Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

El Instituto Aragonés del Agua, creado por la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, se configura como una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, adscrita al Departamento de Medio Ambiente.

El Instituto Aragonés del Agua, entre otras actuaciones, acomete la ejecución de obras y actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, algunas de ellas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Aragón -según le habilita el artículo 24 de la propia Ley 6/2001-; elabora y aprueba los instrumentos de planificación hidráulica en nuestra Comunidad Autónoma; asume la explotación de los servicios de abastecimiento y depuración de aguas por delegación de las entidades locales; asume la regulación y gestión de las situaciones de sequía, de contaminación extraordinaria de los sistemas de depuración o de cualesquiera otros estados de urgencia o necesidad; ejerce funciones de inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración; recauda, gestiona y ejerce la potestad inspectora respecto de la figura tributaria del canon de saneamiento. Asimismo, el Instituto Aragonés del Agua alberga en su seno la Comisión del Agua de Aragón, órgano de carácter consultivo en materia de política de aguas en nuestra Comunidad Autónoma. Además, el Instituto Aragonés del Agua tiene atribuida la potestad sancionadora en los términos previstos en los artículos 70 a 72 de la Ley 6/2001.

La relevancia, para la Comunidad Autónoma de Aragón, de las actuaciones que el Instituto Aragonés del Agua tiene encomendadas por el ordenamiento jurídico autonómico requiere que, en aras del principio de seguridad jurídica, se incluya esta entidad de Derecho público entre aquellas entidades que deben sujetar su contratación al más estricto nivel de aplicación de la normativa de contratos del sector público.

En el ejercicio de las competencias exclusivas que, sobre organización de sus instituciones y para la definición del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón (artículo 71.1.ª y 7.ª), y en el ejercicio de las competencias compartidas sobre desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas y para el establecimiento del régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma establecidos en el artículo 75.11.ª y 12.ª, procede la aprobación de la presente norma que modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, con el objeto de determinar la consideración de Administración Pública del Instituto Aragonés del Agua a los efectos de aplicación de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.