Dictamen

Solicitado por el Gobierno de la Generalitat, en relaci髇 con el Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local (BOE n鷐. 259, de 27 de octubre de 2009).

Antecedentes

1. El d韆 15 de junio de 2010 tuvo entrada en el Registro del Consell de Garanties Estatut鄏ies (Reg. 514) un escrito del consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participaci髇, de la misma fecha, por el que se comunic� al Consell el acuerdo del Gobierno de la Generalitat, de aquel mismo d韆, de solicitud de emisi髇 de dictamen sobre el Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, seg鷑 lo previsto en los art韈ulos 16.2.a, 31.1 y concordantes de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consell de Garanties Estatut鄏ies.

Esta solicitud se basa en la siguiente fundamentaci髇:

獳unque puede reconocerse la competencia del Estado para crear el Fondo como dotaci髇 subvencional, en ejercicio de su potestad financiera aplicada al r間imen local (art. 149.1.14 y .18 CE), y crearlo mediante una decisi髇 extraordinaria en favor de los municipios dirigida a dinamizar la actividad econ髆ica y la creaci髇 de empleo, como finalidades propias tambi閚 de la ordenaci髇 general de la econom韆 ( art. 149.1.13 CE), la regulaci髇 concreta que prev� el Real Decreto ley puede no ser respetuosa con las competencias asumidas por la Generalitat de Catalu馻 al no reconocer ninguna participaci髇 de la Generalitat en la gesti髇 de las subvenciones del Fondo y, por lo tanto, desconocer la necesaria participaci髇 de la Generalitat, como m韓imo, como canal de distribuci髇 de los fondos, que resultar韆 de las arts. 114, 160, 218 y 219 del Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻.�

No obstante, la solicitud de dictamen finaliza pidiendo al Consell:

玵ue analice en profundidad su conformidad o no con los mencionados preceptos de la Constituci髇 y del Estatuto de Autonom韆, o con cualquier otro precepto del bloque de la constitucionalidad que el Consell de Garanties Estatut鄏ies estime oportuno considerar�.

2. El Consell, en la sesi髇 del d韆 18 de junio de 2010, una vez examinada la solicitud de dictamen as� formulada, la admiti� a tr醡ite y design� ponente al consejero se駉r Julio A駉veros Trias de Bes.

3. En la misma sesi髇, de acuerdo con el art韈ulo 25, apartado 4, de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, acord� dirigirse al Gobierno de la Generalitat, con el fin de solicitarle la informaci髇 y documentaci髇 complementarias de que dispusiera en relaci髇 con la materia sometida a dictamen.

4. En fecha 2 de julio de 2010 se recibi� en el Registro del Consell (Reg. 582) un escrito de la Secretaria del Gobierno con un 獻nforme sobre la adecuaci髇 al marco constitucional y estatutario del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 'Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local' (FEESL), publicado en el BOE de 27 de octubre de 2009�, realizado por el Gabinete Jur韉ico de la Generalitat.

5. En fecha 9 de julio de 2010 el consejero se駉r Julio A駉veros Trias de Bes pidi� que se le aceptara la renuncia a la ponencia. Un vez aceptada, el Consell, en la misma sesi髇, acord� designar ponentes al presidente Eliseo Aja, al vicepresidente Joan Egea Fern鄋dez y al consejero secretario Jaume Vernet i Llobet.

6. Finalmente, despu閟 de las correspondientes sesiones de deliberaci髇, se fij� la votaci髇 del Dictamen para el d韆 13 de julio de 2010.

Fundamentos jur韉icos

Primero. El objeto del Dictamen

1. El Gobierno de la Generalitat de Catalu馻 demanda de este Consell que emita Dictamen sobre el Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local (en adelante, Real decreto-ley 13/2009), a fin de que examinemos su conformidad con la Constituci髇 y el Estatuto de autonom韆. La solicitud del Gobierno da as� cumplimiento al art韈ulo 76.3 EAC y a los art韈ulos 16.2.a y 31 de nuestra Ley constitutiva, que exigen preceptivamente el dictamen del Consell de Garanties Estatut鄏ies previamente a la interposici髇 de un recurso de inconstitucionalidad, y se justifica en la necesidad de disponer de una opini髇 que 玴ermita valorar la solidez de los argumentos jur韉icos con los que podr韆 contar el fundamento jur韉ico del posible recurso de inconstitucionalidad�.

Antes de exponer los motivos en que se fundamenta la solicitud, y con el fin de concretar el objeto de nuestro Dictamen, es necesario exponer sucintamente el contenido y la finalidad de la disposici髇 que se examinar�.

Tal como se explica en el pre醡bulo del propio Real decreto-ley 13/2009, este se enmarca en un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno del Estado que tienen por objeto favorecer las inversiones destinadas a dinamizar la actividad econ髆ica incidiendo directamente en la creaci髇 de puestos de trabajo. Entre estas medidas destacan el Fondo estatal de inversi髇 local y el Fondo especial del Estado para la dinamizaci髇 de la econom韆 y el empleo, creados por el Real decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. En esta l韓ea, el Decreto-ley 13/2009 crea un nuevo Fondo que tiene por objetivo 玵ue las inversiones, proyectos y actuaciones financiadas contribuyan a la sostenibilidad econ髆ica, social y ambiental�.

El Fondo tiene una doble finalidad: en primer lugar, 玦ncrementar la inversi髇 p鷅lica en el 醡bito local a trav閟 de la financiaci髇 de actuaciones generadoras de empleo en obras de nueva planificaci髇 y ejecuci髇 inmediata que sean competencia de los municipios y del equipamiento de aqu閘las�, financiando proyectos que tengan en cuenta 玪a perspectiva del desarrollo sostenible�; y, en segundo lugar, contribuir 玜 la sostenibilidad social, mediante la financiaci髇 de los gastos corrientes que ocasione la prestaci髇 de servicios educativos, as� como otros servicios sociales de competencia municipal�. Seg鷑 se dice en la misma exposici髇 de motivos, 玔l]a administraci髇, gesti髇 y direcci髇 del Fondo corresponder醤 al Ministerio de Pol韙ica Territorial, a trav閟 de la Direcci髇 General de Cooperaci髇 Local, sin perjuicio de la colaboraci髇 de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.�

2. El Real decreto-ley 13/2009 responde, pues, a los objetivos expresados, que se concretan en su parte dispositiva, estructurada en tres cap韙ulos (cap韙ulo I: 獶isposiciones generales�, cap韙ulo II: 玃rocedimiento para la financiaci髇 de proyectos de inversi髇�, y cap韙ulo III: 獸inanciaci髇 de actuaciones de inter閟 social�), a los que siguen diez disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales.

Tal como ha quedado reflejado en los Antecedentes, la solicitud de dictamen se fundamenta esencialmente en la posible vulneraci髇 de las competencias de la Generalitat de Catalu馻 derivada del hecho que el Real decreto-ley 13/2009 no le reconoce ning鷑 tipo de participaci髇 en la gesti髇 y administraci髇 del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local que crea la citada disposici髇. El Gobierno de la Generalitat reconoce la competencia del Estado para crear el Fondo como dotaci髇 subvencional en ejercicio de su potestad financiera aplicada al r間imen local (subapartados 14 y 18 del art韈ulo 149.1 CE), as� como la competencia para adoptar una decisi髇 en favor de los municipios destinada a dinamizar la actividad econ髆ica, que podr韆 encuadrarse en la ordenaci髇 general de la econom韆 (subapartado 13 del art韈ulo 149.1 CE). Sin embargo, la atribuci髇 de la gesti髇 del Fondo exclusivamente a la Administraci髇 del Estado, sin prever ninguna intervenci髇 de las administraciones auton髆icas, impedir韆 la participaci髇 de la Generalitat en la distribuci髇 del Fondo, vulnerando as� las competencias que tiene atribuidas por los art韈ulos 114, 160, 218 y 219 EAC, seg鷑 el parecer del Gobierno.

3. Con el fin de dar respuesta a las dudas que se han planteado en la solicitud, el Fundamento Jur韉ico Segundo de este Dictamen estudiar� el r間imen competencial de la actividad subvencional del Estado de acuerdo con su regulaci髇 en el 玝loque de la constitucionalidad�, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional.

A continuaci髇, en el Fundamento Jur韉ico Tercero procederemos a analizar los t韙ulos competenciales invocados por el Estado en el Real decreto-ley 13/2009, as� como los invocados por el Gobierno de la Generalitat en su solicitud de dictamen, con el fin de conocer d髇de debe ubicarse la regulaci髇 del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local contenida en la disposici髇 objeto de Dictamen.

