Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y Le髇

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

V閍se D [CASTILLA Y LE覰]�14/2017, de 27 de julio, de autorizaci髇 y funcionamiento de los centros de car醕ter social para la atenci髇 a las personas mayores en Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 31 julio).LE0000602657

V閍se el D [CASTILLA Y LE覰] 3/2016, de 4 febrero, por el que se regula la acreditaci髇 de centros y unidades de convivencia para la atenci髇 a personas mayores en Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 5 febrero).LE0000568227

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 25.5 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Los servicios sociales son el conjunto de servicios y prestaciones para la prevenci髇, atenci髇 o cobertura de las necesidades individuales y sociales b醩icas de las personas con el fin de lograr o aumentar su bienestar social. Estos servicios, como elemento esencial del Estado del bienestar, est醤 dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas dentro de la sociedad y a promocionar la cohesi髇 social y la solidaridad.

Los cambios sociales de las 鷏timas d閏adas y la evoluci髇 de las pol韙icas sociales demandan un sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica que atienda con garant韆s de suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las personas, cubriendo sus carencias y desarrollando sus potencialidades, consiguiendo incrementar el nivel de calidad de vida de aquellos.

Estos objetivos son considerados por la sociedad como bienes especialmente protegibles que correlativamente exigen unas prestaciones adecuadas por parte de los poderes p鷅licos implicados en su satisfacci髇.

Se supera as� el modelo de servicios sociales de car醕ter asistencial avanzando hacia un sistema en el que, aquellos que tengan el car醕ter de esenciales, se configuren como aut閚ticos derechos subjetivos de todos los ciudadanos, exigibles ante los poderes y administraciones p鷅licas y, en su caso, ante los 髍ganos jurisdiccionales, como garant韆 m醲ima de su reconocimiento, respeto y protecci髇.

II

El art韈ulo 10.1 de la Constituci髇 Espa駉la se馻la que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los dem醩 son fundamento del orden pol韙ico y la paz social.

El cap韙ulo III del t韙ulo I del texto constitucional que recoge los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica contiene disposiciones dirigidas a la protecci髇 de los ni駉s, de las personas con discapacidad y de los ciudadanos de la tercera edad, previendo el establecimiento de un sistema de servicios sociales para promover su bienestar.

Igualmente se atiende a la promoci髇 de las condiciones favorables para el progreso social y econ髆ico y para una distribuci髇 de la renta auton髆ica y personal m醩 equitativa.

Todos estos principios han de informar la legislaci髇 positiva, la pr醕tica judicial y la actuaci髇 de los poderes p鷅licos, pudiendo ser alegados ante la jurisdicci髇 ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

El art韈ulo 139.1 del texto constitucional dispone que todos los espa駉les tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y el art韈ulo 149.1.1 atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

En el 醡bito que nos ocupa el art韈ulo 148.1.20 de la Constituci髇 establece que las Comunidades Aut髇omas podr醤 asumir competencias en materia de asistencia social.

Por su parte el art韈ulo 70.1.10 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, aprobado por la Ley Org醤ica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y Le髇 la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario; promoci髇 y atenci髇 a las familias, la infancia, la juventud y los mayores; prevenci髇, atenci髇 e inserci髇 social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusi髇 social, y protecci髇 y tutela de menores, de conformidad con lo previsto en el citado art韈ulo 148.1.20 de la Constituci髇 Espa駉la.

El citado texto estatutario reconoce en su art韈ulo 13, dedicado a los derechos sociales, el derecho de acceso a los servicios sociales y los derechos que en este 醡bito de las personas mayores, de los menores de edad, de las personas en situaci髇 de dependencia y de sus familias, de las personas con discapacidad, as� como de quienes se encuentren en situaci髇 de exclusi髇 social. Estos derechos vinculan a todos los poderes p鷅licos de la Comunidad, a los particulares y son exigibles en sede judicial, reservando a una ley de las Cortes de Castilla y Le髇 su regulaci髇 esencial.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R間imen Local atribuye a los municipios en sus art韈ulos 25 y 26, en los t閞minos de la legislaci髇 del Estado y de las Comunidades Aut髇omas, competencias en materia de prestaci髇 de servicios sociales y de promoci髇 y reinserci髇 social, mientras que el art韈ulo 36 encomienda a las Diputaciones Provinciales, entre otras, la coordinaci髇 de los servicios municipales entre s� como garant韆 de la prestaci髇 integral y adecuada, as� como la prestaci髇 de servicios p鷅licos de car醕ter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. En similares t閞minos se pronuncia la Ley 1/1998, de 4 de junio, de R間imen Local de Castilla y Le髇.

