Sumario

Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 5/1995, 23 marzo, derogada por la letra c) de la disposici�n derogatoria �nica de Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha (�D.O.C.M.� 31 diciembre) el 30 de junio de 2011. V�ase D [CASTILLA-LA MANCHA] 179/2002, de 17 diciembre, de Desarrollo del Ingreso M�nimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y Prestaciones Econ�micas en favor de colectivos desfavorecidos, y de la colaboraci�n y cooperaci�n en materia de Servicios Sociales (�D.O.C.M.� 20 diciembre).

Exposici�n de Motivos

I

El Estatuto de Autonom�a de Castilla-La Mancha atribuye a los poderes p�blicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obst�culos que impidan o dificulten su plenitud.

En virtud de este mandato, la Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, organiz� el sistema p�blico de Servicios Sociales. Propugn� una l�nea de m�xima descentralizaci�n, considerando al municipio como la unidad b�sica de servicios sociales, en beneficio de la eficacia en las actuaciones y de la mayor participaci�n de los ciudadanos. Introdujo criterios de unidad, globalidad y coherencia, configur�ndose, de este modo, el conjunto de actuaciones tendentes a la prevenci�n, tratamiento y eliminaci�n de las causas que conducen a la marginaci�n e inadaptaci�n social.

En desarrollo de esta Ley el Plan Cuatrienal de Servicios Sociales, hizo posible la creaci�n de recursos sociales generales y especializados con capacidad para dar respuesta cada vez m�s completas a las diferentes necesidades detectadas.

Posteriormente, el Plan Regional de Solidaridad articul� el conjunto coordinado de ayudas p�blicas para atender las necesidades b�sicas de los ciudadanos de nuestra regi�n.

El desarrollo de este sistema ha posibilitado, por un lado, el acercamiento de los Servicios Sociales a todos los ciudadanos de nuestra regi�n, con independencia del medio urbano o rural en donde desarrollan su vida, y por otro, ha hecho posible la atenci�n de sus necesidades desde su propia realidad, adecuando a las mismas las acciones concretas que se desarrollan desde los servicios sociales. Este sistema de protecci�n ha permitido a muchos mayores envejecer en sus casas, en su entorno familiar, a muchos ni�os en situaci�n de desprotecci�n abandonar los grandes centros y vivir en familia o en peque�as unidades convencionales que reproducen el ambiente familiar, y a trav�s de la prevenci�n, evitar situaciones de abandono; a muchas personas con discapacidad el acceso a la formaci�n profesional y la rehabilitaci�n social, incluso a puestos de trabajo que hasta hace poco eran inalcanzables para ellos y se han hecho m�s accesibles los pueblos para quienes no pod�an usarlos con autonom�a. El Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres ha permitido una mayor incorporaci�n al mercado laboral y a la educaci�n, en condiciones de igualdad y una mayor participaci�n en la vida p�blica, de tal manera que ser� dif�cil o imposible el retorno a viejas formas de desigualdad.

El propio desenvolvimiento de nuestro sistema de servicios sociales ha permitido un mejor conocimiento, cada vez m�s cercano de la realidad, y una prevenci�n m�s adecuada de los problemas. Las investigaciones de las Ciencias Sociales nos ayudan a conocer a veces con cierta anticipaci�n, las nuevas formas que la desigualdad y la marginaci�n adoptan en cada momento. Simult�neamente, conocemos la posici�n cambiante con que la mayor�a de los ciudadanos viven este problema, pudiendo afirmar que en determinadas situaciones de desarrollo econ�mico, no se acepta �ticamente la existencia de bolsas de exclusi�n social o marginaci�n. Se tiene la convicci�n de que la sociedad cuenta con los medios necesarios para erradicarlas, sin embargo, com�nmente, se rechazan aquellas acciones de promoci�n que no exigen a los usuarios una incorporaci�n activa y esforzada por abandonar su situaci�n.

