o a solicitud de persona interesada, abrir� un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta d韆s ni inferior a diez, y lo notificar� a todas las personas interesadas a efectos de que puedan participar en el tr醡ite y solicitar los medios de prueba pertinentes.

2. Si las circunstancias del caso lo requieren, de oficio o a solicitud de las personas interesadas, el 髍gano instructor puede decidir la apertura de un nuevo periodo de prueba, de car醕ter extraordinario, por un plazo no superior a diez d韆s.

3. La pr醕tica de las pruebas, y la suspensi髇 eventual del plazo para dictar y notificar la resoluci髇 que ello pueda implicar, se ajustar� a lo previsto en los art韈ulos 22, 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

4. Las pruebas propuestas por las personas interesadas solo pueden ser rechazadas, mediante una resoluci髇 motivada del 髍gano instructor, si se consideran manifiestamente improcedentes o innecesarias.

Art韈ulo 19 Audiencia

1. Una vez finalizado el periodo de prueba, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resoluci髇, se conceder� a las personas interesadas un plazo, no inferior a diez d韆s ni superior a quince, para que puedan acceder al expediente, formular alegaciones y presentar los documentos y otros elementos de juicio que consideren pertinentes para la defensa de sus derechos e intereses.

2. Se puede prescindir de este tr醡ite en los siguientes casos:

• a) Cuando las personas interesadas hayan manifestado anteriormente su decisi髇 de no formular nuevas alegaciones y de no aportar nuevos documentos o elementos de juicio.
• b) Cuando no figuren en el procedimiento otros hechos ni otras manifestaciones y pruebas que los presentados por la persona inculpada.

Art韈ulo 20 Comparecencia

1. En los casos en que los hechos puedan ser constitutivos de infracciones graves o muy graves, la persona inculpada puede solicitar, dentro del tr醡ite de audiencia, que se lleve a cabo una comparecencia presencial ante el 髍gano instructor. La solicitud se denegar� motivadamente cuando las alegaciones a que hace referencia el art韈ulo anterior no aporten elementos nuevos para la defensa de los derechos del presunto responsable.

2. En el acto de comparecencia, la persona inculpada, o su representante, debe poder exponer oralmente, en un periodo de tiempo adecuado a las circunstancias del caso, las alegaciones que considere pertinentes para la defensa de sus derechos. Asimismo, el instructor puede solicitar que se aclaren o se completen algunos puntos de la exposici髇 oral.

3. La comparecencia p鷅lica se puede llevar a cabo por medios telem醫icos, si lo decide el 髍gano instructor y la persona inculpada no se opone.

4. Del acto de la comparecencia se levantar� acta, que se incorporar� al expediente.

Art韈ulo 21 Propuesta de resoluci髇

1. Una vez concluido el tr醡ite de audiencia y el resto de actuaciones relativas a la instrucci髇 del procedimiento, el 髍gano instructor formular� una propuesta de resoluci髇, que se notificar� a las personas interesadas poniendo a su disposici髇 las actuaciones realizadas.

2. Se resolver� la finalizaci髇 del procedimiento por el 髍gano instructor, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulaci髇 de propuesta de resoluci髇, cuando se d� alguna de las siguientes circunstancias:

• a) La inexistencia o la falta de acreditaci髇 de hechos que puedan ser constitutivos de infracci髇 administrativa.
• b) Cuando los hechos probados no constituyan, de manera manifiesta, infracci髇 administrativa.
• c) La falta o la imposibilidad de identificaci髇 de la persona considerada responsable, o bien que la persona identificada est� exenta de responsabilidad.
• d) La prescripci髇 de la infracci髇.
• e) La caducidad del procedimiento.

3. La propuesta de resoluci髇, debidamente motivada, deber� contener al menos los siguientes elementos:

• a) Los hechos probados.
• b) Las personas responsables.
• c) La valoraci髇 de las pruebas practicadas, especialmente las que constituyan los fundamentos b醩icos de la decisi髇 y, en su caso, los motivos de inadmisi髇 de las pruebas solicitadas.
• d) Las razones por las que se estiman o desestiman las alegaciones de las personas interesadas.
• e) La calificaci髇 jur韉ica exacta de los hechos, con indicaci髇 de los tipos de infracci髇 que constituyen y de los fundamentos legales correspondientes.
• f) Las circunstancias relativas a la culpabilidad del infractor y las que agraven o aten鷈n su responsabilidad, en su caso, as� como otros criterios de graduaci髇 de la sanci髇.
• g) Las sanciones que se proponen.
• h) Las medidas provisionales que, en su caso, deban incorporarse en la resoluci髇.
• i) La cuantificaci髇 de los da駉s y perjuicios acreditados que sean susceptibles de indemnizaci髇 en favor de la Administraci髇 p鷅lica y, en su caso, la exigencia al infractor de la reposici髇 de la situaci髇 f醕tica alterada.
• j) El plazo para formular nuevas alegaciones y presentar nuevos documentos.
• k) Cualquier otro pronunciamiento exigido por una norma legal o reglamentaria.

