Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 5/2006, de 5 de julio, de transferencia de créditos para la financiación a cuenta de las retribuciones complementarias que correspondan al personal al servicio de la Administración de Justicia y de consignación y modificación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años se viene realizando desde todas las instancias implicadas un importante esfuerzo por modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Para ello resultaba y resulta necesario abordar importantes reformas en la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales y en las diferentes leyes sustantivas y procesales que regulan la actividad jurisdiccional. El grado de acuerdo acerca de la conveniencia de afrontar ese cúmulo de reformas hizo posible el llamado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia del año 2001, que ha sido el germen de un conjunto de reformas normativas aún no culminado.

Precisamente, una de esas modificaciones aún no completadas es la que afecta al Estatuto del Personal al Servicio de la Administración de Justicia y al nuevo modelo de oficina judicial. La tarea es desde luego compleja, entre otras cosas, porque exige conciliar o coordinar diversos procesos distintos pero necesariamente convergentes. Por un lado, es preciso aprobar el conjunto de normas y reglamentos que van a regular ese nuevo estatuto del personal y de la oficina judicial. Por otro, el Ministerio de Justicia o, en su caso, las Comunidades Autónomas deben abordar, de acuerdo con las peculiaridades de cada territorio, el diseño de su oficina judicial. Y, además, es fundamental abrir un proceso negociador con los representantes sindicales de los trabajadores acerca de múltiples aspectos cruciales para el buen funcionamiento del nuevo marco, como la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.

Los acuerdos alcanzados con los sindicatos del sector de Justicia en abril del presente año en materia de establecimiento de un complemento específico transitorio y de acción social implican un importante esfuerzo por establecer las bases para un escenario de paz social en el sector, en tanto se aborda el desarrollo de las importantes reformas a las que anteriormente se hizo referencia y que vienen impuestas por la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El personal al servicio de la Administración de Justicia tiene un estatuto jurídico peculiar, puesto que para determinadas cuestiones dependen del Ministerio de Justicia y para otras de las Comunidades Autónomas. Se trata de funcionarios que se integran en cuerpos nacionales y gran parte del régimen jurídico al que están sometidos viene regulado directamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluido su sistema de retribuciones, que, sin embargo, deben abonar las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, como es el caso de Canarias.

Uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos del Gobierno de Canarias con los sindicatos del sector está relacionado con las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia y, en concreto, con uno de los pocos aspectos de dicho régimen sobre los que tiene competencia la Comunidad Autónoma de Canarias: el complemento específico.

La Ley Orgánica reguladora del Poder Judicial establece en su artículo 519 que la cuantía de las retribuciones básicas será igual para cada uno de los cuerpos, con independencia del lugar de prestación de los servicios o del puesto que desempeñe, y vendrán determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, en función de la especialidad de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

Por lo que se refiere a la cuantía individualizada del complemento específico, la Ley dispone que ésta se fijará por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales al elaborar las relaciones de puestos de trabajo en función de la valoración de las condiciones particulares de los mismos.

El acuerdo alcanzado con los sindicatos parte de la consideración de que, en tanto se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, es conveniente arbitrar fórmulas provisionales que permitan un proceso de convergencia hacia la nueva situación, tal y como se ha hecho ya en otras Comunidades Autónomas.

Por ello, y ante la dificultad que entraña el proceder por primera vez a valorar una relación de puestos de trabajo tan novedosa y compleja como la que responde al nuevo modelo de oficina judicial diseñada en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además requiere la participación de todos los implicados en este proceso en un foro de consenso, parece oportuno fijar un anticipo transitorio a cuenta del complemento específico, hasta la aprobación de la relación de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, tal y como se recoge en la presente Ley.

Con este anticipo transitorio se pretende, por tanto, promover un proceso de convergencia hacia el nuevo escenario retributivo, en el que el nivel de retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia en Canarias debe situarse en el nivel de la media del Estado, en atención a que los funcionarios de este colectivo se integran en cuerpos estatales cuyo régimen estatutario y retributivo escapa en gran medida a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El otro aspecto fundamental de los acuerdos con los sindicatos está relacionado con la cobertura presupuestaria del sistema de acción social del personal al servicio de la Administración de Justicia y, en concreto, con la conveniencia de ajustar la misma al nivel de la media del Estado.

En síntesis, los acuerdos alcanzados en el mes de abril de 2006, suponen un incremento retributivo no previsto en la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y un coste superior al inicialmente consignado para tal finalidad, en los citados presupuestos.

El coste de los acuerdos para el ejercicio 2006 alcanza el importe de 7.744.047,36 euros, y de 9.932.701,34 euros para el año 2007.

De un análisis sobre la disponibilidad de créditos de la misma naturaleza jurídica, en la Sección 08 «Consejería de Presidencia y Justicia», incluidos en el Estado de Gastos de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006, resulta manifiesto la existencia de insuficiencia de créditos por importe de 2.263.882,89 euros para dar cobertura a la realización, en este ejercicio, de los gastos que ocasionan los compromisos adquiridos, y que, en todo caso, no pudieron ser previstos por tener su origen en circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la aprobación de la citada Ley 9/2005.

Teniendo en cuenta la necesidad urgente y extraordinaria de solventar las insuficiencias presupuestarias manifestadas, el esfuerzo financiero que supone para la Comunidad Autónoma de Canarias la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados y la necesidad de establecimiento del complemento específico y transitorio, todo ello, implica canalizar su contenido a través de la presente, por excederse del marco competencial atribuido al Gobierno, establecido en la Ley 9/2005, de Presupuestos para el presente año, y en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por último y precisamente, la entidad del esfuerzo que para el erario público va a suponer el incremento retributivo previsto en esta Ley ha determinado que una parte del mismo se haya vinculado a objetivos relacionados con la productividad y la mejora del servicio que reciben los ciudadanos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

Por lo tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.