Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andaluc韆

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

T閚gase en cuenta que la disposici髇 transitoria 6.� de la Ley [ANDALUC虯] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres, (BOJA 12 noviembre), establece lo siguiente: 獺asta tanto se desarrollen las previsiones contenidas en la presente Ley sobre el aprovechamiento de la flora silvestre, permanecer� en vigor el r間imen jur韉ico del aprovechamiento de plantas arom醫icas y medicinales, setas u hongos, establecido en la Ley 2/1992, de 15 junio, Forestal de Andaluc韆, y disposiciones que la desarrollan�.LE0000194409

V閍se el D [ANDALUC虯] 208/1997, 9 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andaluc韆 (BOJA 7 octubre).LE0000007120

Pre醡bulo

La sociedad occidental, alcanzado un nivel de vida aceptable en t閞minos generales, reivindica una mayor calidad de vida que, por otra parte, ve amenazada por los efectos del proceso de industrializaci髇 e intensificaci髇 que tuvo que poner en marcha para la satisfacci髇 de sus necesidades de desarrollo, empezando por ello a pensar que el progreso y la expansi髇 econ髆ica tienen sus l韒ites y deben perseguirse cumpliendo una serie de garant韆s que permitan un crecimiento sostenido y solidario y el mantenimiento de las fuentes de recursos.

La nueva sensibilidad se sustenta internacionalmente en la Conferencia Intergubernamental sobre la utilizaci髇 racional de los recursos de la Biosfera; en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano y en la Estrategia Mundial para la Conservaci髇, patrocinadas por la Organizaci髇 de las Naciones Unidas y en cuyos Programas participan los Gobiernos y Organizaciones Internacionales dedicadas al fomento, protecci髇 y uso racional de los recursos naturales.

Atendiendo a estas razones, la Comunidad Econ髆ica Europea resalta el inter閟 del desarrollo forestal en las zonas rurales en dos direcciones: Una, netamente forestal, que encaminada en sus primeros tiempos a la defensa contra la contaminaci髇 del aire, afectaba principalmente a la Europa Central y ahora, con las medidas tendentes a evitar y paliar los procesos de erosi髇 y desertizaci髇, tambi閚 beneficia a los pa韘es del Sur y otra, dirigida a la eliminaci髇 del grave problema de excedentes de productos agrarios y alimentarios que promociona, para mejorar las estructuras agrarias, el abandono del cultivo de tierras marginales con destino, entre otras, a la repoblaci髇 forestal.

Ambos objetivos se ven facilitados con el establecimiento de una planificaci髇 forestal que permita la delimitaci髇 racional de una frontera, aunque flexible, entre los terrenos agr韈olas y forestales.

El contraste de estas recomendaciones con el actual estado de la legislaci髇 aplicable en Andaluc韆 y la inexistencia de una planificaci髇 general en materia de montes demuestran la inadecuaci髇 de la primera, que conduce, por contra, a la degradaci髇 de los terrenos forestales y la insuficiencia de la segunda, que se manifiesta a trav閟 de los planes de transformaci髇 forestal en Comarcas de Reforma Agraria, actuaci髇 en zonas de agricultura de monta馻 y zonas puntuales.

Con el fin de adecuar ambos instrumentos, se elaboran el Plan Forestal Andaluz y la Ley Forestal de Andaluc韆 como elementos de ordenaci髇 de dicho sector. El Plan Forestal se aprob� por el Pleno de Parlamento de Andaluc韆 en la sesi髇 celebrada los d韆s 14 y 15 de noviembre de 1989 y constituye un detenido an醠isis y diagn髎tico de la realidad forestal y la aprobaci髇 de objetivos y l韓eas de actuaci髇, encomend醤dose al Ejecutivo el desarrollo de los correspondientes planes de ordenaci髇 y la remisi髇 de un proyecto de ley forestal que haga posible la consecuci髇 de dichos objetivos.

