Sumario

Ley [CASTILLA Y LE覰] 5/2003, 3 abril, rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.C.L.� 21 julio).

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 16.4 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

En la actual configuraci髇 sociodemogr醘ica de los pa韘es m醩 avanzados, las personas mayores han adquirido un papel muy importante, debido entre otros factores a la baja tasa de natalidad y una esperanza de vida creciente, de lo que resulta una sociedad en proceso de envejecimiento. La Comunidad de Castilla y Le髇 no ha permanecido ajena a este proceso, sino que se ha constituido en la Comunidad con mayor tasa de envejecimiento de Espa馻. Esta situaci髇 afecta a todas las esferas de la sociedad donde las relaciones entre las generaciones cambian y las personas mayores, la familia y la sociedad deber醤 adaptarse a estos cambios.

Tal configuraci髇 sociodemogr醘ica de la Comunidad ha venido pareja con una evoluci髇 de la Pol韙ica Social dirigida al colectivo de las personas mayores que, partiendo de una perspectiva ecol骻ica, desarrolla el concepto de calidad de vida de las personas mayores en relaci髇 con su entorno social y familiar.

Los enfoques y las pol韙icas dise馻das para las personas mayores deben tener en cuenta que la meta en el desarrollo de los servicios es el respeto de las personas mayores y su familia, la incorporaci髇 de las necesidades y deseos de la persona en las planificaciones individuales, y el desarrollo de planes de apoyo que favorezcan su participaci髇 en la comunidad, el crecimiento y autonom韆 de la persona mayor. Por tanto, los principios de actuaci髇 para lograr un envejecimiento de calidad se deben centrar en potenciar su inclusi髇 en la comunidad, su autodeterminaci髇 y en que reciban el m醲imo apoyo familiar.

Las personas mayores constituyen un grupo heterog閚eo y en continua evoluci髇. Esta consideraci髇 de la gran diversidad que presentan las personas mayores en Castilla y Le髇 requiere adaptar los recursos, programas y servicios a las necesidades individuales de cada usuario. Una triple perspectiva va a guiar la planificaci髇 y dotaci髇 de recursos para las personas mayores.

Facilitar que la persona mayor pueda continuar en su medio habitual con una adecuada calidad de vida y bienestar psicosocial, facilit醤dole los servicios, desde una perspectiva sociosanitaria, que le permitan mantenerse el mayor tiempo posible con autonom韆 personal.

Ofrecer a la familia, que sigue siendo el n鷆leo fundamental de protecci髇 y atenci髇 a todos sus miembros, los apoyos precisos para que contin鷈n desarrollando, con mayor desahogo, esta labor.

Proporcionar a las personas mayores la cobertura residencial necesaria, para que cuando no puedan seguir en sus hogares, con el apoyo de sus familias, puedan acceder a los recursos institucionales necesarios, lo m醩 cercano posible a sus lugares de pertenencia, a fin de seguir promoviendo al m醲imo su integraci髇 psicosocial.

La atenci髇 a las personas mayores, a partir de esta triple perspectiva, es considerada desde el compromiso del propio individuo, de su familia y de la Administraci髇.

La particularidad de nuestra regi髇, por su gran extensi髇 y su configuraci髇 sociodemogr醘ica, requiere dedicar una especial atenci髇 al mundo rural, acercando programas y servicios con una distribuci髇 equitativa y racional, que contribuyan a garantizar el principio de igualdad, con independencia del lugar geogr醘ico de residencia.

El eje de esta pol韙ica es la atenci髇 integral, desde una perspectiva biopsicosocial del envejecimiento, a trav閟 de medidas globalizadoras, desde una 髉tica sociosanitaria, que garanticen la calidad de vida de los mayores, desde la colaboraci髇 y coordinaci髇 con el sector p鷅lico y privado, en especial sin 醤imo de lucro, buscando siempre la calidad de los servicios con la m醲ima rentabilizaci髇 de los recursos, y sin olvidar el apoyo comunitario que requiere la unidad familiar.

II

Con la promulgaci髇 de la Constituci髇 Espa駉la de 1978 se precept鷄 un reparto competencial que ha posibilitado a las Comunidades Aut髇omas asumir competencias en materia de Asistencia Social.

Dentro de los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica que informan la actuaci髇 de los Poderes P鷅licos, la Carta Magna en su art韈ulo 50, dedicado a las personas mayores, incide en responsabilizar a los Poderes P鷅licos para promover el bienestar de estas personas mediante un Sistema de Servicios Sociales que atender醤 sus problemas espec韋icos de salud, vivienda, cultura y ocio.