Finalmente, a la luz de las conclusiones alcanzadas en los anteriores Fundamentos, en el Fundamento Jur韉ico Cuarto examinaremos la conformidad con la Constituci髇 y el Estatuto del Real decreto-ley 13/2009 y, en concreto, si su contenido invade las competencias de la Generalitat invocadas por el Gobierno. Este, sin embargo, no ha precisado en su solicitud los concretos preceptos de la disposici髇 estatal a los que deber韆 atribuirse la pretendida invasi髇, que se imputa precisamente a la ausencia de una previsi髇 de participaci髇 auton髆ica en la gesti髇 del Fondo estatal; y dicha precisi髇 tampoco la encontramos en el acuerdo de inicio de negociaciones para resolver esta discrepancia competencial que ha sido publicado en el BOE y en el DOGC en fecha 15 de febrero de 2010. Sin embargo, con el fin de responder a la petici髇 del Gobierno, habr� que examinar el Real decreto 13/2009 en su conjunto y tambi閚 su articulado, con especial atenci髇 a los art韈ulos 1, 2, 3.1, 5, 7 y 9.1, las disposiciones adicionales tercera y cuarta, y las disposiciones finales primera y segunda, para determinar su conformidad con la Constituci髇 y el Estatuto.

Segundo. El r間imen jur韉ico-constitucional del poder de gasto estatal

1. El Real decreto-ley 13/2009 crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, que tiene como objetivo que las inversiones, proyectos y actuaciones financiadas en el 醡bito local contribuyan a la sostenibilidad econ髆ica, social y ambiental.

Se trata de un instrumento de fomento con el objeto de impulsar y reactivar la econom韆 y, de esta manera, crear empleo. En consecuencia, estamos ante un Fondo estatal de naturaleza subvencional.

En este sentido, el art韈ulo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, las define como:

玹oda disposici髇 dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el art韈ulo 3 de esta ley, a favor de personas p鷅licas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

• a) Que la entrega se realice sin contraprestaci髇 directa de los beneficiarios.
• b) Que la entrega est� sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecuci髇 de un proyecto, la realizaci髇 de una actividad, la adopci髇 de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situaci髇, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
• c) Que el proyecto, la acci髇, conducta o situaci髇 financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad p鷅lica o inter閟 social o de promoci髇 de una finalidad p鷅lica.�

Estos requisitos son cumplidos por el citado Fondo, ya que se realiza una disposici髇 dineraria en favor de las entidades locales adjudicatarias, con el compromiso de emprender determinados proyectos de inversi髇 (cap韙ulo segundo del Decreto-ley) o programas de actuaci髇 de naturaleza social (cap韙ulo tercero del Decreto-ley).

Por otra parte, desde la perspectiva competencial, las subvenciones no son un t韙ulo competencial independiente; sino que la actividad de fomento, sea la del Estado o la de las Comunidades Aut髇omas, est� vinculada al reparto competencial que se deduce de la Constituci髇 y los estatutos de autonom韆. As�, seg鷑 el Tribunal Constitucional:

玡l Estado al dictar la normativa general de cada tipo de subvenci髇 no podr� exceder de los t韙ulos competenciales que amparen su intervenci髇 y habr� de respetar las competencias que sobre la materia subvencionada titulan las CC.AA., las cuales determinan, en 鷏tima instancia, conforme a la normativa general, la medida y alcance de la gesti髇 de la subvenci髇 por la Comunidad Aut髇oma. Habr� que estar, pues, a la normativa general que para cada tipo de subvenci髇 dicte el Estado al objeto de precisar si los condicionamientos que para la gesti髇 de las subvenciones que en la misma se determinan se encuadran dentro de los l韒ites del t韙ulo competencial que ampara la intervenci髇 estatal o, al contrario, van m醩 all� del alcance de dicho t韙ulo, invadiendo las competencias auton髆icas sobre la materia subvencionada, lo que significar韆 [...] alterar el sistema competencial�. (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 15)

En este sentido, el Consell Consultiu, en el Dictamen n鷐. 279, de 29 de enero de 2007, en su Fundamento V.6, dec韆 que: 玪a potestad de gasto del Estado puede constituir una acci髇 o medida de fomento que ha de respetar, sin embargo, una serie de criterios constitucionales�, entre los cuales destacamos que:

玪a facultad de gasto del Estado no constituye un t韙ulo competencial aut髇omo, como tampoco lo habilita para disponer de un poder general para subvencionar, entendido como un poder libre o desvinculado del orden competencial (entre otras: STC 212/2005, de 21 de julio; 194/2004, de 4 de noviembre; 77/2004, de 29 de abril; 175/2003, de 30 de septiembre; 126/2002, de 23 de mayo; 98/2001, de 5 de abril; 102/1995, de 26 de junio; 145/1989, de 21 de septiembre; 179/1985, de 19 de diciembre; 39/1982, de 30 de junio). El poder de gasto o subvencional es siempre un poder instrumental que se ejerce 'dentro' y no al 'margen' del orden de competencias y de los l韒ites que la Constituci髇 establece, entre otros el respeto a la autonom韆 pol韙ica y financiera de las comunidades aut髇omas que reconocen y garantizan los art韈ulos 2, 137 y 156 CE. El Estado no puede, por lo tanto, condicionar o mediatizar a las comunidades aut髇omas en el ejercicio de sus competencias, de tal forma que convierta su poder de gasto en un poder para regular la materia al margen del reparto competencial establecido por el bloque de constitucionalidad (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 6). La misma argumentaci髇 es tambi閚 trasladable al poder de gasto de las comunidades aut髇omas con cargo a su propio presupuesto (STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 5 y 14/1989, de 26 de enero, FJ 2). Por lo tanto, la legitimidad constitucional del r間imen normativo y de gesti髇 de las subvenciones fijado por el Estado depende de las competencias que el Estado posea en la materia de que se trate (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 4) y la sola decisi髇 de contribuir a la financiaci髇 de determinadas actividades no autoriza al Estado a invadir competencias ajenas (STC 146/1986, de 25 de noviembre, FJ 3).�

Igualmente el Tribunal Constitucional, en la STC 95/2001, de 5 de abril, ha afirmado que:

玪a potestad de gasto auton髆ica -o estatal- no podr� aplicarse sino a actividades en relaci髇 con las que, por raz髇 de la materia, se ostenten competencias (SSTC 30/1982, de 30 de junio; 201/1988, de 27 de octubre; 13/1992), pues las subvenciones no son m醩 que simples actos de ejecuci髇 de competencias (STC 95/1986, de 10 de julio).� (FJ 3)

El Consell Consultiu, en otras ocasiones, se pronunci� en el mismo sentido, indicando, adem醩, que:

玪as asignaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para subvenciones o ayudas deber醤 ser distribuidas entre las Comunidades Aut髇omas de acuerdo con los preceptos constitucionales, poniendo a su disposici髇 las cantidades correspondientes para que sean 閟tas quienes les den el destino final que tengan por m醩 conveniente al mejor servicio de los intereses p鷅licos�. (Dictamen n鷐. 70, F III)

Si se hiciera as�, 玸e evitar韆 toda confusi髇 inicial acerca de a cual Administraci髇 se atribuye la gesti髇 de las subvenciones� (STC 13/1992, FJ 9).

De esta manera, la reforma de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, introducida por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, obliga al Gobierno del Estado a incluir a las comunidades aut髇omas en la toma de decisi髇 sobre la distribuci髇 de las subvenciones, cuando las comunidades aut髇omas dispongan de t韙ulo competencial sobre la materia.

As�, el art韈ulo 86.1 de dicha Ley 47/2003 establece que, en la ley de presupuestos, los cr閐itos 玠estinados a la financiaci髇 de sectores, servicios, actividades o materias respecto de los cuales las Comunidades Aut髇omas tengan asumidas competencias de ejecuci髇 [...] habr醤 de distribuirse territorialmente a favor de tales Comunidades Aut髇omas, mediante normas o convenios de colaboraci髇 que incorporar醤 criterios objetivos de distribuci髇�.

Ello significa, en la pr醕tica, el traslado de la decisi髇 sobre el reparto de los fondos a la Conferencia Sectorial (art. 86.2, primera y segunda), y no se entiende que las previsiones v醠idas para los presupuestos no lo sean para una decisi髇 adoptada por decreto-ley. La norma resulta realista al prever incluso que puedan realizarse reservas de cr閐itos no distribuidos para cubrir necesidades imprevistas y que aparezcan a lo largo de la ejecuci髇 del plan. Los supuestos habilitantes de esta especial norma con rango de ley, en especial el de la urgencia ( art. 86.1 CE), no permiten que se vulnere el sistema de distribuci髇 de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad.

En este sentido, la utilizaci髇 de un decreto-ley no puede ser en s� misma una justificaci髇 para legitimar la intervenci髇 del Estado, ni tampoco la gesti髇 centralizada del Fondo que este ha creado. El supuesto habilitante del art韈ulo 86 CE, esto es, la necesidad de una respuesta normativa con urgencia, no permite desconocer el sistema constitucional de distribuci髇 de competencias.