Nuestra Norma Fundamental constitucionaliza el medio ambiente configur醤dolo como un bien a cuyo disfrute todos tienen derecho y todos, la obligaci髇 de defenderlo y conservarlo, por lo que los poderes p鷅licos han de velar por su utilizaci髇 racional. Lo que la Constituci髇 recoge bajo el t韙ulo de Principios Rectores de la Pol韙ica Social y Econ髆ica, el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, pionero en esta materia, lo consagra como uno de sus objetivos b醩icos, al situar la meta de la acci髇 pol韙ica en el fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la protecci髇 de la naturaleza y del medio ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial atenci髇 al medio rural; la protecci髇 y realce del paisaje y la superaci髇 de los desequilibrios econ髆icos, sociales y culturales entre las distintas 醨eas territoriales de Andaluc韆, fomentando su rec韕roca solidaridad.

Cumplir con el mandato estatutario, sin sobresaltos, hace necesario conocer el marco habitable -unas son las metas, otros los caminos-.

El art韈ulo 149.1.23.� de la Constituci髇 atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut髇omas para establecer normas adicionales de protecci髇 y, asimismo, la legislaci髇 b醩ica sobre montes, aprovechamientos forestales y v韆s pecuarias.

La Comunidad Aut髇oma Andaluza, por una parte, de acuerdo con el art韈ulo 13.6 y 7 del Estatuto de Andaluc韆 posee competencia exclusiva sobre los bienes de dominio p鷅lico y patrimoniales cuya titularidad le corresponde y sobre montes, aprovechamientos, servicios forestales y v韆s pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de monta馻 y conforme al art韈ulo 18.4 y de acuerdo con las bases y la ordenaci髇 de la actuaci髇 econ髆ica general, para la mejora y ordenaci髇 de las explotaciones agr韈olas, ganaderas y forestales. Especial referencia debe hacerse a la competencia exclusiva de la Comunidad sobre ordenaci髇 del territorio y pol韙ica territorial, fuente, a su vez de las competencias antes expuestas.

Este reparto y concurrencia competencial obliga a considerar la reserva de la compentencia del Estado y aquellas disposiciones que expresa y deductivamente deban considerarse b醩icas.

Sin duda son b醩icas algunas disposiciones contenidas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci髇 de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y de directa aplicaci髇 los Reglamentos de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias y de fomento forestal que recientemente han enriquecido el acervo comunitario.

Mayor complejidad plantea la frondosa legislaci髇 forestal -Ley de Montes, Ley de Patrimonio Forestal del Estado, Ley de Incendios Forestales, Ley de Fomento de la Producci髇 Forestal y sus respectivos reglamentos- al tratarse de normas preconstitucionales de las que habr韆 que deducir legislaci髇 b醩ica. Esta complejidad no puede conducir a la inactividad legislativa de la Comunidad Aut髇oma que dejar韆 sin atender necesidades apremiantes a la espera de una legislaci髇 estatal absolutamente clarificadora y, por otra parte, existen, con independencia de sus competencias propias, razones que otorgan a la Comunidad Aut髇oma un ampl韘imo marco de actuaci髇 en esta materia, entre ellas: La minuciosidad de los Decretos de transferencias del Estado a Andaluc韆; el que la denominada legislaci髇 forestal resulte sustancialmente matizada por las disposiciones estatales y comunitarias arriba referidas; la doctrina constitucional sentada sobre esta materia; la dispersi髇 de dicha legislaci髇; la utilizaci髇 de la r鷅rica de la ordenaci髇 del territorio propia de la competencia auton髆ica y la lejania del contexto en que naci� la legislaci髇 vigente. En este sentido, tanto los dict醡enes evacuados por prestigiosos juristas como los informes de la Administraci髇 estatal competente eluden el riesgo que se pod韆 asumir.

Del presente texto se pueden abstraer una serie de principios que, por no hacer pr髄ogo m醩 extenso que la disposici髇, se enumeran y comentan a manera de s韓tesis.

El monte o los terrenos forestales dif韈ilmente se pueden ordenar o proteger partiendo de un concepto residual, imperante en la legislaci髇 vigente, que lo considera como aquel espacio rural del que no se pueden obtener rendimientos agr韈olas. Ello ha justificado el intento de su definici髇 por sus propias caracter韘ticas y valores, llevando a la propuesta de un concepto en positivo y abierto.

Se encabeza el concepto con la asunci髇 del t韙ulo de la ordenaci髇 del territorio, como as� se demanda para alcanzar el equilibrio del hombre con su entorno por la Comisi髇 de las Comunidades Europeas y la Carta Europea de Ordenaci髇 del Territorio, que contempla la escala regional como 髉tima para esta pol韙ica, y la Declaraci髇 de Par韘 de septiembre de 1991.

