Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALU袮

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 65 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

I

El Estatuto de autonom韆 de Catalu馻 reconoce, en el cap韙ulo I del t韙ulo I, los derechos y deberes del 醡bito civil y social, entre los que se incluyen los derechos relativos a los servicios sociales. Estos derechos vinculan a todos los poderes p鷅licos, cuyas disposiciones deben respetarlos y deben interpretarse y aplicarse en el sentido m醩 favorable para que sean plenamente efectivos. Su protecci髇 est� garantizada jurisdiccionalmente. Asimismo, el Estatuto establece los principios rectores que deben orientar las pol韙icas p鷅licas y encarga a los poderes p鷅licos promover las medidas necesarias para garantizar su eficacia plena. Entre estos principios cabe destacar los referentes a la cohesi髇 y el bienestar sociales, en cuya aplicaci髇 los poderes p鷅licos, entre otras medidas, deben promover pol韙icas p鷅licas que fomenten la cohesi髇 social y que garanticen un sistema de servicios sociales, de titularidad p鷅lica y concertada, adecuado a los indicadores econ髆icos y sociales de Catalu馻, deben promover pol韙icas preventivas y comunitarias y deben garantizar la calidad del servicio y la gratuidad de los servicios sociales que las leyes determinen como b醩icos.

La regulaci髇 establecida por el Estatuto se enmarca en la Declaraci髇 universal de los derechos humanos, la Carta social europea y la Constituci髇 espa駉la. As�, el art韈ulo 25 de la Declaraci髇 universal de derechos humanos de las Naciones Unidas, de 1948, proclama: 玊oda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, as� como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentaci髇, el vestido, la vivienda, la asistencia m閐ica y los servicios sociales necesarios [...].�; el art韈ulo 14 de la Carta social europea dispone: 獳 fin de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las partes se comprometen a impulsar u organizar servicios que, utilizando m閠odos de trabajo social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de las personas y de los grupos en la comunidad, y a su adaptaci髇 al entorno social [...].�, y el art韈ulo 10.1 de la Constituci髇 espa駉la establece: 獿a dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los dem醩 son fundamento del orden pol韙ico y de la paz social�, lo cual debe relacionarse con el art韈ulo 9.2, que ordena a los poderes p鷅licos 玴romover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social.�

II

El art韈ulo 166 del Estatuto atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, voluntariado, protecci髇 de menores y promoci髇 de las familias y establece que esta competencia incluye, en todo caso, la regulaci髇 y ordenaci髇 de la actividad de servicios sociales, las prestaciones t閏nicas y las prestaciones econ髆icas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de previsi髇 p鷅lica; la regulaci髇 y ordenaci髇 de las entidades, los servicios y los establecimientos p鷅licos y privados que prestan servicios sociales en Catalu馻; la regulaci髇 y aprobaci髇 de los planes y programas espec韋icos dirigidos a personas y colectivos en situaci髇 de pobreza o de necesidad social, y la intervenci髇 y el control de los sistemas de protecci髇 social complementaria privados. Por su parte, el art韈ulo 165 atribuye a la Generalidad la organizaci髇 y gesti髇 del patrimonio y de los servicios que integran los servicios sociales del sistema de la seguridad social en Catalu馻, la ordenaci髇 y el ejercicio de las potestades administrativas sobre las instituciones, empresas y fundaciones que colaboran con el sistema de la seguridad social en materia de servicios sociales, y el reconocimiento y la gesti髇 de las pensiones no contributivas.

La amplitud de las competencias de la Generalidad no puede hacer olvidar que el Estatuto establece que Catalu馻 estructura su organizaci髇 territorial b醩ica en municipios y veguer韆s. El art韈ulo 84.2.m establece que los gobiernos locales tienen competencias propias, en los t閞minos que determinen las leyes, en la regulaci髇 y prestaci髇 de los servicios de atenci髇 a las personas y de los servicios sociales p鷅licos de asistencia primaria y en el fomento de las pol韙icas de acogida de los inmigrantes. El art韈ulo 84.1 garantiza a los municipios un n鷆leo de competencias propias que deben ser ejercidas por estas entidades con plena autonom韆, sujeta solo a control de constitucionalidad y legalidad. Asimismo, el art韈ulo 92 configura la comarca como un ente local con personalidad jur韉ica propia, formado por municipios, con competencias gestoras.