III

La Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acci髇 Social y Servicios Sociales configur� el Sistema de Acci髇 Social de Castilla y Le髇 con el objeto de mejorar la calidad de vida y del bienestar social de los ciudadanos de la Comunidad.

Esta ley, con m醩 de dos d閏adas de vigencia, ha conseguido estructurar racionalmente los servicios sociales, con la intensa participaci髇 de los ciudadanos y de la iniciativa social.

La organizaci髇 de este sistema se articulaba sobre la diferenciaci髇 de dos niveles de actuaci髇, los servicios b醩icos y los servicios espec韋icos, destacando en los primeros los Centros de Acci髇 Social (CEAS) como eje fundamental.

Para su efectiva implantaci髇 se aprob� el Decreto 13/1990, de 25 de enero, por el que se regula el Sistema de Acci髇 Social de Castilla y Le髇, con la misi髇 de dotar de coherencia al sistema, concretando las funciones de los CEAS, regulando los Equipos de Acci髇 Social y potenciando la coordinaci髇 y la colaboraci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad con las entidades p鷅licas y privadas.

Desde la puesta en funcionamiento del sistema se han dictado otras normas con el fin de atender a los diferentes sectores objeto de protecci髇 desarrollando las previsiones contenidas en la ley y de avanzar de acuerdo con las nuevas necesidades que surgen y son demandadas por los ciudadanos.

En este sentido, y sin olvidar otras disposiciones encargadas de regular los requisitos para el reconocimiento y disfrute de las distintas prestaciones as� como las condiciones exigidas para la prestaci髇 de servicios sociales por las entidades p鷅licas y privadas, se aprobaron sucesivamente las siguientes normas de rango legal: la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresi髇 de Barreras, con el objeto de garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas las personas, y en particular, a las que tengan alg鷑 tipo de discapacidad; la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoci髇, Atenci髇 y Protecci髇 a la Infancia en Castilla y Le髇, cuya finalidad es garantizar los derechos de los menores de edad, promover su pleno desarrollo e integraci髇 socio-familiar y regular las actuaciones para la atenci髇 de aquellos que se encuentren en situaci髇 de riesgo o de desamparo; la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atenci髇 y Protecci髇 a las Personas Mayores de Castilla y Le髇, destinada a prestar una atenci髇 integral y continuada a las personas mayores, promoviendo su desarrollo personal y social, fomentando su participaci髇 y su integraci髇 social, y la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y Le髇, cuyo objeto es promover, fomentar y ordenar la participaci髇 solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado y regular las relaciones que puedan establecerse con respecto a dichas actividades.

IV

En relaci髇 con el Sistema de Acci髇 Social de Castilla y Le髇 establecido por la citada Ley 18/1988, de 28 de diciembre, el transcurso del tiempo, la evoluci髇 de la sociedad, la aparici髇 de nuevas y crecientes necesidades y la exigencia de mejorar y adaptarse a las actuales circunstancias hacen imprescindible la aprobaci髇 de la presente Ley de Servicios Sociales.

Un an醠isis de la situaci髇 social de nuestra Comunidad pone de manifiesto la existencia de una serie de factores espec韋icos que consecuentemente exigen la respuesta adecuada de los poderes p鷅licos, poniendo en marcha todos los dispositivos y recursos necesarios y persiguiendo una constante mejora en sus dotaciones y calidad.

Castilla y Le髇, desde el punto de vista poblacional, se caracteriza por un continuado proceso de envejecimiento y una baja densidad demogr醘ica.

Otro elemento a tener en cuenta es una marcada tendencia de la poblaci髇 a concentrarse en los n鷆leos urbanos, lo que conlleva que, teniendo en cuenta el n鷐ero de municipios y la amplitud del territorio de la Comunidad, exista una gran despoblaci髇 y dispersi髇 en el mundo rural.

Tampoco hay que olvidar el importante flujo de inmigraci髇 extranjera de la que es receptora nuestra Comunidad y que exige un especial esfuerzo de atenci髇 de los poderes p鷅licos.

Adem醩, actualmente se est� reforzando la consideraci髇 de los servicios sociales como elemento significativo del sistema productivo. As� se reconoce la capacidad generadora de riqueza y empleo de las actividades econ髆icas que se realizan para la dispensaci髇 de servicios sociales, tanto del sector p鷅lico como de la iniciativa privada, que han de garantizar los principios de calidad, eficacia y coste del servicio en su prestaci髇.