4. La propuesta deber� contener la declaraci髇 de no existencia de infracci髇 y/o de responsabilidad cuando esta circunstancia se derive de la ponderaci髇 de los elementos anteriores, y no se haya efectuado el archivo previsto en el apartado 2 de este art韈ulo.

Art韈ulo 22 Alegaciones a la propuesta de resoluci髇

1. La propuesta de resoluci髇 se notificar� a las personas interesadas, las cuales dispondr醤 de un plazo de quince d韆s para acceder a los documentos integrantes del expediente, formular nuevas alegaciones y presentar los documentos y las informaciones que consideren pertinentes.

2. Una vez finalizado el tr醡ite, no se podr醤 incorporar al procedimiento nuevos escritos de alegaciones ni nuevos documentos de las personas interesadas, salvo los previstos en el art韈ulo 23.

3. El 髍gano instructor trasladar� las actuaciones llevadas a cabo al 髍gano competente para resolver el procedimiento. Cuando el resultado del tr醡ite a que se refiere el apartado 1 afecte significativamente el contenido de la propuesta de resoluci髇, el 髍gano instructor incorporar� a estas actuaciones un informe complementario, que deber� ser tenido en cuenta en el momento de redactarse la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.

Art韈ulo 23 Actuaciones complementarias

1. Una vez recibidas las actuaciones previstas en el art韈ulo anterior, el 髍gano competente para resolver puede decidir, motivadamente y con car醕ter excepcional, que el 髍gano instructor lleve a cabo, en un plazo de quince d韆s, las actuaciones complementarias que se consideren necesarias para resolver adecuadamente el procedimiento. Esta decisi髇 se notificar� a los presuntos responsables y al resto de personas interesadas para que puedan formular nuevas alegaciones en este plazo.

2. Las actuaciones complementarias son preceptivas cuando el 髍gano competente para resolver considere que las infracciones imputadas o las sanciones que deben imponerse presentan m醩 gravedad que las establecidas en la propuesta de resoluci髇.

3. No tienen la consideraci髇 de actuaciones complementarias los informes internos que precedan inmediatamente la resoluci髇.

4. El plazo para resolver el procedimiento permanecer� suspendido desde el momento en que se notifique a las personas interesadas la iniciaci髇 de las actuaciones complementarias y hasta que se produzca su terminaci髇.

Art韈ulo 24 Contenido de la resoluci髇 que pone fin al procedimiento

1. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento deber� ser motivada y resolver� todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, as� como las otras cuestiones derivadas del procedimiento.

2. La resoluci髇, adem醩 de incluir los elementos propios de los actos resolutorios y de la propuesta de resoluci髇 regulada en el art韈ulo 21, deber� contener, con la fundamentaci髇 jur韉ica adecuada, los siguientes elementos:

• a) La fijaci髇 de los hechos.
• b) Las infracciones cometidas.
• c) La determinaci髇 de los responsables.
• d) La valoraci髇 de las pruebas practicadas, especialmente de las que constituyan los fundamentos b醩icos de la decisi髇.
• e) Las sanciones que se imponen.
• f) La cuantificaci髇 de los da駉s y perjuicios acreditados que sean susceptibles de indemnizaci髇 en favor de la Administraci髇 p鷅lica y, en su caso, la exigencia al infractor de la reposici髇 de la situaci髇 f醕tica alterada.
• g) La determinaci髇 de los da駉s y perjuicios causados a terceras personas cuando sea necesaria para la aplicaci髇 de una ley sectorial, o necesaria para la calificaci髇 de la infracci髇 y/o cuantificaci髇 de la sanci髇.

3. La resoluci髇 puede imponer medidas cautelares o, si corresponde, mantener medidas provisionales anteriores necesarias para garantizar su eficacia hasta que no sea ejecutiva.

4. Cuando no sea preciso introducir nuevos hechos o nuevas consideraciones respecto de los expuestos en la propuesta de resoluci髇, el 髍gano competente puede poner fin al procedimiento mediante una resoluci髇 simplificada que asuma el contenido de la propuesta de resoluci髇. En este caso, la notificaci髇 de la resoluci髇 deber� incluir la de dicha propuesta.

5. La notificaci髇 de la resoluci髇 deber� ir acompa馻da del r間imen de recursos que se pueden interponer, as� como de las indicaciones y de los documentos necesarios para hacer efectiva la sanci髇, incluidos los relativos al pago fraccionado, en su caso.

6. Cuando se deduzca de la valoraci髇 de las pruebas practicadas, en la resoluci髇 se declarar� la no existencia de infracci髇 y/o de responsabilidad, y se ordenar� el archivo de las actuaciones sin m醩 tr醡ites.

