Sumario

Norma afectada por

BOPV 6 Mayo 2009. Correcci髇 de errores de Ley 4/2008 de 19 Jun. CA Pa韘 Vasco (reconocimiento y reparaci髇 a las v韈timas del terrorismo)

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente ley:

Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparaci髇 a las V韈timas del Terrorismo

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

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Cada vez es m醩 evidente entre nosotros la consideraci髇 del terrorismo como una de las mayores lacras que sufre y soporta nuestra sociedad. A buen seguro no somos a鷑 plenamente conscientes del profundo da駉 que dicho fen髆eno ha generado y genera en el devenir de la ciudadan韆 vasca como colectividad. Una perspectiva hist髍ica m醩 amplia tal vez nos permita en un futuro valorar, en toda su extensi髇 y con todo su alcance, la negativa repercusi髇 que la violencia terrorista de ETA fundamentalmente, aunque tambi閚 la del GAL y grupos de extrema derecha, estos 鷏timos afortunadamente desaparecidos hoy en d韆, ha tenido y tiene en el desarrollo de nuestras relaciones sociales, de nuestra econom韆, de nuestro progreso cultural y lingstico; de nuestra convivencia, en definitiva.

Conocemos, eso s�, un alcance inmediato y directo de esta tragedia: el inmenso dolor y sufrimiento provocado por los asesinatos, las amenazas, los secuestros, las extorsiones y los chantajes. Las v韈timas del terrorismo y sus familiares y allegados son la expresi髇 personal y cercana de esta consecuencia. Constituyen, lamentablemente, el grupo de nuestra sociedad, espec韋ica y calculadamente elegido, que ha pagado en sus carnes y en sus almas el tributo del terror y el fanatismo.

Las acciones de ETA no son casuales, ni sus objetivos y estrategias son fruto del azar o la improvisaci髇. Ante la imposibilidad de establecer por v韆s pac韋icas su proyecto totalitario y excluyente, pretenden imponerlo a trav閟 del ejercicio de la violencia terrorista, utilizando la sangre de personas inocentes, las v韈timas, para aterrorizar al conjunto de la ciudadan韆 buscando su desistimiento.

Afortunadamente, en los 鷏timos a駉s se ha producido una reacci髇 ciudadana que ha ido teniendo un paulatino reflejo a nivel institucional y que ha dado lugar tanto a la aprobaci髇 de medidas asistenciales como al reconocimiento y homenaje p鷅lico; tambi閚 a la aprobaci髇 de textos base para encarar el futuro, como la proposici髇 no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco en junio de 2003, o la aprobada en febrero de 2005, en la que se mandata al Gobierno a presentar este proyecto de ley.

As�, en Euskadi, tanto el Gobierno como el Parlamento han afirmado con rotundidad y solemnidad que el futuro de nuestra convivencia deber� ser construido ineludiblemente sobre la memoria a las v韈timas. Queremos recordar a quienes m醩 han sufrido para que la historia, nuestra historia, no se repita. El reconocimiento a las v韈timas del terrorismo es, en consecuencia, no solo un acto de justicia sino la expresi髇 sincera de una sociedad que no quiere revivir nunca m醩 el sufrimiento injusto que aquellas han padecido.

Para una sociedad como la vasca, que quiere reivindicar los m醩 elementales principios 閠icos como criterios b醩icos que regulen su convivencia, la solidaridad con los afectados por el terrorismo se erige en una obligaci髇 inexcusable e inaplazable que los poderes p鷅licos han de traducir en medidas concretas que expresen el sentimiento de reconocimiento, reparaci髇 y justicia debido a las v韈timas, eliminando de forma coherente y efectiva los agravios sufridos. Estas medidas tratan igualmente de compensar, en la medida de lo posible, los olvidos, la invisibilidad y la incomprensi髇 que las v韈timas del terrorismo han sentido y sufrido durante muchos a駉s, sin olvidar las situaciones generadas por actos como los de exaltaci髇 p鷅lica de aquellos que fueron sus victimarios.

