Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educaci髇 de Extremadura

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 49.1 del Estatuto de Autonom韆, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

En una sociedad democr醫ica avanzada la educaci髇 es esencial para garantizar la cohesi髇 y la convivencia social, la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran y el libre desarrollo de la personalidad.

La educaci髇 posee una dimensi髇 individual, en cuanto derecho fundamental de todas las personas, tal como establece el art韈ulo 27.1 de la Constituci髇 Espa駉la, y tambi閚 institucional y de prestaci髇, precisamente a causa de su relevancia social. Ese reconocimiento se desarroll� de manera significativa en la Ley Org醤ica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci髇, que fija diversos fines, derechos y principios organizativos que deben regir la actividad educativa en todo el Estado, y que esta Ley de la Asamblea de Extremadura viene a completar.

En el sentido expuesto, el pre醡bulo de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, recuerda que la educaci髇 es 玼n instrumento para la mejora de la condici髇 humana y de la vida colectiva�. Esta Ley del Estado supuso una nueva y detallada ordenaci髇 del sistema educativo cuyas normas b醩icas demandan un desarrollo legislativo, adecuadamente diferenciado por parte de cada Comunidad Aut髇oma seg鷑 su realidad espec韋ica. Procede, por tanto, la promulgaci髇 de una legislaci髇 extreme馻 que, asumiendo una direcci髇 pol韙ica aut髇oma, contribuya a satisfacer estas aspiraciones.

La educaci髇 es un servicio p鷅lico esencial para esta regi髇, como se pone de manifiesto en el art韈ulo 10.1.4. del Estatuto de Autonom韆 de Extremadura, al asumir competencias en materia de educaci髇 en toda su extensi髇, niveles y grados, y que est� integrado por el conjunto de los centros sostenidos con fondos p鷅licos, que forman un sistema con unos objetivos comunes, ampliamente compartidos por toda la sociedad extreme馻.

Este servicio debe ejercerse de forma conjunta con la Administraci髇 General del Estado, a trav閟 de una estrecha cooperaci髇 rec韕roca, as� como en colaboraci髇 con otras Administraciones territoriales y otras entidades e instituciones sociales.

La presente Ley viene a regular de manera integrada el modelo educativo para la Comunidad Aut髇oma de Extremadura en el ejercicio de su autogobierno, asumiendo la defensa de la identidad y los valores de la regi髇 y la mejora y promoci髇 del bienestar de los extreme駉s, conforme prescribe el art韈ulo 1.2 del Estatuto de Autonom韆.

Por otro lado, el art韈ulo 7 del Estatuto de Autonom韆 establece objetivos b醩icos que todas las instituciones de la Comunidad deben cumplir y que pueden asimismo alcanzarse mediante la educaci髇: difundir la cultura, facilitar la participaci髇 de los j髒enes y de las mujeres en la vida pol韙ica y social, adoptar medidas que promuevan el desarrollo econ髆ico y el empleo, afianzar las peculiaridades culturales del pueblo extreme駉 y potenciar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley de Educaci髇 de Extremadura debe ser tambi閚 un instrumento vivo que contribuya a promover estos objetivos.

II

La Comunidad Aut髇oma de Extremadura lleva ejerciendo su autogobierno desde 1983, con la aprobaci髇 del Estatuto, y ejerciendo sus competencias sobre educaci髇 desde el a駉 2000. Se trata de una acci髇 de gobierno sostenida en el tiempo y abierta al compromiso con toda la sociedad extreme馻, que ha producido una importante transformaci髇 de la educaci髇 y ha permitido alcanzar logros muy significativos.

La asunci髇 de las competencias para la gesti髇 aut髇oma de la educaci髇 no universitaria supuso un hito en la historia reciente de Extremadura. Desde ese momento se ha venido realizando un gran esfuerzo, conjunto y solidario, para dotar al sistema educativo de las infraestructuras, medios y recursos que han permitido definir un modelo capaz de conjugar las peculiaridades regionales con la necesidad de responder a los retos de una sociedad moderna y vertiginosa en sus cambios e innovaciones.