Igualmente, parafraseando al Tribunal Constitucional, el Consell Consultiu afirm� que: 玡l Estado no puede condicionar las subvenciones m醩 all� del alcance de sus competencias de planificaci髇 y no puede privar a la comunidad aut髇oma de todo margen para desarrollar en el sector subvencionado una pol韙ica propia� (Dictamen n鷐. 248, de 13 de enero de 2004, F II).

La anterior y consolidada doctrina constitucional sobre la actividad subvencionadora del Estado se refiere al momento decisorio de la actividad subvencional o de fomento, pero queda pendiente otra cuesti髇 relativa a la regulaci髇 y gesti髇 de las ayudas p鷅licas, es decir, al ejercicio de las funciones reglamentaria y ejecutiva para su implementaci髇.

Como pone de manifiesto la doctrina del Consell Consultiu (entre otros, en los Dict醡enes n鷐s. 185, 251, 254 y 257), la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero, en una labor de s韓tesis, ha reconducido a cuatro los supuestos subvencionables que pueden producirse en funci髇 del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades aut髇omas existente en cada materia (doctrina que ha mantenido el Tribunal desde entonces hasta, por ejemplo, la Sentencia 200/2009, de 28 de septiembre). Los tres primeros de estos supuestos se dan cuando la comunidad aut髇oma tiene, respectivamente, competencias exclusivas (primer supuesto), competencias de desarrollo normativo y ejecuci髇 (segundo supuesto) o competencias de ejecuci髇 (tercer supuesto). El cuarto, como veremos m醩 adelante, es una excepci髇 en la que el Estado puede gestionar la subvenci髇 aunque la competencia material pertenezca a la comunidad aut髇oma. De dichos supuestos se transcribe, a continuaci髇, el segundo, que es el que consideramos que describe mejor el caso objeto de dictamen, como se comprobar� m醩 adelante:

玝) El segundo supuesto se da cuando el Estado ostenta un t韙ulo competencial gen閞ico de intervenci髇 que se superpone a la competencia de las Comunidades Aut髇omas sobre una materia, aun si esta se califica de exclusiva (v. gr., la ordenaci髇 general de la econom韆), o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinaci髇 general de un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Aut髇omas las competencias de desarrollo normativo y de ejecuci髇. En estos supuestos el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia gen閞ica, b醩ica o de coordinaci髇, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Aut髇omas para concretar con mayor detalle la afectaci髇 o destino, o, al menos, para desarrollar y complementar la regulaci髇 de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitaci髇. Adem醩, la gesti髇 de estos fondos corresponde a las Comunidades Aut髇omas de manera, por regla general, que no pueden consignarse en favor de un 髍gano de la Administraci髇 del Estado u organismo intermediario de 閟ta. Se trata de partidas que deben territorializarse en los propios Presupuestos Generales del Estado si ello es posible o en un momento inmediatamente posterior, mediante normas que fijen criterios objetivos de reparto o mediante convenios de colaboraci髇 ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribuci髇 de competencias.� (FJ 8.b)

Adem醩, el Tribunal Constitucional, en una Sentencia anterior (STC 188/1989, de 16 de noviembre), hab韆 indicado la necesidad de distinguir 玠e un lado los preceptos que regulan las caracter韘ticas o condiciones de las subvenciones y de otro los que determinan las competencias de ejecuci髇 y gesti髇 de las mismas� (FJ 6). Respecto de los primeros, el Alto Tribunal dijo, en la precitada Sentencia y Fundamento Jur韉ico, que 玠eben considerarse incluidos en la competencia del Estado aquellos preceptos que regulan los aspectos inherentes a la finalidad de promoci髇 o fomento que persiguen las medidas arbitradas por el Gobierno, [...] tales como la definici髇 misma de las actividades subvencionadas la forma y nivel o cuant韆 de las subvenciones y en general, las condiciones esenciales para su otorgamiento, ya que constituyen el n鷆leo de las medidas consideradas y de la forma de protecci髇 (STC 75/1989).� Y, con respecto a la ejecuci髇 y la gesti髇 de las subvenciones con cargo a fondos estatales, el Tribunal proclam� en la STC 95/1986, de 10 de julio (FJ 3), la preferencia por la gesti髇 auton髆ica.

Ahora bien, hay que tener en cuenta tambi閚 que el Tribunal Constitucional, como cuarto de estos supuestos subvencionales, acepta, como excepci髇, la gesti髇 estatal centralizada de las subvenciones en materias de competencia auton髆ica, por lo que debemos plantearnos si el Real decreto-ley 13/2009 puede incluirse dentro de este cuarto supuesto, que se describe por el Tribunal con las siguientes palabras:

�) El cuarto y 鷏timo supuesto es aqu閘 en que no obstante tener las Comunidades Aut髇omas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, 閟tas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un 髍gano de la Administraci髇 del Estado u Organismo de 閟ta dependiente, con la consiguiente consignaci髇 centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado. Pero ello s髄o es posible cuando el Estado ostente alg鷑 t韙ulo competencial, gen閞ico o espec韋ico, sobre la materia y en las circunstancias ya se馻ladas en nuestra doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenaci髇 b醩ica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtenci髇 y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuant韆 global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habr� de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate.� (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 8.d)

En nuestra opini髇, esta excepci髇 no es de aplicaci髇 al Real decreto-ley 13/2009 por varias razones.

Primeramente porque, si bien en este caso el Estado tiene un t韙ulo competencial que puede invocar leg韙imamente (el art. 149.1.13 CE), la gesti髇 estatal de estas subvenciones no resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenaci髇 b醩ica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtenci髇 y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios. En este caso, la realizaci髇 de los proyectos y el impulso del empleo se pueden conseguir igualmente si las comunidades aut髇omas participan en la concreci髇 de los objetivos y gestionan las subvenciones; y la igualdad de condiciones en el acceso a estas subvenciones no exige su gesti髇 por el Estado. Como ha establecido el Tribunal Constitucional (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 11), se pueden establecer 玞riterios objetivos para distribuir territorialmente los fondos presupuestarios, con lo cual no tienen por qu� producirse quiebras relevantes en la garant韆 de alcanzarse las mismas posibilidades de obtenci髇 de la subvenci髇 en todo el territorio nacional�. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no interpreta este criterio de la igualdad de condiciones de manera que exija una uniformidad absoluta en el acceso a las subvenciones en todo el Estado y no lo utiliza, adem醩, como criterio suficiente, sin necesidad de ning鷑 otro, para impedir la territorializaci髇 de las subvenciones, porque si se dieran estas dos circunstancias la intervenci髇 auton髆ica quedar韆 siempre excluida y no se producir韆n nunca los otros tres supuestos contemplados por la jurisprudencia constitucional, en los que las comunidades aut髇omas pueden gestionar las subvenciones en su territorio siempre que tengan competencias en esa materia, e incluso regular (en el caso de tener competencias exclusivas) o desarrollar los criterios de acceso a las subvenciones (en el caso de tener competencias de desarrollo normativo).

Segundamente, cada municipio tiene preasignada una cuant韆, que se determina seg鷑 sea la poblaci髇 municipal censada (art. 3 del Decreto-ley). En consecuencia, la fijaci髇 de la parte que le corresponder韆 distribuir a cada comunidad aut髇oma es una operaci髇 aritm閠ica bien sencilla, ya que se trata de adicionar todas las cuant韆s locales. Esto se pod韆 haber previsto en el Decreto-ley y ya habr韆 permitido que las comunidades aut髇omas gestionaran los fondos preestablecidos aut髇omamente.

En este sentido, la posibilidad de que la territorializaci髇 de estas subvenciones haga sobrepasar la cuant韆 global de los fondos estatales destinados al sector puede evitarse bien f醕ilmente; por ejemplo, estableciendo que las comunidades aut髇omas no podr醤 conceder subvenciones de este Fondo m醩 all� del importe total que tengan atribuido, que ser� el global resultante de la suma de todas las cuant韆s predeterminadas.