En este sentido, la Administraci髇 auton髆ica vasca ya reaccion� hace a駉s adoptando las primeras medidas conducentes a paliar, en la medida de lo posible, los efectos del terrorismo. As�, la primera regulaci髇 de un programa de ayudas a las v韈timas del terrorismo se recogi� en el Decreto 221/1988, de 4 de agosto. Esta normativa fue modificada en 1991, 1993 y 1995; en 2000 se sustituy� por el Decreto 107/2000, de 13 de junio, y en 2002, este 鷏timo decreto fue reemplazado por el actualmente vigente Decreto 214/2002, de 24 de septiembre (modificado por el Decreto 313/2002, de 30 de diciembre). Esta 鷏tima normativa de ayudas introdujo nuevos aspectos de tutela y aument� significativamente los niveles de protecci髇. En este sentido, introdujo l韓eas de ayuda tendentes a una efectiva inserci髇 laboral de las v韈timas que lo precisen; se instrumentaron v韆s de satisfacci髇 de las necesidades especiales de las v韈timas en materia de vivienda; se ampliaron las ayudas en el 醡bito educativo y se incrementaron las cuant韆s indemnizatorias para garantizar una sustancial reparaci髇 del da駉 econ髆ico infligido a la v韈tima.

La experiencia de varios a駉s en la aplicaci髇 de este programa, pese a considerarse razonablemente satisfactoria, aconsejaba una revisi髇 que la perfeccionara y corrigiera desajustes detectados. Adem醩, el creciente grado de concienciaci髇 de la propia sociedad respecto a la necesidad de concretar la solidaridad hacia las v韈timas del terrorismo con la adopci髇 de medidas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida cotidiana, hac韆n aconsejable la revisi髇 del programa con criterio extensivo y exhaustivo.

Este estado de opini髇 qued� reflejado en los acuerdos parlamentarios ya mencionados anteriormente y en el compromiso de su traslaci髇 a un texto legal por el Gobierno Vasco, que recog韆 este reto y asum韆 la tarea de su materializaci髇. As�, esta ley no supone 鷑icamente cumplimiento de los compromisos adquiridos ante las v韈timas del terrorismo sino tambi閚 ante la propia ciudadan韆 vasca.

Esta ley supone un paso m醩 en ese camino emprendido. Se trata de una ley que, al tiempo que perfecciona la prestaciones concedidas por la Administraci髇, supone, como ha quedado manifestado, una expresi髇 profunda y sincera del sentido homenaje que merece el sufrimiento padecido por las v韈timas del terrorismo y sus respuestas alejadas siempre de la tentaci髇 de tomarse la justicia por su mano.

La ley tiene una doble dimensi髇. Por un lado, una parte de la misma hace referencia a las cuestiones estrictamente materiales o asistenciales y es donde se despliega el cat醠ogo de medidas sistematizadas que han de permitir dar respuesta a numerosos problemas relacionados con la vida cotidiana de las v韈timas del terrorismo. Pero, por otro, y como aspecto m醩 novedoso, se incorpora una parte que trata de compendiar los principios generales que informan el conjunto de derechos de estas v韈timas desde una perspectiva 閠ica y pol韙ica.

Para el desarrollo de esta segunda dimensi髇 de la ley, plasmada en su t韙ulo II, se han tomado como fuente de inspiraci髇 documentos internacionales, de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Uni髇 Europea, sobre la protecci髇 de las v韈timas ante violaciones graves y sistem醫icas de derechos humanos.

La pr醕tica y la jurisprudencia internacional y comparada han demostrado claramente que puede haber violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por grupos privados que act鷄n al margen del Estado, al igual que, en ocasiones, se ha demostrado que algunos de estos grupos privados pueden actuar con el asentimiento del propio Estado o de sectores del mismo.

En el caso vasco, estamos ante varias d閏adas de violencia terrorista, con casi un millar de personas asesinadas; violaciones constantes de derechos esenciales como la vida, la integridad f韘ica o ps韖uica, la libertad de expresi髇 o la seguridad personal. Podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistem醫icas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL.

En este sentido, no se trata de llevar a cabo una transposici髇 al Derecho interno de normas de car醕ter internacional, sino tan solo de reconocer la conexi髇 interpretativa y doctrinal de las disposiciones recogidas fundamentalmente en el mencionado t韙ulo II del texto legal.

Una de las consecuencias claras y evidentes de esta inspiraci髇 se refleja en la definici髇 de derechos de las v韈timas. No es balad� que la presente ley trate a las v韈timas del terrorismo como sujetos de derechos, aunque el contenido de estos sea esencialmente program醫ico. Y as� se enuncia precisamente el mencionado t韙ulo II.

Acogiendo las referencias de los instrumentos internacionales en la materia, afirmamos que los derechos de las v韈timas que se originan ante violaciones graves y sistem醫icas de derechos humanos reposan sobre tres pilares b醩icos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparaci髇. En nuestro caso consideramos igualmente b醩ico incorporar el derecho a la memoria, confiriendo singular relevancia a la significaci髇 pol韙ica de las v韈timas. A ellos se a馻de la dignidad, agregando el derecho a la paz, la libertad y la convivencia como otro de los pilares referenciales de los derechos de las v韈timas del terrorismo, estos compartidos con toda la ciudadan韆.