Este empe駉 global ha encontrado cauces de participaci髇 real y efectiva a trav閟 del di醠ogo social, considerado instrumento fundamental para lograr los ambiciosos objetivos que viene demandando la sociedad extreme馻. De este modo, ya en el a駉 1999, ante la inminente asunci髇 de las competencias en materia de educaci髇, la Administraci髇 regional y los agentes sociales alcanzaron un 玃acto por la Educaci髇 en Extremadura�, inici醤dose en esa temprana fecha la andadura de un largo recorrido de colaboraci髇 y cooperaci髇.

Finalizado el proceso de asunci髇 de competencias, y a instancias de la Asamblea de Extremadura, la Administraci髇 educativa abord�, de la mano de las organizaciones sindicales y de los representantes de las familias, una nueva configuraci髇 de la Red de Centros de educaci髇 secundaria a la altura de las exigencias de nuestros pueblos y ciudades; una red moderna y tecnificada de establecimientos escolares que ha supuesto la mayor inversi髇 en infraestructuras educativas en la historia de la regi髇, y que ha permitido seguir aplicando pol韙icas de igualdad para todos los ciudadanos extreme駉s.

La positiva y contrastada experiencia de participaci髇 permiti� tambi閚, a lo largo de los a駉s 2005 y 2006, la celebraci髇 de debates acerca del presente y el futuro de la educaci髇 extreme馻. Las conclusiones de dichos debates culminaron en un nuevo pacto suscrito entre las organizaciones sindicales y la Administraci髇 educativa, rubricado como 獳cuerdo para la mejora de la calidad de la educaci髇 en el siglo XXI en Extremadura�.

De otro lado, cabe destacar la creciente implicaci髇 de los distintos sectores de la sociedad y de las familias como lo demuestra la suscripci髇 del 獵ompromiso social por la convivencia� y del 獵ompromiso de las familias extreme馻s con la educaci髇�.

En esa misma l韓ea de corresponsabilidad social e institucional se sit鷄 el 玃acto por la Formaci髇 Profesional� de 2008, que persigue la mejora de la cualificaci髇 de los ciudadanos extreme駉s, y, por ende, la garant韆 de mayores cotas de accesibilidad laboral y de desarrollo econ髆ico sostenido de la regi髇.

Esta firme voluntad de cooperaci髇 por parte de los distintos agentes sociales y educativos, acreditada a lo largo del tiempo, ha logrado concitar un amplio consenso de la sociedad extreme馻, plenamente consciente del valor transformador de la educaci髇, y cuyo esfuerzo colectivo ha permitido llevar a cabo una sostenida e importante inversi髇 en materia de educaci髇. Todo ello ha propiciado, junto a otros factores, una evoluci髇 muy positiva de los indicadores educativos.

III

La educaci髇 es un valor compartido por el conjunto de la sociedad que merece un alto grado de estabilidad temporal y un compromiso generalizado en su dise駉 y ejecuci髇. Siguiendo esta m醲ima, el basamento que sustenta esta Ley es, en primer t閞mino, el Acuerdo alcanzado por los grupos pol韙icos con representaci髇 en la Asamblea de Extremadura sobre principios y objetivos, que recorren la norma. En segundo lugar, el Pacto Social por la Educaci髇 del a駉 2009, suscrito por el Gobierno Regional y los agentes econ髆icos y sociales. En tercer lugar, la 玈韓tesis de aportaciones al documento de propuestas para la Ley de Educaci髇 de Extremadura� que emana de la participaci髇 directa de todos los sectores de la comunidad educativa; y por 鷏timo, el acuerdo alcanzado sobre el contenido de la Ley por los grupos parlamentarios y el gobierno en el que se fija una mayor韆 de dos tercios de los miembros de la Asamblea de Extremadura para la modificaci髇 o derogaci髇 de la presente Ley.

La Ley se convierte de este modo en el anclaje que afianza los principios que la sociedad extreme馻 considera irrenunciables desde el punto de vista educativo para, a trav閟 de ellos, plasmar los mecanismos, estructuras y modelos organizativos que hagan posible la convergencia de la educaci髇 extreme馻 con los objetivos europeos, en el marco de la estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Partiendo de un modelo con ambici髇 de excelencia y equidad, son objetivos preferentes de esta Ley ofrecer una educaci髇 integral, equilibrada e individualizada, que posibilite el 閤ito educativo de todo el alumnado, as� como el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Para ello, la Ley hace una apuesta estrat間ica por la autonom韆 de los centros, favoreciendo la toma de decisiones y el dise駉 y ejecuci髇 de planes espec韋icos para la mejora del 閤ito educativo; por el reconocimiento profesional y social del profesorado; por la implicaci髇 activa de las familias; por el impulso permanente de la formaci髇 profesional como factor determinante del fortalecimiento del tejido productivo de Extremadura; por la escuela rural, mediante la adopci髇 de cuantas medidas favorezcan el ejercicio de la igualdad de oportunidades en todo el 醡bito de la comunidad extreme馻; por las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇; y por el pluriling黫smo, con obligada vinculaci髇 a las directrices y niveles establecidos en el 玀arco Com鷑 Europeo de Referencia para las Lenguas�.

