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Sumario

PRE�MBULO

I

La tasa, categor�a con larga tradici�n en nuestro Derecho Tributario, fue objeto de la atenci�n del legislador estatal mediante la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, norma �sta que, heredera de precedentes muy variados, incorpor� al ordenamiento una definici�n a la que la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, dio m�s tarde acogida en su texto. La idea subyacente al concepto de tasa acu�ado por aquella Ley era la de contraprestaci�n, pues el pago de la tasa iba asociado a la existencia de una actividad administrativa en contraprestaci�n de la cual se exig�a.

Con posterioridad, la Ley del Estado 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P�blicos, retom� la cuesti�n, dando una nueva definici�n de tasa de �mbito m�s reducido y creando, al mismo tiempo, la figura del precio p�blico, cuya obtenci�n se produce a partir del concepto originario de tasa contenido en la citada Ley de 26 de diciembre de 1958, algunos de cuyos presupuestos de hecho asume. El criterio delimitativo de ambas categor�as es, como la propia exposici�n de motivos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, reconoce, la noci�n de coactividad. De este modo, cuando la relaci�n entre la Administraci�n y el administrado en cuyo seno cabe inscribir la actividad de aqu�lla es contractual y voluntaria la contraprestaci�n retributiva de la misma se concept�a como precio p�blico, mientras que la utilizaci�n de la tasa se reserva para el supuesto de actividades que sean fruto de la coactividad.

A tenor de la Ley 8/1989, de 13 de abril, la Generalidad acometi� en el a�o 1991 la publicaci�n de una norma en la que actualmente se contiene el r�gimen general aplicable a los precios p�blicos de la Hacienda Valenciana, el Decreto 73/1991, de 13 de mayo, cuya finalidad es, seg�n se indica en su parte preliminar, introducir en el ordenamiento jur�dico valenciano la regulaci�n de los precios p�blicos, atendiendo, principalmente, a la delimitaci�n de esta figura que se contiene en la Ley 8/1989, de 13 de abril. A tenor de dicho Decreto se han ido dictando, pues, conforme las necesidades de gesti�n lo han ido requiriendo, las distintas normas Decretos y Ordenes- por las que actualmente se rigen dichos precios p�blicos. Se constata, por tanto, que el r�gimen jur�dico de los precios p�blicos valencianos ha sido construido, en su totalidad, mediante instrumentos normativos de car�cter reglamentario.

En este orden de cosas, la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, por la que se declara la inconstitucionalidad parcial del art�culo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, pone de manifiesto que, al amparo de la categor�a financiera de los precios p�blicos, se han creado en algunos casos verdaderas prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico, cuyo establecimiento �nicamente merece el juicio de validez constitucional en la medida en que respete el principio de legalidad, consagrado en el art�culo 31.3 de la Norma Fundamental.

II

Por lo que respecta a las tasas de la Generalidad, su r�gimen jur�dico vigente se halla contenido en el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalidad, aprobado por Decreto Legislativo de 14 de noviembre de 1995, que, dictado en cumplimiento del mandato contenido en la disposici�n final primera de la Ley de la Generalidad 12/1994, de 28 de diciembre, toma tambi�n su concepto de tasa de la Ley 8/1989, de 13 de abril. Otra Ley de la Generalidad, la 8/1995, de 29 de diciembre, da nueva redacci�n, a trav�s de su art�culo 26, a determinados preceptos de dicho texto refundido.

Adem�s, desde la promulgaci�n del texto refundido de la Ley de Tasas de 14 de noviembre de 1995 la Generalidad ha ampliado el �mbito de sus competencias, bien por derivaci�n, en virtud de transferencias desde el Estado, bien de modo originario, cuyo ejercicio, tanto en un caso como en otro, conviene revestir financieramente mediante la aplicaci�n de las correspondientes tasas.

III

Resulta necesaria, pues, en virtud de todo lo anterior, la promulgaci�n de una nueva Ley reguladora de las tasas auton�micas, al servicio de un triple cometido: 1) Adaptar al principio de legalidad la situaci�n jur�dica de aquellos precios p�blicos que tienen car�cter de prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico; 2) Crear nuevas tasas, fruto de competencias asumidas por la Generalidad con posterioridad a la promulgaci�n del texto refundido de 14 de noviembre de 1995, cuyo encaje en �l resulta dif�cil, y, 3) Sistematizar el elenco de tasas contemplado en el citado texto refundido.

En relaci�n con el primero, la presente Ley opta, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 7.1 de la Ley Org�nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas, en la redacci�n dada al mismo por el apartado tres del art�culo �nico de la Ley Org�nica 3/1996, de 27 de diciembre, por la derivaci�n hacia el campo de la tasa de aquellos precios p�blicos que constituyen prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico. Surge, de este modo, un nuevo concepto de precio p�blico, de �mbito m�s reducido que el hasta ahora existente, que obliga a introducir los pertinentes cambios en el r�gimen actualmente vigente en esta materia, lo que se efect�a mediante las oportunas disposiciones adicionales de esta Ley, as� como a trav�s de su disposici�n derogatoria.

En cumplimiento del tercero, esta Ley presenta un t�tulo preliminar m�s reducido que el del texto refundido de 14 de noviembre de 1995, del cual se excluyen todas aquellas menciones que, por encontrarse presentes en normas de general aplicaci�n, no resulta necesario reproducir. Con ello se pretende convertir dicho t�tulo preliminar en un espacio de la Ley reservado a la regulaci�n de los aspectos espec�ficos comunes a todas las tasas de la Generalidad.

La presente Ley tiene en cuenta, adem�s, las actualizaciones que para los ejercicios 1996 y 1997 se contienen en las Leyes de la Generalidad 9/1995, de 31 de diciembre, y 4/1996, de 30 de diciembre, respectivamente. La primera de estas normas eleva para 1996, a trav�s de su art�culo 37, en un 3,5 por 100 los tipos de cuant�a fija de las tasas y otros ingresos de derecho p�blico de la Hacienda de la Generalidad. En este mismo sentido, el incremento recogido en el art�culo 39 de la segunda de las Leyes citadas es del 8 por 100. En ambos casos se excluyen, sin embargo, de la aplicaci�n del correspondiente incremento porcentual los precios p�blicos y la tasa por los servicios administrativos de casinos, juegos y apuestas.

Quedan, no obstante, fuera del �mbito de la presente Ley las tasas por inspecci�n y control sanitario de carnes frescas, cuya regulaci�n, por la especificidad de la materia, es aconsejable acometer mediante la promulgaci�n de una Ley especial.

Finalmente, la presente Ley opta por la derogaci�n expl�cita de todas aquellas normas que se ven afectadas por lo en ella dispuesto. Se pretende as� hacer efectivo el mandato contenido en el art�culo 16 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, nunca afectado por las sucesivas reformas que dicha norma ha ido experimentando, y, sin embargo, tan pocas veces observado.