III

Los servicios sociales son uno de los sistemas del estado del bienestar, conjuntamente con la seguridad social, el sistema de salud, el sistema de educaci髇, las pol韙icas para la ocupaci髇, las pol韙icas de vivienda y otras actuaciones p鷅licas. Los servicios sociales son el conjunto de intervenciones que tienen como objetivo garantizar las necesidades b醩icas de los ciudadanos, poniendo atenci髇 en el mantenimiento de su autonom韆 personal y promoviendo el desarrollo de las capacidades personales, en un marco de respeto por la dignidad de las personas.

La anterior ley de servicios sociales de Catalu馻, de 1985, la Ley de administraci髇 institucional, de descentralizaci髇, de desconcentraci髇 y de coordinaci髇 del sistema catal醤 de servicios sociales, de 1994, y el Decreto legislativo 17/1994, por el que se aprueba la refundici髇 de las leyes anteriores, definen los servicios sociales, establecen un derecho gen閞ico a los servicios sociales para toda la poblaci髇 y hacen una propuesta de sistema de servicios sociales que ha servido para poner en marcha una estructura de los servicios sociales, para avanzar en la responsabilizaci髇 p鷅lica de las administraciones y para establecer un sistema de participaci髇 de los agentes implicados.

En este marco legislativo, la Generalidad, los ayuntamientos y la iniciativa social han contribuido a desarrollar el sistema de servicios sociales de Catalu馻, formado por recursos, por prestaciones de servicios, tecnol骻icas y econ髆icas y por programas, equipamientos y actividades de prevenci髇, atenci髇 y promoci髇 social. Sin embargo, es un sistema que debe dotarse de cobertura universal y en el que es preciso hacer un reconocimiento espec韋ico del derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales.

Las transformaciones y nuevas realidades que vive la sociedad catalana plantean nuevos retos que es preciso afrontar desde el consenso y la cooperaci髇 social y pol韙ica. El crecimiento demogr醘ico acelerado de los 鷏timos a駉s, el envejecimiento de la poblaci髇, la diversidad de las familias y los n鷆leos de convivencia, las nuevas bolsas de pobreza, el riesgo de desigualdades personales, colectivas o territoriales, las situaciones de dependencia que viven muchas personas y la complejidad que comporta para las familias, y los cambios en el mercado laboral son algunos ejemplos.

La construcci髇 de una sociedad de progreso viene determinada tambi閚 por el nivel de cohesi髇 social, la cual se basa en la igualdad de oportunidades y en la promoci髇 social e individual. Los servicios sociales son un instrumento para favorecer la autonom韆 de las personas, para mejorar las condiciones de vida, para eliminar situaciones de injusticia social y para favorecer la inclusi髇 social.

IV

Los servicios sociales han permitido paliar situaciones de desigualdad. Es preciso, sin embargo, mejorar y consolidar el Sistema Catal醤 de Servicios Sociales para que d� respuesta a las necesidades actuales. Con este objetivo, la presente ley configura el derecho al acceso a los servicios sociales como un derecho subjetivo de car醕ter universal, que deviene un principio b醩ico del Sistema, orientado a la cohesi髇 social, la igualdad de oportunidades y el progreso social de las personas. Al mismo tiempo, la presente ley organiza los servicios sociales desde una definici髇 competencial basada en la descentralizaci髇 y en la subsidiariedad, con m醩 participaci髇 y con m醩 coordinaci髇 y cooperaci髇 dentro del sector. El Sistema Catal醤 de Servicios Sociales se configura as� como uno de los pilares del estado del bienestar en Catalu馻.