IV

El primero de los ocho t韙ulos en que se estructura esta Ley ordena la actividad educativa de conformidad con un conjunto de principios y fines tales como la igualdad efectiva de oportunidades y la equidad; la atenci髇 individualizada al alumnado y el reconocimiento de la diversidad en el marco de una escuela inclusiva; el respeto a los valores democr醫icos; la valoraci髇 del profesorado; el compromiso de participaci髇 de la comunidad educativa y de la sociedad; la autonom韆 de los centros; la adquisici髇 de las competencias b醩icas en cada etapa educativa; la permanencia de todo el alumnado en el sistema educativo y una formaci髇 profesional que redunde en la mejora de la empleabilidad.

El T韙ulo II regula la igualdad en el acceso del alumnado al sistema educativo de acuerdo con ciertos principios y prioridades, y asume el 閤ito escolar y el logro de la m醩 alta calidad educativa como retos principales del sistema. Dichos retos se afrontan incidiendo en una respuesta educativa guiada por el principio de individualizaci髇 de la ense馻nza y garantizando la atenci髇 a la diversidad del alumnado. En este sentido, ofrece una serie de medidas de actuaci髇 pedag骻ica, entre las que cabe destacar las destinadas a la prevenci髇, detecci髇 y atenci髇 temprana de las necesidades educativas del alumnado y a la intervenci髇 de profesionales especializados, previendo, de igual forma, diferentes modalidades de escolarizaci髇 y apoyo. El Plan para la mejora del 閤ito educativo se configura en el texto legal como una imprescindible herramienta a disposici髇 de los centros cuya finalidad es lograr el m醲imo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado.

La Ley refuerza especialmente la necesidad de educar al alumnado en la igualdad entre mujeres y hombres y afronta la garant韆 de la igualdad efectiva en los derechos educativos introduciendo medidas que se ocupan de prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, la previsi髇 de un r間imen de becas y ayudas al estudio y a la adquisici髇 de material escolar, as� como la prestaci髇 de una serie de servicios educativos complementarios, cada vez de mayor importancia en las sociedades modernas, como son el transporte, el comedor escolar, las aulas matinales y las residencias escolares.

La presente Ley impulsa el compromiso y la participaci髇 de todos los miembros de la comunidad educativa y sienta sus bases normativas en el T韙ulo III. Dispone as�, el derecho del alumnado a una educaci髇 que promueva el pleno desarrollo de su personalidad. El compromiso del alumnado requiere, junto al ejercicio de los derechos, el cumplimiento de deberes tales como los de estudiar y esforzarse responsablemente en el aprendizaje, observar las normas de convivencia o respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

Las familias, primeras y m醩 importantes responsables de la educaci髇 de sus hijos, deben corresponsabilizarse del proceso educativo y del 閤ito escolar en estrecha colaboraci髇 con el profesorado. Con este fin, la Administraci髇 educativa favorecer� la formaci髇 de las familias, a la vez que adoptar� medidas que promuevan e incentiven la cooperaci髇 efectiva entre 閟tas y la escuela. La Ley establece medidas para fomentar la participaci髇 de las familias en los centros educativos, as� como sus derechos y deberes. Tambi閚 incide en la posibilidad de suscribir un compromiso con los centros en la b鷖queda de una ense馻nza de calidad para sus hijos.

Se refiere tambi閚 el T韙ulo III al profesorado como miembro de la comunidad escolar, reconociendo su papel esencial en el sistema educativo, determinando sus funciones y los principios en los que debe basarse su actuaci髇 docente. La Ley prev�, asimismo, la intervenci髇 y la colaboraci髇 de otros agentes educativos y del personal de administraci髇 y servicios de los centros.