Finalmente, puede rechazarse que el Decreto-ley 13/2009 pueda encuadrarse en el cuarto supuesto previsto en la citada Sentencia 13/1992 porque no justifica, ni expresa ni impl韈itamente de manera obvia por su naturaleza y contenido, por qu� motivo estas subvenciones deben gestionarse centralizadamente. Al respecto hemos de citar la STC 136/2009, de 15 de junio (FJ 4), que profundiza en la l韓ea de la STC 13/1992 cuando dice: 玞omo se deduce de su propio car醕ter, los proyectos subvencionables en esta materia no contienen elemento alguno que exija la gesti髇 centralizada. La resoluci髇 tampoco contiene, en fin, justificaci髇 alguna sobre la centralizaci髇 de la gesti髇, lo cual es una exigencia material, y no s髄o formal, que no puede obviarse, pues debe ser valorada por este Tribunal si se pretende que la gesti髇 administrativa que, en materias como 閟ta, debe corresponder como regla general a las Comunidades Aut髇omas, corresponda leg韙imamente al Estado (STC 13/1992, fundamento jur韉ico 8 d).�

2. La doctrina jurisprudencial y consultiva mencionada ha tenido eco en la reforma estatutaria de 2006, de manera que el art韈ulo 114 EAC prev� qu� actuaciones en materia subvencional corresponden a la Generalitat, seg鷑 cu醠 sea su competencia sobre una materia objeto de subvenci髇 estatal o europea. Si las subvenciones pueden ser territorializadas y la Generalitat dispone de t韙ulo competencial suficiente, el Estado puede tener condicionada la acci髇 reguladora y de gesti髇 de la actividad de fomento, sin que tenga limitada su capacidad de destinar recursos propios a cualquier 醡bito material. As�, para las materias compartidas entre el Estado y la Generalitat, el apartado 3 del art韈ulo 114 EAC dispone:

獵orresponde a la Generalitat, en las materias de competencia compartida, precisar normativamente los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, as� como completar la regulaci髇 de las condiciones de otorgamiento y toda la gesti髇, incluyendo la tramitaci髇 y la concesi髇.�

De esta forma, cuando el r間imen competencial sea el de la compartici髇 de una materia, la Generalitat debe poder dictar las normas necesarias para poder precisar los objetivos y completar la regulaci髇 de las condiciones de otorgamiento. Por lo tanto, de acuerdo con el Estatuto, el Decreto-ley objeto de dictamen (si se amparara en una competencia estatal para determinar las bases) deber韆 permitir una cierta actividad normativa de desarrollo (tanto legal como reglamentaria), aparte de que 玹oda la gesti髇, incluyendo la tramitaci髇 y la concesi髇�, en tanto que tarea ejecutiva, corresponder韆 a la Generalitat.

En consecuencia, es determinante averiguar cu醠 es el t韙ulo competencial predominante con el fin de encuadrar el supuesto que estamos dictaminando entre las posibilidades que prev� el art韈ulo 114 EAC, en relaci髇 con la actividad subvencional del Estado, y a ello dedicaremos el Fundamento Jur韉ico siguiente.

Tercero. Encuadre competencial

1. La invocaci髇 de los t韙ulos competenciales estatales que fundamentan el Real decreto-ley 13/2009 la encontramos en su disposici髇 final primera, que hace referencia a los n鷐eros 1, 13, 14 y 18 del art韈ulo 149.1 CE.

A continuaci髇, realizaremos un breve an醠isis de estos t韙ulos competenciales alegados, para saber si son fundamento suficiente para la emisi髇 de una norma como la que es objeto de dictamen. En este sentido, tendremos en cuenta la doctrina jurisprudencial y consultiva, que ha tratado suficientemente dichos t韙ulos competenciales.

Respecto del subapartado 1 del art韈ulo 149.1 CE, sobre 獿a regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales�, se trata de un precepto constitucional finalista, de car醕ter horizontal, que confluye con una competencia auton髆ica m醩 espec韋ica, por lo que tiene un car醕ter residual y excepcional (Dictamen del Consell Consultiu n鷐. 250, de 21 de enero de 2004, F II), que debe ceder ante un t韙ulo competencial m醩 espec韋ico con la misma funci髇 (Dictamen n鷐. 234, de 10 de febrero de 2003, F III). Por lo tanto, cuando es posible recurrir a un t韙ulo competencial m醩 espec韋ico y principal, la cita del art韈ulo 149.1.1 CE es sobrera (Dictamen n鷐. 278, de 5 de enero de 2007, F II).

En el Dictamen del Consell Consultiu n鷐. 279, de 29 de enero de 2007, puede examinarse un resumen de la doctrina del Consell, que puede extractarse en cuatro apartados:

• 玜) El art韈ulo 149.1.1 CE habilita al Estado, cuando se dan determinados presupuestos, a establecer unas condiciones b醩icas de necesaria vigencia (Dictamen n鷐. 247, F II); las cuales deben ser tambi閚 imprescindibles para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales (Dictamen n鷐. 233, F III).
• b) Igualmente, respecto al alcance material, las condiciones b醩icas deben guardar relaci髇 directa e inmediata con los derechos reconocidos en la Constituci髇 (Dictamen n鷐. 233, F III); de manera que el art韈ulo 149.1.1 CE se refiere solo al ejercicio de los derechos constitucionales (Dictamen n鷐. 216, F III); por lo tanto, no es aplicable este precepto cuando la instituci髇 regulada no incluye un derecho ni un deber constitucional (Dictamen n鷐. 265, F III); aunque, a veces, los dict醡enes, cuando se han referido a los derechos constitucionales, se circunscriben solo a los derechos fundamentales (as� el Dictamen n鷐. 216, F II, indica que los derechos constitucionales son aquellos cuyo contenido esencial deriva directamente de la Constituci髇 o est� garantizado por esta; tambi閚 se refieren a derechos fundamentales los Dict醡enes n鷐s. 247, F II, y 265, F III).
• c) Asimismo, por lo que respecta al alcance funcional, hemos afirmado que el car醕ter finalista del art韈ulo 149.1.1 CE no habilita al Estado a ir m醩 all� de la fijaci髇 de unos principios o criterios esenciales que garanticen la igualdad sustancial en las posiciones jur韉icas fundamentales (Dictamen n鷐. 178, F II), que, en ning鷑 caso, pueden constituir el establecimiento de bases en sectores materiales confiados, con car醕ter exclusivo, a la responsabilidad de las comunidades aut髇omas (Dictamen n鷐. 168, F II).
• d) Consiguientemente, todo ello comporta que, una vez establecidas las condiciones b醩icas, el legislador competente deber� establecer el correspondiente r間imen jur韉ico (Dictamen n鷐. 233, F III) del derecho o deber en cuesti髇 (Dictamen n鷐. 247, F II)�. (F IV.2)

Respecto a la jurisprudencia constitucional, resumida tambi閚 en el dictamen citado en 鷏timo lugar, se observa que considera que 玔r]especto al alcance material, el Tribunal ha indicado que el t韙ulo competencial se refiere solo a los derechos y deberes constitucionales (STC 61/1997, FJ 7.b; STC 239/2002, FJ 10; STC 228/2003, FJ 10) y, por lo tanto, no est� dirigido a los principios rectores, ni al desarrollo del Estado social�. (F IV.4)

Por lo tanto, de acuerdo con la finalidad expresada por el Decreto-ley 13/2009, dado que no afecta a derechos constitucionales, debemos excluir su fundamentaci髇 en el art韈ulo 149.1.1 CE y hay que examinar los dem醩 preceptos en presencia.

Segundamente, hay que apreciar si el subapartado 13 del art韈ulo 149.1 CE, 獴ases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica�, puede dar pie a la regulaci髇 contenida en el Decreto-ley examinado. El Fondo es un instrumento de fomento, que no s髄o se trata de una herramienta de car醕ter econ髆ico, sino que la finalidad que persigue es tambi閚 econ髆ica, en tanto que pretende ser un claro incentivo a corto plazo para la reactivaci髇 econ髆ica, con la finalidad 鷏tima de fomentar el empleo de forma indirecta. Si bien los destinatarios primeros de las ayudas son las entidades locales, el objetivo de las ayudas no es, sin embargo, el desarrollo de la Administraci髇, sino, entre otros, la contrataci髇 de obras, que impulsar醤 el empleo en un momento de crisis econ髆ica, donde el desempleo llega a cotas muy elevadas. As�, el Fondo, a trav閟 del cual los ayuntamientos podr醤 contratar la ejecuci髇 de obras, queda comprendido dentro de las pol韙icas econ髆icas de fomento del empleo, y no en el t韙ulo de r間imen local.

Sobre el art韈ulo 149.1.13 CE, el Tribunal ha resumido su jurisprudencia en la STC 95/2002, de 25 de abril, en la que dice que:

玥emos declarado que 'bajo la misma encuentran cobijo tanto las normas estatales que fijen las l韓eas directrices y los criterios globales de ordenaci髇 de un sector concreto como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenaci髇 de cada sector (SSTC 95/1986, 213/1994, etc.). No obstante, la jurisprudencia constitucional tambi閚 ha precisado (SSTC 125/1984, 76/1991) que dicha competencia estatal no puede extenderse hasta incluir cualquier acci髇 de naturaleza econ髆ica, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad econ髆ica general (SSTC 186/1988, 133/1997), pues, de no ser as�, se vaciar韆 de contenido una materia y un t韙ulo competencial m醩 espec韋ico (STC 112/1995)� (STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5).� (FJ 7)

La Sentencia precitada entendi�, con limitaciones, que algunas pol韙icas de empleo pueden quedar comprendidas en el art韈ulo 149.1.13 CE. Concretamente, en esta Sentencia, el Tribunal afirma que:

玈e trata, por tanto, de medidas [se refer韆 a recursos financieros destinados a regular el mercado laboral y conseguir el pleno empleo] que inciden en el mercado de trabajo globalmente considerado, dando cumplimiento a la directriz contenida en el art. 40.1 'in fine' CE, y que tienen tras de s� el respaldo competencial del art. 149.1.13 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica.� (FJ 11)

El Fondo estatal contiene medidas econ髆icas en favor de emplear mano de obra inactiva, por lo que la norma que crea el Fondo se ubica en la competencia de ordenaci髇 general de la econom韆 ( art. 149.1.13 CE).

