Sumario

La trata de personas con finalidad sexual es una gravísima violación de los derechos fundamentales, en la que se vulneran, entre otros, los derechos a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, a la dignidad y a la libre elección de trabajo, considerándose uno de los delitos más graves en el ámbito mundial, y supone para sus víctimas una nueva forma de esclavitud. Este fenómeno, que afecta especialmente a mujeres y niñas, es una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en todo el mundo y constituye una clara expresión de la violencia machista.

Como punto de partida debemos situar el marco normativo más relevante en el que se enmarca la actuación de los poderes públicos en esta materia. Es necesario citar en primer lugar la ratificación y entrada en vigor en nuestro país, el 28 de enero de 2004, del Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.

Igualmente resulta determinante a estos efectos la ratificación por el Estado español del Convenio núm. 197 del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, en vigor en nuestro país desde el 1 de agosto de 2009 (el 10 de septiembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Instrumento de ratificación del Convenio citado).

Asimismo conviene señalar la Ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que ha introducido un nuevo artículo 59 bis bajo el título Víctimas de trata de seres humanos que, entre otras medidas, contempla otorgar un período de restablecimiento y reflexión de como mínimo treinta días para aquellas personas extranjeras en situación irregular sobre las que hay dudas razonables sobre su condición de víctimas de trata de seres humanos.

Igualmente, y por lo que se refiere a Cataluña, la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, dispone en su artículo 67.2 que el Gobierno debe desarrollar las estructuras y los mecanismos adecuados para acoger y atender a las mujeres afectadas por tráfico y explotación sexual.

Además de la propia Ley 5/2008 citada, la Resolución 370/VIII, del Parlamento de Cataluña, sobre el impulso de medidas para abordar el fenómeno de la prostitución, y la Resolución 520/VIII, sobre la orientación general del Gobierno, ambas del año 2009, justifican el presente Acuerdo de Gobierno.

La aprobación de este Acuerdo se justifica también en base al Plan del Gobierno 2007-2010, que establece como objetivo inmediato la erradicación de la violencia machista mediante el desarrollo de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar esta violencia (eje 1, actuación 1.1.4). Igualmente se fundamenta en el Pacto Nacional para la Inmigración, aprobado por el Gobierno el 16 de diciembre de 2008 y firmado el 19 de diciembre del mismo año, que determina la necesidad de adoptar programas específicos de atención a las personas víctimas de tráfico o trata (medida 17, reto 2, eje 1).

Asimismo, es necesario mencionar el Plan de políticas de mujeres del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 2008-2011, que recoge en el eje 6 las intervenciones de los poderes públicos en el abordaje de la violencia machista.

Si bien todos los departamentos de la Generalidad, a partir de las competencias que tienen asumidas como propias, están trabajando en el abordaje del fenómeno, se ha creído pertinente la aprobación del Programa de medidas para el abordaje de situaciones de prostitución, en especial de las de trata de personas con finalidad sexual, así como la creación de un grupo de trabajo estable con capacidad de gestión, coordinación interdepartamental y misión de liderazgo en relación con el abordaje de las situaciones citadas.

Finalmente, este Acuerdo se rige por las disposiciones que establece la normativa vigente en materia de órganos colegiados.

Por todo ello, a propuesta de la consejera del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, el Gobierno

Acuerda:

1 Aprobar el Programa de medidas para el abordaje de situaciones de prostitución, en especial de las de trata de personas con finalidad sexual, como instrumento de planificación en el que se articulan las diferentes actuaciones desde una perspectiva integral dirigidas a luchar de manera eficaz contra la trata de personas con finalidad sexual y ofrecer atención y protección a las personas que se encuentran en esta situación, el cual se adjunta como anexo de este Acuerdo.

2 Crear el Grupo de Trabajo para el abordaje de situaciones de prostitución, en especial de las de trata de personas con finalidad sexual, como órgano que coordina la acción del Gobierno en esta materia. Este Grupo de Trabajo tiene el encargo de desarrollar el Programa de medidas para el abordaje de situaciones de prostitución, en especial de las de trata de personas con finalidad sexual. La duración del Grupo de Trabajo será la del tiempo que dura el cumplimiento del Programa de medidas citado.

3 La presidencia del Grupo de Trabajo la ejercerá la presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres y la secretaría, una persona al servicio de este Instituto, nombrada por la presidencia del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo se articula en dos comisiones, la Comisión Ejecutiva y la Comisión Técnica.

4 La Comisión Ejecutiva decide, impulsa y coordina la actuación de los diferentes departamentos de la Generalidad en esta materia y, dado su carácter interdepartamental, tendrá una actuación amplia y transversal. Esta Comisión está integrada por una persona representante de cada departamento de la Generalidad con rango de alto cargo, nombradas por la consejera de Acción Social y Ciudadanía a propuesta de los correspondientes departamentos. Las funciones de la Comisión Ejecutiva son las siguientes:

• a) Coordinación: garantizar la coordinación interdepartamental, interinstitucional y con las entidades especializadas que intervienen en la atención a las personas que ejercen la prostitución y en la lucha contra la trata de personas con finalidad sexual, tanto en el ámbito nacional, estatal como internacional, como elemento transversal de todas las medidas desarrolladas en esta materia.
• b) Prevención: profundizar en el conocimiento de la realidad de la trata de personas con finalidad sexual en Cataluña para diagnosticar las situaciones de vulneración de derechos humanos, así como proponer estrategias para afrontar esta problemática, teniendo en cuenta las necesidades de las personas que se encuentran en esta situación.
• c) Sensibilización: sensibilizar a la sociedad contra la estigmatización de las personas que ejercen la prostitución y sobre el problema de la trata de personas con finalidad sexual y luchar contra la victimización secundaria de las víctimas.
• d) Detección: mejorar los mecanismos de detección e identificación de las posibles víctimas de trata con finalidad sexual.
• e) Atención: definir un modelo de atención y acceso a los recursos dirigido a las personas que ejercen la prostitución, especialmente a las víctimas de trata con finalidad sexual, teniendo en cuenta en todo caso la diversidad de personas y situaciones.
• f) Seguimiento y evaluación de las actuaciones anteriores.

5 La Comisión Técnica abordará los aspectos técnicos y elaborará y presentará a la Comisión Ejecutiva las propuestas de medidas de actuación dirigidas a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa citado. Esta Comisión está integrada por una persona funcionaria técnica al servicio de los diferentes departamentos de la Generalidad, designada por los/las correspondientes altos cargos que forman la Comisión Ejecutiva, y por representantes de otras Instituciones y personas expertas de las entidades especializadas en la atención y protección de las mujeres en situación de prostitución y a las víctimas de trata con finalidad sexual, que serán invitadas a participar.

6 La Comisión Ejecutiva y la Comisión Técnica tendrán el soporte técnico del Instituto Catalán de las Mujeres, organismo que tiene como misión principal implantar las políticas de promoción de los derechos de las mujeres para conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres en Cataluña.

7 El Grupo de Trabajo puede elaborar sus propias normas de funcionamiento interno. Sin embargo, en todo aquello que no esté previsto en este Acuerdo de Gobierno y, en su caso en las normas de funcionamiento interno, este órgano se rige, supletoriamente, por la normativa vigente en materia de órganos colegiados de la Administración de la Generalidad.

8 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepto el anexo, que se puede consultar en el web de Internet http://www.gencat.cat/dasc/icdones.