Tal como indica el art韈ulo 10.1 de la Constituci髇, el respeto a los derechos de los dem醩 constituye el principal l韒ite a los derechos propios y es el fundamento del orden y de la paz social. En este contexto de relaciones personales, la Ley atribuye a todos los miembros de la comunidad educativa el deber de una convivencia pac韋ica basada en la dignidad de las personas y en el respeto a los derechos de todos, y dise馻 un Plan de convivencia como parte del proyecto educativo del centro.

El T韙ulo IV, dedicado a la ordenaci髇 de las ense馻nzas, configura la educaci髇 como un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Se regula, en primer lugar, el curr韈ulo que, aprobado por la Administraci髇 educativa y concretado por los centros, debe integrar arm髇icamente objetivos, competencias b醩icas, m閠odos pedag骻icos y criterios de evaluaci髇 de las ense馻nzas de cada etapa. Esta Ley contempla como eje trasversal del curr韈ulo en Extremadura la educaci髇 en los valores democr醫icos y de convivencia ciudadana. Asimismo, el pluriling黫smo y el uso de las tecnolog韆s de la informaci髇 y de la comunicaci髇 deben integrarse en todas las etapas. La lectura, la escritura, la capacidad emprendedora e innovadora, y la inteligencia emocional son otros de los aspectos prioritarios en el curr韈ulo.

En educaci髇 infantil, la detecci髇 de las necesidades espec韋icas de apoyo educativo y la intervenci髇 temprana son dos objetivos fundamentales. Esta etapa est� encaminada a favorecer en el alumnado el desarrollo progresivo de su autonom韆 en estrecha cooperaci髇 con las familias. Aborda el texto legal un incremento del n鷐ero de plazas p鷅licas en el primer ciclo que facilite el ejercicio del derecho a una educaci髇 temprana y la conciliaci髇 de la vida personal, familiar y profesional. Asimismo, y en orden a garantizar la coherencia del proceso educativo, se establece la necesidad de adoptar medidas de coordinaci髇 entre este nivel educativo y la educaci髇 primaria.

En educaci髇 b醩ica, se recoge el deber de respetar los diversos ritmos de aprendizaje, atendiendo a la diversidad del alumnado en funci髇 de sus necesidades, y la obligaci髇 de usar m閠odos activos, participativos y de trabajo en equipo. Se contempla tambi閚 la necesidad de coordinar el desarrollo curricular de los ciclos que componen la educaci髇 primaria y la secundaria con el fin de garantizar la continuidad del proceso educativo y de asegurarse una adecuada transici髇 a los estudios postobligatorios.

Para la educaci髇 primaria dispone que, dado su car醕ter instrumental, la lengua castellana, las lenguas extranjeras y las matem醫icas ser醤 objeto de una especial consideraci髇 y se incide en la programaci髇 de actuaciones en el marco de la individualizaci髇 de la ense馻nza.

La adquisici髇 y desarrollo de las competencias b醩icas, especialmente la matem醫ica y la de comunicaci髇 lingstica, son los objetivos principales de la educaci髇 secundaria obligatoria. Para ello, se prev� la posibilidad de desarrollar el curr韈ulo en lenguas extranjeras. Asimismo, se contempla la capacidad de los centros para realizar adaptaciones curriculares, desdoblamientos o agrupamientos flexibles, en el marco de su planificaci髇. La Ley dedica igualmente una especial atenci髇 en esta etapa a la formaci髇 de ciudadanos conscientes de sus derechos, obligaciones y responsabilidades sociales. Con este fin se promueve la valoraci髇 del esfuerzo, se premia el m閞ito y se fomenta la b鷖queda de la excelencia.

En bachillerato, la Ley aborda los aprendizajes que capaciten para acceder a la vida profesional y a la educaci髇 superior, la actuaci髇 de los centros y la forma de evaluaci髇 seg鷑 las distintas materias del curr韈ulo.