De esta manera, el Consell Consultiu, en el Dictamen n鷐. 251, de 28 de enero de 2004, consider� que:

玪as subvenciones constituyen a menudo una parte importante, e incluso privilegiada, de planes y programas de ordenaci髇 y desarrollo econ髆ico, y desde esta perspectiva no debe haber ning鷑 inconveniente para reconocer su estrecha conexi髇 con las competencias reconocidas en el art韈ulo 149.1.13.� CE.� (F III.2)

Por 鷏timo, el hecho de que la norma utilizada sea un decreto-ley no supone un plus a la competencia que el Estado disfruta en virtud del art韈ulo 149.1.13 CE, ya que en este precepto se prev� expresamente el concepto de la coordinaci髇, por lo que los mecanismos y las t閏nicas coordinadoras son suficientes para resolver el encaje de las competencias estatales y auton髆icas en presencia. En este sentido, la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modific� la Ley 30/1992, introdujo la t閏nica de los planes y programas conjuntos (art. 7), que resultar韆 particularmente adecuada en el caso que estamos dictaminando, sin que la utilizaci髇 del Decreto-ley sirviera para eliminar la gesti髇 auton髆ica del Fondo, cuando la Generalitat tiene constitucional y estatutariamente fundamento competencial suficiente, como veremos m醩 adelante.

Una vez decidido cu醠 es el t韙ulo estatal predominante, hay que establecer si los otros dos t韙ulos citados en la norma tienen tambi閚 incidencia.

Por una parte, el subapartado 14 del art韈ulo 149.1 CE establece la competencia exclusiva estatal con respecto a la Hacienda general y a la Deuda del Estado. Ahora bien, ello no supone que el Estado adquiera la competencia siempre que aporte financiaci髇 en una materia, ya que ser韆 una forma ileg韙ima de extender la competencia constitucionalmente reservada. As�, la STC 233/1999, de 16 de diciembre, relativa a las haciendas locales, limita esta competencia estatal a:

玜quellos casos en los que la normativa estatal tenga por objeto la regulaci髇 de instituciones comunes a las distintas Haciendas o de medidas de coordinaci髇 entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales. O tambi閚 cuando su finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el art. 142 C.E., en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonom韆 local constitucionalmente reconocido en los arts. 137, 140 y 141 C.E.� (FJ 4.b)

Adem醩, el Consell Consultiu, en el Dictamen n鷐. 251, de 28 de enero de 2004, declar� que 玪a Hacienda general no puede confundirse con la Hacienda del Estado� y que la competencia prevista en el art韈ulo 149.1.14 CE pretende asegurar 玼n tratamiento com鷑 a los ciudadanos en sus relaciones con la Administraci髇 financiera� (F III.3).

En consecuencia, no podemos acudir al presente t韙ulo para amparar la competencia estatal del mencionado Fondo.

Y por otra, el subapartado 18 del art韈ulo 149.1 CE alude a una pluralidad de submaterias, que constituyen diversos t韙ulos competenciales con una intervenci髇 normativa estatal diferente. En cualquier caso, la finalidad de la norma cuestionada no tiene que ver de forma directa con estos sectores materiales: ni con las bases del r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del r間imen estatutario de sus funcionarios, ni con el procedimiento administrativo com鷑, ni con la legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa, ni con la legislaci髇 b醩ica sobre contratos y concesiones administrativas y tampoco con el sistema de responsabilidad de todas las administraciones p鷅licas. Por lo tanto, la creaci髇 y gesti髇 estatal del Fondo no puede fundamentarse en este t韙ulo, aunque puede haber alg鷑 precepto en el que el art韈ulo 149.1.18 CE pueda tener alguna virtualidad.

2. Una vez examinados los t韙ulos competenciales que podr韆n sustentar la creaci髇 del Fondo estatal objeto de dictamen, nos corresponde analizar cu醠es son las competencias de la Generalitat, para despu閟 aplicar los criterios generales previstos en el art韈ulo 114 EAC.

En la petici髇 de dictamen, el Gobierno de la Generalitat aporta como t韙ulo competencial el art韈ulo 160 EAC, desarrollando su pertinencia en el escrito del Gabinete Jur韉ico de la Generalitat, de 10 de noviembre de 2009, citado en el punto 4 de los Antecedentes. Igualmente, se citan los art韈ulos 218 y 219 EAC, que trataremos a continuaci髇 del art韈ulo 160 EAC.

As�, empezaremos por el examen del art韈ulo 160 EAC. El apartado 1 de este precepto atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de r間imen local, en la que incluye: las relaciones entre la Generalitat y los entes locales; las t閏nicas de organizaci髇 y de relaci髇 para la cooperaci髇 y la colaboraci髇; la determinaci髇 de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los dem醩 entes locales en los 醡bitos especificados por el art韈ulo 84 EAC; el r間imen de los bienes de dominio p鷅lico, comunales y patrimoniales; la determinaci髇 de los 髍ganos de gobierno de los entes creados por la Generalitat, as� como tambi閚 su funcionamiento y r間imen de adopci髇 de acuerdos; y el r間imen de los 髍ganos complementarios de la organizaci髇 de los entes locales. En el resto de materias que comprende el r間imen local, el apartado 2 de este mismo precepto estatutario atribuye a la Generalitat la competencia compartida. Finalmente, el apartado 3 le otorga tambi閚 competencia exclusiva en materia de r間imen electoral de los entes locales que crea, con excepci髇 de los constitucionalmente garantizados.

Visto el contenido del art韈ulo 160 EAC, podemos decir que no es un precepto que pueda tener aplicaci髇 en la determinaci髇 de los contratos y las actividades financiables por el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, aunque se refiera a obras, suministros y actividades de competencia municipal ( art. 2 del Real decreto-ley 13/2009). En efecto, el hecho de que todas las actividades que el Fondo estatal prev� financiar se proyecten sobre 醡bitos materiales de competencia municipal no afecta en nada al r間imen jur韉ico de las entidades locales, que es la competencia que el art韈ulo 160 EAC atribuye a la Generalitat, y, como es l骻ico, tampoco afecta a la autonom韆 local. El r間imen jur韉ico de los entes locales es el determinado con car醕ter b醩ico en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r間imen local, y el desarrollo que de las mismas ha efectuado para Catalu馻 el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de r間imen local de Catalu馻; y de dichas normas resulta que, como ha se馻lado la jurisprudencia constitucional, la materia 玶間imen local� hay que identificarla con el 玶間imen jur韉ico de las Administraciones Locales� (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 1 y STC sobre el Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻, de 28 de junio de 2010, FJ 36) r間imen que, fundamentalmente, se refiere a los aspectos organizativos; es decir, aparte de la creaci髇 de los entes y su estructura org醤ica, comprende b醩icamente la delimitaci髇 de las funciones y potestades p鷅licas que les corresponden.

Pasando al an醠isis del art韈ulo 218 EAC, observamos que, por una parte, reconoce que los gobiernos locales disfrutan de autonom韆 presupuestaria y de gasto en la aplicaci髇 de sus recursos, incluidas las participaciones que perciban a cargo de los presupuestos de otras administraciones p鷅licas, de los cuales pueden disponer libremente (ap. 1); de otra, el apartado 2 reconoce tambi閚 la competencia de la Generalitat en materia de financiaci髇 local, competencia que el Tribunal Constitucional (STC de 28 de junio de 2010) ha limitado a la fijaci髇 de los criterios de distribuci髇 de las participaciones a cargo del presupuesto de la Generalitat, declarando, por lo tanto, inconstitucional el inciso de este mismo apartado referido al hecho de que 玴uede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales�; finalmente, por lo que aqu� nos puede interesar, queremos destacar tambi閚 que el apartado 5 atribuye a la Generalitat el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales, respetando la autonom韆 que les reconoce la Constituci髇.

