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Base de Datos de Legislación

Ley 3/1990, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial de Castilla y León

Ficha:
  • Órgano CORTES DE CASTILLA Y LEON
  • Publicado en BOCL núm. 67 de y BOE núm. 97 de
  • Vigencia desde 24 de Abril de 1990. Revisión vigente desde 27 de Diciembre de 2009
Versiones/revisiones:

Sumario

Derogado por
Ir a Norma L 6/2014, de 12 Sep., CA Castilla y León (Industria)
Norma afectada por
27/12/2009
Ir a Norma DL 3/2009 de 23 Dic. CA Castilla y León (medidas de impulso de las actividades de servicios)
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Artículo 8 derogado por número uno del artículo 19 de DL [CASTILLA Y LEÓN] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 26 diciembre). Ir a Norma Artículo 9 derogado por número dos del artículo 19 de DL [CASTILLA Y LEÓN] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 26 diciembre). Ir a Norma
Ir a Norma derogadora Ley [CASTILLA Y LEÓN] 3/1990, 16 marzo, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 6/2014, de 12 septiembre, de Industria de Castilla y León («B.O.C.L.» 19 septiembre) el 19 de octubre de 2014.

Exposición de Motivos

La complejidad de las instalaciones industriales como consecuencia de los avances tecnológicos, de la fabricación de nuevos productos y de la calidad de vida, hacen que el riesgo potencial de accidentes para las personas y las cosas haya aumentado en muchos casos y que su control e inspección resulte mas dificil y haya de ser realizado por personal especializado, dotado de equipos y medios materiales específicos. Por otra parte, la competencia entre las diferentes empresas, dentro de la economía de mercado en que nos movemos, hace que puedan no ser utilizados todos los medios que las nuevas tecnologías ponen a disposición de los industriales a fin de disminuir los riesgos de accidentes. En base a estas consideraciones es necesario que la Administración ponga en marcha los medios de inspección y control necesarios, con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones industriales y disminuir los riesgos de accidentes, evitando por otra parte, la posible competencia desleal entre las diferentes empresas afectadas, que en último término, derivarían en una menor seguridad de dichas instalaciones.

La regulación genérica de las instalaciones industriales esta definida por el RD 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial; el RD 2685/1980, de 17 de octubre, sobre liberalización y nueva regulación de las industrias agrarias; por el D 82/1989, de 18 de mayo, de la Junta de Castilla y León, sobre competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias y, por el D 1775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias en aquellos artículos no derogados por el anterior. Ambos Decretos tienen su base legal en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, que sigue vigente en gran parte de su contenido, a pesar de los años transcurridos y de los avances tecnológicos que en los mismos se han producido.

Teniendo en cuenta la legislación antes mencionada, así como los reglamentos específicos correspondientes a cada instalación industrial, se hace preciso una reorientación y ordenación de los procedimientos administrativos, en aras de una mayor eficacia, adecuandolos a la estructura administrativa y a las posibilidades reales de la Administración Autonómica, en el ámbito de sus competencias.

Igualmente hay que destacar que determinados reglamentos, no contemplan expresamente el régimen sancionador, lo que hace de muy dificil aplicación su contenido, teniendo que recurrir a la legislación general a estos efectos, lo que no siempre es posible con la legislación vigente. En aquellos reglamentos cuyo procedimiento sancionador esta claramente definido en lo relativo a infracciones y cuantías de sanciones, existen problemas de aplicación, por figurar como autoridad competente para imponer las sanciones: Los delegados provinciales del Ministerio de Industria y Energía, los Directores provinciales de dicho ministerio, los Gobernadores Civiles, o los Directores Generales del Ministerio de Industria y Energía, cuando segun el RD 1779/1984, de 18 de julio de transferencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estas sanciones serán impuestas por la Administración Autonómica. En consecuencia con este aspecto se hace necesario adecuar la legislación a la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.

En base a todo lo anteriormente indicado y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y los Reales Decretos 2571/1982, de 23 de julio y 1779/1984, de 18 de julio, de transferencia de competencias en materia de industria, energía y minas, sin perjuicio de las competencias de la Administración Local, la presente Ley define la actuación administrativa en materia de seguridad de las instalaciones industriales.