En formaci髇 profesional, los curr韈ulos tendr醤 en cuenta las necesidades del tejido econ髆ico extreme駉, as� como los distintos mercados y los sectores productivos. La globalizaci髇 de los sistemas econ髆icos implica el nacimiento de mercados de trabajo cada vez m醩 competitivos y un constante proceso de innovaci髇 tecnol骻ica y especializaci髇. Por ello, la formaci髇 profesional desempe馻 un papel muy importante en el progreso econ髆ico y social de Extremadura. A tal fin, contempla la participaci髇 de las entidades locales y de los agentes econ髆icos y sociales a trav閟 del Consejo de Formaci髇 Profesional de Extremadura. Del mismo modo, se prev� el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante distintas actuaciones y con la colaboraci髇 de dichos agentes, as� como una circunscripci髇 鷑ica en la oferta de plazas, a efectos de ingreso del alumnado. Finalmente, se establecen las 醨eas prioritarias de cooperaci髇 con las Universidades y las empresas en la realizaci髇 de acciones que redunden en la mejora de la formaci髇 profesional.

La Ley regula igualmente las ense馻nzas art韘ticas, de idiomas y deportivas, y la educaci髇 de las personas adultas, promoviendo la creaci髇 de ofertas de aprendizaje suficientemente flexibles en distintas modalidades que favorezcan la conciliaci髇 de la formaci髇 con otras actividades.

El T韙ulo V de la Ley se refiere a los centros. As�, se ocupa de sus infraestructuras, medios, recursos y dotaciones, y, especialmente, de la biblioteca escolar a la que se otorgan importantes funciones en los procesos de ense馻nza y aprendizaje del alumnado, en la actualizaci髇 cient韋ica y pedag骻ica del profesorado y en el fomento de la lectura.

En la planificaci髇 de la red de centros se presta una especial atenci髇 a la escuela rural, obligando la Ley a promover medidas espec韋icas encaminadas a garantizar que su alumnado reciba un servicio educativo con los mismos niveles de calidad que el resto del alumnado.

La autonom韆 de los centros educativos es para esta Ley un pilar esencial del modelo educativo extreme駉, tal como se馻la el T韙ulo V al abordar su autonom韆 pedag骻ica, de organizaci髇 y de gesti髇 como principios rectores. La autonom韆 pedag骻ica, plasmada en el proyecto educativo, resulta imprescindible para alcanzar una educaci髇 de calidad que tenga en cuenta las necesidades del alumnado y el entorno social en el que se ubica el centro. La autonom韆 de organizaci髇 favorecer� el cumplimiento del proyecto educativo. En cuanto a la autonom韆 de gesti髇, la Ley prev� la posibilidad de delegar en los centros competencias para contratar dentro de los l韒ites que se establezcan y en el marco de la normativa general de contrataci髇 del sector p鷅lico.

Los 髍ganos de gobierno y coordinaci髇 docente tambi閚 son objeto de atenci髇 en este T韙ulo. En relaci髇 con el equipo directivo de los centros p鷅licos, la Ley propugna una formaci髇 espec韋ica que fomente su liderazgo, su responsabilidad social y la excelencia de su gesti髇. Se otorga a la Direcci髇, que representa al centro y a la Administraci髇 educativa en el mismo, la consideraci髇 de autoridad p鷅lica y la presunci髇 de veracidad en el ejercicio de sus funciones. Se da, asimismo, especial relevancia a la figura del director como pieza clave para un buen funcionamiento y organizaci髇 de los centros escolares. Al Consejo Escolar, como 髍gano colegiado de gobierno y de participaci髇 de la comunidad educativa, se le encomiendan la aprobaci髇 y evaluaci髇 del proyecto educativo y de otras normas de organizaci髇 y funcionamiento. Finalmente, se recoge la participaci髇 del profesorado en el gobierno del centro a trav閟 del Claustro y los 髍ganos de coordinaci髇 docente. La actividad docente recae, en 鷏tima instancia, en el profesorado. Conseguir que todo el alumnado desarrolle al m醲imo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el curr韈ulo y la acci髇 educativa a las circunstancias espec韋icas en que los centros se desenvuelven, propiciar que las familias se impliquen en la educaci髇 de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea.