En el marco jur韉ico del mandato constitucional y del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, esta Comunidad ha asumido competencias exclusivas en materia de Asistencia Social, Servicios Sociales y desarrollo comunitario, promoci髇 y atenci髇 de la infancia, de la juventud y de los mayores, prevenci髇, atenci髇 e inserci髇 social de los colectivos afectados por la discapacidad o la exclusi髇 social.

Dentro de este contexto legal, la Junta de Castilla y Le髇 ha articulado un r間imen jur韉ico mediante el cual se ha perfilado el Sistema de Servicios Sociales en el 醡bito territorial de la Comunidad, cuyo exponente principal lo constituye la promulgaci髇 de la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acci髇 Social y Servicios Sociales y el Decreto 13/1990, de 25 de enero de desarrollo de la misma.

Ahora bien, en el momento actual se hace preciso articular el complejo campo del mundo de las personas mayores en la Comunidad de Castilla y Le髇, por lo que abordar la atenci髇 y protecci髇 que requieren en la sociedad actual, din醡ica y cambiante, resulta inaplazable, de ah� la necesidad de consensuar los postulados que imprimen la pol韙ica social para las personas mayores y elevarlos a una norma con rango de Ley.

III

El T韙ulo Preliminar establece el marco jur韉ico de actuaci髇 de los Poderes P鷅licos como objeto de la Ley, fija su 醡bito de aplicaci髇 y regula los principios que han de regir la actuaci髇 de los Poderes P鷅licos para la consecuci髇 de los objetivos recogidos en la misma, cuyo fin 鷏timo es la promoci髇 de la calidad de vida y la protecci髇 de las personas mayores, consideradas, no solo como titulares de derechos, sino tambi閚 como sujetos activos de la sociedad.

La Ley pretende garantizar el respeto y la defensa de los derechos de las personas mayores y promover su desarrollo personal y social a trav閟 del ocio y la cultura; fomentar su participaci髇, colaboraci髇 activa y representaci髇 en todos los 醡bitos que les afecten, as� como potenciar su integraci髇 social, facilitando la permanencia en su entorno familiar y social; impulsar la solidaridad social hacia las personas mayores, prestar atenci髇 integral y continuada a las mismas, especialmente a aquellas que se encuentren en situaci髇 de dependencia y, finalmente, apoyar a la familia y personas que intervengan en su atenci髇.

La Ley proclama a continuaci髇 los principios que han de regir la actuaci髇 de los Poderes P鷅licos para la consecuci髇 de los objetivos recogidos en la misma. La formulaci髇 de estos principios se halla en consonancia con los objetivos que se abordan al comienzo de la Ley.

En primer lugar se implica a todas las Administraciones P鷅licas en la atenci髇 de las personas mayores, a trav閟 de los principios de colaboraci髇, cooperaci髇 y coordinaci髇 entre las Administraciones P鷅licas y de 閟tas con las entidades privadas, as� como a trav閟 del principio de corresponsabilidad de la persona mayor, familia y las Administraciones P鷅licas. Se contemplan por otro lado la eficacia, celeridad y flexibilidad como principios que han de regir en la organizaci髇 y funcionamiento de centros y servicios de car醕ter social, y se eleva a la categor韆 de principio la planificaci髇 y evaluaci髇 de las necesidades de las personas mayores y de los recursos existentes, as� como el establecimiento de los objetivos precisos en aras a consolidar un Sistema de Acci髇 Social que garantice el bienestar de los ciudadanos.

La Ley recoge como principios igualmente importantes la solidaridad, fomentando especialmente el voluntariado, la participaci髇 de las personas mayores a trav閟 de 髍ganos que posibiliten tanto su representaci髇 en los diferentes 醡bitos de la Administraci髇 como su intervenci髇 en el dise駉 de la pol韙ica social, y la justicia social en el acceso a las prestaciones.

Especialmente relevante es el respeto a la capacidad de decisi髇 de las personas mayores, principio de car醕ter b醩ico que garantiza la libertad que las mismas tienen, y sin cuya formulaci髇 carecen de sentido el resto de los principios.

En su T韙ulo Primero, contempla de forma pormenorizada los derechos y deberes de las personas mayores, responsabilizando clara y expresamente a las Administraciones P鷅licas en la garant韆 del respeto y defensa de los mismos.