Art韈ulo 25 Ejecuci髇 de la resoluci髇

1. La resoluci髇 del procedimiento sancionador es ejecutiva cuando es firme en v韆 administrativa.

2. Cuando se haya impuesto al responsable una sanci髇 de car醕ter pecuniario, la ejecuci髇 de esta sanci髇 se regir� por las normas generales sobre recaudaci髇.

3. Por raz髇 de la situaci髇 econ髆ico-financiera de la persona responsable, y especialmente en casos de vulnerabilidad, el 髍gano competente para resolver puede, de oficio o a solicitud de persona interesada, de acuerdo con la Ley de Finanzas y la normativa de desarrollo, solicitar al consejero competente en materia de hacienda el aplazamiento o el fraccionamiento del pago de la sanci髇.

4. Cuando la resoluci髇 sea ejecutiva, el 髍gano que la haya dictado puede suspender cautelarmente sus efectos si las personas interesadas comunican formalmente a la Administraci髇 su intenci髇 de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resoluci髇 sancionadora.

5. La suspensi髇 decidida de acuerdo con el apartado anterior se levantar� en los siguientes casos:

• a) Cuando haya transcurrido el plazo para la interposici髇 de un recurso contencioso-administrativo sin que la persona interesada lo haya interpuesto.
• b) Cuando, una vez interpuesto el recurso contencioso-administrativo, la persona interesada no haya solicitado la suspensi髇 cautelar de la resoluci髇 impugnada o el 髍gano judicial haya adoptado cualquier decisi髇 respecto de la suspensi髇 cautelar.

Art韈ulo 26 Reconocimiento de la responsabilidad y reducci髇 de la sanci髇

1. El 髍gano competente puede dictar una resoluci髇 que ponga fin al procedimiento con la imposici髇 de la sanci髇 que corresponda, cualquiera que sea el estado de tramitaci髇 de este, cuando el infractor reconozca formalmente su responsabilidad. A tal efecto, no ser� necesaria la formulaci髇 de una propuesta de resoluci髇, si el reconocimiento se hace antes de 閟ta.

2. Cuando la sanci髇 tenga 鷑icamente car醕ter pecuniario, el pago voluntario de la sanci髇 realizado por el presunto responsable en cualquier momento antes de que se dicte la resoluci髇 implicar� la terminaci髇 del procedimiento y, en consecuencia, de acuerdo con el art韈ulo 21.1 de la Ley 39/2015 el 髍gano competente dictar� y notificar� una resoluci髇 que ponga fin al procedimiento en los t閞minos del art韈ulo 24 de este Decreto, en la que constaran las circunstancias que motiven la resoluci髇 y, si corresponde, la fecha del pago.

3. En los casos a que hacen referencia los apartados anteriores, el procedimiento continuar� solo para la reposici髇 de la situaci髇 alterada o la determinaci髇 de la indemnizaci髇 por los da駉s y perjuicios causados por la comisi髇 de la infracci髇.

4. En relaci髇 con la reducci髇 de la sanci髇 pecuniaria, son de aplicaci髇 las reglas siguientes:

• a) Para aplicar la reducci髇 constar� en el expediente la sanci髇 en cuant韆 determinada en cualquiera de los actos siguientes: resoluci髇 de inicio, pliego de cargos o propuesta de resoluci髇.
• b) La reducci髇 se calcular� en relaci髇 con la cuant韆 determinada en el 鷏timo acto del procedimiento, antes del reconocimiento de la responsabilidad o, si corresponde, del pago voluntario.
• c) Son de aplicaci髇 las reducciones establecidas en la normativa especifica aplicable al procedimiento sancionador correspondiente. Supletoriamente, es de aplicaci髇 la reducci髇 del 20 % prevista en el articulo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tanto en el supuesto de reconocimiento de la responsabilidad como en el pago voluntario antes de la resoluci髇.
• d) Las cuant韆s de la reducci髇 son acumulables, i siempre referidas a la cuant韆 propuesta en la tramitaci髇 del expediente.
• e) A efectos del pago de la sanci髇 reducida y de su constancia en el expediente, el interesado puede solicitar al instructor la informaci髇 necesaria en relaci髇 con el sistema que debe utilizar y, si corresponde, el lugar web en el que se facilita el procedimiento de pago. El instructor ha de hacer constar en el expediente esta solicitud, que comportar� la suspensi髇 del procedimiento por un plazo de diez d韆s h醔iles, en relaci髇 con el impulso de nuevos tr醡ites, a efectos de que el interesado pueda realizar el pago y justificarlo para que conste en el procedimiento sancionador. El instructor ha de informar al interesado que, si no realiza el pago en dicho plazo, se continuar� la tramitaci髇 del procedimiento.

