Sumario

Exposición de motivos

El artículo 43.3 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos el fomento de la educación física y el deporte, así como facilitar la adecuada utilización del ocio.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia exclusiva en materia de promoción del deporte y adecuada utilización del ocio, según establece el artículo 10.Uno.17 de su Estatuto de Autonomía.

Dentro del marco de tales competencias se dictó la Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia, cuyo Título V aborda la regulación de la estructura asociativa del deporte en la Región de Murcia distinguiendo entre federaciones, clubes, sociedades anónimas deportivas y entidades de promoción y recreación deportiva, definidas todas ellas como asociaciones de carácter privado que, inscritas como tales en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tengan por objeto exclusivo o principal el fomento, el desarrollo y la práctica por parte de sus asociados de actividades deportivas o de una o varias modalidades o especialidades deportivas.

El Título VI crea dicho Registro, al que podrán acceder las entidades deportivas enumeradas en el párrafo anterior para su reconocimiento oficial a los efectos previstos en la citada Ley y cuya inscripción constituye requisito indispensable para acceder al régimen de ayudas y subvenciones que establezca la Comunidad Autónoma.

La Disposición Transitoria Quinta de dicha Ley establece un régimen transitorio en la materia señalando que en tanto no se dictan las disposiciones pertinentes para la nueva organización y funcionamiento de dicho Registro, sus funciones serán desempeñadas con arreglo al Decreto 47/1983, de 1 de julio, por el que se crea el Registro de Clubes y Asociaciones Deportivas de la Región de Murcia.

El citado Decreto es una norma anterior a la vigente Ley 2/2000, que ha quedado obsoleta a la vista de los importantes cambios que se han sucedido en el sector deportivo en las dos últimas décadas, habiéndose incrementado el número de entidades deportivas cuya estructura y organización demandan una regulación acorde con la complejidad de las asociaciones deportivas actuales.

Tal situación se ha encontrado con un vacío normativo en cuanto al régimen de funcionamiento y la organización del referido Registro, que se ha venido supliendo hasta hoy, con la práctica desarrollada y el recurso a la escasa normativa autonómica.

Dada la importancia que para las entidades deportivas supone acceder al citado Registro y la insuficiencia normativa en la materia, se hace necesaria la promulgación de la presente norma que pretende desarrollar el régimen jurídico establecido en la materia por la Ley y regular los procedimientos regístrales que han de llevarse a cabo para proceder a la inscripción de las entidades deportivas en el Registro.

El Decreto se estructura en dos Títulos, el segundo de los cuales se divide en dos Capítulos, estructurados en un total de 20 artículos, una Disposición Adicional, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.

El Título I recoge las disposiciones generales referidas al Registro en sí tales como su naturaleza, su organización o el acceso al mismo por los interesados.

En el Capítulo Primero del Título Segundo se establece un procedimiento único y común de inscripción de los distintos actos a que se refiere el artículo 59 de la citada Ley 2/2000, mientras que el Capítulo Segundo se dedica a señalar las peculiaridades en cuanto a documentación a presentar según el acto que vaya a ser objeto de inscripción

Además, de la habilitación genérica que establece la Disposición Final Segunda de la Ley al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de la misma, el propio artículo 56 que crea el Registro, remite la regulación del funcionamiento del mismo a la vía reglamentaria.

En su virtud, a iniciativa y propuesta del Consejero de Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 52 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y del art. 16.2 de la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y previa aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de octubre de 2006,

Dispongo