Artículo 11

Las personas miembros de las policías de Cataluña ejercen sus funciones con plena adecuación a la Constitución, al Estatuto de autonomía y al resto de la legislación vigente.

Artículo 12

La actuación de las personas miembros de las policías de Cataluña se basa en el respeto de la dignidad humana y de los derechos inalienables que de ella se derivan, especialmente la vida, la integridad física y moral y la libertad en todas sus manifestaciones. Cualquier actuación que pueda lesionarlos o ponerlos en peligro se tiene que considerarse excepcional y limitada por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Artículo 13

La actuación policial está presidida por el principio de imparcialidad y no discriminación en razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual afectiva y/o identidad de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 14

Las personas miembros de los cuerpos de policía de Cataluña, en la medida en que ejercen funciones públicas, tienen que actuar sometidos al interés general.

La integridad en el ejercicio de estas funciones prohíbe cualquier forma de corrupción, desviación o perjuicio del interés general, en beneficio de intereses privados.

Artículo 15

Las actuaciones policiales y los operativos tienen que orientarse de acuerdo con los principios de oportunidad, de proporcionalidad y de congruencia:

• 1. El principio de oportunidad rige en todas las actuaciones policiales en la medida en que constituye una exigencia de adecuación al caso concreto y al margen de discrecionalidad, dentro de los límites del principio de legalidad. La valoración de la oportunidad de la actuación y de los instrumentos jurídicos que se utilizan requiere un juicio de valor sobre si la decisión adoptada es idónea para el fin que se pretende, considerando las circunstancias de los hechos y de las personas. Se trata de evitar acciones policiales que puedan resultar innecesarias, ineficaces o lesivas para los derechos y se conviertan en inoportunas, a excepción de cuando exista una obligación clara y tajante de llevarlas a cabo.
• 2. El cumplimiento del principio de proporcionalidad, que debe entenderse exigible no solo respecto del uso de los medios coercitivos, obliga a actuar de acuerdo con el ordenamiento jurídico en sus precisos términos, para garantizar, en cualquier actuación policial, el equilibrio justo entre la coerción legítima y la protección efectiva de los derechos. Dicho principio, cuando se acuerda la restricción temporal de un derecho, resulta indispensable en función de la naturaleza y gravedad del delito supuestamente cometido.
• 3. Si la actuación policial, además de proporcional, puede entenderse oportuna, podrá calificarse de congruente, es decir, adecuada y eficaz en función de los objetivos que se pretenden y de los fines alcanzados.

Artículo 16

La actuación profesional de las personas miembros de las policías de Cataluña está sometida a los principios de jerarquía y subordinación. Sin embargo, la obediencia debida a las órdenes no puede amparar la comisión de actos delictivos o manifiestamente contrarios al ordenamiento vigente.

Artículo 17

La actuación de las policías de Cataluña se basa en el principio de lealtad institucional, tanto en su vertiente interna, hacia la organización a la que pertenecen sus miembros, como en su vertiente externa, hacia el conjunto del sistema policial, respetando las competencias de los diferentes cuerpos y favoreciendo la colaboración y coordinación entre ellos.

Artículo 18

Las personas miembros de los cuerpos de las policías de Cataluña ejercen sus funciones con total dedicación, tanto si están de servicio como si no, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana.

Artículo 19

La organización de las funciones policiales debe tener en cuenta que:

• 1. Las autoridades de las policías de Cataluña, con el fin de favorecer la ética organizativa y las buenas prácticas, deben garantizar la coordinación en la actuación y en la prestación de los servicios de policía, en la línea de conseguir la integración de las actuaciones correspondientes dentro del conjunto del sistema policial, de acuerdo con los principios contenidos en este Código.
• 2. La prestación de un servicio público policial eficaz puede requerir la concurrencia o colaboración de otros organismos o entidades dedicados a prestaciones preventivas o asistenciales. Esta necesidad debe orientar medidas organizativas del servicio público policial que lo conecten con aquellas entidades o instituciones que, por su proximidad con las situaciones sociales relacionadas con la actividad policial, puedan favorecer una prestación integral y coordinada.

Artículo 20

De la adecuación a la legalidad y al resto de principios recogidos en el capítulo I de este título, se derivan los deberes siguientes de las personas miembros de las policías de Cataluña, sin perjuicio de lo que disponga el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 21

El trato correcto a las personas y el respeto a su dignidad constituyen una herramienta imprescindible para favorecer el ejercicio de la autoridad y el respeto de los ciudadanos y ciudadanas.

El trato correcto, que tiene que basarse en la asertividad y la prudencia, es clave para merecer y exigir a los ciudadanos el respeto recíproco y el reconocimiento de la autoridad policial como servicio público.

El trato correcto incluye el deber de ofrecer una imagen externa que genere reconocimiento y aceptación de la función por parte de la ciudadanía.