En otro orden de cosas, es igualmente considerable la aprobaci髇 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia por la que se reconoce el derecho subjetivo de ciudadan韆 a la promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia fundamentado en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad y garantizado mediante un cat醠ogo de prestaciones y servicios.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto queda m醩 que justificado que, partiendo de lo ya conseguido y con el objetivo de procurar su consolidaci髇, su fortalecimiento, su mejora y su continua adaptaci髇, se apruebe una nueva regulaci髇 al sistema de servicios sociales que garantice una protecci髇 integral a la ciudadan韆.

Esta nueva ley se inspira, como elementos definidores que han sido especialmente relevantes en su elaboraci髇 y l韓eas directrices que han de orientar su aplicaci髇 y desarrollo, en una serie de principios recogidos a lo largo de su articulado como principios rectores o como mandatos a los agentes del sistema.

El primer avance de esta ley es configurar el derecho a las prestaciones esenciales del sistema de servicios sociales como un aut閚tico derecho subjetivo de los ciudadanos, fundamentado en los principios de universalidad e igualdad y con la finalidad de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales b醩icas y de las necesidades sociales.

Debe destacarse en este sentido la regulaci髇 de un cat醠ogo de servicios sociales como instrumento al alcance de todos los ciudadanos que les permitan conocer cu醠es son las prestaciones y servicios a los que pueden acceder y las condiciones y requisitos para su reconocimiento y disfrute.

En cuanto a las prestaciones y servicios del sistema, hay que se馻lar que se ha llevado a cabo la total integraci髇 de las prestaciones destinadas a la promoci髇 de la autonom韆 personal, atenci髇 y protecci髇 de las personas ante situaciones de dependencia como derecho subjetivo. Adem醩 desde nuestro sistema se califican con este car醕ter las dem醩 prestaciones consideradas esenciales, destacando a modo de ejemplo la atenci髇 temprana para ni駉s con discapacidad o con riesgo de padecerla, o la teleasistencia de forma autom醫ica para las personas mayores de 80 a駉s que la precisen.

Hay que subrayar tambi閚 que con esta ley se pretende configurar un sistema 鷑ico a trav閟 de un proceso de progresiva unificaci髇 y organizaci髇 integrada del sistema de servicios sociales, independientemente de su naturaleza, car醕ter o contenido.

Para ello, suponiendo un claro beneficio para el ciudadano, se regula la unificaci髇 de los procedimientos e instrumentos de acceso al sistema, la simplificaci髇 de tr醡ites y una mayor celeridad en la resoluci髇, atendiendo a criterios de racionalizaci髇 y normalizaci髇.

Pieza esencial en el desarrollo del proceso de unificaci髇 del sistema, los Centros de Acci髇 Social (CEAS), dependientes de las entidades locales y conceptuados como estructuras organizativas de primer nivel, han venido siendo progresivamente configurados como verdadera puerta de acceso a aquel.

Otro elemento definidor es la creaci髇 de un sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, en el que se integran los servicios sociales de titularidad p鷅lica y los de titularidad privada financiados total o parcialmente con fondos p鷅licos. Esta configuraci髇 persigue garantizar la efectiva atenci髇 y cobertura, personalizada e integral, de las necesidades de las personas destinatarias, todo ello conforme a los principios de sostenibilidad, continuidad y estabilidad, y financiaci髇 adecuada y suficiente.

Adem醩 de este sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica no hay que olvidar la importancia de la iniciativa privada y del denominado tercer sector, en cuanto agentes que complementan la actuaci髇 de los poderes p鷅licos.

En consecuencia, partiendo de la complejidad organizativa consecuencia de la distribuci髇 de competencias entre distintas administraciones p鷅licas, de los numerosos agentes intervinientes y de las diversas redes de recursos que confluyen en el 醡bito de los servicios sociales, resulta imprescindible el establecimiento de mecanismos de coordinaci髇 y colaboraci髇 entre todos ellos. Por un lado la Administraci髇 de la Comunidad y las entidades locales competentes en materia de servicios sociales ejercer醤 sus competencias ajust醤dose a dichos principios; por otro lado se actuar� en coordinaci髇 con los dem醩 servicios y sistemas de bienestar social, especialmente con los de educaci髇, empleo y vivienda, y de modo particular con el sanitario, configurando con 閟te un 醡bito de atenci髇 integrada de car醕ter social y sanitario; y finalmente las administraciones p鷅licas actuar醤 en coordinaci髇 con las entidades de iniciativa social o privada que sean titulares de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y dem醩 actuaciones de car醕ter social integrados en el sistema de servicios sociales. Todo ello para conseguir la sinergia entre todas las entidades proveedoras de servicios que participan en el sistema logrando una actuaci髇 conjunta, integral y coherente.