Establece las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en el proyecto, construcción, dirección de obra, mantenimiento, etc. De dichas instalaciones, a la vez que define las sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa vigente y específica, la autoridad competente en cada caso para imponer las mismas, teniendo en cuenta la estructura de la Administración Autonómica.

Artículo 1

El objeto de la presente Ley es regular la actuación de la Administración Autonómica, con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones industriales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro del ámbito de las competencias establecidas por el Estauto de Autonomía y sin perjuicio de las que corresponden a la Administración Local.

Artículo 2

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por instalación industrial:

  • a) El conjunto de elementos y equipos que tiene por objeto: Generar, transportar, transformar, almacenar, distribuir y utilizar la energía en todas sus formas.
  • b) El conjunto de elementos y equipos que tienen por objeto: Producir, transportar, manipular y almacenar productos industriales.

2. Se entiende por producto industrial el obtenido por manipulación o transformación de cualquier materia prima o los procedentes de la extracción minera.

Artículo 3

Las instalaciones industriales deberán ser proyectadas, ejecutadas, utilizadas y mantenidas de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos para las personas y las cosas incluido el medio ambiente.

Entre los riesgos a controlar se encuentran los siguientes:

Explosión, incendio y quemaduras.

Electrocución.

Envenenamiento y asfixia.

Contaminación por: Ruido, polución, vibraciones, etc.

Radiación.

Daños físicos a personas o bienes.

Lesiones con productos químicos.

Cualquier otro contemplado por reglamentaciones específicas.

Artículo 4

Se considerará que la seguridad de las instalaciones queda garantizada y los riesgos reducidos al mínimo, cuando se den las siguientes circunstancias:

  • 1. Que sean utilizadas para los fines que fueron construidas o aquellos que les sean propios.
  • 2. Que hayan sido proyectadas, ejecutadas y mantenidas conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.
  • 3. Que hayan obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes que les sean de aplicación y cumplan las prescripciones que se les haya impuesto o que exija la normativa vigente.
  • 4. Que de no existir una reglamentación específica que les sea aplicable, se adopten las normas de seguridad generalmente reconocidas y que se justifique en el proyecto técnico, que la seguridad de la instalación queda garantizada.

Artículo 5

Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, en el ámbito de las competencias establecidas por el Estatuto, velar por el cumplimiento de las normas establecidas por la presente Ley, así como la inspección y el control del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4.

Artículo 6

La Consejería de Economía y Hacienda podra regular los procedimientos a seguir para conceder las autorizaciones pertinentes en materia de seguridad industrial, con el fin de adaptarlos a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7

Serán responsables del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4:

  • 1. El autor del proyecto, de que este se adapte a la normativa que le sean de aplicación.
  • 2. El técnico que emita el certificado final de obras, de que la instalación se haya ejecutado conforme al proyecto y se hayan cumplido las normas de seguridad en la ejecución. Si el técnico que emite el certificado, pertenece a una empresa, esta se considera responsable subsidiariamente.
  • 3. Las empresas instaladoras y mantenedoras, de que la instalación y el mantenimiento se hayan ejecutado cumpliendo la normativa vigente, y, en su caso, el proyecto técnico. El instalador y el mantenedor, serán también responsables en los mismos términos que la empresa instaladora y la empresa mantenedora.
  • 4. El titular de la instalación, de que la misma se utilice y se mantenga conforme a la normativa que le sea de aplicación y a las instrucciones impuestas, así como de que se realicen aquellas inspecciones y controles obligatorios, y, en su caso se contrate el mantenimiento con una empresa autorizada.
  • 5. Cuando en aplicación de la presente Ley, dos o más entidades o personas, resulten responsables de una misma infracción, se considerarán solidarias a efectos de las sanciones que se deriven.

Artículo 8

...

Ir a Norma modificadora Artículo 8 derogado por número uno del artículo 19 de DL [CASTILLA Y LEÓN] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 26 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Artículo 9

...

