Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Regi髇 de Murcia

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Sumario

El Presidente de la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi髇 de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Regi髇 de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del art韈ulo 30. Dos, del Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente Ley:

Pre醡bulo

I

El Estatuto de Autonom韆 de la Regi髇 de Murcia expresa nuestra identidad regional, define nuestras instituciones y las funciones que nos corresponden. Su aprobaci髇 por Ley Org醤ica 4/1982, de 9 de Junio marca un hito en la evoluci髇 hist髍ica de este territorio y de su poblaci髇, alcanzando la pr醕tica totalidad de las competencias, que por el mismo nos vienen asignadas, tras sucesivas reformas, con la aprobaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1998 de 15 de junio, por la que se ampl韆 la capacidad de autogobierno de nuestras instituciones, por lo que, desarrollada y madura nuestra experiencia auton髆ica, procede la actualizaci髇 de la normativa de aplicaci髇, tanto al Gobierno de la Regi髇, como a la organizaci髇 y el r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Murcia.

El art韈ulo 1, apartado 2.�, de nuestro Estatuto de Autonom韆, indica que la Comunidad Aut髇oma asume el Gobierno y la Administraci髇 P鷅lica de la Regi髇 de Murcia, diferenciando as�, los 髍ganos institucionales b醩icos de la Comunidad y la Administraci髇 p鷅lica regional.

Los primeros est醤 integrados por la Asamblea Regional, que ejerce el poder Legislativo y el Gobierno de Murcia -o poder Ejecutivo- constituido por el Presidente y el Consejo de Gobierno (art韈ulo 20 EAMU). Por su parte, la Administraci髇 p鷅lica regional, puede ser definida como aquella organizaci髇 personificada, t閏nica y profesional que asume la realizaci髇 instrumental de los intereses p鷅licos, la cual se crea, estructura y dirige por el Gobierno regional, dentro de los principios generales y normas b醩icas del Estado (art韈ulo 51 EAMU).

La distinci髇 entre Gobierno auton髆ico y Administraci髇 p鷅lica regional no es meramente conceptual o funcional, sino que viene resaltada en el propio Estatuto de Autonom韆, en cuanto que 閟te establece un r間imen legal distinto, seg鷑 se trate de uno o de otra, requiriendo que los preceptos legales que hacen referencia a la regulaci髇 del Presidente y del Consejo de Gobierno sean aprobados, en la Asamblea Regional, por mayor韆 cualificada, bastando la mayor韆 simple para regular el r間imen jur韉ico y la organizaci髇 administrativa de la Comunidad Aut髇oma (art韈ulos 31.5, 32.4, 33.1 y 52 del EAMU).

Por tanto, estatutariamente, la regulaci髇 de las instituciones b醩icas del Ejecutivo murciano, se caracteriza por una amplia autonom韆, necesidad de consenso y estabilidad, en tanto que, cuanto concierne a la organizaci髇 y r間imen jur韉ico de la Administraci髇 p鷅lica regional, puede efectuarse por una ley ordinaria, lo que permite una adaptaci髇 m醩 sencilla a las diferentes coyunturas sociales, econ髆icas y pol韙icas, as� como a los cambios de la normativa b醩ica estatal que pudieran afectarle.

La hasta ahora vigente Ley 1/1988, de 7 de enero, re鷑e, en un s髄o texto, la regulaci髇 del Gobierno y la de la Administraci髇 regional, respondiendo a un 玬odelo unitario�, en tanto que, planteada la necesidad de su reforma, las consideraciones efectuadas en el apartado anterior, de alg鷑 modo conducen, a que se avance hacia un 玬odelo legal dual� en el que ambos aspectos se traten por separado, modelo que tiene su equivalente en muchos otros reg韒enes auton髆icos y en la legislaci髇 del Estado, que lo ha plasmado, respectivamente, en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado.

De acuerdo con la alternativa que se propone, se procede, pues, en este texto, a revisar los actuales t韙ulos I, II y III, de la Ley 1/1988, haci閚dose referencia en el mismo a los 髍ganos institucionales b醩icos de la Comunidad Aut髇oma de Murcia, que son los que obtienen la confianza en la Asamblea Regional, ejercen la funci髇 ejecutiva, el gobierno de la Regi髇, la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, estando configurada esta regulaci髇 bajo tres principios inspiradores: el de direcci髇 presidencial, que otorga al Presidente de la Comunidad Aut髇oma la competencia para determinar las directrices pol韙icas que deber� seguir el Gobierno regional; el de colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Gobierno y, por 鷏timo, el principio departamental, que otorga al titular de cada departamento una amplia autonom韆 y responsabilidad en el 醡bito de su respectiva gesti髇.

