Sumario

--> Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 7/1986, 23 julio, derogada por la disposici�n derogatoria 2.� de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2001, 21 junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (�B.O.C.M.� 3 julio) el 3 de septiembre de 2001.

En cumplimiento y desarrollo del art�culo 52.3 del Estatuto de Autonom�a de la Comunidad de Madrid, as� como de la previsi�n contenida en el art�culo 59 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid, se precisa una Ley de la Asamblea que regule el r�gimen jur�dico del patrimonio de la Comunidad, su administraci�n, defensa y conservaci�n, en el marco de la legislaci�n b�sica del Estado.

La presente Ley del Patrimonio se encuadra, por tanto, en el �mbito de las previsiones legislativas que contempla la normativa estatutaria para asumir y perfeccionar el proceso de autogobierno de la Comunidad de Madrid, sirviendo de cauce instrumental para la correcta gesti�n, administraci�n y disposici�n de los bienes y derechos de su patrimonio, que han de servir de soporte a la prestaci�n de los servicios p�blicos derivados del ejercicio de las competencias que la Comunidad Aut�noma puede asumir en virtud de lo establecido en el art�culo 148 de la Constituci�n Espa�ola.

La Ley, al establecer el r�gimen jur�dico de sus bienes, as� como su administraci�n, defensa y conservaci�n, trata de recoger en un texto �nico la normativa b�sica del Estado, as� como los distintos preceptos y la dispersa legislaci�n de normas que, sobre el patrimonio comunitario, han ido creando las distintas leyes de la Comunidad de Madrid, atendiendo a los criterios de unidad de actuaci�n en los aspectos comunes que les afecten, y ordenada gesti�n y control de los mismos, partiendo siempre del esp�ritu constitucional de que el patrimonio es una materia que puede calificarse como de r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas, y en este sentido interpretarse al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.18 a) de la Constituci�n Espa�ola.

Al regularse, asimismo, las facultades de gesti�n, administraci�n, conservaci�n y disposici�n, se atiende a un criterio competencial b�sico, cual es la concentraci�n de facultades en la Consejer�a de Econom�a y Hacienda para un mejor y m�s correcto control de las finalidades p�blicas que deben cumplir, en �ltimo t�rmino, los bienes y derechos de la Comunidad. Dichas facultades se reflejan de forma especial en cuanto se refiere a los actos de disposici�n de los bienes y de utilizaci�n y aprovechamiento, bien con car�cter competencial originario o derivado, en la necesidad de contar en alg�n estadio procedimental con el informe previo de la citada Consejer�a. No obstante, se hace necesario resaltar que al tratarse de una normativa en cuanto a la regulaci�n de sus bienes y derechos, quedan a salvo las facultades de las dem�s Consejer�as de la Comunidad de Madrid, en cuanto se refieran a propiedades administrativas, que se han de regular por su legislaci�n espec�fica, de conformidad con lo que previene el art�culo primero, apartado 4.�, de la presente Ley.

En definitiva, el articulado de la Ley, minucioso y concreto, y susceptible de posterior desarrollo reglamentario, trata de imprimir al patrimonio de la Comunidad de Madrid el dinamismo necesario que le permita el efectivo cumplimiento de los fines de su autonom�a, evitando el car�cter est�tico e incomercial que desde antiguo se ha venido dando al patrimonio de las Administraciones P�blicas, buscando en los administrados la colaboraci�n necesaria en la investigaci�n, defensa y protecci�n de los bienes y derechos de la Comunidad, y en las personas ligadas a la Administraci�n de la Comunidad por una relaci�n funcionarial, laboral o contractual, su obligada participaci�n en las citadas tareas, a trav�s de un r�gimen de premios y sanciones previsto legalmente que colabore al mantenimiento y conservaci�n del patrimonio y a su sanci�n en caso contrario.

El T�tulo Preliminar se dedica a establecer el concepto, r�gimen y organizaci�n del patrimonio de la Comunidad. Bajo el concepto de �patrimonio de la Comunidad� se encierra m�s bien el r�gimen jur�dico de todos los bienes comunitarios, puesto que la contemplaci�n total del art�culo 52 del Estatuto de Autonom�a exig�a no s�lo una regulaci�n de los bienes privativos o patrimoniales, sino la extensi�n del r�gimen jur�dico, aunque de manera m�s somera, a los bienes de dominio p�blico. La exigencia de un Inventario General de los bienes comunitarios es un presupuesto de seguridad, control y eficacia. Administraci�n y administrados pueden, respectivamente, tener confianza en una Autonom�a que sabe perfectamente d�nde, c�mo y qui�n ostenta en cada momento las propiedades que pertenecen a su Comunidad. La idea de organizaci�n se suma al control, incluso de las instituciones comunitarias o extracomunitarias, si el Inventario de Bienes refleja en cada momento la situaci�n patrimonial de la Comunidad. Podemos decir que este T�tulo Preliminar es el encabezamiento de todo el r�gimen que se desarrolla en los cuatro t�tulos posteriores, teniendo su plasmaci�n efectiva, como norma, en los preceptos desarrolladores de la Ley.