A la descripci髇 f韘ica tradicional de los terrenos forestales se le a馻de la enumeraci髇 de las funciones que cumplen que, aunque inmemorialmente reconocidads, necesitaban de una ponderaci髇 dirigida al equilibrio en la dial閏tica entre las funciones de conservaci髇 y producci髇 y en la b鷖queda de un crecimiento sostenido que a su vez preserve la riqueza y la diversidad gen閠ica.

Asimismo, se incluyen en el concepto los enclaves forestales en terrenos agr韈olas para evitar la simplificaci髇 paisaj韘tica que se viene produciendo en algunos espacios andaluces y se flexibiliza la delimitaci髇 de la frontera entre lo agr韈ola y lo forestal, teniendo presente las nuevas pol韙icas de ordenaci髇 y desarrollo rural.

Se ha pretendido no exarcerbar la contradicci髇 que resulta de la pluralidad de planeamientos sobre un mismo territorio con la creaci髇 de nuevos instrumentos de planificaci髇; por ello, entre otras razones, se acude a una figura establecida: Los Planes de Ordenaci髇 de Recursos Naturales, que en sus contenidos m韓imos responden a la filosof韆 de equilibrio que se viene manteniendo.

Dicha contradicci髇 puede evitarse mediante el uso de t閏nicas de coordinaci髇 y de integraci髇. Las primeras, se alcanzar韆n mediante la elaboraci髇 conjunta de dichos planes por parte de los 髍ganos u organismos con mayor implicaci髇 en la materia y residenciando la aprobaci髇 de los mismos y de otras decisiones de trascendencia en el Consejo de Gobierno y las segundas, por la integraci髇 de estos planes en los superiores de ordenaci髇 del territorio.

Las medidas de conservaci髇 y desarrollo duradero de los recursos naturales y en concreto de los que sustentan el ecosistema forestal s髄o pueden ser efectivas si sus objetivos son asumidos por la sociedad y la 鷑ica garant韆 de 閤ito consiste en la participaci髇 en todas las fases del proceso de decisi髇 y ejecuci髇, de los representantes de los sectores implicados.

Al ejercicio del principio de participaci髇 debe atribuirse la aprobaci髇 un醤ime del Plan Forestal Andaluz en el Parlamento, aconsejando este antecedente, el sometimiento generalizado del documento de trabajo para la elaboraci髇 de la Ley Forestal a la consideraci髇 de las Administraciones y sectores implicados y el encargo de dict醡enes a la Real Academia Sevillana de Legislaci髇 y Jurisprudencia y a eminentes profesores, habi閚dose atendido la mayor parte de las observaciones recibidas, que han supuesto aportaciones de transcendencia para la seguridad y riqueza del texto.

En el orden dispositivo, la participaci髇 se garantiza a lo largo de todo el texto y, en concreto, en el proceso de aprobaci髇 de los Planes de Ordenaci髇 de Recursos Naturales por la intervenci髇 de los agentes sociales en los 髍ganos consultivos, asesores y de seguimiento que se constituyen -Consejos Forestales-, habilit醤dose a la Administraci髇 Forestal para la suscripci髇 con aqu閘los de convenios de colaboraci髇 para el desarrollo de los objetivos de la pol韙ica forestal.

Cuando el art韈ulo 45 de la Constituci髇 Espa駉la atribuye a los poderes p鷅licos la obligaci髇 de velar por la utilizaci髇 racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad y defender y restaurar el medio ambiente, apoy醤dose en la indispensable solidaridad colectiva, no est� ponderando esta responsabilidad en relaci髇 con las caracter韘ticas de esos poderes o Administraciones, sino haciendo una llamada a todas ellas para que encaminen su actuaci髇 a la obtenci髇 de estos objetivos mediante cooperaci髇 solidaria.

La Constituci髇 garantiza la autonom韆 de las Corporaciones Locales y, a este respecto, se pronuncia la Ley Forestal, desapareciendo t閏nicas intervencionistas del pasado y participando la Comunidad Auton髆a en la gesti髇 de los montes de titularidad local s髄o cuando las Corporaciones que la ostenten suscriban convenios de cooperaci髇, en el convencimiento de que la autonom韆 de las instituciones 鷑icamente se consigue por el continuo ejercicio de sus derechos y obligaciones y la consiguiente asunci髇 de las responsabilidades que genere.