La efectividad del principio de universalidad del derecho al acceso a los servicios sociales radica en la financiaci髇 de las prestaciones. Por lo tanto, cualquier opci髇 requiere unos estudios econ髆icos previos que garanticen la sostenibilidad de las propuestas. La financiaci髇 deber韆 ser mixta, con una implicaci髇 importante de los presupuestos p鷅licos, de la Generalidad y de las corporaciones locales, para financiar las prestaciones, y de los usuarios, para contribuir a pagarlas. Por ello, el modelo que la presente ley incorpora se articula por medio de una cartera de servicios definida como un instrumento din醡ico a partir del estudio de la realidad social y territorial y desde la previsi髇 y planificaci髇, y financiada p鷅licamente con criterios de sostenibilidad que, en algunos casos, pueden requerir la participaci髇 de los usuarios en el pago de los servicios. Sin embargo, el Gobierno y los 髍ganos asesores en materia de servicios sociales deben mantener al d韆 los estudios estad韘ticos que permitan la comparaci髇 permanente de los porcentajes de gasto y de los programas prioritarios en este 醡bito y deben velar por que el modelo converja con el modelo representado por los diez pa韘es m醩 avanzados de la Uni髇 Europea.

La descentralizaci髇 que se propone exige buscar f髍mulas que hagan compatibles el derecho de las personas a la igualdad en el acceso a los servicios, independientemente del lugar donde vivan, con la necesaria diversidad de opciones territoriales y sectoriales. La organizaci髇 de los servicios sociales y la coordinaci髇 con los dem醩 sectores del bienestar deben centrarse en la atenci髇 a las personas y deben permitir el dise駉 de programas transversales, como los sociosanitarios, socioeducativos y sociolaborales. Por otra parte, el principio de subsidiariedad hace prevalecer la actuaci髇 de las instancias m醩 pr髕imas siempre y cuando cumplan los requisitos de la eficiencia. Eso implica apoderar a las personas, familias y entidades de iniciativa social, para que, si lo desean, puedan hacerse cargo de la cobertura de determinadas necesidades dentro de la comunidad, con el apoyo de los servicios sociales p鷅licos, sin perjuicio de que la Generalidad y las corporaciones locales, de acuerdo con sus competencias, sean las responsables del desarrollo, planificaci髇, coordinaci髇 operativa de las acciones, evaluaci髇 y descentralizaci髇 de la gesti髇.

Debe repensarse y reestructurarse la participaci髇 e implicaci髇 ciudadanas en el sistema de servicios sociales, en sus diferentes niveles, el central, el local y el de los centros, ya sea mediante 髍ganos formales o con experiencias de innovaci髇 democr醫ica, tanto en la definici髇 de las necesidades y la toma de decisiones como en la gesti髇 de los servicios. Tambi閚 deben abordarse las relaciones con las entidades voluntarias para que, respetando sus elementos esenciales, como la autonom韆, la independencia y el esp韗itu cr韙ico, se hallen f髍mulas de colaboraci髇 con las administraciones p鷅licas, aprovechando la acci髇 voluntaria supervisada por personal profesional calificado, pero claramente desligada del trabajo del personal profesional. Asimismo, debe avanzarse en el reconocimiento del papel del sector privado, especialmente en la prestaci髇 de servicios, y en la potenciaci髇 de la iniciativa social de la sociedad civil organizada, especialmente como representaci髇 de los diferentes colectivos. Por otra parte, es preciso reservar al sector p鷅lico, adem醩 de la gesti髇 directa de determinados servicios, las competencias de planificaci髇, ordenaci髇, evaluaci髇 y coordinaci髇 general del sistema; de seguimiento, evaluaci髇 y control de las prestaciones garantizadas; de garant韆 de la calificaci髇, formaci髇 y profesionalidad del personal, y de registro, control, inspecci髇 y r間imen disciplinario.

Es importante alcanzar la implicaci髇 e identificaci髇 de los ciudadanos en las pol韙icas que se desarrollan y asociar a su formulaci髇 y aplicaci髇 un mayor n鷐ero de personas y organizaciones, con el objetivo de obtener m醩 transparencia y responsabilizaci髇. En este sentido, es preciso reconocer el papel esencial de las entidades del tercer sector en la creaci髇 del modelo de servicios sociales en Catalu馻 y de la extensa red que ponen al alcance de las personas en situaci髇 de exclusi髇 social, de riesgo o de vulnerabilidad. Es por ello que es preciso garantizar el establecimiento de un modelo de cooperaci髇 y concertaci髇 p鷅lico y privado que las fomente y les d� estabilidad, as� como priorizar la aplicaci髇 de cl醬sulas sociales en la contrataci髇 para la gesti髇 de servicios p鷅licos. Las entidades representativas de los beneficiarios de los servicios sociales y del tercer sector social contribuyen a hacer efectivas las obligaciones de los poderes p鷅licos de conseguir la igualdad de oportunidades de todas las personas, una calidad de vida mejor, el despliegue de una red de servicios sociales adecuada a las necesidades, la identificaci髇 de necesidades emergentes, la sensibilizaci髇 social y la participaci髇 ciudadana, as� como la solidaridad y la cohesi髇 social en la constituci髇 de una sociedad m醩 justa.