Reforzando la importancia concedida al profesorado como parte de la comunidad educativa en el T韙ulo III, la Ley destina el T韙ulo VI a regular la funci髇 p鷅lica docente. En el marco de la legislaci髇 b醩ica estatal, la Ley introduce elementos de flexibilidad en el r間imen de provisi髇 de puestos de trabajo en aras a atender satisfactoriamente las necesidades derivadas de las caracter韘ticas demogr醘icas de la Comunidad Aut髇oma, as� como las que se vinculan al modelo educativo que la Ley promueve. Por otra parte, se contemplan medidas dirigidas a fomentar la permanencia del profesorado en centros ubicados en 醨eas de marcado car醕ter rural y se prev� la posibilidad de establecer perfiles lingsticos para el desempe駉 de determinados puestos. Asimismo, se dedica especial atenci髇 a dos aspectos esenciales de la funci髇 docente. Por un lado, la formaci髇, inicial y permanente, con espec韋ica referencia al dominio de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 y a su integraci髇 en el proceso educativo; por otro, la valoraci髇, reconocimiento y apoyo social y profesional al profesorado que la Ley fortalece, estableciendo diversas medidas a tal fin. En esta direcci髇, el sistema de carrera profesional se vincular� a la formaci髇 y la mejora de la pr醕tica docente, en el marco de una evaluaci髇 voluntaria del ejercicio profesional.

A la evaluaci髇 del sistema educativo se destina el T韙ulo VII. La Ley refuerza la cultura de la evaluaci髇 externa y de la autoevaluaci髇 del sistema educativo con el fin de contribuir a su mejora y alcanzar la calidad buscando la excelencia. La Agencia Extreme馻 de Evaluaci髇 Educativa es un instrumento b醩ico para conseguir estos objetivos. Asimismo, se detallan las evaluaciones que deben llevarse a cabo: la evaluaci髇 general del sistema educativo, que se realizar� mediante planes de car醕ter plurianual y con procedimientos que han de ser p鷅licos; las evaluaciones de diagn髎tico de las competencias b醩icas de todo el alumnado cuyos resultados guiar醤 la elaboraci髇 y ejecuci髇 de los correspondientes planes y actuaciones de mejora; las evaluaciones interna y externa de cada centro, que servir醤 de base para el dise駉 y evaluaci髇 del Plan para la mejora del 閤ito escolar; y las evaluaciones peri骴icas del ejercicio profesional del profesorado, de la funci髇 directiva y de los servicios y programas educativos, cuyos resultados tendr醤 efectos sobre la acreditaci髇 de m閞itos para la promoci髇 del profesorado y sobre la renovaci髇 de la funci髇 directiva.

El T韙ulo VIII identifica los principios por los que debe regirse la Administraci髇 educativa con los de buena administraci髇, transparencia y eficiencia, e impulsa la participaci髇 de la sociedad en la educaci髇. Adoptando el criterio de proximidad al ciudadano, la Ley organiza territorialmente la Administraci髇 educativa en Distritos, sin perjuicio de la coordinaci髇 y complementariedad de todos ellos. Las demarcaciones de los Distritos habr醤 de fijarse por la Junta de Extremadura en atenci髇 a criterios de planificaci髇 educativa y, en su caso, a otros factores de car醕ter geogr醘ico, econ髆ico y social. El texto legal se refiere tambi閚 a los servicios de apoyo al sistema educativo, destacando el asesoramiento psicopedag骻ico a los centros y al alumnado y de orientaci髇 al profesorado y a las familias, y a la formaci髇 permanente del profesorado, configurando una red sobre la base de los Distritos Educativos. Tambi閚 regula la inspecci髇 educativa, su organizaci髇 y funciones, as� como las atribuciones de los inspectores, todo ello en l韓ea con lo dispuesto en la legislaci髇 b醩ica. Finaliza este T韙ulo estableciendo los principios y reglas esenciales que tienen por finalidad fomentar la imprescindible cooperaci髇 de la Administraci髇 educativa de la Comunidad Aut髇oma con otras Administraciones, instituciones y organizaciones, particularmente con las Entidades Locales, las Universidades, as� como con Portugal e Iberoam閞ica.

En suma, la Ley de Educaci髇 de Extremadura sienta unas s髄idas bases sobre las que continuar avanzando en la mejora de nuestro sistema educativo durante el siglo XXI y con las que poder afrontar los retos actuales y futuros, estimulando a los miembros de la comunidad educativa y a toda la sociedad extreme馻 a alcanzar la calidad y equidad educativas como objetivos irrenunciables, y a enfrentar tales desaf韔s mediante el esfuerzo conjunto, la cooperaci髇 y el di醠ogo social. En la acci髇 educadora las obras lentas y constantes son las duraderas.