Se mencionan, asimismo, los 髍ganos, que con car醕ter externo al Ejecutivo regional, prestan apoyo directo al Presidente, al Consejo de Gobierno y a los consejeros, aspecto 閟te que tiene como precedente la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, estatal del Gobierno, en cuyo t韙ulo I, cap韙ulo segundo, se regulan los que, en tal concepto, vienen a colaborar con el Gobierno de la Naci髇, dedicando los t韙ulos IV y V, respectivamente, a las relaciones entre el Ejecutivo regional y la Asamblea Regional.

II

El Proyecto se estructura en un t韙ulo preliminar, cinco t韙ulos, tres disposiciones adicionales, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar se limita a regular el objeto de la norma, con referencia expresa a las dos instituciones estatutarias reguladas, esto es, el Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Murcia y el Consejo de Gobierno; el procedimiento para exigir la responsabilidad pol韙ica y las relaciones entre la Asamblea Regional y el Gobierno de la Regi髇 de Murcia.

El t韙ulo I regula la instituci髇 del Presidente de la Comunidad Aut髇oma, en su m醩 amplia acepci髇, recogida en el art韈ulo 31 del EAMU, que engloba, junto a las atribuciones correspondientes a la m醩 alta representaci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Murcia, las representativas del Estado en el 醡bito de la Regi髇 y las de naturaleza ejecutiva, incluy閚dose tambi閚, en el articulado del mismo, el proceso de elecci髇 del Presidente y su Estatuto Personal.

Es de destacar que, en este t韙ulo, se ampl韆n, respecto de la ley anterior, algunas de las atribuciones del Presidente, otorg醤dole las de creaci髇, modificaci髇 o supresi髇 de las consejer韆s en cualquier momento de su mandato y no solamente al principio del mismo, as� como la de fijar el orden de precedencia entre las mismas, facultades que actualmente se atribuyen al Consejo de Gobierno.

Estas nuevas determinaciones tienen importantes consecuencias, tanto de car醕ter general, como en aspectos concretos, como se refleja en el modo en que se regula la suplencia del Presidente en los supuestos ordinarios de ausencia o en los de enfermedad, cuando 閟ta no determine incapacidad temporal, situaci髇 distinta a la de suspensi髇, a la que se hace referencia en el p醨rafo siguiente.

La situaci髇 excepcional de suspensi髇 del Presidente por causa de incapacidad temporal conlleva la posibilidad de que se designe un presidente interino, por un periodo m醲imo de cinco meses. En este caso, las facultades de nombramiento del mismo, que en el art韈ulo 8 del texto vigente se atribuyen al Consejo de Gobierno, se trasladan a la Asamblea Regional, en analog韆 con lo dispuesto en el art韈ulo 31 del Estatuto de Autonom韆, habida cuenta de que es el Presidente de la Comunidad Aut髇oma, y no los restantes miembros del Consejo de Gobierno, el que debe recibir la confianza de la Asamblea, confianza con la que parece que tambi閚 deba contar quien le sustituya interinamente.

Se hace referencia, tambi閚, a la facultad del Presidente de la Comunidad Aut髇oma de disolver anticipadamente la Asamblea Regional, que le ha sido atribuida como consecuencia de la modificaci髇 del art韈ulo 27 del EARM por Ley Org醤ica 1/1998 de 15 de Junio.

Respecto de los 髍ganos de apoyo directo de la Presidencia de la Comunidad Aut髇oma, (y a la Vicepresidencia, en su caso,) se ha partido de la conveniencia de dotar a la misma de dos 髍ganos de asistencia pol韙ica y t閏nica que faciliten su actuaci髇, de acuerdo con las exigencias de una organizaci髇 administrativa moderna, ya que la insuficiencia de estructuras pol韙ico administrativas destinadas exclusivamente a la asistencia inmediata al Presidente, puede impedir que 閟te desarrolle con eficacia los altos cometidos que le incumben. Dichos 髍ganos deben atender, de una parte, a la dimensi髇 interna de sus funciones, lo que supone encomendarles la canalizaci髇 y sistematizaci髇 del flujo de informaci髇 que dimana, constantemente, desde la propia Administraci髇 regional hacia la Presidencia, y de otra, a la dimensi髇 externa de la actividad del Presidente, lo que requiere facilitarle la organizaci髇 de los actos p鷅licos en los que 閟te participe, as� como cuanto derive de sus necesarias relaciones con la sociedad civil y las personas y entidades que la representan en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma.