V

En la elaboraci髇 de la presente ley se ha planteado un proceso de participaci髇 muy amplio, para buscar el m醲imo consenso posible de todos los sectores implicados en los servicios sociales. A partir de un documento de bases, elaborado por un comit� de expertos, se ha puesto en marcha un proceso de participaci髇 que ha permitido presentar y debatir el futuro de los servicios sociales con los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, con las entidades prestadoras de servicios sociales, con los sindicatos y las patronales, con las asociaciones de entidades de iniciativa social del sector, con las asociaciones y federaciones de usuarios y con los colegios profesionales. Es preciso valorar el debate y las aportaciones hechas, que han enriquecido el planteamiento inicial y han permitido profundizar en los objetivos. Este proceso de participaci髇 ha generado un amplio consenso sobre la pertinencia de priorizar los valores presentes en la legislaci髇 y los principios rectores de universalidad, igualdad, responsabilidad p鷅lica, solidaridad, participaci髇 c韛ica, globalidad, subsidiariedad, prevenci髇 y dimensi髇 comunitaria, fomento de la cohesi髇 social, normalizaci髇, coordinaci髇, atenci髇 personalizada e integral, respeto por los derechos y la dignidad de la persona, fomento de la autonom韆 personal, econom韆, eficiencia, eficacia y calidad de los servicios sociales.

El proceso tambi閚 ha permitido poner de manifiesto el reto de alcanzar la cohesi髇 y la justicia sociales. Este reto afecta a todos los agentes del sector y comporta modernizar los servicios sociales y compartir los objetivos, de acuerdo con las realidades y demandas de la sociedad catalana. Es preciso un cambio que vaya desde los requisitos m韓imos de los equipamientos, de los que deben potenciarse los aspectos de la calidad asistencial, hasta las medidas de control, inspecci髇 y seguimiento de los aspectos cualitativos. Es necesario que, a partir de unos m韓imos que garanticen la atenci髇 digna a las personas, se articulen formas que permitan la diversidad, innovaci髇, flexibilidad, optimizaci髇 de los recursos y adaptaci髇 a los territorios y a sus caracter韘ticas socioecon髆icas. Las mesas sectoriales de los diferentes 醡bitos de los servicios sociales, con presencia de la Administraci髇, deben avanzar hacia la homologaci髇 de las condiciones laborales de los trabajadores en este campo.

Los servicios sociales se estructuran en dos niveles: la atenci髇 b醩ica y la especializada. La atenci髇 b醩ica, de car醕ter p鷅lico y local, es un dispositivo potente de informaci髇, diagn髎tico, orientaci髇, apoyo, intervenci髇 y asesoramiento individual y comunitario que, adem醩 de ser la puerta de entrada habitual al sistema de servicios sociales, es el eje vertebrador de toda la red de servicios y aprovecha el modelo consagrado por la experiencia de los ayuntamientos y consejos comarcales. Las prestaciones se articulan a partir de esta v韆 de acceso e incluyen las prestaciones de atenci髇 domiciliaria, que pretenden facilitar que la persona pueda permanecer en su casa; las prestaciones teleasistenciales y las ayudas t閏nicas, que facilitan la autonom韆 de las personas; los servicios diurnos, con servicios pr髕imos que favorecen tambi閚 la permanencia en el entorno, y los servicios residenciales, que, a pesar del cambio de lugar de residencia que comportan, deben alejar a la persona lo m韓imo posible de su c韗culo de relaciones. Para complementar estas prestaciones de servicio, pueden establecerse prestaciones econ髆icas, que siempre que sea posible deben condicionarse, mediante el cheque servicio u otro sistema, a la utilizaci髇 de un servicio.