Todos estos derechos de naturaleza fundamentalmente program醫ica son ordenados por la ley en funci髇 de su destinatario, a馻diendo en cada uno de ellos una serie de actuaciones que concreten el derecho enunciado. En primer lugar, los derechos de las v韈timas: la justicia, la dignidad, el reconocimiento y la reparaci髇. En segundo lugar, los derechos compartidos por las v韈timas y el conjunto de la sociedad: la verdad y la memoria y su significaci髇 pol韙ica. Y, en tercer lugar, los derechos del conjunto de la ciudadan韆 vasca: la paz, la libertad y la convivencia.

En s韓tesis, se trata de partir de la verdad y la memoria, estableciendo qu� ha pasado y pasa, y por qu� ha pasado y sigue pasando. Y, desde ese conocimiento y significado de lo ocurrido, reconocer los sufrimientos de diversa 韓dole que han sufrido las v韈timas, as� como sus necesidades tambi閚 diversas, para instaurar un sistema de reparaci髇 y asistencia integral que trate de paliarlos en la medida de lo posible, tanto en el plano material como moral.

Es preciso destacar en este punto que con esta doble dimensi髇 recogida en la ley viene a cumplirse de una manera m醩 completa y sistem醫ica uno de los acuerdos incluidos en el dictamen aprobado por el Parlamento Vasco en febrero de 2005. Se trata en particular del apartado b) de su punto 4, que recog韆 el compromiso de 玶edacci髇, aprobaci髇 y difusi髇 de una declaraci髇 pol韙ica de derechos de las v韈timas del terrorismo, sobre la base de declaraciones internacionales en esta materia y de las aportaciones recogidas por la ponencia parlamentaria�.

Centr醤donos en el contenido de la ley, podemos analizar los distintos apartados que la componen.

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El t韙ulo I recoge, como es habitual, unas disposiciones de car醕ter general relativas al objeto de la norma legal y su 醡bito de aplicaci髇.

El art韈ulo 2 en su apartado 1 establece el 醡bito de aplicaci髇 de la ley con una renuncia expresa a definir el concepto de terrorismo o de v韈tima del terrorismo, optando por una definici髇 m醩 pr醕tica de 玴ersonas a las que ser� de aplicaci髇 lo establecido en la presente ley�.

Esta opci髇 legislativa pretende poder acoger en el 醡bito de la ley el mayor n鷐ero de supuestos posibles de v韈timas de acciones terroristas, sean o no cometidas por personas integradas en grupos as� calificados. Obviamente, existe una s髄ida doctrina jurisprudencial en apoyo de este criterio.

El concepto de terrorismo es, efectivamente, de dif韈il comprensi髇; no obstante, podemos analizar la evoluci髇 de dicho concepto con relaci髇 a la legislaci髇 penal y administrativa de ayudas a las v韈timas.

En un primer momento, la delimitaci髇 de los delitos de terrorismo atend韆 a los siguientes elementos:

• a) f醕tico: deb韆 tratarse de determinados tipos de il韈itos (homicidio, lesiones, etc閠era), cualificados por el resto de las circunstancias concurrentes;
• b) medial: los delitos de terrorismo se vinculaban al empleo de determinados medios;
• c) estructural o de organizaci髇: bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, y
• d) teleol骻ico: finalidad espec韋ica de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz p鷅lica.

El Tribunal Constitucional vino a interpretar restrictivamente el concepto de 玝andas armadas� en conexi髇, en su trascendencia y alcance, con el de 玡lementos terroristas�, considerando que hac韆 referencia no s髄o a la nota de permanencia y estabilidad del grupo, y a su car醕ter armado (con armas de defensa o de guerra, y tambi閚 con sustancias o aparatos explosivos), sino tambi閚 a su entidad suficiente para producir un terror en la sociedad y un rechazo de la colectividad, por su gran incidencia en la seguridad ciudadana, que supusiera as� tambi閚 un ataque al conjunto de la sociedad democr醫ica. Ser韆 caracter韘tico de la actividad terrorista el prop髎ito, o en todo caso el efecto, de difundir una situaci髇 de alarma o de inseguridad social como consecuencia del car醕ter sistem醫ico, reiterado, y muy frecuentemente indiscriminado, de esta actividad delictiva.