El T�tulo Primero est� compuesto de cuatro cap�tulos; en todos ellos se trata de configurar la estructura b�sica del patrimonio, sus preceptos ser�n aplicables en caso de laguna en el resto del articulado de la Ley, interpret�ndose arm�nicamente con la legislaci�n del Estado, cuya normativa b�sica tiene el car�cter de preeminente seg�n nuestro propio Estatuto. Tras determinar las prerrogativas de la Administraci�n denotamos que en las mismas van incluidas las de recuperaci�n, inspecci�n y deslinde de los bienes, ostentando la Comunidad las mismas prerrogativas que la Administraci�n del Estado, salvo la de ocupaci�n de los bienes vacantes o mostrencos al ser esta competencia exclusiva del Estado. Ante todo, y �ste es un principio que se desarrolla en el texto en casi todos sus preceptos, la seguridad jur�dica queda garantizada mediante la t�cnica del expediente administrativo, cuya m�xima garant�a es la audiencia de los interesados y la posibilidad del recurso. El cap�tulo segundo determina el r�gimen jur�dico de la explotaci�n y rendimiento de los bienes, dejando para sus t�tulos correspondientes las particularidades relativas al demanio o al patrimonial. El cap�tulo tercero trata de distinguir lo que es el r�gimen de afectaci�n, el de adscripci�n y el de expropiaci�n, determinando reglas espec�ficas para cada uno de ellos; regula, asimismo, el r�gimen de sucesi�n entre organismos y entidades, estableciendo en el art�culo 20 un precepto de car�cter competencial relativo a la Consejer�a de Econom�a y Hacienda. Finalmente, el cap�tulo cuarto establece todo un r�gimen de responsabilidades y sanciones sin concretar tipificadamente y remiti�ndose a un desarrollo posterior reglamentario en el que se deber�n fijar las conductas sancionables. Asimismo, se considera de mayor responsabilidad la infracci�n cometida por personas que tengan cierta relaci�n con la Comunidad, exigiendo a �stas un especial deber de diligencia en la custodia o tratamiento de los bienes comunitarios.

Razones de orden han aconsejado que la estructura de la Ley viniera determinada por un r�gimen general aplicable a todos los bienes y que por necesidades de la propia naturaleza jur�dica de las cosas se estableciera una regulaci�n espec�fica seg�n los bienes fueran patrimoniales o demaniales. Como ya se ha dicho, aunque la Ley regule el r�gimen del patrimonio, tambi�n regula el r�gimen del demanio, no obstante la importancia del primero, pues no cabe olvidar que �sta es su Ley y el dominio p�blico est� m�s influenciado y regulado por la legislaci�n administrativa estatal y especial; tiene su expresi�n en la Ley, puesto que el t�tulo dedicado a los bienes patrimoniales es el m�s extenso en articulado y contenidos del presente texto.

El T�tulo Segundo es el que se dedica al r�gimen jur�dico de los bienes patrimoniales. Est� dividido en cinco cap�tulos, que se refieren, respectivamente, a la adquisici�n; enajenaci�n, cesi�n y permuta; prescripci�n; utilizaci�n y aprovechamiento y adjudicaci�n de bienes y derechos. Este t�tulo es la consagraci�n a efectos patrimoniales del art�culo 36 del Estatuto de Autonom�a, pues establece la capacidad jur�dica de la Comunidad para adquirir, enajenar o poseer bienes y derechos.

El cap�tulo primero, que versa sobre adquisici�n de bienes para la Comunidad de Madrid, hace una divisi�n sistem�tica entre adquisici�n de bienes muebles e inmuebles, atribuyendo las competencias a la Consejer�a interesada, si se tratase de muebles, y a la de Econom�a y Hacienda, si fueren inmuebles, debiendo ser autorizadas por el Consejo de Gobierno en funci�n de las cuant�as de los bienes que se vayan a adquirir. Esta atribuci�n de competencias viene determinada en la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid, que defiere los l�mites competenciales, en funci�n de la cuant�a de los bienes, a la Ley de Presupuestos.

