Sumario

Preámbulo

La modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, especialmente de la agricultura y ganadería, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los ciudadanos, constituyen un principio rector de la actuación de los poderes públicos, según establece el artículo 130.1 de la Constitución.

Esta necesidad de modernización y desarrollo del sector agrario, reconocida constitucionalmente, se hace patente en Cataluña, donde la estructura social y económica de la mayoría de las exploraciones que constituyen la base de las actividades agrícola y ganadera es de carácter familiar.

La empresa familiar agraria merece, por tanto, una atención preferente de la Generalidad y precisa de un marco legal adecuado para garantizar unos ingresos y unas condiciones de vida equiparables a los de otras actividades profesionales.

Muchas de las empresas familiares agrarias, a pesar de que poseen la capacidad profesional y el potencial agrario necesarios, no han podido alcanzar los objetivos mencionados por falta de recursos técnicos y financieros adecuados.

Por otra parte, el sector agrario no es una excepción de la transformación tecnológica que todo el conjunto de la actividad económica requiere y, por tanto, es preciso un esfuerzo modernizador que muchas empresas familiares abandonadas a su solo esfuerzo, difícilmente podrían asumir.

Además, el proceso de integración en la Comunidad Económica Europea comporta nuevos requerimientos a las empresas agrarias y de forma especial a las de carácter familiar, a fin de poder llevar a cabo el necesario proceso de adaptación de forma satisfactoria.

La Ley estatal 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes, si bien ha significado conceptualmente un avance al establecer, entre otros aspectos, unas desgravaciones fiscales más adecuadas a las circunstancias de las explotaciones agrarias, no se adapta totalmente al carácter específico de las empresas familiares agrarias de Cataluña.

La presente Ley de modernización de la empresa familiar agraria, establecida en virtud de la competencia exclusiva que en materia de agricultura corresponde a la Generalidad, de acuerdo con el artículo 12.1.4 del Estatuto de Autonomía, tiene la finalidad de dar respuesta a gran parte de los problemas más importantes que tienen planteados estas empresas favoreciendo la modernización y desarrollo integral de las mismas.

La Ley empieza por establecer los requisitos que deberán cumplir las empresas familiares agrarias para poder ser consideradas como tales, respecto a lo cual se han tenido en cuenta las particularidades de la realidad catalana.

El núcleo central de la Ley está constituido por los denominados "planes de modernización y desarrollo integral de la empresa familiar agraria", cuyo objetivo principal es facilitar la continuidad del mayor numero de empresas agrarias persiguiendo el óptimo de explotación que asegure de este modo su viabilidad en el futuro. La Ley especifica los requisitos que deberán cumplir las empresas que opten por la realización de los planes y el contenido y duración de los mismos. La regulación de los planes de modernización y desarrollo esta en la línea de los establecidos por la legislación comunitaria.

La Ley establece asimismo que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca desarrolle acciones de capacitación profesional y de formación continuada dirigidas de forma prioritaria a los titulares de empresas familiares agrarias que presenten planes de modernización y desarrollo.

Por otra parte, a fin de estimar la adopción y realización de dichos planes, la Ley establece una serie de ayudas, entre las que se hallan la concesión de prestamos y avales.

La Ley presta especial atención a las empresas familiares situadas en las comarcas y zonas de montaña y a aquellas cuyos titulares sean agricultores menores de treinta y cinco años, ya que son las que más necesitan la ayuda de los organismos públicos.

La Ley crea el Registro de Empresas Familiares Agrarias, en el que podrán inscribirse las empresas que cumplan los requisitos establecidos por la misma Ley y por las disposiciones complementarias. Crea asimismo un certificado acreditativo de la condición de empresa familiar agraria, que podrán solicitar los titulares de empresas inscritas en el Registro.

Por último, la Ley arbitra medidas destinadas a proteger la integridad de la empresa familiar agraria y establece ayudas para facilitar los pagos derivados de su transmisión a fin de garantizar la continuidad de dichas empresas.