De todos los derechos contemplados en este T韙ulo, la Ley concede especial atenci髇, hasta el punto de dedicar un T韙ulo aparte, a determinados derechos, como el derecho de participaci髇 y asociaci髇 y el derecho a la cultura, ocio y deporte, que por su entidad asumen un car醕ter esencial con relaci髇 a las personas mayores.

Es sumamente importante la responsabilidad que las Administraciones P鷅licas asumen en la protecci髇 de cada uno de los derechos contemplados en esta norma, garantizando especialmente a las personas mayores el acceso en condiciones de igualdad a los recursos del Sistema de Acci髇 Social, el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen en el tratamiento de los datos relativos a los mismos, el ejercicio sin coacci髇 ni discriminaci髇 de su libertad ideol骻ica, religiosa y de culto, especialmente en el 醡bito de los centros para personas mayores, y el derecho a recibir informaci髇 desde la propia Administraci髇 sobre los servicios a los que pueden acceder y las reclamaciones, sugerencias o quejas que puedan formular ante 閟tas o ante el Procurador del Com鷑 para la defensa y protecci髇 de sus derechos.

La responsabilidad de las Administraciones P鷅licas se articula tambi閚 a trav閟 de pol韙icas de prevenci髇 de situaciones de violencia, abandono, maltrato u otro tipo de agresi髇 f韘ica o ps韖uica, prevenci髇 de enfermedades y accidentes, as� como de programas de formaci髇 y educaci髇 para la salud f韘ica y mental.

Es de destacar la novedad que supone la proclamaci髇 del derecho de las personas mayores a un alojamiento adecuado y el compromiso que adquieren las Administraciones P鷅licas para la garant韆 de este derecho, priorizando la permanencia en su entorno sociofamiliar, as� como asumiendo la planificaci髇, ordenaci髇, creaci髇 y mantenimiento de una red de Centros Residenciales para personas mayores, con especial incidencia en el 醡bito rural.

Finalmente la Ley garantiza a las personas mayores una protecci髇 jur韉ica en la defensa de sus derechos, tanto en los supuestos en que 閟ta es instada por las personas mayores como en aquellos supuestos en que habi閚dose producido una vulneraci髇 de los mismos sea detectada por cualquier persona y especialmente por quienes conozcan de ella por su profesi髇, funci髇 o responsabilidad, y una protecci髇 econ髆ica habilitando a la Comunidad Aut髇oma tanto para establecer prestaciones econ髆icas distintas y compatibles con las del Sistema de la Seguridad Social y con las que puedan conceder otras Administraciones P鷅licas como para regular en el marco de la normativa fiscal vigente, medidas de apoyo a las familias que tengan a personas mayores dependientes a su cargo.

Como contrapartida a los derechos, la Ley recoge un cat醠ogo de deberes de las personas mayores estructurado en tres puntos y formulado bajo la consideraci髇 de 閟tas como beneficiarios de recursos y servicios p鷅licos y como usuarios de centros.

El T韙ulo Segundo de la Ley parte de la consideraci髇 de la persona mayor, en cuanto sujeto activo de pleno derecho en la sociedad, como agente decisivo para potenciar el desarrollo de la misma. Como consecuencia, el acercamiento y el acceso a las manifestaciones culturales y de ocio deben ser permanentes, lo que obliga a los Poderes P鷅licos a habilitar cauces legales para hacer efectivos estos derechos.

Finalmente, dentro del T韙ulo Segundo de la Ley, cobra especial relevancia la participaci髇 de las personas mayores, a trav閟 de varios cauces, el personal o individual y el institucional, culminando con la enumeraci髇 de los 髍ganos colegiados a trav閟 de los cuales se puede ejercer dicho derecho.

Menci髇 especial merece por su parte el movimiento social del voluntariado, como yacimiento de recursos personales que de forma altruista presta servicios al conjunto de la sociedad. Se ha querido introducir en esta Ley el reconocimiento de la acci髇 del voluntariado llevado a cabo por las personas mayores. A tales efectos y, como medida de protecci髇, teniendo en cuenta la problem醫ica que suscita el cumplimiento de la legislaci髇 estatal y auton髆ica sobre la acci髇 del voluntariado, la Ley habilita un apoyo p鷅lico en aquellos casos en los que el mayor pueda verse desprotegido de cobertura aseguradora en sus actividades como voluntario.

El concepto de Sistema de Acci髇 Social que recoge la Ley se fundamenta en los principios que emanan de la Ley 18/1988, de Acci髇 Social y Servicios Sociales, siendo su finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, la de sus familias y otras personas de su 醡bito social y afectivo.