Todas estas son competencias que solo muy remotamente pueden afectar a la distribuci髇 del Fondo estatal que crea el Real decreto-ley objeto del presente Dictamen. En efecto, una cosa es que la realizaci髇 por los ayuntamientos de las actividades subvencionadas deba respetar las competencias de la Generalitat sobre la materia en cuesti髇, y otra muy distinta que las partidas que atribuye esta norma de urgencia invadan las competencias de la Generalitat. En realidad, la pretensi髇 del Real decreto-ley 13/2009 es 鷑icamente dinamizar a corto plazo la actividad econ髆ica e incidir en la creaci髇 de puestos de trabajo, de forma que en ning鷑 caso lo es regular el sector o la materia que son objeto de financiaci髇 a trav閟 del Plan estatal para el empleo y la sostenibilidad local.

Las subvenciones que puedan recibir los ayuntamientos para la realizaci髇 de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de car醕ter social de su competencia no forman parte, pues, de los medios financieros de car醕ter estructural y, por lo tanto, quedan fuera, por definici髇, de la autonom韆 presupuestaria y de gasto que el art韈ulo 218.1 EAC reconoce a los gobiernos locales. Como quedan fuera tambi閚 de la competencia que el apartado 5 de la misma norma estatutaria atribuye a la Generalitat en relaci髇 con el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales.

Sobre esta 鷏tima atribuci髇 competencial (la tutela financiera sobre los gobiernos locales), vale la pena recordar que la STC de 28 de junio de 2010, reiterando jurisprudencia anterior, afirma que es innegable que la Generalitat, con el nuevo Estatuto, la ha asumido -como tambi閚 hac韆 el antiguo art韈ulo 48.1 EAC de 1979-.

Finalmente, nos referiremos al 鷏timo de los preceptos que el Gobierno de la Generalitat entiende que no han sido respetados por el Real decreto-ley examinado, el art韈ulo 219 EAC, en particular su apartado 2, seg鷑 el cual,

玔l]os ingresos de los gobiernos locales consistentes en participaciones en tributos y en subvenciones incondicionadas estatales son percibidos por medio de la Generalitat, que los debe distribuir de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de haciendas locales de Catalu馻, cuya aprobaci髇 requerir� una mayor韆 de tres quintos, y respetando los criterios establecidos por la legislaci髇 del Estado en la materia. En el caso de las subvenciones incondicionadas, estos criterios deber醤 permitir que el Parlamento pueda incidir en la distribuci髇 de los recursos con el fin de atender a la singularidad del sistema institucional de Catalu馻 a que se refiere el art韈ulo 5 de este Estatuto.�

Como se desprende de su simple lectura, el precepto solo se refiere a la percepci髇 y distribuci髇 por la Generalitat de las subvenciones incondicionadas, entre las que, l骻icamente, no pueden incluirse las que los ayuntamientos catalanes puedan obtener del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, porque su atribuci髇 es condicionada a un destino concreto, que debe estar entre los que enumera el art韈ulo 2 del Real decreto-ley. El car醕ter condicionado al que nos acabamos de referir no queda cuestionado tampoco por el hecho de que la fijaci髇 de los objetivos a los que puede aplicarse el Fondo, de acuerdo con el art韈ulo 2 del Real decreto-ley, tenga una formulaci髇 algo gen閞ica y, por lo tanto, que los ayuntamientos dispongan de un cierto margen de decisi髇. En cualquier caso, lo que acabamos de argumentar no prejuzga, sin embargo, que la Generalitat no deba participar en la gesti髇 de la subvenci髇 que nos ocupa, de acuerdo con lo que se argumentar� m醩 adelante.

3. A nuestro parecer, la materia sobre la que se concreta la controversia competencial, de manera predominante, es la ordenaci髇 de la econom韆, que constituye el n鷆leo del Real decreto-ley 13/2009 desde la perspectiva teleol骻ica. Respecto de esta materia se proyecta la reserva competencial del Estado sobre las 玝ases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica�, fundamentada en el art韈ulo 149.1.13 CE, pero tambi閚 el art韈ulo 152.4 EAC que, en sus letras a y c, establece que 玔c]orresponde a la Generalitat el desarrollo y la gesti髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica� y que 玔e]sta competencia incluye en todo caso: a) El desarrollo de los planes estatales [... y ...] c) La gesti髇 de los planes, incluyendo los fondos y los recursos de origen estatal destinados al fomento de la actividad econ髆ica, en los t閞minos que se establezcan mediante convenio.�

El elemento finalista decide, pues, el t韙ulo competencial aplicable y no es decisorio los sujetos a los que se destina el objeto del Fondo, porque el Decreto-ley que lo crea es una norma fundamentalmente de car醕ter procedimental y no regula ni los sectores materiales concretos en los que puede incidir la ejecuci髇 del Fondo, ni el 醡bito competencial local. Por ello, hemos descartado la competencia sobre el r間imen local y tambi閚 debemos obviar los subsectores competenciales que, mediante proyectos, son los 鷏timos destinatarios de las peque馻s inversiones que se prev閚. Como dec韆 el Consell Consultiu en el Dictamen n鷐. 287, de 19 de febrero de 2008, el legislador estatal, en aquel supuesto dictaminado, 玴retende implementar en estos sectores materiales una serie de medidas normativas que garanticen la igualdad de oportunidades [...]. En este sentido [...] pueden afectar colateralmente a las competencias de la Generalidad en 醡bitos [...] diversos [...]. Recordemos, no obstante, que el objeto de estas normas no es regular estos sectores� (F II.2.A.a). Es decir, no porque se realice una peque馻 obra infraestructural local (art. 9.1.l RDL) debe acudirse al t韙ulo competencial sobre obras p鷅licas, que no son de inter閟 estatal (art. 148.1 EAC), en tanto que no se est� regulando las obras p鷅licas, sino que solo se est� estableciendo el procedimiento para la concesi髇 de una ayuda econ髆ica para llevar a cabo una obra.

De esta manera, resuelta cu醠 es la materia concernida, a la que se refieren los art韈ulos 152.4 EAC y 149.1.13 CE, puede determinarse que el r間imen competencial aplicable es el de la compartici髇. A partir de aqu�, de acuerdo con la STC 13/1992 (FJ 8), se trata del segundo supuesto referido a la territorializaci髇 de las subvenciones que categorizaba esta Sentencia, expuesta en el Fundamento Jur韉ico anterior, sin ser aplicable la excepci髇 prevista, cosa que ha sido recogida, como hemos indicado, en el art韈ulo 114.3 EAC.

En consecuencia, aceptando la intermediaci髇 estatal que le permite crear un Fondo para incentivar la actividad econ髆ica ( art. 149.1.13 CE), es inconstitucional un fondo en el que el Estado no reserve el m醩 m韓imo margen de participaci髇 a las comunidades aut髇omas, en tanto que estas tienen la capacidad constitucional y estatutariamente garantizada para desarrollar las bases estatales y toda la gesti髇 (Dictamen n鷐. 285, de 29 de enero de 2008, F II), de acuerdo con la jurisprudencia citada anteriormente (STC 13/1992, de 6 de febrero, y STC 77/2004, de 29 de abril, entre otras).

Adem醩, en este caso concreto, el art韈ulo 152.4 EAC, que hemos visto anteriormente que atribuye a la Generalitat la competencia para el desarrollo de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, concreta que la gesti髇 de los fondos de origen estatal destinados al fomento de la actividad econ髆ica se efectuar� mediante convenios entre la Generalitat y la Administraci髇 del Estado.

Cuarto. Examen del articulado del Real decreto-ley 13/2009

1. Una vez examinado de forma general el Decreto-ley objeto de dictamen, habr韆 que precisar uno por uno aquellos preceptos que pueden suponer una intromisi髇 competencial vetada por el art韈ulo 114.3 EAC, en relaci髇 con el art韈ulo 152.4 EAC, y los que podr韆n disponer de cobijo en el art韈ulo 149.1.13 CE. Sin embargo, por una parte, como hemos se馻lado en el Fundamento Jur韉ico Primero, reduciremos nuestro estudio m醩 detallado a los preceptos m醩 significativos, entre los que trataremos en primer lugar el art韈ulo 1, que crea el Fondo, y los directamente amparados por el art韈ulo 149.1.13 CE. Y, por otra parte, agruparemos el resto de los preceptos m醩 relevantes, con el fin de evitar la reiteraci髇 de los argumentos que un an醠isis exhaustivo del Decreto-ley provocar韆, dado que la justificaci髇 de su antiestatutariedad se debe fundamentalmente a dos razones: ya sea porque no permiten un desarrollo normativo (vulnerando el art. 114.3 EAC en conexi髇 con el art. 152.4.a EAC), o bien porque son preceptos que no consienten la gesti髇 por parte de la Generalitat (vulnerando el art. 114.3 EAC en relaci髇 con el art. 152.4.c EAC). En este sentido, destacaremos aquellos preceptos del Decreto-ley que, en nuestra opini髇, no tienen justificaci髇 constitucional y son contrarios al Estatuto, por las dos razones antes enunciadas. Y, en 鷏timo t閞mino, trataremos dos preceptos que responden a otra justificaci髇.