El eco de la legislaci髇 penal hac韆 que por aquellas fechas se identificase a las v韈timas del terrorismo con las v韈timas de los delitos de terrorismo configurados como tales en el C骴igo Penal. Lo cual obligaba a dejar fuera del r間imen de ayudas casos en los que la investigaci髇 penal no era concluyente sobre si la autor韆 del hecho da駉so correspond韆 a una banda armada organizada con fines terroristas.

Dado que las ayudas administrativas se anticipaban a las condenas penales, la normativa de ayudas exig韆 un certificado policial sobre el car醕ter terrorista de los da駉s, lo cual en muchos casos se sustentaba en meras presunciones. En todo caso, resulta administrativamente poco claro que se puede certificar algo semejante. La acci髇 de certificaci髇 implica hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe p鷅lica o atribuci髇 para ello. Emitir un juicio sobre una calificaci髇 jur韉ica (si existe un delito de terrorismo) no es propio de la acci髇 certificadora en sentido estricto.

El incremento en la producci髇 de da駉s materiales fruto de sabotajes, desordenes p鷅licos o vandalismo con finalidad pol韙ica provoc� en los a駉s noventa, por un lado, la progresiva extensi髇 de la cobertura de los programas de ayudas a las v韈timas del terrorismo a tales supuestos, aun cuando no constara que detr醩 de los da駉s se encontrase una banda armada organizada de car醕ter terrorista.

Por su parte, el C骴igo Penal de 1995 (reforzado por la reforma del a駉 2000) acarrea la novedad del art韈ulo 577, que contempla, dentro del cap韙ulo dedicado a los delitos de terrorismo, los casos de ejercicio de violencia pol韙ica no organizada, tambi閚 denominados en la doctrina 玹errorismo individual�, es decir, aquellos supuestos en los que no es preciso pertenecer o estar integrado en una banda armada, organizaci髇 o grupo terrorista para ser calificado como terrorista, sino que es suficiente con cometer determinadas acciones delictivas (homicidio, lesiones, incendios, etc閠era) con miras no s髄o a subvertir el orden constitucional, sino tambi閚 a alterar gravemente la paz p鷅lica (concepto jur韉ico indeterminado que coincide con el de seguridad ciudadana vinculado a la protecci髇 de personas y bienes frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o calamidad).

En definitiva, y a diferencia de la situaci髇 precedente, en la delimitaci髇 de los delitos de terrorismo se puede prescindir, a efectos de esta ley, del elemento estructural o de pertenencia a una organizaci髇, de modo que un acto individual, o incluso grupal pero ajeno a una organizaci髇 estable, que altere gravemente 玪a paz y seguridad ciudadana� puede dar lugar a la aplicaci髇 de las normas de ayudas a las v韈timas del terrorismo.

Por supuesto, puede parecer suficientemente indefinida la delimitaci髇 del presupuesto casi con base exclusiva en una finalidad determinada por un concepto jur韉ico indeterminado, o considerarse que todos los delitos atentan contra la seguridad ciudadana. Sin embargo, en cada caso la t閏nica de los conceptos jur韉icos indeterminados habr� de permitir una 鷑ica soluci髇, que podr� en 鷏tima instancia ser revisada por los tribunales.

El art韈ulo 2 en su apartado 1, acorde con la citada doctrina y criterio jurisprudencial, delimita un 醡bito de aplicaci髇 de la ley lo suficientemente flexible para abarcar los distintos supuestos de hecho posibles siempre desde una 髉tica p鷅lica que pretende amparar todos los casos de acciones terroristas sean o no cometidas por personas integradas en grupos as� calificados.

El art韈ulo 2 en su apartado 2 puntualiza que los derechos y prestaciones recogidos en esta ley ser醤 aplicables a quienes en cada caso la propia ley se馻la como potenciales beneficiarios. Y ello porque se considera mejor delegar a cada prestaci髇 o ayuda la determinaci髇 de sus beneficiarios, que pueden ser diversos, y adem醩 no entrar en categor韆s de colectivos sino atender a las necesidades reales de cada afectado, dado que no se trata de privilegiar categor韆s de personas, sino de atender necesidades reales.

El art韈ulo 2 en su apartado 3 hace referencia al 醡bito territorial de aplicaci髇 de la norma. Es obvio que la competencia auton髆ica tiene como l韒ite territorial el territorio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, a salvo de posibles efectos extraterritoriales leg韙imos en el ejercicio de sus competencias.