En nuestros d�as se concibe dif�cilmente una visi�n localista de los problemas sociales: El conocimiento directo y actualizado de todo lo que sucede en el mundo, nos hace sentir m�s cercanos a los problemas alejados en la geograf�a. Por otra parte, la creciente presencia entre nosotros de ciudadanos de otros pa�ses, que buscan aqu� formas de vida inalcanzables en sus pa�ses de origen, nos hacen presentes problemas a los que es dif�cil sentirnos ajenos.

II

Este acercamiento a los problemas sociales nos lleva a reconocer que el fortalecimiento de la cohesi�n social en Castilla-La Mancha pasa por el fomento de la solidaridad con las personas m�s necesitadas y el respeto a la dignidad humana, que forma parte de los derechos fundamentales, constituyendo la base de nuestro Ordenamiento Jur�dico y del Derecho Comunitario.

El principio de solidaridad precisa de la promoci�n de medidas de acci�n positivas dirigidas a aquellos ciudadanos en situaci�n de desventaja social que faciliten su libre desarrollo y plena participaci�n en la sociedad en condiciones de igualdad. Para la promoci�n de la igualdad de oportunidades entre aquellos colectivos como mujeres, menores, personas discapacitadas y personas mayores, debe hacerse propiciando el acceso a los recursos sociales y promoviendo su desarrollo integral, garantizando el respeto a su identidad diferencial mediante planes integrales de acci�n positiva.

La mujer ha experimentado un cambio sustancial en su papel tradicional en la sociedad de Castilla-La Mancha, ello manifiesta la necesidad de seguir trabajando en medidas que permitan cambios culturales en el reparto de papeles en la familia desde la corresponsabilidad y la colaboraci�n entre hombres y mujeres.

La atenci�n a la infancia debe apoyarse en aquellas medidas de acci�n positiva que tiendan a mantener a los ni�os y ni�as en su propia familia, as� como a la recuperaci�n de la convivencia familiar, a facilitarles el acceso a recursos sociales alternativos que hagan posible su desarrollo integral.

La rehabilitaci�n de personas discapacitadas debe llevarse a cabo a trav�s de actuaciones que permitan la integraci�n econ�mica y social, tal y como se recoge en la Carta Social Europea sobre el derecho de las personas con discapacidad a la formaci�n profesional y a la rehabilitaci�n profesional y social.

La atenci�n a las personas mayores debe afrontarse de una forma integral que nos permita garantizar el derecho a una calidad de vida digna durante la vejez.

El lema �envejecer en casa� se constituye en el objetivo fundamental en la pol�tica de alojamiento y convivencia de las personas mayores, a trav�s del fomento de la permanencia en su entorno familiar y social y de la promoci�n de la participaci�n activa en la comunidad, en especial, en defensa de sus derechos.

Los procesos de exclusi�n social en el marco internacional se han incrementado en el �ltimo decenio, debido entre otras causas a la evoluci�n del mercado de trabajo y, en particular, al aumento del desempleo de larga duraci�n y a los cambios en la concepci�n de la familia con procesos de conflicto convivencial y de incremento de familias monoparentales o de personas solas.

Es preciso acompa�ar las pol�ticas estructurales con pol�ticas de integraci�n social para as� adaptarlas a las diferentes dimensiones que caracterizan la exclusi�n, lo cual implica asociar a las diversas formes de ayuda econ�mica medidas encaminadas a la integraci�n personal, social y laboral de las personas afectadas, facilitando las prestaciones econ�micas necesarias para vivir conforme a la dignidad humana a aquellas personas que precisen el apoyo no s�lo econ�mico, sino de atenci�n individualizada de los servicios sociales que garanticen su inserci�n social.