2. En el art韈ulo 1.1 del Real decreto-ley 13/2009 se afirma que:

玈e crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, adscrito al Ministerio de Pol韙ica Territorial, destinado a financiar la realizaci髇 por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de car醕ter social, de competencia municipal, que contribuyan a la sostenibilidad econ髆ica, social y ambiental.�

A nuestro parecer, la creaci髇 del Fondo deriva claramente de la competencia estatal contenida en el art韈ulo 149.1.13 CE, dado que la jurisprudencia constitucional anteriormente citada reconoce al Estado la posibilidad de gastar, tanto en materias en las que tiene competencias, como en materias en las que no tiene competencias.

Por lo tanto, la creaci髇 del Fondo por el Real decreto-ley 13/2009 no vulnera el Estatuto ni la Constituci髇.

Igualmente no son contrarios ni a la Constituci髇 ni al Estatuto aquellos preceptos que encuentran amparo en la competencia estatal para regular las condiciones generales del otorgamiento de las ayudas previstas en el Fondo, como los apartados 1 y 2 del art韈ulo 6 (excepto en los incisos que mencionamos m醩 adelante), los apartados 1, 2 y 3 del art韈ulo 10 (excepto tambi閚 en el inciso que comentamos posteriormente), la disposici髇 adicional primera y el primer p醨rafo de los apartados 1 y 2 de la disposici髇 adicional segunda.

Asimismo, no vulneran la Constituci髇 las previsiones del Decreto-ley en favor de 髍ganos estatales con la finalidad de elaborar documentos relativos a las ayudas, en tanto que no obligan a utilizar dichos documentos, sino que simplemente los pondr韆n a disposici髇 de las comunidades aut髇omas, para que estas los adaptaran o elaboraran los suyos propios. En este sentido, a modo de ejemplo, no es contraria a la Constituci髇 ni al Estatuto la disposici髇 adicional quinta.

Otra cuesti髇 es si la regulaci髇 plena por una norma con rango de ley y la previsi髇 de la gesti髇 del Fondo de forma centralizada por el Estado, sin prever que la Generalitat pueda precisar normativamente los objetivos generales del Decreto-ley, completar la regulaci髇 de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y participar en su gesti髇, es contraria o no a la norma estatutaria, tema que abordaremos seguidamente en relaci髇 con el Real decreto-ley objeto de dictamen.

3. A continuaci髇, citaremos aquellos preceptos que contravienen el art韈ulo 114.3 EAC, por el hecho de que las prescripciones del Real decreto-ley 13/2009 son tan detalladas que no permiten un desarrollo normativo (en conexi髇 con el art韈ulo 152.4.a EAC).

En este sentido, en palabras del Tribunal Constitucional, no puede ocurrir que se prive a las comunidades aut髇omas 玠e todo margen para desarrollar, en el sector subvencionado, una pol韙ica propia orientada a la satisfacci髇 de sus intereses peculiares� (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 33), de manera que 玠ebe ser la Generalidad de Catalu馻 quien establezca el procedimiento de gesti髇, control y resoluci髇 de las solicitudes [de beca] que se presenten y determine los 髍ganos competentes para ello.� (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 11)

As�, primeramente citaremos el art韈ulo 2.1 del Decreto-ley, que establece:

玃odr醤 financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras de competencia municipal definidas en el art韈ulo 9, y, en su caso, el contrato de redacci髇 del proyecto y direcci髇 de dichas obras, as� como los contratos de suministro para el equipamiento de los edificios e instalaciones que sean objeto de dichos contratos de obras, de acuerdo con lo previsto en el mismo art韈ulo.

Adem醩, podr醤 financiarse los contratos de suministros que tengan por objeto la adquisici髇 de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la informaci髇, sus dispositivos y programas; y los contratos de servicios que tengan por objeto la implantaci髇 y desarrollo de sistemas y programas inform醫icos dirigidos a dar cumplimiento al mandato de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los servicios p鷅licos, quedando excluidos los servicios de mantenimiento.�

Al respecto, debemos considerar que no son contrarias a la Constituci髇 ni al Estatuto prescripciones gen閞icas como las previstas en el art韈ulo 2.1 reproducido, que especifica los tipos de contratos que pueden ser financiados, lo que entra dentro de la competencia estatal para especificar el destino de las subvenciones, pero no son admisibles los incisos 玠efinidas en el art韈ulo 9� y 玠e acuerdo con lo previsto en el mismo art韈ulo�, que, por conexi髇 con el art韈ulo 9, que veremos despu閟, no permiten un desarrollo normativo.

Por la misma raz髇, no puede considerarse admisible ni el inciso del art韈ulo 2.2 玥asta un montante equivalente al 20 por ciento de los fondos que correspondan a cada Ayuntamiento de acuerdo con los criterios del art韈ulo siguiente�, ni el art韈ulo 2.3, ambos 鷑icamente por conexi髇 con el art韈ulo 3, que trataremos seguidamente, ya que las previsiones concretas que establecen dichos preceptos, sin su remisi髇 al art韈ulo 3, s� pueden considerarse conformes al bloque de la constitucionalidad.

El art韈ulo 3.1 del Decreto-ley prescribe:

獳 los efectos de lo previsto en este real decreto-ley, la dotaci髇 del Fondo, excluidos, en su caso, los gastos derivados de la gesti髇 y comunicaci髇 institucional del mismo, se distribuir� de manera proporcional a las cifras de poblaci髇 correspondientes a cada Municipio establecidas por el Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de poblaci髇 resultantes de la revisi髇 del Padr髇 Municipal referidas al 1 de enero de 2008, sin perjuicio de los necesarios ajustes derivados de la configuraci髇 de nuevos Municipios tras la aprobaci髇 de aqu閘.�

Este precepto establece que la dotaci髇 del Fondo se distribuir� entre los ayuntamientos de acuerdo con su poblaci髇. Dicha prescripci髇 puede admitirse solamente en el sentido de que establecer韆 el sistema de c醠culo para obtener el c髆puto total que podr韆n recibir las entidades locales de cada comunidad aut髇oma. En cambio, debe considerarse inconstitucional en tanto que la Generalitat y las dem醩 comunidades aut髇omas deber韆n poder decidir si reparten el dinero entre los ayuntamientos seg鷑 su poblaci髇 o de acuerdo con otros criterios. A modo de ejemplo, la Generalitat podr韆 entrar a valorar los proyectos presentados de acuerdo con sus propias pol韙icas, o seg鷑 los gastos que el proyecto aprobado puede suponer para su propio erario o para el de los ayuntamientos, en tanto que se ocasionan gastos de seguimiento del proyecto, de apertura y de mantenimiento de las instalaciones adjudicadas.

Por 鷏timo, la disposici髇 final segunda, que habilita al ministro de Pol韙ica Territorial para dictar otras disposiciones necesarias para la aplicaci髇 y desarrollo del Decreto-ley, es tambi閚 inconstitucional, dado que todas las comunidades aut髇omas disponen de competencias de desarrollo normativo y ejecuci髇 en materia de planificaci髇 de la actividad econ髆ica, como veremos al final de este Fundamento Jur韉ico.

4. Tambi閚 son inconstitucionales y contrarios al art韈ulo 114.3 EAC y al art韈ulo 152.4.c EAC aquellos preceptos que impiden la gesti髇 del Fondo por parte de la Generalitat, en tanto que, por el contrario, lo atribuyen a 髍ganos estatales.

As�, el Real decreto-ley 13/2009 ha atribuido toda la gesti髇 a 髍ganos dependientes del Gobierno del Estado y ha marginado totalmente a las comunidades aut髇omas. Este sistema no es compatible con el criterio general de reparto de competencias establecido en la Constituci髇 y en los estatutos, que no puede excepcionarse ni en caso de urgencia.

As�, el Tribunal Constitucional ha declarado que:

玠ebemos precisar que, habida cuenta de que la Generalidad de Catalu馻 carece de competencias en materia de legislaci髇 laboral, correspondi閚dole s髄o la gesti髇 de dicha legislaci髇 y la autoorganizaci髇 de sus servicios necesaria para ello, los preceptos que disciplinan el procedimiento de concesi髇 de estas ayudas s髄o vulneran la competencia de aqu閘la en la medida que atribuyen funciones ejecutivas a entes u 髍ganos que no sean los de la propia Generalidad de Catalu馻 o desconocen sus potestades de autoorganizaci髇 en lo relativo a la gesti髇 de las ayudas.� (STC 230/2003, de 18 de diciembre, FJ 6)

En este sentido, el art韈ulo 1.2 del Decreto-ley dice que:

獷l Fondo carece de personalidad jur韉ica y su gesti髇 se efectuar� por la Direcci髇 General de Cooperaci髇 Local del Ministerio de Pol韙ica Territorial conforme a los criterios y principios que se contemplan en este real decreto-ley.�

Por ello, consideramos inconstitucional y antiestatutario el art韈ulo 1.2 del Decreto-ley cuando afirma que 玸u gesti髇 se efectuar� por la Direcci髇 General de Cooperaci髇 Local del Ministerio de Pol韙ica Territorial�, en tanto que atribuye la gesti髇 del Fondo a este 髍gano estatal y no a la Generalitat de Catalunya y a las dem醩 comunidades aut髇omas.