El cap�tulo segundo se dedica a la enajenaci�n, cesi�n y permuta de aquellos bienes y derechos que no sean necesarios para la Comunidad de Madrid. Se estructura su articulado de nuevo en bienes muebles e inmuebles, y se establecen las competencias seg�n el valor de los bienes. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1986 establece en el art�culo 28 los �rganos competentes para acordar la enajenaci�n seg�n la cuant�a. Ser� competencia del Consejero de Econom�a y Hacienda o de los Consejeros respectivos, en su caso la enajenaci�n de bienes de valor inferior a 25.000.000; del Consejo de Gobierno, los que superen esa cifra y no alcancen los 200.000.000, y de la Asamblea de Madrid si la sobrepasan. En cuanto a la enajenaci�n de obras de arte o de bienes de inter�s arqueol�gico, hist�rico o art�stico de la Comunidad se confieren competencias exclusivas al Consejo de Gobierno y a la Asamblea, en funci�n de sus l�mites cuantitativos, remiti�ndose la Ley en cuanto al procedimiento para llevar a cabo la enajenaci�n a lo dispuesto de forma preceptiva en la legislaci�n b�sica del Estado sobre patrimonio art�stico. Se establecen, asimismo, en la Ley la forma y condiciones para llevar a cabo la enajenaci�n de t�tulos representativos de capital de empresas mercantiles y de propiedades incorporales, as� como la permuta y cesi�n de bienes patrimoniales cuya afectaci�n demanial o aprovechamiento no se juzgue previsible.

El cap�tulo tercero se dedica a la prescripci�n tanto adquisitiva como extintiva, a favor y en contra de la Comunidad de Madrid.

El cap�tulo cuarto se refiere a la utilizaci�n y aprovechamiento de los bienes, que puede realizarse directamente por la Administraci�n de la Comunidad por medio de un ente institucional o por particulares, contempl�ndose en este �ltimo caso como procedimiento ordinario el concurso p�blico, y la concesi�n de pr�rrogas y la subrogaci�n, si el resultado de la explotaci�n hiciera aconsejable dichas medidas.

El cap�tulo quinto contempla la adjudicaci�n de bienes y derechos a la Comunidad, de especial relevancia en procedimientos judiciales o administrativos.

En las operaciones de tr�fico jur�dico indicadas en el T�tulo II rigen los principios de publicidad y concurrencia, para garant�a de la propia Comunidad y de los administrados, pero que admitir�n excepciones en determinados supuestos previstos en la Ley.

El T�tulo Tercero, que no tiene desarrollo por cap�tulos, va referido al r�gimen de los bienes de dominio p�blico, estableciendo las reglas generales sobre su utilizaci�n y aprovechamiento por las t�cnicas propias del Derecho administrativo: la concesi�n y autorizaci�n. Al mismo tiempo, reitera la necesidad del expediente administrativo y se preocupa, ante todo, de la seguridad jur�dica y la defensa de los derechos adquiridos del ciudadano por el uso de los bienes demaniales, siempre y cuando no perjudiquen la esencia del bien.

Por �ltimo, el T�tulo Cuarto, en consonancia con las normas establecidas en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administraci�n Institucional de la Comunidad de Madrid, se preocupa de establecer un r�gimen homog�neo y transparente en la administraci�n del patrimonio de dichas entidades cuando el mismo deviene de la adscripci�n de un bien del patrimonio comunitario, as� como un r�gimen de control en la adquisici�n y enajenaci�n de su propio patrimonio cuando la Comunidad Aut�noma no interviene, asegurando, en todo caso, la independencia de su actuaci�n y la no intervenci�n e su actuaci�n leg�tima para el cumplimiento de los fines para los que fueron creados. Por �ltimo, el art�culo 56 de la Ley prev� la incorporaci�n de dichos bienes al patrimonio de la Comunidad en los supuestos de extinci�n del Organismo Aut�nomo o cuando ya no fuesen necesarios para el cumplimiento de sus respectivas finalidades estatutarias.

En definitiva, los cinco t�tulos y art�culos en que se desarrolla la Ley se completan con siete disposiciones adicionales, una derogatoria y una final que permiten establecer el esquema legislativo patrimonial de la Comunidad, haci�ndolo homog�neo y efectivo, que, en definitiva, es lo que pretende la presente Ley.