Sumario

--> Ley [CANTABRIA] 6/1998, 15 mayo, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [CANTABRIA] 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios (�B.O.C.� 15 marzo) el 15 de mayo de 2006.

Pre�mbulo

El Estado Social y Democr�tico de Derecho que proclama la Constituci�n Espa�ola de 1978 justifica y alcanza su plena legitimidad cuando atiende correctamente a la satisfacci�n de las preferencias y necesidades de la comunidad que lo integra, mediante el impulso del desarrollo econ�mico y los derechos p�blicos de car�cter individual y colectivo, siendo particularmente destacables las pol�ticas que contribuyan al fortalecimiento de los derechos de los consumidores y su nivel de vida.

La actuaci�n administrativa en el �mbito de la promoci�n y defensa de los consumidores y usuarios se dirige preferentemente a dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en favor de una mejor utilizaci�n de su poder adquisitivo, a la par que m�s calidad, seguridad y confianza en los bienes y servicios que el mercado le ofrece, junto con un mayor protagonismo y responsabilidad en cuantas actuaciones le permitan influir en los sectores productivos orient�ndolos hacia sus propios intereses.

Sin embargo, es patente en muchas ocasiones de la vida cotidiana que el consumidor no goza del amparo que le corresponde ante las pr�cticas comerciales organizadas. Por otra parte, las normativas de protecci�n se diseminan y abarcan campos tan diferenciados del ordenamiento jur�dico que van desde los Derechos Civil y Mercantil hasta el Derecho Penal, sin olvidar las normas administrativas y procesales, que es frecuente comprobar que el prop�sito del legislador no estaba dirigido, al menos en principio, a defender las posiciones de consumidores y usuarios.

El desarrollo de dicha problem�tica ha sido tan r�pido que, en cierta medida, hall� desprevenida a la Administraci�n a pesar de que nuestros constituyentes, con visi�n de futuro, la hab�an incluido en la Norma Fundamental (art�culo 51), mandatando a los poderes p�blicos en su conjunto la promoci�n y defensa de los leg�timos derechos de los consumidores, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la salud, la seguridad y los leg�timos intereses econ�micos de los mismos; e inst�ndoles a promover su educaci�n e informaci�n, as� como a fomentar y o�r a sus organizaciones en aquellas cuestiones que les afecten. Bien es cierto que este mandato constitucional tuvo que compaginarse con la creaci�n del Estado de las Autonom�as que dio lugar a un reparto de competencias entre la Administraci�n del Estado, la auton�mica y la local. Tal distribuci�n, contemplada desde la normativa espec�fica de la pol�tica de consumo, pretende garantizar, por un lado, el respeto a los distintos entes territoriales y, por otro, la adecuada coordinaci�n para conseguir una mayor eficacia en la utilizaci�n de los recursos p�blicos, evitando duplicidad o solapamiento de acciones.

Con objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional, fue aprobada la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece un �mbito general de protecci�n que viene siendo desarrollado por normas reglamentarias estatales y, cada vez en mayor grado, por otras de car�cter auton�mico debido a la evoluci�n que ha venido experimentando el proceso de traspaso de competencias.

La Comunidad de Cantabria, en virtud de lo establecido en el art�culo 23 de su Estatuto de Autonom�a, asume, dentro del marco de la legislaci�n b�sica del Estado la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci�n en materia de �sanidad e higiene�, as� como de �defensa del consumidor y usuario�, con respeto, en todo caso, a las bases y ordenaci�n de la actividad econ�mica general de la pol�tica del Estado, a los principios constitucionales de libertad de empresa, en el marco de la econom�a de mercado, y de libre circulaci�n de bienes por todo el territorio nacional, as� como a las bases y coordinaci�n general de la sanidad.

El ejercicio de estas competencias posibilita la aprobaci�n de un marco normativo regional al m�s alto nivel jer�rquico que sistematice los mecanismos y medidas de protecci�n del consumidor y usuario a desplegar por las administraciones p�blicas en la Comunidad Aut�noma de Cantabria; siendo �ste, adem�s, el �nico instrumento jur�dico adecuado para plasmar determinadas previsiones, como son las referentes al deber de colaboraci�n de los ciudadanos ante las actuaciones inspectoras o la potestad sancionadora de la Administraci�n.

La presente Ley, pues, se dirige a regular la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios que viven o desarrollan su actividad en nuestra Comunidad, para lo cual se estructura en tres t�tulos: el primero dedicado a las disposiciones generales, el segundo a las acciones p�blicas destinadas a desarrollar los derechos esenciales de los consumidores y usuarios contenidos en la Ley 26/1984, y el tercero al establecimiento de un adecuado r�gimen sancionador con el que poder otorgar leg�tima respuesta jur�dica a cuantas conductas il�citas eludan los mandatos de esta norma.

De entre los aspectos m�s importantes de la misma cabe destacar, en primer t�rmino, la intenci�n de conseguir un elevado grado de defensa de los consumidores, desarrollando una funci�n esencialmente preventiva m�s que reparativa en lo que se refiere a las cuestiones de salud y seguridad, extendiendo la protecci�n de los intereses econ�micos a aspectos no previstos en la regulaci�n estatal que no constituyen legislaci�n mercantil ni bases de las obligaciones contractuales, articulando los organismos correspondientes de la Administraci�n regional y arbitrando f�rmulas de participaci�n y colaboraci�n con todos los agentes sociales, principalmente con las asociaciones de consumidores y usuarios. Igualmente, se ordena al Gobierno Regional que adopte las medidas adecuadas para la b�squeda de acciones de coordinaci�n y cooperaci�n entre las administraciones p�blicas, sobre todo las de �mbito local, ya que hasta el momento no han asumido plenamente el papel que les corresponde en el control y la represi�n de las infracciones comprendidas en el �mbito de sus competencias. Por �ltimo, al regular las infracciones y sanciones se ha optado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en su sentencia 15/1989, de 26 de enero, por remitir los tipos y calificaciones de las primeras a la normativa estatal; llevando a cabo, en cambio, una regulaci�n regional propia de las segundas, notablemente influida por la realidad pr�ctica que cada d�a se experimenta en la imposici�n de sanciones, si bien procurando mantener una divergencia con la Ley 26/1984 razonable y proporcionada al fin perseguido.