Igualmente, es inconstitucional y antiestatutario que dicho Ministerio deba 玞omunicar� a las comunidades aut髇omas 玪a relaci髇 de proyectos adjudicados en los municipios correspondientes a su 醡bito territorial�, seg鷑 indica la disposici髇 adicional cuarta del Decreto-ley.

Tambi閚, por la misma raz髇, debemos considerar contrario a la Constituci髇 y al art韈ulo 114.3 EAC el art韈ulo 5 del Decreto-ley, dado que da el control de los recursos del Fondo a la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado, ya que deber韆 corresponder a la Generalitat, porque quien transfiere el dinero a los ayuntamientos es quien debe controlar el uso que estos hagan de 閘, sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras de la Sindicatura de Comptes y del Tribunal de Cuentas.

En el mismo sentido, hay una serie de preceptos que atribuyen a 髍ganos estatales la tramitaci髇 de una diversidad de aspectos procedimentales. Todos estos preceptos son contrarios a la Constituci髇 y al Estatuto porque evitan que la Generalitat (y las dem醩 comunidades aut髇omas) ejerza plenamente la competencia de gestionar las ayudas estatales territorializables. De esta manera se han de considerar las previsiones que, en este sentido, contienen los preceptos siguientes: el art韈ulo 2.4, los p醨rafos segundo y tercero del art韈ulo 6.1, el p醨rafo primero del art韈ulo 6.3, los art韈ulos 10.7 y 11.1, y la disposici髇 adicional octava del Decreto-ley objeto de dictamen.

El art韈ulo 7 del Decreto-ley establece que

獿os Delegados y Subdelegados del Gobierno colaborar醤 con la Direcci髇 General de Cooperaci髇 Local en el seguimiento de los proyectos financiados con este Fondo. A tal fin, los Ayuntamientos y las empresas adjudicatarias les facilitar醤 el apoyo preciso para el desarrollo de esta funci髇.�

Por los motivos antes expresados, el presente precepto es contrario a la Constituci髇 y al Estatuto, porque no permite la gesti髇 de la Generalitat, que es quien deber韆 efectuar este seguimiento. Y por la misma raz髇 es inconstitucional el art韈ulo 12.2 del Decreto-ley, por el hecho de que establece que las solicitudes 玦r醤 dirigidas� a los delegados y subdelegados del Gobierno del Estado.

Por la misma raz髇, el art韈ulo 8 del Decreto-ley es inconstitucional y antiestatutario, ya que corresponde a la Generalitat decidir si crea o no 髍ganos informativos (por conexi髇 lo es tambi閚 la disposici髇 adicional d閏ima). Igualmente, los p醨rafos segundo y tercero de los apartados 1 y 2 de la disposici髇 adicional segunda, as� como las disposiciones adicional s閜tima y final tercera, vulneran la competencia de la Generalitat para gestionar las subvenciones. En particular, respecto de esta 鷏tima, la finalidad de la norma es la de facilitar el control de la utilizaci髇 de la subvenci髇 y le corresponde a la Generalitat realizar esta funci髇.

5. Adem醩 de todo esto, los cap韙ulos II y III del Real decreto-ley 13/2009 son eminentemente procedimentales. En consecuencia, contravienen la Constituci髇 y el art韈ulo 114.3 EAC, en tanto que predomine este car醕ter y no se permita la gesti髇 a la Generalitat. A modo de ejemplo, haremos referencia 鷑icamente al art韈ulo 9.1, que es paradigm醫ico y ya hemos mencionado antes, expresamente, y a los otros preceptos posteriores que a 閘 se remiten.

�1. Podr醤 financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras definidos en el art韈ulo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico dentro del marco de lo establecido en el presente art韈ulo. Los contratos deben tener por objeto obras de competencia municipal incluidas en alguna de las siguientes tipolog韆s:

[...]�.

El art韈ulo 9.1, en el resto de su contenido, especifica con demasiado detalle, y sin dejar margen alguno de decisi髇 a la Generalitat, los proyectos de inversi髇 que pueden ser financiados con el Fondo, por lo que vulnera el art韈ulo 114.3 EAC.

6. Como hemos advertido anteriormente, hay dos preceptos que siguen una l骻ica diferente de los anteriores.

Por una parte, la disposici髇 adicional tercera obliga a las diputaciones, consejos insulares y cabildos a prestar asistencia y cooperaci髇 a los municipios con el fin de preparar y gestionar las solicitudes. No es contrario a la Constituci髇, en tanto que encuentra cobertura dentro de la competencia estatal sobre las bases del r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas ( art. 149.1.18 CE).

Por otra, la disposici髇 final primera (玊韙ulos competenciales�) indica que 玔e]l presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias estatales previstas en el art韈ulo 149.1.1�, 13�, 14� y 18� de la Constituci髇.�

Esta 鷏tima disposici髇, que cita el fundamento competencial, se considera admisible en tanto que el Real decreto-ley 13/2009 se ampara efectivamente en el art韈ulo 149.1.13 CE. Igualmente es admisible la referencia al art韈ulo 149.1.18 CE, porque avala exclusivamente la disposici髇 adicional tercera. En cambio, son inconstitucionales las referencias de esta disposici髇 final primera a los subapartados 1 y 14 del art韈ulo 149.1 CE.

7. Finalmente, debemos advertir que en el caso del presente Decreto-ley, sus extralimitaciones competenciales, referidas tanto al desarrollo normativo de su destino y de sus condiciones de otorgamiento, como a la ejecuci髇 de las subvenciones, no afectan exclusivamente a Catalu馻, dado que todas las dem醩 comunidades aut髇omas tambi閚 son competentes para el desarrollo normativo y ejecuci髇 de la materia planificaci髇 de la actividad econ髆ica (art. 10.25 del Estatuto de autonom韆 para el Pa韘 Vasco, art. 30.1.1 del Estatuto de autonom韆 para Galicia, art. 58.2.1 del Estatuto de autonom韆 para Andaluc韆, art. 10.1.15 del Estatuto de autonom韆 del Principado de Asturias, art. 24.14 del Estatuto de autonom韆 para Cantabria, art. 8.1.4 del Estatuto de autonom韆 de La Rioja, art. 10.1.11 del Estatuto de autonom韆 para la Regi髇 de Murcia, art. 52.1.1 del Estatuto de autonom韆 de la Comunidad Valenciana, art. 71.32 del Estatuto de autonom韆 de Arag髇, art. 31.1.12 del Estatuto de autonom韆 de Castilla-La Mancha, art. 31.4 del Estatuto de autonom韆 de Canarias, art. 56.1.a de la Ley org醤ica de reintegraci髇 y amejoramiento del Fuero de Navarra, art. 8.3 del Estatuto de autonom韆 de Extremadura, art. 31.6 del Estatuto de autonom韆 de las Islas Baleares, art. 26.3.1.1 del Estatuto de autonom韆 de la Comunidad de Madrid y art. 70.1.18 del Estatuto de autonom韆 de Castilla y Le髇).

Vistos los razonamientos contenidos en los Fundamentos Jur韉icos precedentes, formulamos las siguientes:

Conclusiones

Primera.- Los art韈ulos 3.1 y 9.1, y la disposici髇 final segunda del Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, son contrarios al art韈ulo 114.3 del Estatuto de autonom韆, en relaci髇 con el art韈ulo 152.4.a del mismo Estatuto.

Adoptada por unanimidad.

Segunda.- Los art韈ulos 1.2, 2.4, 5, 6.1 (p醨rafos segundo y tercero), 6.3 (p醨rafo primero), 7, 8, 10.7, 11.1 y 12.2, las disposiciones adicionales segunda (p醨rafos segundo y tercero de sus apartados 1 y 2), cuarta, s閜tima y octava, y la disposici髇 final tercera del Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, son contrarios al art韈ulo 114.3 del Estatuto de autonom韆, en relaci髇 con el art韈ulo 152.4.c del mismo Estatuto.

Adoptada por unanimidad.

Tercera.- La disposici髇 final primera del Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, en la referencia que contiene a los art韈ulos 149.1.1 y 149.1.14 CE, es contraria a la Constituci髇.

Adoptada por unanimidad.