Con no menos urgencia, consideramos necesario el fomento de actuaciones en apoyo a los ciudadanos del tercer mundo que permitan favorecer su desarrollo socio-econ�mico para contribuir a la disminuci�n de las injusticias sociales, sin que ello suponga injerencia en los asuntos internos de dichos pa�ses, con esta finalidad se regula la cooperaci�n internacional a trav�s de ayudas de car�cter humanitario, que permitan el desarrollo de proyectos para satisfacer las necesidades b�sicas de los ciudadanos en los pa�ses subdesarrollados.

III

La Ley de Solidaridad pretende configurar un sistema de atenci�n integral a los colectivos m�s desfavorecidos, desde la estructura creada por la Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, intenta complementar el marco de protecci�n social en nuestra regi�n. Por ello aborda las pol�ticas de acci�n positiva que a trav�s de planes integrales den respuestas globales a las necesidades de los colectivos en desventaja social, desde una perspectiva personal, respetando la realidad diferencial de cada individuo o grupo, pero atendiendo la problem�tica social desde la integraci�n de las pol�ticas que inciden en la vida para alcanzar los m�ximos niveles de igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de nuestra regi�n.

La Ley aborda el problema de la exclusi�n social desde una visi�n cualitativa m�s que cuantitativa, pues la exclusi�n no se define por la suma de sus contenidos, sino por la ausencia de elementos que se estiman b�sicos y esenciales para considerar humana y socialmente aceptable una determinada situaci�n. Comporta, por tanto, la referencia a una opini�n p�blica cambiante al mismo ritmo que evoluciona el grado de bienestar medio de cada comunidad. La exclusi�n social tiene un componente objetivable, visible a trav�s de los niveles de renta, de la calidad del h�bitat, de la posesi�n de bienes determinados, etc..., pero sobre todo viene determinada por una actitud subjetiva caracterizada por la pasividad, la ausencia de autoestima, la falta de formaci�n, informaci�n y la dificultad para salir de esa situaci�n.

El com�n denominador social de la exclusi�n suele ser el paro. Puede afirmarse que si bien no todos los parados son excluidos, todos los excluidos son parados. De ah� que la Ley entienda que el acceso al trabajo, a la actividad laboral, a la formaci�n ocupacional, es un paso imprescindible para que las personas conf�en en s� mismas, obtengan el aprecio social y tengan conciencia de ser �tiles a la comunidad en la que viven.

Finalmente, la ley considera la exclusi�n, no de forma un�voca en todos los �mbitos, sino con las caracter�sticas propias de cada problema personal y de las formas de vida de cada colectivo y de cada comunidad. En este sentido se inclina por el trabajo social individual y por la coordinaci�n de actuaciones con las Administraciones P�blicas, especialmente con las Corporaciones Locales, buscando el m�ximo de adecuaci�n a cada realidad, a las peculiaridades de cada municipio y la utilizaci�n y aprovechamiento de todos los recursos existentes.

La Ley de Solidaridad establece un sistema coordinado de desarrollo de pol�ticas integrales en las que se plantean acciones globales dirigidas a alcanzar los m�ximos niveles de igualdad de oportunidades para las personas, familias y colectivos en situaci�n de desventaja social, a la vez que regula instrumentos puntuales dirigidos a las personas y familias en estado de necesidad que no pueden obtener bienes semejantes por s� mismos ni conseguirlos del sistema p�blico de la Seguridad Social. La Ley establece una serie de programas cuyo desarrollo exige la necesidad de una aut�ntica investigaci�n social y de acompa�amiento personal del profesional, convirti�ndose as� el informe o diagn�stico social en el elemento clave para el tratamiento de los problemas, consagrando la figura del acuerdo individual en el que no s�lo se dise�a el itinerario de inserci�n del beneficiario y su familia, sino que �ste se compromete a participar de forma activa en el proceso de autosuperaci�n.

Por todo ello, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprueba la presente Ley para promover el derecho de ciudadan�a, la igualdad de oportunidades y la integraci�n social de todos los ciudadanos en Castilla-La Mancha.