Artículo 22

Las autoridades y las personas miembros de las policías de Cataluña tienen que limitar las injerencias en la intimidad de las personas y en su vida privada a aquello que sea estrictamente necesario para alcanzar un objetivo legítimo, evitando cualquier tratamiento y expresión, tanto oral como escrita, sobre la información facilitada que pueda ser discriminatoria.

Artículo 23

Las autoridades y las personas miembros de las policías de Cataluña hacen suya la defensa de la prohibición internacional y estatal de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. A este efecto, asumen el deber de impedir cualquiera de estas prácticas y, en caso que se produzcan, de informar inmediatamente a los superiores jerárquicos y al Ministerio Fiscal.

Artículo 24

La función policial se tiene que ejercer con objetividad, la cual obliga a aplicar las normas a los supuestos para los que están previstas, sin prejuicios derivados de las condiciones personales o sociales y de acuerdo con los principios de igualdad e imparcialidad.

Artículo 25

La función policial se tiene que preservar de conflictos eventuales, directos o indirectos, con intereses propios. A este efecto, excepto los casos expresamente autorizados, las personas miembros de las policías de Cataluña se tienen que abstener de intervenir en asuntos o actividades ajenas a su cargo que puedan tener relación con el ejercicio de sus competencias.

Artículo 26

Las personas miembros de los cuerpos de las policías de Cataluña tienen el deber de mantener el secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Este deber de reserva tiene como finalidad la protección del desarrollo correcto de la función policial y la protección de los derechos de las personas afectadas por las informaciones. Por lo tanto, no impide la información o declaración que, a efecto interno, sea necesaria para el ejercicio mismo de la función o para la colaboración con la Administración de justicia.

La decisión sobre qué datos pueden hacerse públicos, dentro de los límites del derecho a la información, corresponde a la institución policial, de acuerdo con lo que establece el artículo 43 de este Código.

Artículo 27

Toda persona ciudadana puede ingresar en los cuerpos de policía si cumple las condiciones exigidas.

Artículo 28

Las personas miembros del cuerpo de mozos de escuadra tienen que ser seleccionadas con exacto cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En consecuencia, son titulares del derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso, la provisión de cargos y la promoción profesional.

Artículo 29

Las personas miembros de los cuerpos de policía son titulares de los mismos derechos civiles y políticos que todos los ciudadanos, sin perjuicio de las especificidades propias de su función. Las restricciones de estos derechos sólo se pueden justificar si son necesarias para el ejercicio de las funciones de la policía en una sociedad democrática, dentro de la legalidad y de conformidad con la Convención europea sobre derechos humanos.

Igualmente, el personal de las policías es titular de los derechos sociales y económicos que reconoce el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 30

Las personas miembros de los cuerpos de policía tienen derecho a constituir organizaciones sindicales, federaciones o confederaciones para la defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales, con las limitaciones que establece la legislación vigente.

Los sindicatos de policía tienen derecho, en función de su representatividad, a participar en los organismos colegiados competentes en las negociaciones sobre el estatus profesional y, asimismo, a formular propuestas y ser consultados sobre las decisiones de las autoridades policiales sobre la gestión y la organización de los cuerpos y el cumplimiento de su actividad profesional.

Artículo 31

La afiliación sindical del personal de policía y el desarrollo de una actividad de esta naturaleza no puede suponer ningún tipo de discriminación en las condiciones de trabajo y la carrera profesional.

Artículo 32

El personal de las policías tiene derecho a medidas específicas de protección de su seguridad y su salud, adecuadas al carácter singular de la tarea policial, que, además, garanticen la selección de calidad y la alta cualificación del funcionariado.

Igualmente, tiene derecho a una justa remuneración en función de las condiciones de su actividad profesional, que, además, preserve su integridad, imparcialidad y dignidad.

Artículo 33

Los/Las funcionarios/as de policía, por su dignidad personal y la de la función que ejercen, tienen derecho a recibir un trato con la consideración y el respeto que merecen, sin ninguna forma de maltrato de palabra ni de obra, y a recibir apoyo en su tarea comunitaria como servicio público.

Artículo 34

En los procedimientos penales contra las personas miembros de los cuerpos de policía de Cataluña, cuando se dicten resoluciones exculpatorias firmes que acrediten que las acusaciones no eran fundamentadas, las autoridades de estos cuerpos tienen que dar apoyo explícito y formal a los/las agentes, con el fin de restaurar el honor personal y la dignidad profesional.

Artículo 35

El personal de las policías tiene derecho a ser informado por los órganos competentes de la valoración de su actividad profesional y, especialmente, si su comportamiento se considera contrario al Código ético.

Artículo 36

El personal de las policías tiene derecho a ser protegido ante cualquier forma de violencia psicológica o acoso en las relaciones de servicio.