Ir a Norma modificadora Artículo 9 derogado por número dos del artículo 19 de DL [CASTILLA Y LEÓN] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 26 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Artículo 10

Se considerarán infracciones en materia de seguridad de las instalaciones industriales:

  • 1. Incumplir la normativa vigente que le sea de aplicación o las instrucciones dictadas por la Administración competente.
  • 2. Expedir certificaciones en relación con el proyecto, la realización de al obra, las instalaciones, la conservación, el mantenimiento, etc., De forma negligente o falsa.
  • 3. No contratar el mantenimiento de aquellas instalaciones que estén obligadas por la normativa vigente.
  • 4. No realizar las revisiones exigidas por las reglamentaciones específicas, a que estén obligadas.

Artículo 11 Las infracciones contempladas en la presente Ley se gradúan en: Leves, graves y muy graves, en relación con los riesgos producidos, el grado de intencionalidad y la reincidencia

1. Se considerarán infracciones leves, aquellas que supongan un incumplimiento de alguna de las prescripciones establecidas, siempre que de las mismas no se derive una disminución en la seguridad de las instalaciones.

2. Se considerarán infracciones graves:

  • a) El incumplimiento de alguna prescripción técnica de seguridad exigida por la normativa vigente, siempre que la misma no suponga un peligro inminente para las personas o las cosas.
  • b) La puesta en marcha de las instalaciones sin las autorizaciones preceptivas.
  • c) La instalación de equipos o aparatos que estando sometidos homologación o aprobación de tipo se instalen sin haberlas obtenido.
  • d) La expedición de certificaciones o documentos de forma incorrecta, negligente o falsa.
  • e) El incumplimiento reiterado en la presentación de datos que sean solicitados por la Administración.
  • f) No contratar el mantenimiento de aquellas instalaciones que estén obligadas a ello, o hacerlo con empresas no autorizadas.
  • g) No realizar las revisiones que exija la normativa específica.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

  • a) Aquellas infracciones que puedan suponer un riesgo inminente para las personas o las cosas.
  • b) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
  • c) La emisión dolosa de certificaciones o informes incorrectos.

Artículo 12

1. Las infracciones en materia de seguridad industrial podrán ser sancionadas, por vía administrativa, en función del riesgo que comporte para las personas o las cosas y la reincidencia, conforme a la siguiente graduación:

  • a) Infracciones leves, hasta 100.000 pesetas.
  • b) Infracciones graves, entre 100.001 pesetas y 500.000 pesetas, pudiendo llevar aparejada la suspensión de actividades por un período máximo de seis meses para aquellas empresas que han de estar autorizadas e inscritas en los registros administrativos específicos.
  • c) Infracciones muy graves, entre 500.001 pesetas y 5.000.000 de pesetas, pudiendo llevar aparejada la suspensión de actividades por un período máximo de cinco años, para aquellas empresas que han de estar autorizadas e inscritas en los registros administrativos específicos.

2. Las cuantías anteriormente establecidas, podrán ser actualizadas por Decreto de la Junta de Castilla y León.

3. La Junta de Castilla y León podrá ordenar, como medida cautelar, la paralización de la actividad de las instalaciones que no cuenten con las correspondientes autorizaciones, que no esten inscritas en los registros preceptivos o que incumplan los requisitos exigidos por razones de seguridad. La paralización se mantendrá mientras persista la situación irregular.

4. Por Decreto de la Junta de Castilla y León, se establecerán los órganos competentes para incoar los oportunos expedientes, conforme a la Ley de procedimiento administrativo, e imponer las respectivas sanciones, teniendo en cuenta la cuantía de las mismas.

5. Dentro de los límites establecidos en el apartado primero, la cuantía de las sanciones se esteblecerá en función del riesgo que comportan para las personas, las cosas y el medio y, en su caso, la reincidencia.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar por Decreto las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.

Véase el D [CASTILLA Y LEÓN] 192/2001, 19 julio, por el que se determinan los órganos competentes de la Comunidad de Castilla y León a efectos de la aplicación de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas («B.O.C.L.» 25 julio).-->