El t韙ulo II trata del Consejo de Gobierno, no s髄o en su consideraci髇 de 髍gano colegiado de car醕ter pol韙ico que, con su Presidente, encarna, esencialmente, al poder Ejecutivo de la Comunidad Aut髇oma, sino tambi閚 en cuanto es el 髍gano superior de la Administraci髇 p鷅lica regional que de 閘 depende. Por ello, se enumeran con una nueva sistem醫ica, las atribuciones del Consejo de Gobierno, bajo esta doble perspectiva, ampliando las que figuran en el texto vigente y modificando alguna de las existentes. En cuanto a su composici髇, el Consejo de Gobierno esta integrado, por el Presidente y los consejeros, como 髍ganos de car醕ter necesario y por el Vicepresidente, en su caso, por lo que se configura como 髍gano de car醕ter disponible, ya que su existencia depende de la voluntad del Presidente.

Se destaca en este proyecto que ya no se establece, como en la ley vigente, un l韒ite m醲imo de consejeros con responsabilidad ejecutiva, al haberse suprimido dicho l韒ite de acuerdo con la 鷏tima reforma del Estatuto de Autonom韆.

Asimismo, se precisa mejor la figura del Secretario del Consejo de Gobierno, se incluye la previsi髇 de la actuaci髇 que corresponde a un Consejo de Gobierno en funciones, inexistente en la normativa vigente, y se recoge la regulaci髇 de las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno.

Como 髍gano de apoyo al Consejo de Gobierno se establece una 鷑ica Comisi髇 de Secretarios Generales, frente a lo establecido en la ley vigente, que, en su art韈ulo 29, admite la posibilidad de que se puedan crear varias, consider醤dola, adem醩, como un 髍gano de car醕ter necesario, (no potestativo, como en la ley actual), al que se encomienda, como funci髇 esencial, el estudio y la preparaci髇 de las sesiones del Consejo de Gobierno, al que tambi閚 se asignan otras funciones complementarias, tales como la de intervenir en el procedimiento de elaboraci髇 de los anteproyectos de ley, antes del tr醡ite de su primera lectura por el Consejo de Gobierno, elevando propuesta al mismo en relaci髇 con los informes y dict醡enes que deban evacuarse, o la facultad de adoptar criterios de car醕ter homog閚eo sobre materias que sean de la competencia com鷑 de dos o m醩 consejer韆s y que no corresponda resolver al Consejo de Gobierno o a sus comisiones delegadas.

Se atribuye la Presidencia de esta Comisi髇 al miembro del Consejo de Gobierno que, por decisi髇 del Presidente, ostente la Secretar韆 del mismo, lo que permite que dicha designaci髇 recaiga en el Vicepresidente, si lo hubiere, o en un Consejero, en aras a la mayor eficacia posible en el funcionamiento de este 髍gano, dada la proximidad entre las sesiones de la Comisi髇 y las del Consejo de Gobierno y la inmediata conformaci髇, tras su celebraci髇, del orden del d韆 del Consejo, en cuyos 蚽dices se reflejan las incidencias de aquella, as� como la previsi髇 de una Presidencia estable, aun en los supuestos en que no exista Vicepresidente.

El t韙ulo III, contiene la regulaci髇 del Estatuto Personal y atribuciones del Vicepresidente, y de los consejeros, debi閚dose precisar que se incluyen, en esta Ley 鷑icamente, sus funciones en cuanto miembros del Consejo de Gobierno, dejando la regulaci髇 de las competencias que se les deben atribuir, como titulares de las Consejer韆s, para la Ley de Organizaci髇, Funcionamiento y R間imen Jur韉ico.

En la regulaci髇 de los 髍ganos que integran el Gobierno regional, si bien la presente Ley recoge, por imperativo de las previsiones contenidas en los art韈ulos 31.5 y 33.1 del Estatuto de Autonom韆, la referencia al r間imen de incompatibilidades del Presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno, en cuanto que esta materia afecta a su respectivo estatuto personal, su regulaci髇 pormenorizada se remite a la normativa espec韋ica en la materia, al igual que lo hace el Estado, en el art韈ulo 14 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dado que, como su propia denominaci髇 indica, el Estatuto Regional de la Actividad Pol韙ica, est� concebido como una norma integradora, aplicable tanto a los miembros del poder Legislativo como a los que forman parte del Ejecutivo regional, incluyendo en su 醡bito subjetivo, que se recoge en su art韈ulo 2, junto al Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno, a los altos cargos de la Administraci髇 regional, al considerar que el concepto de actividad pol韙ica debe situarse desde la perspectiva general, que sit鷄, tanto a los 髍ganos institucionales b醩icos como a los 髍ganos directivos de la Administraci髇, al servicio a la Comunidad Aut髇oma, entendida como unidad pol韙ica.

Por ello, separar, mediante esta Ley, el r間imen de unos y otros, conllevar韆 la derogaci髇 de la Ley 5/1994, al desconectarla de sus principios inspiradores, como son el de la transparencia de la actividad pol韙ica y el de confianza entre los ciudadanos y quienes, ya formando parte del entramado institucional b醩ico, ya como titulares de 髍ganos directivos, ejercen dicha actividad.

En consecuencia, se ha optado por mantener la vigencia del Estatuto Regional de la Actividad Pol韙ica, dando, 鷑icamente, nueva redacci髇 a alguno de sus preceptos, para ajustar su contenido, en lo posible, a los criterios de la normativa estatal en la materia.

El t韙ulo IV se ocupa de una cuesti髇 esencial, como son las relaciones del Presidente y del Consejo de Gobierno con la Asamblea Regional, 髍gano que representa al pueblo de la Comunidad Aut髇oma, y que es el que otorga su confianza al Presidente para gobernar; el impulso, por aquella, de la acci髇 pol韙ica y de gobierno, y la responsabilidad pol韙ica del Presidente y del Consejo de Gobierno, que es exigible ante ella, introduci閚dose, en este texto, las reformas necesarias para hacerlo concordante, tanto con la 鷏tima modificaci髇 del EAMU, como con la regulaci髇 contenida en la nueva redacci髇 del Reglamento de la Asamblea.

El t韙ulo V se refiere a la iniciativa legislativa, la legislaci髇 delegada y la potestad reglamentaria, siendo el tratamiento de estas cuestiones, otra de las principales innovaciones del texto, que viene a cubrir un vac韔 normativo que obligaba a acudir a la suplencia del derecho estatal, dado que no existe en la ley vigente precepto alguno sobre las potestades normativas del Consejo de Gobierno.

En lo que respecta a la potestad reglamentaria, su tratamiento se funda en los siguientes principios generales:

• a) Principio de reserva de ley.
• b) Principio de jerarqu韆 normativa o subordinaci髇 del reglamento a la ley y a las normas de rango superior.
• c) Principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que preserva a estos frente a los meros actos administrativos del Consejo de Gobierno.
• d) Exclusi髇 expresa del ejercicio de esta potestad, para la innovaci髇 sustantiva en las materias penal, sancionadora y tributaria.

Tambi閚 merece destacarse que, siguiendo la pauta marcada por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, estatal del Gobierno, la Ley se acoge, en esta materia, a la interpretaci髇 estricta del art韈ulo 97 de la Constituci髇, interpretaci髇 que, en el momento actual, no ofrece dudas, debido a la ya s髄ida doctrina, emanada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, reflejada tambi閚 en numerosos dict醡enes del Consejo Jur韉ico de la Regi髇 de Murcia, que atribuye, en exclusiva, dicha potestad reglamentaria, al Consejo de Gobierno, siendo de naturaleza indelegable, de modo que los consejeros, solamente podr醤 ejercitarla, en materias organizativas de 醡bito interno de sus respectivos departamentos, y en los casos en que 閟ta se les atribuya espec韋icamente, mediante disposici髇 de rango legal, en materias de su 醡bito competencial.

El t韙ulo se cierra con un art韈ulo relativo a diversas formas de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido tanto en la Constituci髇 como en el Estatuto de Autonom韆 de la Regi髇 de Murcia.

En el texto se incluyen tambi閚, tres disposiciones adicionales, la primera de las cuales recoge el mandato contenido en los art韈ulos 31.5, 32.4 y 33.1 para regular, mediante ley aprobada por mayor韆 absoluta de la C醡ara, cuanto concierne al Estatuto Personal del Presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno y sus relaciones con la Asamblea Regional.

En la disposici髇 adicional segunda se modifican, algunos de los preceptos del Estatuto Regional de la Actividad Pol韙ica, en aras a una mejor delimitaci髇 del 醡bito subjetivo de la ley, as� como a efectos de adecuar, en lo posible, los criterios de la normativa regional con los fijados por la estatal en la materia, al haberse aprobado nuestro Estatuto de la Actividad Pol韙ica con anterioridad a la Ley 11/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Naci髇 y de los Altos Cargos de la Administraci髇 General del Estado.

La disposici髇 adicional tercera hace referencia al Consejo Jur韉ico como 髍gano superior consultivo de la Regi髇 de Murcia, garantizando su autonom韆 de organizaci髇 y funcionamiento, de conformidad con la normativa que le es de aplicaci髇.

La disposici髇 derogatoria clarifica el r間imen de las disposiciones regionales afectadas por esta norma.

Por 鷏timo, la disposici髇 final primera faculta al Consejo de Gobierno para su desarrollo reglamentario y la segunda hace referencia a la entrada en vigor de la norma.