Sin embargo, s� puede resultar conveniente precisar el presupuesto territorial requerido para el reconocimiento de prestaciones. Ello obliga, en la concesi髇 de prestaciones y en la aplicaci髇 del gasto p鷅lico en actividades de fomento, a que exista una conexi髇 entre el presupuesto de hecho que motiva tales reconocimientos y el 醡bito competencial (material y territorial) de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

Ello es debido a que las administraciones no disponen de un poder general para conceder ayudas, entendido como poder libre y desvinculado del poder competencial, tal y como ha afirmado el Tribunal Constitucional. En consecuencia, debe considerarse alg鷑 criterio de conexi髇 con las competencias auton髆icas. Lo es el criterio de la condici髇 pol韙ica y vecindad administrativa, la residencia de los beneficiarios, e igualmente, por ampliaci髇, el hecho de haber resultado v韈tima por un acto acaecido en territorio vasco, con independencia de su residencia. En todos estos casos existe una conexi髇 con competencias vascas relativas al bienestar social, a la promoci髇 de derechos de los residentes en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco o incluso a la seguridad p鷅lica.

La presente ley extiende dicho 醡bito de aplicaci髇 a hechos ocurridos fuera del Pa韘 Vasco cuando el afectado o afectados est閚 domiciliados en la Comunidad Aut髇oma vasca. Igualmente, para acceder a subvenciones, las asociaciones de v韈timas deben estar domiciliadas en Euskadi o tener miembros asociados que hubieran sufrido da駉s por acciones terroristas producidos en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco.

El Parlamento Vasco, consciente de la existencia de v韈timas del terrorismo que no podr醤 acogerse a las medidas previstas en la presente ley por quedar fuera de su 醡bito de aplicaci髇, hace constar la conveniencia de que tanto el Estado como las comunidades aut髇omas que a鷑 no lo hayan hecho procedan a la aprobaci髇 de medidas legislativas que contemplen un nivel de protecci髇 similar al recogido en la presente ley.

Con este fin, el art韈ulo 2 en su apartado 4 establece la coordinaci髇 de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco con la Administraci髇 general del Estado y con el resto de las comunidades aut髇omas para el dise駉 e implementaci髇 de medidas de reconocimiento y de asistencia integral a las v韈timas del terrorismo fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley.

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Con las precisiones que respecto al contenido del t韙ulo II se han realizado anteriormente, podemos se馻lar que, a lo largo de su articulado se normativizan, con el aludido car醕ter program醫ico, muchos de los principios recogidos en el Plan de Paz y Convivencia aprobado por el Gobierno Vasco en mayo de 2006. All� se afirmaba que, desde la voluntad de justicia y reparaci髇, 玡l Gobierno Vasco hace suyas las reivindicaciones de memoria, justicia Y reconocimiento del da駉 causado, convencido de que es la 鷑ica manera de rendir justo tributo al sufrimiento padecido por cientos de familias que vieron c髆o, un d韆, sus vidas quedaban truncadas para siempre como consecuencia de un acto terrorista�. Estos principios tienen plasmaci髇 concreta en la enumeraci髇 de los derechos de las v韈timas del terrorismo, los compartidos con la sociedad en general y los propios de la ciudadan韆.

La ley dedica varios art韈ulos a los derechos mencionados en el apartado 2 de esta exposici髇 de motivos.

El derecho a la justicia recogido en el art韈ulo 3. En lo que a las v韈timas se refiere, el derecho a la justicia presenta al menos dos dimensiones relevantes: la justicia legal y la correctiva. La justicia legal establece la vuelta de la ley y el orden, mientras que la justicia correctiva trata de reparar, en la medida de lo posible, los da駉s causados a las v韈timas y establecer las responsabilidades acerca de las violaciones cometidas. No obstante, en el caso de la presente ley, por razones competenciales, este art韈ulo limita su contenido a la regulaci髇 de aspectos complementarios del derecho de justicia, cuya regulaci髇 sustancial corresponde al Estado. Aqu� se trata de aportar todo aquello que resulte de inter閟 para la v韈tima en orden a facilitar el ejercicio de su derecho, especialmente en cuestiones referidas a informaci髇 y acompa馻miento.

El derecho a la dignidad recogido en el art韈ulo 4. Con este art韈ulo se pretende garantizar que las v韈timas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos, recogiendo una serie de medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar f韘ico y psicol骻ico y la intimidad de las v韈timas y sus familiares. El respeto a la dignidad de las v韈timas implica un tratamiento adecuado de la informaci髇, la protecci髇 de la intimidad y la imagen, as� como la garant韆 de que las v韈timas no sean objeto de vejaciones, agresiones u otros tratos despectivos, humillantes o degradantes.

El derecho a la reparaci髇 recogido en el art韈ulo 5. Este art韈ulo recoge una noci髇 de reparaci髇 que engloba todas las medidas que pueden ser empleadas para restaurar a las v韈timas por los diferentes tipos de da駉s que han sufrido como consecuencia de las acciones terroristas. En este contexto, la norma establece que la reparaci髇 puede comprender medidas de restituci髇, indemnizaci髇, rehabilitaci髇 y asistencia integral y satisfacci髇 moral.

Reparaci髇 como consecuencia del reconocimiento de los sufrimientos de diversa 韓dole sufridos injustamente por las v韈timas.

Reconocimiento y reparaci髇 que deben asentarse en los principios de dignidad de las v韈timas y solidaridad del conjunto de la sociedad. Reconocimiento y reparaci髇 como lugar de encuentro entre las v韈timas y la sociedad vasca, porque la solidaridad del conjunto de la sociedad dignificar� la vida de las v韈timas y el reconocimiento y la asistencia integral a las v韈timas permitir� a la sociedad vasca reconciliarse con una parte de su pasado reciente.

En esta misma l韓ea, en el 醡bito estatal espa駉l, se ha defendido el concepto de reparaci髇 integral. As�, en la exposici髇 de motivos del Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, con objeto de ejecutar la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las V韈timas del Terrorismo, puede leerse: �... procurando no s髄o el puro resarcimiento econ髆ico sino la plasmaci髇 del reconocimiento moral que se debe a las v韈timas de actos terroristas, con car醕ter general y sin distinciones de ninguna clase, dentro del amplio 醡bito de la solidaridad�. Asimismo, en el entorno vasco, el Gobierno Vasco ha reconocido expresamente la necesidad de una reparaci髇 integral que incluya una dimensi髇 econ髆ica, material y asistencial, y, en todo caso, la necesaria reparaci髇 moral.

En definitiva, la reparaci髇 tiene que ser integral e ir m醩 all� de la mera dimensi髇 econ髆ica, incluyendo aspectos inmateriales que cada vez son m醩 relevantes y que persiguen no s髄o la satisfacci髇 de la v韈tima sino el logro de una convivencia pac韋ica, la reconstrucci髇 y la transformaci髇 social. El concepto de reparaci髇 integral requiere el esfuerzo por volver al statu quo ante, remedio que no ser� posible en la mayor韆 de los casos. De hecho, hay que asumir que ciertas secuelas de graves violaciones de derechos humanos son irreparables.

A lo anterior se a馻de que la reparaci髇 ha de ser un proceso y no un momento concreto en el que se llevan a cabo ciertos actos simb髄icos. Se trata, pues, de poner en marcha una acci髇 permanente, y no puntual o coyuntural, que consista en la deslegitimaci髇 radical de la violencia y en el reconocimiento expl韈ito de que nunca ha existido justificaci髇 para ella.

Por todas estas razones, son importantes los principios de proporcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad, a fin de fijar el alcance de las reparaciones, y el principio de integralidad (reparaci髇 integral).

Otro de los principios que debe regir el proceso de reparaci髇 es el de participaci髇 de las propias v韈timas a trav閟 de sus organizaciones y asociaciones en todos aquellos asuntos que les conciernen. Para hacerlo efectivo el art韈ulo 6 crea el Consejo Vasco de Participaci髇 de las V韈timas del Terrorismo.

El derecho a la verdad recogido en el art韈ulo 7. Un aspecto esencial para aliviar el sufrimiento de las v韈timas. Verdad entra馻 el derecho a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias espec韋icas de las violaciones perpetradas y su motivaci髇.

La ley establece una serie de compromisos con independencia de que, una vez terminado definitivamente el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, se puedan impulsar otro tipo de iniciativas, como pueda ser una comisi髇 de la verdad, que contribuyan a la plena integraci髇 de todos en una nueva sociedad en paz, libre y en convivencia arm髇ica.

El derecho a la memoria recogido en el art韈ulo 8. Si verdad es conocimiento de los hechos, memoria es reconocimiento social de los mismos. El reconocimiento p鷅lico y oficial del sufrimiento causado a un inocente y de la significaci髇 pol韙ica de su condici髇 de v韈tima.

Memoria de las injusticias y sufrimientos padecidos por las v韈timas del terrorismo, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones o las amenazas.

Memoria en primer lugar de los ausentes, de las personas asesinadas, pero tambi閚 de las supervivientes, de las heridas, de las secuestradas, las extorsionadas, las amenazadas, de sus familiares y amigos, de su inmenso dolor y sufrimiento en soledad.

Memoria como lugar de encuentro entre la sociedad y las v韈timas del terrorismo. Memoria conjunta para construir una sociedad libre e incluyente, para impedir que pueda repetirse el drama de la violencia, para no consentir que pueda terminar como si nada hubiera pasado, y memoria, por fin, para exigir que los terroristas no consigan condicionar el futuro de la sociedad, en la que jam醩 deber� caber ni la exclusi髇 ni la ausencia de libertades. La memoria de las v韈timas constituye, en ese sentido, un elemento esencial para la deslegitimaci髇, 閠ica, social y pol韙ica del terrorismo.

Y como parte esencial de la memoria est� el significado pol韙ico de las v韈timas del terrorismo, en l骻ica correspondencia con la motivaci髇 pol韙ica que impulsa a quienes perpetran las acciones terroristas y que se concreta en la defensa de aquello que ETA pretend韆 y a鷑 pretende eliminar para imponernos su proyecto totalitario y excluyente: la libertad encarnada en el Estado democr醫ico de derecho como garante de nuestros derechos y libertades y en las normas de convivencia integradora.

Porque el significado pol韙ico de las v韈timas trasciende el hecho mismo de ser v韈tima. El serlo no es algo buscado, las v韈timas no dieron su vida, se la arrebataron. Es ETA la que, con su pretensi髇 de imponer su proyecto totalitario y excluyente, confiere a las v韈timas su significado pol韙ico, en tanto en cuanto con su eliminaci髇 les est� negando no solo su derecho a la vida sino su derecho a la ciudadan韆.

El derecho a la paz, la libertad y la convivencia, recogido en el art韈ulo 9, que significa la prohibici髇 de forma clara y categ髍ica del uso de la fuerza ileg韙ima destinada causar un estado de terror generalizado independientemente de las razones, cualesquiera que sean, con las que se pretenda justificar.

Paz, libertad y convivencia implican una dimensi髇 protectora de los poderes p鷅licos vascos en el sentido de adoptar medidas dirigidas a promover las condiciones para que la libertad, la seguridad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales y a remover los obst醕ulos que lo impidan.

Pero tambi閚 implican una dimensi髇 de promoci髇 en educaci髇 y cultura para la paz y la convivencia, a trav閟 de una serie de acciones en las que destacan el impulso a la educaci髇 en valores 閠icos y democr醫icos as� como en la paz y los derechos humanos; la promoci髇 del compromiso de los medios de comunicaci髇 con una cultura de respeto a esos valores; la participaci髇 del testimonio de las v韈timas en los programas para promocionarlos; la puesta en marcha de medidas activas para la deslegitimaci髇 閠ica, social y pol韙ica del terrorismo; la coordinaci髇 necesaria para la persecuci髇 policial de los delitos de terrorismo, y la defensa y promoci髇 de la legitimaci髇 social del Estado democr醫ico de derecho y su articulaci髇 en normas de convivencia integradora.

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La intervenci髇 p鷅lica a favor de los intereses de las v韈timas no debe proceder de modo ciego y quedarse en la mera, aunque obligada, expresi髇 de solidaridad, sino que toda pol韙ica debe responder al objetivo de promover la rehabilitaci髇 personal y la reintegraci髇 social de las personas que han sido v韈timas, esto es, de ayudarlas a que dejen de serlo.

Esta reflexi髇 previa ha servido de inspiraci髇, junto con las ideas precedentes y otras que se apuntar醤 posteriormente, a la hora de elaborar el t韙ulo III de la actual norma. En el mismo se pretende concretar en un todo coherente los principios de solidaridad con las v韈timas del terrorismo, su protecci髇 y asistencia.

El art韈ulo 10 se constituye en portal del t韙ulo III cuyo objetivo es dotar de rango legal, ampliar y perfeccionar el conjunto de prestaciones y medidas asistenciales que la normativa vasca preve韆 para las v韈timas del terrorismo.

La normativa vasca vigente con anterioridad a la aprobaci髇 de la presente ley hablaba de un 玴rograma de ayudas�, concebido como una serie de medidas de resarcimiento y de prestaciones asistenciales dirigidas a paliar los efectos da駉sos del terrorismo. Una parte de las medidas consist韆 en subvenciones directas a fondo perdido a las v韈timas, mientras que otras eran medidas de acci髇 positiva dirigidas a excepcionar a las v韈timas de determinados requisitos para acceder a determinados derechos o prestaciones p鷅licas. Por 鷏timo se preve韆n medidas de fomento del movimiento asociativo.

En la base de las ayudas o subvenciones estaba el principio de solidaridad y no la asunci髇 de la responsabilidad del poder p鷅lico por los da駉s ocasionados. Por otra parte, no exist韆 propiamente un sistema de prestaciones, sino un conjunto de ayudas de muy diversa naturaleza.

El modelo de pol韙ica p鷅lica que sustenta la presente ley se autodefine como 玸istema de protecci髇 y asistencia�. Esta noci髇 indica que no se trata de una mera suma de medidas administrativas de ayuda, sino que las mismas est醤 interrelacionadas y confluyen en un todo org醤icamente coherente en su finalidad y comprensivo de todas y cada una de las necesidades de la v韈tima.

El cap韙ulo I referido a las prestaciones para la reparaci髇 de los da駉s materiales producidos como consecuencia de las acciones terroristas recoge una completa regulaci髇 de los distintos da駉s que se contemplan y los mecanismos reparadores correspondientes. Este cap韙ulo precisa de un desarrollo reglamentario que, respetando el criterio legal de lograr la plena y efectiva reparaci髇, concrete las cuant韆s dinerarias y los tr醡ites necesarios.

El cap韙ulo III integra el conjunto de medidas de car醕ter asistencial que se ponen a disposici髇 de las v韈timas del terrorismo y sus allegados con el objetivo, por un lado, de plasmar la voluntad real de colaborar con los afectados en la superaci髇 de las consecuencias del acto terrorista y, por otro, como expresi髇 de solidaridad de una sociedad que reconoce el sufrimiento injusto padecido de forma directa por algunos de sus miembros.

En este cap韙ulo se prefiguran las medidas espec韋icas vinculadas al 醡bito de la salud f韘ica y psicol骻ica, la ense馻nza y la formaci髇 laboral y las relativas al 醡bito de la vivienda y el empleo. Todas estas medidas precisan un desarrollo reglamentario que debe concretar los procedimientos y los 髍ganos competentes pero bajo los principios generales de celeridad y trato favorable a la v韈tima que debe presidir toda la actuaci髇 p鷅lica.

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El art韈ulo 27 introduce en la ley el impulso a una de las novedades de las pol韙icas p鷅licas de los 鷏timos a駉s en relaci髇 con las v韈timas del terrorismo, y es el destacable protagonismo de las v韈timas organizadas.

En estos primeros a駉s del siglo XXI se ha afincado un nuevo modelo de gesti髇 de las pol韙icas p鷅licas sobre las v韈timas del terrorismo, una gesti髇 reticular de car醕ter horizontal y desconcentrada en la que los poderes p鷅licos tendr韆n una funci髇 m醩 bien coordinadora y en la que asociaciones de v韈timas asumir韆n la gesti髇 activa de parcelas cada vez m醩 amplias de la atenci髇 a las v韈timas.

Efectivamente, no es planteable una pol韙ica p鷅lica de apoyo a las v韈timas que desconozca la importancia que han adquirido las asociaciones y otras formas organizativas de v韈timas y que no tenga en cuenta su opini髇 ante los temas que les incumben.

La presente ley aporta igualmente una decisi髇 pol韙ica trascendente como es la posibilidad de que la Administraci髇 vasca destine medios econ髆icos al fomento de las actividades de asociaciones domiciliadas fuera de la Comunidad Aut髇oma vasca si dichas asociaciones acreditan que entre sus miembros se incluyen ciudadanos que sufrieron acciones terroristas en el Pa韘 Vasco.

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Merece menci髇 especial la disposici髇 transitoria que regula la delimitaci髇 del 醡bito temporal de aplicaci髇 de la ley, singularmente pensando en la posibilidad de que tenga efectos retroactivos.

Se ha considerado conveniente que la ley tenga vigencia de forma general a partir de su entrada en vigor. Sin embargo, las v韈timas tendr醤 derecho a las prestaciones asistenciales por serlo, con independencia de 醡bitos temporales y, por lo tanto, las prestaciones derivadas de da駉s materiales reguladas en la ley ser醤 de aplicaci髇 a futuro, aplic醤dose respecto a los da駉s anteriores a la ley la normativa vigente en cada momento.

Por otro lado, es destacable que, en cumplimiento de un acuerdo parlamentario, la disposici髇 transitoria tercera recoge un mandato al Gobierno para aprobar un decreto que establezca un plazo extraordinario de seis meses durante el cual podr醤 acogerse al programa de ayudas a las v韈timas del terrorismo vigente en el momento de la acci髇 terrorista quienes, por el transcurso del plazo de un a駉 sin formalizar su solicitud, no pudieron acogerse a las citadas ayudas.