La Cartera de servicios sociales y los reglamentos que ordenen la atenci髇 b醩ica y la atenci髇 especializada deben fijar las ratios de personal profesional, las titulaciones de acceso y los perfiles profesionales para asegurar la calidad y eficiencia en la prestaci髇 de los servicios sociales garantizados del sistema.

VI

La presente ley se estructura en nueve t韙ulos. El t韙ulo I, adem醩 de definir los objetivos y las finalidades de los servicios sociales, desarrolla los principios rectores y hace una aproximaci髇 a los destinatarios de los servicios sociales. La principal innovaci髇 de la presente ley es que el articulado incluye una descripci髇 detallada de los derechos y deberes de las personas con relaci髇 a los servicios sociales, lo cual les otorga la protecci髇 derivada del rango de la norma que los reconoce.

El t韙ulo II regula el sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica y ordena su estructura, funciones y prestaciones. La principal novedad es la introducci髇 de la Cartera de servicios sociales como instrumento para asegurar el acceso a las prestaciones garantizadas del sistema de servicios sociales de la poblaci髇 que las necesite. La presente ley incluye, mediante un anexo, un cat醠ogo de servicios que debe constituir la gu韆 para que el Gobierno elabore la primera cartera de servicios de acuerdo con las directrices establecidas por la propia ley.

El t韙ulo III establece el r間imen competencial y organizativo. El cap韙ulo I regula las competencias de las administraciones p鷅licas. El cap韙ulo II regula la organizaci髇 territorial de los servicios, basada en el principio de subsidiariedad, y ordena la descentralizaci髇. El cap韙ulo III regula la planificaci髇 de los servicios sociales. El cap韙ulo IV regula la coordinaci髇 y la colaboraci髇 interadministrativas. Y el cap韙ulo V es la principal novedad, ya que regula el papel de los profesionales en los servicios sociales.

El t韙ulo IV regula la participaci髇 c韛ica en todos los niveles de los servicios sociales. Introduce el traspaso de la informaci髇 y los procedimientos de participaci髇 para reforzar la capacidad de las personas de incidir en la innovaci髇 y el futuro de los servicios sociales.

El t韙ulo V regula la financiaci髇 de los servicios sociales y ordena especialmente las obligaciones de las administraciones y de los usuarios en la financiaci髇.

El t韙ulo VI regula el papel de la iniciativa privada social y mercantil en los servicios sociales y ordena la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas con relaci髇 a las entidades privadas.

Los t韙ulos VII, VIII y IX regulan, respectivamente, la formaci髇 e investigaci髇 en los servicios sociales, la calidad de los servicios sociales y la inspecci髇, el control y el r間imen sancionador.

Completan la regulaci髇 de los servicios sociales varias disposiciones adicionales, entre las que cabe destacar una que aborda la grave situaci髇 de las personas con dependencia, que necesitan m醩 autonom韆 para hacer actividades de la vida diaria. Se reconoce de forma expresa que se trata de una contingencia de car醕ter general, una responsabilidad com鷑 y solidaria del conjunto de la sociedad. La Ley del Estado 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, ha establecido el marco general de esta pol韙ica. Dado que la Generalidad tiene competencia exclusiva en esta materia, es preciso mantener el marco catal醤 de referencia. As�, las prestaciones en el 醡bito de la atenci髇 a la dependencia y la vida aut髇oma se integran en el Sistema Catal醤 de Servicios Sociales, que deviene en un sistema 鷑ico e integral en Catalu馻.

VII

La presente ley pretende avanzar en el reconocimiento del derecho a los servicios sociales de todas las personas en una doble direcci髇. En primer lugar, pretende garantizar el derecho a la igualdad de acceso, defendiendo la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios sociales como un instrumento de autonom韆 para gozar de una integraci髇 real en la sociedad. En segundo lugar, pretende fomentar la solidaridad, garantizando la atenci髇 prioritaria a las personas que, por motivo de su minor韆 de edad, dependencia o situaci髇 de riesgo o de vulnerabilidad, necesitan los servicios sociales para compensar los d閒icits que experimenta su calidad de vida. En definitiva, pretende contribuir a garantizar la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas.