1. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales adoptarán las medidas y actuaciones de reparación o restauración que resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas, y que sean fijadas por la Consejería competente en materia forestal, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran exigir a los causantes del incendio.

La no realización de las medidas citadas podrá dar lugar a la adopción por la Administración de las medidas subsidiarias que se estimen oportunas y proporcionadas, pudiéndose llegar a la imposición de multas coercitivas, si no se llevara a cabo la ejecución de tales medidas.

2. La producción de un incendio en ningún caso determinará el cambio del uso forestal de los terrenos afectados por el mismo.

3. La Consejería competente en materia forestal podrá autorizar la enajenación de los productos forestales procedentes de un incendio, con las condiciones que en su caso se establezcan. La no contestación por la Consejería a la petición de autorización en el plazo de tres meses producirá los efectos del silencio negativo.

Cuando se obtenga la autorización reseñada, el contrato que se firme deberá contener las cláusulas administrativas que se hayan impuesto, o cuando se trate de un contrato verbal, entregar a la parte adquirente una copia de la resolución administrativa emitida, debiendo quedar constancia de dicha entrega mediante cualquiera de los medios de prueba admitido en derecho.

4. La Administración podrá determinar en la autorización que conceda que parte de las cantidades obtenidas en la enajenación se destinen a las labores de reparación y restauración referidas en el apartado primero.

5. En los montes propiedad de la Junta de Extremadura, en los declarados de utilidad pública y en los que se hallen gestionados por la misma, en virtud de consorcio, convenio u otra relación contractual, la totalidad de los ingresos destinados a la Administración autonómica obtenidos de la enajenación de la madera quemada se destinará a la restauración y gestión de los montes.

6. La producción de un incendio no podrá dar lugar a la resolución o rescisión de un consorcio, convenio u otra relación contractual que tuviera la Administración con un particular, sea persona física o jurídica.

7. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente artículo tendrá la consideración de infracción grave, que será sancionada con una multa del tanto al triplo del valor de los productos enajenados o del valor de los trabajos de restauración a ejecutar, graduándose la sanción en función de los perjuicios derivados de la acción u omisión realizada.

La sanción será impuesta por el Consejero competente en materia forestal.