La planificaci髇 permite la liberalizaci髇 de las actuaciones sustityendo tr醡ites de autorizaci髇 previa por la puesta en conocimiento de su realizaci髇.

La preocupaci髇 social valora y pondera, ya con otros criterios, la funciones que cubren los espacios forestales, y su defensa requiere la utilizaci髇 y afinamiento de variados instrumentos de protecci髇.

Se va consolidando, por ello, el dominio p鷅lico forestal, aunque, por prudencia, esta categor韆 鷑icamente se predicar� en los montes de titularidad p鷅lica, habilitando esta Ley la progresiva demanializaci髇 de los montes p鷅licos poe acuerdo del Consejo de Gobierno, atribuyendo a los bienes que tengan esta calificaci髇 la condici髇 de imprescriptibles y privilegi醤dose con el principio de la recuperaci髇 de oficio ante cualquier ataque u ocupaci髇.

Se instrumenta, con este mismo objetivo, un procedimiento que, sin menoscabo de las garant韆s necesarias, resulta m醩 醙il y, por lo tanto, m醩 eficaz para el ejercicio por parte de la Administraci髇 de las facultades de deslinde, apeo y amojonamiemto de los bienes forestales de su titularidad.

Se recogen en la Ley los principios m醩 generales de manejo de los ecosistemas forestales con el fin de vincular de forma expresa la elaboraci髇 de los Planes de Ordenaci髇 de Recursos Naturales y la ejecuci髇 de la pol韙ica forestal a los mismos, recogi閚dose como principio general superior, la gesti髇 integrada de los montes o espacios forestales, al contemplar de forma conjunta la vegetaci髇, la fauna y el medio f韘ico que los constituye.

Se regula, con el grado de concreci髇 que una Ley permite, un amplio repertorio de beneficios que, por la v韆 de convenios o reglamentos, se puedan otorgar a todo tipo de actuaciones forestales, con especial referencia a la investigaci髇, experimentaci髇, repoblaci髇, demostraci髇 y capacitaci髇 y tambi閚 al fomento de las agrupaciones de propietarios, productores, transformadores y comercializadores.

En la legislaci髇 vigente, con anterioridad a la aprobaci髇 de esta Ley, se apreciaba un pernicioso desfase en la regulaci髇 de las infracciones y sanciones, que no consegu韆 disuadir la realizaci髇 de acciones que, de forma directa o indirecta, conduc韆n en ocasiones, previa obtenci髇 de rendimientos econ髆icos puramente coyunturales, a la degradaci髇 y, a mala vez, a la imposible recuperaci髇 de los terrenos forestales.

A la vista de la situaci髇 antes expuesta, se actualiza el importe de las sanciones, en el marco de la legislaci髇 b醩ica y se modifica el sistema de valoraci髇 de las mismas, regulando sin car醕te sancionador, de forma distinta, la obligaci髇 de reparar el da駉 causado dentro del mismo a駉 forestal, sometiendo estos trabajos a la aprobaci髇 de un plan t閏nico y asentando en el Registro de la Propiedad las anotaciones correspondientes que, a la postre, protegen al adquirente de buena fe.

El repertorio de infracciones y el procedimiento sancionador se adecuan a la actual jurisprudencia constitucional en un esfuerzo de aproximaci髇 a los principios del Derecho Penal sustantivo y su rituario procesal, estableci閚dose criterios para la graduaci髇 de las sanciones y prescindi閚dose de las jurisdicciones compartidas entre lo administrativo y lo penal que, en los 鷏timos tiempos, han producido efectos perturbadores.

La presente Ley se inserta en el ordenamiento jur韉ico andaluz, que constituye ya en estos momentos un amplio y vivo cuerpo legislativo, promoviendo la integraci髇 necesaria con las normas sobre ordenaci髇 del territorio, conservaci髇 de la naturaleza y patrimonio de Andaluc韆 y en el respeto que como informadora supone una legislaci髇, la del ramo de montes, que se constituy� en defensa esclarecida de unos bienes caracterizados en nuestra historia por su fragilidad ante los ataques generados por la satisfacci髇 de intereses contrapuestos.