Igualmente y como principio rector que ha de regir el sistema, se encuentra la participaci髇, que ha de ser fomentada, facilitada y garantizada por los poderes p鷅licos a todos los niveles, de los ciudadanos, las entidades de iniciativa social, los agentes sociales y las instituciones, as� como las personas usuarias. Este principio ha sido ya efectivo durante el proceso de elaboraci髇 de la presente ley, en el que han estado presentes los distintos sectores implicados y, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 16.5 del Estatuto de Autonom韆, los agentes econ髆icos y sociales.

Esta ley considera igualmente la participaci髇 en relaci髇 con la planificaci髇, el seguimiento de la gesti髇 y la evaluaci髇 de los servicios sociales y, en general, con todas las actuaciones que se efect鷈n para desarrollar el sistema de servicios sociales facilitando el debate y el intercambio al objeto de asegurar un sistema plural y participado.

La ley hace suyo el objetivo de conseguir mayores cotas de bienestar para los ciudadanos mediante un esfuerzo continuado y constante en mejorar la calidad de los servicios sociales. Con este fin prev� el establecimiento de est醤dares y criterios de calidad, refuerza la formaci髇 de los profesionales y encomienda a las administraciones p鷅licas las funciones de inspecci髇 y control del sistema.

Por 鷏timo, ha de ponerse de manifiesto que la presente ley se encuentra sometida a las exigencias del derecho comunitario, en concreto a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. As�, el r間imen jur韉ico de los servicios sociales que establece esta ley para garantizar que cumplan efectivamente una funci髇 en beneficio del inter閟 p鷅lico y de la cohesi髇 social se ajusta a las previsiones contenidas en la citada Directiva, en concreto el r間imen de inscripci髇 en el Registro, autorizaci髇 y acreditaci髇, respecto de las entidades, centros y servicios de titularidad privada que no forman parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, encuentra su justificaci髇 en razones imperiosas de inter閟 general, como la protecci髇 de las personas destinatarias de los servicios y los objetivos de pol韙ica social, cuya consecuci髇 se erige como objetivo prioritario del sistema de servicios sociales previsto en la ley, sin que pueda ser sustituido por medidas menos restrictivas para el prestador que puedan garantizar tales extremos, pues la incidencia de los servicios prestados sobre las personas usuarias es inmediata y no permite un control a posteriori, momento en que los efectos ya se habr韆n producido. El referido r間imen no resulta en modo alguno discriminatorio por raz髇 de la nacionalidad ni por raz髇 de la ubicaci髇 del domicilio social del prestador. Y las mismas razones imperiosas de inter閟 general justifican la exigencia de la autorizaci髇 en el supuesto de libre prestaci髇 de estos servicios para los prestadores establecidos en cualquier otro Estado Miembro de la Uni髇 Europea.

V

La presente ley consta de ciento veinticinco art韈ulos, agrupados en once t韙ulos, adem醩 de cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.

El T韙ulo Preliminar recoge las disposiciones generales que orientan todo el texto normativo, tales como el objeto de la ley, su 醡bito de aplicaci髇 y la definici髇 del sistema de servicios sociales, y dentro de 閘, la configuraci髇 de un sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, estableciendo su finalidad y los principios que han de regir su funcionamiento.

Se identifican los distintos agentes que intervienen en el sistema y se determinan el r間imen de concertaci髇 as� como el de coordinaci髇 y colaboraci髇 que han de orientar la actividad.

Se aborda igualmente la regulaci髇 de los derechos y deberes de las personas usuarias del sistema con el objeto de establecer un marco jur韉ico suficiente y adecuado que permita articular, con todas las garant韆s, sus relaciones con los operadores del sistema.

El T韙ulo I se dedica a las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, que define, califica y clasifica.

La principal novedad es la previsi髇 del cat醠ogo de servicios sociales de 醡bito auton髆ico, en el que se determinar醤 y ordenar醤 las prestaciones que se garantizan a las personas destinatarias del sistema, as� como de los cat醠ogos de 醡bito local que puedan aprobar las entidades locales competentes.

Se distingue entre prestaciones esenciales y no esenciales, otorgando a las primeras las caracter韘ticas de obligatorias en su prestaci髇 y p鷅licamente garantizadas en su acceso, y haciendo una especificaci髇 de las que tienen tal naturaleza, dot醤dolas del car醕ter de derecho subjetivo.

Finalmente se garantiza el acceso en los supuestos de carencia de recursos, fortaleciendo as� el principio de universalidad que la presente ley reconoce a las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica.