5. La efectividad de las reducciones est� condicionada al desistimiento o a la renuncia de cualquier acci髇 o recurso contra la sanci髇 en v韆 administrativa y, en consecuencia, la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento agota la v韆 administrativa.

Art韈ulo 27 Determinaci髇 de da駉s y perjuicios

1. Cuando las conductas sancionadas hayan causado da駉s o perjuicios a una administraci髇 p鷅lica y la cuant韆 de la indemnizaci髇 correspondiente no haya sido fijada en la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador incoar� un procedimiento complementario de car醕ter no sancionador, cuya resoluci髇 ser� inmediatamente ejecutiva.

2. El procedimiento complementario se tramitar� de acuerdo con las reglas previstas en la legislaci髇 b醩ica estatal.

Art韈ulo 28 Reglas generales

1. Cuando la infracci髇 se pueda calificar de leve, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento puede decidir, de manera motivada, tramitarlo por la v韆 simplificada, notific醤dolo a las personas interesadas. La resoluci髇 iniciadora de la tramitaci髇 simplificada deber� contener los elementos previstos en el art韈ulo 14.

2. No se puede optar por la tramitaci髇 simplificada una vez se haya cumplido el tr醡ite de alegaciones regulado en el art韈ulo 17 o se haya iniciado el periodo de prueba.

3. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resoluci髇, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento puede decidir, motivadamente, continuar las actuaciones conforme a la tramitaci髇 ordinaria, decisi髇 que notificar� a las personas interesadas. En todo caso, el procedimiento pasar� a tramitarse de forma ordinaria cuando se aprecie la necesidad de llevar a cabo tr醡ites diferentes de los previstos en el art韈ulo 29.

4. No debe tenerse en cuenta la eventual oposici髇 de las personas interesadas a las decisiones relativas a la tramitaci髇 que se adopten en aplicaci髇 de este art韈ulo.

Art韈ulo 29 Instrucci髇 y resoluci髇

1. Una vez notificada la resoluci髇 a que hace referencia el apartado 1 del art韈ulo anterior, se abrir� un plazo com鷑 de cinco d韆s para que las personas interesadas puedan consultar el expediente administrativo, formular alegaciones y presentar documentos y otros elementos de juicio. En el supuesto que el interesado proponga prueba y sea aceptada por el instructor, se ha de continuar con el procedimiento ordinario.

2. Una vez finalizada la tramitaci髇 establecida en los apartados anteriores, el 髍gano competente dictar� la resoluci髇 correspondiente, sin ning鷑 otro tr醡ite previo, con el contenido prescrito en el art韈ulo 24.

3. Si el 髍gano instructor considera que la infracci髇 debe ser calificada de grave o muy grave, o que existe riesgo de indefensi髇, debe ordenar que el procedimiento contin鷈 por los tr醡ites ordinarios, que se notifique esta decisi髇 a las personas interesadas y que se les conceda un plazo de cinco d韆s para que, si lo estiman conveniente, formulen nuevas alegaciones y propongan pruebas.

4. Salvo en el caso de que quede menos tiempo para acabar la tramitaci髇 ordinaria, los procedimientos simplificados se resolver醤 en el plazo de treinta d韆s contados desde el d韆 siguiente al de la notificaci髇 a la persona inculpada de la resoluci髇 en que se decida la tramitaci髇 simplificada.

Art韈ulo 30 Reglas generales

1. La duraci髇 de los procedimientos sancionadores es, con car醕ter general, la prevista en el art韈ulo 50 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, salvo el plazo para la tramitaci髇 simplificada, que se rige por el art韈ulo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y por este reglamento.

2. La fecha inicial para el c髆puto del plazo de caducidad es la misma en que se dicta la resoluci髇 iniciadora del procedimiento. La caducidad, de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, se produce por el transcurso del plazo sin dictar y notificar la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento a la persona inculpada.

3. En la resoluci髇 que declare la caducidad se ordenar� el archivo de las actuaciones. No obstante, se pueden acumular en un solo acto la declaraci髇 de caducidad y la incoaci髇 de un nuevo procedimiento respecto de las mismas personas inculpadas y por los mismos hechos, si no se ha producido la prescripci髇 de la infracci髇.

4. En el supuesto de que se inicie un nuevo procedimiento, se pueden incorporar la documentaci髇 y las actuaciones cuyo contenido se habr韆 mantenido igual si no se hubiera producido la caducidad. No obstante, deben cumplirse nuevamente los tr醡ites de alegaciones, audiencia a las personas interesadas y propuesta de resoluci髇, as� como, si corresponde, la pr醕tica de un nuevo periodo de prueba si lo solicitan las personas interesadas y no se considera manifiestamente improcedente o innecesario, o si lo que se ha realizado se considera insuficiente.