Para desplegar las actuaciones que competen a las Administraciones P鷅licas en la atenci髇 y protecci髇 de estas personas, la Ley establece un marco diferenciador de tipos de intervenci髇, estableciendo diferentes intensidades de actuaci髇 en funci髇 de las distintas necesidades.

En el articulado de la Ley se hace especial menci髇 a la tipolog韆 de centros para personas mayores con un criterio que aglutina en dos grandes tipos de centros los diferentes servicios y programas que prestan: Centros de D韆 y Centros Residenciales.

Otra novedad que este texto legal introduce la constituye la atenci髇 a los mayores en situaciones de urgencia, obligando a las Administraciones P鷅licas, de acuerdo a sus competencias y en la medida de la disponibilidad de recursos, a poner en marcha su maquinaria administrativa para atender de forma inmediata la situaci髇 de urgencia que se presenta.

Siguiendo con las novedades, especial significaci髇 adquiere el Observatorio Regional, cuya puesta en marcha permitir� disponer de la informaci髇 puntual para emprender la planificaci髇 regional y la ordenaci髇 de los recursos que integran el Sistema de Acci髇 Social.

Se ha considerado de especial transcendencia la introducci髇 de un cap韙ulo dentro de este T韙ulo dedicado a la participaci髇 de los usuarios en la financiaci髇 de los recursos de los que son beneficiarios, bajo el principio rector de justicia social. En cualquier caso, la Administraci髇 garantizar� el acceso a los recursos a todas aquellas personas carentes de medios suficientes.

La Ley introduce un concepto de dependencia, cuya caracter韘tica se sit鷄 en la merma o p閞dida de autonom韆 f韘ica, ps韖uica o sensorial, que determina la necesaria ayuda no s髄o para la realizaci髇 de las actividades de la vida diaria, sino tambi閚, para la protecci髇 o supervisi髇 de sus intereses. Este rasgo novedoso que la Ley incorpora al concepto de dependencia permite la entrada de las situaciones de incapacitaci髇 en las que pueda verse abocada la persona mayor.

Las medidas de atenci髇 a esas situaciones se articulan bien desde la denominada perspectiva sociosanitaria, bien desde aquellas otras actuaciones de protecci髇, entre las que cabe destacar el fomento de entidades tutelares.

Como quiera que se predica en el T韙ulo Preliminar de esta Ley que la actuaci髇 de los Poderes P鷅licos, para la consecuci髇 de los objetivos perseguidos en la misma, se ajustar� a los principios de Corresponsabilidad, Colaboraci髇 y Coordinaci髇, resulta necesario abordar un sistema, en los t閞minos previstos por la legislaci髇 vigente, de distribuci髇 de competencias. El T韙ulo Quinto, bajo la r鷅rica 獶istribuci髇 de Competencias y Funciones�, establece en sus dos Cap韙ulos las competencias de la Comunidad de Castilla y Le髇 y las de los Entes Locales.

Contempla el presente texto legal la configuraci髇 de un r間imen sancionador que apoye la pretendida atenci髇 y protecci髇 de las personas mayores. El T韙ulo Sexto es el destinado a la tipificaci髇 de infracciones y sanciones, as� como a regular la actividad inspectora en la materia.

Dado que el principal fin de la Ley es la atenci髇 y protecci髇 de los derechos, se pone especial 閚fasis en la determinaci髇 de los tipos infractores que se puedan cometer en los distintos centros de Personas Mayores, en los que, en raz髇 de la posible situaci髇 de dependencia de los usuarios, puede producirse en mayor medida la vulneraci髇 de sus derechos.

La tipificaci髇 de las sanciones, a trav閟 de un sistema de sanciones principales y accesorias, complementado con un amplio elenco de criterios de graduaci髇 de las mismas, no hace sino atender y recoger el principio de proporcionalidad que debe establecerse entre la infracci髇 cometida y la sanci髇 que corresponde.

Se regula el personal inspector en materia de personas mayores, dot醤dole de la condici髇 de agente de la autoridad, y se establece el expreso deber de los titulares de centros y servicios de facilitar a los inspectores su labor. Tambi閚 se determina el valor probatorio de las actas de inspecci髇, as� como el contenido que 閟tas deben tener.

Finaliza el presente texto con una serie de disposiciones relativas a la posibilidad de utilizaci髇 de recursos ajenos al Sistema de Acci髇 Social, adecuaci髇 y elaboraci髇 de disposiciones reglamentarias, regulaci髇 de situaciones de derecho intermedio, cl醬sula derogatoria y entrada en vigor.