El T韙ulo II regula la organizaci髇 territorial y funcional del sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica. La primera se estructura en niveles, mediante las Zonas de Acci髇 Social, las 羠eas de Acci髇 Social y las divisiones territoriales requeridas para la atenci髇 de necesidades espec韋icas, previendo su establecimiento a trav閟 del Mapa de Servicios Sociales de Castilla y Le髇. Por su parte, la organizaci髇 funcional se articula mediante los Equipos de Acci髇 Social B醩ica, los Equipos Multidisciplinares Espec韋icos y otras estructuras organizativas funcionales.

El T韙ulo III se ocupa de la organizaci髇 integrada para el acceso al sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica. Para ello se prev� el establecimiento de un sistema unificado de informaci髇 al ciudadano, un registro 鷑ico de personas usuarias, una historia social 鷑ica y una identidad e imagen comunes, todo esto sin olvidar el acceso unificado a trav閟 de los CEAS, regulando, entre otras cuestiones, los procedimientos e instrumentos de acceso, la valoraci髇 de las situaciones de necesidad, planificaci髇 de caso y desarrollo de la intervenci髇, la actuaci髇 coordinada para la atenci髇 de casos, los equipos de coordinaci髇 y el acceso y contenido unificados de las prestaciones.

El T韙ulo IV se dedica a la distribuci髇 de competencias en materia de servicios sociales, distinguiendo las que corresponden a la Junta de Castilla y Le髇 y a la consejer韆 competente en materia de servicios sociales, bien directamente o a trav閟 de los organismos a ella adscritos, y por otro lado las que corresponden a las Provincias y a los Municipios de m醩 de 20.000 habitantes.

El T韙ulo V, a trav閟 de sus cinco cap韙ulos, regula la calidad de los servicios sociales, previendo la fijaci髇 de los criterios que la determinen en la planificaci髇 auton髆ica, la formaci髇 de los profesionales y el fomento de la innovaci髇 y la investigaci髇 en esta materia.

La administraci髇 es considerada como garante de la calidad a trav閟 de la funci髇 de registro, autorizaci髇 y acreditaci髇 de entidades, servicios y centros de car醕ter social y a trav閟 de la funci髇 de inspecci髇 y control.

El T韙ulo VI regula la planificaci髇, de 醡bito auton髆ico y local, de los servicios sociales, como instrumento para establecer las l韓eas de acci髇 estrat間ica del sistema y las directrices b醩icas de la pol韙ica en esta materia. Igualmente se prev� la creaci髇 de un Observatorio Auton髆ico de Servicios Sociales.

El T韙ulo VII establece los instrumentos para lograr la coordinaci髇 y cooperaci髇 administrativa, creando el Consejo de Coordinaci髇 Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales como 髍gano asesor para la coordinaci髇 y regulando la atenci髇 integrada de car醕ter social y sanitario mediante la acci髇 conjunta del sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica y del sistema de salud.

El T韙ulo VIII se ocupa de la regulaci髇 de la participaci髇 de la iniciativa privada en el 醡bito de los servicios sociales, estableciendo el marco y r間imen general al que ha de adecuarse, definiendo las f髍mulas de colaboraci髇 para la prestaci髇 de servicios y determinando las v韆s para su financiaci髇 y apoyo cuando proceda. Igualmente se abordan en dicho t韙ulo las previsiones relativas al fomento, financiaci髇 y reconocimiento del voluntariado social.

El T韙ulo IX, de conformidad con el principio de participaci髇, prev� la regulaci髇 del Consejo Auton髆ico de Servicios Sociales y la creaci髇 del Comit� Consultivo de Atenci髇 a la Dependencia. Adem醩 encarga a las administraciones p鷅licas el fomento de la participaci髇 a trav閟 de cauces plurales.

El T韙ulo X se refiere a la financiaci髇 del sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, subrayando la responsabilidad de las administraciones p鷅licas de Castilla y Le髇 de garantizar los recursos necesarios por aplicaci髇 del principio de sostenibilidad, y regula los criterios de la financiaci髇 compartida entre dichas administraciones p鷅licas y la aportaci髇 econ髆ica de la persona usuaria que tendr� en cuenta su capacidad econ髆ica.

El T韙ulo XI se dedica al r間imen sancionador tipificando las infracciones y sanciones en materia de servicios sociales con respeto a lo dispuesto en la normativa estatal b醩ica y en las leyes espec韋icas de los distintos sectores de servicios sociales, todo ello con el objeto de procurar el correcto funcionamiento del sistema.

En su virtud, en el marco de la distribuci髇 de competencias establecidas en la Constituci髇 y en el Estatuto de Autonom韆, se dicta la presente ley.